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20 años de la alternancia en Jalisco Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó de manera antidemocrática y autoritaria 66 años la vida política de Jalisco. Llegó al poder en 1929 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR), hasta 1995 cuando una marejada de votos opositores lo sacó del poder.

El 12 de febrero de 1995 el PRI sufrió su peor derrota en Jalisco. En los comicios de ese año el viejo tricolor perdió la gubernatura, la mayoría del Congreso y 53 de los 124 gobiernos municipales de la Entidad, donde radicaba 80% de la población.

Como se sabe, esa elección fue ganada por el Partido Acción Nacional (PAN) y su candidato Alberto Cárdenas Jiménez, un ingeniero de 37 años con apenas pocos años de trayectoria política. El ex alcalde de Ciudad Guzmán venció al candidato priista, un político con décadas de trayectoria en la política profesional.

La derrota del PRI se debió, en parte a la frescura de su candidato alejado de las marrullerías de los políticos priistas, a la estrategia de crecimiento que la dirigencia panista encabezada por Tarcisio Rodríguez Martínez venía construyendo en años anteriores, pero se debe sobre todo a una sociedad jalisciense harta de décadas de control, abuso, corrupción y fraudes electorales de los gobiernos priistas.

Con el triunfo del PAN se concretó un proceso de alternancia de partido en poder en Jalisco que muchos han leído como la versión local de la transición a la democracia mexicana. Muchos autores y opinadores liberales compraron la idea de que con ese relevo de partido en el Gobierno estatal terminó el autoritarismo y se llegó a la democracia en Jalisco.

Pasadas dos décadas de esos sucesos, es conveniente reflexionar qué ha sido y qué resultados ha dejado la llamada alternancia de partido en el Gobierno: para empezar el cambio fue sólo cosmético. Puede afirmarse que el relevo del PRI por el PAN no produjo un cambio de fondo (estructural) ni en lo económico ni en lo político.

En lo económico, los gobiernos panistas se alinearon más que de buena gana al proyecto de economía de libre mercado y privatizaciones de los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo; en lo político, las reformas políticas promovidas por Alberto Cárdenas al comienzo de su Gobierno, no tuvieron ninguna consecuencia concreta en la vida cotidiana de los jaliscienses.

Se puede matizar reconociendo que el relevo de partido en el poder permitió un fugaz equilibro de los poderes públicos, autonomía de los gobiernos municipales y separación partido-gobierno. Pero fue eso, un momento transitorio.

Pero las renovadas esperanzas de los jaliscienses para cambiar su realidad a través del voto, se vieron frustradas por la reproducción por los panistas de las mismas prácticas que la gente reprochó al PRI. Recordar los casos emblemáticos de corrupción del PAN es materia de otra colaboración.

Pero la prueba de ácido de la alternancia en Jalisco es que no sólo no propició una vida digna para las personas, sino que se agravaron las condiciones de pobreza, explotación laboral, retiro de derechos sociales, desigualdad e inseguridad en el Estado. La alternancia en Jalisco fue un fracaso.

Rubén Martín
FEB 7

El recortazo y las prioridades de Peña Nieto Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El multipremiado secretario de Hacienda de México, Luis Videgaray, salió a anunciar el mayor recorte al gasto público mexicano en varias décadas para, según él, “proteger la estabilidad y así proteger la economía de las familias mexicanas”.

Videgaray debe explicar cómo es que un drástico recorte del gasto federal de 124,300 millones de pesos (mdp) va a proteger la economía familiar, cuando el tamaño del recorte claramente complicará la ya de por sí maltrecha economía de los hogares mexicanos. El recortazo del gasto anunciado por Videgaray, que representa 3.3 por ciento del total del presupuesto, afectará en gran medida a Petróleos Mexicanos con 62 mil mdp, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con diez mil mdp menos en su presupuesto.

El resto, 52 mil mdp, afectará a la administración pública federal, pero al revisar los recortes en concreto se puede apreciar que se afecta la inversión en infraestructura, el sector educativo, programas sociales y apoyos al campo, mientras se mantienen los presupuestos para el pago del  servicio de la deuda pública, el creciente presupuesto para las fuerzas de seguridad y el irracional costo del sistema electoral del país.

Por dependencias, los recortes más altos son en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que pierde 11,820 mdp, secretaría de Educación con 7,800 mdp, agricultura con 7,188 mdp, Conagua con 6,400 mdp y Sedesol con 3,750 mdp.

Pero a cambio de los recortes en educación, campo, agua y programas sociales, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, dijo horas después del anuncio de Videgaray, que el presupuesto para seguridad no “afectará áreas de seguridad e inteligencia”. Otra área prácticamente intocada con el recorte es la propia oficina del Presidente Enrique Peña Nieto, que tiene un presupuesto para este año de 2,296 mdp, y apenas se anunció una disminución de 158 millones de pesos.

Llama la atención que el altísimo costo que tienen las elecciones en México no se verá afectado por la virtual crisis económica que el recorte al gasto está anunciando. Para este año el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos locales gastarán 32 mil mdp, de los cuales los partidos políticos se llevarán 5,300 mdp. ¿Por qué no se anuncia un recorte al elevado gasto electoral?
Otro rubro intocado por el recorte es el altísimo pago que por el servicio de la deuda pública hacemos los mexicanos: este año se tienen contemplados 322 mil mdp para el pago de la deuda, casi tres tantos del recorte anunciado por Videgaray, y no hubo aviso de la intención de reducirlo.

De modo que el recorte al gasto federal muestra, por un lado las prioridades, que tiene el gobierno de Peña Nieto (seguridad, elecciones, sus oficinas, deuda pública) en lugar de preservar las asignaciones para educación, programa sociales y otras áreas que deberían ser prioritarias.

Muestra además que el premiado equipo que maneja la economía en México está resultando un fiasco, y que el modelo neoliberal está haciendo agua por todos lados: en lo social, lo político y también en lo económico.

Rubén Martín
ENE 31

Las incongruencias de la Corte Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

México es un polvorín social derivado de las resistencias contra los despojos que se pretenden imponer o se han consumado en contra de miles de pueblos, comunidades, barrios y colectivos por todo el país.

La intensificación de la acumulación de capital mediante el despojo de territorios, bienes comunes, recursos y modos de reproducción de la vida ha generado un periodo de intensificación de resistencias sociales en contra de los megaproyectos de infraestructura promovidos por gobiernos, como presas, carreteras, aeropuertos, privatizaciones, etc. o contra proyectos de inversión privada en minerías, negocios turísticos, agrícolas, inmobiliarios y otros.

Los conflictos sociales derivados de esta acumulación por despojo fueron creciendo a lo largo de los años; la mayoría de las veces los sujetos en resistencias utilizaban tanto las protestas públicas como la defensa jurídica.

Los tribunales del país se fueron llenando de recursos que distintos colectivos promovieron como medios de defensa ante los despojos. Pero la mayor parte de las veces la justicia ha fallado a favor de los gobiernos y de los actores privados.

Por eso pareció pertinente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elaborara un Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura, publicado apenas en diciembre.

En el documento se reconoce la enorme riqueza natural y biológica del país y que “si bien es cierto que desde el siglo XV, la naturaleza del continente americano (incluyendo la mexicana con su gran variedad en minerales, energéticos, recursos forestales, costas, tierras, etc.) se incorporó a la lógica de generación y acumulación de riqueza”, los redactores del texto firmado por la SCJN admiten que hay un “notable incremento de los procesos de uso, aprovechamiento y explotación de la riqueza natural que están teniendo lugar durante los últimos años”, que muchos autores denominan extractivismo y otros acumulación por despojo.

Pero justo en los mismos días que se hace público este protocolo de la SCJN para todos los juzgadores del país, los ministros de la Corte avalaron un megaproyecto de infraestructura, el Acueducto Independencia en Sonora, que es resistido y cuestionado por la tribu yaqui y por otros sectores rurales sonorenses.

El miércoles 21 de enero, ministros de la Primera Sala de la SCJN resolvieron en contra las controversias constitucionales interpuestas por los gobiernos municipales de Ignacio Río Muerto y Cajeme en contra de la construcción y operación del mencionado acueducto que implica un trasvase de agua de territorios de la tribu yaqui y productores de la región, para llevarla a Hermosillo, favoreciendo los procesos de acumulación de capital en la industria automotriz, refresquera e inmobiliaria, según han denunciado dirigentes yaquis.

De hecho, es justamente por oponerse a este trasvase y la defensa de su territorio que se encuentran encarcelados Mario Luna y Fernando Jiménez, dirigentes yaquis. Esta acción de incongruencia de la Corte, que emite un protocolo para considerar los derechos de los sujetos despojados, y por otro lado avala los procesos de despojo revela la incongruencia de la SCJN no hace sino confirmar que el aparato de justicia está al servicio, como históricamente ha estado, de los despojadores.

 

Rubén Martín
ENE 24

A 100 años del pacto entre Zapata y Villa Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Hace un siglo, el 4 de diciembre de 1914, Emiliano Zapata y Francisco Villa tuvieron un memorable encuentro en una casona de Xochimilco, en la Ciudad de México, en el que los dos dirigentes de las fuerzas más populares y radicales de la revolución hablaron de los ideales que los animaban y de su lucha para traer justicia al país.

1914 marcó el inicio del punto más álgido de la revolución mexicana. Luego de la destrucción del régimen y el ejército de Porfirio Díaz, había distintos proyectos en juego en la revolución. Estaban por un lado Venustiano Carranza, respaldado por Estados Unidos y sectores del porfirismo, y del otro lado la División del Norte encabezada por Villa y el Ejército Libertador del Sur, con Zapata a la cabeza.

El avance de los ejércitos populares era imparable en esa fase de la revolución. Villa envió una carta a Zapata pidiéndole apoyo para detener fuerzas carrancistas en Puebla para entrar a la Ciudad de México, pero los zapatistas entraron primero a la capital del país el 24 de noviembre de 1914 y una semana después llegó la División del Norte. Zapata y Villa realizaron entonces un desfile conjunto mostrando la fuerza de sus ejércitos campesinos. Es en este contexto que se dio el encuentro en Xochimilco el viernes 4 de diciembre de ese año.

Villa y Zapata dialogaron a vista de otros invitados por más de dos horas, para luego charlar en privado. Hay constancia taquigráfica de la primera charla, donde el diálogo muestra coincidencias en objetivos de ambos dirigentes revolucionarios. Villa dijo entonces que “la guerra la hacemos nosotros los hombres ignorantes” refiriéndose a la gente sencilla y común que había tomado las armas para eliminar la dictadura porfirista y cambiar la injusticia que privaba en el país. Tanto Villa como Zapata coincidían en que la revolución era para resolver los problemas de la gente, no para ponerse ellos en el poder. “Ya verán cómo el pueblo es el que manda”, dijo Villa, y enseguida Zapata dijo: “Él sabe si quieren que se las quiten las tierras. Él sabe por sí solo que tiene que defenderse. Pero primero lo matan antes que dejar la tierra”. El zapatismo estaba en armas para hacer cumplir el Plan de Ayala, uno de cuyos puntos centrales era la restitución de tierras que les habían despojado.

A cien años de ocurrido, merece recordarse aquel encuentro de estos dos líderes revolucionarios, ahora que la clase política mexicana corrupta y degradada sólo piensa en perpetuarse en el poder y no resolver los problemas de la población; el ejemplo de Villa y Zapata es la confirmación de que hay otras maneras de entender la política, una que no esté separada de las decisiones del pueblo.

Hoy que México vive otra vez tiempos aciagos, que hay violencia, y que lastimosamente están presentes de nuevo condiciones de explotación, despojo y violencia como las que había cien años atrás, parece útil recordar aquél encuentro entre Zapata y Villa.

Rubén Martín
ENE 17

38 años de contención salarial Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Otra vez, como ocurre desde hace 38 años, el Gobierno federal impuso una política salarial que reduce los ingresos de los trabajadores y apuesta por incentivar las inversiones privadas y la obtención de ganancias al capital.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos decidió que el salario para este año apenas aumentara 2.18 pesos por día, para un sueldo (en la zona geográfica A) de 70.10 pesos diarios, lo que equivale a un ingreso mensual de 2,103 pesos.

Es a todas luces un salario insuficiente, como han repetido hasta el cansancio investigadores críticos como el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. En el reporte más reciente de este centro de investigación se resalta que 66% de la población ocupada tiene salarios de entre uno hasta tres salarios mínimos, esto es, que dos de cada tres personas con ocupación laboral ganan menos de seis mil 300 al mes, cuando la canasta alimentaria recomendable cuesta cinco mil 775 pesos al mes. Este gasto corresponde sólo al alimento; como cualquiera sabe, hay que sumar el gasto en servicios domésticos (gas, luz, agua), transporte, ropa, salud, educación, esparcimiento, etcétera.

1977 fue el último año cuando el salario mínimo en México tuvo un crecimiento real. De entonces a la fecha, el salario mínimo para los trabajadores mexicanos ha perdido más de 78% de su valor real. Los trabajadores mexicanos tenemos 38 años con políticas continuas de deterioro salarial.

Este deterioro es tan evidente que hasta la OCDE ha denunciado que en México se paga el salario mínimo más bajo entre todos los países de ese organismo. El bajo salario no es, como es obvio, un fenómeno natural como “El Niño”, una maldición bíblica o una política pública inevitable. Es una política decidida por el Estado mexicano para quitar de manera deliberada proporciones más grandes de la riqueza nacional destinada a salarios, para transferirla a las ganancias del capital. Es una política que pretende atraer inversión privada con el incentivo de obtener ganancias más jugosas que en otros territorios donde se invierte el capital.

Basta ver la publicidad que difunde ProMéxico y cómo uno de los incentivos que más se destacan es el bajo costo de la mano de obra en México, por debajo de China.

Es una política criminal e ilegal, pues con esta política de contención salarial impuesta desde hace 38 años, se viola de modo flagrante la Constitución Mexicana: en su Artículo 123 se establece que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Es obvio que esto no se está cumpliendo. Por el contrario, los salarios mínimos que se pagan en México están deteriorando de modo evidente la calidad y la posibilidad de una vida digna para quien vive de su fuerza de trabajo; estos salarios no pagan siquiera el costo de la reproducción de la mano de obra, aumentando así la explotación del trabajo vivo. Son 38 años ya de una política de mayor explotación y aumento del despojo del trabajador. Y merece también un ya basta.

Rubén Martín
ENE 10

El saldo del neoliberalismo mexicano Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El primer acto público de Enrique Peña Nieto en 2015 marcará el antagonismo social que tendremos a lo largo de éste y los próximos años: por un lado, un titular del Estado empeñado en impulsar como agenda prioritaria las reformas económicas para alentar otro ciclo de acumulación de capital, y de otro lado, un presidente impugnado socialmente, como ocurrió el pasado viernes que acudió a Oaxaca a poner en marcha un gaseoducto de Pemex en Salina Cruz.

En este primer acto, Peña Nieto habló como si nada hubiera ocurrido en el país en los pasados tres meses, tras la masacre de Iguala que dejó tres normalistas de Ayotzinapa muertos y 43 desparecidos.

Ignorando el reclamo de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa y de los miles de desaparecidos de todo el país, Peña Nieto volvió a poner en el centro de su agenda el tema de las reformas económicas. Según Peña Nieto, tras la aprobación de las reformas en los dos años anteriores, en 2015 se sentirán sus efectos positivos. Seguramente no será así, como tampoco lo han sido las reformas orientadas a la inversión privada de los pasados cuatro presidentes mexicanos.

Antes de volver a recitar su propaganda reformista, a Peña Nieto le convendría leer (o al menos pedir que le hagan unas tarjetitas) el Informe de Evaluación de la Política Social 2014, del Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social (Coneval) en el que se consigna que el poder adquisitivo del ingreso se ha reducido desde 1992.

Aunque este reporte académico está elaborado desde el restringido enfoque de los derechos humanos (dejando de lado pilares del capitalismo como son la explotación, el despojo y el desprecio), sus resultados dejan ver con claridad que el conjunto de políticas económicas (y sociales, políticas y jurídicas) que los pasados gobiernos han llevado a cabo han sido desastrosas para la mayoría de la población. Y también para el medio ambiente: en 2012 el costo medioambiental del capitalismo mexicano costó 6.3% del Producto Interno Bruto, consignó el Coneval.

Los datos de conjunto del Coneval hablan de un país en devastación social: economía estancada (crece apenas 1.2% al año), el ingreso familiar sin aumento desde 1992, deterioro del sistema educativo y de salud, y un trato desfavorable para los más débiles y pobres: indígenas, discapacitados, adultos mayores y mujeres.

En resumen, las políticas de libre mercado, desregulación, privatizaciones de bienes públicos, despojo de tierras, han sido desfavorables para la mayoría de la población, y a pesar de ello, Peña Nieto se empeña en continuar con dichas políticas como si su saldo desastroso no fuera evidente.

Aunque estemos tentados, sería un error llamar un fracaso al empeño de la clase gobernante en seguir con las políticas neoliberales, puesto que no todos han salido perdiendo: de otro lado es patente el incremento en la riqueza y su concentración en pocas manos, así como el intenso flujo de beneficios para las corporaciones extranjeras que operan en México. Aunque eso no esté consignado en el reporte de Coneval.

Rubén Martín
ENE 4

Atisbos de optimismo Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El año que hoy termina ha sido terrible para los mexicanos. La masacre de Iguala en contra de normalistas de Ayotzinapa, se convirtió en un espejo que permitió ver a millones de personas, el horror y la barbarie sobre la que estamos parados en México.

Las clases dominantes mexicanas han impuesto sus intereses mediante la violencia en contra de la mayoría de la población. México es un país que en los pasados ocho años ha tenido más asesinados y desaparecidos que los que dejaron las guerras que Estados Unidos impuso a Afganistán e Irak. En once años de guerra en Irak, el saldo es de 202 mil muertos entre civiles y soldados; en México tenemos más 248 mil personas asesinadas o desaparecidas en los pasados diez años. No solo es la cantidad sino la calidad de esas muertes: de la mano de los entrenamientos de contrainsurgencia, los cárteles de la delincuencia organizada transformaron los métodos de matar, de publicitar esas muertes y de desaparecer personas, tanto vivas como muertas.

Ayotzinapa es un espejo porque dejó ver que la complicidad entre los gobiernos y el crimen organizado no es un caso aislado, como el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende hacer creer, sino la norma. Hace cuatro años Edgardo Buscaglia, denunció que el narcotráfico controlaba 75 por ciento de los municipios del país; se puede suponer que ese porcentaje ha aumentado. Si esto es así, es obvio que los gobiernos estatales y el gobierno federal están penetrados por el narcotráfico y la delincuencia organizada. El Estado mexicano está podrido hasta la médula.

En este contexto de barbarie, de guerra abierta de la clase dominante en contra de la mayoría de la población, de corrupción estatal, ¿qué esperanza nos queda?
Con toda la violencia, horror y podredumbre estatal, podemos observar algunos atisbos de optimismo. La degradación de la clase política y del Estado liberal que rige las relaciones políticas en México es una buena noticia; tras quince años de supuesta transición a la democracia, ahora una buena parte de la población sabe que todos los partidos son iguales y que desde el Estado no puede esperar cambios para procurar una vida digna; los partidos, la clase política profesional, las elecciones, el Estado son el problema, no la solución.


La solución vendrá de abajo, del enorme cambio del imaginario social que han producido las movilizaciones de solidaridad con Ayotzinapa, transformado políticamente a cientos de miles de personas.

Hay optimismo cuando los dolores y rabias que se han generado en los últimos años, se encuentran y se juntan para caminar juntos. Hay atisbos de optimismo cuando vemos que dentro del dolor y la rabia, los padres de los desaparecidos han mantenido una dignidad, coherencia y voluntad irreprochables que permite ver por dónde continuar la lucha por una vida digna.

Y hay atisbos de optimismo cuando, a pesar de todos los recursos del Estado, sigue desbordado un movimiento social que exige la presentación con vida de los desaparecidos.

Rubén Martín
DIC 31

La apuesta contra el olvido Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Hace tres meses ocurrió una de las masacres más terribles y abominables en la historia reciente del país, cuando una extensión del aparato político-criminal que gobierna en México, disparó a mansalva, asesinó y desapareció a normalistas de Ayotzinapa.

La reacción de solidaridad que ese hecho violento generó en millones de mexicanos, dentro y fuera del país, ha cimbrado a la sociedad, y ha abierto una grieta a la dominación política. Han sido tres meses de movilizaciones, de expresión de otra subjetividad política que cuestiona el orden liberal. Esta reacción ha trastocado el orden político y la agenda del actual grupo gobernante.

Tras un agresivo programa de aprobación de reformas legales que suponen un aliento a otro ciclo de acumulación de capital, las movilizaciones en solidaridad con Ayotzinapa han descarrilado el plan reformista de Peña Nieto.

Las masivas movilizaciones de millones de mexicanos cuestionando el Estado por los crímenes de Iguala, no son solamente una exigencia de justicia, sino también un cuestionamiento al orden imperante.

A tres meses de la masacre de Iguala, queda más que evidente que el Gobierno de Enrique Peña Nieto busca que los crímenes en contra de los normalistas de Ayotzinapa queden en el olvido, que las manifestaciones de solidaridad se terminen y que todo vuelva a la “normalidad” en el país para que no entorpecer los negocios capitalistas.

Esta es la prioridad del Gobierno de Peña Nieto, no la búsqueda de los normalistas desaparecidos, ni los otros miles de personas que han desaparecidos en años recientes. La promesa que Peña Nieto hizo en la cara de los padres de los normalistas de Ayotzinapa fueron palabras vanas.

Pero mientras el Gobierno de Peña Nieto y el Estado apuestan al olvido de la masacre contra los normalistas, y de las otras masacres y dolores ocurridos en el país, el movimiento de solidaridad con Ayotzinapa sigue manteniendo las movilizaciones y acciones en demanda de justicia. Todavía sigue siendo una prioridad la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, pues la versión oficial sobre el asesinato de los normalistas pierde cada día más credibilidad.

Junto a la búsqueda de los desaparecidos, sigue siendo vigente recordar una y otra vez que ese crimen fue cometido por el Estado, que no se trata de una masacre con responsables locales ni un hecho aislado, sino que la masacre de Iguala ha tenido tal eco y resonancia justo porque su dolor y rabia resuena en millones de mexicanos.

Mientras el Estado apuesta por el olvido y la impunidad, las movilizaciones para no olvidar la masacre de Iguala, y otras masacres más, la apuesta por no olvidar a los desaparecidos, no olvidar a los bebés que murieron en el incendio de la Guardería ABC y otros terribles casos ocurridos en años recientes, es una apuesta contra la impunidad, contra las desapariciones, contra el despojo y la represión que están detrás de esta violencia estatal en esta fase de acumulación por desposesión.

No olvidar Ayotzinapa es, pues, una decisión política por construir otras relaciones sociales en el país, otras que destierren esta violencia estatal.
 

Rubén Martín
DIC 27

La masacre de Iguala y el Ejército Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El movimiento social que se ha gestado en Guerrero tras la masacre de Iguala, ha realizado el mayor cuestionamiento que se le haya hecho al Ejército mexicano en muchos años. En dos manifestaciones por separado, miles de guerrerenses encabezados por los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se presentaron ante contingentes militares para exigirles la salida de algunas poblaciones y para pedir que la Procuraduría General de la República (PGR) abra una línea de investigación sobre la participación del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre a los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos.

La primera manifestación ocurrió el miércoles 17 de diciembre, cuando cerca de 4,000 pobladores de Ayutla de los Libres marcharon a las instalaciones de la policía municipal donde están destacamentados unos 500 soldados. Los pobladores exigieron la salida de los militares por considerar que han aumentado el acoso y hostigamiento a los habitantes y porque la presencia militar “es violatoria de la ley y no contribuye a reducir los niveles de inseguridad, pues los pobladores ya tienen un Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que se encargan de que haya paz”, según la crónica del diario El Sur. Al final abrieron una mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación (Segob) para acordar el retiro de los militares fuera de la cabecera municipal.

En tanto, el jueves 18 de diciembre, familiares de los estudiantes desaparecidos, normalistas de Ayotzinapa y maestros de Guerrero se presentaron a las puertas del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala, para exigir que se abrieran las instalaciones y les dejaran buscar a los desaparecidos y para demandar que la PGR abra una línea de investigación sobre la participación de los militares en los hechos del 26 y 27 de septiembre. En esa protesta, varios padres de familia encararon a los soldados debido a que el día de los hechos, los soldados no hicieron nada para evitar la masacre e incluso detuvieron y hostigaron a los normalistas.

Las dos protestas referidas son más que significativas, pues representa un cuestionamiento directo al Ejército y al papel que esta institución ha tenido no sólo en la masacre de Iguala de este año, sino históricamente en Guerrero. Aparte de Chiapas, Guerrero es el Estado con más presencia militar, presencia masiva y constante desde la década de 1960 cuando el Estado mexicano decidió reprimir y enfrentar mediante la fuerza a los movimientos sociales que se gestaron entonces, en lugar de abrir canales de diálogo y solución pacífica a las demandas que planteaban los guerrerenses. No fue así, y en lugar de ello el Ejército desarrollo una guerra sucia que reprimió las protestas sociales mediante el hostigamiento, la represión, el asesinato, la desaparición e incluso los “vuelos de la muerte”, mediante los cuales se arrojaron cuerpos de detenidos al mar. En Guerrero el Ejército está asociado a la persecución y a la represión, no a la paz y la tranquilad de la población.

Rubén Martín
DIC 20

Guerrero ocupado Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Guerrero está ocupado no sólo por el crimen organizado, como mostró la terrible masacre de Iguala del pasado 26 de septiembre, Guerrero ahora está ocupado también por el Gobierno federal.

La crisis nacional que reveló el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se ha manifestado de un modo especial en Guerrero, pues por un lado la masacre de Iguala mostró la descomposición de los distintos niveles de Gobierno, el contubernio y alianza entre políticos-gobernantes con el crimen organizado y de otro lado, produjo una intensa movilización social de exigencia de encontrar con vida a los normalistas.

Desde muy pronto, tanto los familiares de desaparecidos como los normalistas de Ayotzinapa, reclamaron la destitución no sólo del presidente municipal de Iguala, sino también del gobernador de Guerrero.

Y vimos cómo de manera cínica el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, todavía daba entrevistas a cuatro días de ocurrida la masacre, y cómo de manera cómplice el Gobierno del Estado lo dejó irse de la alcaldía sin detenerlo.

Posteriormente vimos cómo el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pretendió negociar su permanencia en el puesto y como chantajeó con ello a la dirigencia nacional del PRD, hasta que la dimensión de la crisis y de la protesta social lo echó del cargo. A Ángel Aguirre parece que se le dieron vacaciones, pues no hay ninguna noticia de que esté siendo investigado.

La crisis provocada por la masacre de Iguala ha sido tomado como pretexto por el Gobierno federal para intervenir por completo en Guerrero. En ese Estado no hay una colaboración del Gobierno federal con la autoridad local, sino una subordinación vergonzosa de los poderes locales ante el Gobierno de Peña Nieto.

El gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, parece más bien un delegado de la Federación que el titular del Ejecutivo. Además son las secretarías federales quienes están manejando los diversos programas en esa Entidad.

Esta intervención y virtual ocupación de Guerrero de parte del Gobierno federal, no es ingenua. La intervención federal está encaminada no a atender la demandas de los padres de los normalistas desaparecidos para encontrar a sus hijos con vida y cientos de desaparecidos que hay en ese Estado; tampoco es una intervención para brindar seguridad en la población, por ejemplo en Acapulco, donde hay 200 escuelas que se fueron de vacaciones navideñas anticipadas por las amenazas del crimen organizado en contra de maestros y padres de familia.

La intervención del Gobierno federal está encaminada a detener el amplio movimiento social que se ha generado en Guerrero encabezados por los padres de los normalistas de Ayotzinapa y para proteger a los negocios turísticos de Acapulco, como bien ha explicado Juan Angulo, director del diario El Sur.

Esa es la intención del Gobierno de Peña Nieto, el despliegue de fuerzas federales y dependencias de su Gobierno no para resolver las demandas nuevas y añejas que plantea el pueblo de Guerrero, sino ocupar posiciones y enviar personal para tratar de contener al movimiento social guerrerense.

Rubén Martín
DIC 13