Para ir pensando el voto Por Mauricio Merino opinion@informador.com.mx

 

La clase política que ha encabezado la primera mudanza democrática nos ha decepcionado, porque no ha sabido lidiar con la pluralidad política que le dio sentido a ese proceso, porque ha mantenido las pulsiones autoritarias, corporativas y excluyentes del pasado y porque no ha logrado mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad, en su conjunto. También nos han decepcionado sus excesos caudillistas y retóricos, sus alianzas imperdonables, su ineficacia y su corrupción. Para suplir esos defectos nos han llenado de palabras y nos han vaciado las expectativas.
 
Cuando he hablado con algunos de ellos me ha sorprendido su conciencia. Son conscientes de la impotencia que comparten y sus diagnósticos no difieren mucho de los que se hacen entre la sociedad civil, el periodismo o la academia. Saben que la pluralidad política se les atascó entre los pliegues de las ambiciones personales y que, en un plazo que sorprende por su brevedad, dieron al traste con la ruta de la construcción democrática en la que ellos mismos habían participado —aunque no todos lo hayan hecho como protagonistas principales, sino como herederos—. Pero aun así, al tomar las siguientes decisiones vuelven al guión ya conocido y repiten los errores anteriores, como si no tuvieran conectada la conciencia con la acción o como si, a pesar de todo, el camino andado les obligara a seguir cayendo inexorablemente.
 
El Gobierno, por ejemplo, sigue actuando como si la gestión del último sexenio hubiera sido insuperable. Si algún defecto reconoce es, acaso, la existencia de sus oposiciones y la obstinación de quienes opinamos diferente. Para el Presidente y sus correligionarios el problema del país no está en las decisiones que ha tomado, sino en el hecho de que no las haya podido llevar hasta sus últimas secuelas —como se dice ahora—, debido a que el Congreso no le aprueba las leyes apropiadas, los gobernadores no obedecen instrucciones o los alcaldes son ineficientes y corruptos. Pero si alguien cuenta el número de víctimas y victimarios del sexenio, o el número de pobres, o el número de injusticias cotidianas, nunca falta una versión distinta emanada de las filas del Gobierno destinada a contradecir —con sus propias pruebas y lecturas, claro— cualquier interpretación que se atreva a sugerir algún error de cálculo, diseño u operación que no sea atribuible a los adversarios políticos del Presidente.
 
Pero lo mismo sucede —y aun acrecentado— por el lado del líder político de las izquierdas. La visión social de AMLO es, de lejos, más amplia y mucho más comprometida que la del Presidente. El programa de Morena es una lista de ofertas de igualdad social técnicamente discutibles pero plausibles y no hay duda de que la base social del virtual candidato del Movimiento Progresista está mucho más anclada en una posición igualitaria que la de cualquier otro de los contendientes. Tanto así, que el problema de López Obrador es, más bien, persuadir a los empresarios, a los medios y a las clases medias de que su programa político y social —para decirlo rápido— no es comunista. Pero su lectura del mundo que lo envuelve es tan antidemocrática como la de su adversario principal: todos son malos, corruptos y culpables, excepto el líder y sus partidarios. Es el mundo dividido en dos: los que están con ellos, frente a todos los demás.
 
Y siendo tan breves estas líneas, me cuesta dedicarle más de tres a la pulsión autoritaria de la que jamás se han despojado el PRI y sus aliados muy notables. La verdad es que los priistas nunca se fueron por completo, pero, si vuelven, quieren volver con todo y por todas. La posición de Peña Nieto y del programa de la coalición que lo postula es hacer equivaler la gobernabilidad con el gobierno de uno solo (o de uno solo y sus amigos, pues), ya que la pluralidad democrática es leída por ese amplio grupo de políticos como causa de buena parte de los males que lastiman a nuestra sociedad.
 
De modo que las ofertas que tenemos a la vista son de suyo una contradicción y el anuncio de un fracaso inevitable. Son ofertas derivadas del cambio democrático de nuestro fin del siglo XX —incluyendo la del PRI, como partido—, pero no son ofertas democráticas sino excluyentes y retóricas, pues ninguna podría ganar todos los votos y todas tendrán que convivir con las demás, sin dar pie con bola para hacerlo, como ha venido sucediendo hasta la fecha. Y así nos piden que votemos de manera razonada, pensando con toda responsabilidad cuál de los programas imposibles que se nos presentan sería mejor, si no hubiera democracia.
Mauricio Merino
DIC 14

Hablemos de injusticias Por Mauricio Merino opinion@informador.com.mx

 

Ya en otras ocasiones he citado a Amartya Sen en estas líneas. En esta ocasión lo hago para recordar que el economista hindú nos ha aportado una visión de la justicia que quizás podría ayudarnos a enfrentar las campañas electorales venideras desde una posición más amable con la democracia y menos intransigente con cualquier sonido emitido por nuestros políticos —pues esa actitud corre el riesgo de igualar todas las ofertas—. La propuesta es trabajar por el lado de las injusticias que agobian al país, caso por caso.
 
Esta idea, así de simple, supone al menos tres condiciones necesarias: la identificación de la injusticia como tal (no como discurso abstracto ni como desviación temporal, ni accidente humano, ni impaciencia frente al cambio). Lo primero que tendríamos que observar es cómo caracterizan la injusticia los políticos que piden nuestro voto: si les parece injusto, o no, que sea casi imposible obtener la protección del Ministerio Público frente al delito; si creen que es injusto, o no, que las probabilidades de cambiar de estrato social sean mucho menores cuando se egresa de escuelas públicas; si consideran injusto, o no, que los hospitales públicos estén prácticamente saturados de enfermos sin recursos que esperan durante meses una oportunidad para curarse; si piensan que la falta de esperanzas económicas para millones de personas pobres es una situación injusta que puede remediarse; si les duele la injusticia que produce el privilegio de los acomodados y de los poderosos frente al esfuerzo personal. ¿Qué es, para nuestros políticos, una injusticia? ¿Quién la encarna? ¿En qué situación concreta ocurre?
 
La siguiente batería de preguntas se refiere a las causas de esas injusticias. Si son capaces de identificar un acto injusto tendrían que serlo también para reconocer la situación injusta y el sistema que hay detrás de ellas. No actuar solamente por el lado de los efectos y los discursos plañideros, plagados de buenas intenciones, sino sobre las causas efectivas. Si les parece que hay injusticias en el Ministerio Público tendrían que decirnos cuáles son las causas puntuales de esas injusticias; si las ven en la falta de movilidad social que produce el sistema educativo público hay que exigir que nos digan qué es lo que ha producido ese estancamiento; si creen que es injusto pagar por trámites burocráticos que deberían ser gratuitos tendrían que responder por las causas que han motivado esas conductas, etcétera. Tenemos derecho a preguntar qué es exactamente lo que cambiarán los candidatos que aspiran al poder político y también a que nos expliquen, detalladamente, cómo modificarán las causas de las injusticias que quieren enfrentar.
 
Y, por último, tendrían que comprometerse claramente con las batallas que están dispuestos a librar para afrontar las injusticias que ahogan al país. No sirve de nada que anuncien el renuevo de la educación sin tocar ni con el pétalo de una nómina el poder del liderazgo magisterial, o la madre de todas las batallas contra la pobreza y la desigualdad sin tocar los intereses de los especuladores financieros; de nada sirve anunciar la seguridad pública total sin afrontar la corrupción de las fuerzas de seguridad, con nombres y apellidos; muy poco ayuda anunciar la lucha final contra la corrupción dejando intactas las redes de los funcionarios que se benefician de ella, etcétera. Si los políticos decidieran afrontar a la injusticia como el hilo conductor de sus campañas, en sus muy variadas y arraigadas manifestaciones, también tendrían que decirnos quiénes las producen, se benefician de ellas y cómo se modificarán las ecuaciones de poder que las propician.
 
Todo lo demás sería palabrería sin fondo. Si no nos explican cómo combatirán la corrupción que obtura hasta la náusea las viejas cañerías del régimen y cómo le rendirán cuentas a la gente, si no nos dicen cuáles son las redes de privilegios y prebendas que están dispuestos a enfrentar y por qué medios —no discursivos, sino técnicos y procedimentales— y si no nos explican cómo emplearán los recursos del poder para impedir la repetición de las injusticias que dicen ver y las razones que las causan, las campañas no tendrán más sentido que el de la competencia feroz entre redes clientelares, lealtades compradas con dinero público y mercadotecnia a manos llenas.
 
Si queremos devolverle dignidad a la política, el tiempo de campañas tendría que convertirse en un gran debate nacional sobre las injusticias que nos dañan cada día, sobre sus promotores y sobre las formas razonables de enfrentarlas. No un griterío ni otro circo de acusaciones políticas cruzadas, sino un debate en serio sobre la injusticia. Y una de ellas, sin duda, es que ni siquiera podamos soñar con esa posibilidad.
Mauricio Merino
DIC 7

La clase política autista Por Mauricio Merino opinion@informador.com.mx

 

Me cuesta imaginar qué más tendría que ocurrir para que los líderes políticos del país cobren conciencia de la distancia que se ha abierto entre los grupos que ellos dirigen y el resto de la sociedad. Tenemos una clase política autista, encerrada a piedra y lodo entre sus propias palabras y sus visiones parciales del mundo, renuente a comprender la complejidad de su entorno y la pluralidad de opiniones que les rodea y dispuesta, en cambio, a defender sus enclaves políticos a cualquier costo. Con toda franqueza, no alcanzo a ver ninguna posibilidad de conjurar la amenaza de polarización y violencia que traerán las contiendas electorales, ni su secuela de ruptura con las cada vez más escasas aspiraciones democráticas del país.
 
Nada parece conmoverles lo suficiente. Leen la existencia de 50 mil muertos como la prueba del mayor fracaso del Gobierno de Calderón o, al revés, como la evidencia de la decisión con la que el régimen ha enfrentado a los criminales —según el partido al que pertenezcan—, pero no consiguen ver esa cifra como la expresión más dramática del fracaso de la política y de la organización democrática del Estado. No ven a decenas de miles de personas de carne y hueso que han decidido violar, robar y matar ante la desesperante falta de opciones o ante la ausencia del más mínimo sentido de convivencia civilizada y solidaridad con los propios, sino datos que prueban o refutan sus posiciones aisladas, prefabricadas e inamovibles. Ni mucho menos, como la evidencia más trágica de la exclusión que ha producido en 10 años la democracia incompleta de México.
 
No les afecta demasiado el deterioro de la gestión pública, la corrupción de los funcionarios en los tres niveles de los gobiernos, ni las desviaciones reiteradas de las políticas públicas. Esos defectos no son leídos, tampoco, como motivo de alarma para toda la clase política, cuyas promesas democráticas han sido incumplidas sin que haya posibilidad razonable de culpar por ello a un solo partido: todos son responsables y en todos hay casos de ineficacia y de corrupción que avergonzarían a países enteros. Pero no a México. Aquí siempre hay culpables distintos, como si no fuera la democracia, como proyecto común, la que queda atrapada entre los despropósitos de sus gobernantes.
 
La pobreza y la desigualdad son armas de uso cotidiano, pero no pautas para modificar en definitiva los cursos de acción del Estado. Y tampoco parecen dañarles los datos que nos colocan ya como el país más frustrado y distante con las prácticas democráticas de todo nuestro Continente. Mientras la frustración no se convierta en desobediencia o en rebeldía —a pesar de que ambas cosas suceden ya todos los días en las calles de nuestro país, soterradas bajo las formas más ominosas de la incivilidad, la ilegalidad y los crímenes—, los políticos mexicanos seguirán pensando obsesivamente en las estrategias del día para ganar las próximas elecciones.
 
Es inútil pedirles que rompan el sistema de privilegios que nos ha traído hasta aquí. A izquierda y derecha de nuestro horizonte político, esos privilegios están intactos y refrendados por las alianzas electorales: los liderazgos sindicales corruptos, los monopolios empresariales y las redes del clientelismo pagado con el erario alimentan con alegría las filas de los partidos políticos. En buena medida, de eso están hechos: de alianzas a modo para conservar los espacios de influencia y poder que han ganado a través de sus triunfos electorales. Pocos espacios públicos están más secuestrados que el mexicano, donde las reglas son negociables según el peso de los intereses en pugna.
 
Pero es inobjetable que la medida de ese secuestro, anidado en los partidos políticos y animado por sus líderes impecables, es la misma medida del fracaso de la apertura pública que ofreció el régimen democrático.
 
Las elecciones podrán tomarse con espíritu deportivo, como quiere la televisión comercial que suceda: con la misma incertidumbre y las mismas apuestas que pueden cruzarse ante la siguiente pelea de box o la próxima liguilla del futbol; podrán publicarse páginas enteras de análisis sobre la competencia que está en curso, para aligerar o trivializar de plano la importancia de los procesos electorales, como si no estuviéramos viendo el destino de nuestra vida en común, sino un concurso de estrellas mediáticas. Pero lo cierto es que la clase política mexicana nos ha llevado a un callejón sin salida, que todavía durará por lo menos un año. Y aún este pronóstico es optimista, pues durante 2012 las cosas se pueden poner peor. Por eso, si la clase política se ha vuelto autista, es imperativo que no nos contagie. Hay que salvar la opción democrática.
Mauricio Merino
NOV 30

La vuelta del indestructible Por Mauricio Merino opinion@informador.com.mx

 

Las nuevas reglas electorales están ahí desde la reforma del año 2007 y, desde entonces, todo el mundo ya sabía que uno de los propósitos de la legislación era reducir el tiempo dedicado a las campañas. Evitar que en 2012 volviera a suceder lo mismo que en las elecciones anteriores, cuando los partidos no sólo anticiparon la contienda sino que además gastaron cientos de millones para hacerlo. Reducir el tiempo dedicado a las campañas fue un acuerdo que todos los partidos aplaudieron, aunque hoy el candidato de la izquierda lo descalifique como cosa completamente estúpida. 
 
Hubo razones políticas de peso para anticipar la investidura del candidato de la izquierda fuera de los tiempos que establecía la norma electoral. La ansiedad política del líder de Morena y de su grupo de fanáticos no era la única de esas razones. Las alianzas que finalmente consiguió la izquierda para ir otra vez junta dependía de la definición del papel que jugaría su líder, de modo que aun a despecho de que las reglas en vigor establecieran con toda claridad que primero se definieran coaliciones y luego se postularan candidatos —como se aprobó también desde 2007, con el consenso y el aplauso de todos los partidos— el ahora Movimiento Progresista lo hizo exactamente al revés. 
 
La razón de fondo era que si se elegía a Marcelo Ebrard, cabía la posibilidad de que el PT y Convergencia (el Movimiento Ciudadano) se obstinaran en postular a López Obrador o a cualquier otro candidato, alegando acaso que el programa ya estaba definido de antemano, pero si se elegía al indestructible era ya imposible que el PRD abandonara el curso de la alianza. En buen cristiano, a esa mecánica debe llamársele chantaje. Pero era también la condición indispensable para competir unidos en el 12. Santo y bueno. 
 
El problema es que tras esas decisiones, el virtual candidato del movimiento progresista se ha sumado con gusto a la obstinada descalificación de las instituciones electorales que han estado enderezando los poderes fácticos —tal como lo vienen haciendo desde hace años las televisoras y las radiodifusoras privadas— porque las reglas establecidas no se avienen a su voluntad. Quiso decidir el curso de su candidatura cuanto antes, calculando con razón que nadie insistiría demasiado en esperar las precampañas; quiso hacerlo fuera de los plazos y de los medios señalados en la ley y quiso asegurar que nadie más se arrogara el derecho de encabezar a la izquierda partidista del país. 
 
Consiguió todo lo que quiso, con la misma eficacia del discurso a un tiempo iluminado, prepotente y victimista que está en su trayectoria. Pero una vez ganada la candidatura, ahora se ha vuelto otra vez en contra de la legislación electoral, como si no hubiese pasado nada desde 2006, como si la reforma de 2007 no hubiera respondido a los conflictos de aquel año, como si no conociera las reglas que se establecieron y como si las autoridades electorales no se hubieran renovado. Allá vamos de nuevo: a desafiar las reglas democráticas más allá del límite, para desahuciarlas tan pronto como se oponen a sus intereses. Y, de paso, a cualquiera que se atreva a sugerir siquiera una leve discrepancia con la posición del líder, como sucedió con creces en 2006. 
 
Como sea, no tengo la más mínima duda de que se impondrá su voluntad y el IFE encontrará la fórmula legal para facilitar el acceso del indestructible a todos los espacios disponibles en la radio y la televisión, a partir del 18 de diciembre. Del mismo modo en que todos los demás partidos han quebrado las limitaciones que se dieron en 2007 para impedir que se compitiera por los cargos públicos antes de los tiempos acordados o que se inyectaran recursos privados a las precandidaturas, como lo ha hecho todo el mundo. Si hoy el IFE quisiera aplicar la ley a pie juntillas, ninguno de los candidatos que hemos visto circular profusamente por los medios electrónicos podría salir indemne: ninguno podría ser registrado como candidato. Pero las reglas se han quebrado desde hace mucho tiempo y, a estas alturas, el único culpable colectivo —el chivo expiatorio de la democracia— volverá a ser el órgano electoral encargado de darles validez. 
 
Por mi parte, sigo creyendo que esas posiciones contradicen a la democracia. Romper las reglas para imponer la propia voluntad no es una conducta democrática, de modo que no encuentro ninguna razón para suponer que 2012 será más democrático y menos violento que 2006, con los mismos actores en contienda, con las instituciones rotas y con los demonios sueltos. No veo ninguna república amorosa en el camino.
Mauricio Merino
NOV 23