De no ser por la astucia y agallas de dos jornaleros que lograron salir del virtual campo de concentración donde se encontraban, es probable que la historia de los 275 jornaleros mantenidos en una situación de esclavitud en la empresa agroindustrial Bioparques de Occidente, no se conociera todavía.
Dos de los jornaleros esclavizados lograron escapar, viajaron a Guadalajara y acudieron al Palacio de Gobierno donde un funcionario escuchó su historia y alertó a las autoridades para actuar.
Lo que encontraron los policías y funcionarios era algo más parecido a un campo de concentración que a las instalaciones de una agroindustria: barracones de nueve metros cuadrados donde se hacinaba a las familias jornaleras; jornadas de trabajo de 12 a 14 horas por apenas 100 pesos; la obligación de recolectar hasta 40 cajas de jitomate y con la sanción de obtener menos sueldo al no cumplir la cuota.
La comida que recibían los jornaleros con frecuencia tenía moscas y cucarachas, según los relatos de los propios liberados.
Los trabajadores, provenientes de Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero e Hidalgo, no recibían su salario en efectivo, sino en vales que cobraban al final de su contrato de tres meses, pero muchas veces salían debiendo debido a que con frecuencia los trabajadores migrantes se veían obligados a comprar en la propia tienda de raya. Sí, como en el Porfiriato.
La responsable directa es la empresa Bioparques de Occidente, propiedad de Eduardo de la Vega Echevarría, empresario agrícola de Sinaloa con conexiones políticas y empresariales importantes. Sorprende el cinismo y la astucia de esta empresa y su dueño. Resulta que tenía certificado como empresa socialmente responsable y que en los dos últimos años Bioparques de Occidente recibió apoyos federales y estatales por poco más de 10 millones de pesos (MDP).
La liberación de los trabajadores esclavizados en la planta de Tolimán, Jalisco, podría pensarse como un final feliz, si no tuviéramos una lacerante realidad de migración tan profunda.
El problema de los jornaleros migrantes, sobre todo de comunidades indígenas, es una de las caras más dramáticas de la pobreza en el país. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña- Tlachinollan (de Guerrero) ha dedicado años de su trabajo a apoyar y ofrecer servicios a los jornaleros migrantes en México.
En su informe más reciente, Migrantes somos y en el camino andamos, estima que 26 % de la población es migrante, de los cuales nueve de cada 10 son migrantes internos, es decir unos 3.5 millones de personas, en su mayoría indígenas pobres, principalmente de los estados de Oaxaca, Guererro, Chiapas, Hidalgo y Veracruz.
Sus condiciones de trabajo son infames. Ser jornalero agrícola es “sinónimo de abuso, explotación, condiciones deplorables e impunidad”, afirma el Centro Tlachinollan, y esto se debe a que “defraudar, engañar y explotar es el secreto del enriquecimiento de los empresarios agrícolas”.
Es inadmisible que un país que ha tenido varias revoluciones para alcanzar un ideal de justicia social y democracia, persistan condiciones laborales de explotación y esclavitud como las que acaban de ser descubiertas en esta finca agrícola en Tolimán.