Ayotzinapa: fue el Estado Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

“Fue el Estado”. Con la escritura de esta consigna, en grandes letras blancas en una esquina del Zócalo, terminó la movilización del 22 de octubre en la Ciudad de México en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa. Es una denuncia contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, del gobierno de Guerrero y de los partidos del Pacto por México (PAN, PRI y PRD) quienes tratan de minimizar y encubrir lo que ocurrió en Iguala.

Justo el mismo día que se llevó a cabo la mayor jornada de movilizaciones políticas más grande en la historia reciente del país, el procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, ofreció una rueda de prensa para informar de los “avances” en la investigación sobre la represión a los normalistas de Ayotzinapa.

La mayor parte de la información ya había sido dada a conocer; lo más relevante fue que el procurador aseveró que sólo se seguía una línea de investigación: que el asesinato y desaparición de los normalistas ocurrió por la infiltración de “Guerreros Unidos”, al mando de Sidronio Casarrubias, en complicidad con el presidente de Iguala, José Luis Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.

Según Murillo Karam, la esposa del alcalde era “la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal”, y habría pedido agredir a los normalistas para que no le echaran a perder su fiesta en ocasión de su segundo informe al frente del DIF.

Ahora resulta que una de las grandes masacres de la historia contemporánea del país que ha derivado en la mayor movilización social en al menos dos décadas y que ha producido un cuestionamiento a la legitimidad del actual Gobierno federal, fue responsabilidad de una presidenta del DIF.

Las implicaciones de lo dicho por el procurador son graves: esta línea de investigación exculpa al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre; al gobierno de Peña Nieto, jefe de las Fuerzas Armadas, y exculpa a los partidos que han gobernado este país donde se ha producido la alianza entre clase política y criminales.

La versión de Murillo Karam es semejante a la versión del asesino solitario en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, tratando de ocultar un crimen político.

No es posible creer que en Guerrero decenas de ayuntamientos estén bajo control del crimen organizado y el gobernador no supiera; no es posible creer que cientos de gobiernos municipales del país exista este mismo control y el Gobierno federal no sepa. Lo saben y se encubren. El narcotráfico es uno de los grandes negocios de México y no funciona sin la protección que brinda el poder político.

A su vez, las bandas del narcotráfico se han convertido en piezas fundamentales para infligir temor y terror en poblaciones cuyos territorios se quiere despojar; los sicarios del narco son extensiones del Estado en muchos lugares. Son piezas de la maquinaria de la acumulación por despojo que se impone en el país.

A los desaparecidos de Ayotzinapa no los desapareció una presidenta del DIF, fue el Estado.

Rubén Martín
OCT 25

Estampas de la barbarie en México Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

La agresión, asesinato y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ha sido tan grave y atroz que ha impactado no sólo en México, sino en el mundo.

La campaña de propaganda del Gobierno de Enrique Peña Nieto tratando de vender la imagen de un país reformador, moderno y abierto al capital, se ha desmoronado en tres semanas con las noticias de los estudiantes masacrados y desaparecidos, con los hallazgos de 19 fosas, y con las intensas movilizaciones en el país y en el extranjero.

Ahora la imagen de México no es la de la propaganda peñista, sino la imagen con los retratos de los 43 normalistas desaparecidos y la imagen de las fosas y las cintas amarillas de los forenses tratando de identificar los cuerpos encontrados. Son imágenes de la barbarie que impera en México.

Pero lamentablemente los maquinaria estatal-delincuencial que produce estos hechos bárbaros no se detiene. Cada día se producen más.

Mientras continúa la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Tamaulipas la doctora María del Rosario Fuentes Rubio, quien colaboraba en su cuenta de tuiter con Valor por Tamaulipas, fue secuestrada y asesinada, aparentemente por la delincuencia organizada. Valor por Tamaulipas, es una cuenta que usa las redes sociales para ofrecer información que no aparece en los medios comerciales o que esconden o ignoran las autoridades. Ofrecer información para protegerse ella y su comunidad le costó la vida a María del Rosario Fuentes.

Mientras continúa la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la Ciudad de México, una madre en busca de su hijo convirtió su funeral en un acto político. Margarita Santizo Martínez, perdió hace cinco años a su hijo Esteban Morales Santizo, un policía federal desaparecido en Lázaro Cárdenas en abril de 2009. La señora Margarita Santizo falleció el 16 de octubre de cáncer de hígado y pidió a sus familiares que su funeral fuera ante la Secretaría de Gobernación en reclamo porque las autoridades no hicieron lo suficiente para encontrar a su hijo.

Mientras continúa la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, siguen desapareciendo personas en México. Ayer las autoridades de la comunidad indígena huichol de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, Jalisco, denunciaron que Fernando de la Cruz Carrillo, habitante de la aldea Tierra Blanca del Chalate, fue levantado un día atrás por un comando de siete hombres armados. Fernando de la Cruz, como parte de las autoridades de su comunidad, está al frente del reclamo de sus tierras, invadidas, entre otros, por ganaderos nayaritas.

Y mientras continúa la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los corruptos están a punto de salir de la cárcel y a los defensores comunitarios se les confirma en la cárcel. Ayer se anunció que Elba Esther Gordillo podría dejar en breve la cárcel por sus problemas de salud y que le sea concedida la prisión domiciliaria (¿prisionera en su departamento de lujo?). En tanto Néstora Salgado, de la policía comunitaria de Guerrero sigue recluida en un penal de máxima seguridad.

Estas son apenas estampas de la barbarie que habita México.
 

Rubén Martín
OCT 18

¿Cómo detenemos la barbarie? Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Decenas de miles de mexicanos, y personas solidarias en otras partes del mundo, salimos a las calles el pasado 8 de octubre para repudiar el asesinato de normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos. El dolor y la rabia ante esta nueva agresión de los gobiernos se centró en el reclamo para que las autoridades presenten con vida a los estudiantes normalistas. “Vivos los llevaron, vivos los queremos” no es una lema más sino una consigna política central en la actual coyuntura mexicana.

Miles salimos en más de 50 ciudades del país y del extranjero a las calles tocados por el dolor y movidos por la rabia al conocerse los detalles de la masacre de Iguala: la violencia desmedida y la saña sanguinaria con la que se atacó, persiguió, torturó y desapareció a los normalistas.

Entre los asistentes a la manifestación en Guadalajara había rabia, mucha rabia por saber que en este tiempo siguen ocurriendo represiones y masacres semejantes a la de 1968 o de la llamada guerra sucia de la década de 1970.

Rabia en contra de los gobiernos que siguen agrediendo a los movimientos sociales y sujetos en resistencia, como son los estudiantes de las normales rurales del país.

Rabia en contra la abierta complicidad de policías con el crimen organizado; rabia en contra de una clase política corrupta que permite estas asociaciones; rabia contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que nació de un movimiento popular por la democratización del país y que ahora se ha convertido en una maquinaria que busca ganar elecciones a costa de lo que sea, incluso al precio de postular a un candidato ligado al crimen organizado; rabia por la agresión artera contra los normalistas y rabia con el método cruel y sanguinario con el que presumiblemente se les mato.

La rabia nos hizo salir por miles a las calles, pero presiento que en esta manifestación no ocurrió lo que pasa en otras movilizaciones: que el acto de conjuntar miles de voluntades genera cierta euforia y entusiasmo. No, esta vez junto a la rabia prevalecía un ánimo colectivo movido por la desesperanza y la impotencia.

Escuché varias veces: ya salimos miles a las calles, pero ¿esto basta para detener hechos como los Iguala? ¿estas manifestaciones públicas pueden parar la barbarie que se ha instalado en el país? La respuesta es que no, y de ahí la desesperanza. Hay claridad de que no basta salir a las calles para detener esta maquinaria de asesinatos, desapariciones, ejecuciones selectivas y masivas que ahora impone su lógica por todo el territorio.

¿Cómo paramos esta barbarie? Una cosa es clara, de la pirámide del poder ya no podemos esperar soluciones. Ellos son parte del problema. La respuesta vendrá de abajo y en colectivo. Nadie tendrá una respuesta única o definitiva, pero así como en otros momentos aciagos de la historia mexicana, la respuesta se irá construyendo en colectivo, a tientas, combinado resistencias y respuestas; produciendo resonancias, tejiendo solidaridades no instrumentales, como las que se tejieron el miércoles 8 de octubre por todo el país.

Rubén Martín
OCT 11

Álvarez Garín y la vigencia del 68 Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Los motivos y adversarios por los que lucharon los estudiantes hace 46 años en el movimiento de 1968, siguen vigentes en el país. Basta releer los seis punto del pliego petitorio enarbolado por el Comité Nacional de Huelga (CNH) para constatarlo.

Los estudiantes de la UNAM, IPN, la Iberoamericana, y las decenas de universidades del país que se sumaron a la huelga en demanda del pliego petitorio, exigían: la libertad de los presos políticos, la derogación de artículos del Código Penal Federal que criminalizaban la protesta social, la desaparición de del cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policiacos que ordenaron la represión, la indemnización a familiares de los muertos y heridos durante el conflicto y el castigo a los responsables de la violencia contra los estudiantes.

Aunque no estaba expresamente incluido en el pliego petitorio, hay un consenso entre los participantes acerca de que el movimiento estudiantil de 1968 exigía también democracia y apertura al sistema autoritario priista.

A la distancia de 46 años, se puede apreciar la semejanza notable que existe entre el México de 1968 y del de 2014. Ahora como entonces existen presos políticos (Néstora Salgado, José Manuel Mireles, Mario Luna y cientos más) para quienes se exige su liberación, ahora como entonces se exige la derogación de leyes que atentan contra las libertades políticas y contra los cuerpos represivos. Ahora como en 1968 el Estado mexicano sigue criminalizando, persiguiendo, asesinando y desapareciendo a quienes considera disidentes, a quienes hacen política fuera de los canales de la política profesional.

A la larga lista de casos de represión en contra de movimientos sociales y represión, se suma ahora el grave caso de la agresión, asesinato y desaparición de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre.

Para algunos el tratamiento que el Gobierno federal está dando al movimiento de Politécnicos les lleve a pensar que las cosas han cambiado. No es así, pues el funcionario que salió a atender a los estudiantes forma parte del mismo Gobierno que ha reprimido movimientos y encarcelado disidentes.

Pero del lado de los movimientos hay, también otras semejanzas con 1968 y estas son esperanzadoras. Se trata de las formas de hacer política democráticas, abiertas, horizontales y no vanguardistas que está desplegando el movimiento estudiantil del Politécnico.

Varias de estas formas de hacer política que ahora se despliegan en el Poli, se construyeron en 1968. Por eso también es importante recordar a dirigentes del 68 como Raúl Álvarez Garín, quien fue uno de los más tenaces defensores de un movimiento estudiantil independiente y autónomo de los partidos y grupos de poder. 1968 está vigente en México no sólo en las formas antidemocráticas y represivas que sigue manteniendo el Estado mexicano, sino también en las formas políticas que emergen en ese año y que siguen siendo patrimonio de un conjunto diverso y heterogéneo de movimientos sociales de todo el país. Formas políticas democráticas e independientes que de manera congruente y comprometida contribuyeron a crear personas como Álvarez Garín, fallecido hace una semana.

Rubén Martín
OCT 4

El invasor debe salir de Mezcala Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Lo más común es que los pueblos indígenas de este país reciban malas noticias: el caso de una nueva invasión a sus territorios, una concesión minera, un proyecto turístico, un proyecto de infraestructura gubernamental, la presencia de talabosques o minería ilegal, cuando no, la presencia del crimen organizado.

Las buenas noticias para los pueblos indígenas sorprenden, y más cuando se juntan las buenas nuevas. Este fue el caso de la comunidad wixárrika de San Sebastián Teponahuaxtlán que, gracias a una movilización que realizaron a Guadalajara el 20 de agosto, lograron el compromiso de los gobiernos federal y de Jalisco y Nayarit para ejecutar una resolución agraria para la restitución de 2,400 hectáreas invadidas desde hace décadas.

Justo días después de que la comunidad wixárrika se movilizaba en Guadalajara, el pueblo coca de Mezcala de la Asunción logró una victoria importante en la defensa de su territorio.

El magistrado Enrique García Burgos, del Tribunal Unitario Agrario nº 15, emitió el 28 de agosto de este año una resolución en la que ordena la restitución del predio El Pandillo que la comunidad de Mezcala tiene invadido desde 1999.

Se trata, como todos los casos de despojo de pueblos y comunidades, de un largo litigio agrario y por la restitución del territorio. Desde 1999 la comunidad de Mezcala, asentada en la ribera del Lago de Chapala en el municipio de Poncitlán, el empresario tapatío, Guillermo Ibarra Moreno, invadió El Pandillo, gracias a la compra de voluntad del comunero Crescenciano Santana Sánchez. El empresario invasor construyó finca de descanso en uno de los cerros que permite una de las mejores vistas al lago de Chapala.

Desde esa fecha, la comunidad de Mezcala intentó todos los recursos legales y movilizaciones políticas a su alcance para exigir la salida del invasor. Ha sido una lucha de quince años que, en el camino, dejó conflictos y confrontaciones al interior de la comunidad, una demanda en contra de los comuneros invadidos que derivó en un proceso judicial y órdenes de aprehensión en contra de once comuneros y la detención, en septiembre de 2011, de Rocío Moreno. A lo largo de estos años la comunidad de Mezcala se mantuvo en una pelea tenaz por la restitución de su territorio, contando por regla general con la adversidad del supuesto Estado de derecho.

Gracias a su tenacidad y a la experiencia de abogados agrarios honestos, hoy la comunidad de Mezcala está a punto de recuperar esa parte de su territorio.

La sentencia del magistrado agrario no deja lugar a dudas:  “se condena a los demandados Crescenciano Santana Sánchez y Guillermo Moreno Ibarra a la devolución material y jurídica de la superficie en conflicto y que se encuentra en su poder en el predio de El Pandillo (…) concediéndoles a los demandados un plazo de quince días para que den cumplimiento a lo anterior, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá a la ejecución de tal fallo de manera forzosa”.

Ojalá las miles de argucias que la ley ofrece a los despojadores no prospere en este caso y se cumpla la restitución a la comunidad de Mezcala.

Rubén Martín
SEP 27

Desapariciones y psicosis en Jalisco Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

La desaparición de personas en Jalisco es un problema de enormes dimensiones que ha sido evadido o encubierto por los gobiernos de Emilio González Márquez (PAN) y de Aristóteles Sandoval Díaz (PRI). En este momento, hay dos mil 113 desaparecidos, lo que coloca a Jalisco como la segunda Entidad con más casos de todo el país.

Por eso no debe sorprender, y menos cuestionar, cuando en una población como Zapotiltic la gente se preocupa, se manifiesta y asume de modo colectivo el problema de la desaparición.

El pasado 12 de septiembre desapareció Daniela Isabel Magaña Castellanos, de 17 años y estudiante de la preparatoria regional; cinco días después se perdió el rastro del adolescente Juan Carlos Valle Álvarez, quien está a punto de cumplir 15 años.

Tras las denuncias ante las autoridades, algo fuerte se movió en la colectividad de Zapotiltic, pues lograron que la autoridad estatal los atendiera de inmediato y la tarde del viernes 19 de septiembre, más de mil personas marcharon por las calles de la cabecera municipal que tiene poco menos de 30 mil habitantes.

Ante la gravedad de los hechos, el fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, acudió a Zapotiltic el jueves 18 de septiembre, para reunirse con familiares y autoridades municipales. Al terminar la reunión el fiscal general pidió a los pobladores de Zapotiltic y otros municipios del Sur del Estado no “hacer crecer esto” y no “hacer una psicosis” y cuestionó que se llegara al cierre de escuelas y que el rumor se hubiera esparcido por otras ciudades.

En las declaraciones del fiscal parece estar implícito un reproche al actuar de los familiares de los desaparecidos y a la población de Zapotiltic. Por el contrario, me parece que esta actuación con todos los componentes descritos por el fiscal, fueron una respuesta inteligente, solidaria y necesaria para llamar la atención del resto de la población y de la autoridad para atender el problema.

Al “hacer crecer” el tema, “crear psicosis”, cerrar escuelas y alertar a pobladores de otros municipios, los pobladores de Zapotiltic y municipios vecinos como Ciudad Guzmán, crearon condiciones más propicias para su seguridad y para tratar de dar con los desaparecidos.

Al crecer el problema la solidaridad aumentó; al crearse psicosis, las familias afectadas avisan al resto que debe cuidar a sus hijos y por lo mismo la sana medida de cerrar escuelas. ¿Qué importa faltar un día a clases si con eso cuido a mi hijo? Al producir un rumor que llegó a otras poblaciones, cientos de miles de pobladores del Sur del Estado se enteraron y tuvieron más precaución para cuidar a sus hijos.

Con esta decisión inteligente, los pobladores de Zapotiltic crearon una fuerza colectiva y solidaria para buscar a sus desaparecidos.

Respuestas como las que se presentaron en Zapotiltic, ya se dieron en Lagos de Moreno, en Tala y en otros municipios de Jalisco que padecen el mismo problema. Son, además, medidas que se buscan las familias y las poblaciones ante la impotencia de presentar denuncias y no obtener respuestas favorables por parte de las autoridades. Así que bienvenida la psicosis ante un asunto tan grave como las desapariciones.

Rubén Martín
SEP 20

La reforma electoral salió carísima Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Uno de los argumentos sostenidos por los promotores de la reforma política de 2013-2014 era que el cambio de la legislación ahorraría dinero de los contribuyentes al promover la coordinación y centralización de las funciones de los organismos electorales.

Se proponía incluso la desaparición de los organismos electorales locales para que un nuevo Instituto Nacional Electoral asumiera las competencias de los 32 organismos electorales locales; se propuso también la desaparición de los tribunales electorales de cada Entidad para que sus funciones fueran asumidas por un tribunal electoral federal. Al mismo tiempo, se promovió la concurrencia de elecciones locales y federales, con lo que se aprobó la creación de una casilla electoral única para recolectar el voto de los electores. Salvo la primera propuesta las demás fueron aprobadas por el Congreso de la Unión este año.

Pero conforme se aterrizan los aspectos concretos de las leyes secundarias con la creación de un nuevo código electoral federal y sus adecuaciones en las legislaciones de cada Estado, nos damos cuenta que el supuesto ahorro de dinero público es un mito y en realidad las aplicaciones están saliendo carísimas.

Ahora la ley ordena el nombramiento de nuevos consejeros electorales locales y la desaparición de los magistrados electorales de cada Estado; sin embargo los diputados federales no previeron cómo indemnizarlos por lo que ahora en cada Entidad se están pidiendo decena de millones de pesos para indemnizar a consejeros y magistrados.

En Jalisco los magistrados electorales están pidiendo 44 millones de pesos como indemnización o liquidación ya que no fueron reasignados en otras esferas del Poder Judicial del Estado, como solicitaron. Como parte de sus liquidaciones, los magistrados electorales de Jalisco piden que se les paguen los salarios que cobrarían hasta el periodo por el que fueron electos (mayo de 2016) y el pago de un haber de retiro por 3.3 millones de pesos para cada uno, como parte de una prestación contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Son liquidaciones injustas e inmorales si las comparamos con las indemnizaciones que pueden conseguir la mayoría de los trabajadores que quedan sin empleo, o a la luz de las inagotables necesidades de la sociedad mexicana, pero por las prisas de los legisladores federales y de los acuerdos políticos cupulares, seguramente se pagarán estas altas cifras.

Si multiplicamos el caso de Jalisco por el todas las entidades de la república, las liquidaciones de los magistrados electorales podría ascender a más de 1,400 millones de pesos a lo que hay que sumar las indemnizaciones a los consejeros locales. Hablamos en ambos casos de miles de millones de pesos que pagaremos los contribuyentes sólo para cumplir los acuerdos de los partidos que conformaron el Pacto por México, quienes pactaron la reforma político-electoral como parte de la negociaciones para sacar adelante las reformas que más interesaban al Gobierno de Enrique Peña Nieto, como fue la reforma energética.

De modo que la mentada reforma electoral no sólo no ahorró recursos, sino que está resultando carísima.

Rubén Martín
SEP 13

Amnistía y Greenpeace, dos informes sobre México Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Dos de las grandes organizaciones no gubernamentales globales aprovecharon el Segundo Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para hacer un diagnóstico, un balance y una crítica en sus respectivos campos de actuación: en medio ambiente Greenpeace, y en derechos humanos Amnistía Internacional (AI). El diagnóstico de cada campo es alarmante y la crítica al Gobierno, muy fuerte.

Lo que dicen Greenpeace y AI no es nada nuevo, pues es algo que pueblos y organizaciones locales vienen denunciando desde hace años; sin embargo, el peso internacional que tienen estas organizaciones les confiere más peso mediático.

La crítica que plantea Greenpeace está implícita desde el mismo título del reporte que dieron a conocer públicamente el 1 de septiembre: “¿México en movimiento? Lo peor está por venir”.

Greenpeace tiene una postura crítica de las reformas emprendidas por el actual Gobierno, pues sostiene que todas “privilegiaron los intereses económicos empresariales y coartaron los derechos de millones de mexicanos”, bajo la promesa de un crecimiento económico que no llega.

Otro aspecto que Greenpeace critica es que la reforma energética profundiza la dependencia energética a la explotación de hidrocarburos, en lugar de apostar por energías menos dañinas del medio ambiente.

Pero además, señala el reporte de Greenpeace, con las leyes en materia energética, “se legalizaron los abusos contra campesinos y comunidades con la creación de figuras legales como la ‘servidumbre legal, ocupación o afectación superficial de tierras’, eufemismos con los que las autoridades podrán despojar de tierras en los lugares donde haya hidrocarburos”.

Greenpeace recordó que la Comisión Nacional del Agua reconoció en 2011 que 70% de los ríos mexicanos están contaminados y que la aprobación de la técnica de explotación de hidrocarburos conocida como fracking pone en riesgo el derecho de los mexicanos al agua, debido a los enormes volúmenes de agua que esta técnica requiere. En resumen, para Greenpeace en 20 meses de gobierno, Peña Nieto reforzó un modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales, alejado de la conservación.

AI presentó un reporte en el que sostiene que la tortura y otros tratos degradantes están fuera de control en México. En este informe, que documenta decenas de casos de tortura recogidos por AI en los últimos dos años en varios estados del país, se reportan cifras oficiales que revelan que los casos de aumentaron 600% de 2003 a 2013; que de 2010 a 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de siete mil quejas por torturas y otros malos tratos. Con datos oficiales, AI reveló que desde 2006 a 2013, la PGR inició mil 219 investigaciones sobre denuncias de tortura y otros malos tratos, pero sólo presentó cargos en 12 casos. Según el Consejo de la Judicatura Federal, hubo siete sentencias firmes por tortura, por lo que índice de sentencias condenatorias es apenas del 0.006 por ciento. En otras palabras, los torturadores en México gozan de cabal impunidad.

Estos reportes de Greenpeace y AI contrastan enormemente con el discurso presidencial y confirman que la propaganda oficial pinta un país muy alejado de la realidad.
 

Rubén Martín
SEP 6

El capital o la vida Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

La contaminación del río Sonora y Bacanuchi por una minera del Grupo México y la respuesta del Gobierno federal, a través de sus agencias de protección al medio ambiente, revelan con claridad las prioridades del Estado mexicano frente a los múltiples y graves casos de devastación ambiental que ocurren en el país.

La contaminación de esos ríos sonorenses, debido a que se vertieron 40 millones de litros de acido sulfhídrico, fue calificada como el peor desastre ambiental de la industria minera en el país,  y sin embargo, el Gobierno se negó a clausurar la planta causante del derrame.

El mismo secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, reconoció la gravedad del daño y sin embargo rechazó la clausura de la minera al considerar que ‘‘lo relevante’’ era el compromiso de la empresa en la compensación económica a los afectados y la remediación de los ríos; dijo que el Grupo México debe pagar una multa de 40 millones de pesos y la reparación del daño que provocó con el derrame de tóxicos en el río Sonora y Bacanuchi que ha afectado a más de 25 mil pobladores de seis municipios sonorenses. El titular de Semarnat llamó a considerar la aportación económica que hace la industria minera.

No parece exagerado concluir que para el Gobierno federal parece más importante no afectar la producción económica (en este caso la explotación minera) por encima del cuidado y protección de la salud, es decir la vida, de los pobladores de esa región.

Se trata del peor desastre ambiental de la minería en la historia reciente del país y la postura del Gobierno federal es que el Grupo México prosiga con sus actividades.

No es la primera ocasión que un titular del Medio Ambiente federal dice a las claras que importan más los procesos de producción económica que la salud de los pobladores.

En marzo de 2009, Juan Rafael Elvira Quesada, entonces titular de Semarnat del Gobierno de Felipe Calderón visitó el poblado de El Salto, Jalisco, donde hace años que los pobladores han denunciado la grave contaminación del río Santiago producida por empresas asentadas en ese distrito industrial. Un año antes, pobladores de El Salto y Juanacatlán se habían movilizado a la ciudad de Guadalajara para reclamar del Gobierno federal y estatal una declaratoria de emergencia ambiental. Al preguntarle las razones por las que no se atendió la recomendación del Senado, el titular de Semarnat dijo que “la declaración de una emergencia ambiental conlleva la parálisis de una cantidad de inversiones importantísima en esta región”. Añadió que sí hay interés en el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala pero también que a él le “interesan, de manera fundamental, las inversiones”.

El mensaje de dos secretarios de Medio Ambiente es claro: antes que actuar de manera clara y decidida para frenar procesos de contaminación o devastación ambiental que afectan y enferman a millones de mexicanos, interesa no afectar las actividades económica; en síntesis, antes que proteger la vida, el Gobierno decide proteger la acumulación de capital. Un mensaje bastante claro.

Rubén Martín
AGO 30

Los salarios y la burla de los políticos Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El salario mínimo es una cosa seria, muy seria, para millones de mexicanos. De los escasos ingresos que perciben a cambio de poner a disposición su fuerza de trabajo, dependen que se pueda reproducir con dignidad o no la vida de su familia.

Del salario mínimo obtenido con esfuerzo dependen las trayectorias de los integrantes de las familias, sus sueños, sus aspiraciones. Es una cosa muy seria.

Por eso ofende que los políticos profesionales y gobernantes se burlen del salario mínimo.

Es una burla la respuesta que dio el secretario federal del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, a las proposiciones sobre el aumento salarial: “Era extraordinariamente peligroso, como lo es (ahora), andar jugando con los salarios cuando el país todavía no ha generado las condiciones mínimas de crecimiento que permitan empezar a hablar de productividad, de aumento de los factores de la competitividad y que el ingreso de las familias aumente de manera consistente sin poner en riesgo la economía misma de las familias”.

Para este señor, que por cierto gana al mes como 100 salarios mínimos, proponer el aumento del mísero salario actual es “andar jugando” y peligroso elevarlos “por decreto”, “pues lo único que pasaría es retroceder a décadas que ya vivimos y que fueron en perjuicio de los trabajadores. Hay que tener condiciones para poderlo hacer”.

Es una burla, porque revela la hipocresía de la clase gobernante ante este asunto. Resulta que es “peligroso” elevar el salario por decreto, pero no le parece peligroso privatizar recursos por decreto y producir legislaciones que propician el despojo, ni las políticas públicas favorables a la privatización, la inversión privada y la obtención de altas tasas de ganancia. ¿Qué teoría económica puede justificar que aumentar los salarios sea “peligroso”, pero no considera “peligroso” el obsceno crecimiento de las ganancias de las grandes empresas del país? La respuesta es la teoría económica que legitima el capitalismo.

Según el secretario federal del trabajo, no se puede hablar de aumentar los salarios hasta que “las reformas emprendidas generen mayor crecimiento económico y productividad”. ¿Acaso cree que no tenemos memoria? ¿No fue eso lo que han dicho todos los presidentes desde Miguel de la Madrid a la fecha?

Es una burla lo que dice el ministro del trabajo, como es una burla la propuesta del presidente del PAN, Gustavo Madero, de someter a consulta si se aumenta el salario o la propuesta del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, de debatir el salario. Es una burla porque no piensan en las penurias y necesidades de los asalariados sino en los votos, en las siguientes elecciones. Quieren convertir a los trabajadores en carne de cañón para sus disputas electorales.

Es una burla que ni el PAN ni el PRD hayan hecho lo suficiente por los asalariados cuando desde hace años han estado denunciando su precaria situación y la pérdida de poder adquisitivo y sea hasta ahora, que se aceran las elecciones, que voltean a mirar esta vieja demanda. Los políticos pretenden burlarse de los asalariados, pero estos no se dejarán, como no se han dejado en el pasado.
 

Rubén Martín
AGO 9