El capital o la vida Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

La contaminación del río Sonora y Bacanuchi por una minera del Grupo México y la respuesta del Gobierno federal, a través de sus agencias de protección al medio ambiente, revelan con claridad las prioridades del Estado mexicano frente a los múltiples y graves casos de devastación ambiental que ocurren en el país.

La contaminación de esos ríos sonorenses, debido a que se vertieron 40 millones de litros de acido sulfhídrico, fue calificada como el peor desastre ambiental de la industria minera en el país,  y sin embargo, el Gobierno se negó a clausurar la planta causante del derrame.

El mismo secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, reconoció la gravedad del daño y sin embargo rechazó la clausura de la minera al considerar que ‘‘lo relevante’’ era el compromiso de la empresa en la compensación económica a los afectados y la remediación de los ríos; dijo que el Grupo México debe pagar una multa de 40 millones de pesos y la reparación del daño que provocó con el derrame de tóxicos en el río Sonora y Bacanuchi que ha afectado a más de 25 mil pobladores de seis municipios sonorenses. El titular de Semarnat llamó a considerar la aportación económica que hace la industria minera.

No parece exagerado concluir que para el Gobierno federal parece más importante no afectar la producción económica (en este caso la explotación minera) por encima del cuidado y protección de la salud, es decir la vida, de los pobladores de esa región.

Se trata del peor desastre ambiental de la minería en la historia reciente del país y la postura del Gobierno federal es que el Grupo México prosiga con sus actividades.

No es la primera ocasión que un titular del Medio Ambiente federal dice a las claras que importan más los procesos de producción económica que la salud de los pobladores.

En marzo de 2009, Juan Rafael Elvira Quesada, entonces titular de Semarnat del Gobierno de Felipe Calderón visitó el poblado de El Salto, Jalisco, donde hace años que los pobladores han denunciado la grave contaminación del río Santiago producida por empresas asentadas en ese distrito industrial. Un año antes, pobladores de El Salto y Juanacatlán se habían movilizado a la ciudad de Guadalajara para reclamar del Gobierno federal y estatal una declaratoria de emergencia ambiental. Al preguntarle las razones por las que no se atendió la recomendación del Senado, el titular de Semarnat dijo que “la declaración de una emergencia ambiental conlleva la parálisis de una cantidad de inversiones importantísima en esta región”. Añadió que sí hay interés en el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala pero también que a él le “interesan, de manera fundamental, las inversiones”.

El mensaje de dos secretarios de Medio Ambiente es claro: antes que actuar de manera clara y decidida para frenar procesos de contaminación o devastación ambiental que afectan y enferman a millones de mexicanos, interesa no afectar las actividades económica; en síntesis, antes que proteger la vida, el Gobierno decide proteger la acumulación de capital. Un mensaje bastante claro.

Rubén Martín
AGO 30

Los salarios y la burla de los políticos Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El salario mínimo es una cosa seria, muy seria, para millones de mexicanos. De los escasos ingresos que perciben a cambio de poner a disposición su fuerza de trabajo, dependen que se pueda reproducir con dignidad o no la vida de su familia.

Del salario mínimo obtenido con esfuerzo dependen las trayectorias de los integrantes de las familias, sus sueños, sus aspiraciones. Es una cosa muy seria.

Por eso ofende que los políticos profesionales y gobernantes se burlen del salario mínimo.

Es una burla la respuesta que dio el secretario federal del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, a las proposiciones sobre el aumento salarial: “Era extraordinariamente peligroso, como lo es (ahora), andar jugando con los salarios cuando el país todavía no ha generado las condiciones mínimas de crecimiento que permitan empezar a hablar de productividad, de aumento de los factores de la competitividad y que el ingreso de las familias aumente de manera consistente sin poner en riesgo la economía misma de las familias”.

Para este señor, que por cierto gana al mes como 100 salarios mínimos, proponer el aumento del mísero salario actual es “andar jugando” y peligroso elevarlos “por decreto”, “pues lo único que pasaría es retroceder a décadas que ya vivimos y que fueron en perjuicio de los trabajadores. Hay que tener condiciones para poderlo hacer”.

Es una burla, porque revela la hipocresía de la clase gobernante ante este asunto. Resulta que es “peligroso” elevar el salario por decreto, pero no le parece peligroso privatizar recursos por decreto y producir legislaciones que propician el despojo, ni las políticas públicas favorables a la privatización, la inversión privada y la obtención de altas tasas de ganancia. ¿Qué teoría económica puede justificar que aumentar los salarios sea “peligroso”, pero no considera “peligroso” el obsceno crecimiento de las ganancias de las grandes empresas del país? La respuesta es la teoría económica que legitima el capitalismo.

Según el secretario federal del trabajo, no se puede hablar de aumentar los salarios hasta que “las reformas emprendidas generen mayor crecimiento económico y productividad”. ¿Acaso cree que no tenemos memoria? ¿No fue eso lo que han dicho todos los presidentes desde Miguel de la Madrid a la fecha?

Es una burla lo que dice el ministro del trabajo, como es una burla la propuesta del presidente del PAN, Gustavo Madero, de someter a consulta si se aumenta el salario o la propuesta del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, de debatir el salario. Es una burla porque no piensan en las penurias y necesidades de los asalariados sino en los votos, en las siguientes elecciones. Quieren convertir a los trabajadores en carne de cañón para sus disputas electorales.

Es una burla que ni el PAN ni el PRD hayan hecho lo suficiente por los asalariados cuando desde hace años han estado denunciando su precaria situación y la pérdida de poder adquisitivo y sea hasta ahora, que se aceran las elecciones, que voltean a mirar esta vieja demanda. Los políticos pretenden burlarse de los asalariados, pero estos no se dejarán, como no se han dejado en el pasado.
 

Rubén Martín
AGO 9

Progreso autoritario Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Los actuales impulsores de las llamadas “reformas estructurales” se parecen a Porfirio Díaz no sólo en que calcan legislaciones por aquel dictador, como la actual Ley de Hidrocarburos que se parece demasiado a la Ley del Petróleo de 1901; se parecen también en los fundamentos ideológicos con el que justifican dichas reformas.

El núcleo de esta ideología porfirista ahora reciclada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto es el viejo adagio capitalista de “dejar hacer, dejar pasar” para dejar todo en las supuestas manos invisibles del mercado.

La reforma energética se presenta, de manera resumida, como un ciclo virtuoso de desregulación, privatización, inversión, explotación petrolera, aumentos de empleos e ingresos, y beneficios para la mayoría de la población. Puras falacias.

En este ciclo de reformas ultraliberales, sus impulsores tratan de imponer una visión del desarrollo, del progreso y de la modernización de modo autoritario.

El ejemplo más claro es la disposición de considerar a la explotación de hidrocarburos como prioritaria por encima de cualquier otro tipo de actividad económica. Se impone a todos los grupos sociales y a todos los dueños del territorio que lo que le “conviene” al país es la explotación energética.

Cancela de modo autoritario la posibilidad de que ciertos pueblos o grupos sociales puedan proponer otras opciones de desarrollo, otras formas económicas para resolver la reproducción de la vida de
manera digna, que es de lo que debe tratar cualquier proyecto de desarrollo.

Para empezar, las mismas nociones de desarrollo y progreso de la que hablan los impulsores de las reformas, se han sometido a una crítica radical hace tiempo, pues no son nociones neutras sino nociones asociadas a la expansión y profundización de las relaciones capitalistas.

Ahora ocurre lo mismo: la prioridad que se le da a la explotación energética por sobre cualquier otra actividad no sólo es autoritaria en su forma de imponerse, sino depredadora de los pobladores y el medio ambiente, puesto que parte de la mercantilización de la tierra y sus recursos.

La crisis del capitalismo que observamos actualmente en el mundo revela que la pretensión de someter todas las actividades humanas y sus recursos a la lógica de valor de cambio por encima de su valor de uso, está también en crisis porque pone en riesgo la misma reproducción de la vida.

Por eso se puede anticipar que esta noción neoporfirista de la tierra, con la reforma energética, será resistida y combatida por pueblos y comunidades por un asunto elemental: por sobrevivencia, para seguir reproduciendo la vida.

Y para ello se requieren otras nociones de la economía y del desarrollo, nociones alternativas e incluso antagonistas a las nociones capitalistas.

Se requieren relaciones que pongan en el centro de todo al ser humano, a sus necesidades y no las de las compañías privadas y su lógica de acumulación de capital.

Se requiere volver a poner en el centro un “desarrollo” sostenido en el valor de uso y no de cambio, en relaciones de cooperación y solidaridad, ausentes por completo en las actuales reformas ultraliberales.

Por eso serán derrotadas, aunque ahora los neoporfiristas festejen su triunfo.

Rubén Martín
AGO 2

Pasivos laborales Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

De la chistera de las reformas estructurales propuestas por Enrique Peña Nieto, acaba de salir otra de las innumerables sorpresas contenidas en las leyes secundarias. La ocurrencia más reciente son los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El “mago” Peña Nieto y sus ayudantes legislativos propusieron y aprobaron el viernes 25 de julio que el Gobierno federal asuma los pasivos laborales de Pemex y de la CFE para que ambas empresas, justificaron, estén en condiciones de competir con las empresas privadas que entrarán a competir en el mercado mexicano tras la aprobación de las leyes secundarias en materia energética.

Según la fuente informativa que se consulte, los pasivos laborales de Pemex van desde 1.1 billones de pesos hasta 1.3 billones de pesos, en tanto que los de la CFE superan los 507 mil millones de pesos. Hay una condición: el Gobierno federal asume el pasivo laboral a condición de que estas empresas modifiquen el contrato de trabajo en materia de pensiones con los trabajadores sindicalizados y de confianza.

Esta decisión incrementa la deuda pública nacional de manera sustancial, pues pasaría de 6.5 billones de pesos a 8.1 u 8.3 billones de pesos. Por ello no ha faltado quien lo llame Pemexproa, en referencia el programa de rescate bancario ideado hace 18 años y cuya deuda seguiremos pagando hasta el 2065. Además se ha responsabilizado a los trabajadores de Pemex y CFE, en particular a sus sindicatos, por el crecimiento de estos pasivos. Sin embargo los trabajadores petroleros matizan el problema: se trata de proyección de pasivos, por lo que la deuda se incrementa al largo plazo, no de golpe; y dichos pasivos ocurren porque la dirección de Pemex no fue administrando los recursos para estos compromisos laborales, y los usó para otros fines cuando podía hacerlo. Cada año se requieren 40 mil millones de pesos para hacer frente a estas responsabilidades, esa cantidad representa apenas 3% de los ingresos anuales de Pemex.

En realidad el tema de los pasivos laborales, como otros de las leyes secundarias, están diseñados no para corregir “abusos” laborales sino para preparar el terreno para que las empresas privadas que inviertan en México no tengan qué pagar la fuerza de trabajo al precio actual. El tema de los pasivos laborales está diseñado a obligar a los trabajadores de Pemex y CFE a renunciar a prestaciones laborales que han conquistado en décadas para que en el nuevo escenario de privatización energética las empresas privadas no paguen esos compromisos laborales.

Es decir, están diseñados para garantizar altas ganancias de las empresas que inviertan en México, a costa de las prestaciones de los trabajadores, cuando con el actual modelo energético saldrían recursos para pagar buenos salarios y prestaciones y altos ingresos al fisco. No es que no haya recursos, sino que se robaron en las corruptelas de funcionarios de Pemex y dirigentes sindicales (ejemplo Carlos Romero Deschamps). El caso de los pasivos laborales confirma que las leyes energéticas están diseñadas con el viejo criterio capitalista de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

 

Rubén Martín
JUL 26

El porfirismo regresa triunfante Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

“Las compañías petroleras se valieron de todo tipo de presiones para lograr concesiones de tierras en donde realizar las exploraciones. Por otra parte, disfrutaron de amplios privilegios otorgados por el gobierno —principalmente exención de impuestos—, que permitieron su rápido enriquecimiento”.

Este párrafo de un folleto sobre la expropiación petrolera editado por la UNAM en 1986, describe las condiciones de llegada de las compañías petroleras extranjeras para la explotación de los hidrocarburos del país hacia 1887.

Casi podría calcarse este párrafo para describir las condiciones que está ofreciendo el Gobierno de Enrique Peña Nieto para la actual privatización de los recursos energéticos mexicanos con las reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución y las leyes secundarias en la materia que en este momento están aprobando los senadores (del PRI, PAN y PVEM) y que próximamente aprobarán los diputados.

El 24 de diciembre de 1901, Porfirio Díaz expidió la Ley del Petróleo cuyo contenido no deja de sorprender con la semejanza que guarda con la Ley de Hidrocarburos aprobada por los senadores la noche del jueves 17 de julio.

La ley de 1901 y la ley de 2014 son fieles al mismo espíritu capitalista de poner por encima de todo el interés de los inversionistas y la explotación petrolera como actividad preponderante sobre cualquier otra actividad económica o deseos y derechos de los pueblos y comunidades que habitan los territorios susceptibles de contener hidrocarburos en el subsuelo. Véanse estos párrafos del Artículo 3º de la ley porfirista:

“V. Para el mismo establecimiento a que se refiere la fracción anterior, y cuando se trate de terrenos que sean de propiedad particular, los mismos concesionarios tendrán el derecho de expropiar a dichos particulares (…) VI. Las empresas tendrán, además, el derecho de establecer tuberías para conducir los productos de la explotación por los terrenos de propiedad particular que sean necesarios, a fin de facilitar su venta y siempre que no sea con el objeto de establecer un servicio en el cual dichos productos sean consumidos”.

Los conceptos de expropiación, servidumbre de paso, ocupación temporal de territorios para la explotación petrolera están contenidos ya en la ley porfirista y se repiten en la ley impulsada ahora por Peña Nieto.

Hablamos de cambios legales mayores que en la práctica regresan buena parte de la Constitución y leyes de diversos aspectos económicos y sociales a como estaban en el porfiriato, antes de la Revolución Mexicana.

Sin que se declarara como tal, el Congreso de la Unión del país está actuando en los hechos como un congreso constituyente. Las llamadas “reformas estructurales” impulsadas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y avaladas en las Cámaras de diputados y senadores están tomándose atribuciones que el mismo derecho liberal concede sólo a los constituyentes. Y lo están haciendo para asaltar el patrimonio nacional, actuando como un Robin Hood corporativo para expropiar territorios y derechos de pueblos para ponerlos al servicio de la acumulación de capital. Es el modelo de la acumulación por despojo en su máxima expresión. El porfiriato regresa triunfante, recargado, pero igual de soberbio y ciego como el anterior.

Rubén Martín
JUL 19

El Pentágono estudia a los movimientos sociales Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Es de sobra conocido que los gobiernos espían a sus ciudadanos, especialmente a quienes mantienen posiciones políticas disidentes o críticas del sistema. El alcance masivo que los programas de espionaje, en particular el de Estados Unidos, han alcanzado ahora con el despliegue de nuevas tecnologías ha llegado a niveles ni siquiera imaginados en la novela 1984 de George Orwell.

Pero los afanes de las agencias militares estadounidenses por anticipar y conocer a quienes considera enemigos potenciales o reales no sólo concentra información de modo masivo, ahora también lo hace de manera cualitativa con un programa especial del Departamento de Defensa dedicado exclusivamente al conocimiento de los movimientos sociales de todo el mundo.

El proyecto se llama Iniciativa Minerva y fue creado en 2008. No es un programa encubierto: explícitamente se informa que busca “Mejorar la capacidad del Departamento de Defensa para desarrollar investigación en ciencias sociales de vanguardia, relaciones exteriores y estudios interdisciplinarios”.

Para ello, la “Iniciativa Minerva reúne a universidades, instituciones de investigación y académicos en lo individual y apoya proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales que abordan áreas temáticas específicas determinadas por el Secretario de Defensa” (aquí se puede consultar el sitio internet de este proyecto: http://minerva.dtic.mil/index.html) .

El Departamento de Defensa ha destinado 92.8 millones de dólares (más de 1,100 millones de pesos) desde 2008; para el presente año se invertirán 17.8 millones de dólares, según publicó Nafeez Ahmed, especialista en temas de seguridad internacional del diario británico The Guardian.

Uno de los estudios en curso para este año fue encargado a la Universidad de Cornell; es un análisis sobre las dinámicas de lo movimientos sociales y sus formas de “contagio”. Mediante esta investigación pretenden conocer cómo las movilizaciones individuales se tornan contagiosas y luego cómo esto se convierte en una movilización masiva. En este estudio, que está a cargo del doctor Benjamin Knott, un oficial de la fuerza aérea estadounidense y científico social, se estudiarán las movilizaciones de Egipto de 2011, la movilización de la oposición rusa que alegó fraude en las elecciones para la Duma ese mismo año; una protesta en Nigeria por el subsidio al combustible en 2012 y la movilización del parque Gezy en Estambul, en 2013.

Otro proyecto en curso se lleva a cabo con investigadores de las universidades de Washington y Harvard y en este se pretende comprender el origen, características e implicaciones de los movimientos políticos de masas. El sitio de la Iniciativa Minerva informa que se estudiará a más de mil activistas con actividad permanente, que participan investigadores de 23 países con la pretensión de extenderlo a 58 naciones. En este estudio se pretende tener un mapeo de los movimientos sociales a través del tiempo y el espacio mediante un modelo de análisis que incluye 216 variables. Basta mirar el resumen de las investigaciones que la Iniciativa Minerva ha financiado desde 2008 para concluir que ahora el gobierno de Estados Unidos tiene la mayor base de datos sobre movimientos sociales en el mundo.

Sin embargo la astucia de las resistencias sociales siempre va por delante de las iniciativas del poder para controlar, para dominar. Esta vez no será la excepción.
 

Rubén Martín
JUL 12

El edificio de la FEG y las épocas oscuras Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El edificio que fuera sede de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) ya no existe más. El Gobierno del Estado tomó la decisión de demolerlo para dar paso a la construcción de un parque público.

Pero la demolición del edificio de la FEG está muy lejos de dar por concluida “una época oscura en la vida política de Jalisco”, y significar el inicio de una nueva era, como dijo el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz.

No es así, pues equivale a confundir a las instituciones y organizaciones con sus oficinas. Es como pretender deshacerse del Gobierno demoliendo los edificios que los albergan.

La FEG nació en 1948 en sustitución del Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente (FESO). El relevo de la organización de los estudiantes se dio en sintonía con el giro de políticas de los gobiernos federales. El FESO nació en el contexto del cardenismo y la FEG con presidentes y gobernadores más de corte conservador. Pero ya fueran de corte cardenista o más conservador, las organizaciones estudiantiles tenían el mismo fin: la organización y el control de los estudiantes dentro del sistema corporativo que soportaba el sistema autoritario priista.

El edificio sede de la FEG desde 1971 fue un regalo del Gobierno federal a esta organización por los servicios prestados durante el movimiento estudiantil de 1968. La FEG reprimió a estudiantes de la UdeG que quisieron vincularse con el movimiento nacional, al tiempo que se convirtió en la principal organización estudiantil en apoyo al Gobierno represor de Gustavo Díaz Ordaz. Justo en el tiempo que se abría su nuevo edificio, la FEG perseguía, golpeaba e incluso asesinaba a los estudiantes que disentían de su control y que buscaban la democracia al seno de la UdeG.

Y aunque al paso de los años los dirigentes fegistas pretendieron moderar o erradicar el “pistolerismo práctico para presumir un socialismo teórico” (como describió Héctor Aguilar Camín) en los hechos siempre se impuso un control antidemocrático sobre los estudiantes de la UdeG.

Al final la “modernización” del control estudiantil se concretó por una ruptura en el grupo que controlaba la UdeG. En el enfrentamiento de la FEG con el entonces rector Raúl Padilla López en 1989, ganó este último. En 1991 nace la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Al final, el hallazgo criminal de cinco cuerpos encontrados en el terreno de la FEG, en diciembre de 2011, terminaron por enterrar lo que quedaba de la disminuida organización.

Por “época oscura” de la FEG se entiende, creo yo, no sólo el pistolerismo práctico sino las formas antidemocráticas de control tanto de la organización estudiantil como de la propia UdeG y más allá, pues la FEG formó a muchos cuadros que aún ahora tienen peso y decisión al interior del actual partido gobernante.  

Falta además recuperar la memoria completa de las personas a las que miembros de la FEG golpearon y asesinaron. De modo que pasar de una época política oscura a otra nueva consiste en algo más que demoler un edificio.

Rubén Martín
JUL 5

Se agradece la sinceridad Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

La reestructuración del régimen legal mexicano para facilitar las inversiones privadas en sectores que antes estuvieron vedadas por mandato constitucional, están siendo justificadas de manera engañosa por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Nos dicen que estos cambios constitucionales son para mover a México, para sacarlo de una inercia y que ahora sí con las distintas reformas (laboral, educativa, energética, telecomunicaciones, etcétera) ahora sí llegará el progreso y los beneficios para los mexicanos. Puro engaño, como ya ha ocurrido con anteriores reformas. Ya sabemos que el discurso público de las clases gobernantes es uno y el discurso privado es otro.

Por eso se agradece cuando un gobernante se atreve a decir en público lo que realmente se platica y se planea en privado. Eso es lo que, a mi entender, hizo el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, en una reunión que sostuvo con los legisladores federales el lunes 23 de

junio.

Javier Laynez dijo a los diputados “que no es el objetivo” expropiar las tierras en las zonas donde se prevén asignar contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, sino que sólo se rentarán a sus propietarios mediante la figura de contratos de ocupación. Javier Laynez añadió que no habrá “expropiaciones de facto”, porque es más viable la ocupación superficial que comprar tierras que, después de 30 o 40 años, las empresas o el Estado no sabrán qué hacer con ellas, una vez que terminen de explotar un yacimiento de petróleo o de gas” (La Jornada, 24 de junio).

Nadie del actual Gobierno, ni de las fuerzas políticas o económicas que están a favor de la reforma energética ha hablado con tanta franqueza (o cinismo, según se vea) que el procurador fiscal.

En su declaración a los diputados deja ver la concepción que tienen los tecnócratas al mando del Estado acerca de la tierra y los recursos naturales: meras mercancías que hay que usar, ocupar, explotar, exprimir y desechar.

El argumento de Javier Laynez es impecable desde una lógica de acumulación por despojo: para qué expropiar tierras, es decir pactar y pagar por ellas, si al cabo de 30 o 40 años no se sabrá qué hacer con ellas.

Además de la concepción mercantilista, utilitarista de las tierras, el procurador social está dando por hecho que las tierras que se asignen para la explotación de los hidrocarburos tendrán daños y afectaciones ambientales severos, por eso “las empresas o el Estado no sabrán qué hacer con ellas”, una vez que terminen la explotación energética, según admitió.

Así de claro.

Tengo por cierto que estas palabras del procurador fiscal son más representativas de las intenciones que mueven la reforma energética y todas las demás, y no el discurso engañoso de Peña Nieto y otros gobernantes.

Por eso se agradece la sinceridad, pues de ese modo es más fácil saber a qué atenerse, como de por sí ya saben muchos pueblos y comunidades que ya resisten y se preparan para otro ciclo de resistencias ante los descarados despojos que se vienen.

Rubén Martín
JUN 28

Voltear a la minería Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Las leyes secundarias en materia energética que están discutiendo en este momento los senadores mexicanos han levantado múltiples cuestionamientos sobre los efectos perniciosos que las mismas tendrán en la sociedad mexicana.

Dicha legislación tiene tal alcance que, de aprobarse tal como quiere el Gobierno de Enrique Peña Nieto, tendrían múltiples impactos negativos, según se ha observado por legisladores, representantes de organizaciones campesinas, académicos, ciudadanos y colectivos especializados como la Alianza Mexicana Contra El Fracking.

Un aspecto relevante que se ha criticado en estas leyes es el marco legal preponderante que se le otorga a las actividades de explotación de hidrocarburos, gas o energía geotérmica. La preponderancia de esta actividad está garantizada por el Estado con la expropiación. Todo este andamiaje legal que seguramente se aprobará dada la correlación de fuerzas favorable al bloque privatizador en el Congreso de la Unión, está presuponiendo una ofensiva a las comunidades indígenas, ejidales y pequeña propiedad en manos de campesinos.

Pero el despojo no se intensificará ahora por estas leyes. Lamentablemente es una tendencia que ya ocurre desde hace al menos 25 años en el país.

Para entender lo que podría ocurrir luego con las leyes en materia energética, nos haría bien voltear a ver lo que ha ocurrido en la explotación minera contemporánea.

La Ley Minera es parte de la batería de legislaciones que reformó o expidió el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, entró en vigor hace 22 años (26 de junio de 1992) y contiene algunos artículos que ahora se han copiado para introducirlos a las leyes energéticas. Es el caso del artículo 6º de dicha ley que establece que la minería es una actividad de “utilidad pública” y por tanto tienen preferencia respecto a cualquier otra actividad. Con esto se garantizó que el Estado pudiera decretar la expropiación de terrenos para destinarlos a esta actividad, pasando por sobre el derecho de propiedad de las comunidades.

La actividad minera es un antecedente también para anticipar sus repercusiones y el saldo social. La actividad minera ha sido lesiva para miles de poblaciones donde se ha asentado, dado que ha dividido comunidades, ha despojado, ha contaminado y ha dejado apenas migajas a los pueblos y el país, pues es una actividad apenas gravada por el Estado. Una buena radiografía de las actividades mineras puede verse en el “Estudio de la minería en México. Un análisis con Canadá”, publicado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en noviembre pasado. Ahí se lee con claridad que las explotaciones mineras han sido lesivas especialmente para los pueblos indios, además de crear cientos de conflictos sociales por todo el país.

Pero la otra lección que deja la actividad minera es que hizo surgir cientos de resistencias de pueblos y comunidades que por todo el país se levantaron para proteger sus territorios y sus derechos, tan es así que ahora se puede constatar la existencia de un poderosos movimiento en defensa de pueblos, que existe en todo el país. A la hora de evaluar la actual reforma energética no está de más mirar lo que ha ocurrido con la minería.

Rubén Martín
JUN 21

Hidrocarburos, otro ciclo de despojo Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Es inminente la aprobación de la Ley de Hidrocarburos con la que el actual Gobierno del priista Enrique Peña Nieto concretará la privatización de esos recursos nacionales. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene la consigna de sacarla a como dé lugar, y para ello cuenta con el aval de Acción Nacional y otros partidos paraestatales. De nada valdrá si el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sigue o no en las discusiones legislativas.

Y a estas alturas es ocioso pedir que el debate se posponga para después de la celebración del Mundial de futbol.  En realidad la privatización de los hidrocarburos y de la industria energética nacional ya se decidió desde el año pasado al reformarse la Constitución Política del país. El daño ya está hecho.

Si el Gobierno de Peña Nieto, el PRI y el PAN ya tomaron la decisión de privatizar los recursos energéticos del país, y el resto de las industrias del petróleo, gasera, eléctrica, así como la distribución de sus productos, una vez que las inversiones privadas (buena parte extranjeras) estén operando en el país, será más difícil revertir las reformas constitucional y las leyes secundarias que amparan esta privatización.

Por lo pronto, la reforma constitucional y leyes como la de Hidrocarburos auguran otro ciclo más de despojo y violencia en contra de miles de pueblos y comunidades del país.

La Ley de Hidrocarburos plantea que la explotación de estos recursos son prioridad nacional, por encima de cualquier otra actividad productiva o social. Y para ello contempla la herramienta de las expropiaciones (Artículo 91), lo que implica que una vez detectado un territorio con recursos energéticos explotables, la vida de pueblos y comunidades asentados en ellos estarán en riesgo.

Aunque la Ley de Hidrocarburos obliga a la negociación y la justa compensación, debemos ver la experiencia de cómo ha operado la industria minera para darnos una idea de lo que se viene: promover la división de las comunidades con ofertas de dinero, compra de autoridades, compra de pobladores, corrupción, contratos engañosos y si todo esto falla, el hostigamiento hasta el asesinato y la desaparición física. Vienen tiempos aciagos de despojo y violencia para muchos pueblos.  Pero no son tiempos nuevos, lamentablemente.

La nueva oleada despojadora que vive México arrancó hace 30 años, desde que las políticas ultraliberales, privatizadoras, desreguladoras y favorables al capital privado se impusieron como políticas estatales.

El periodo actual de despojo se intensificó con la reforma al Artículo 27 constitucional, la firma al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y las decenas de leyes mexicanas que se modificaron para armonizarlas a las exigencias del libre mercado radical.

Las reformas “estructurales” que Peña Nieto está impulsando, entre ellas la Ley de Hidrocarburos, son hijas naturales del proyecto neoliberal.

Hasta ahora la política partidista e institucional ha mostrado una incapacidad para detener o revertir estas políticas que intensifican el despojo y la violencia contra los pueblos. La alternativa proviene de las resistencias directas que los pueblos afectados dan en cada caso y en frentes de resistencia que se están articulando en distintos estados.
 

Rubén Martín
JUN 14