Elección tras elección, dada la rapidez con la que los actores políticos encuentran la manera de saltarse las trancas, o bien, de localizar las lagunas en la legislación electoral, se emprende una nueva reforma electoral. No sé cuántos años, lustros, décadas, se ha hecho esto, pero prácticamente podríamos hablar de cada tres años.
Lo mismo se emprenden cambios y modificaciones de poca monta, que de gran calado, pero siempre quedan lagunas, pendientes, resquicios para la libre interpretación, etcétera. Y es normal. Nunca se tendrá una reforma acabada aunque sí podría durar poco más de un trienio.
En fin. El caso es que para las próximas elecciones que serán intermedias, pensando en el contexto federal, será necesaria una reforma electoral, otra; la enésima. Una que más allá de las cuestiones de fondo, básicas y urgentes como la revocación de mandato y la segunda vuelta electoral, incluya candados y sanciones en materia de compra y coacción de votos, “lavado” de dinero, facultades de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, del IFE y del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Algo se tiene que hacer, considerando incluso la capacitación electoral y la educación cívica, para evitar la compra de votos, que en esta elección alcanzó niveles de sofisticación con las tarjetas de puntos y de prepago; algo, para que los burócratas no sean obligados a conseguir votos a favor de un candidato en una o dos secciones electorales so pena de ser despedidos. No se puede dejar de lado el asunto del multinivel y las llamadas “movilizadoras”; el uso de celulares, el famoso carrusel y el trabajo de los llamados “halconcitos”.
Y si bien de muchas de estas denuncias y testimonios no se presentaron pruebas, algo se tendrá que hacer en el marco legal para prevenir que se cometan o que se vuelvan a cometer. Algo además para prevenir el lavado de dinero vinculado a las campañas electorales; y también se requerirá la inclusión de sanciones de aplicación pronta y expedita, por un lado y, por otro, que contemplen el retiro de candidaturas, porque si sólo se trata de sanciones económicas y meses después de las elecciones, los partidos políticos se mueren de la risa.
En todo esto y más, sin duda alguna urgente, los legisladores tendrán que trabajar sí o sí antes de la próxima elección intermedia, con todo y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no dejó asentadas como posibles, aunque insuficientes para anular la elección, todas las irregularidades que se presentaron que fuero, mal que bien, documentadas.
Esa omisión del TEPJF no debe ser entendida como un permiso para que los partidos políticos a través de sus representantes, cometan delitos a diestra y siniestra; no para que ensucien las elecciones que cuestan tanto, ni para que los mexicanos perdamos total y absolutamente la confianza en las instituciones, por lo pronto, electorales, así que… reforma electoral, sí o sí.
