Tratándose del Pacto por México lo que tiende a ponderarse son sus resultados positivos y poco o nada se ha reflexionado sobre dos de sus principales efectos adversos deseados o indeseados: 1.- la desinstitucionalización; y 2.-  el centralismo.

Lo primero ya fue denunciado con otras palabras por los líderes senatoriales del PAN y del PRD. De lo segundo, nadie se ha dado cuenta o nadie dice nada.

Resulta muy arriesgado que en momentos en los que los Congresos  atraviesan por sus más bajos niveles de confianza y credibilidad, se abone a ello exhibiéndolos como ineficientes o hasta innecesarios, pues los pactos y acuerdos entre líderes políticos partidarios (por los que la ciudadanía no votó) son más eficaces y se sobreponen a los “ineficientes” órganos gubernativos o representativos del Estado mexicano.    

Los Pactos son productos típicos de sociedades tradicionales o en proceso de modernización, que están en transición a la democracia o en proceso de redemocratización, mas no de democracias consolidadas. Vamos, los tres líderes partidarios del Pacto por México con mucho recuerdan al Triunvirato que existió en nuestro país a fines de 1823 y combatió las primeras expresiones federalistas,  o al Supremo Poder Conservador de Sana Ana que arremetió contra los liberales y el federalismo.  

Ciertamente, al final todos los acuerdos y propuestas que surjan del Pacto tendrán que llegar al Congreso. El problema es  que lo que llega ahí no surge de ahí. Así,  el Congreso de la Unión (y los Congresos locales cuando se trata de reformas constitucionales) parecen más Oficialía de Partes o instancia convalidadora que  Asamblea deliberante y legisladora.  

Junto a lo anterior, existen fundadas razones para  asegurar que el federalismo es el eslabón perdido del Pacto por México. Baste tan sólo mencionar que la palabra federal aparece 13 veces y siempre referida a los poderes o derechos de ese orden de gobierno o del Distrito Federal y  federalismo solo se menciona una vez y para aludir a asuntos tributarios o recaudatorios de los estados y municipios.   

Existe la peligrosa y peregrina idea —propia de la Revolución francesa— de que para democratizar hay que centralizar. Por eso proponen desaparecer al IFE y a los organismos electorales locales, pues sólo así a estos últimos se les puede mantener a salvo de los “antidemocráticos” y “sátrapas” de los gobernadores.

Claro, lo que no dicen es que ahora las autoridades electorales deberán depender de los partidos políticos (no de la ciudadanía), y en especial de los del triunvirato. A eso súmesele la gendarmería nacional que iniciará en agosto y que es una institución típica de los Estados centralistas o unitarios, no de los federales.

Con esa visión, y ya encarrerados en la lógica de “tirar al niño con todo y la tina del agua sucia”, ya nomás falta que propongan la desaparición de los Estados, para así someter mejor a los “tiranos locales”.

La paradoja de todo esto es que mientras los Estados Unitarios introducen políticas en favor de la descentralización, la República Federal de México da pasos firmes y agigantados en pos de la centralización.
 

Así como somos muy dados a confundir Congreso con Parlamento, elecciones concurrentes con elecciones simultáneas, y ayuntamiento con municipio, existe también otra confusión muy extendida y con efectos más perniciosos que las anteriores: la que se presenta  entre política y grilla. En esta última, lo grave no sólo es que no se capten las diferencias de significado entre ambos vocablos sino que el último subsuma al primero.

Lamentablemente, hemos estado habituados a entender por política lo específico de la grilla y que el Diccionario del Español Usual en México, define así: “Ambiente de murmuración, chismes y calumnias que se produce en círculos políticos, sindicales, empresariales, etcétera, debido al intento de varios de sus participantes de sacar ventajas personales y obstaculizar a sus rivales”.

La política, en cambio, es el arte para la construcción de consensos en torno a proyectos de largo alcance y de beneficio colectivo que se debaten en público. Los arreglos “en lo oscurito” o a los acuerdos “en corto” es lo propio de la grilla, no de la política.

Lo malo es que en nuestro país sobran los grillos, escasean los políticos, y los estadistas se dan de cada en cuando. Existen ocasiones en que las circunstancias exigen de políticos y no de grillos y pareciera como que si nadie se diera cuenta de ello.

La política, lo primero que requiere son proyectos. Luego capacidad dialógica para plantearlos, discutirlos y defenderlos. De esto surge un liderazgo para conducir el haz de voluntades construido en torno a lo que generó consensos. La grilla no ve esto porque para quienes la practican lo importante no es la proyección política sino la “operación política”.

No entender esto es como tratar de construir un edificio sin proyecto o dejándoselo a los albañiles y “maistros” (grillos), sin considerar los arquitectos ni los ingenieros estructuristas (políticos). Si sólo se recurre a los primeros lo que se logre construir se cae, o lo que se dejara a la posteridad  será un adefesio más no un edificio. Lo mismo pasa en el campo de la política.

Siendo la política una actividad de suma importancia, no debe estar sólo en manos de los políticos. No obstante, en esta actividad  —al igual que en las obras de ingeniería civil— existen quienes las diseñan, quienes las supervisan y quienes las ejecutan. En la política el diseño y conducción de la obra debe estar en los políticos y no en los grillos.

Sin duda, en política una de las obras de mayor complejidad para su construcción es lograr un pacto o acuerdo entre distintas fuerzas y actores políticos. Para su solidez, lo primero que se requiere son ideas, proyectos y propuestas; después negociación política.

Si se inicia con la negociación, y de ella se desprenden los acuerdos, se pierde el liderazgo y el remedio puede resultar peor que la enfermedad.

Hace ya más de un siglo el gran pensador alemán Max Weber alertaba sobre los peligros de que en el mundo moderno prevaleciera la administración sobre la política.

En el México de nuestros días deberíamos reflexionar sobre los riesgos de que los grillos sean los que dirijan la política.     
 

El Pacto por México no es el primero que se hace en nuestro país, y el de La Moncloa no es el único antecedente que existe a nivel internacional. Respecto a lo primero recuérdense los pactos que para la estabilidad o el crecimiento económico se firmaron durante los gobiernos de López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Por lo que toca a lo segundo, ahí está el Pacto del Chinchulín en Uruguay en 1931; el de Punto Fijo en Venezuela y el del Frente Nacional en Colombia, ambos de 1958; y —posterior al de La Moncloa de 1977— el del Club Naval en Uruguay de 1984.

No es objeto del presente artículo entrar al análisis de cada uno de esos pactos. Baste lo anterior sólo para afirmar que en ocasiones los pactos han sido para asegurar o reimplantar la democracia (como el de Punto Fijo, el de La Moncloa y el del Club Naval), y en otras han servido para que dos fuerzas se repartan y alternen en el poder (como el del Chinchulín y el del Frente Nacional). Así entonces, no todos los pactos por ser pactos son pro democráticos: debe tenerse cuidado.

Recientemente en nuestro Estado se está discutiendo la viabilidad y contenido de un pacto o acuerdo por Jalisco. En ese contexto, una  de las fuerzas políticas representada en el Congreso ha propuesto el “voto de confianza” o moción de censura para que el  Legislativo tenga la facultad de destituir a los secretarios del Ejecutivo, porque —según se ha dicho—  así ocurre en los sistemas parlamentarios; y, en nuestro caso, eso generaría “equilibrios y contrapesos” entre los poderes.

Es lamentable que no se entienda que Congreso y Parlamento no son sinónimos. El primero es el Poder Legislativo de un sistema presidencial de gobierno con poderes separados, que tiene una duración fija correspondiente al período de una legislatura y en el que no está permitida la doble pertenencia de sus miembros al Legislativo y al Ejecutivo. El segundo, en cambio, es el único órgano soberano electo por voto popular; no tiene un período fijo de duración como la Legislatura, y sus miembros pueden también ser ministros del Gobierno, y por eso justamente los pueden destituir, pues son sus pares. No entender esto es como confundir a un presidente con un rey o a un primer ministro con un secretario de Gobernación o ministro del Interior. Así de simple.

Ahora bien, no se trata tampoco de ser puristas, pero sí equilibrados y justos: si se propone la facultad de destitución por el Congreso de los secretarios del Ejecutivo, entonces también debe plantearse la facultad de éste para pronunciar la disolución de la Legislatura:  cuando  le destituya dos gabinetes  (tal y como ocurre actualmente en Perú); si una destitución es pronunciada por menos de los dos tercios de miembros del Poder Legislativo (Uruguay); o bien, por obstrucción al Plan de Desarrollo (Ecuador).

Si de lo que se pretende es parlamentarizar al presidencialismo, deben contemplarse también los contrapesos que en ese sistema de gobierno tiene el primer ministro para acotar o controlar al Parlamento.

El jueves pasado la Cámara de Senadores designó — de entre las ternas que con anterioridad envió el Presidente de la República— a los integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), mismos que el próximo día 30 habrán de rendir protesta. Coincidentemente, ese mismo día vence el plazo para que la Cámara de Diputados elija al Consejero Electoral para cubrir la vacante del Consejo General del IFE, y todo parece indicar que no se podrán lograr los votos suficientes de los diputados para tal cometido.

Ante tal circunstancia, la pregunta obligada es: ¿Por qué en un caso sin mayores problemas se logra un consenso amplio, y en el otro ni siquiera existe acuerdo respecto a los elegibles?

La respuesta es: porque quienes intervienen en el diseño de las ternas son diferentes y porque la selección de los elegibles es con criterios distintos. Veamos: en el INEE, el Presidente de la República envía una terna por cada una de las vacantes, y de entre éstas, el Senado designa. En el caso del IFE, los grupos parlamentarios (léase partidos políticos) proponen al pleno de la Cámara de Diputados al que se deba elegir.

La diferencia en ambos casos tiene que ver con el rol que juega el Presidente: en el primero su intervención es Constitucional, mientras que en el segundo es nicodémica, a través de los diputados de su partido.

Curiosamente, también el jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó las reformas Constitucionales para crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y la Comisión Federal de Competencia Económica.

¿Y sabe usted, amable lector, cuál es el procedimiento para la elección de sus integrantes? Va: 1.-, se crea un Comité  de Evaluación, conformado por la UNAM y los demás organismos Constitucionales autónomos (OCA), para garantizar perfiles técnicos y no políticos; 2.- el Comité enviará al Ejecutivo una lista de un mínimo de tres y un máximo de cinco prospectos para cubrir cada vacante; 3.-el Ejecutivo seleccionara de entre ellos a quién propondrá al Senado para cada vacante, mismo que deberá ser ratificado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes; 4.-en caso de que el Senado rechace al propuesto por el Ejecutivo, éste someterá una nueva propuesta de entre los seleccionados por el Comité de Evaluación; 6.- en caso de que se rechacen sus sucesivas propuestas, el Ejecutivo designará en forma directa al último que le quede de entre los propuestos por el Comité de Evaluación.

No se requiere mucho esfuerzo para darnos cuenta que el mecanismo de elección de los consejeros del IFE (y de la mayoría de los organismos electorales de los estados) es obsoleta e hipócrita: data de 1996 y quiere a toda costa evitar la intervención del Ejecutivo cuando  los partidos lo han convertido en un botín político.

Si el IFE es un OCA nada debe tener de malo que en la elección de los Consejeros Electorales intervenga el Jefe del Estado, para evitar así que lo haga de manera subrepticia.

O bien, ¿por qué estos mismos legisladores  no establecen un procedimiento similar al que se aplica en IFETEL, para la elección de los consejeros electorales?
 

El tema del transporte urbano en Guadalajara es un asunto que por tradición se ha politizado. En los años setenta del siglo pasado, ese aspecto de nuestra vida cotidiana ya era asunto (o botín) político. ¿Quién no recuerda las grandes manifestaciones que organizaba la entonces “popular, democrática y revolucionaria” Federación de Estudiantes de Guadalajara, contra cada intentona de alza al precio del pasaje? Hasta un “Frente Democrático de Lucha Popular” se constituyó para esos efectos.

En esa época, el transporte público no sólo era medio de transporte, sino que además espacio de socialización: el sección 10, el Sección 1 (que se distinguía por tener unos autobuses chatos, gringos, viejitos, pero de lujo), el Centro-Colonias, o el Circunvalación, eran rutas que se disfrutaban y daba gusto subirse a ellas (en esa época, subirse a un camión y dar un circuito completo era un paseo dominical que algunos practicamos): entre semana, ¡qué secretarias y empleadas bancarias lo abordaban¡; los camiones olían bonito. Hasta eran espacio para “el ligue”. ¿Cuántos noviazgos o historias de amor  no se construyeron en un camión de pasajeros de Guadalajara?  

Valga lo anterior para señalar que en la actualidad para el mejoramiento del servicio, además de proyección futurista, lo que se requiere también es memoria histórica. El problema no es la tarifa, es el respeto y el trato a los pasajeros.  Su solución no es con manifestaciones en las calles ni con recursos ante los tribunales, sino con voluntad política entre las partes.

No se requiere inventar el hilo negro: para cambiar el sistema de pago o de cobro por el servicio, basta con aplicar el sentido común: resulta contradictorio que la ley establezca sanciones contra los automovilistas que van hablando por teléfono y no se diga nada de los choferes que van conduciendo una unidad y cobrando pasaje al mismo tiempo, cuando es mucho más peligroso y distrae más esto último que lo primero (vamos eso hasta inhumano es para los choferes).      

Seamos sinceros, el transporte no va a cambiar mientras nosotros no cambiemos, y mientras los principales involucrados (empresarios, choferes, usuarios y autoridades) no hagan lo que tienen que hacer para devolvernos lo que teníamos, o darnos lo que nos merecemos.

El sistema de transporte no sólo son las unidades, las rutas y los choferes, también lo son los pasajeros. Hace más de 40 años las unidades (por razones obvias) eran más precarias que en la actualidad;  y sin embargo, el servicio era mejor. Quizá la diferencia la hacían los usuarios y las reglas de urbanidad que se practicaban

Seis pesos parecen más que suficientes por un deficiente servicio. Quien vaya a la Ciudad de México y se suba al Metro Bus podrá experimentar el servicio de magnifica calidad que se da por ese mismo precio y que aun con esa tarifa sigue siendo rentable.

El Acuerdo para un Nuevo Modelo de Transporte Público firmado en días pasados parece una de las últimas oportunidades que la ciudad tiene para tener el transporte que se merece. Ojalá y que cuanto antes empiece a dar resultados.

Dos tendencias se afianzan cada vez más como signos distintivos de la época: la constitucionalización y la centralización. La primera consiste en la socorrida práctica de incluir en la Constitución toda suerte de demandas, programas o derechos. La segunda, en que las autoridades centrales asuman cada vez más y mayores atribuciones, en detrimento de las locales y municipales.  

Detrás de ambas prácticas lo que existe es la desconfianza. Para lo primero porque de esa forma se asegura que lo acordado no pueda ser modificado unilateralmente y que se le pueda aplicar todo el peso del Estado a los transgresores. Lo segundo se relaciona con la idea de una supuesta incapacidad de las autoridades locales para ejercer sus atribuciones, o a una cierta tendencia a incurrir en prácticas corruptas en el cumplimiento de sus funciones.

Múltiples son los ejemplos del pasado reciente o del presente que así lo acreditan: la idea del mando único policial o de la gendarmería nacional; la reforma educativa elevada a rango constitucional y las reformas que faltan con el mismo tratamiento; la propuesta de transformar el IFE en un Instituto Nacional de Elecciones y desaparecer los organismos electorales locales;  y las modificaciones que en materia de deuda de los estados se está discutiendo en el Congreso de la Unión, por mencionar las más importantes.

El problema es que, por un lado, la Constitución se está convirtiendo en una especie de programa de Gobierno; y, por el otro, que se está desvirtuando el Pacto Federal y cada vez más nos pareceremos a una república centralista o unitaria o  a un modelo de país formalmente federal y realmente centralizado.   

Con frecuencia se escucha que debemos adoptar (no adaptar) instituciones o estructuras de países como Francia, Chile, Italia o el Reino Unido. Sin embargo a los geniales comparativistas se les olvida que esos países no son federales y que para no comparar peras con manzanas la referencia deberían ser países federales como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Argentina, Brasil, o hasta Rusia y la India que no por lejanos son más distantes a nosotros.  

En la lógica centralizadora que tuvo sus orígenes en Francia, se optó por el modelo unitario para de esa manera asegurar la plena vigencia y aplicación uniforme de los derechos y libertades consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, la gran invención de los padres fundadores de los Estados Unidos fue demostrarle al mundo que sí era posible democracia y descentralización; y que esta última no necesariamente tenía que ser sinónimo de corrupción o de poderes informales de líderes regionales.

Esta gran enseñanza es lo que se ha olvidado recientemente en nuestro país. Claro, detrás de todo eso debe haber confianza; y los norteamericanos confían en Dios (In God we trust) y en ellos mismos. Nosotros, a lo mejor, confiamos en Dios, pero no en nosotros mismos (y si no para muestra ahí está el IFE que es el mayor monumento a la desconfianza)  

México debe reencontrarse con su tradición federal: confiar en nosotros mismos y en sus autoridades locales. Vale la pena intentarlo.
 

El próximo 10 de agosto vence el plazo para que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales realicen las adecuaciones legales a la reforma político-electoral Constitucional publicada el 9 de agosto de 2012.  

El problema en todo esto es que el 30 de abril se clausura el actual período ordinario de sesiones del Congreso Federal y no iniciará otro sino hasta el primero de septiembre. Convocar a un período extraordinario para plasmar en la legislación secundaria dichas reformas parece improbable, tanto porque no está en la agenda inmediata como porque no se han trabajado los temas respectivos.

De entre éstos destaca —por la inmediata aplicabilidad que debería tener— lo relativo a las candidaturas independientes. En julio próximo 14 estados tendrán elecciones y en todos ellos debería ya poder hacerse efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar su registro como candidato a cualquiera  de los cargos en disputa, de manera independiente a los partidos políticos.  

Hasta el momento, sólo Quintana Roo y Zacatecas han realizado las adecuaciones a su legislación para establecer requisitos, condiciones  y términos de las candidaturas independientes. En los 12 restantes los ciudadanos no podrán hacer efectivo un derecho que otorga la Constitución General de la República.

La ausencia de la legislación federal en la materia adquiere mayor relevancia por el hecho de que el IFE es la única autoridad encargada de administrar y otorgar los tiempos del Estado para fines político-electorales. Por tanto, ¿con base a qué normatividad se va a otorgar acceso a los medios de comunicación a los candidatos independientes? Afortunadamente, el Consejo General del IFE va a suplir esa ausencia mediante un acuerdo o reglamento para esos efectos.

Además de estas ausencias o vacíos legales, el asunto de las candidaturas independientes es en sí mismo relevante tanto por los mitos que en torno a ellas se han construido como por las discordancias legislativas que provocarán.

El que un país tenga permitidas las candidaturas independientes no lo hace ni más ni menos democrático. México entre 1911 y 1946 no las prohibió en su legislación secundaria, y no por eso era más democrático que lo que lo sea el día de hoy. Las candidaturas independientes se prohibieron en el Artículo 116 de la Constitución en noviembre de 2007; y –como ya se dijo— se constitucionalizaron en agosto de 2012. Antes de la entrada en vigor de su prohibición constitucional dos estados (Yucatán y Sonora) las permitían y tuvieron que ser abrogadas para no ir en contravención a la ley fundamental.

En la actualidad, de los 18 países de Latinoamérica en ocho no se permiten ni para presidente ni para legisladores (entre ellos Brasil y Costa Rica) y en siete de ellos se permiten para ambos cargos, entre los que destaca México, Chile y Colombia. Por lo regular, los países que las permiten sólo para legisladores (69 en el mundo) son parlamentarios; y los que las autorizan sólo para el cargo de Presidente (24) todos son semipresidenciales.

En una democracia presidencial un presidente independiente puede ser sinónimo de inestabilidad o conflicto. Ojalá nunca tengamos que comprobarlo en experiencia propia.     
 

El principio consagrado en la fracción IV del Artículo 31 Constitucional que dice que los mexicanos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”, parece más un ideal a alcanzar que una realidad. Para empezar, de acuerdo a datos del SAT de 2011, había en ese año 12 millones 886 mil 990 personas que siendo parte de la población económicamente activa ocupada (46 millones 355 mil 701)  no contribuían con los gastos públicos.

El otro problema es que a los contribuyentes su participación tributaria no les parece ni proporcional ni equitativa. Por eso tratan de evadir impuestos o pagar lo menos que se pueda: en la encuesta Latinobarómetro de ese mismo año a la pregunta: “En una escala de 1 a 10, donde 1 es para nada justificable y 10 es totalmente justificable, ¿cuán justificable cree usted que es evadir impuestos?”, México es el país con la respuesta más alta 3.0, cuando el país con la más baja es Uruguay con 1.9 y el promedio en América Latina es de 2.4.

Esta situación y a lo que enseguida me referiré, ha traído como consecuencia que México sea el país con el más bajo nivel de recaudación como proporción del PIB en América Latina y entre los miembros de la OCDE: de acuerdo a datos de la CEPAL, nuestro país recauda 9.4% de su PIB cuando el promedio de América Latina es de 18.4% (casi el doble). Este promedio entre los 29 países miembros de la OCDE es de 34%. En ambos grupos de países México está al final de la tabla.

Algo que puede ayudar a explicarnos el porqué  de esta situación tiene que ver con el hecho de que lo recaudado por el IVA tan sólo representa 3.9% del PIB, (cuando en Venezuela es de 8.8% y 7.9% en Argentina);  y el ISR en México representa 15% de la recaudación total (cuando entre los países de la OCDE ese mismo gravamen representa 24 por ciento).

Para compensar la enorme evasión, la baja tasa de recaudación y la debilidad de nuestros gravámenes como fuentes de ingresos, los mexicanos hemos convertido a Pemex en el principal causante y compensador de estas distorsiones haciendo que 31% de todos los ingresos captados en México provengan de impuestos específicos al consumo de hidrocarburos.

Pero eso no es todo, la cereza del pastel la pone la aberrante disposición del SAT de haber condonado en 2007 casi 74 mil millones pesos en créditos fiscales (cuyos beneficiarios la SCJN determinó en julio de 2012 que no los podemos conocer) y el reciente anuncio de que en Jalisco, mediante el programa “Ponte al Corriente”, se pretende condonar en este año hasta 100% de los 34 mil 599 millones que adeudan 14 mil 783 contribuyentes que pueden acogerse a este programa.

Con estas políticas de premio a la evasión fiscal ningún programa de aliento al pago oportuno de las contribuciones puede ayudar a resolver el gravísimo problema de la baja capacidad recaudatoria del Estado Mexicano.
 

México se está transformando. En los últimos meses se han realizado cambios que hace años o hasta decenios (como la reforma laboral) no se realizaban. A partir de diciembre la velocidad y magnitud de los cambios se ha incrementado. Puede decirse que el sistema político mexicano de hoy no es el mismo del de hace unos meses y que se mantuvo incólume durante muchos años.

El país se encuentra actualmente inmerso en un proceso de transición en su sistema político, en el que lo viejo no termina de desaparecer y lo nuevo aun no alumbra del todo. No se precisa de mucho esfuerzo para coincidir que la característica principal del sistema que prevaleció al menos en los últimos 15 años fue la parálisis gubernamental y/o la predominancia de los llamados poderes fácticos sobre las autoridades encargadas de tomar decisiones públicas vinculantes.

Los poderes fácticos son producto de la parálisis gubernamental, y ésta, a su vez, es obra de la disposición contenida en la Fracción V del Artículo 54 Constitucional que desde 1997 ha impedido que un partido pueda tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Precisamente para darle la vuelta a esa distorsionada realidad es que surge el Pacto por México para asegurar una mayoría en torno a una agenda legislativa común.

Poderes fácticos y autoridades débiles o paralizadas son expresión de un mismo fenómeno: no pueden existir el uno sin el otro. Someter a proceso penal a la ex lideresa magisterial y haber aprobado antier la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones es algo que hace unos cuantos meses era inimaginable.

Ambos casos en el fondo implican una profunda reforma política en la que poderosos actores políticos informales han sido sometidos por los actores políticos institucionales.

Los hechos obligarán también a una modificación radical en el discurso político de la oposición y a la construcción de nuevos referentes simbólicos. ¿Dónde quedó “la mafia del poder” y el “candidato de las televisoras”?  Si los acontecimientos obligan a superar el maniqueísmo discursivo y analítico, ello puede tener un efecto positivo en la calidad de nuestra democracia y en nuestra cultura política.

Sin embargo, para que estos cambios no signifiquen el florecimiento o re emergencia de autoritarismos, lo deseable es que la sociedad sea más participativa para que se fortalezca y que desde el Estado se promuevan iniciativas que tiendan a incentivar la participación ciudadana y a la formación de ciudadanía.

Si bien es cierto que el poder político no puede estar sometido a los poderes fácticos, también lo es que debe estar sujeto a controles sociales, institucionales y legales.

Para que este proceso vaya a buen puerto se requiere modernizar y fortalecer los contrapesos entre los poderes y órganos del Estado, así como también los mecanismos de rendición de cuentas y las causales de responsabilidad de los servidores públicos.

Junto a esto, necesario resulta también eliminar las trabas que existan para la eficaz acción de gobierno. Gobernar no puede siempre estar sujeto a la firma de pactos. Falta un pacto que elimine la necesidad de pactos.       
 

El pasado 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de reformas y adiciones a la Constitución General de la República que —entre otras— incluía la del Artículo 84, mediante el cual después de 95 años se superó el vacío que hacía que México fuera uno de los pocos países presidenciales del mundo, sin suplente automático del Presidente de la República, en caso de darse su falta absoluta. La reforma, además de la importancia que en sí misma tiene, impacta otros dos temas de la mayor trascendencia que no se han introducido al debate:

1.- La facultad del Presidente para convocar directamente al Congreso a sesiones extraordinarias: México sigue formando parte del reducido grupo de países (junto con Brasil, El Salvador y República Dominicana) en los que el jefe del Ejecutivo no puede convocar directamente al Congreso a sesionar fuera de sus periodos ordinarios.

El Constituyente de 1917 otorgó esa facultad al Presidente. Sin embargo, el 24 de noviembre de 1923 se publicó —a iniciativa del general Álvaro Obregón— una reforma al Artículo 89, que hasta la fecha dice que el Ejecutivo podrá convocarlo  “cuando lo acuerde la Comisión Permanente”.

La razón del cambio es muy sencilla, aunque inverosímil: como el Constituyente suprimió la figura del Vicepresidente y le otorgó al Congreso la facultad de elegir a quién supla al Presidente en sus faltas absolutas, Obregón se dio cuenta del vacío que se podría crear si el único autorizado para convocarlo estaba muerto y el Congreso se encontraba en receso.  

Si desde hace ya más de siete meses la Constitución establece que el suplente automático (Presidente Provisional) hasta por 60 días es el secretario de Gobernación  (en tanto se elige un Presidente Interino o Sustituto), no se ve por qué razón no se le devuelve al Presidente la facultad de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.

2.-Junto a esto, el tema del fuero o inmunidad del Presidente que  actualmente se discute en el Congreso: tal y como lo explicamos en este mismo espacio la semana pasada, el argumento del Constituyente fue que si se le hacía al Presidente responsable por otros delitos se corría el riesgo de que el Poder Ejecutivo quedará acéfalo por recaer en una sola persona que además no tenía suplente automático. Empero, por lo antes expuesto, estas razones ya no son válidas.

En esto, conviene además no confundir las cosas: efectivamente en la mayor parte de las democracias del mundo el jefe del Estado goza de inmunidad procesal, pero también es cierto que en esos mismos países el presidente es responsable políticamente de violaciones expresas a la Constitución, que por lo regular se castigan con la destitución del cargo.

La Constitución de 1857 incluía además como causales de responsabilidad del Presidente de la República los ataques a la libertad electoral y las violaciones expresas a la Constitución. Hacer al Presidente responsable de esas violaciones fortalecería al Estado de derecho y la responsabilidad gubernamental. Y esto, que puede ser de la mayor importancia, parece más fácil que algunos de los trascendentes cambios que hemos visto en los últimos días.