El excelente reportaje de investigación realizado por este prestigiado diario en la presente semana sobre los sueldos o remuneraciones de los servidores públicos en el Estado de Jalisco, mostró magistrados del Estado con sueldos de más de seis mil 800 pesos diarios  —los que más de la mitad de la población no gana ni en tres meses de trabajo—  y que casi igualan a las percepciones del Presidente de la República.

Ante tal situación las críticas y propuestas no se hicieron esperar. Entre estas últimas destaca la de reactivar el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial (CTVS), que si bien ya existe en la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios desde julio de 2007, sus resoluciones son meramente recomendatorias más no obligatorias.

Pese a lo anterior, la ley obliga que dicho órgano se reúna de manera ordinaria durante los meses de mayo, junio y julio de cada año, para que sus recomendaciones estén debidamente formuladas a más tardar el día 15 de este último mes.

No obstante, el que dicho órgano se reúna o no es absolutamente intrascendente y de ello no depende el encontrar un solución a esta obscena y ofensiva realidad. El CTVS forma parte de la época de la anomia que hasta hace casi cuatro años existía en materia de percepciones o remuneraciones de los servidores públicos.

Probablemente mucho no se dieron cuenta —lo que sí se enteraron fingen no saberlo—  que el 24 de agosto de 2009 se publicó en Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas y adiciones a seis artículos de la Constitución Federal,  en materia de percepciones  y remuneraciones de los servidores públicos. El nuevo texto del Artículo 127 señala las seis  bases a las que deberán sujetarse las de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, el Distrito Federal, así como de las entidades paraestatales y paramunicipales, fideicomisos y organismos autónomos.

En dicho ordenamiento se establece: 1.- que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República; y 2.- que ningún servidor podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico.

A su vez, el Transitorio Cuarto y Quinto de dicho decreto daba un plazo de 180 días para que las legislaturas de los estados adecuaran su legislación a estas nuevas disposiciones, y para que se tipificara y sancionara tanto penal como administrativamente “las conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente decreto”.

Como en Jalisco aún no se ha reformado la Constitución ni las leyes para cumplir con ese mandato, los sueldos de sus servidores públicos son inconstitucionales y los legisladores omisos incurrieron en una responsabilidad.

Empero, tampoco se trata de legislar para que aunque sea por unos cuantos pesos nadie gane más que el Ejecutivo federal, sino de hacerlo para establecer en justicia (dando a cada quien lo que corresponda) el número de veces de PIB per cápita anual que un funcionario público puede tener como sueldo. Mientras Jalisco  no adapte su legislación a la reforma de referencia, seguirán dándose casos como los que nos enteramos.
 

¿Pueden los estados hacer una versión estatal del Pacto por México?  Gustavo Madero Muñoz —presidente nacional del PAN— el pasado 5 junio dijo que no: “Hay muchas ocurrencias de personas que están creyendo que esta idea es replicable y lo que estoy tratando de explicar es que esto no es replicable. El Pacto no debe ser replicado en los estados, ese es un error”.

Sin embargo, el Lucas Alamán del siglo XXI está equivocado: entre las restricciones que la Constitución fija a los estados en sus artículos 117 y 118, en ningún lado dice que en ellos no se puedan suscribir acuerdos entre distintas fuerzas políticas para alcanzar objetivos comunes.

Probablemente Madero esté confundido y piense que la restricción contenida en la Fracción I del 117 Constitucional —que prohíbe a los Estados celebrar tratados con otro Estado— aplica en estos menesteres. Debe saber que los partidos políticos no son un Estado ni mucho menos son “El Estado”, como seguramente lo supone.

En los estados no se  puede impedir el derecho a firmar pactos, pero tampoco se puede obligar a hacerlo o expedir decretos para crearlos. Los pactos son producto de una voluntad, de ciertas condiciones que lo posibilitan o lo ameritan y de un proceso que tiene un punto de llegada.   Intentar prohibirlos es atentar contra derechos y libertades políticas.

Decía Don Jesús Silva Herzog que a Lucas Alamán podía clasificársele en materia económica como progresista y en materia política como típicamente reaccionario. Gustavo Madero parece un demócrata en aspectos electorales, pero es un centralista contumaz que no reconoce ningún derecho a las estructuras políticas locales.

Más aún, Madero es un leninista, favorable a la teoría del centralismo democrático que preconizaba el líder ruso y consistía en  la subordinación rigurosa de las estructuras políticas inferiores a las superiores (léase los estados a la Federación y al Pacto por México), la férrea disciplina partidista (y si no pregúntenle a Cordero) y la idea de que la conciencia de clase se inyecta a las masas por los intelectuales revolucionarios (su convicción de que en los Estados predomina una bola de rancheros autoritarios que sólo pueden ser civilizados por los políticos “nacionales”).    

A Madero y sus aliados que piensan que los Estados son sinónimo de arcaísmo político habrá que recordarles que la primer candidatura independiente exitosa se dio en 1958, con Salvador Nava en San Luis Potosí (cuando a nivel federal no existe ni un solo caso);  que la  alternancia en el Poder Ejecutivo, la credencial para votar con fotografía y el caso de que el partido del Ejecutivo no tuviera mayoría en el Legislativo, se dio todo ello por primera vez en Baja California en 1989; que la segunda vuelta electoral (que ahora los políticos nacionales quieren imitar) existió de 1996 a 2005 en San Luis Potosí ; que la figura de la fiscalía general que piensan implantar a nivel federal se creó en  Chihuahua en 2010; y que el referéndum y plebiscito —que quieren crear  a nivel federal—  surgieron por primera vez en Chihuahua en 1994.

Así que, al revés que como dijera María Ignacia Rodríguez de Velasco (la verdadera “Güera Rodríguez”), fuera de México no todo es Cuautitlán.
 

Hasta hace unos meses Jalisco se mostraba como un Estado conservador, no sólo por su postura con relación al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que sobre todo por conservar estructuras políticas o gubernamentales propias de otra época y por ir a la zaga de los cambios o innovaciones que otras entidades federativas han realizado en esa materia.

Recientemente la anquilosada figura de la Procuraduría de Justicia del Estado fue sustituida por una Fiscalía General para dotarla de mayor eficiencia y efectividad a sus funciones. Independizar esa instancia del Poder Ejecutivo convertiría a Jalisco en pionero a nivel nacional por ser ésta una demanda reiteradamente planteada y postergada para el Ministerio Público Federal.

En el impulso innovador que está caracterizando a la nueva administración estatal,  el secretario general de Gobierno  anunció que se está trabajando en una propuesta para ampliar el período de los gobiernos municipales a cinco años y reducir el número de munícipes. Bienvenida esta iniciativa que, seguramente, forma parte de un paquete más amplio de reforma municipal. La modernización de este orden de Gobierno merece considerar también reformas como las siguientes:

1.- La elección de los regidores ya no por planilla, sino por demarcaciones territoriales, como actualmente se hace en los estados de Guerrero y Nayarit; 2.- Descentralizar la administración municipal a cada una de las demarcaciones territoriales a través de Juntas Municipales, electas por las asociaciones vecinales; y 3.- Aplicar el servicio público de carrera e introducir la figura de administrador de la ciudad o city manager, que existe en otros países, por citar las más importantes.  

Ampliar el período de los munícipes y profesionalizar los gobiernos municipales son necesidades impostergables. En la actualidad, legislaciones locales contemplan períodos de cuatro años para munícipes en los estados de Coahuila (desde 2001), Hidalgo (desde febrero de 2011) y Veracruz (diciembre de 2011). En Durango, el Estado de México, Nayarit y Tlaxcala, está en estudio; y en Chihuahua se rechazó.

La Suprema Corte, por su parte, avaló los períodos municipales de cuatro años el 24 de agosto de 2012 al considerar que establecer la duración de esos cargos es acorde a la facultad que el Artículo 41 de nuestra Carta Magna otorga a los Estados para definir sus regímenes interiores.

En esta tesitura, y en tanto se aprueba la reelección municipal, valdría la pena valorar las ventajas que pudiera tener establecer períodos municipales de cuatro años, coincidentes con elecciones para elegir diputados locales que duren también cuatro años, lo cual es posible ya que la Constitución Federal sólo prohíbe (indebidamente) la reelección continua de legisladores locales, pero no la duración de su encargo. Además, tan necesario y urgente es profesionalizar a los munícipes como a los diputados.

Ampliar la gestión municipal a cinco años y conservar diputados de tres años haría que sólo cada 15 años coincidieran dichas elecciones y cada 30 años con las de gobernador y Presidente de la República. Períodos de diputados y munícipes de cuatro años  haría coincidir cada 12 su elección con la de gobernador y las federales. Así, se ganaría en profesionalismo y se ahorrarían recursos al reducir regidores y ajustar calendarios electorales.
 

De los 14 estados en los que habrá elecciones el 7 de julio,  en seis de ellos nunca ha habido alternancia en el Poder Ejecutivo de la Entidad: Coahuila, Durango, Hidalgo,  Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Esos son los estados que la oposición ha privilegiado para realizar alianzas o coaliciones electorales.

El error de cálculo tiene que ver con que en ninguno de ellos se elige gobernador, por lo que la alternancia partidaria en la Entidad no sería posible.

Por si ese error no fuera suficiente, de esos seis estados, en Durango, Quintana Roo y Veracruz, la alianza del PAN o del PRD con algunos otros partidos nacionales, o con algunos partidos políticos locales fue anulada. De esos seis estados, sólo en Coahuila logró concretarse alianza o coalición electoral.      

De los restantes ocho estados en los que también habrá elecciones, alianzas en firme son las de Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Zacatecas.

Sin embargo, el gran error es que en los estados donde la oposición podía ganarle al PRI, la coalición estuvo mal hecha y fue anulada por las autoridades jurisdiccionales electorales, o de plano la intentaron. Considerando los resultados de la elección federal de julio de 2012, éste sería el caso de Tamaulipas donde la oposición supera con casi 380 mil votos al PRI; Coahuila donde suman 192 mil 629 votos más que el PRI; Veracruz, donde lo superan con un millón 11 mil  998 votos (de hecho, el Estado se encuentra dividido en tres fuerzas políticas casi igual de representativas: el PRI sólo le sacó 820 votos al PAN en la elección presidencial y el candidato de las izquierdas quedó atrás del PAN por 166 mil 509 votos); Aguascalientes, donde PAN e izquierdas superaron al PRI por casi 40 mil votos; Durango, donde rebasaron al tricolor con 30 mil 896 votos; y Quintana Roo, donde superaron al PRI con más de 150 mil votos, por mencionar las más importantes.

Por tanto, desde el punto de vista estrictamente numérico, alianzas triunfadoras para la oposición sólo pueden ser las de Baja California, Coahuila y Puebla. En cambio, en Oaxaca, el PAN, PRD y PT están en un distante tercer lugar con 285 mil votos, cuando el PRI logró casi 547 mil y el MC 684 mil. En Zacatecas las alianzas son atípicas ya que el PRI va junto con el PT, el MC, Nueva Alianza y Verde, y la suma de los votos obtenidos por la izquierda y el PAN en 2012, el PRI la supera por más de 50 mil votos.

Lo que ocurra en los comicios del 7 de julio será de la mayor importancia para la continuidad del Pacto por México. Ese día puede haber triunfos que sepan a derrota y derrotas con sabor a triunfo. Las derrotas de la oposición que sean producto de sus errores deben reconocerse así y no llamarse fraudes. Lo peor para la democracia sería que alguien se deje ganar para complacer al aliado en la política nacional y adversario en la política local. Ya veremos.
 

Tratándose del Pacto por México lo que tiende a ponderarse son sus resultados positivos y poco o nada se ha reflexionado sobre dos de sus principales efectos adversos deseados o indeseados: 1.- la desinstitucionalización; y 2.-  el centralismo.

Lo primero ya fue denunciado con otras palabras por los líderes senatoriales del PAN y del PRD. De lo segundo, nadie se ha dado cuenta o nadie dice nada.

Resulta muy arriesgado que en momentos en los que los Congresos  atraviesan por sus más bajos niveles de confianza y credibilidad, se abone a ello exhibiéndolos como ineficientes o hasta innecesarios, pues los pactos y acuerdos entre líderes políticos partidarios (por los que la ciudadanía no votó) son más eficaces y se sobreponen a los “ineficientes” órganos gubernativos o representativos del Estado mexicano.    

Los Pactos son productos típicos de sociedades tradicionales o en proceso de modernización, que están en transición a la democracia o en proceso de redemocratización, mas no de democracias consolidadas. Vamos, los tres líderes partidarios del Pacto por México con mucho recuerdan al Triunvirato que existió en nuestro país a fines de 1823 y combatió las primeras expresiones federalistas,  o al Supremo Poder Conservador de Sana Ana que arremetió contra los liberales y el federalismo.  

Ciertamente, al final todos los acuerdos y propuestas que surjan del Pacto tendrán que llegar al Congreso. El problema es  que lo que llega ahí no surge de ahí. Así,  el Congreso de la Unión (y los Congresos locales cuando se trata de reformas constitucionales) parecen más Oficialía de Partes o instancia convalidadora que  Asamblea deliberante y legisladora.  

Junto a lo anterior, existen fundadas razones para  asegurar que el federalismo es el eslabón perdido del Pacto por México. Baste tan sólo mencionar que la palabra federal aparece 13 veces y siempre referida a los poderes o derechos de ese orden de gobierno o del Distrito Federal y  federalismo solo se menciona una vez y para aludir a asuntos tributarios o recaudatorios de los estados y municipios.   

Existe la peligrosa y peregrina idea —propia de la Revolución francesa— de que para democratizar hay que centralizar. Por eso proponen desaparecer al IFE y a los organismos electorales locales, pues sólo así a estos últimos se les puede mantener a salvo de los “antidemocráticos” y “sátrapas” de los gobernadores.

Claro, lo que no dicen es que ahora las autoridades electorales deberán depender de los partidos políticos (no de la ciudadanía), y en especial de los del triunvirato. A eso súmesele la gendarmería nacional que iniciará en agosto y que es una institución típica de los Estados centralistas o unitarios, no de los federales.

Con esa visión, y ya encarrerados en la lógica de “tirar al niño con todo y la tina del agua sucia”, ya nomás falta que propongan la desaparición de los Estados, para así someter mejor a los “tiranos locales”.

La paradoja de todo esto es que mientras los Estados Unitarios introducen políticas en favor de la descentralización, la República Federal de México da pasos firmes y agigantados en pos de la centralización.
 

Así como somos muy dados a confundir Congreso con Parlamento, elecciones concurrentes con elecciones simultáneas, y ayuntamiento con municipio, existe también otra confusión muy extendida y con efectos más perniciosos que las anteriores: la que se presenta  entre política y grilla. En esta última, lo grave no sólo es que no se capten las diferencias de significado entre ambos vocablos sino que el último subsuma al primero.

Lamentablemente, hemos estado habituados a entender por política lo específico de la grilla y que el Diccionario del Español Usual en México, define así: “Ambiente de murmuración, chismes y calumnias que se produce en círculos políticos, sindicales, empresariales, etcétera, debido al intento de varios de sus participantes de sacar ventajas personales y obstaculizar a sus rivales”.

La política, en cambio, es el arte para la construcción de consensos en torno a proyectos de largo alcance y de beneficio colectivo que se debaten en público. Los arreglos “en lo oscurito” o a los acuerdos “en corto” es lo propio de la grilla, no de la política.

Lo malo es que en nuestro país sobran los grillos, escasean los políticos, y los estadistas se dan de cada en cuando. Existen ocasiones en que las circunstancias exigen de políticos y no de grillos y pareciera como que si nadie se diera cuenta de ello.

La política, lo primero que requiere son proyectos. Luego capacidad dialógica para plantearlos, discutirlos y defenderlos. De esto surge un liderazgo para conducir el haz de voluntades construido en torno a lo que generó consensos. La grilla no ve esto porque para quienes la practican lo importante no es la proyección política sino la “operación política”.

No entender esto es como tratar de construir un edificio sin proyecto o dejándoselo a los albañiles y “maistros” (grillos), sin considerar los arquitectos ni los ingenieros estructuristas (políticos). Si sólo se recurre a los primeros lo que se logre construir se cae, o lo que se dejara a la posteridad  será un adefesio más no un edificio. Lo mismo pasa en el campo de la política.

Siendo la política una actividad de suma importancia, no debe estar sólo en manos de los políticos. No obstante, en esta actividad  —al igual que en las obras de ingeniería civil— existen quienes las diseñan, quienes las supervisan y quienes las ejecutan. En la política el diseño y conducción de la obra debe estar en los políticos y no en los grillos.

Sin duda, en política una de las obras de mayor complejidad para su construcción es lograr un pacto o acuerdo entre distintas fuerzas y actores políticos. Para su solidez, lo primero que se requiere son ideas, proyectos y propuestas; después negociación política.

Si se inicia con la negociación, y de ella se desprenden los acuerdos, se pierde el liderazgo y el remedio puede resultar peor que la enfermedad.

Hace ya más de un siglo el gran pensador alemán Max Weber alertaba sobre los peligros de que en el mundo moderno prevaleciera la administración sobre la política.

En el México de nuestros días deberíamos reflexionar sobre los riesgos de que los grillos sean los que dirijan la política.     
 

El Pacto por México no es el primero que se hace en nuestro país, y el de La Moncloa no es el único antecedente que existe a nivel internacional. Respecto a lo primero recuérdense los pactos que para la estabilidad o el crecimiento económico se firmaron durante los gobiernos de López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Por lo que toca a lo segundo, ahí está el Pacto del Chinchulín en Uruguay en 1931; el de Punto Fijo en Venezuela y el del Frente Nacional en Colombia, ambos de 1958; y —posterior al de La Moncloa de 1977— el del Club Naval en Uruguay de 1984.

No es objeto del presente artículo entrar al análisis de cada uno de esos pactos. Baste lo anterior sólo para afirmar que en ocasiones los pactos han sido para asegurar o reimplantar la democracia (como el de Punto Fijo, el de La Moncloa y el del Club Naval), y en otras han servido para que dos fuerzas se repartan y alternen en el poder (como el del Chinchulín y el del Frente Nacional). Así entonces, no todos los pactos por ser pactos son pro democráticos: debe tenerse cuidado.

Recientemente en nuestro Estado se está discutiendo la viabilidad y contenido de un pacto o acuerdo por Jalisco. En ese contexto, una  de las fuerzas políticas representada en el Congreso ha propuesto el “voto de confianza” o moción de censura para que el  Legislativo tenga la facultad de destituir a los secretarios del Ejecutivo, porque —según se ha dicho—  así ocurre en los sistemas parlamentarios; y, en nuestro caso, eso generaría “equilibrios y contrapesos” entre los poderes.

Es lamentable que no se entienda que Congreso y Parlamento no son sinónimos. El primero es el Poder Legislativo de un sistema presidencial de gobierno con poderes separados, que tiene una duración fija correspondiente al período de una legislatura y en el que no está permitida la doble pertenencia de sus miembros al Legislativo y al Ejecutivo. El segundo, en cambio, es el único órgano soberano electo por voto popular; no tiene un período fijo de duración como la Legislatura, y sus miembros pueden también ser ministros del Gobierno, y por eso justamente los pueden destituir, pues son sus pares. No entender esto es como confundir a un presidente con un rey o a un primer ministro con un secretario de Gobernación o ministro del Interior. Así de simple.

Ahora bien, no se trata tampoco de ser puristas, pero sí equilibrados y justos: si se propone la facultad de destitución por el Congreso de los secretarios del Ejecutivo, entonces también debe plantearse la facultad de éste para pronunciar la disolución de la Legislatura:  cuando  le destituya dos gabinetes  (tal y como ocurre actualmente en Perú); si una destitución es pronunciada por menos de los dos tercios de miembros del Poder Legislativo (Uruguay); o bien, por obstrucción al Plan de Desarrollo (Ecuador).

Si de lo que se pretende es parlamentarizar al presidencialismo, deben contemplarse también los contrapesos que en ese sistema de gobierno tiene el primer ministro para acotar o controlar al Parlamento.

El jueves pasado la Cámara de Senadores designó — de entre las ternas que con anterioridad envió el Presidente de la República— a los integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), mismos que el próximo día 30 habrán de rendir protesta. Coincidentemente, ese mismo día vence el plazo para que la Cámara de Diputados elija al Consejero Electoral para cubrir la vacante del Consejo General del IFE, y todo parece indicar que no se podrán lograr los votos suficientes de los diputados para tal cometido.

Ante tal circunstancia, la pregunta obligada es: ¿Por qué en un caso sin mayores problemas se logra un consenso amplio, y en el otro ni siquiera existe acuerdo respecto a los elegibles?

La respuesta es: porque quienes intervienen en el diseño de las ternas son diferentes y porque la selección de los elegibles es con criterios distintos. Veamos: en el INEE, el Presidente de la República envía una terna por cada una de las vacantes, y de entre éstas, el Senado designa. En el caso del IFE, los grupos parlamentarios (léase partidos políticos) proponen al pleno de la Cámara de Diputados al que se deba elegir.

La diferencia en ambos casos tiene que ver con el rol que juega el Presidente: en el primero su intervención es Constitucional, mientras que en el segundo es nicodémica, a través de los diputados de su partido.

Curiosamente, también el jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó las reformas Constitucionales para crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y la Comisión Federal de Competencia Económica.

¿Y sabe usted, amable lector, cuál es el procedimiento para la elección de sus integrantes? Va: 1.-, se crea un Comité  de Evaluación, conformado por la UNAM y los demás organismos Constitucionales autónomos (OCA), para garantizar perfiles técnicos y no políticos; 2.- el Comité enviará al Ejecutivo una lista de un mínimo de tres y un máximo de cinco prospectos para cubrir cada vacante; 3.-el Ejecutivo seleccionara de entre ellos a quién propondrá al Senado para cada vacante, mismo que deberá ser ratificado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes; 4.-en caso de que el Senado rechace al propuesto por el Ejecutivo, éste someterá una nueva propuesta de entre los seleccionados por el Comité de Evaluación; 6.- en caso de que se rechacen sus sucesivas propuestas, el Ejecutivo designará en forma directa al último que le quede de entre los propuestos por el Comité de Evaluación.

No se requiere mucho esfuerzo para darnos cuenta que el mecanismo de elección de los consejeros del IFE (y de la mayoría de los organismos electorales de los estados) es obsoleta e hipócrita: data de 1996 y quiere a toda costa evitar la intervención del Ejecutivo cuando  los partidos lo han convertido en un botín político.

Si el IFE es un OCA nada debe tener de malo que en la elección de los Consejeros Electorales intervenga el Jefe del Estado, para evitar así que lo haga de manera subrepticia.

O bien, ¿por qué estos mismos legisladores  no establecen un procedimiento similar al que se aplica en IFETEL, para la elección de los consejeros electorales?
 

El tema del transporte urbano en Guadalajara es un asunto que por tradición se ha politizado. En los años setenta del siglo pasado, ese aspecto de nuestra vida cotidiana ya era asunto (o botín) político. ¿Quién no recuerda las grandes manifestaciones que organizaba la entonces “popular, democrática y revolucionaria” Federación de Estudiantes de Guadalajara, contra cada intentona de alza al precio del pasaje? Hasta un “Frente Democrático de Lucha Popular” se constituyó para esos efectos.

En esa época, el transporte público no sólo era medio de transporte, sino que además espacio de socialización: el sección 10, el Sección 1 (que se distinguía por tener unos autobuses chatos, gringos, viejitos, pero de lujo), el Centro-Colonias, o el Circunvalación, eran rutas que se disfrutaban y daba gusto subirse a ellas (en esa época, subirse a un camión y dar un circuito completo era un paseo dominical que algunos practicamos): entre semana, ¡qué secretarias y empleadas bancarias lo abordaban¡; los camiones olían bonito. Hasta eran espacio para “el ligue”. ¿Cuántos noviazgos o historias de amor  no se construyeron en un camión de pasajeros de Guadalajara?  

Valga lo anterior para señalar que en la actualidad para el mejoramiento del servicio, además de proyección futurista, lo que se requiere también es memoria histórica. El problema no es la tarifa, es el respeto y el trato a los pasajeros.  Su solución no es con manifestaciones en las calles ni con recursos ante los tribunales, sino con voluntad política entre las partes.

No se requiere inventar el hilo negro: para cambiar el sistema de pago o de cobro por el servicio, basta con aplicar el sentido común: resulta contradictorio que la ley establezca sanciones contra los automovilistas que van hablando por teléfono y no se diga nada de los choferes que van conduciendo una unidad y cobrando pasaje al mismo tiempo, cuando es mucho más peligroso y distrae más esto último que lo primero (vamos eso hasta inhumano es para los choferes).      

Seamos sinceros, el transporte no va a cambiar mientras nosotros no cambiemos, y mientras los principales involucrados (empresarios, choferes, usuarios y autoridades) no hagan lo que tienen que hacer para devolvernos lo que teníamos, o darnos lo que nos merecemos.

El sistema de transporte no sólo son las unidades, las rutas y los choferes, también lo son los pasajeros. Hace más de 40 años las unidades (por razones obvias) eran más precarias que en la actualidad;  y sin embargo, el servicio era mejor. Quizá la diferencia la hacían los usuarios y las reglas de urbanidad que se practicaban

Seis pesos parecen más que suficientes por un deficiente servicio. Quien vaya a la Ciudad de México y se suba al Metro Bus podrá experimentar el servicio de magnifica calidad que se da por ese mismo precio y que aun con esa tarifa sigue siendo rentable.

El Acuerdo para un Nuevo Modelo de Transporte Público firmado en días pasados parece una de las últimas oportunidades que la ciudad tiene para tener el transporte que se merece. Ojalá y que cuanto antes empiece a dar resultados.

Dos tendencias se afianzan cada vez más como signos distintivos de la época: la constitucionalización y la centralización. La primera consiste en la socorrida práctica de incluir en la Constitución toda suerte de demandas, programas o derechos. La segunda, en que las autoridades centrales asuman cada vez más y mayores atribuciones, en detrimento de las locales y municipales.  

Detrás de ambas prácticas lo que existe es la desconfianza. Para lo primero porque de esa forma se asegura que lo acordado no pueda ser modificado unilateralmente y que se le pueda aplicar todo el peso del Estado a los transgresores. Lo segundo se relaciona con la idea de una supuesta incapacidad de las autoridades locales para ejercer sus atribuciones, o a una cierta tendencia a incurrir en prácticas corruptas en el cumplimiento de sus funciones.

Múltiples son los ejemplos del pasado reciente o del presente que así lo acreditan: la idea del mando único policial o de la gendarmería nacional; la reforma educativa elevada a rango constitucional y las reformas que faltan con el mismo tratamiento; la propuesta de transformar el IFE en un Instituto Nacional de Elecciones y desaparecer los organismos electorales locales;  y las modificaciones que en materia de deuda de los estados se está discutiendo en el Congreso de la Unión, por mencionar las más importantes.

El problema es que, por un lado, la Constitución se está convirtiendo en una especie de programa de Gobierno; y, por el otro, que se está desvirtuando el Pacto Federal y cada vez más nos pareceremos a una república centralista o unitaria o  a un modelo de país formalmente federal y realmente centralizado.   

Con frecuencia se escucha que debemos adoptar (no adaptar) instituciones o estructuras de países como Francia, Chile, Italia o el Reino Unido. Sin embargo a los geniales comparativistas se les olvida que esos países no son federales y que para no comparar peras con manzanas la referencia deberían ser países federales como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Argentina, Brasil, o hasta Rusia y la India que no por lejanos son más distantes a nosotros.  

En la lógica centralizadora que tuvo sus orígenes en Francia, se optó por el modelo unitario para de esa manera asegurar la plena vigencia y aplicación uniforme de los derechos y libertades consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, la gran invención de los padres fundadores de los Estados Unidos fue demostrarle al mundo que sí era posible democracia y descentralización; y que esta última no necesariamente tenía que ser sinónimo de corrupción o de poderes informales de líderes regionales.

Esta gran enseñanza es lo que se ha olvidado recientemente en nuestro país. Claro, detrás de todo eso debe haber confianza; y los norteamericanos confían en Dios (In God we trust) y en ellos mismos. Nosotros, a lo mejor, confiamos en Dios, pero no en nosotros mismos (y si no para muestra ahí está el IFE que es el mayor monumento a la desconfianza)  

México debe reencontrarse con su tradición federal: confiar en nosotros mismos y en sus autoridades locales. Vale la pena intentarlo.