Desapariciones y psicosis en Jalisco Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

La desaparición de personas en Jalisco es un problema de enormes dimensiones que ha sido evadido o encubierto por los gobiernos de Emilio González Márquez (PAN) y de Aristóteles Sandoval Díaz (PRI). En este momento, hay dos mil 113 desaparecidos, lo que coloca a Jalisco como la segunda Entidad con más casos de todo el país.

Por eso no debe sorprender, y menos cuestionar, cuando en una población como Zapotiltic la gente se preocupa, se manifiesta y asume de modo colectivo el problema de la desaparición.

El pasado 12 de septiembre desapareció Daniela Isabel Magaña Castellanos, de 17 años y estudiante de la preparatoria regional; cinco días después se perdió el rastro del adolescente Juan Carlos Valle Álvarez, quien está a punto de cumplir 15 años.

Tras las denuncias ante las autoridades, algo fuerte se movió en la colectividad de Zapotiltic, pues lograron que la autoridad estatal los atendiera de inmediato y la tarde del viernes 19 de septiembre, más de mil personas marcharon por las calles de la cabecera municipal que tiene poco menos de 30 mil habitantes.

Ante la gravedad de los hechos, el fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, acudió a Zapotiltic el jueves 18 de septiembre, para reunirse con familiares y autoridades municipales. Al terminar la reunión el fiscal general pidió a los pobladores de Zapotiltic y otros municipios del Sur del Estado no “hacer crecer esto” y no “hacer una psicosis” y cuestionó que se llegara al cierre de escuelas y que el rumor se hubiera esparcido por otras ciudades.

En las declaraciones del fiscal parece estar implícito un reproche al actuar de los familiares de los desaparecidos y a la población de Zapotiltic. Por el contrario, me parece que esta actuación con todos los componentes descritos por el fiscal, fueron una respuesta inteligente, solidaria y necesaria para llamar la atención del resto de la población y de la autoridad para atender el problema.

Al “hacer crecer” el tema, “crear psicosis”, cerrar escuelas y alertar a pobladores de otros municipios, los pobladores de Zapotiltic y municipios vecinos como Ciudad Guzmán, crearon condiciones más propicias para su seguridad y para tratar de dar con los desaparecidos.

Al crecer el problema la solidaridad aumentó; al crearse psicosis, las familias afectadas avisan al resto que debe cuidar a sus hijos y por lo mismo la sana medida de cerrar escuelas. ¿Qué importa faltar un día a clases si con eso cuido a mi hijo? Al producir un rumor que llegó a otras poblaciones, cientos de miles de pobladores del Sur del Estado se enteraron y tuvieron más precaución para cuidar a sus hijos.

Con esta decisión inteligente, los pobladores de Zapotiltic crearon una fuerza colectiva y solidaria para buscar a sus desaparecidos.

Respuestas como las que se presentaron en Zapotiltic, ya se dieron en Lagos de Moreno, en Tala y en otros municipios de Jalisco que padecen el mismo problema. Son, además, medidas que se buscan las familias y las poblaciones ante la impotencia de presentar denuncias y no obtener respuestas favorables por parte de las autoridades. Así que bienvenida la psicosis ante un asunto tan grave como las desapariciones.

Rubén Martín
SEP 20

La reforma electoral salió carísima Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Uno de los argumentos sostenidos por los promotores de la reforma política de 2013-2014 era que el cambio de la legislación ahorraría dinero de los contribuyentes al promover la coordinación y centralización de las funciones de los organismos electorales.

Se proponía incluso la desaparición de los organismos electorales locales para que un nuevo Instituto Nacional Electoral asumiera las competencias de los 32 organismos electorales locales; se propuso también la desaparición de los tribunales electorales de cada Entidad para que sus funciones fueran asumidas por un tribunal electoral federal. Al mismo tiempo, se promovió la concurrencia de elecciones locales y federales, con lo que se aprobó la creación de una casilla electoral única para recolectar el voto de los electores. Salvo la primera propuesta las demás fueron aprobadas por el Congreso de la Unión este año.

Pero conforme se aterrizan los aspectos concretos de las leyes secundarias con la creación de un nuevo código electoral federal y sus adecuaciones en las legislaciones de cada Estado, nos damos cuenta que el supuesto ahorro de dinero público es un mito y en realidad las aplicaciones están saliendo carísimas.

Ahora la ley ordena el nombramiento de nuevos consejeros electorales locales y la desaparición de los magistrados electorales de cada Estado; sin embargo los diputados federales no previeron cómo indemnizarlos por lo que ahora en cada Entidad se están pidiendo decena de millones de pesos para indemnizar a consejeros y magistrados.

En Jalisco los magistrados electorales están pidiendo 44 millones de pesos como indemnización o liquidación ya que no fueron reasignados en otras esferas del Poder Judicial del Estado, como solicitaron. Como parte de sus liquidaciones, los magistrados electorales de Jalisco piden que se les paguen los salarios que cobrarían hasta el periodo por el que fueron electos (mayo de 2016) y el pago de un haber de retiro por 3.3 millones de pesos para cada uno, como parte de una prestación contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Son liquidaciones injustas e inmorales si las comparamos con las indemnizaciones que pueden conseguir la mayoría de los trabajadores que quedan sin empleo, o a la luz de las inagotables necesidades de la sociedad mexicana, pero por las prisas de los legisladores federales y de los acuerdos políticos cupulares, seguramente se pagarán estas altas cifras.

Si multiplicamos el caso de Jalisco por el todas las entidades de la república, las liquidaciones de los magistrados electorales podría ascender a más de 1,400 millones de pesos a lo que hay que sumar las indemnizaciones a los consejeros locales. Hablamos en ambos casos de miles de millones de pesos que pagaremos los contribuyentes sólo para cumplir los acuerdos de los partidos que conformaron el Pacto por México, quienes pactaron la reforma político-electoral como parte de la negociaciones para sacar adelante las reformas que más interesaban al Gobierno de Enrique Peña Nieto, como fue la reforma energética.

De modo que la mentada reforma electoral no sólo no ahorró recursos, sino que está resultando carísima.

Rubén Martín
SEP 13

Amnistía y Greenpeace, dos informes sobre México Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Dos de las grandes organizaciones no gubernamentales globales aprovecharon el Segundo Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para hacer un diagnóstico, un balance y una crítica en sus respectivos campos de actuación: en medio ambiente Greenpeace, y en derechos humanos Amnistía Internacional (AI). El diagnóstico de cada campo es alarmante y la crítica al Gobierno, muy fuerte.

Lo que dicen Greenpeace y AI no es nada nuevo, pues es algo que pueblos y organizaciones locales vienen denunciando desde hace años; sin embargo, el peso internacional que tienen estas organizaciones les confiere más peso mediático.

La crítica que plantea Greenpeace está implícita desde el mismo título del reporte que dieron a conocer públicamente el 1 de septiembre: “¿México en movimiento? Lo peor está por venir”.

Greenpeace tiene una postura crítica de las reformas emprendidas por el actual Gobierno, pues sostiene que todas “privilegiaron los intereses económicos empresariales y coartaron los derechos de millones de mexicanos”, bajo la promesa de un crecimiento económico que no llega.

Otro aspecto que Greenpeace critica es que la reforma energética profundiza la dependencia energética a la explotación de hidrocarburos, en lugar de apostar por energías menos dañinas del medio ambiente.

Pero además, señala el reporte de Greenpeace, con las leyes en materia energética, “se legalizaron los abusos contra campesinos y comunidades con la creación de figuras legales como la ‘servidumbre legal, ocupación o afectación superficial de tierras’, eufemismos con los que las autoridades podrán despojar de tierras en los lugares donde haya hidrocarburos”.

Greenpeace recordó que la Comisión Nacional del Agua reconoció en 2011 que 70% de los ríos mexicanos están contaminados y que la aprobación de la técnica de explotación de hidrocarburos conocida como fracking pone en riesgo el derecho de los mexicanos al agua, debido a los enormes volúmenes de agua que esta técnica requiere. En resumen, para Greenpeace en 20 meses de gobierno, Peña Nieto reforzó un modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales, alejado de la conservación.

AI presentó un reporte en el que sostiene que la tortura y otros tratos degradantes están fuera de control en México. En este informe, que documenta decenas de casos de tortura recogidos por AI en los últimos dos años en varios estados del país, se reportan cifras oficiales que revelan que los casos de aumentaron 600% de 2003 a 2013; que de 2010 a 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de siete mil quejas por torturas y otros malos tratos. Con datos oficiales, AI reveló que desde 2006 a 2013, la PGR inició mil 219 investigaciones sobre denuncias de tortura y otros malos tratos, pero sólo presentó cargos en 12 casos. Según el Consejo de la Judicatura Federal, hubo siete sentencias firmes por tortura, por lo que índice de sentencias condenatorias es apenas del 0.006 por ciento. En otras palabras, los torturadores en México gozan de cabal impunidad.

Estos reportes de Greenpeace y AI contrastan enormemente con el discurso presidencial y confirman que la propaganda oficial pinta un país muy alejado de la realidad.
 

Rubén Martín
SEP 6

El capital o la vida Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

La contaminación del río Sonora y Bacanuchi por una minera del Grupo México y la respuesta del Gobierno federal, a través de sus agencias de protección al medio ambiente, revelan con claridad las prioridades del Estado mexicano frente a los múltiples y graves casos de devastación ambiental que ocurren en el país.

La contaminación de esos ríos sonorenses, debido a que se vertieron 40 millones de litros de acido sulfhídrico, fue calificada como el peor desastre ambiental de la industria minera en el país,  y sin embargo, el Gobierno se negó a clausurar la planta causante del derrame.

El mismo secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, reconoció la gravedad del daño y sin embargo rechazó la clausura de la minera al considerar que ‘‘lo relevante’’ era el compromiso de la empresa en la compensación económica a los afectados y la remediación de los ríos; dijo que el Grupo México debe pagar una multa de 40 millones de pesos y la reparación del daño que provocó con el derrame de tóxicos en el río Sonora y Bacanuchi que ha afectado a más de 25 mil pobladores de seis municipios sonorenses. El titular de Semarnat llamó a considerar la aportación económica que hace la industria minera.

No parece exagerado concluir que para el Gobierno federal parece más importante no afectar la producción económica (en este caso la explotación minera) por encima del cuidado y protección de la salud, es decir la vida, de los pobladores de esa región.

Se trata del peor desastre ambiental de la minería en la historia reciente del país y la postura del Gobierno federal es que el Grupo México prosiga con sus actividades.

No es la primera ocasión que un titular del Medio Ambiente federal dice a las claras que importan más los procesos de producción económica que la salud de los pobladores.

En marzo de 2009, Juan Rafael Elvira Quesada, entonces titular de Semarnat del Gobierno de Felipe Calderón visitó el poblado de El Salto, Jalisco, donde hace años que los pobladores han denunciado la grave contaminación del río Santiago producida por empresas asentadas en ese distrito industrial. Un año antes, pobladores de El Salto y Juanacatlán se habían movilizado a la ciudad de Guadalajara para reclamar del Gobierno federal y estatal una declaratoria de emergencia ambiental. Al preguntarle las razones por las que no se atendió la recomendación del Senado, el titular de Semarnat dijo que “la declaración de una emergencia ambiental conlleva la parálisis de una cantidad de inversiones importantísima en esta región”. Añadió que sí hay interés en el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala pero también que a él le “interesan, de manera fundamental, las inversiones”.

El mensaje de dos secretarios de Medio Ambiente es claro: antes que actuar de manera clara y decidida para frenar procesos de contaminación o devastación ambiental que afectan y enferman a millones de mexicanos, interesa no afectar las actividades económica; en síntesis, antes que proteger la vida, el Gobierno decide proteger la acumulación de capital. Un mensaje bastante claro.

Rubén Martín
AGO 30

Los salarios y la burla de los políticos Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El salario mínimo es una cosa seria, muy seria, para millones de mexicanos. De los escasos ingresos que perciben a cambio de poner a disposición su fuerza de trabajo, dependen que se pueda reproducir con dignidad o no la vida de su familia.

Del salario mínimo obtenido con esfuerzo dependen las trayectorias de los integrantes de las familias, sus sueños, sus aspiraciones. Es una cosa muy seria.

Por eso ofende que los políticos profesionales y gobernantes se burlen del salario mínimo.

Es una burla la respuesta que dio el secretario federal del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, a las proposiciones sobre el aumento salarial: “Era extraordinariamente peligroso, como lo es (ahora), andar jugando con los salarios cuando el país todavía no ha generado las condiciones mínimas de crecimiento que permitan empezar a hablar de productividad, de aumento de los factores de la competitividad y que el ingreso de las familias aumente de manera consistente sin poner en riesgo la economía misma de las familias”.

Para este señor, que por cierto gana al mes como 100 salarios mínimos, proponer el aumento del mísero salario actual es “andar jugando” y peligroso elevarlos “por decreto”, “pues lo único que pasaría es retroceder a décadas que ya vivimos y que fueron en perjuicio de los trabajadores. Hay que tener condiciones para poderlo hacer”.

Es una burla, porque revela la hipocresía de la clase gobernante ante este asunto. Resulta que es “peligroso” elevar el salario por decreto, pero no le parece peligroso privatizar recursos por decreto y producir legislaciones que propician el despojo, ni las políticas públicas favorables a la privatización, la inversión privada y la obtención de altas tasas de ganancia. ¿Qué teoría económica puede justificar que aumentar los salarios sea “peligroso”, pero no considera “peligroso” el obsceno crecimiento de las ganancias de las grandes empresas del país? La respuesta es la teoría económica que legitima el capitalismo.

Según el secretario federal del trabajo, no se puede hablar de aumentar los salarios hasta que “las reformas emprendidas generen mayor crecimiento económico y productividad”. ¿Acaso cree que no tenemos memoria? ¿No fue eso lo que han dicho todos los presidentes desde Miguel de la Madrid a la fecha?

Es una burla lo que dice el ministro del trabajo, como es una burla la propuesta del presidente del PAN, Gustavo Madero, de someter a consulta si se aumenta el salario o la propuesta del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, de debatir el salario. Es una burla porque no piensan en las penurias y necesidades de los asalariados sino en los votos, en las siguientes elecciones. Quieren convertir a los trabajadores en carne de cañón para sus disputas electorales.

Es una burla que ni el PAN ni el PRD hayan hecho lo suficiente por los asalariados cuando desde hace años han estado denunciando su precaria situación y la pérdida de poder adquisitivo y sea hasta ahora, que se aceran las elecciones, que voltean a mirar esta vieja demanda. Los políticos pretenden burlarse de los asalariados, pero estos no se dejarán, como no se han dejado en el pasado.
 

Rubén Martín
AGO 9

Progreso autoritario Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Los actuales impulsores de las llamadas “reformas estructurales” se parecen a Porfirio Díaz no sólo en que calcan legislaciones por aquel dictador, como la actual Ley de Hidrocarburos que se parece demasiado a la Ley del Petróleo de 1901; se parecen también en los fundamentos ideológicos con el que justifican dichas reformas.

El núcleo de esta ideología porfirista ahora reciclada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto es el viejo adagio capitalista de “dejar hacer, dejar pasar” para dejar todo en las supuestas manos invisibles del mercado.

La reforma energética se presenta, de manera resumida, como un ciclo virtuoso de desregulación, privatización, inversión, explotación petrolera, aumentos de empleos e ingresos, y beneficios para la mayoría de la población. Puras falacias.

En este ciclo de reformas ultraliberales, sus impulsores tratan de imponer una visión del desarrollo, del progreso y de la modernización de modo autoritario.

El ejemplo más claro es la disposición de considerar a la explotación de hidrocarburos como prioritaria por encima de cualquier otro tipo de actividad económica. Se impone a todos los grupos sociales y a todos los dueños del territorio que lo que le “conviene” al país es la explotación energética.

Cancela de modo autoritario la posibilidad de que ciertos pueblos o grupos sociales puedan proponer otras opciones de desarrollo, otras formas económicas para resolver la reproducción de la vida de
manera digna, que es de lo que debe tratar cualquier proyecto de desarrollo.

Para empezar, las mismas nociones de desarrollo y progreso de la que hablan los impulsores de las reformas, se han sometido a una crítica radical hace tiempo, pues no son nociones neutras sino nociones asociadas a la expansión y profundización de las relaciones capitalistas.

Ahora ocurre lo mismo: la prioridad que se le da a la explotación energética por sobre cualquier otra actividad no sólo es autoritaria en su forma de imponerse, sino depredadora de los pobladores y el medio ambiente, puesto que parte de la mercantilización de la tierra y sus recursos.

La crisis del capitalismo que observamos actualmente en el mundo revela que la pretensión de someter todas las actividades humanas y sus recursos a la lógica de valor de cambio por encima de su valor de uso, está también en crisis porque pone en riesgo la misma reproducción de la vida.

Por eso se puede anticipar que esta noción neoporfirista de la tierra, con la reforma energética, será resistida y combatida por pueblos y comunidades por un asunto elemental: por sobrevivencia, para seguir reproduciendo la vida.

Y para ello se requieren otras nociones de la economía y del desarrollo, nociones alternativas e incluso antagonistas a las nociones capitalistas.

Se requieren relaciones que pongan en el centro de todo al ser humano, a sus necesidades y no las de las compañías privadas y su lógica de acumulación de capital.

Se requiere volver a poner en el centro un “desarrollo” sostenido en el valor de uso y no de cambio, en relaciones de cooperación y solidaridad, ausentes por completo en las actuales reformas ultraliberales.

Por eso serán derrotadas, aunque ahora los neoporfiristas festejen su triunfo.

Rubén Martín
AGO 2

Pasivos laborales Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

De la chistera de las reformas estructurales propuestas por Enrique Peña Nieto, acaba de salir otra de las innumerables sorpresas contenidas en las leyes secundarias. La ocurrencia más reciente son los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El “mago” Peña Nieto y sus ayudantes legislativos propusieron y aprobaron el viernes 25 de julio que el Gobierno federal asuma los pasivos laborales de Pemex y de la CFE para que ambas empresas, justificaron, estén en condiciones de competir con las empresas privadas que entrarán a competir en el mercado mexicano tras la aprobación de las leyes secundarias en materia energética.

Según la fuente informativa que se consulte, los pasivos laborales de Pemex van desde 1.1 billones de pesos hasta 1.3 billones de pesos, en tanto que los de la CFE superan los 507 mil millones de pesos. Hay una condición: el Gobierno federal asume el pasivo laboral a condición de que estas empresas modifiquen el contrato de trabajo en materia de pensiones con los trabajadores sindicalizados y de confianza.

Esta decisión incrementa la deuda pública nacional de manera sustancial, pues pasaría de 6.5 billones de pesos a 8.1 u 8.3 billones de pesos. Por ello no ha faltado quien lo llame Pemexproa, en referencia el programa de rescate bancario ideado hace 18 años y cuya deuda seguiremos pagando hasta el 2065. Además se ha responsabilizado a los trabajadores de Pemex y CFE, en particular a sus sindicatos, por el crecimiento de estos pasivos. Sin embargo los trabajadores petroleros matizan el problema: se trata de proyección de pasivos, por lo que la deuda se incrementa al largo plazo, no de golpe; y dichos pasivos ocurren porque la dirección de Pemex no fue administrando los recursos para estos compromisos laborales, y los usó para otros fines cuando podía hacerlo. Cada año se requieren 40 mil millones de pesos para hacer frente a estas responsabilidades, esa cantidad representa apenas 3% de los ingresos anuales de Pemex.

En realidad el tema de los pasivos laborales, como otros de las leyes secundarias, están diseñados no para corregir “abusos” laborales sino para preparar el terreno para que las empresas privadas que inviertan en México no tengan qué pagar la fuerza de trabajo al precio actual. El tema de los pasivos laborales está diseñado a obligar a los trabajadores de Pemex y CFE a renunciar a prestaciones laborales que han conquistado en décadas para que en el nuevo escenario de privatización energética las empresas privadas no paguen esos compromisos laborales.

Es decir, están diseñados para garantizar altas ganancias de las empresas que inviertan en México, a costa de las prestaciones de los trabajadores, cuando con el actual modelo energético saldrían recursos para pagar buenos salarios y prestaciones y altos ingresos al fisco. No es que no haya recursos, sino que se robaron en las corruptelas de funcionarios de Pemex y dirigentes sindicales (ejemplo Carlos Romero Deschamps). El caso de los pasivos laborales confirma que las leyes energéticas están diseñadas con el viejo criterio capitalista de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

 

Rubén Martín
JUL 26

El porfirismo regresa triunfante Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

“Las compañías petroleras se valieron de todo tipo de presiones para lograr concesiones de tierras en donde realizar las exploraciones. Por otra parte, disfrutaron de amplios privilegios otorgados por el gobierno —principalmente exención de impuestos—, que permitieron su rápido enriquecimiento”.

Este párrafo de un folleto sobre la expropiación petrolera editado por la UNAM en 1986, describe las condiciones de llegada de las compañías petroleras extranjeras para la explotación de los hidrocarburos del país hacia 1887.

Casi podría calcarse este párrafo para describir las condiciones que está ofreciendo el Gobierno de Enrique Peña Nieto para la actual privatización de los recursos energéticos mexicanos con las reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución y las leyes secundarias en la materia que en este momento están aprobando los senadores (del PRI, PAN y PVEM) y que próximamente aprobarán los diputados.

El 24 de diciembre de 1901, Porfirio Díaz expidió la Ley del Petróleo cuyo contenido no deja de sorprender con la semejanza que guarda con la Ley de Hidrocarburos aprobada por los senadores la noche del jueves 17 de julio.

La ley de 1901 y la ley de 2014 son fieles al mismo espíritu capitalista de poner por encima de todo el interés de los inversionistas y la explotación petrolera como actividad preponderante sobre cualquier otra actividad económica o deseos y derechos de los pueblos y comunidades que habitan los territorios susceptibles de contener hidrocarburos en el subsuelo. Véanse estos párrafos del Artículo 3º de la ley porfirista:

“V. Para el mismo establecimiento a que se refiere la fracción anterior, y cuando se trate de terrenos que sean de propiedad particular, los mismos concesionarios tendrán el derecho de expropiar a dichos particulares (…) VI. Las empresas tendrán, además, el derecho de establecer tuberías para conducir los productos de la explotación por los terrenos de propiedad particular que sean necesarios, a fin de facilitar su venta y siempre que no sea con el objeto de establecer un servicio en el cual dichos productos sean consumidos”.

Los conceptos de expropiación, servidumbre de paso, ocupación temporal de territorios para la explotación petrolera están contenidos ya en la ley porfirista y se repiten en la ley impulsada ahora por Peña Nieto.

Hablamos de cambios legales mayores que en la práctica regresan buena parte de la Constitución y leyes de diversos aspectos económicos y sociales a como estaban en el porfiriato, antes de la Revolución Mexicana.

Sin que se declarara como tal, el Congreso de la Unión del país está actuando en los hechos como un congreso constituyente. Las llamadas “reformas estructurales” impulsadas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y avaladas en las Cámaras de diputados y senadores están tomándose atribuciones que el mismo derecho liberal concede sólo a los constituyentes. Y lo están haciendo para asaltar el patrimonio nacional, actuando como un Robin Hood corporativo para expropiar territorios y derechos de pueblos para ponerlos al servicio de la acumulación de capital. Es el modelo de la acumulación por despojo en su máxima expresión. El porfiriato regresa triunfante, recargado, pero igual de soberbio y ciego como el anterior.

Rubén Martín
JUL 19

El Pentágono estudia a los movimientos sociales Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Es de sobra conocido que los gobiernos espían a sus ciudadanos, especialmente a quienes mantienen posiciones políticas disidentes o críticas del sistema. El alcance masivo que los programas de espionaje, en particular el de Estados Unidos, han alcanzado ahora con el despliegue de nuevas tecnologías ha llegado a niveles ni siquiera imaginados en la novela 1984 de George Orwell.

Pero los afanes de las agencias militares estadounidenses por anticipar y conocer a quienes considera enemigos potenciales o reales no sólo concentra información de modo masivo, ahora también lo hace de manera cualitativa con un programa especial del Departamento de Defensa dedicado exclusivamente al conocimiento de los movimientos sociales de todo el mundo.

El proyecto se llama Iniciativa Minerva y fue creado en 2008. No es un programa encubierto: explícitamente se informa que busca “Mejorar la capacidad del Departamento de Defensa para desarrollar investigación en ciencias sociales de vanguardia, relaciones exteriores y estudios interdisciplinarios”.

Para ello, la “Iniciativa Minerva reúne a universidades, instituciones de investigación y académicos en lo individual y apoya proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales que abordan áreas temáticas específicas determinadas por el Secretario de Defensa” (aquí se puede consultar el sitio internet de este proyecto: http://minerva.dtic.mil/index.html) .

El Departamento de Defensa ha destinado 92.8 millones de dólares (más de 1,100 millones de pesos) desde 2008; para el presente año se invertirán 17.8 millones de dólares, según publicó Nafeez Ahmed, especialista en temas de seguridad internacional del diario británico The Guardian.

Uno de los estudios en curso para este año fue encargado a la Universidad de Cornell; es un análisis sobre las dinámicas de lo movimientos sociales y sus formas de “contagio”. Mediante esta investigación pretenden conocer cómo las movilizaciones individuales se tornan contagiosas y luego cómo esto se convierte en una movilización masiva. En este estudio, que está a cargo del doctor Benjamin Knott, un oficial de la fuerza aérea estadounidense y científico social, se estudiarán las movilizaciones de Egipto de 2011, la movilización de la oposición rusa que alegó fraude en las elecciones para la Duma ese mismo año; una protesta en Nigeria por el subsidio al combustible en 2012 y la movilización del parque Gezy en Estambul, en 2013.

Otro proyecto en curso se lleva a cabo con investigadores de las universidades de Washington y Harvard y en este se pretende comprender el origen, características e implicaciones de los movimientos políticos de masas. El sitio de la Iniciativa Minerva informa que se estudiará a más de mil activistas con actividad permanente, que participan investigadores de 23 países con la pretensión de extenderlo a 58 naciones. En este estudio se pretende tener un mapeo de los movimientos sociales a través del tiempo y el espacio mediante un modelo de análisis que incluye 216 variables. Basta mirar el resumen de las investigaciones que la Iniciativa Minerva ha financiado desde 2008 para concluir que ahora el gobierno de Estados Unidos tiene la mayor base de datos sobre movimientos sociales en el mundo.

Sin embargo la astucia de las resistencias sociales siempre va por delante de las iniciativas del poder para controlar, para dominar. Esta vez no será la excepción.
 

Rubén Martín
JUL 12

El edificio de la FEG y las épocas oscuras Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El edificio que fuera sede de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) ya no existe más. El Gobierno del Estado tomó la decisión de demolerlo para dar paso a la construcción de un parque público.

Pero la demolición del edificio de la FEG está muy lejos de dar por concluida “una época oscura en la vida política de Jalisco”, y significar el inicio de una nueva era, como dijo el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz.

No es así, pues equivale a confundir a las instituciones y organizaciones con sus oficinas. Es como pretender deshacerse del Gobierno demoliendo los edificios que los albergan.

La FEG nació en 1948 en sustitución del Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente (FESO). El relevo de la organización de los estudiantes se dio en sintonía con el giro de políticas de los gobiernos federales. El FESO nació en el contexto del cardenismo y la FEG con presidentes y gobernadores más de corte conservador. Pero ya fueran de corte cardenista o más conservador, las organizaciones estudiantiles tenían el mismo fin: la organización y el control de los estudiantes dentro del sistema corporativo que soportaba el sistema autoritario priista.

El edificio sede de la FEG desde 1971 fue un regalo del Gobierno federal a esta organización por los servicios prestados durante el movimiento estudiantil de 1968. La FEG reprimió a estudiantes de la UdeG que quisieron vincularse con el movimiento nacional, al tiempo que se convirtió en la principal organización estudiantil en apoyo al Gobierno represor de Gustavo Díaz Ordaz. Justo en el tiempo que se abría su nuevo edificio, la FEG perseguía, golpeaba e incluso asesinaba a los estudiantes que disentían de su control y que buscaban la democracia al seno de la UdeG.

Y aunque al paso de los años los dirigentes fegistas pretendieron moderar o erradicar el “pistolerismo práctico para presumir un socialismo teórico” (como describió Héctor Aguilar Camín) en los hechos siempre se impuso un control antidemocrático sobre los estudiantes de la UdeG.

Al final la “modernización” del control estudiantil se concretó por una ruptura en el grupo que controlaba la UdeG. En el enfrentamiento de la FEG con el entonces rector Raúl Padilla López en 1989, ganó este último. En 1991 nace la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Al final, el hallazgo criminal de cinco cuerpos encontrados en el terreno de la FEG, en diciembre de 2011, terminaron por enterrar lo que quedaba de la disminuida organización.

Por “época oscura” de la FEG se entiende, creo yo, no sólo el pistolerismo práctico sino las formas antidemocráticas de control tanto de la organización estudiantil como de la propia UdeG y más allá, pues la FEG formó a muchos cuadros que aún ahora tienen peso y decisión al interior del actual partido gobernante.  

Falta además recuperar la memoria completa de las personas a las que miembros de la FEG golpearon y asesinaron. De modo que pasar de una época política oscura a otra nueva consiste en algo más que demoler un edificio.

Rubén Martín
JUL 5