La niña tendría dos años; comía sin equivocar el rumbo de su mano a la boca. Ningún grano de frijol caía al suelo. Era el aprendizaje del hambre: cada frijol cuenta. Esto fue hace 15 años en un albergue de jornaleros indígenas en Sayula. Meses antes se había incendiado otro albergue. En cuartos de nueve metros cuadrados, separados por un muro de cartón, agujereado, vivía cada familia, con braseros en el corredor, que tuvieron que sacar de los cuartos tras el incendio. De ahí la Recomendación 15/98 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que firmé, por múltiples violaciones de derechos humanos.

Tiempo después entré a cada uno de los 24 excusados portátiles (de los que usan en ferias, peregrinaciones) de otro albergue, Chajoma, de una empresa de Sinaloa. Habían espolvoreado algo, en asomo de limpieza, porque había avisado de mi visita. Pero no pude evitar amagos de vómito en cada uno. Manuel Ahumada, valeroso director de Orientación y Quejas de la CEDHJ, me acompañaba. La empresa fue multada con dos millones de pesos, por la Dirección de Trabajo y Previsión Social del Estado, por tener a 600 migrantes temporaleros en ex chiqueros, sin cumplir promesas laborales ofrecidas al engancharlos.

Hacia 2002, María Teresa Medina, ex visitadora general de la CEDHJ, otra valiente, documentaba situación parecida en el Valle de San Quintín, en Baja California, donde ejercía como subprocuradora de Derechos Humanos de Baja California, con Raúl Ramírez Bahena como jefe. En estos 15 años no hemos callado, ese digno equipo (te incluye, Juan Diego Castillo), y muchas personas más, del ITESO, de otras instituciones, incluso del Gobierno de Jalisco en tiempo de Alberto Cárdenas, para volver visible la migración interna: el río de dolor que sube por la franja del Pacífico, y planta jitomates, brócolis, pimiento morrón, todos calidad exportación, en empresas esquizofrénicas, pues mientras empacan con certificaciones de primer mundo, esconden la crueldad con que disfrazan de trabajo lo que es delito de trata de personas para explotación laboral.

Desde la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), iniciamos investigaciones que obtuvieron luego sentencias condenatorias contra finqueros de Tapachula por ese motivo. En el Norte, San Luis Río Colorado, no logramos sentencia, pero sí rescate de ciudadanos chinos.

Yo vi los rostros del hambre, de la enfermedad y de lo que ningún cristiano debe hacerle a ningún semejante, en mi tierra, dizque católica. Recordé a la niña ayer, al saber el rescate de 275 jornaleros de San Gabriel/Tolimán. La empresa: Bioparques de Occidente. Atender a sus víctimas no debe limitarse a despacharlas en camión de regreso. Desde 2012 hay ley contra la trata de personas en Jalisco. No me vengan con que “nos han dado la tierra” para esquilmar semejantes.
 

No sé ustedes, lectoras y lectores, que estarán cerca de un abanico o ventilador, consumiendo nieve raspada, o paletas de ciruela amarilla y de pitaya, para aguantar los calores de nuestro tapatío comal urbano, pero yo quisiera a ratos encarnar en una ciudadana turca. De mero Estambul. De esas y esos que defienden sus parques aunque tengan cerca la iluminación de la belleza del Bósforo. No conozco esos lares sino por la novela de Kenizé Mourad De parte de la princesa muerta, y otras ahí ambientadas que me hacen suspirar cuando coinciden la noche estrellada y las palmeras.

Allá, en una inicial protesta ambientalista, cientos de personas se han manifestado desde el 28 de mayo en una especie de primavera turca contra la decisión gubernamental de destruir el Parque Gezi, cargado de símbolos ciudadanos, para dar paso a un enorme centro comercial. Hasta ayer, había dos personas muertas y varias heridas y detenidas por preservar su calidad de vida. El parque es una de las pocas zonas verdes en el Centro de la ciudad.

Admiro a quienes defienden sus parques. No es veleidad: un parque arbolado hace posible el flujo de la vida, el ágora, la sombra, el encuentro con nuestros semejantes. Es territorio del asombro y el gozo de abuelas, niños, paseantes. Defendibles son también las zonas de infiltración de mantos acuíferos, es decir, las que permiten que el agua de lluvia llegue al subsuelo, alimente afluentes, se almacene y distribuya. Por eso indigna el doble discurso oficial zapopano que mientras abre el bosque de La Campana (Colomos III), avala construcciones en El Bajío. Hace años fui consultora externa de la SAHOP (Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas).

Mencionar la posibilidad de urbanizar ese valle sonaba a blasfemia ambientalista. Conservarlo era múltiple garantía: de franja de protección del bosque de La Primavera; de conservación del clima todavía soportable en esta comarca; de captación de agua (son suelos extremadamente permeables) para la cuenca de Los Colomos, que abastece de agua a 30 % de la ciudad. Era además zona de producción maicera de primera.

Pero ¿qué tanto es tantito? razonarán los que dan permisos o se brincan las normas de planeación urbana: “Al fin y al cabo que nomás es una orillita que da al Periférico, y ahí habrá una plaza comercial (hacen reverencia fenicia al pronunciarlo), un hotel de cientos de habitaciones, varias torres de departamentos, y eso nos traerá progreso.”

Turca quisiera ser, para decirles que lo que nos traerá eso será sed y calor a todos, promotores incluidos, dinero nomás a unos cuantos voraces irresponsables, y un mal genio por el cambio de clima que ya hace intransitable la ciudad. Díganlo si no quienes padecen a los agresivos búfalos apresurados en cuatro ruedas estos días. Y las Villas Panamericanas ¿se quedarán? Es pregunta.
 

Confianza y paz producen las instituciones realmente autónomas, bisagras del Estado constitucional de derecho bien constituidas. Organismos electorales, de derechos humanos, de transparencia. Confianza y paz hay que cultivar en estos tiempos, en Jalisco y más allá. Acá son días de los  “lluvia de oro”, árboles que inundan las banquetas como minas de ámbar en racimos. También son los días de enterarnos de episodios que han ocurrido siempre, pero que hoy circulan con velocidad en redes y medios, con su carga de inquietud y de preguntas sobre lo que tenemos que corregir como personas y como sociedad, para vivir con un sentido de comunidad que nutra la esperanza. Muchachas golpeadas por hombres poderosos o parientes de altos funcionarios, gobernadores prófugos, un ex ministro y una senadora abusivos, juniors prepotentes.

Mientras escribo estas líneas se celebra quizá la sesión en que el Congreso de Jalisco decide quiénes encabezarán a una institución clave para arbitrar elecciones, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPC, órgano local que nos dará la confianza de que se llegó al poder “por la buena”. Así se refería Efraín González Morfín a la legitimidad de acceso al poder público basada en el voto y en las condiciones de igualdad y decoro en la contienda. La otra legitimidad, la del ejercicio cotidiano en el poder público, es sobre todo materia de otros órganos, como los de derechos humanos, que con oportuna voz, recomendaciones y trabajo educativo, mueven a las instituciones para que funcionen según su propósito centras: que las procuradurías investiguen y atiendan a las víctimas, sobre todo cuando algunas de ellas tengan mucho miedo, como en alguno de los casos ventilados; que a los desaparecidos se les busque con diligencia por todos los medios posibles; que a los jóvenes pobres no se les detenga arbitrariamente, que las oportunidades de vivir y movilizarse con dignidad se extiendan a todos.

Un buen árbitro electoral no dejará dudas de su imparcialidad. Primer mandamiento: no haré viajes especiales en avión rentado con un precandidato. Un buen ombudsman será incómodo al poder, pero también logrará, con su pronta actuación y su autonomía, que esos poderosos a los que advierte de sus fallas, puedan corregirlas de inmediato y reparar el daño, en vez de que persistan en convertirse en sujetos de juicio político, perseguidos por la ley. Primer mandamiento: no llegaré ofreciendo plazas a los diputados que me eligieron. Pero quien los nombra, a unos y a otros, es el legislativo, así, con minúscula. Ojalá pueda darles mayúscula cuando se la ganen, con impecables nombramientos en las instituciones que abren vía a la democracia, y no el circo que inventan, para seguir con el mismo cuento del reparto de puestos por cuotas de partido. Primer mandamiento: serviré al interés general; me sentiré por ello orgulloso de decisiones legítimas.
 

Hace 20 años, cuando asesinaron al arzobispo Posadas, comenzábamos a ser distintos en Jalisco. La indolencia oficial ante las explosiones del 22 de abril de 1992, y la muerte del cardenal, insuficientemente esclarecida, nos obligaron a un cambio. Antes, parecía impensable que se respondiera, con la fuerza con que lo han hecho varios (Rubén Martín, Rossana Reguillo, Eduardo Reyes, Carlos Páez, Jaime Barrera, Diego Petersen, Jorge Rocha, entre otros) desde las redes sociales y los medios, a las declaraciones de Héctor Robles Peiro, alcalde de Zapopan, del lunes 13 de mayo, con una idea represora de la seguridad pública, y descalificadora de jóvenes con adicciones, y de las que se retractó el viernes siguiente. Sus palabras, bajo la presión de sucesos violentos en El Centinela y El Diente, contrastan con su compromiso inicial de atender de manera integral la violencia barrial para restañar el tejido social roto por las desigualdades; suenan ajenas a su apuesta por fortalecer capacidades entre los jóvenes, que le ha merecido un premio entre los alcaldes del país. De los errores se puede aprender y se debe rectificar.

No sé si era necesario cambiar al director de seguridad pública. Pero sí lo es investigar delitos y violaciones a derechos humanos (golpes y detenciones arbitrarias), adoptar medidas para que los hechos no se repitan, como reeducar a la Policía, y reparar el daño a esos jóvenes zapopanos y a sus familias, que viven en la periferia de la justicia, es decir en la exclusión. Bienvenida una estrategia integral y civilizada de intervención para impedir delitos, y para ofrecer un horizonte de futuro a quienes siguen siendo personas aunque enfrenten adicciones o vivan en pobreza.

En Zapopan también, hace poco más de 15 años, la Policía entraba a patrullar a balazos. Hubo muertes y terror por esos patrullajes, y merecieron recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

En un episodio terrible en diciembre de 1997 el Ejército torturó en San Juan de Ocotán a más de 20 jóvenes y asesinó a uno de ellos. El caso no quedó impune; hubo actuación inmediata de la CEDHJ y del “gober” Alberto Cárdenas. Me llama la atención ahora la tardía reacción del ombudsman ante las duras declaraciones del alcalde ¿No está obligado a actuar de oficio, sin esperar a que le lleguen las quejas de quienes quizá están sin recursos, en una celda de Zapopan o de la Fiscalía?

Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se preguntaba esta semana en el Distrito Federal por qué México es el país del que reciben más quejas, teniendo el sistema más grande de organismos públicos de derechos humanos del mundo, caro e ineficiente salvo excepciones. La sociedad ha cambiado, pero hay retrocesos en varias instituciones autónomas. Y las legislaturas y partidos tienen una responsabilidad en ello. ¿Rectificarán?

Años ha, en el extrañado Cine del Bosque, en Guadalajara, vi una película cuyo nombre no recuerdo. Casi puedo afirmar que era japonesa. En la primera escena, un hombre camina sobre la nieve hasta llegar a una casa que en la lejanía aparece iluminada. Es acogido como a un viejo conocido, se le instala en un rincón, se le da trabajo: es un modesto pero profesional restaurador de cerámica, que va de hogar en hogar, para devolver su calidad original, o lo mejor que se pueda, a las acariciadas viejas piezas que cada familia atesora, algunas con cientos de años de antigüedad. Recordé esa escena porque el cerebro femenino tiene su misterioso arte de la asociación, y, desde los calores de este mayo tapatío, amortiguados por las nieves raspadas y las paletas de arrayán y de ciruela, me vi de pronto en esa escena invernal del film, con ese que recorre con sus herramientas unas veredas rurales frías, para ocuparse de cosas viejas, astilladas, gastadas. Esas lastimadas, valiosas piezas. Y la recordé justo al ver el título de un artículo en un diario local que decía: Comienza el rescate federal de Michoacán.

El artículo sólo hablaba de tropas: federales, estatales, municipales. Que se coordinarían bajo la última moda: un mando militar. Como si eso fuera un poderoso conjuro garantista y no la declaración de nuestra derrota como civiles. Como si bastara para dilucidar el quién es quién de las “autodefensas” comunitarias, que parecen fruto de la desesperación en unos pueblos purépechas y disfraz de grupos delincuenciales en otros. En EL INFORMADOR leo una nota (http://shar.es/ZqgtX) sobre los caminos inseguros de Michoacán. Tras enlistar varios sucesos de violencia de los últimos años, el editor concluye: “En todos los sucesos hay una constante. Las policías estatal y municipal no cumplen con su trabajo.” ¡A tragar saliva! ¿Puede y debe la estructura federal, no siempre civil, y generalmente pertrechada con armas, entrar a “desfacer entuertos” ahí donde han fallado los primariamente obligados a brindar seguridad, sin que la precedan acciones integrales,  conjuntas y unánimes, de restauración de la confianza perdida entre sociedad y gobierno? ¿Esperan que en medio de la niebla michoacana alguien abra las puertas de su hogar para recibir a extraños, como en la película se le abre al restaurador de  los platos y vasijas rotos?

No ha habido mejor restaurador de la paz purépecha que su pastor, don Vasco de Quiroga, con sus hospitales y escuelas de artes y oficios, perdurable obra inspirada en La Utopía de otro grande, el canciller inglés Tomás Moro. Por más grande respeto que le tenga al doctor Mondragón y Kalb, comisionado nacional de Seguridad, creo que la estrategia de rescate deberá parecerse más a la obra del fraile. Una restauración para pacificar lo lastimado.

PD. Agradeceré si alguien me regala el título de la película.

Para mi mamá, en su día; para Julio García Briseño, por doña Dolores, que en paz descanse

Rectificar es de sabios. Saludo al Ayuntamiento de Guadalajara por su decisión de respetar los usos comunitarios de la Vía Recreativa en el Parque Rojo, que para los tapatíos de antes sigue siendo el de la Revolución. Está muy bien que lo arreglen, sobre todo respetando la idea original del arquitecto Luis Barragán, y garanticen sombra y solaz en ese lugar tan transitado y gozado los domingos, sin que ello implique cancelar procesos de tejido social (nunca mejor usada la expresión) como el que ha impulsado el colectivo llamado Bordamos por la Paz.

Tere Sordo, Margarita Sierra, Rosalba Espinoza, Alfredo López Casanova, entre otros, organizaron una manera civilizada de dar nombre a las y los muertos en el país por la violencia, secundando el llamado del poeta Javier Sicilia. Cada domingo, por la mañana, cerca de la solitaria estatua de Carranza (la de Madero luce más popular, con un juego de ajedrez gigante, y otro de damas chinas), este colectivo instala un espectacular tendedero de pañuelos habitados por los más diversos bordados y leyendas. Unos en rojo, para los asesinados; otros en verde, para los desaparecidos. Aparecen también vistosos arcoíris, para los crímenes de homofobia; hilos rosas para mujeres que perdieron la vida a manos de compañeros que no supieron qué hacer con los celos, el afán de control, el diálogo perdido. Bordadas en punto de cruz, cadenita, punto de sombra o de relleno, con orilla decorada o flores, aparecen tristes historias como telegramas al infinito, acompañadas de gestos de ternura. Mientras, el grupo organizador borda y platica en sillitas bajo la fronda de los árboles. Un espectáculo conmovedor, pues conversar y bordar sanan, al tejer vínculos con un dolor que apenas nos atrevemos a nombrar.

Camino por ahí en compañía del señor de los bigotes que me ha hecho el favor de acompañarme los últimos 31 años, y comentamos lo descuidada que está la zona aledaña al parque. No se debe a la pobreza, pues en ella suele haber limpieza y dignidad, sino a un deterioro devastador, que produce un abatimiento lóbrego, justo en el entorno donde están enclavados los edificios centrales de la Universidad de Guadalajara. ¿No sería buena idea que esta casa de estudios —que es la mía— aprovechara a sus urbanistas, arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, pintores y demás alumnos para una intervención integral, junto con el Ayuntamiento, vecinos y dueños de predios, que hiciera posible una imagen dignificada del barrio, para quienes ahí viven y para animar a su repoblamiento? ¿Será posible revitalizar los cines abandonados, tener nueva vida en ventanas y balcones, nuevas fuentes en algunas esquinas? Eso es también prevenir la violencia urbana. Y salvar la identidad de una ciudad.

A Rayo, en su cumpleaños

Una ciudad es una suma de equilibrios y deliberaciones. Produce gracia o desgracia, según acoja o excluya, integre o segregue, humanice o robotice. Refleja nuestro grado de civilización. Sus plazas, calles, banquetas, parques, paradas de camión y ciclovías revelan nuestras maneras de comunicarnos, nuestra voluntad de poner los servicios públicos accesibles, de dejar que las bondades de los árboles  -espléndidos tabachines en estos días, jacarandas antes, lluvias de oro luego-, alcancen con sus sombras a unos cuantos favorecidos o cobijen a quien se arrime.

El ejercicio de planear el desarrollo urbano implica amar la ciudad desde un tiempo imaginario en el cual aún no suceden las cosas; es anticiparse a los escenarios conflictivos de la movilidad, las redes de drenaje y agua, los intereses de los usos del suelo comerciales, industriales, habitacionales y recreativos en probable disputa, para darles una solución lo más armoniosa posible. Por eso es buena noticia que ONU Hábitat, de la mano de Eduardo López Moreno, tapatío que ha hecho carrera en el organismo multilateral, colabore con el Gobierno local en un diagnóstico con propuestas para hacer de nuestra ciudad un sitio habitable, humano, y a generar indicadores para una coordinación metropolitana, con una movilidad digna y generación de empleo. Sin duda, eso espero, integrará valiosos esfuerzos precedentes de organismos como Ciudad para Todos, la Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, entre otros que llevan camino andado y han hablado con voz clara sobre los problemas a atender, que no son pocos ni menores, y que exigen energía y liderazgo para encararse.

Por eso también, sigue siendo muy mala noticia que haya en este campo un gato sin cascabel en Jalisco. Me refiero al Tribunal Administrativo del Estado (TAE). Sin duda no son todos sus magistrados, pero sí los hay cuyas decisiones dan al traste con el esfuerzo planificador de la capital del Estado, al autorizar en varias zonas, alterando con ello planes parciales, edificios de 18 pisos donde sólo debían ser de ocho, amparados en un leguleyismo (perdón por la palabreja, pero no encontré otra más florida para expresarlo) de tan mala leche que tal vez ameritaría explorar la posibilidad de juicio político contra ellos por vulnerar el interés colectivo. Esta sería una excelente oportunidad para la legislatura de comenzar a demostrarnos su voluntad de reconstituir las instituciones locales con un sentido ético. Las deliberaciones del TAE han causado júbilo a tiburones inmobiliarios, que lucran poniendo en riesgo la armonía e identidad arduamente lograda de colonias enteras, patrimonio de vecinos hoy justamente enojados con ese tribunal.

El TAE argumenta que el Ayuntamiento tapatío entregó pruebas minutos después de lo establecido en el procedimiento. ¿Y el interés general, compadres? ¿No están obligados a razonar bajo un criterio superior en vez de plegarse a lo que el mercado les dicta? ¿Quién le pone el cascabel a este gato?
 

Al Comité de la CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, de Naciones Unidas) le preocupa cómo el Estado mexicano atiende y previene la violencia en el país, que afecta de manera más dramática a las mujeres, jóvenes y niñas. En Jalisco (4º lugar nacional, ¡4º!) desaparecen más mujeres (1,184; 53%) que hombres, según datos del Sistema del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, publicados este miércoles en  El Informador (http://t.co/wY8yPeWkNC ).

Por eso, si se confirma el rumor que corre, parece un despropósito pretender bajarle el perfil a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR) o desaparecerla. Sostener una Fiscalía Especial cuesta mucho. Pero cuesta más cerrarla o diluirla. Al final del sexenio anterior y ante las exigencias del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el presidente Calderón echó mano del área federal que sabía atender a las víctimas: la propia Fevimtra, con todo y sus limitaciones. Se apoyó en ella para crear Províctima, que ahora debe reestructurarse según la nueva Ley General de Víctimas. Fevimtra ha sabido atenderlas porque ha puesto en sintonía esfuerzos de otras instituciones sumados a sus propios saberes: en teorías de género, derechos humanos, investigaciones ministeriales, protocolos coordinados de búsqueda; políticas públicas, vinculación con organizaciones sociales, modelos certificados de atención integral (reconstitución de proyectos de vida), operación de un refugio de alta seguridad.

En nuestro esquema federal, ante la desarmonía legislativa en las entidades federativas en los dos temas centrales de Fevimtra: la violencia contra las mujeres y la trata de personas, la Fiscalía Especial de la PGR ha servido como diapasón, acicate, respaldo o institución fraterna —según haya sido requerida o haya sido necesario— ante procuradurías locales comprometidas con estos temas, o bien indolentes. Ha ayudado a afinar criterios, capacitar funcionarios, compartir conocimientos, respaldar hallazgos, proteger mujeres amenazadas, tramitar resguardos de familias de una entidad a otra, y todo esto con las organizaciones de la sociedad civil que son las primeras en dar la cara; no es poca cosa como para desdibujar el perfil de esta Fiscalía.

Más bien, en cumplimiento de recomendaciones específicas de la propia CEDAW (Observaciones de 2012 a Informes Periódicos 7º y 8º), debe fortalecerse lo avanzado, e investigar el posible vínculo del delito de trata con desapariciones de mujeres y jovencitas, rehabilitar a las víctimas, realizar campañas preventivas, diseñar una estrategia vinculada al fenómeno migratorio, entre otras tareas de seguridad para las mujeres, imposibles para una Fevimtra disminuida.

Sería un gesto político que, como fórmula de reparación del daño para las mujeres de Atenco, además del perdón público y el cese de la impunidad, el Presidente Peña Nieto hiciera de Fevimtra una Subprocuraduría, como política pública leal a las mujeres de la República.

Saludo a mis gentiles lectoras/lectores que el 13 de abril pasado festejaron los 50 años como jesuita de José Morales Orozco, rector de la Ibero DF, cuya familia convocó generosamente a amigos y parientes para celebrar el compromiso de este cura, cuya espiritualidad no está reñida con la picardía ni la camaradería. Saludo también a un ciudadano de Ocotlán, Jalisco, a quien conocí esta semana, que prometió comprar el periódico para leerme.

La luz puede llegarnos de la manera más inesperada. Me refiero a la luz de la conciencia, a esa que hace de nuestras vidas algo digno de vivirse, y no precisamente a la que da —y no “de a gratis”— la Comisión Federal de Electricidad, que a vivir ayuda cuando se está a oscuras o hace calor, sobre todo de Mazatlán y Veracruz para arriba, donde no se sobrevive la estación tórrida sin el costoso aire acondicionado o un buen ventilador.

La luz de la que hablo es esa otra por la que somos o intentamos ser mejores personas. Y a ella ayuda que quienes trabajan a favor de la verdad y de la justicia, nos digan esa verdad, a personas y a autoridades, con la claridad de su palabra. Por eso considero tan importante la voz del CEPAD, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, organismo líder en derechos humanos en Jalisco que, sumado a otras organizaciones que promueven y defienden derechos colectivos (a una ciudad y medio ambiente habitables y sostenibles, a una movilidad democrática, a la inclusión de las minorías sexuales en el disfrute de los derechos de que gozan las mayorías, a la legítima exigencia de una vida plena y segura para las mujeres), constituye un activo valioso para hacer valer en nuestro Estado el Artículo Primero de la Constitución. Éste, reformado en 2011, abre un amplio paraguas democrático a partir del eje de los derechos humanos, y establece que las autoridades, de todos los poderes y órdenes del país, están obligadas a promoverlos.

Dolorosa y necesaria es la verdad expresada en el informe del CEPAD (16/IV/2013) sobre desapariciones forzadas en Jalisco (tercer lugar nacional y no está tipificado aún el delito); despojo de tierras y litorales a los pobladores que tienen derecho a ellas (90% de playas jaliscienses están privatizadas); impunidad e indiferencia ante el feminicidio, tipificado ya pero obstaculizada su aplicación.

Imelda Virgen, por ejemplo, fue asesinada por encargo, con violencia extrema, en septiembre de 2012, al parecer por su ex marido, detenido y sometido a proceso, quien ha logrado paralizar dos audiencias donde el miedo de quienes se abstienen de declarar y el hostigamiento a quienes sí lo hacen es evidente. ¿Qué hará Rafael Castellanos, fiscal central, frente a esto? Difícil abrirle camino a la justicia sin la luz de la verdad. Imposible crecer, como personas y autoridades, sin escuchar.

Hay que abrirle paso a la luz.

Una sociedad democrática debe honrar a quienes la protegen bajo parámetros éticos. El 4 de marzo murió de cáncer un destacado policía en Perú. Llama la atención que desde Ciudad Nuestra, organización fundada por Gino Costa, experto en derechos humanos y seguridad ciudadana (colaboró con un digno defensor del pueblo, Jorge Santistevan de Noriega), se emitiera un boletín especial sobre Juan “Negro” Briceño (http://www.elefantecomunicaciones.com/ciudadnuestra/nota04.htm). Como en México nuestras horas suelen ser sombrías en este tema, me detengo en su ejemplo.

De Juan Briseño escribe Gino Costa que su distinguida trayectoria “lo llevó a ganar una beca para estudiar Criminología en la Universidad Complutense de Madrid, España, donde obtuvo el primer puesto entre 156 estudiantes. Estando en el último de sus tres años de estudios ocurrió el autogolpe de 1992, ante el que protestó enviando una carta personal al director general de la Policía expresando su desacuerdo con el respaldo institucional a la ruptura del orden constitucional, lo que le costó perder su cargo de jefe de seguridad de la Embajada del Perú en España y su inmediato pase a retiro, así como 13 órdenes de captura internacional. “Pasó penurias; pudo regresar al país nueve años después. Durante la gestión de (Fernando) Rospigliosi como ministro del Interior, en febrero del 2002, fue rápidamente ascendido a comandante y coronel por acción distinguida.”

El mismo Rospigliosi escribe: “En mis dos períodos de ministro ascendí a poquísimos oficiales por méritos extraordinarios —sólo recuerdo dos—, rechazando algunas presiones de parte del poder político (…) Briceño fue un puntal de la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional, elaborando junto con Carlos Basombrío y Gino Costa el informe final.”

Ya retirado, Juan Briceño fue consultor de organismos internacionales en América Latina, y luego gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respaldado por el alcalde Jorge Muñoz. Allí convirtió al Serenazgo en un modelo de eficiencia y consolidó a Miraflores como uno de los tres distritos más seguros de la capital y del Perú, y un modelo en seguridad ciudadana. Eso, y la incorporación del twitter para la comunicación vecinal, fueron reconocidos por Ciudadanos al Día, con el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2012, informa Gino Costa. Con éste y con Carlos Romero escribió el libro La Policía que Lima necesita (2008).

Juan Briceño fue también un inteligente policía de calle. En México debemos aprender a honrar a policías así, pues es un lujo tenerlos en estos tiempos. ¿Cuántos municipios y estados contarán con uno de ellos? ¿Qué respaldo les dan sus alcaldes o gobernadores? ¿Cómo los reconoce la sociedad civil? Habría que voltear los ojos a lo que hace el Instituto para la Seguridad y la Democracia (@InsydeMx), fundado por Ernesto López Portillo (@ErnestoLPV). Este año cumple 10 años de ayudar a la reconciliación policía-sociedad, sin la cual no habrá comunidades seguras.