Hace 15 años la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), con Guadalupe Morfín como presidenta, denunció las infrahumanas condiciones de vida y laborales que padecían alrededor de dos mil 700 jornaleros que recolectaban jitomates en empresas agrícolas de Sayula. Familias enteras de migrantes indígenas sobrevivían en duras jornadas cotidianas, mal pagadas, en situaciones insalubres y atentatorias de elementales derechos humanos. El infierno de los pobres trabajadores se hallaba a una hora de distancia de Guadalajara. Ese año, 1998, el organismo estatal emitió una recomendación donde, puntualmente, pidió la intervención de numerosas autoridades.

Lástima que la recomendación 15/98 la hayan eliminado del sitio web de la CEDHJ. La sólida investigación que generó el documento recomendatorio es un hito histórico en la defensa de los derechos humanos en Jalisco. Se trata de un modelo con metodología, claridad en el análisis y excelente argumentación jurídica, que repercutió a favor de los jornaleros y sus albergues, mediante diversos convenios, entre ellos con el DIF Jalisco. Lo que hizo la CEDHJ fue también un llamado ético-humanista, un alerta no sólo por lo que sucedía en Sayula, sino en otras zonas del Estado.

Lo que de nuevo está ocurriendo en la Región Sur de Jalisco es indignante. Otro grupo de jornaleros migrantes, 275 de acuerdo con autoridades, trabajaba en condiciones precarias en un invernadero de jitomate, que unos ubican en San Gabriel y otros en Tolimán. Lo cierto es que los testimonios recogidos informan que fueron trasladados desde San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, que hacinados en pequeños cuartos, dormían en el suelo en bolsas de plástico y mantas, comían sólo arroz y tortillas, con un sueldo a la mitad de lo que se les prometió, ruines sanitarios, drenaje en mal estado, vigilados y golpeados por capataces, con sistema de pago de las tiendas de raya porfiristas, sin atención médica, con niños desnutridos y jornadas extenuantes. Gracias a la denuncia de un jornalero que pudo escapar, los liberó la Fiscalía General.

Además de la recomendación de la CEDHJ en 1998, otras investigaciones alertaban sobre lo que ocurre en esa región. En 2006, por ejemplo, el  estudioso universitario Alejandro Macías Macías, en su detallado trabajo Estrategias laborales de los empresarios hortícolas en México. El caso de Sayula, Jalisco, da cuentas de la producción agroindustrial y las penalidades de los jornaleros agrícolas, que enfrentan una relación laboral que “en mucho se asemeja a los mercados de esclavos de los siglos inmediatos posteriores al descubrimiento de América”, pues el flujo migratorio es controlado por las propias empresas, que cuentan con una red de “enganchadores” para solicitar la cantidad de jornaleros que ocuparán. Es un mercado laboral controlado de manera férrea en los propios pueblos de origen de los indígenas.

No sólo en el Sur de Jalisco los indígenas padecen explotación jornalera. También en regiones, como la Costa, por ejemplo. Lo hecho por dependencias como Sedesol, con un programa para trabajadores migrantes, o Secretaría del Trabajo, ha sido insuficiente. El esclavismo moderno prosigue.
 

La elección de consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) deja, por un lado, la certeza y el reiterado ejemplo de que los partidos políticos no cambiarán por sí solos sus prácticas antidemocráticas. El reparto por cuotas de los espacios en el organismo electoral, se repitió. Cada quien se llevó su tajada, en este caso representada por uno o más consejeros. Dejaron de cumplir sus propios acuerdos y promesas. Deliberaron a oscuras, con la intervención del Poder Ejecutivo estatal, y se repartieron los cargos.

PRI, PAN, PRD y PVEM le entraron al viejo juego del poder: tantos para ti, tantos para mí. De Movimiento Ciudadano, si bien criticó el proceso y se quedó sin “su” (que por su connotación política suena en este caso como horrible pronombre posesivo) consejero electoral, circuló la versión de que también originalmente lo buscó.

Finalmente, se quedó sin “su” rebanada del pastel. La credibilidad del IEPC está en duda; la de los partidos políticos no está en duda: es un hecho. ¿En qué grado? Eso se irá develando y lo sabremos el día de los comicios, en 2015.

Aunque los partidos políticos representados en el Consejo del Instituto tienen voz pero no voto en las decisiones, ni falta les hace: tienen a “sus” consejeros. Están ahí, los cuatro funcionarios que repiten y los tres nuevos, por obra y gracia de un reparto político-electoral. Donde matizaría esta afirmación sería en el caso de Jorge Alatorre, consejero que recibió el mayor número de puntos por el Comité Evaluador, y que al margen de que el PRD lo apoyó, lo más “lógico” (aunque la lógica no funciona en la política y el poder) es que tendría que entrar. Se ganó ese derecho. Tiene los méritos para ocupar el cargo, igual que otros dos candidatos que tuvieron mayor puntaje que los otros seis elegidos y quedaron fuera.

Por el otro lado, me parece importante que se haya integrado un Comité Evaluador durante el proceso de elección de los consejeros electorales. Y que al mismo se hubiera invitado a personajes sin afiliación a un partido. Eso es un avance. Pequeñito, pero avance. Ese comité, al igual que otros que podrían  crearse con participación ciudadana y no corporativa, dejó aprendizajes. Uno es que aún bajo presión existen sectores en la sociedad jalisciense interesados en  aportar su granito de arena a la política, ahora pervertida por los partidos y grupos de poder locales.

Sin embargo, el avance que significó crear un Comité Evaluador lo hicieron trizas los propios partidos políticos. Si el objetivo era que, sobre 40 puntos, se eligiera a los que tuvieran de 30 para arriba, eso no ocurrió del todo.

Con el aval de los otros partidos (PRI, PRD y PVEM), el PAN impuso su criterio y metió dos consejeros con puntaje menor.  Pesaron más los intereses políticos de los partidos, sus enjuagues y fobias, que garantizar desde ahora un mejor proceso electoral.
 

El surgimiento de los grupos de autodefensa, de las guardias comunitarias, de los pueblos que se auto organizan para enfrentar a quienes delinquen colectivamente, es un fenómeno que va a la alza. Si bien mediáticamente pareciera que se restringe a entidades como Guerrero o nuestro vecino Michoacán, ya se gesta en diferentes lugares y formas. Las repercusiones empiezan a ser advertidas ya no únicamente en espacios de zonas o regiones. Lentamente se manifiesta cada vez más en otros espacios, como son lo individual, familiar y vecinal.

Ante la indefensión que se percibe en los hogares, la población busca cada vez más medidas de resguardo que corran por su cuenta. Por el temor de ser agredida, la gente va tras opciones que desde su óptica le puedan garantizar un mínimo de protección en su vivienda, en su entorno inmediato, en el vehículo o medio que utilice para transportarse, en la calle, en los parques y en su empleo. No es paranoia. Es una percepción muy cercana a la realidad. No conozco alguien que no tenga referencia de algún conocido que no haya sido víctima de algún delincuente. Todos tienen historias que contar o revivir.    

Ese proceso de auto seguridad personal y colectiva es casi invisible, paulatino, y en ocasiones se realiza a toda velocidad cuando a un amigo, un familiar o un vecino se sabe que ha sido asaltado, lesionado, perseguido o hasta ultrajado. Aumenta, cuando se tiene la certeza de que acudir ante la autoridad respectiva de poco servirá o, incluso, puede ser un riesgo más, ante el nada descartable hecho de que la misma esté involucrada con grupos delictivos.

Hay quienes levantaron más alto el barandal de sus casas, pusieron más cerraduras o candados, pidieron a los vecinos que estén alertas ante sospechosos, tienen a la mano el número telefónico de las corporaciones policiacas, evitan salir muy noche de sus casas, revisan las protecciones de ventanas y puertas de fincas, se encomiendan a un santo o santa, están más al pendiente de la hora a que llegan sus hijos y a dónde y con quién irán a tal o cual lugar, o incluso hasta buscan un arma de fuego para tenerla a la mano en caso de un ataque, entre otras numerosas y variadas medidas. Cada quien toma sus provisiones. La autodefensa es legítima.

El país está en un proceso de descomposición social, que se refleja en esa sensación de inseguridad ante un Estado que no garantiza la protección de las mayorías. Similar a una tendencia hacia la ley de la selva, de sálvese el que pueda, de que la sobrevivencia depende de ser o no fuerte. Lamentable, terrible, doloroso, pero es así. Lo que sucede en lo macro, los grupos de auto defensa o las guardias comunitarias, ocurre también en lo micro, en los individuos y los pequeños núcleos cercanos. ¿Qué nuevas estrategias poner en marcha? Es un tema que también requiere respuestas micro y macro.
 

Hasta el martes pasado caminaba por buen camino el proceso para decidir quiénes pueden ser el próximo presidente y los futuros consejeros del Instituto Electoral y de Participación (IEPC). El Comité de Evaluación hizo su trabajo, lo hizo bien y en un plazo perentorio. Queda la experiencia de que un grupo externo a los legisladores, con representación ciudadana plural, ajeno a los partidos políticos y a sus legisladores, invirtió buen esfuerzo, y diseñó bajo presión la metodología y los instrumentos para evaluar a los 123 aspirantes al cargo electoral. De que habrá algo que mejorar, es seguro que sí. Pero este primer esfuerzo resulta interesante y habría que replicarlo, pulirlo, en muchas otras decisiones que toman quienes ocupan una curul en el Congreso del Estado.

Resultó positivo que los resultados se hicieran públicos. El que quiera conocer cuánto obtuvo cada uno de quienes se registraron, lo puede hacer en la liga del Congreso del Estado (http://www.congresojal.gob.mx/ListaAspirantesIEPEC.pdf). Decidir transparentar el puntaje es también otro aspecto a retomar, a incorporar en numerosas decisiones que también involucran al Poder Ejecutivo y, por qué no, al Poder Judicial.

Los resultados que mostró el Comité de Evaluación, llaman la atención. Se pueden observar desde diversos ángulos. Por ejemplo, que ninguno de los consejeros electorales actuales que contendieron, ocupó alguno de los primeros cinco lugares. Fueron otros aspirantes los que se ubicaron en esos puestos, de acuerdo con el puntaje. Eso, por lo menos, dice algo: hay quienes tienen mejor currículum y conocimientos que los propios funcionarios electorales.

También ha sido oportuno que la Comisión de Asuntos Electorales invitara al Comité Evaluador a que participe en otros trabajos, como la reforma electoral que se pretende poner en marcha en Jalisco. En ese sentido va la propuesta de la diputada Celia Fausto de modificar la ley para que otras convocatorias similares se realicen por norma, a través de esta experiencia participativa ciudadana.

Ayer comenzaron las entrevistas con los 123 aspirantes. Ahí se podrán encontrar perfiles, experiencias, vínculos con partidos políticos, conocimientos de buen, regular y pésimo nivel de la norma electoral, pero ahora personificados en los candidatos.

Lo que sigue es preocupante, al menos desde una óptica ciudadana. Hasta ahora los partidos políticos han solido repartirse los cargos en el IEPC, cual si fueran rebanadas de pastel. No hay nada que permita asegurar que esta vez no será así. Es una viejísima práctica que no se ha eliminado.

Los resultados de los exámenes no son vinculantes y por lo tanto pueden no ser tomados en cuenta por los diputados, para las designaciones. Lo que ocurrirá, y sería lamentable, es que utilicen lo realizado por el Comité de Evaluación como camuflaje para sus negociaciones en lo oscuro. De hecho se sabe que cada partido ya tiene a su o sus propios candidatos, a los que desean ver sentados en el Consejo General con miras a las elecciones de 2015. Veamos en qué acaba este proceso.
 

 Sobre el perfil de los futuros consejeros electorales, de manera esquemática hay, en términos generales, dos posturas: la de ciudadanos medianamente informados e interesados en lo que políticamente sucede en Jalisco, y la de los partidos  y sus dirigencias. Aunque pueden coincidir en unos puntos, en otros sus posturas son diametralmente opuestas.

Un ciudadano promedio querría que los consejeros electorales, para garantizar su imparcialidad, sean personas que no deban el cargo ni respondan, por tanto, a los intereses de ningún partido o grupo de poder; que sean conocedores del derecho legislativo; que estén interesados en aportar su talento con miras a que una de las aristas de la democracia, la electoral, se cumplimente; que tengan una trayectoria que garantice su honestidad; que defienda la autonomía y ciudadanización del organismo electoral; que promuevan la participación de quienes se abstienen de acudir a las urnas, el debate entre los candidatos, la educación cívica, la transparencia de lo que se hace en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC),  y lo fundamental: que obliguen a los partidos a cumplir la ley.

Los partidos y los grupos de poder o de presión de Jalisco, imbricados, continúan haciendo todo lo posible para que quienes sean consejeros electorales respondan a sus intereses, que muchas ocasiones no son los del ciudadano común. Con miras a las elecciones de 2015 buscan que repita en el cargo tal o cual consejero electoral, porque conviene a las pretensiones políticas y económicas de tal o cual grupo. En esa lucha permanente por el poder, el periodo electoral ya comenzó. Arrancó desde el momento en que la partidocracia y quienes mueven los hilos de las principales decisiones en la Entidad, buscan poner a sus afines en el Instituto Electoral, en un bochornoso reparto de cuotas. Lo anterior es una de las razones por las que el ciudadano común, apartidista y/o abstencionista, mira con desprecio y desconfianza a la clase política.

Aun cuando el Comité Evaluador que se integró pondrá todo su esfuerzo en cumplir su cometido, lo cual es loable, la decisión final de quienes quedarán como consejeros electorales será responsabilidad de los partidos. Y detrás de ellos, los grupos de poder y de presión que representan. La próxima votación de consejeros en el Congreso del Estado será la culminación y legitimación de un proceso de negociaciones y acuerdos hechos en lo oscurito. Los ciudadanos asistirán a la puesta en escena de una obra de teatro montada.

El cargo de consejero electoral debería ser voluntario, honorario, sin sueldo. Ya ocurrió, por ejemplo, con los consejeros del entonces Consejo Electoral del Estado de Jalisco que organizaron las elecciones de 1995. Fue un consejo ejemplar, con talento y probidad. Actualmente, tampoco los consejeros locales y distritales del IFE perciben un salario. En cambio, los actuales y futuros consejeros electorales del IEPC reciben tremendos sueldazos y privilegios. Desde ahí los atrapan los partidos. Sí, porque a éstos les deben el cargo.
 

A diferencia de otros trabajadores al servicio del Estado, los profesores de educación básica y media superior padecerán la incertidumbre laboral. Tendrán tantas evaluaciones a lo largo de su trayectoria profesional, que enfrentarán una y otra vez la posibilidad de perder su empleo. Al menos así lo plantea el pre dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que aún se discute en el Congreso de la Unión. Lo que se plasma ahí es una ruda fiscalización laboral. De no modificarse la propuesta, el magisterio enfrentaría duras condiciones de trabajo.

El Artículo primero de esa iniciativa de ley, dada a conocer en abril pasado, aclara que determina las bases para el desarrollo profesional del personal docente y con funciones de dirección o de supervisión en la educación en los niveles referidos que impartan el Estado y sus organismos descentralizados; o sea, la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal. Advierte que establece las condiciones de la evaluación obligatoria para “el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia” en el Servicio Profesional Docente “con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.

Significa que habría cuatro tipos de evaluaciones. Para quien: Desee ingresar al sistema educativo, busque promoverse, quiera obtener un reconocimiento o pretenda continuar en el magisterio. Como chiste de humor negro, la iniciativa pareciera la propuesta de un mal alumno que reprobó una prueba y desea vengarse sometiendo a los profesores a exámenes y más exámenes. “Examinitis” a fuerzas.

Ya escribí que sí hay que evaluar a los profesores, pero también al resto de burócratas. Ya puntualicé que la reforma educativa es más laboral y administrativa, que educativa. Y al entrar más a detalle en este pre dictamen de ley es claro que no existe un punto equilibrado, razonable, acordado con los trabajadores de la educación. Es una imposición.

Por si faltara una evaluación más, la ley aún no aprobada prevé que exista una “evaluación interna”, bajo la conducción del director del plantel. Profesores han alertado cómo a la par de directores y supervisores que ejercen un buen liderazgo educativo, existen otros con un bajísimo perfil educativo, que actúan con cerrazón y prepotencia. De aplicarse sin criterios claros esta disposición, sin un diagnóstico de lo que sucede en los planteles, podría abrir numerosos conflictos latentes.

Como ejemplo, basándonos en el pre dictamen, sólo para obtener una plaza habrá que sobrevivir a cuatro evaluaciones. La primera, del concurso de oposición. Una vez traspuesta esa barrera, al novel profesor se le dará una plaza con nombramiento de carácter inicial, y tendrá una inducción y tutoría. Cada año se le aplicará por lo menos un examen. Si aprueba los primeros dos, tendrá un último tercer examen que, si lo pasa, obtendrá el nombramiento definitivo. El que quiera tener plaza de profesor, ya sabe: Tendrá que resignarse a padecer tres años la incertidumbre de su futuro laboral; y, también, los años que ejerza la docencia.
 

Para el Estado mexicano ha sido un reto y un complejo problema formar a los profesores de educación básica. Las políticas educativas han transitado en torno a ese tema con aciertos, errores y contradicciones, donde han convivido la modernidad  y la tradición. Durante las últimas dos décadas operó en México un modelo de formación de los docentes, que está por concluir. Se trata del programa de carrera magisterial que empezó a concebirse desde 1989 y será sustituido totalmente a más tardar en 2015, una vez que entre en vigor el nuevo programa de formación que prevén las autoridades educativas, como parte de la “reforma educativa” recién gestada; reforma que es más administrativa y laboral, que educativa.

Los cambios constitucionales al artículo tercero, promovidos por el naciente sexenio de Enrique Peña Nieto, con el aval de los partidos políticos, enmarcan la formación de los profesores de educación básica en un nuevo contexto jurídico, político, social y, por supuesto, educativo. Está en marcha un cambio radical que se sustenta básicamente en la creación del servicio profesional docente, y la elevación a rango constitucional del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con lo cual la evaluación de los docentes la convierte el Estado en una prioridad.

Ambos ejes jurídicos de la reforma constitucional los complementó la nueva Administración federal con el sometimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tras el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo. A la agrupación sindical se le resta poder, y por ahora queda en papel de mero observador de lo que se denomina Servicio Profesional Docente.

Apenas comenzó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en 1989 se realizó la Consulta Nacional para la Modernización de la Educación. Se planteó ahí la necesidad de establecer un sistema que permitiera formar de manera permanente a los docentes de educación básica. En 1992 se dio vida al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que trazó dos ejes: el Programa de Carrera Magisterial y el Programa de Actualización para Profesores en Servicio. En 1994 surge el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica (PRONAP).

Actualmente se hallan en revisión dos documentos centrales: la propuesta de cambios a la Ley General de Educación y la aprobación de una nueva ley que reglamenta los cambios constitucionales, la Ley General del Servicio Profesional Docente. La formación de los profesores, que implica su evaluación y con ella la posible pérdida del empleo si no aprueban en tres oportunidades, entró en una etapa al parecer irreversible. La iniciativa de ley referida se plantea en el artículo décimo primero transitorio que el Programa de Carrera Magisterial continuará funcionando hasta que entre en vigor el programa de formación que plantea el artículo 34 de esta norma. Hay una fecha límite: el programa nuevo tendrá que publicarse a más tardar el 31 de mayo de 2015. La carrera magisterial está moribunda. El nuevo modelo que la sustituirá aún no germina.
 

¿Hay que evaluar a los profesores de la educación básica y media superior que imparte el Estado? Sí. Como en cualquier empleo, es importante que un docente conozca los criterios y condiciones en que se le evalúa. Como sucede con los maestros que imparten clases en planteles privados. Los resultados de la evaluación le permiten a un docente conocer sus fortalezas y aquello en lo que es necesario se actualice. Así ocurre en cualquier profesión, sea un médico, un arquitecto, un contador o un biólogo, por ejemplo. La formación permanente es ineludible cuando la generación de nuevos conocimientos avanza a un ritmo incesante. Y también cuando vivimos en un mundo que se rige por la competencia.

Pero hay de evaluaciones a evaluaciones. Son diferentes los modelos de evaluación. Algunos son inquisitoriales: si repruebas los exámenes, te vas del empleo o de la escuela. Los menos favorecidos, por diversas circunstancias, son los primeros en la lista de los despedidos. Hay evaluaciones que tienen como objetivo estimular y formar: si repruebas los exámenes, la institución o empresa te apoyará para que actualices tus conocimientos y las habilidades. El examinado no es visto como un objeto desechable o mera fuerza de trabajo disponible en el mercado, sino como un ser humano con potencial para desarrollarse.

¿Por qué se examinará, obligatoriamente, sólo a un sector de los llamados “servidores públicos”? Los maestros de educación pública básica y media superior rebasan el millón de personas en el país. No son los únicos burócratas. En los municipios, entidades y Gobierno Federal hay más empleados. Millones. El Estado es el principal empleador en México. Es injusto, no equitativo, desproporcionado, que únicamente se evalúe al sector de los profesores. A los docentes se les aplicarán exámenes, regulados por la Ley General del Servicio Profesional Docente, y si no los aprueban su empleo estará en riesgo. Serán examinados en una evaluación para la que no fueron consultados, como sí ha ocurrido en otras naciones en que se evalúa a los maestros; por ejemplo, Chile.

¿Por qué no se evalúa también el desempeño de los diputados locales y federales, regidores, presidentes municipales, gobernadores, secretarios de Estado, al propio Presidente de la República y multitud de funcionarios de alto nivel? También son burócratas, mucho mejor pagados que un profesor promedio, en muchísimos casos sin el perfil profesional adecuado, con numerosas prestaciones y apoyos. Gozan de mejores condiciones de trabajo que un docente rural o de una colonia marginada. Es cierto que una parte de la élite de los burócratas fue elegida mediante votación y que  dura solo un periodo en ese puesto. Pero la clase política salta de un cargo a otro. Si son pésimos funcionarios, corruptos o inútiles, regularmente se les soporta hasta que concluyen su periodo, de tres o seis años. Nadie les aplica exámenes. No tienen en riesgo su empleo, como los docentes. En la evaluación tendría que aplicarse aquello de “o todos coludos, o todos rabones”. Evaluación, sí, pero no sólo a los profes.
 

El aumento de la violencia en México ha generado diversas consecuencias negativas; una de ellas, no la única, el incremento también de violaciones de derechos humanos por parte de distintas autoridades federales responsables de garantizar la seguridad pública. El sexenio pasado de Felipe Calderón Hinojosa es un ejemplo del desastre en cuanto al respeto a derechos legales de personas y grupos. En el caso de Jalisco, los actos delictivos también se han incrementado; el grado de violencia y atrocidades cometidas por los grupos va en escalas no imaginadas. Sitúo 2011 como un año central en esa escalada, al registrarse el primer asesinato colectivo.

En ese contexto, la nueva Administración estatal ha puesto en marcha un nuevo modelo de seguridad pública que busca enfrentar la ola delictiva. El equipo que recién llegó al Gobierno del Estado recibe Jalisco en una situación de alto riesgo, que cada vez permea más y empieza a destruir el tejido social, con repercusiones que van más allá de los crímenes o atracos directos. Una de las decisiones fue centralizar el mando de las corporaciones en una Fiscalía General. No sabemos si esta estrategia de seguridad funcionará o no. Ojalá y sí.

Una de las críticas al nuevo modelo de seguridad pública es que hay demasiada concentración de poder en una institución, que además carece de contrapesos sólidos, con suficiente fortaleza legal y política, y raigambre en la sociedad civil. Son bastante altos los riesgos de que tantas funciones en una sola institución, que actúa en una situación de violencia en aumento, conduzcan a que sus miembros cometan excesos, ilegalidades, atropellos, violaciones a derechos humanos. Siempre hay quienes ceden a la tentación de rebasar los límites de la ley, cuando se tiene una placa y armas. Ejemplos, abundan.

Entre los contrapesos necesarios a la Fiscalía General que urgen, y  no veo por ningún lado, es un amplio programa en pro de los derechos humanos. Que incluya reformas necesarias a la ley que rige la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; que prevea intensificar la capacitación y supervisión a los policías; que llegue a las instituciones educativas básicas y universitarias, las cuales tienen mucho que aportar; que reconozca, proteja y apoye a los organismos ciudadanos y a quienes desde la sociedad civil son defensores de derechos humanos; que involucre a los comités vecinales y otras formas de organización que se han dado los ciudadanos; que mueva a los regidores de los Ayuntamientos vía comisiones de derechos humanos; que sume a las distintas iglesias que desde sus centros religiosos forman creyentes en diversos valores, entre otras numerosas acciones.

Y, claro, es necesaria una Administración estatal que como principio ético, político y legal respete a toda costa los derechos humanos. La seguridad pública sin respeto a los derechos humanos es incompleta,  es falsa, es más de lo mismo, es dañina para la paz y la justicia. Legitima la violencia ilegal que surge desde el Estado mismo.
 

Doña María (el nombre es falso) puso un puesto en la calle, en una colonia del Sur de Guadalajara. Vende jugos que prepara ahí mismo, jericayas, gelatinas y una variedad de galletas. Ya tiene clientela: empleados que pasan apresurados a su trabajo y desean llevarse un alimento en el estómago; mamás que le compran algo a sus hijos para que desayunen en la escuela. Con lo que obtiene levantándose temprano, doña María sufraga diversos gastos de su familia. Todo iba bien.

Hasta que un día, hace meses, dos tipos chaparros, morenos, fornidos, corte de pelo casquete corto, llegaron al puesto. Le exigieron 500 pesos cada semana a cambio de permitir que siguiera trabajando y de “protegerla”. La extorsionaron. Doña María hizo cuentas. Como necesita ese auto empleo, aceptó darles la cantidad referida. Lo sigue haciendo. No quiere problemas. Los desconocidos llegan, se toman unos jugos, recogen el dinero y se van a otros lugares. A continuar extorsionando.

En la misma zona, don Juan (nombre falso) abrió un local de venta de lonches, sándwich, jugos y otros productos. A los pocos días de levantar cortinas llegaron dos tipos. Le dijeron que sabían cómo se llama, dónde vive, a qué horas suele salir, etcétera. Le pidieron mil pesos semanales para que “no tenga problemas”. Don Juan acabó por cerrar su negocio, que apenas empezaba a despegar. No aceptó darles ni un quinto. Su domicilio era provisional. Debió cambiarse, rentar en otro lado, para evitar posibles represalias.

Ambos casos son reales. Las micro extorsiones a pequeños negocios empiezan a aumentar en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Son subterráneas. También hay extorsiones a medianas y grandes empresas fuera y dentro de nuestra urbe tapatía, aunque públicamente se niegan. La mayoría no se denuncian. ¿Para qué? Hay desconfianza hacia la actuación de las corporaciones policiacas. Hay miedo. Comprensible. La mayoría de las víctimas son pequeños comerciantes sin abogados, sin recursos económicos, sin relaciones en las corporaciones policiacas. Gente que se gana honradamente su dinero.

El cobro del llamado “derecho de piso” se extiende. Hay evidencias terribles, donde quienes se niegan a pagar han sido lesionados o asesinados. O como advertencia se ataca a sus clientes, se siembra el terror. El más reciente caso ocurrió el domingo por la noche. Las tareas de inteligencia para identificar, atrapar y castigar a quienes desde las sombras se dedican a extorsionar, debiera ser prioritario para las nuevas autoridades. Este delito socava la credibilidad de las instituciones, desmoraliza a emprendedores, destruye el tejido social, lastima a la población.

Estos casos plantean a la prensa (escrita, radio, televisión, internet) dilemas éticos en el manejo de la información. Sin ser ingenuos, sin convertirse en sus voceros inconscientes, ¿cómo informar de las agresiones que buscan amedrentar y que se difundan lo más posible para volver rehén a la sociedad? ¿Cómo reivindicar el derecho a la información, de manera responsable, cuidando las repercusiones de lo que difundimos?

Es todo un tema a escarbar.