El enemigo que Felipe Calderón construyó en el imaginario popular es inexistente. No hay un grupo definido de malvados frente a los buenos ciudadanos. Lo que hay es una ausencia de Estado.

Sí, es verdad, es frase masticada, pero ahora es más claro que nunca, con la reciente decisión de meter al Ejército y a las fuerzas federales a Michoacán, en coordinación con el Gobierno estatal. ¿Por qué? Por el tipo de reacción de los grupos de autodefensa.

¿Qué hicieron estos grupos? En La Ruana, una de las comunidades en donde mejor y más organizados estaban, se hicieron a un lado. Cuando los periodistas le preguntaron a Hipólito Mora si dejaría al Ejército tomar el control de la seguridad, el agricultor respondió como si le estuvieran preguntando sandeces.

“Pues claaaaaro, si ellos son los que están entrenados para eso”, dijo el líder del grupo de autodefensa y celebró la posibilidad de volver a trabajar en el limón. Pero también, con una sensatez de la que carecen muchos estrategas de seguridad, advirtió que seguirían por ahí, sin notarse, porque aunque confían en el Ejército, saben que sus integrantes no conocen la zona y a los lugareños. En otras palabras: de todas formas se necesita a la Policía de proximidad.

La entrevista y la actitud de Mora complementan otro documento informativo: un video en el que el líder de Los Caballeros Templarios, conocido como “La Tuta”, se deslinda de los grupos de autodefensa y exige que el Gobierno cumpla con su deber.

En La Ruana dicen que los templarios los quieren matar. Los templarios dicen que en La Ruana hay gente infiltrada de cárteles de Jalisco. Es una situación extrema de un fenómeno social cotidiano: grupos contra grupos, intereses encontrados, sectores enfrentados. La diferencia es que ahí están armados y no hay Gobierno articulador de diferencias ni Estado monopolizador de la violencia.

Lo interesante de los dos documentos informativos es que ambos bandos piden a gritos la presencia, justa y clara, de autoridades reconocibles y fuertes para acabar con la violencia.

“La Tuta” lo dice sin ambages: “No lo pedimos por miedo —dice—, somos tan hombres como los otros, pero es tiempo de que pongan orden”. Pero eso sí, no cualquier orden. Un orden imparcial. Lo expresa con claridad este señor: “No sean juez y parte” es una de las frases más repetidas en su video. Y eso, tomar partido, es lo que sienten que hicieron el Ejército, los gobiernos municipales, las autoridades estatales: primero favorecer a un grupo criminal y después, desentenderse del polvorín provocado.

El escenario es optimista. La estrategia del Gobierno federal incluye a las autoridades estatales, no incluye sólo la faceta directa de seguridad y, por lo visto, tiene canales con los grupos sociales involucrados. Eso puede reconstruir a la autoridad y a la paz. Y no es tan difícil: sólo tienen que cumplir con su deber.
 

De ninguna manera voy a defender al grupo de canallas que tiene tomado el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco. Pero la idea de desaparecer a los institutos electorales locales para dar paso al Instituto Nacional Electoral (INE) no me seduce.

Me explico. Para organizar elecciones, el IEPC funciona. Eso sí: es caro, la clase política local hace de las suyas, la nómina es un espacio patrimonial privado y los partidos presionan en periodo electoral, y no electoral para evitar multas y defraudar la ley.

El IEPC, igual que todos los institutos electorales locales, es sujeto de presiones políticas y eso se refleja en el bajo perfil de los consejeros elegidos. Pero su desaparición no frena per se la actuación de esos poderes fácticos. La lógica detrás del argumento del INE es que un respaldo federal, alejado de los intereses de Zapopan, Tlajomulco o la UdeG, fortalece la independencia de criterios de los individuos que toman las decisiones. ¿Suena bien, no? Sí, hasta que se desagrega eso del “respaldo federal”. No es que haya una institución abstracta atrás o un concepto de academia: es que hay otros individuos, con presiones políticas distintas, que toman las decisiones.

Con el INE, las elecciones se harán en las mismas calles, con la misma gente, para los mismos cargos. Tomando en cuenta eso, ¿desaparecerá el interés de Sandoval, de Padilla, de los panistas… en la conformación de los consejos distritales, en los recuentos, en la nómina, en las sanciones? El interés seguirá ahí; sólo será más caro (quizá ahora intervengan Jesús Zambrano, Peña Nieto y Madero). Y en ese esquema, los académicos del Iteso, los miembros del Congreso Ciudadano, los periodistas de EL INFORMADOR, poco podrán decir.

El otro argumento para muchos es más fuerte: el del ahorro. Pero también es cuestionable. El gasto corriente del IEPC es de 221 millones, el del Estado de México de 488, el de Veracruz de 522 (con elecciones) y el del DF de 548. Son los más caros y abusivos, y ese el presupuesto para operación, no incluyo dinero para partidos, que no se alteraría nadita. El resto de institutos no pasa de 150 millones. Pero hagamos tabla rasa: digamos que en promedio hay 300 millones de pesos por instituto local. Eso nos da una cifra de nueve mil 600 millones de pesos al año.

El IFE, sin elecciones, cuesta seis mil millones de pesos anuales, sin incluir ni el padrón ni el financiamiento a partidos. En año electoral, la operación aumenta a 10 mil millones, y eso que sólo se trata de un Presidente, 128 senadores y 500 diputados (627 cargos federales).

En el país hay dos mil 457 alcaldes y alrededor de mil 400 diputados locales.

Este año se renueva la mitad. ¿Cuánta estructura adicional se requiere para el registro, la fiscalización de campañas, el seguimiento del proceso electoral, la recepción de quejas y el conteo de votos? Porque ojo: no se trata de poner la mampara y ahorrar el día de la elección con las crayolas. Lo caro es el recurso humano y la infraestructura para ese recurso. En los consejos distritales del IFE calculan que necesitan triplicar personal y eso, de ninguna manera, nos sale más barato.

En general, los discursos indigenistas pecan de enmielados y los discursos de feministas pecan de sectarios, cuando no de bobos. No es que los indígenas sean todos cursis y museos vivientes, ni que las feministas sean todas bobas y sectarias, es que los discursos de los militantes de esas causas están llenos de apelaciones emocionales, rencores artificiales, dogmas, falacias y exigencias a un Estado que siempre ven paternalista. Dan grima.

Por eso es vigorizante encontrarse de cuando en cuando con personajes interesantes que renuevan el lenguaje, el discurso y la causa.  Este lunes, por ejemplo, me tocó escuchar a Eufrosina Cruz, una mujer indígena metida a la política oaxaqueña y nacional con una visión más liberal que la que tienen muchos vanguardistas de la progresía.

Eufrosina es un caso extraño. Una rebelde que se interesó por los asuntos públicos a corta edad y que antes de los 13 ya había manifestado la locura de no querer que la entregaran a esa edad en matrimonio. Muchachita insurrecta.

Su discurso es muy interesante porque rompe los moldes de lo políticamente correcto tanto en su entorno original como en el México que se dice plural. No menosprecia su origen, pero tampoco lo ensalza para conservarlo en salmuera. En otras palabras: es una mujer sensata que ve con claridad lo que está mal en ambos lados del muro y lo que vale la pena de las tradiciones y de la modernidad.

En 2007, apenas hace cinco años, Eufrosina se metió de cabeza en la absurda aventura de querer ser alcalde de su pueblo. Las buenas conciencias se escandalizaron: la llamaron marimacho, homosexual, borracha y loca. Además, violaba la ley: las mujeres en Santa María Quiegolani, Oaxaca, ni votaban ni podían osar a ser votadas. ¡En 2007! ¿Por qué? Ah pues por la bonita idea de respetar los “usos y costumbres”. Participó, pero sus votos fueron invalidados y no encontró respaldo ni en el Congreso ni en el Instituto Electoral de Oaxaca, pues esas eran las reglas de su municipio, según ellos.

Los usos y costumbres sirven para preservar la identidad, pero también son la excusa de las instituciones mexicanas para violentar derechos individuales, explica Eufrosina, que para romper más moldes es fan de Obama ¡y adherente panista!, pero sobre todo, necia, como casi todas las mujeres que sí valen la pena en la arena pública. En 2010, consiguió apoyo para ser diputada local y se convirtió en la primera mujer indígena del Congreso de Oaxaca, en donde no estuvo como un dedo más: colaboró para cambiar las reglas de acceso a diputaciones por parte de mujeres y llegó a presidir la mesa directiva.

Hoy es diputada federal y es una voz muy inquietante simplemente porque la palabra que más le gusta del castellano es una que no existe en zapoteco: “libertad”. No me tocó que hablara de cuotas: toda su fuerza discursiva está en la libertad individual. Qué refrescante.
 

El Gobierno de Aristóteles Sandoval tiene graves problemas de operación política y de definición gubernamental. El gobernador tomó protesta el 15 de marzo y hasta ahora ha trabajado inercialmente con los mismos programas que tenía la administración anterior. Los 366 programas que tienen en la Secretaría de Planeación siguen su curso, casi automático, desde enero. Y apenas ahora, casi a los cien días de Gobierno, Sandoval intenta empujar un Pacto político con una agenda mucho más clara.

El ex gobernador Emilio González  anunció su Gran Alianza (equivalente al pacto, pero en las nubes), durante su toma de protesta. Claro, González Márquez no es ejemplo para el Gobierno priista (ni para nadie), ¿pero qué tal Enrique Peña, que presentó su Pacto en diciembre? Firmado un día después de su toma de protesta, más de tres meses antes de que Sandoval hiciera lo propio.

Por supuesto, el escenario del que parte el Gobierno priista no tiene nada qué ver con el contexto federal. Para empezar, la negociación es tardía y las canicas para repartir ya están dadas. Pero pasemos por alto ese detalle: muy pocos de los 40 puntos planteados por el equipo de Sandoval aparecen como prioritarios para la vida pública de Jalisco, lo que hace poco costoso para los partidos de oposición el rechazo a la propuesta.

¿O se armará la indignación porque el PAN no quiera sumarse a un Sistema Estatal de Información, a la reforma del Siapa o a la ampliación de horario en escuelas públicas? ¿O porque no quiera sumarse a un pacto con obligaciones con la Federación?

La idea del pacto es buena, pero está desastrosamente operada: hacerle el feo está baratísimo, y hacerle el caldo gordo no tiene incentivos. ¿Es un fracaso entonces? No, tampoco es trágico: la suma de voluntades partidistas para la corresponsabilidad de Gobierno es propia de los sistemas parlamentarios y no garantiza ni cumplimiento ni estabilidad. Es atractivo, claro: imaginen que de una sentada se negocian 40 temas para los seis años, cediendo en unos, ganando en otros. ¡Qué bonito! Pero no hay garantía de cumplimiento. El Pacto por México ya mostró su debilidad y el augurio es que pronto se acabe esa luna de miel. ¿Por qué? Porque el sistema presidencial, sin mayoría en el Congreso, tiene esa lógica: los partidos negocian los temas uno por uno y los mezclan con la coyuntura. ¿Qué ya salió un escándalo en Veracruz? ¡Se acaba el pacto! ¿Que ya se enojó Alfaro por un tema de Tlajomulco? ¡Se acaba el pacto! Es lo normal, no hay porqué escandalizarse.

Sandoval opera en un contexto complicado: le tocó un Congreso dividido, nadie tiene la mayoría, y no le alcanza ni con la suma de todos los pequeños para reformas constitucionales. En ese contexto, un Pacto es un sueño guajiro, algo demasiado bello y frágil para las pocas habilidades de negociación que se han mostrado hasta el momento. Tendrán que ir paso a paso.

En la más reciente investigación de Luis Herrera, en EL INFORMADOR, se da cuenta con evidencia y registros oficiales de lo que la población sospecha: las drogas están en los cuerpos de seguridad.

La información sorprende aunque sea vox populi: muchos policías tapatíos consumen cocaína, alcohol y mariguana; golpean a sospechosos sin motivo y/o reciben sobornos para hacer la vista gorda.

Muchos. ¿Cuánto son muchos? Nada más 296, que son los que han sido dados de baja en tres años por esas razones. En términos relativos, no son tantos, son menos de 10% de los  policías de la ciudad, pero si se toma en cuenta que menos de 500 policías han sido sometidos a las evaluaciones de confianza, entonces la cosa sí aparece grave.

Si se añade este dato a la ecuación en la lucha contra el consumo y venta de drogas, esta batalla se revela retorcida y casi idiota: resulta que el Estado determina que los individuos no pueden hacerse daño con sustancias que comerciantes sin escrúpulos venden como pan caliente. Para evitarlo, ataca a los comerciantes y diseña leyes para que los cuerpos de seguridad de primer contacto (sí, la Policía municipal) se encarguen de combatir los primeros síntomas de ese comercio. Los policías están mal pagados, no tienen armas, no están capacitados y son sujetos de extorsión por parte de esos comerciantes de primer contacto. El escenario es imaginable: los policías se quedan con bolsitas de producto o las reciben como pago o, simplemente, son iguales que miles de mexicanos que encuentran en la cocaína un estimulante barato y de fácil acceso.

Regreso al planteamiento inicial, porque esto ya se alargó demasiado y cito la primera premisa: “El Estado determina que los individuos no pueden hacerse daño con sustancias…”  De ahí partió el resto: comerciantes enriquecidos, policías degradados y cocainómanos que arrestan a los cocainómanos y a los vendedores de polvos.

Hace un par de meses, Nexos publicó una interesante entrevista con el filósofo Fernando Savater, que ahora traigo a colación porque tiene dos planteamientos sin desperdicio: el primero es que los problemas sociales que trae consigo el combate al narco son problemas “gratuitos”: desaparecen en cuanto desaparece la intención prohibitiva del Estado. Aparecerán otros, pero los del narcotráfico se eliminan. Y el segundo planteamiento, mucho más relevante, es el que advierte sobre los distintos campos de acción de la ética, como mecanismo de valoración para justificar acciones. Y viene a cuento porque hay que encontrar lo que está mal en este rebuscado laberinto.  

¿Qué es lo que está mal? ¿La inhalación de cocaína, la selección de policías, la tarea asignada a los policías, la prohibición de las drogas, todo junto o todo por partes priorizadas? Aventuro una respuesta: lo que está mal es la selección de tareas de seguridad pública y, derivado de eso, la selección de cuerpos de seguridad. Eso es lo que hay que arreglar primero.
 

Es verdad, la diferencia entre Henrique Capriles y Nicolás Maduro en Venezuela es muy similar a la que había entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón en 2006, pero esa similitud es nada en un mar de diferencias. Venezuela es un espejo distorsionado, pues México es sin ninguna duda una democracia de mayor calidad.

Esto es lo provocador ¿Cómo que de mayor calidad? ¿Es que acaso hay democracia en Venezuela?

En términos generales, sí. Hay oposición, hay elecciones periódicas, existe el voto incluyente y muy importante: es real la posibilidad de que los gobernantes en turno pierdan el poder.

Sin embargo, la calidad de esa democracia la tienen en el borde de los sistemas ya autoritarios y de ninguna manera se puede afirmar que las elecciones pasadas hayan sido equitativas, justas o, incluso, legales.

La oposición, encabezada por el hoy ex candidato Capriles, pide un recuento de votos, pues cree que ahí puede estar el agujero de un resultado que aseguran les favorece (la diferencia es de 235 mil votos, en un universo de casi 15 millones de votantes). Sin embargo, la inequidad de la elección se remonta al contexto aprovechado por Maduro, el heredero de Chávez, y al diseño institucional que hábilmente han construido los chavistas.

Y es que no son tontos, si hasta parecen operadores electorales mexicanos: en primer lugar, la distritación está hecha para favorecer al Gobierno.

No importa que voten más antichavistas, siempre estarán infrarrepresentados en el Congreso, lo que se traduce en control de órganos electorales y de administración de justicia, lo que se traduce en interpretación a modo de la Constitución venezolana y en organización ventajosa de las elecciones, lo que se traduce en que un vicepresidente que no puede ser candidato lo sea y en que haya más casillas en el campo que en las zonas urbanas, lo que se traduce en que las clientelas voten y los disidentes no.

A eso se añade el largo colmillo político: elecciones inmediatas, con el ataúd de Chávez como telón de fondo para propaganda gubernamental de hasta ocho horas diarias en medios masivos, mientras la contienda se jugaba en mensajes de cuatro minutos diarios para Henrique Capriles.

A eso se añade el peor rostro del Gobierno: su cara represora. La elección es vigilada por  las Fuerzas Armadas leales y no se permiten observadores electorales independientes.

Y si a la habilidad en la operación electoral, el olfato político, el control del aparato y las herramientas autoritarias se suma la debilidad de la oposición para vigilar todas las casillas, el coctel está listo para tener los resultados que se quiera. Es más, el coctel estaría listo para ganar tres a uno, ¿no les parece?

Y sin embargo, casi les gana Capriles. A pesar del aparato, la propaganda y las argucias, millones de venezolanos le dijeron que no a Maduro y demostraron lo importante que es que con todas sus limitaciones, la débil democracia de Venezuela tiene una ranura abierta para colar la alternancia.  Esa ranura es precisamente la que deberán cuidar y ampliar en los próximos días.
 

Este es el párrafo de la discordia:

“El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria de este artículo fijará los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.

Sí, es farragoso, pero tampoco tanto: no deja lugar a dobles interpretaciones; claramente dice que los maestros tendrán ascensos relacionados con su conocimiento y habilidades. Lo que no dice es lo que ha provocado airosas reacciones, lo que no dice es (¡aquíestáel quid de la cuestión!), que si se toma en cuenta el conocimiento, con reglas claras, ya no será necesario formar parte de la corte del reyecito en turno.

Elba Esther está neutralizada, pero su modus operandi está inoculado en una red de líderes seccionales y estatales que funcionan como si la educación fuera empresa de multinivel. Cada uno tiene su pirámide y entrega favores, plazas, aumentos y traslados a discreción.

¿Cuántos buenos profesores no van a manifestaciones, no forman parte de la estructura política, no lamen el suelo por el que pasan los líderes de camionetota, y que por la misma razón, no son directores de escuela, siempre han ganado lo mismo y además nadie les hace caso para trasladar su plaza a una mejor zona después de años de entrega?

Y al revés: ¿cuántos gorilas casi analfabetos han visto dirigir escuelas primarias y gozar de privilegios de casta dorada mientras los maestros se hacen bolas para dar clases sin material ni descansos? ¿Y cuántos malos maestros han dejado una espantosa huella en su vida, en la formación de su familia, en la sociedad en la que viven?

No es necesario hacer más preguntas. Esas dos son las básicas: la educación no debe ser rehén de una estructura política; debe tener las reglas que le son propias, la de la evaluación y el reconocimiento al mérito. Miles de maestros en todo el país se manifiestan en contra de la reforma educativa (en contra del párrafo citado), pero miles más están esperando que llegue su hora, que llegue el tiempo en que esa reforma se aplique de una buena vez por todas para que sus saberes y su dedicación valgan más que los favores a la Gordillo.  Esos maestros, los buenos, los vasconcelistas, ya deben empezar a abrir la boca.
 

Este mes comenzó una nueva etapa para la universidad estatal más grande del país y con ello, para el sistema político jalisciense. El nuevo rector, Tonatiuh Bravo Padilla, ha sentado las bases para una nueva relación con el poder público y una renovada responsabilidad de esa institución en el escenario presente.

Esto se ha hecho, como siempre, con una complicada filigrana de negociación política, pero también con algo más importante que hace tiempo no se veía: con claridad ideológica.

La mayoría de los periodistas ha destacado lo que Tonatiuh Bravo llamó el pacto por los jóvenes, poniendo énfasis en la necesidad de dotar de más recursos a la UdeG para recibir a más chicos en sus aulas. Está bien, es una lucha ya larga de los universitarios, pero lo importante es que esta vez viene acompañado de claridad ideológica.

El discurso del rector, en su toma de protesta, da cuenta de ello: Bravo recuperó la fortaleza de la definición política en su acepción más noble: la que se refiere al lugar en el mundo, a la responsabilidad en el escenario presente y a la participación en el diseño del futuro.

Porque a ver: llenar las aulas y sacar a los chicos de la anomia es correcto, pero ¿para qué? ¿Por qué es tan importante lo que suceda con la UdeG? Porque la universidad pública, laica, gratuita y de calidad es la respuesta probada a la situación de guerra, de hambre, de injusticia, de crimen y de rencor social en el mundo, en el país, en Occidente, en Jalisco y en Santa Tere.

No es menor. La ecuación planteada por Bravo en pocas palabras establece que la Universidad es responsable de este presente (sí, así de desastroso como está) y de algún futuro (así de esperanzador como lo queramos), no solamente en el Estado, sino en el mundo.

¿Y qué tiene que ver la UdeG con el mundo? Todo. Lo mismo que tienen que ver todas las universidades del planeta con Jalisco. “No hay ningún fenómeno local que no tenga implicaciones globales”, dijo este lunes el nuevo rector, y esa frase fue quizá la más importante del mensaje. Los retos en investigación, en posgrado, en transparencia, en matrícula, en calidad educativa, en infraestructura, en tecnología, en docencia, en impulso cultural y hasta en la grilla universitaria no tienen efectos en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, en Cuvalles o en la División de Derecho, sino en el futuro completo de generaciones de ciudadanos con movilidad física y virtual.  

Cada reto asumido en el discurso, tiene implicaciones en la construcción y reproducción de valores intangibles y riquezas concretas en todos los ámbitos, desde el deportivo hasta el nuclear.

No es poca cosa lo que plantea Tonatiuh Bravo: retomar el papel central del conocimiento en la construcción de lo público, por un lado, y por otro, reconocer que el mundo es tal porque ha habido omisión.
 

El arte de gobernar en México es como la gastronomía nacional: en cada Estado se hacen las tortillas de distinta manera y pedir que el maíz se muela igual por razones nacionales es un despropósito. Por eso veo con optimismo lo que ha sucedido con el mando único policial en el país: cada Estado está diseñando el propio.

Puede parecer un contrasentido: ¿muchos mandos únicos y cada uno con su particularidad? Pues sí. En los asuntos públicos las visiones totalizadoras limitan el potencial y son con frecuencia detenidas por no tomar en cuenta las condiciones locales. En algunos estados la oposición colabora, en otros, el propio partido gobernante se pone piedras, en algunas zonas los congresos son fuertes y en otras lo son los grupos de municipios o los sindicatos. En cada caso, la implementación de una política compleja tiene que tomar en cuenta la dinámica local.

Hacerlo por decreto, y desde la Cámara de Diputados federal, como quería Felipe Calderón, no llegó a ninguna parte. Centenas de veces habló al vacío Genaro García Luna sobre la urgencia de hacer un mando único policial.

Y ahora resulta que en menos de un mes ya se puso la mesa para los mandos únicos estatales. ¿Qué pasó? Básicamente, que se puso por delante la política. En febrero, durante la reunión de gobernadores hubo consenso para impulsar en los estados una coordinación policial, pero nadie salió de ahí con un modelo fijo propuesto.

Lo interesante de esto es la adaptación estatal de la idea consensuada. En Nuevo León, por ejemplo, ya lo habían hecho a través de una ley de excepción que nombra un delegado para la zona metropolitana como mando único en situaciones de emergencia. En Nayarit van por el segundo intento y en Morelos están recapacitando.

En Guanajuato lo harán con un proceso transitorio, a través del programa “Escudo”, que sin necesidad de legislar, coordina los tres niveles de gobierno, con la intención explícita de trasladar a los policías municipales, eventualmente, a una sola fuerza estatal.

En Veracruz la cosa funciona entre municipios: los más fuertes entrarán a asumir funciones de los más desprotegidos.

En Yucatán se firmó un convenio para crear una Policía Estatal Coordinada bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Estatal; en Guerrero firmaron los alcaldes la entrega de las fuerzas policiacas al Estado; en el Estado de México firmaron el convenio 119 de los 125 municipios.

En Jalisco, se dio a conocer el convenio entre alcaldes y gobernador para trasladar una parte de los grupos policiacos municipales a la corporación estatal, manteniendo la autonomía de los alcaldes en el manejo de sus agentes de seguridad y creando regiones para la coordinación municipal-estatal. En otros lugares, el mando único consiste en mandos colegiados.

En algunos casos funcionará, quizá algunos estados ajusten sus modelos, pero la óptica local del diseño es sin duda un buen augurio.
 

De los asuntos de Dios entiendo poco y mal, así que no indago ni cuestiono los bienes celestiales que puede proporcionarle a una Nación el hecho de que sus habitantes compartan ciudadanía con un Papa.

Pero sin tocar los asuntos de la fe, y mucho menos las virtudes individuales del nuevo Papa, abordo la faceta política de la siguiente pregunta: ¿qué implica contar con un Papa del país propio? Piénsenlo de otra manera: ¿qué pasaría si el Papa fuera mexicano?

El revuelo causado en Argentina impresiona. Tener un Papa originario de Buenos Aires les llena de orgullo y renueva el fervor local, pero trae consigo una nueva variable para el sistema político argentino para el que los actores no estaban preparados.

Nada más de entrada ya tuvo impacto en tres frentes: el periodismo, el Gobierno y los partidos.

Empecemos por la prensa: ante la andanada de elogios y vituperios que han lanzado los periodistas argentinos, los poderosos voceros de El Vaticano han volteado a ver a los medios de ese país sudamericano y ya aprobaron o descalificaron públicamente sus líneas editoriales. Y no es cosa menor: imagínense al Vaticano descalificando a EL INFORMADOR o a Mural o a Milenio… En ese mismo instante otros actores locales podrían aprovechar para fines propios esa descalificación, sin contar con que habría efectos comerciales desastrosos y lógicamente la autocensura llegaría más pronto que tarde.

El segundo frente es la relación con el poder gubernamental. El primer jefe de Estado recibido por el Papa Francisco ha sido Cristina Kirchner, quien ni tarda ni perezosa quiso poner a trabajar al prelado en asuntos internacionales, pidiéndole interceder ante Inglaterra (no ante Dios, ante Inglaterra) en el caso de Las Malvinas. El equivalente en México sería la petición presidencial para que el Papa mexicano inclinara la balanza hacia México en el tema migratorio con Estados Unidos.

Los partidos son el tercer frente impactado hasta ahora. El nuevo Papa tiene frente a sí retos mayúsculos, relacionados con la fe, la modernización o la consolidación de la estructura religiosa sin importar las nacionalidades, pero en letras minúsculas hay miles de temas partidistas que se le reclaman en su país. Que si es peronista que si no. Que si va a visitar Argentina a unos meses de la elección de octubre. Que si fue crítico de Kirchner, que si no, que si eso significa impulso a la oposición o no.

Trasladar eso a México implicaría la posibilidad de que el Papa recibiera o rechazara la visita de Andrés Manuel López Obrador, que fuese identificado con el PAN o que enfrentase reclamos por su silencio ante presuntos fraudes electorales priistas.

La lista sigue, pero los ejemplos bastan y con eso concluyo ya: al margen los bienes intangibles que puede traer un Papa a su nación de origen, hay que considerar que ingresa al sistema político un nuevo actor, exógeno, poderoso, con recursos ajenos al sistema y con inmensa influencia en el interior. ¿Qué pasaría con nuestro torbellino político si se le suma un factor así? Merece dos pensadas eso.