Temacapulín y el agua desperdiciada Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Los pobladores de Temacapulín siguen en vilo. Hasta ahora ninguna autoridad federal o estatal ha ido al pueblo a darles la cara para decirles que su pueblo se va a inundar. Siguen en vilo, pero resistiendo.

Pero mientras la autoridad se empeñan en cometer una arbitrariedad, a los pobladores de Temacapulín debemos agradecerles que su tenaz resistencias ha logrado abrir el debate sobre la política del manejo de agua que hacen el Gobierno federal y estatal.

Gracias a ello, el movimiento de resistencia de Temacapulín ha sabido que la política de construcción de presas para manejo de agua de las cuencas es obsoleta, anclada en las viejas políticas económicas desarrollistas, y neoliberales de grandes inversiones en obras de infraestructura, supuestamente necesarias para atraer e incentivar la llegada de capitales. Esa política de manejo de los recursos hídricos da preponderancia a las actividades económicas por encima de las necesidades de las poblaciones.

En el caso de la presa El Zapotillo, sus supuestos están basados en que represar el agua de la cuenca del Río Verde es necesaria para garantizar actividades industriales y agropecuarias en Guanajuato y en Jalisco.

Si la prioridad fuera abastecer de agua potable a las poblaciones necesitadas de las zonas metropolitanas de León y Guadalajara, no se necesita El Zapotillo.

Lo ha dicho de una manera bastante clara el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason. Si se utilizara adecuadamente el agua que mana de 30 veneros que existen en la zona metropolitana de Guadalajara, se podrían tener al año, dos veces el agua que supuestamente El Zapotillo brindaría.

“Guadalajara no requiere el Zapotillo, lo digo claramente, enfáticamente”, dijo Arturo Gleason en entrevista radiofónica.

“En Guadalajara hay un derroche del agua. Actualmente se tiran más de mil litros por segundo de manantiales a los drenajes. Más de 300 millones de metros cúbicos, el  equivalente de lo que sacamos a Chapala, se van mezcladas con aguas negras a la barranca (…) Esto habla de una inconciencia total por parte de la autoridad y una tendencia muy clara a privilegiar la construcción de obras que privilegian a un sector de la población nada más y dejando fuera a otros sectores y, por supuesto, no resolviendo el problema de fondo”.

Dejar de depender de las grandes presas y obras de infraestructura, implicaría comprometer a los ciudadanos en otra política de manejo del agua, a otra escala, por colonias o microcuencas,  de modo más descentralizado, pero que también de modo más democrático.

Si se impulsaran estas formas y nociones de manejo de agua, no se requerirían obras como El Zapotillo, pero también se cancelarían mega-proyectos que dejan miles de millones de pesos en ganancias para unas pocas empresas, técnicos y políticos que han impuesto la visión economicista y privatizadora del manejo del agua.

Todavía es tiempo de corregir la errada política que se expresa en la presa El Zapotillo, todavía es tiempo de hacerles caso a los pobladores de Temacapulín. No es sólo por ellos, es por todos. Por una política más sensata de manejo de agua.
 

Rubén Martín
ABR 19

La traición de Aristóteles a Temaca Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Los pobladores de Temacapulín fueron traicionados por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. No una, sino tres veces les dijo que su pueblo no se inundaría. La mayoría de la opinión pública conoce el mensaje enviado por Aristóteles Sandoval el 29 de enero de 2013, siendo gobernador electo, cuando escribió en su cuenta de tuiter: “Lo reitero (…) No vamos a inundar Temacapulín”.

Pero antes de esa promesa, durante la campaña electoral (en mayo de 2012) los habitantes de Temaca fueron al mitin que el entonces candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo en la cabecera municipal, Cañadas de Obregón, y ahí lo emplazaron a definirse respecto al destino de Temacapulín, fue la primera vez que escucharon que los respaldaría. Ya como gobernador electo, en una sorpresiva visita en abril de 2013, Aristóteles Sandoval fue a Temaca y ahí los pobladores le escucharon decir, por tercera ocasión que “va a ver las alternativas para que el pueblo no se inunde”.

Pero estos compromisos formales que hizo como candidato del PRI, como gobernador electo y como titular del Poder Ejecutivo del Estado, fueron traicionados al anunciar el viernes 11 de abril, que la decisión fue tomada por el Gobierno federal y que ya nada puede hacer al respecto. Sencillamente se lavó las manos y responsabilizó a la Federación.

La postura del gobernador se ha tratado de reforzar con declaraciones de algunos de sus voceros, quienes sostienen que no fue que el gobernador incumpliera su promesa, sino que cuando lanzó el compromiso en su cuenta de tuiter se le hizo creer que él iba a tener la última palabra sobre la altura de la cortina de la presa El Zapotillo, pero que al final fue el Gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que tuvo la última palabra y decidieron que la altura de la presa fuera de 105 metros, tal como estaba previsto en el proyecto original y que conlleva la inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Fue una traición. Los pobladores de Temacapulín se sienten traicionados, burlados. Una vez más confiaron en las autoridad, en su palabra, en sus formas, en sus mesas de diálogo y una vez más fueron burlados. Y ahora como burda compensación se les ofrece “trasladar piedra por piedra” sus monumentos.

Es la ignorancia de los burócratas. La vida de la gente no está echa sólo de piedras.

Al inundar Temaca se inunda una forma de reproducir la vida que incluye sus tierras, su iglesia, sus casas, pero también sus recuerdos y relaciones que han tejido por generaciones. El recuerdo de sus cielos profundos y estrellas brillantes, de su aire limpio, de la pesca y de sus paseos frente al río Verde. ¿Acaso se pueden trasladar sus recuerdos, memorias, y esperanzas de tener una vida digna?

Todo eso se pretende inundar, y no se puede recuperar.

Según el Gobierno, la última decisión ya fue tomada. Pero con seguridad la última palabra no ha sido dicha. En lugar de debilitarse, la resistencia de los pobladores de Temaca se alimentó con esta traición de la clase gobernante.

 

Rubén Martín
ABR 12

Pueblos ignorados Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El desdén y la distancia con la que habitualmente los gobernantes tratan a los pueblos que exigen dignidad, justicia y atención a sus demandas no son algo nuevo. Puede pensarse que es consustancial al sistema político liberal que se instituye, justo a partir del papel de la representación, es decir, la usurpación de las decisiones de la colectividad por parte de una minoría.

Si bien esta distancia es lo común, no deja de ser preocupante el desprecio con la que distintos gobiernos están tratando a algunos pueblos aquí en Jalisco: Temacapulín, Acasico, Palmarejo; media docena de pueblos de la barranca del Río Santiago; Tequesquitlán y Ayotitlán en Cuautitlán; y Tenacatita, entre otros.

En todos los casos, las organizaciones o representantes de los pueblos tienen años reclamando algún derecho y exigiendo atención a sus demandas. A diferencia de su antecesor, el gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz ha ofrecido diálogo y canales de negociación casi en todos los casos, pero aún así los resultados son negativos para los pueblos.

Es el caso de los pobladores de Temacapulín, Acasico, Palmarejo, quienes, desde que se enteraron que el proyecto gubernamental de la presa El Zapotillo contempla su inundación, han exigido la cancelación de dicha presa. Aristóteles Sandoval ofreció, desde sus recorridos en busca del voto, que no inundaría esos pueblos.

Posteriormente, en febrero de 2013 ratificó ese compromiso en un mensaje enviado en Twitter. Pero los meses pasan y la construcción de la presa sigue. Este mes, la altura de la cortina de la presa alcanzará los 80 metros, que es el supuesto límite necesario para evitar la inundación de Temacapulín, y además es el límite impuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Federación (SCJN) para que el Gobierno de Jalisco y las autoridades de la Conagua firmen un nuevo convenio.

Pero el tiempo pasa y el gobernador no cumple su promesa. Todo indica que se está dejando correr el tiempo para que en las próximas semanas se diga que por culpa del clima (que no llueve lo suficiente y escasea el agua) y debido a que es una atribución federal, el gobernador Aristóteles Sandoval se levará las manos y dejará a los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a su suerte, es decir, inundados.

Otro grave caso de desdén y desatención ocurre con los pueblos de la barranca del Río Santiago (Milpillas, Huaxtla, San Lorenzo, Ixcatán, entre otros), que han demandado desde hace años la clausura de los basureros de Hasar’s y Picachos. El Gobierno municipal de Héctor Robles Peiro se vio obligado a negociar con los pobladores, pero ahora les ha estado dando largas y acaba de plantear que los basureros seguirán. De modo que los lixiviados y contaminación que producen seguirán envenenando la vida de estas comunidades.

Estos casos parecen mostrar que el supuesto diálogo y negociación que los gobiernos abren a los pueblos es una mera maniobra de distracción mientras continúan con los proyectos públicos o privados impuestos, sin el consentimiento de las comunidades.

Rubén Martín
ABR 5

Panorama sobre derechos humanos en Jalisco Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) presentó el pasado jueves 27 de marzo su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco. Es el séptimo reporte anual que Cepad presenta, lo que habla ya de un trabajo sistemático de análisis y evaluación sobre los derechos humanos en la Entidad.

Podemos hablar ya de un trabajo con perspectiva histórica, pues quien quiera comprender las resistencias y luchas que pueblos, comunidades y sujetos han emprendido en Jalisco al arrancar el siglo XXI, debe considerar los informes de Cepad como una herramienta de consulta y análisis.

¿Qué incluye el informe 2013 sobre los derechos humanos en Jalisco que elabora Cepad? Desde mi punto de vista, lo más importante que se puede encontrar en los 10 capítulos que componen el informe (de 145 páginas) son los sujetos y pueblos resistiendo, defendiendo derechos, denunciando despojos, represiones, agresiones, o desapariciones y muertes. En algunos casos (pocos lamentablemente) escribiendo historias de triunfo.

En el recuento de conjunto que hace Carlos Peralta en el primer capítulo presenta una clasificación de siete luchas por derechos humanos, con los sujetos que las llevan a cabo: 1) En defensa del agua y territorios: Temacapulín, pueblo Wixárica, pueblos del Sur de Jalisco, pobladores de Tequesquitlán contra una minera china, Comité Salvabosque contra inmobiliarias y pueblos de la barranca del Río Santiago; 2)por la igualdad de derechos de las mujeres; 3) en contra de la discriminación; 4) en contra del deterioro del bienestar y calidad de vida: Colectivo Mejor Santa Tere, Plataforma Metropolitana por la Movilidad Sustentable, Parlamento de Colonias y Núcleo de Colonias Gdl. en Bici, Femibici o Bici Blanca; 5) derechos laborales: sindicato independiente de trabajadores de Honda, maestros contra la reforma educativa; 6) amenazas a defensores: con el caso de Celedonio Monroy, desaparecido en octubre de 2012; 7) sobre la seguridad pública y el derecho a la justicia: familiares de desaparecidos y revisiones de rutina.

Algunos capítulos están escritos por los protagonistas de las luchas, como es caso de

María Guadalupe Aguilar Jáuregui, madre de José Luis Arana Aguilar, desaparecido hace tres años. María Guadalupe Ramos Ponce, de Cladem, escribe sobre la muerte violenta de mujeres en Jalisco y presenta una cifra aterradora: de 1997 a la fecha han ocurrido mil 061 feminicidios en Jalisco.

Hay historias para celebrar, como es la que escriben Zaira Viridiana De La O. Gómez  y Martha Sandoval Blanco, protagonistas del primer  matrimonio lésbico en Guadalajara.

Laura Neftaly López Pérez, presenta un capítulo sobre violaciones a la libertad de expresión en Jalisco. Rafael Alonso Hernández López, presenta un informe sobre la migración en tránsito por la Zona Metropolitana de Guadalajara, mientras que Moisés  Guerrero Rincón, del Movimiento de Bases Magisteriales y de la CNTE, presenta un recuento sobre la lucha del magisterio jalisciense contra la reforma educativa.

Dos colegas periodistas participan en el informe de Cepad: Agustín del Castillo, escribe sobre el derecho al agua y Alejandro Velazco, sobre las violaciones de rutina.

El informe de Cepad lo cierra César Octavio Pérez Verónica, Director Ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Rubén Martín
MAR 29

El abuelo de los paseos ciclistas Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Guadalajara ha ganado fama mundial, recientemente, por su activo y vigoroso movimiento ciclista. Desde hace diez años, diversos colectivos y grupos han convocado a los ahora famosos paseos ciclistas.

El primero fue convocado por los primos Isaac y Fabián Delgado en 2004; de esos primeros paseos nació el paseo nocturno de los miércoles que llegó a congregar hasta ocho mil ciclistas rodando por las calles y avenidas de la ciudad. Ahora hay colectivos y paseos ciclistas de todo tipo: exclusivamente de mujeres, para turistas, de los jueves, y hasta los exóticos paseos o rodadas de montaña donde ciclistas de clase media y acomodada se montan en bicicletas que cuestan lo que un coche.

El movimiento ciclista tapatío ha hecho un aporte relevante para cuestionar el modelo de ciudad que se ido imponiendo en Guadalajara, de la mano de las políticas estatales que consienten los afanes de lucro de empresarios inmobiliarios, constructoras y empresas automotrices.

Los gobiernos y la burguesía tapatía apostaron durante décadas por la ciudad suburbana al estilo estadounidense, con cotos residenciales (para los ricos) a las afueras de la ciudad, con avenidas e infraestructura para los autos.

Los colectivos y las acciones que han llevado a cabo los ciclistas en la última década ha aportado una crítica a ese modelo. Sin embargo, ahora parece que la mayoría de este movimiento está mediatizado, atrapado en las amables telarañas del poder, haciéndoles creer que los toman en cuenta para decidir las políticas públicas.

Pero la Guadalajara bicicletera no nació hace 10 años. De hecho, la bicicleta siempre ha sido un medio imprescindible de transporte para una clase trabajadora que la usa por necesidad, y también por diversión.

En este breve recuento vale la pena recordar la historia de los paseos ciclistas, y el primero no nació en la zona metropolitana sino en Juanacatlán en 1988, hace 26 años.

Don Pedro de Anda, obrero industrial hace décadas y ahora campesino que siembra frijol, cuenta que en 1988 empezó un pequeño grupo de amigos a salir entre magueyes y terracerías. Ya para 1989 empezaron a hacer un largo recorrido que terminaba por recorrer todo el municipio de Juanacatlán. “A veces lo hacíamos de medio día, a veces del día completo, nos llevábamos algo para comer”. El paseo comenzó a crecer y se empezó a hacer la ruta de Juanacatlán, San Antonio, Puente Viejo, Santa Fe, La Paz, Corralillos, para subir caminando al cerro de Santa Fe, bajaba Rincón de Chila y Chila, en Zapotlanejo. El paseo ahora se hace dos veces al año: en Semana Santa y en diciembre.

La idea de este paseo ciclista, cuenta don Pedro de Anda, “es hacer la ruta ecológica, porque es el entorno, y está muy bien de maleza y medio ambiente”.

Este “abuelo” de los paseos ciclistas forma parte de los modos en cómo sujetos y colectivos de Juanacatlán se juntan para conocer y defender su territorio, amenazado desde hace décadas por la criminal contaminación industrial, y ahora por los intereses inmobiliarios y los mega-proyectos de Gobierno, como el Macrolibramiento. A su modo, a su tiempo, los pueblos se protegen y se defienden.
 

Rubén Martín
MAR 22

10 metros para inundar Temacapulín Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

La cortina de la impugnada presa El Zapotillo está a 72 metros de altura. El próximo mes de abril la altura de la cortina llegará y rebasará los 80 metros, que es la altura límite para evitar la inundación del poblado de Temacapulín.

De modo irresponsable el Gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz ha dejado correr el tiempo mientras la obra avanza. Superado el límite de los 80 metros se dejaría que los pueblos de Acasico, Palmarejo y Temacapulín se inunden, dejen
de existir.

¿Por qué irresponsable el Gobierno? Porque Aristóteles Sandoval, se comprometió con los habitantes de Temacapulín a que su poblado no se iba a inundar. Fue un compromiso público lanzado a través de su cuenta de twitter en enero de 2013, a unos meses de que asumiera como gobernador del Estado. Este fue su mensaje: “Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar
Temacapulín”.

Trece meses después las “mesas técnicas” que se establecieron entre los pobladores y representantes del Poder Ejecutivo del Estado no han servido más que para entretener a los pobladores, según han expresado ellos mismos.

Entre tanto el consorcio español que construye la presa de El Zapotillo avanza, y sigue empeñado en construir una cortina de 105
metros.

José Elías Chedid Abraham, delegado en Jalisco de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dejó en claro que si las obras siguen tal como estaban previstas por el anterior Gobierno del panista Emilio González Márquez, es porque el actual Gobierno que encabeza Aristóteles Sandoval no ha tomado una decisión respecto a firmar un nuevo convenio con la Conagua para modificar el anterior proyecto (entrevista a Isaack de Loza, EL INFORMADOR , 11 marzo 2014). Pero podría hacerlo.

Esto contradice lo que ha declarado el propio gobernador de que la decisión está en manos del Gobierno.

Sea quien sea el responsable, lo cierto es que se sigue ignorando la opinión y el deseo de los pueblos de Acasico, Palmarejo y Temacapulín para seguir existiendo como pueblos.

Por eso el Comité Salvemos Temaca sigue con su campaña para recordar al gobernador su incumplimiento y por eso siguen recabando firmas. Para sumar apoyos y adhesiones a una causa que es justa, a una causa que debe obligar a repensar lo que se entiende por “desarrollo”, como son estos mega-proyectos de infraestructura hidráulica pensados  supuestamente para salvar la falta de agua las poblaciones urbanas, a costa de los pobladores rurales. Lo que se esconde es que detrás existen intereses económicos tan concretos como llevar agua para abastecer los procesos de producción privados.

El caso del compromiso incumplido del gobernador Aristóteles Sandoval con los habitantes de Temacapulín se está convirtiendo en la política de relación del actual Gobierno frente a los movimientos sociales: supuesto diálogo, pero nula atención a sus exigencias. Un diálogo así es mera entretención, y de hecho se convierte en una política de engaño y contención para los movimientos que  de buena fe confiaron en el Gobierno.

Rubén Martín
MAR 15

Atropellar al pulpo camionero Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El pulpo camionero volvió a embestir nuevamente. Ayer se llevó a entre 13 y 16 jóvenes estudiantes, dejando muy graves al menos a dos de ellos.

El chofer Leopoldo Martín Soberano brincó de la lateral del Periférico (casi al llegar a la avenida Parres Arias) para subirse a la banqueta donde esperaban la parada, en un parabús, decenas de estudiantes de la Preparatoria 10 y del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El chofer, según distintos testimonios recogidos, iba a exceso de velocidad.

Tras arrollar a los estudiantes, el chofer intentó huir pero fue detenido tanto por los pasajeros de la unidad A-2097 de la ruta 368 como por otros estudiantes que se salvaron de ser arrollados.

El grave accidente de ayer se suma a los que han ocurrido en apenas unas semanas, donde han muerto 13 personas y han resultado heridas 48 personas por volcaduras de unidades del transporte.

Ha sido un arranque de año literalmente fatal para el sistema de transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara, justo cuando la autoridad le concedió un aumento en el precio de la tarifa de 16.6% a pesar de que los dueños no han cumplido las exigencias de ofrecer para los usuarios el servicio con calidad y seguridad al que se comprometieron hace más de una década.

Por la complacencia, complicidad y en varios casos incluso por sociedad, la clase gobernante de Jalisco ha permitido que en Guadalajara se imponga un sistema de transporte público de mayoría privada, donde unos pocos empresarios, sabiamente apodados por los tapatíos como pulpo camionero, imponen sus reglas y sus condiciones, en detrimento de millones de usuarios de un servicio vital para la vida urbana como es la transportación.

La lógica de obtener la máxima ganancia con la mínima inversión ha dado forma a un sistema de transporte público que ocasiona repetidos accidentes y provoca muertos y heridos año tras año, un servicio sin calidad, un parque de unidades de transporte que también matan por la contaminación que producen (aunque sea a la larga) y que además ignora las demandas de la sociedad y se pasan por el arco del triunfo los supuestos compromisos firmados para mejorar el servicio.

Los gobiernos en turno, ya sean del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o de Acción Nacional (PAN), han permitido que impere este servicio regido por el criterio de la búsqueda de la ganancia privada por sobre un servicio que debería ser público.

Es hora de quitar a un sector empresarial un sistema de transporte que debe ser público; debe discutirse en serio la necesidad de volver común a la sociedad un servicio esencial, porque se ha demostrado que en manos privadas no ha mejorado ni mejorará.

Sobre todo es hora de ponerle fin a un sistema de transporte público que impone sus condiciones a los usuarios y que atropella y mata. Es hora ya de atropellar al pulpo camionero.

Rubén Martín
MAR 8

El costo ecológico del capitalismo mexicano Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

No debería tener costo, pero lo tiene. El costo del agotamiento y degradación del capitalismo mexicano se estima en más de 985 mil millones de pesos (mdp) en 2012, y representa el 6.3 del Producto Interno Bruto (POB) del país. Es un costo altísimo que revela la perversidad de un sistema socio-histórico que externaliza costos.

Los datos fueron dados a conocer esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como parte de las Cuentas económicas y ecológicas de México. El desagregado de dicho agotamiento y degradación ambiental es el siguiente: “La contaminación atmosférica representó el mayor costo ambiental, al ubicarse en 532 mil 679 mdp, le siguieron los costos por agotamiento de hidrocarburos con 217 mil 968 mdp, degradación del suelo 74 mil 564 mdp, la contaminación del agua 64 mil 632 mdp, residuos sólidos 51 mil 569 mdp, agotamiento del agua subterránea 29 mil 478 mdp, y por último los costos del agotamiento de recursos forestales con 14 mil 174 mdp”.

Según las cuentas oficiales, el costo ecológico del capitalismo mexicano se registra a través del agotamiento de recursos y la degradación ambiental. Las principales fuentes del agotamiento de recursos forestales se deben  a las actividades silvícolas no sustentables, la tala clandestina, los incendios y el avance de los agronegocios. El reporte oficial registra una preocupante sobreexplotación del agua subterránea del país.

En tanto la contaminación del aire, cuyo emisor principal son los vehículos automotores, es el principal responsable de la degradación ambiental. A esto se añade la degradación y contaminación del suelo, así como la contaminación del agua por descargas residuales.

Por actividad económica, las actividades de transportes, correos y almacenamiento generó los mayores costos ambientales: 316 mil mdp; seguido de la minería con 219 mil mdp; el sector de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza con 104 mil mdp, y otros servicios con 41 mil mdp.

Como siempre, los datos estadísticos por sí solos no bastan para comprender a fondo lo que estamos hablando: no se trata solo de recursos naturales que se contaminan para cientos de años o se pierden para siempre.

Detrás de los procesos de agotamiento y degradación ambiental hay un sistema económico que, al externalizar sus costos, toma como suyos recursos que son comunes, y al introducirlos a la maquinaria de la producción de mercancías para la obtención de ganancias, se apropia de una riqueza que es común.

Pero más importante aún es que, detrás de estas cifras de la devastación ambiental del país, hay sujetos, hay comunidades, pueblos y barrios que enfrentan no sólo aire, agua y tierra más contaminadas, sino que enfrentan procesos de despojo, invasión y represión que van asociados a los procesos de capitalistas como la minería, la tala ilegal, los nuevos fraccionamientos o los viejos basureros.

Los costos ecológicos que va dejando el capitalismo mexicano nos hablan también de un sistema en crisis, de un sistema que requiere la apropiación de privada de los bienes comunes y contaminar y matar la vida para seguir reproduciéndose. La alternativa es simple: aniquilar ese sistema, o permitir que ese sistema nos aniquile.

Rubén Martín
MAR 1

Narcofosas en Jalisco Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

En menos de cuatro meses, se han encontrado en Jalisco tres grandes fosas clandestinas con al menos 108 cuerpos enterrados clandestinamente. Se trata no solamente de hallazgos macabros, sino sumamente preocupantes.

El 19 de febrero se encontró una fosa clandestina en el municipio de Tlajomulco, cerca de Cajititlán, donde estaban enterrados al menos al menos 17 cuerpos.

Estos entierros clandestinos se suman a las narcofosas encontradas en La Barca y en Zapopan. El 9 de noviembre, mientras se buscaba a tres policías federales extraviados, se dio con la narcofosa más grande hasta ahora encontrada en Jalisco; hasta mediados de diciembre se extrajeron 67 cuerpos, a los que se sumaron otros siete a mediados de enero de este año. En total 74 cuerpos asesinados (muchos mutilados) se encontraron en La Barca, la segunda narcofosa más grande encontrada en el país.

Casi un mes después del hallazgo en La Barca, en Zapopan, cerca del poblado de Tesistán, empezó la excavación de varias fosas donde al final se encontraron 17 cuerpos. En las tres narcofosas, según las autoridades de Jalisco, se presume que los responsables de los levantones, asesinatos y enterramientos clandestinos son células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El hallazgo de estas narcofosas obliga a encontrar una explicación seria sobre una maquinaria de muerte operada por una o varias organizaciones del crimen organizado que tienen asiento en Jalisco, y de los nexos que necesariamente deben tener con autoridades locales y federales para que una cadena de múltiples asesinatos (con secuestros y levantones previos), terminen con el enterramiento clandestino de decenas de cuerpos en múltiples territorios de la entidad.

A la vez, el hallazgo de estas tres narcofosas obliga a revisar el discurso y la narrativa sobre la supuesta tranquilidad y paz que imperaba en Jalisco, según repitieron a lo largo del sexenio el gobernador Emilio González Márquez, su secretario de Gobierno Fernando Guzmán; y su secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, mantenido como fiscal general en el Gobierno actual del priista Aristóteles Sandoval Díaz.

Las tres narcofosas con 108 cuerpos asesinados obligan a reconsiderar a Jalisco en el mapa de la violencia que hay en el país. Todo indica que Jalisco también ha sido una plaza fuertemente disputada por las empresas capitalistas que se dedican al crimen organizado, pero que se maquillaron y ocultaron cifras y hechos para dar apariencia de paz y tranquilidad.

Un dato en este sentido es contundente: la Procuraduría General de Justicia del Estado que encabezaba el panista Tomás Coronado Olmos no cumplió con más de 40 mil órdenes de aprehensión, según denunció el actual fiscal central Rafael Castellanos (Conciencia Pública, 11 mayo 2013). Además muchas de esas órdenes de aprehensión se archivaron de modo inexplicable, según contó un alto funcionario del actual Gobierno.

Pareciera que se permitió o se hizo de la vista gorda para que el crimen organizado desapareciera, matara y enterrara a sus anchas, sin que se admitiera y denunciara el alto nivel de violencia que estaba ocurriendo en la entidad. Es un asunto sumamente grave que debe ser esclarecido.
 

Rubén Martín
FEB 22

Tu basura y los pueblos de la Barranca Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

No son pocos los momentos de antagonismo social que ocurren cotidianamente en la ciudad que pasan inadvertidos para la mayoría, aunque nos conciernen a todos.

Es lo que acaba de ocurrir con la movilización que seis pueblos de la barranca del Río Santiago, en el Norte de Zapopan, para demandar el cierre definitivo de los tiraderos de basura de Picachos (público) y Hassar’s (privado).

El sábado 8, decenas de habitantes de esos pueblos bloquearon el camino de ingreso a los basureros (en la Carretera a Colotlán) para recordar al Ayuntamiento de Zapopan el compromiso para cerrar los tiraderos. El bloqueo fue decidido por los pueblos de dichas comunidades, cansados de los incumplimientos de la autoridad.

No es la primera vez que los pueblos de la Barranca recurren a los bloqueos de los tiraderos para hacerse escuchar, pues el seguimiento a sus demandas por los canales de la burocracia se convierte en un laberinto donde se pierden sus reclamos. En 1994, tras un bloqueo, varios pueblos de la Barranca consiguieron que la autoridad cerrara el tiradero de Copalita.

En 2009 los pueblos de esa zona de Zapopan bloquearon durante varios días el mismo camino de acceso a Picachos y Hassar’s. Gracias a esa forma de hacerse escuchar, el entonces presidente municipal, Juan Sánchez Aldana (PAN), firmó un convenio con los representantes de los pueblos comprometiéndose a resolver varias demandas pendientes para esas comunidades, entre ellas programar el cierre de esos vertederos. Estos acuerdos fueron ratificados posteriormente por

Héctor Vielma Ordóñez (en febrero de 2010) y por el actual alcalde, Héctor Robles Peiro (22 de noviembre de 2012).

De modo que, cuando el alcalde Héctor Robles declaró el pasado martes que no conocía las demandas de los pobladores que bloquearon el ingreso a Picachos, faltaba a la verdad.

La demanda, por lo demás, no es nada radical como se dijo, sino sensata, concreta y necesaria. Los vertederos de Picachos y Hassar’s han contaminado arroyos (como Milpillas), veneros, balnearios y cuerpos de agua que son vitales para los pobladores de esas localidades. Decenas o cientos de personas enferman por esas aguas contaminadas.

Los pesados y contaminados lixiviados que escurren de esos vertederos afectan sus tierras y su ganado y actividades recreativas como los balnearios y cascadas que hay en la zona. Es decir, la contaminación generada por los vertederos afecta de manera directa a miles de personas de varios pueblos de esa zona.

La contaminación, a su vez, se genera por un manejo inadecuado de la basura que producen más de un millón de habitantes de Zapopan; hasta ahora tenemos un modelo de manejo de residuos que externaliza costos y consecuencias de dichos desechos, volviendo inconsciente a la mayoría de la población del destino y efecto que tiene la basura que produce.

Por eso la movilización de los pueblos de la Barranca no es un asunto aislado, sino algo relevante y que concierne a toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Y por eso el actual Gobierno de Zapopan debe atender sus demandas, en lugar de desalojarlos por la fuerza, como se hizo el pasado 11 de febrero.

@rmartinmar

Rubén Martín
FEB 15