El porfirismo regresa triunfante Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

“Las compañías petroleras se valieron de todo tipo de presiones para lograr concesiones de tierras en donde realizar las exploraciones. Por otra parte, disfrutaron de amplios privilegios otorgados por el gobierno —principalmente exención de impuestos—, que permitieron su rápido enriquecimiento”.

Este párrafo de un folleto sobre la expropiación petrolera editado por la UNAM en 1986, describe las condiciones de llegada de las compañías petroleras extranjeras para la explotación de los hidrocarburos del país hacia 1887.

Casi podría calcarse este párrafo para describir las condiciones que está ofreciendo el Gobierno de Enrique Peña Nieto para la actual privatización de los recursos energéticos mexicanos con las reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución y las leyes secundarias en la materia que en este momento están aprobando los senadores (del PRI, PAN y PVEM) y que próximamente aprobarán los diputados.

El 24 de diciembre de 1901, Porfirio Díaz expidió la Ley del Petróleo cuyo contenido no deja de sorprender con la semejanza que guarda con la Ley de Hidrocarburos aprobada por los senadores la noche del jueves 17 de julio.

La ley de 1901 y la ley de 2014 son fieles al mismo espíritu capitalista de poner por encima de todo el interés de los inversionistas y la explotación petrolera como actividad preponderante sobre cualquier otra actividad económica o deseos y derechos de los pueblos y comunidades que habitan los territorios susceptibles de contener hidrocarburos en el subsuelo. Véanse estos párrafos del Artículo 3º de la ley porfirista:

“V. Para el mismo establecimiento a que se refiere la fracción anterior, y cuando se trate de terrenos que sean de propiedad particular, los mismos concesionarios tendrán el derecho de expropiar a dichos particulares (…) VI. Las empresas tendrán, además, el derecho de establecer tuberías para conducir los productos de la explotación por los terrenos de propiedad particular que sean necesarios, a fin de facilitar su venta y siempre que no sea con el objeto de establecer un servicio en el cual dichos productos sean consumidos”.

Los conceptos de expropiación, servidumbre de paso, ocupación temporal de territorios para la explotación petrolera están contenidos ya en la ley porfirista y se repiten en la ley impulsada ahora por Peña Nieto.

Hablamos de cambios legales mayores que en la práctica regresan buena parte de la Constitución y leyes de diversos aspectos económicos y sociales a como estaban en el porfiriato, antes de la Revolución Mexicana.

Sin que se declarara como tal, el Congreso de la Unión del país está actuando en los hechos como un congreso constituyente. Las llamadas “reformas estructurales” impulsadas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y avaladas en las Cámaras de diputados y senadores están tomándose atribuciones que el mismo derecho liberal concede sólo a los constituyentes. Y lo están haciendo para asaltar el patrimonio nacional, actuando como un Robin Hood corporativo para expropiar territorios y derechos de pueblos para ponerlos al servicio de la acumulación de capital. Es el modelo de la acumulación por despojo en su máxima expresión. El porfiriato regresa triunfante, recargado, pero igual de soberbio y ciego como el anterior.

Rubén Martín
JUL 19

El Pentágono estudia a los movimientos sociales Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Es de sobra conocido que los gobiernos espían a sus ciudadanos, especialmente a quienes mantienen posiciones políticas disidentes o críticas del sistema. El alcance masivo que los programas de espionaje, en particular el de Estados Unidos, han alcanzado ahora con el despliegue de nuevas tecnologías ha llegado a niveles ni siquiera imaginados en la novela 1984 de George Orwell.

Pero los afanes de las agencias militares estadounidenses por anticipar y conocer a quienes considera enemigos potenciales o reales no sólo concentra información de modo masivo, ahora también lo hace de manera cualitativa con un programa especial del Departamento de Defensa dedicado exclusivamente al conocimiento de los movimientos sociales de todo el mundo.

El proyecto se llama Iniciativa Minerva y fue creado en 2008. No es un programa encubierto: explícitamente se informa que busca “Mejorar la capacidad del Departamento de Defensa para desarrollar investigación en ciencias sociales de vanguardia, relaciones exteriores y estudios interdisciplinarios”.

Para ello, la “Iniciativa Minerva reúne a universidades, instituciones de investigación y académicos en lo individual y apoya proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales que abordan áreas temáticas específicas determinadas por el Secretario de Defensa” (aquí se puede consultar el sitio internet de este proyecto: http://minerva.dtic.mil/index.html) .

El Departamento de Defensa ha destinado 92.8 millones de dólares (más de 1,100 millones de pesos) desde 2008; para el presente año se invertirán 17.8 millones de dólares, según publicó Nafeez Ahmed, especialista en temas de seguridad internacional del diario británico The Guardian.

Uno de los estudios en curso para este año fue encargado a la Universidad de Cornell; es un análisis sobre las dinámicas de lo movimientos sociales y sus formas de “contagio”. Mediante esta investigación pretenden conocer cómo las movilizaciones individuales se tornan contagiosas y luego cómo esto se convierte en una movilización masiva. En este estudio, que está a cargo del doctor Benjamin Knott, un oficial de la fuerza aérea estadounidense y científico social, se estudiarán las movilizaciones de Egipto de 2011, la movilización de la oposición rusa que alegó fraude en las elecciones para la Duma ese mismo año; una protesta en Nigeria por el subsidio al combustible en 2012 y la movilización del parque Gezy en Estambul, en 2013.

Otro proyecto en curso se lleva a cabo con investigadores de las universidades de Washington y Harvard y en este se pretende comprender el origen, características e implicaciones de los movimientos políticos de masas. El sitio de la Iniciativa Minerva informa que se estudiará a más de mil activistas con actividad permanente, que participan investigadores de 23 países con la pretensión de extenderlo a 58 naciones. En este estudio se pretende tener un mapeo de los movimientos sociales a través del tiempo y el espacio mediante un modelo de análisis que incluye 216 variables. Basta mirar el resumen de las investigaciones que la Iniciativa Minerva ha financiado desde 2008 para concluir que ahora el gobierno de Estados Unidos tiene la mayor base de datos sobre movimientos sociales en el mundo.

Sin embargo la astucia de las resistencias sociales siempre va por delante de las iniciativas del poder para controlar, para dominar. Esta vez no será la excepción.
 

Rubén Martín
JUL 12

El edificio de la FEG y las épocas oscuras Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El edificio que fuera sede de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) ya no existe más. El Gobierno del Estado tomó la decisión de demolerlo para dar paso a la construcción de un parque público.

Pero la demolición del edificio de la FEG está muy lejos de dar por concluida “una época oscura en la vida política de Jalisco”, y significar el inicio de una nueva era, como dijo el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz.

No es así, pues equivale a confundir a las instituciones y organizaciones con sus oficinas. Es como pretender deshacerse del Gobierno demoliendo los edificios que los albergan.

La FEG nació en 1948 en sustitución del Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente (FESO). El relevo de la organización de los estudiantes se dio en sintonía con el giro de políticas de los gobiernos federales. El FESO nació en el contexto del cardenismo y la FEG con presidentes y gobernadores más de corte conservador. Pero ya fueran de corte cardenista o más conservador, las organizaciones estudiantiles tenían el mismo fin: la organización y el control de los estudiantes dentro del sistema corporativo que soportaba el sistema autoritario priista.

El edificio sede de la FEG desde 1971 fue un regalo del Gobierno federal a esta organización por los servicios prestados durante el movimiento estudiantil de 1968. La FEG reprimió a estudiantes de la UdeG que quisieron vincularse con el movimiento nacional, al tiempo que se convirtió en la principal organización estudiantil en apoyo al Gobierno represor de Gustavo Díaz Ordaz. Justo en el tiempo que se abría su nuevo edificio, la FEG perseguía, golpeaba e incluso asesinaba a los estudiantes que disentían de su control y que buscaban la democracia al seno de la UdeG.

Y aunque al paso de los años los dirigentes fegistas pretendieron moderar o erradicar el “pistolerismo práctico para presumir un socialismo teórico” (como describió Héctor Aguilar Camín) en los hechos siempre se impuso un control antidemocrático sobre los estudiantes de la UdeG.

Al final la “modernización” del control estudiantil se concretó por una ruptura en el grupo que controlaba la UdeG. En el enfrentamiento de la FEG con el entonces rector Raúl Padilla López en 1989, ganó este último. En 1991 nace la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Al final, el hallazgo criminal de cinco cuerpos encontrados en el terreno de la FEG, en diciembre de 2011, terminaron por enterrar lo que quedaba de la disminuida organización.

Por “época oscura” de la FEG se entiende, creo yo, no sólo el pistolerismo práctico sino las formas antidemocráticas de control tanto de la organización estudiantil como de la propia UdeG y más allá, pues la FEG formó a muchos cuadros que aún ahora tienen peso y decisión al interior del actual partido gobernante.  

Falta además recuperar la memoria completa de las personas a las que miembros de la FEG golpearon y asesinaron. De modo que pasar de una época política oscura a otra nueva consiste en algo más que demoler un edificio.

Rubén Martín
JUL 5

Se agradece la sinceridad Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

La reestructuración del régimen legal mexicano para facilitar las inversiones privadas en sectores que antes estuvieron vedadas por mandato constitucional, están siendo justificadas de manera engañosa por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Nos dicen que estos cambios constitucionales son para mover a México, para sacarlo de una inercia y que ahora sí con las distintas reformas (laboral, educativa, energética, telecomunicaciones, etcétera) ahora sí llegará el progreso y los beneficios para los mexicanos. Puro engaño, como ya ha ocurrido con anteriores reformas. Ya sabemos que el discurso público de las clases gobernantes es uno y el discurso privado es otro.

Por eso se agradece cuando un gobernante se atreve a decir en público lo que realmente se platica y se planea en privado. Eso es lo que, a mi entender, hizo el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, en una reunión que sostuvo con los legisladores federales el lunes 23 de

junio.

Javier Laynez dijo a los diputados “que no es el objetivo” expropiar las tierras en las zonas donde se prevén asignar contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, sino que sólo se rentarán a sus propietarios mediante la figura de contratos de ocupación. Javier Laynez añadió que no habrá “expropiaciones de facto”, porque es más viable la ocupación superficial que comprar tierras que, después de 30 o 40 años, las empresas o el Estado no sabrán qué hacer con ellas, una vez que terminen de explotar un yacimiento de petróleo o de gas” (La Jornada, 24 de junio).

Nadie del actual Gobierno, ni de las fuerzas políticas o económicas que están a favor de la reforma energética ha hablado con tanta franqueza (o cinismo, según se vea) que el procurador fiscal.

En su declaración a los diputados deja ver la concepción que tienen los tecnócratas al mando del Estado acerca de la tierra y los recursos naturales: meras mercancías que hay que usar, ocupar, explotar, exprimir y desechar.

El argumento de Javier Laynez es impecable desde una lógica de acumulación por despojo: para qué expropiar tierras, es decir pactar y pagar por ellas, si al cabo de 30 o 40 años no se sabrá qué hacer con ellas.

Además de la concepción mercantilista, utilitarista de las tierras, el procurador social está dando por hecho que las tierras que se asignen para la explotación de los hidrocarburos tendrán daños y afectaciones ambientales severos, por eso “las empresas o el Estado no sabrán qué hacer con ellas”, una vez que terminen la explotación energética, según admitió.

Así de claro.

Tengo por cierto que estas palabras del procurador fiscal son más representativas de las intenciones que mueven la reforma energética y todas las demás, y no el discurso engañoso de Peña Nieto y otros gobernantes.

Por eso se agradece la sinceridad, pues de ese modo es más fácil saber a qué atenerse, como de por sí ya saben muchos pueblos y comunidades que ya resisten y se preparan para otro ciclo de resistencias ante los descarados despojos que se vienen.

Rubén Martín
JUN 28

Voltear a la minería Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Las leyes secundarias en materia energética que están discutiendo en este momento los senadores mexicanos han levantado múltiples cuestionamientos sobre los efectos perniciosos que las mismas tendrán en la sociedad mexicana.

Dicha legislación tiene tal alcance que, de aprobarse tal como quiere el Gobierno de Enrique Peña Nieto, tendrían múltiples impactos negativos, según se ha observado por legisladores, representantes de organizaciones campesinas, académicos, ciudadanos y colectivos especializados como la Alianza Mexicana Contra El Fracking.

Un aspecto relevante que se ha criticado en estas leyes es el marco legal preponderante que se le otorga a las actividades de explotación de hidrocarburos, gas o energía geotérmica. La preponderancia de esta actividad está garantizada por el Estado con la expropiación. Todo este andamiaje legal que seguramente se aprobará dada la correlación de fuerzas favorable al bloque privatizador en el Congreso de la Unión, está presuponiendo una ofensiva a las comunidades indígenas, ejidales y pequeña propiedad en manos de campesinos.

Pero el despojo no se intensificará ahora por estas leyes. Lamentablemente es una tendencia que ya ocurre desde hace al menos 25 años en el país.

Para entender lo que podría ocurrir luego con las leyes en materia energética, nos haría bien voltear a ver lo que ha ocurrido en la explotación minera contemporánea.

La Ley Minera es parte de la batería de legislaciones que reformó o expidió el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, entró en vigor hace 22 años (26 de junio de 1992) y contiene algunos artículos que ahora se han copiado para introducirlos a las leyes energéticas. Es el caso del artículo 6º de dicha ley que establece que la minería es una actividad de “utilidad pública” y por tanto tienen preferencia respecto a cualquier otra actividad. Con esto se garantizó que el Estado pudiera decretar la expropiación de terrenos para destinarlos a esta actividad, pasando por sobre el derecho de propiedad de las comunidades.

La actividad minera es un antecedente también para anticipar sus repercusiones y el saldo social. La actividad minera ha sido lesiva para miles de poblaciones donde se ha asentado, dado que ha dividido comunidades, ha despojado, ha contaminado y ha dejado apenas migajas a los pueblos y el país, pues es una actividad apenas gravada por el Estado. Una buena radiografía de las actividades mineras puede verse en el “Estudio de la minería en México. Un análisis con Canadá”, publicado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en noviembre pasado. Ahí se lee con claridad que las explotaciones mineras han sido lesivas especialmente para los pueblos indios, además de crear cientos de conflictos sociales por todo el país.

Pero la otra lección que deja la actividad minera es que hizo surgir cientos de resistencias de pueblos y comunidades que por todo el país se levantaron para proteger sus territorios y sus derechos, tan es así que ahora se puede constatar la existencia de un poderosos movimiento en defensa de pueblos, que existe en todo el país. A la hora de evaluar la actual reforma energética no está de más mirar lo que ha ocurrido con la minería.

Rubén Martín
JUN 21

Hidrocarburos, otro ciclo de despojo Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Es inminente la aprobación de la Ley de Hidrocarburos con la que el actual Gobierno del priista Enrique Peña Nieto concretará la privatización de esos recursos nacionales. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene la consigna de sacarla a como dé lugar, y para ello cuenta con el aval de Acción Nacional y otros partidos paraestatales. De nada valdrá si el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sigue o no en las discusiones legislativas.

Y a estas alturas es ocioso pedir que el debate se posponga para después de la celebración del Mundial de futbol.  En realidad la privatización de los hidrocarburos y de la industria energética nacional ya se decidió desde el año pasado al reformarse la Constitución Política del país. El daño ya está hecho.

Si el Gobierno de Peña Nieto, el PRI y el PAN ya tomaron la decisión de privatizar los recursos energéticos del país, y el resto de las industrias del petróleo, gasera, eléctrica, así como la distribución de sus productos, una vez que las inversiones privadas (buena parte extranjeras) estén operando en el país, será más difícil revertir las reformas constitucional y las leyes secundarias que amparan esta privatización.

Por lo pronto, la reforma constitucional y leyes como la de Hidrocarburos auguran otro ciclo más de despojo y violencia en contra de miles de pueblos y comunidades del país.

La Ley de Hidrocarburos plantea que la explotación de estos recursos son prioridad nacional, por encima de cualquier otra actividad productiva o social. Y para ello contempla la herramienta de las expropiaciones (Artículo 91), lo que implica que una vez detectado un territorio con recursos energéticos explotables, la vida de pueblos y comunidades asentados en ellos estarán en riesgo.

Aunque la Ley de Hidrocarburos obliga a la negociación y la justa compensación, debemos ver la experiencia de cómo ha operado la industria minera para darnos una idea de lo que se viene: promover la división de las comunidades con ofertas de dinero, compra de autoridades, compra de pobladores, corrupción, contratos engañosos y si todo esto falla, el hostigamiento hasta el asesinato y la desaparición física. Vienen tiempos aciagos de despojo y violencia para muchos pueblos.  Pero no son tiempos nuevos, lamentablemente.

La nueva oleada despojadora que vive México arrancó hace 30 años, desde que las políticas ultraliberales, privatizadoras, desreguladoras y favorables al capital privado se impusieron como políticas estatales.

El periodo actual de despojo se intensificó con la reforma al Artículo 27 constitucional, la firma al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y las decenas de leyes mexicanas que se modificaron para armonizarlas a las exigencias del libre mercado radical.

Las reformas “estructurales” que Peña Nieto está impulsando, entre ellas la Ley de Hidrocarburos, son hijas naturales del proyecto neoliberal.

Hasta ahora la política partidista e institucional ha mostrado una incapacidad para detener o revertir estas políticas que intensifican el despojo y la violencia contra los pueblos. La alternativa proviene de las resistencias directas que los pueblos afectados dan en cada caso y en frentes de resistencia que se están articulando en distintos estados.
 

Rubén Martín
JUN 14

El Zapotillo y la guerra del agua Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El conflicto social que existe detrás de la construcción de la presa El Zapotillo tiene un componente importante que es la disputa por recursos esenciales, en este caso el agua.

Aunque en la historia de la geopolítica la disputa por los recursos no es algo nuevo, hace unas tres décadas que especialistas hablan de una intensificación de los conflictos por recursos y bienes estratégicos. Michal T. Klare, en su libro Guerras por Recursos. El futuro escenario del conflicto global (Barcelona, Urano Tendencias, 2001), escribió al arrancar el siglo que la seguridad mundial se tornaría conflictiva por la disputa de petróleo, minerales, maderas, gas natural y agua. A esto habría que añadir recientemente la disputa por tierras de sembradío que se ha intensificado por las espectaculares compras que China está haciendo en varias partes del mundo. Apenas en diciembre pasado se anunció que China compró tres millones de hectáreas a Ucrania, 5% de las tierras cultivables de ese país.

Pero los conflictos por los recursos esenciales no se dan únicamente entre naciones, sino al interior de éstas como se puede apreciar ahora en el caso de la presa El Zapotillo.

Además del aspecto crucial de este conflicto que es riesgo de desplazamiento que corren las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ahora se está agudizando un tono chovinista en las declaraciones de los mandatarios de Guanajuato y Jalisco, cada uno defendiendo supuestos derechos de sus poblaciones y territorios. Por el tono de sus airadas declaraciones, tanto del guanajuatense Miguel Márquez Márquez y del jalisciense Aristóteles Sandoval Díaz, ya nada más falta que se declaren la guerra del agua entre ambas entidades.

Pero la defensa de supuestos derechos estatales no es la solución; el chovinismo siempre ha sido una postura que, bajo la cubierta de los derechos locales frente a lo foráneo, defiende los intereses de los grupos de poder.

No nos engañemos. Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato no están defendiendo a sus poblaciones sino a los fuertes intereses privados que hay detrás de este trasvase de agua de la cuenca del Río Verde al distrito industrial guanajuatense.

No se trata de hacer una defensa de los pobladores de Temacapulín en oposición con los habitantes de León. Los leoneses y los habitantes de Temaca son aliados en la defensa su derecho al agua y al territorio, frente a los intereses privados-empresariales que está detrás de la presa El Zapotillo.

El tema que une a los temacapulineses y leoneses es el derecho fundamental que los mexicanos tenemos al agua, por encima de cualquier otro interés, y en el caso de la presa El Zapotillo, se pretende asegurar abasto de agua para intereses empresariales y de constructoras, desplazando poblaciones y arrebatando agua a las poblaciones alteñas en beneficio de actividades privadas orientadas a la obtención de lucro privado. De modo que sí hay un conflicto no es entre León y Temaca, sino entre los intereses privados y el interés general para conservar como común un bien esencial como es el agua.

Rubén Martín
JUN 7

El 28 de mayo y la inocencia de Daniel Vázquez Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

Daniel Vázquez recuerda esos momentos con todos los lugares comunes, todos ciertos. “Estaba en shock”, “creí que era una confusión”, hasta llegar a pensar, “esto es un sueño, una pesadilla”. Daniel Vázquez fue llevado a la policía de Guadalajara. En la azotea un policía judicial lo amenazó con una pistola para que se declarara culpable: de organizar la protesta, de golpear policías, de asaltar un banco. Él trataba de explicar su inocencia escribiendo en una hoja. Nada valió. El sábado 29 fue llevado a oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado en la calle 14, donde fue torturado junto a otros detenidos el 28 de mayo. Horas y horas hincado, con los pies cruzados. Los policías se subieron a sus pantorrillas, lo cachetearon, lo insultaron, lo amenazaron de ir tras su hermana y hacer daño a su familia. Daniel Vázquez nunca firmó la confesión falta que lo incriminaba. Cuál debido proceso. Al día siguiente fue ingresado al reclusorio preventivo y más tarde, a la penal de Puente Grande. Pasó un año en la cárcel y otros siete años de su vida fue a firmar a la penal por delitos que nunca cometió.

A Daniel Vázquez, como a decenas de detenidos injustamente en aquella ocasión, la vida le cambió. No fue por estar en el momento inadecuado. Su vida cambio por decisiones arbitrarias y represivas de gobernantes como Francisco Ramírez Acuña (gobernador), Emilio González Márquez (alcalde), César Octavio Solís Gómez (procurador), Luis Carlos Nájera (jefe de la policía tapatía). En lugar de ser responsabilizados y juzgados por las arbitrariedades cometidas, el sistema político los premio con otros cargos políticos.

A 10 años de la represión del 28 de mayo, sigue la impunidad, pero también la exigencia de justicia. Daniel Vázquez es inocente; el sistema penal jalisciense debe admitir sus pruebas y exonerarlo, y a la vez, debe castigar a los responsables de cometer uno de los hechos represivos más reprobables de la historia de Jalisco.

Rubén Martín
MAY 31

Siete años de periodismo a pie Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

La era de violencia extrema y absurda que vivimos los mexicanos en años recientes, no comenzó en 2007, pero entonces se hizo evidente que algo nuevo, algo macabro y grave se hacía presente en el país.

Ese año marca el inicio de la narrativa presidencial que exaltó la guerra supuestamente en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada, pero que se convirtió en una guerra en contra millones de mexicanos, especialmente los más vulnerables: pobres, niños, mujeres, migrantes, madres, jóvenes sin futuro. Los asesinatos violentos, los cuerpos mutilados o enterrados en fosas, los desaparecidos no nacieron hace siete años, pero se intensificaron de modo notable. Los noticieros en los medios comerciales se empezaron a llenar de notas “policiacas”, de asesinatos, de cuerpos encontrados en fosas, de acribillados. Eran “presuntos delincuentes”.

La mayoría de la prensa mexicana empezó a comprar sin cuestionar el discurso de Felipe Calderón de que la mayoría de las bajas eran producto de la guerra contra las drogas. La prensa comercial actuando, otra vez, como propagandizador del poder, no en su contrapunto.

Las “bajas” empezaron a contabilizarse, a convertirse en fría cifra. Pero detrás de esa cobertura que parecía hacer apología de la guerra contra el narcotráfico y que entronizó en el conteo de muertos, se ocultaban las terribles historias de los levantados, de los descabezados, de la multiplicación de las fosas, de las detenciones arbitrarias, de personas asesinadas por soldados, marinos o policías en acciones fuera de legalidad y debido proceso. Detrás de los números había personas, había rostros, nombres y familias. La película Heli, de Amat Escalante, es el retrato filmográfico de estas historias. El dolor, el drama y la rabia de las familias que empezaron a desmembrarse tenía necesidad de ser contado.

Así nace Periodistas de a Pie, del deseo de volver a hacer un reporteo de calle, de recoger y contar las historias que la guerra contra el narcotráfico producía día a día pero que no se contaban en la mayoría de medios. Periodistas de a Pie, se propuso recoger estas historias con las armas sencillas y poderosas que ofrece el reportero: preguntar, investigar, analizar, recoger testimonios, narrarlos.

Del tesón, arrojo y destrezas de un conjunto de periodistas mexicanos como Marcela Turati, Daniela Pastrana, Daniel Rea, Elia Baltazar y Alberto Najar, se combatió la narrativa de la muerte y casi apología de la violencia de la guerra contra las drogas de Calderón.

Periodistas de a Pie contribuyó a hacer visible el esfuerzo que otros periodistas de distintos rincones del país que caminaban al mismo tiempo y las mismas preocupaciones, como los reporteros de Ciudad Juárez, de Chihuahua, Tamaulipas, La Laguna, Chiapas y Veracruz. Muchas de esas historias de violencia que se cuentan desde los estados, lamentablemente, son casos de muerte en contra de otros colegas.

Periodistas de a Pie cumplió siete años y el festejó sirvió convocar a trabajadores de medios de México y América Latina para reflexionar sobre los próximos retos, y compartir experiencias, por fortuna, algunas de llenas esperanzadoras. Siete años de periodismo de a pie, contribuyó a contar otra historia de la violencia que aqueja a México.

Rubén Martín
MAY 24

Salvar al Corona, salvar a los mercados Por Rubén Martín rubenmartinmartin@gmail.com

El incendio en el Mercado Corona, ubicado en el corazón de Guadalajara, es una tragedia. Es una tragedia para sus 700 locatarios establecidos y semifijos y los miles de personas que ganan sus ingresos al trabajar en ese espacio.

Es una tragedia para quienes desde hace décadas sostienen uno de los mejores mercados de flores de la ciudad; para quienes preparan y venden rica y variada comida, diversidad de tacos (pollo, vapor, pastor), verduras, frutas, miel, bolsas, radios, paraguas, etcétera.

Como suele ocurrir, la tragedia del Corona sacó a la luz pública el tema más general de la situación de los mercados municipales públicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
De pronto nos enteramos de que hace semanas, meses y años que distintas voces vienen denunciando que los mercados públicos se están dejando caer, que los gobiernos municipales no los atienden.

En la zona metropolitana existen aproximadamente 136 mercados públicos (92 en Guadalajara, 15 en Zapopan, 15 en Tlaquepaque y 14 en Tonalá). El número de locatarios es variado. El mayor de todos es el Mercado Libertad o San Juan de Dios, con más de tres mil 500 comerciantes, seguido de los mercados de Abastos y Felipe Ángeles, que son centros regionales de abasto de frutas y verduras y de todos los ingredientes que pasan por las mesas y alacenas de los tapatíos.

Los mercados municipales no solo son centros de comercialización, como dice James C. Scott de los pequeños comercios; la actividad diaria que ocurre en los mercados produce no sólo transacciones económicas, sino también servicios sociales que se tejen de la relación cotidiana y no pocas veces atenta y solidaria entre comerciantes y clientes. Un empleado de piso o cajera de Walmart no va a dar la atención que ofrecen el frutero, el cremero, el dulcero o la fondista de un mercado municipal. Más allá de la función social, los mercados son el espacio de reproducción económica para cientos de miles de habitantes de la zona metropolitana.

Pero, en consonancia con las políticas generales ultraliberales, los gobiernos municipales de las últimas décadas han abandonado los mercados públicos. Apenas invierten una ínfima parte en su mantenimiento, en comparación con la recaudación que llega por el pago de plaza de los locales. En Guadalajara el año pasado se recaudaron cerca de 50 millones de pesos (MDP) y el Ayuntamiento apenas invirtió 1.7 mdp en mantenimiento.

Parece que se quiere dejar en el abandono a los mercados para justificar la entrada de inversionistas particulares y privatizarlos, como se muestra en el caso del Mercado Juárez de Tlaquepaque. Y los intereses privados ya salieron a relucir en el proyecto de reconstrucción del Mercado Corona. Sería una pésima decisión entregar los mercados a la iniciativa privada, pues afectaría a decenas de miles de familias que viven de esta actividad. Los mercados públicos deben seguir siendo espacios comunes. Pero, para que esto sea posible, los locatarios deben protegerse de la penetración de los intereses privados, de la mano de algunos gobernantes. Se debe salvar al Corona, y a todos los mercados de las intenciones privatizadoras.

Rubén Martín
MAY 10