La perniciosa costumbre de evitar la observación real y oportuna de los acontecimientos provoca tardías reacciones de costosos resultados.
Transcurren los trienios parlamentarios sin alcanzar los objetivos y los legisladores recurren al retiro de la curul; cuando no saltan a otra tarea en el engranaje burocrático, sin dar cuenta cabal del trabajo para el cual fueron designados por el voto de su Distrito o la designación de su partido. Las reformas prometidas son heredadas al nuevo régimen: política, educativa, fiscal, laboral, energética, a lo que suma seguridad, sobresalen en el cuantioso volumen de asuntos sin solución.
Los ejemplos sobran, como la tan criticada por cuantiosa cifra de diputados con su alto costo, a lo que se adiciona la nómina de gastos en asesores y hasta vehículos con gastos erogados con cargo al erario. Quedan para el ajuste o simple recuerdo o el reproche inútil para la siguiente legislatura. Pero no la exigencia de responsabilidad.
Es común la sola cobranza de favores, triangulados entre grupos o partidos encubiertos por la simulación para la posterior impunidad y disimulo. La Ley de responsabilidades es letra muerta en el complejo engranaje político, mientras el número de familias en la miseria crece y el delito aflora aumentando la inseguridad.
Recientemente inició funciones la LXII Legislatura Federal precedida de reclamos sociales sobre los que, por sus promesas, se abrigan esperanzas de solución; menos aún cuando los segmentos que la integran apuntan a intereses eventualmente ajenos a la función representativa para la que fueron electos. En esas condiciones, del Poder Legislativo apenas puede esperarse que no obstruya las buenas intenciones del Ejecutivo o el Judicial.
Faltan recursos para la edificación de obras de infraestructura generadora de competitividad; mientras el gasto corriente absorbe la cuantiosa nómina de empleados en quienes no opera la eficiencia tecnológica. Se reconoce el rezago en voluminosas estadísticas a modo, para la comparación, mas no para la reingeniería en instituciones inscritas en el Gobierno.
La población vive bajo la sombra de la inseguridad en manifiesta ruptura de armonía, cada día más lejana, a cambio convertida en cultura de riesgo delictivo expuesto de manera reiterada a través de los medios de comunicación al consignar más y más delitos sin solución.
Es patente la incredulidad en las instituciones con grave riesgo para la estabilidad. La voz del Congreso debe expresarse con el vigor que reclaman acciones de acuerdo a las circunstancias prevalecientes, para inducir y exigir la actuación contundente de confianza que reclama la población. Con el convencimiento de cambios efectivos se logrará la participación que tanto se ha solicitado para el tránsito armónico y auténticamente democrático.
Dios nos guarde de la discordia.
