El Congreso del Estado de Jalisco está en ruinas. Las anteriores legislaturas se encargaron de hacerlo quebrar, desprestigiarlo a más no poder, desordenarlo (no hay sistema —ni siquiera manual— de seguimiento de las iniciativas) y dejarle personal no calificado (pero sí muy comprometido con sus “padrinos” anteriores) a la actual Legislatura. Lo anterior no quiere decir que el actual Congreso sea una fuente de virtud ni mucho menos, pero cuenta con algunos miembros que de buena fe, pretenden sacarlo de su anarquía donde cada diputado “jala por su hebra”, para convertirlo en un organismo colegiado real que funcione: que legisle y cumpla con sus otras obligaciones. No fue balde el desaguisado de la recién presentada iniciativa contra la desaparición forzada, cuya explicación de motivos resultó un “copia y pega” del portal Wikipedia.
Este estado de cosas, hacen previsible una enorme dificultad, no sólo de disposición política (hay muchos diputados adictos al status quo o al de sus mandamases), sino también técnica para acometer la exigencia social reformista, de la que mucho me he referido y que se materializará necesariamente en la modificación de leyes locales. También vale recordar que la opinión pública local ha coincidido en la necesidad de volver a regular ya, temas tan relevantes como el de movilidad, ordenamiento territorial, urbanismo, cuidado de bosques, seguridad, etcétera.
Y al día de hoy se encuentran abiertos variopintos y aislados conductos de diálogo con la sociedad civil para tratar dichas cuestiones. Algunos están en el Congreso y otros en el Ejecutivo, pero no se aprecia ni coordinación ni método. También el Gobierno (incluyendo municipios) ha implementado algunos mecanismos electrónicos para captar a las opiniones interesadas, pero el diálogo es un desorden: acuerdos van y acuerdos vienen, pero no existe mecanismo alguno que permita a la sociedad civil (que ahora ya tiene un peso específico mayor) colaborar de forma técnica con el Gobierno sin que ello implique por supuesto, renunciar a las medidas de presión política. Esto, por cierto, les exige una nueva capacidad: ser capaces de dialogar y de recibir al mismo tiempo, la presión de la opinión pública en la que cada vez más se implica el ciudadano.
De lo anterior que resulte por demás interesante, el sistema presentado a un puñado de legisladores por parte de un grupo de organizaciones y académicos y ciudadanos agrupados bajo la etiqueta #Movidemo (Movilidad democrática) el pasado lunes por la tarde (a decir de las organizaciones, se continuará en breve con otros diputados). Se trata de una plataforma abierta de trabajo colaborativo diseñada específicamente para la creación de leyes en colaboración con la sociedad civil llamada LiquidFeedback. Es respaldada por el MIT y sólo requiere —como carga— el que se aprenda a usar. De hecho, ya se cuenta con una versión en español generada por uno de los académicos ya que el sistema es de manufactura alemana.
Ya no hay pretexto para no escuchar o hacerlo al ahí se va, o alegar falta de recursos técnicos.