Miércoles, 21 de Febrero 2024

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AMLO, sin derecho a fallar 

Por: Rubén Martín

AMLO, sin derecho a fallar 

AMLO, sin derecho a fallar 

Hace cinco años, el 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador viajaba en su auto Jetta blanco hacia la Cámara de Diputados para tomar posesión como Presidente de México, un joven en bicicleta se le emparejó y le dijo “en ti confiamos”, pero también le dijo “tú no tienes derecho a fallarnos”. El hecho fue consignado en un video que grabó Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Mandatario. El mismo López Obrador recordó la anécdota durante su discurso de toma de posesión: “Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo: No tengo derecho a fallar”.

Cinco años después, López Obrador, ¿ha cumplido sus promesas o le ha fallado al pueblo de México? En una esfera pública polarizada entre quienes respaldan o rechazan al Presidente, las respuestas serán tanto a favor como en contra de los resultados del actual Gobierno.

López Obrador llega a su quinto año como titular del Poder Ejecutivo en medio de una precampaña en la que las fuerzas de oposición aspiran a sustituirlo en el poder, pero en un contexto de tasas altas de aprobación: 78 por ciento de la población aprueba su gestión, en tanto la abanderada de su partido y el mismo Morena alcanzan, también, altos porcentajes de respaldo.

Para comparar qué tanto ha cumplido López Obrador sus promesas y ofrecimientos, resulta útil revisar su discurso de toma de posesión del 1 de diciembre de 2018. Hay que decir que López Obrador ha sido consistente con lo que ofreció hace cinco años frente a la Cámara de Diputados, representantes de todos los poderes y de Gobiernos extranjeros. Para empezar, anunció el arranque de la 4T: “por mandato del pueblo iniciamos hoy la cuarta transformación política de México, puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político”, y ofreció acabar con la corrupción y la impunidad “que impiden el renacimiento de México”.

Ofreció además la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, y mencionó a los megaproyectos insignias de su gobierno: Tren Maya, corredor Interoceánico, nuevo aeropuerto para la ciudad de México en Santa Lucía y la construcción de la refinería de Dos Bocas. Todos estos son proyectos terminados, o a punto de terminarse, con todos los cuestionamientos que se le hagan.

En su mensaje de diciembre de 2018, López Obrador también ofreció aumentar y hacer universales los programas sociales, como el de adultos mayores; cancelar la reforma educativa de su antecesor Enrique Peña Nieto; y dar apoyos a los productores del campo. Los resultados de la política económica y social de López Obrador le dan indicadores para presumir que ha reducido la pobreza extrema (cinco millones menos de personas comparadas con 2018) y que ha aumentado significativamente el salario mínimo.

Pero no se puede decir que haya cumplido con la separación del poder político y el poder económico, como ofreció al iniciar su gobierno. Ayer, durante su mensaje por su quinto aniversario, al inaugurar el nuevo aeropuerto de Tulum, López Obrador dio agradecimientos especiales a varios empresarios, entre ellos Carlos Slim (de Grupo Carso), Daniel Chávez (Vidanta) e incluso a un empresario muy cercano y amigo íntimo de Enrique Peña Nieto: José Miguel Bejos (Grupo Prodi), uno de los principales contratistas de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

Pero quizá de todas las promesas de campaña que López Obrador hizo en campaña, la más polémica y sorprendente es que no sólo no regresó a las fuerzas militares a los cuarteles, sino que aumentó significativamente su papel. Las fuerzas armadas no sólo ejercen las tareas de seguridad pública en México sino muchas otras que antes estaban bajo la esfera civil, como la construcción de infraestructura y la administración de empresas paraestatales, como las que administrarán trenes, líneas aéreas y agencias aduanales.

La activista y escritora mixe, Yásnaya Elena Gil pone otra gran promesa pendiente de  López Obrador: su incumplimiento con los pueblos indígenas de dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996 con el EZLN y otros pueblos y dejados sin efecto por todos los partidos en 2001.

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