Política y los popochas de Cajititlán Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Desde pasado el fin de semana, una de las informaciones que más relevancia ha cobrado en los medios de comunicación es la muerte de miles de peces en la Laguna de Cajititlán. Al oscurecer el lunes 1 de septiembre se contabilizaron más de 50 toneladas de pequeños pececillos llamados “popocha” que habían sido recogidos del vaso lacustre. Es, a todas luces, una contingencia ambiental. Y hay un dilema en discusión: ¿murieron los peces por causas naturales o por la acción del hombre?

La secretaria de Medio Ambiente de Jalisco, Magdalena Ruiz, ha sostenido que la contingencia no se debe al calor, y mucho menos a un ciclo natural.

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga (la de Cajititlán es una laguna “gobernada” por Movimiento Ciudadano y todo lo que eso implica en la guerra política que apenas asoma las narices antes de la elección de junio de 2015), Ismael del Toro Castro, ha estado reuniendo testimonios para sostener que no hay negligencia comprobable de su administración en la mortandad de peces.

Anotación al margen: el alcalde subraya en una frase, en su dirección de Twitter, que la naturaleza está detrás de las 50 toneladas de peces muertos; pero Magdalena Ruiz no ha tuiteado nada desde el pasado 20 de agosto… La secretaria, en definitiva, está fuera de competencia en redes sociales, un terreno donde el presidente de Tlajomulco y el partido Movimiento Ciudadano tienen el control.

Aunque no hay explicación racional para más de cinco mil kilos (¡¡!!) de los pequeños popochas muertos en una laguna tan pequeña como la de Cajititlán, el asunto no ha merecido para las autoridades una declaratoria de emergencia o un planteamiento serio sobre cómo mejorar la calidad del agua en la laguna. No. Lo que ha ocurrido es que el tema se convirtió en una munición más para la guerra entre el gobierno estatal priista y el gobierno municipal de MC.

Cualquier pregunta es válida.

¿Permitieron la contaminación de la laguna para provocar la contingencia ambiental y perjudicar al gobierno de Ismael del Toro y junto con él, a la figura de Enrique Alfaro Ramírez, el político mejor posicionado para las elecciones del año entrante?

¿O son tan negligentes en el gobierno municipal de Tlajomulco que dejan pasar a industriales y población en general el arrojo de aguas no tratadas en la laguna? ¿O mejor, como dicen algunos pescadores, la muerte de peces popocha es normal por la temperatura y su alta reproducción?

La respuesta técnica (y no política) se conocerá hasta que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses presente, en los próximos días, los resultados de un estudio que se practica a una muestra de los peces muertos.

Lo que llama la atención es la actuación de una secretaria que ni siquiera usa su cuenta de Twitter, en confrontación con un presidente municipal que es candidato potencial a la Cámara de Diputados.

Jalisco, rehén de la confrontación entre el PRI y MC.

¿Qué pasa con los pescadores de Cajititlán y poblados vecinos? Y más: ¿para cuándo el prometido tratamiento a las aguas que llegan a la laguna?

Los partidos políticos y los grupos de poder deben prohibirse, en serio, el lucro electoral con las necesidades de los ciudadanos.

Jorge O. Navarro
SEP 2

Corrupción en las cocinas de Puente Grande Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Entre sus tareas fundamentales, el Estado debe cumplir con una que es condición incluso para su existencia: aplicar la ley y garantizar el orden. Esto lo saben muy bien los mexicanos; cientos de miles de habitantes del país (¿millones?) sobreviven todos los días sometidos al imperio de grupos criminales, y no al de las leyes y las autoridades que las representan. Durante años se ha abundado en las deficiencias del combate al crimen organizado, pero son escasas las voces que señalan las tareas pendientes en el sistema carcelario, uno de los eslabones menos visibles de la cadena de esfuerzos que hace posible la seguridad.

Ayer, lunes 25 de agosto, este diario retomó en un acucioso trabajo periodístico parte de las condiciones en las que operan los complejos penitenciarios de Puente Grande y los que están bajo la autoridad del Gobierno del Estado en todo su territorio. Un solo dato revela la discrecionalidad —jurídicamente punible— con la que se ha operado durante años: desde 2007 se han gastado alrededor de mil 500 millones de pesos en la compra de alimentos (¡sólo comida!) para los internos en las cárceles estatales; al menos mil millones de estos pesos fueron compras directas, es decir que no hubo concurso, tal y como estipula la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

¿Qué ocurre cuando unas pocas personas tienen la posibilidad de asignar esas cantidades multimillonarias para hacer compras como la comida de los internos en las cárceles jaliscienses? La respuesta es corrupción.

No es la única, pero es la mayor beneficiaria: la empresa “La Cosmopolitana” es la principal abastecedora de alimentos en las cárceles jaliscienses, pero este consorcio propiedad de dos hermanos de ciudadanía alemana (Jorge y Elías Landsmanas Dymensztejn), también vende comida al gobierno federal y a los gobiernos del Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Sinaloa, Durango, Nayarit, Tabasco, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Morelos. Tiene contratos con cárceles e instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros, y apenas en el año 2012 la que fuera Secretaría de la Función Pública sancionó a esta empresa y determinó que durante tres meses, ninguna institución pública del país celebrara contrato o acuerdo con “La Cosmopolitana”. ¿La razón? Se documentaron y probaron prácticas de corrupción y tráfico de influencias para obtener asignaciones directas y burlar licitaciones.

Aunque esta empresa ha obtenido cientos de millones de pesos por ventas a los centros penitenciarios estatales, la calidad de la comida que ofrece es cuestionada y cuestionable. ¿Cuál es la consecuencia? Después que el pasado 25 de mayo se registró la intoxicación de 450 internos del Reclusorio Preventivo de Puente Grande por comer soya en malas condiciones, se determinó aplicar una sanción de un millón de pesos. Solamente.

Lo que comen los presos y los recursos públicos que en ellos se invierten (160 pesos diarios, en promedio, por cada uno de los 17 mil 841 internos registrados) es apenas una de muchas aristas. Lo evidente es que las cárceles no readaptan y son, además de “universidades del crimen”, una fuente de corrupción y despilfarro del siempre escaso dinero público. Las evidencias, las estadísticas, están enlistadas, documentadas y publicadas. ¿Entonces?
 

Jorge O. Navarro
AGO 26

Fiestas callejeras y ausencia de Gobierno Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El sábado pasado (16 de agosto) anocheció cargado de presagios de fiesta en un barrio de la colonia Mirador del Sol, en Zapopan. Ya en la madrugada del domingo el jolgorio se convirtió en una enorme escena digna de CSI Miami, con casi tres centenares de jóvenes tirados en el pavimento, detenidos y luego arrestados. Habían acudido al cruce de las calles Helios y Perihelio a un singular festejo, el cumpleaños de un chavo de 18 años que, dicen, se llama Chamín Godoy. Se convocó por redes sociales y a la pachanga se le llamó “la fiesta de los 4 mil”.

Por fortuna, jamás se reunieron los cuatro mil esperados, pero un evento así, en la calle, sin preparativos ni estructura, sin control, era un peligro garantizado. En Zapopan es punto menos que milagro el hecho de que cada año se realice la Romería de la Virgen y nunca ocurren nada, aunque cientos de miles (millones, dicen los que tienen más fe) se vuelcan a la avenida Ávila Camacho para ver pasar a la milagrosa imagen. Pero la Generala no estuvo convocada en Mirador del Sol, y los muchachos abusaron de su suerte; los colonos reportaron riñas, ruido, alcoholizados y todo lo que no debe ocurrir en la calle de un barrio vecinal.

Llegó la policía, se armó la gresca y los uniformados impusieron el orden. Las cifras apuntan a 281 detenidos, de los que una tercera parte eran menores de edad. Todos fueron liberados antes de que se abrieran las escuelas para el regreso a clases, pero la controversia está asegurada, porque sobran las denuncias de abuso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad. Vamos, presionada por los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó que investiga los hechos para determinar si uno o varios policías incurrieron en faltas o delitos.

Si algunos elementos de la policía zapopana son castigados porque cumplieron con demasiado celo sus funciones, pues eso será tarea aparte.

Pero lo que ocurrió esa noche es un foco de alarma (otro) para las autoridades municipales (todas) de la gigantesca Área Metropolitana de Guadalajara, con sus más de cuatro millones de habitantes. En incontables puntos de la ciudad, cualquier día pero sobre todo los fines de semana, hay cierres de calles porque los vecinos festejan un cumpleaños, organizan un juego de futbol callejero o ensayan un baile. Los motivos son tan variados como inverosímiles, pero el hecho es que cruzan un carro o dos en las bocacalles y que el mundo ruede…

Exigir el derecho de libre tránsito es una exquisitez que se antoja fuera de lugar. Pero que esto ocurra sin que la autoridad tenga el más mínimo conocimiento es tan peligroso como conceder islas intermitentes de ausencia de Gobierno. En estos cierres callejeros ocurren faltas administrativas y delitos; y también se pone en riesgo la integridad y la vida de muchas personas.

Si los reglamentos municipales y las leyes del Estado o las del país ya no cubren estos sucesos en la ciudad, los municipios y subrayadamente sus policías, deben implementar un mecanismo para salir al paso. Quizá —es sugerencia— deben admitir que los vecinos avisen, que alguien se haga cargo y dé un nombre y un horario; así al menos se sabría que existe una reunión y se podría aplicar una medida de seguridad.

¿Debe esperarse una desgracia mayúscula?
 

Jorge O. Navarro
AGO 19

Petróleo, rompimientos y absurdos Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

En todos lados se cuecen habas, dice el refrán. Pero en lugares como Jalisco las habas se cuecen de una manera muy singular, muchas veces absurda. Si no, ¿cómo explicar que el principal partido político de oposición, Movimiento Ciudadano (MC) dedique el día en que se proclama la reforma energética a anunciar que rompe con el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz?

En un trabajo periodístico publicado el fin de semana, se hace hincapié en que el mandatario estatal mantiene un cuarto de guerra (concepto eminentemente electoral para este caso) donde participan secretarios, funcionarios y asesores, con la exclusiva finalidad de boicotear la actividad de MC, el principal partido opositor, al que pretenden debilitar por todos los medios (legales e ilegales) antes de las elecciones del año 2015.

Los enemigos a atacar son Enrique Alfaro Ramírez, presunto candidato a todo, y el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Ismael del Toro Castro.

Eso motivó la movilización de la estructura dirigente de este partido, que anunció su rompimiento con el gobernador: no más negociaciones, no más acuerdos, porque Aristóteles Sandoval actúa más como líder de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI) que como gobernante de los jaliscienses.

El comunicado de MC y su presidente Hugo Luna Vázquez, está plagado de expresiones genéricas, grandilocuentes y adjetivadas. Parece, de verdad, que los integrantes de este partido están sorprendidos porque sus contrincantes políticos hacen acuerdos y amarres para evitar que les ganen otro pedazo de poder en las elecciones del año entrante.

Mientras tanto, el país entero atestigua cómo este 11 de agosto se cancela el proyecto energético inaugurado el 18 de marzo de 1938 y nace un nuevo esquema de explotación de los hidrocarburos en México, uno en el que los capitales privados (nacionales y extranjeros) tendrán preponderancia y será necesaria la participación de todas las fuerzas políticas para vigilar que se aplique de modo eficiente el nuevo marco legal, y cerrar el paso a un modelo ahora inaugurado por la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto que puede pervertirse y operar contra los intereses de la mayoría, una mayoría de 56 millones de personas en situación de pobreza, según admiten los operadores de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

De entre las voces que se escucharon por el rompimiento de MC con el gobierno estatal, quizá la más razonable sea la del titular de Comunicación del equipo del gobernador, Gonzalo Sánchez, sobre todo cuando dijo que al negarse un partido político al diálogo con el gobierno, provoca que quienes más pierdan sean los ciudadanos, aquellos a los que gobierna.

A los jaliscienses (a los habitantes de Tlajomulco) quizá les signifique muy poco que Movimiento Ciudadano tenga un diálogo fluido con el gobierno de Aristóteles Sandoval. Pero les es más útil que los grupos políticos se comuniquen y acuerden, que faciliten políticas públicas.

Y que se pronuncien e informen sobre lo trascedente.

Jorge O. Navarro
AGO 12

Seguridad; la estrategia debe revisarse Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El pasado domingo 3 de agosto fue asesinado el alcalde de Ayutla, Jalisco, Manuel Gómez Torres. Antes de que transcurrieran 24 horas, el fiscal general estatal, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, atribuyó el delito al cártel Jalisco Nueva Generación.

Así de escuetas las cosas, pareciera que el asunto está resuelto, pero hay muchos, muchos hilos sueltos.

De entrada, no se trata del primer caso. A mediados de julio del año 2006, Raúl Delgado Benavides, presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, fue baleado y muerto cuando se trasladaba en su vehículo. Aunque ambos sucesos no están ligados y ocho años los separan en el tiempo, llama la atención una coincidencia: los dos fallecidos militaban en el Partido Acción Nacional (PAN).

Por otra parte, el pasado 25 de junio había perdido la vida, también balaceado, quien fuera subdirector de la policía de Ayutla, Juan Ramón Ramírez. Es muy probable que las dos muertes sean obra de los mismos asesinos.

¿Cuál es la primera reacción en el ámbito público? El Partido Acción Nacional en Jalisco le exige al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz la renuncia del fiscal Carlos Nájera.

Pero implícitamente, con este crimen se tambalea la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno estatal, particularmente la operación de la Fuerza Única Regional, presentada apenas el 21 de julio pasado con sus 220 vehículos y mil 400 elementos, todos ellos policías mejor capacitados y dotados con armamento más potente para enfrentar el embate del crimen organizado.

Sería sorprendente que el mandatario de Jalisco prescindiera del trabajo de Carlos Nájera, no sólo porque la muerte del alcalde de Ayutla es un hecho bastante acotado como para echar por tierra la estrategia de seguridad oficial, sino también porque no hay un candidato para sustituir al fiscal general; el puesto se creó específicamente para él y la expectativa de Aristóteles Sandoval es que se ofrezcan resultados a mediano plazo y, con suerte, disminuyan las cifras que alimentan la inseguridad.

El Gobierno estatal, sin embargo, tiene en este paréntesis la oportunidad de ofrecer un discurso más realista a los jaliscienses, porque la Fuerza Única Regional y la Fuerza Única Jalisco (que opera en el Área Metropolitana de Guadalajara) no son capaces, no lo serán nunca, de acabar con la acción de los delincuentes y eliminar los llamados crímenes de alto impacto. Pueden, sí y con ayuda de la población, oponer una barrera a los cárteles y bandas, reducir su margen de maniobra y eventualmente, desmantelarlos uno por uno. Pero eso requiere años, no meses.

Cuando Winston Churchill, el legendario primer ministro británico, asumió el cargo en la Segunda Guerra Mundial, se hizo célebre al reconocer que sólo podía ofrecer “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”. Quizá sin saberlo, regaló a las futuras generaciones de políticos un ejemplo duradero: en tiempos difíciles, el ciudadano valora más la honestidad que las promesas inalcanzables.

Que hayan matado a un presidente municipal no es, ni de lejos, el principio del desmoronamiento de Jalisco. Pero sí indica que la estrategia de seguridad del Gobierno estatal tiene límites y necesita el respaldo de las policías municipales y de los ciudadanos en su totalidad.

La estrategia debe revisarse.

Jorge O. Navarro
AGO 5

Transparencia en el Mercado Corona Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El Mercado Corona, ese espacio comercial tan popular que desapareció tras un incendio (4 de mayo de 2014) y su posterior demolición, ya tiene nueva cara. Ésta se la da el proyecto presentado por el despacho Fernández Arquitectos que, no podía ser de otra manera, ya es objeto de críticas.

Para la mayoría de los tapatíos, los ganadores del concurso convocado por la administración del alcalde Ramiro Hernández García son punto menos que desconocidos, pero enfocando un poco la visión se puede hallar que el diseño elegido tiene tras de sí credenciales suficientes, porque la oficina antes mencionada es dirigida por el arquitecto Leopoldo Fernández Font, quien ha construido —también— su personal prestigio y entre otras obras, ostenta en su currículum la Cámara de Comercio de Guadalajara, la sede tapatía del Banco de México y además, la iglesia de la Luz del Mundo, en el extremo Oriental de la mancha urbana.

Sin embargo, ya se hacen escuchar voces de otros expertos que critican el modelo elegido porque, aseguran, rompe con el estilo arquitectónico del Centro Histórico de Guadalajara y hace que el Corona parezca más un centro comercial o mall como los que abundan ya en la ciudad.

Y por si fuera poco, hay quienes acusan que el diseño es casi una copia de uno anterior y muy parecido, que desde hace tiempo circula en internet.

Si Fernández Arquitectos y los detractores del proyecto ganador entran en una controversia, esa será una historia que se desarrolle en medios de comunicación; quizá no pase de un choque de declaraciones, pero si no hacen las correcciones pertinentes en el camino, también puede llegar a convertirse en un nuevo quebradero de cabeza para el presidente municipal, que aspira a tener algunos logros a favor en una gestión que ha padecido numerosos escándalos.

¿Qué hacer entonces si la polémica es un elemento infaltable en este y cualquier proyecto público?

Lo que el Gobierno de Guadalajara y la mayoría de las autoridades ejecutivas en Jalisco y el país han tratado de evitar, puede ser la mejor receta: transparencia.

El mejor remedio para terminar con las especulaciones, con las sospechas, con el permanente descrédito del ejercicio político, ya lo hallaron y lo aplican exitosamente en numerosos países: transparencia, transparencia y más transparencia.

Depende, claro, cómo se conciben las cosas: para la mayoría de los políticos mexicanos ser transparente es sinónimo de perder el control, ser débil, caer en el conflicto, en la incapacidad para imponer agenda y decisiones. Pero olvidan que aunque sea el camino más largo y fatigoso, es también el más directo para la legitimación de cualquier política pública, sea el proyecto del Mercado Corona o la repoblación del Centro Histórico. La transparencia es la fortaleza de la ciudadanía, y también de los políticos favorecidos por la gente.

Naturalmente, hace falta capacidad para gestionar la transparencia, para conseguir que de la diferencia de opinión surja la negociación. Esa es una tarea pendiente de los partidos políticos y los gobiernos, que carecen casi por completo de operadores con esa visión.

¿Puede esperarse un unánime 100% de apoyo para el nuevo Mercado Corona? Imposible.

Lo que sí puede hacerse es transparentar, arrebatarle espacio a la duda y la sospecha.
 

Jorge O. Navarro
JUL 29

Fuerza Regional y el beneficio de la duda Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz asumió el cargo el 1 de marzo del año 2013. Han debido transcurrir 16 meses y 21 días para que finalmente, completara el esquema de seguridad al que se comprometió desde que era candidato, gobernador electo después y por último, mandatario en funciones: un cuerpo especial de seguridad para combatir al crimen organizado.

Primero apareció la denominada Fuerza Única Jalisco, que opera en el Área Metropolitana de Guadalajara, y este lunes 21 de julio fue presentada la llamada Fuerza Única Regional, un cuerpo especializado de policías que combatirá los crímenes de alto impacto en las 19 regiones en las que fue dividido el Estado para estas tareas.

En este tema, sin embargo, sería un error mayúsculo ver y juzgar las cosas en blanco y negro porque hay muchos matices. El Gobierno estatal no puede presumir logros porque el hecho de completar la Fuerza Única y presentarla en sociedad es apenas el principio de todo, el arranque de la carrera.

Además, no puede ignorarse el hecho de que una veintena de alcaldes rechazaron el esquema establecido y no apoyaron a la Fuerza Regional, con el válido argumento de que no pueden prescindir de varios de sus policías y de recursos económicos para pagar sus sueldos y prestaciones mientras prestan sus servicios en la policía especial, bajo las órdenes del fiscal estatal Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco.

Por otra parte, que ya exista una Fuerza Regional no quiere decir que en automático se detendrán las incursiones violentas de convoyes armados que bloquean carreteras y establecen retenes; ejecutan a personas a la luz del día en pueblos o en zonas rurales; amedrentan alcaldes y corrompen policías municipales, además de extorsionar, secuestrar y naturalmente, sostener actividades relacionadas con el narcotráfico.

De ahora en adelante, lo que sí se puede afirmar es que los alcaldes —incluidos los que se negaron a colaborar— podrán pedir auxilio a Luis Carlos Nájera y esperar que éste envíe en un tiempo relativamente breve a los elementos de la Fuerza Regional, para enfrentarse con mayor capacitación y armamento a los delincuentes que, por regla general, están mejor equipados y organizados que las policías municipales.

Si el esquema que tiene como cabeza al fiscal general contribuye a recuperar, de verdad, la percepción de seguridad en la amplia geografía de Jalisco, y si todos los policías del Estado consiguen la certificación de confiabilidad, posiblemente a vuelta de un año se podrá hablar de buenos resultados. No antes.

Pese a todo, persiste un inconveniente de fondo en este esquema de seguridad que ameritó dos reformas a la Constitución del Estado: toda la estructura de mando reside en el fiscal Luis Carlos Nájera y ese mecanismo, a largo plazo, deberá desactivarse o el fiscal general se convertirá en algo muy parecido en un segundo gobernador. ¿Quién le haría frente?

Hoy se pide la colaboración de todos: autoridades y ciudadanos.

Eso no puede ser una patente de corso para Luis Carlos Nájera, sino el beneficio de la duda. Solamente.

Jorge O. Navarro
JUL 22

Ombudsman petrificado Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Derechos humanos. La mención de este concepto provoca entre casi toda la gente el recuerdo de algo más o menos lejano, relacionado con leyes y controversia.

Difícilmente, un ciudadano promedio en el área metropolitana de Guadalajara y en el resto del Estado, distingue entre Comisión Estatal y Comisión Nacional de los Derechos Humanos; aunque los dos organismos tienen entre sus tareas la difusión de información sobre lo que son los derechos humanos, la realidad es que con el paso de los años en lugar de acercarse a la gente se alejaron.

¿Por qué este fenómeno? Las respuestas pueden ser muchas y todas válidas. Pero en esencia, la tarea de los defensores de estos derechos se volvió tan técnica y jurídica que al menos en el caso de Jalisco, la comisión estatal parece más una extensión del Poder Judicial que un órgano ciudadano autónomo y con presupuesto propio, pero principalmente, con la facultad y la obligación legal de defender a cualquier persona del abuso de una autoridad.

Aunque parezca obvio, es indispensable recordar que el vocablo escandinavo con el que se nombra al titular de la comisión, ombudsman, significa “defensor del pueblo” y en sus orígenes, quien ocupaba el cargo se convertía en un auténtico escudo protector para los gobernados, atribulados por la burocracia y el poder de la clase gobernante.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, igual que en su momento ocurrió con el Consejo Electoral del Estado y el Instituto de Transparencia e Información Pública, nació con una vocación ciudadana. Emergió en un paréntesis histórico en el que los mexicanos, a partir de la década de los años 80 del siglo pasado, pugnaron por restarle fuerza a un presidencialismo omnipotente y centralista que todo lo ahogaba y que hacía de gobernadores y alcaldes una mera extensión de su fuerza.

Los organismos ciudadanos que resultaron de aquellos años de activismo y deseos de legalidad, no pretendieron competir por el poder. Su tarea central consistía en inaugurar y abrir paso a los equilibrios que suponía un sistema democrático dotado no de caudillos y caciques, sino de ciudadanos e instituciones.

Paradójicamente, México figura en el concierto mundial como una de las naciones con más apertura a los tratados internacionales que elevan los derechos de última generación a la figura de ley obligatoria, pero a la vez es uno de los países donde más se pisotean derechos humanos fundamentales.

Este 14 de julio, en las páginas de este diario se publicó un amplio texto en el que se documentan los gastos millonarios de la comisión estatal, con un presidente (Felipe Álvarez Cibrián) y directores que gozan de sueldos altísimos, superiores a 80 o 90 mil pesos mensuales. Se detalla también que el ombudsman gastó más de un millón de pesos en 2013 sólo en comidas en las que fue, según sus palabras, un anfitrión digno.

Importante aclarar: no se expone ninguna ilegalidad. La comisión ejerció y ejerce, un presupuesto aprobado en el que no se hallan irregularidades.

Y sin embargo, la gestión de Álvarez Cibrián desde el año 2007, llevó a la comisión a una posición elitista, ajena a la población que padece, cotidianamente, el abuso de autoridades de todo tipo.

El ombudsman perdió la esencia ciudadana. Se petrificó.
 

Jorge O. Navarro
JUL 15

Entre la FEG y el Mercado Corona Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

En lo que va del año, la ciudad de Guadalajara ha perdido por causas diferentes dos edificios emblemáticos: el Mercado Corona y la sede de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la tristemente famosa FEG. Nada parece relacionar a ambos sucesos, pero aunque sea por separado muestran cuál es el rostro de la sociedad tapatía.

Sobre el primero, como es sabido, un incendio lo inutilizó a tal grado que se determinó abatirlo, pero en el solar terregoso que hoy parece una herida, se levantará en un tiempo razonablemente breve otra edificación. La controversia —para no variar— gana terreno y la confusión en el manejo de la información, junto con los titubeos del gobierno municipal, alimentan rumores que no hacen otra cosa que entorpecer el nuevo plan.

Desde que ocurrió el incendio, el pasado 4 de mayo, se rumoró que había sido intencional y que detrás de la determinación de demoler había intereses ocultos para hacer un negocio con la reconstrucción. Aún ahora, cuando no se ha elegido el proyecto arquitectónico y el esquema final de financiamiento, está pendiente una campaña que aclare lo que se hará y elimine dudas o sospechas.

En cuanto a la demolición del edificio de la FEG, en la calle Pereira No. 100, a metros de La Normal, a pesar de que técnicamente se demostró que por falta de mantenimiento durante al menos 25 años el inmueble presentaba daños irreparables, la lectura general ha sido política.

Hay dos bandos: el minoritario, que intenta revalorar el pasado ideológico y político de la FEG; y el generalizado, que condena y aboga por desaparecer todo vestigio de una organización que fue pretendidamente estudiantil, que se manejó como una influyente megapandilla de porros al servicio de intereses políticos, y que socialmente se dio el tiro de gracia con el multihomicidio de cuatro jóvenes y el padre de uno de ellos, en diciembre de 2011.

Décadas de ilegalidad, impunidad, violencia, permiso de las autoridades para que los fegistas violaran la ley e impusieran un pequeño estado dentro del Estado, amparados además por el halo académico de la Universidad de Guadalajara, están relacionados hasta hoy con el nombre de muchos políticos y dirigentes de la institución educativa. Eso no se puede borrar con la demolición de un edificio que asentado en un predio del que no existe ni siquiera una escritura que garantice propiedad.

Se anuncia que donde se levantó durante 40 años esa sede representativa de muchos de los vicios más arraigados en la sociedad local, consentidos y alimentados además por el poder formal, se establecerá un área verde.

La opinión pública, igual que pasa con el Mercado Corona, no admite una “buena intención” detrás, sino otro chanchullo para beneficiar a algunos privilegiados.

El año 2014 puede ser recordado, entre otras cosas, por la desaparición de ambas construcciones, claramente representativas de etapas diferentes de la vida tapatía.

Y cuando se asiente el polvo y se pueda ver qué ha quedado, será posible leer la desconfianza, la decepción de la gente por el quehacer de la autoridad.

El punto es si otro mercado y un nuevo parque harán la diferencia.
 

Jorge O. Navarro
JUL 8

Lo que importa después de Brasil Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Mientras el equipo mexicano compitió en el torneo mundial de futbol que se realiza en Brasil, el tema dominante en la agenda pública ha sido ése; pero la oncena nacional quedó fuera y eso da pie a retomar la agenda pública “normal” que incide en la problemática cotidiana. No se trata de repudiar al futbol —finalmente uno de los tópicos que más interesa a los mexicanos—, aunque es evidente cómo la mayor parte de quienes integran la clase política dejan en pausa muchos asuntos de impacto para amplios sectores de la población porque aprovechan que el ambiente está relajado.

Durante semanas se aseguró públicamente, sobre todo los legisladores del bloque opositor capitaneado por el PRD, que se intentaba aprobar las leyes reglamentarias en materia energética mientras la gente (así, en genérico) estaba distraída con el campeonato mundial de futbol. La realidad probó que la situación era mucho más compleja que un simple albazo legislativo en un asunto que se enreda en intereses multimillonarios y poco transparentes.

Pero también en el nivel casero pasan cosas parecidas. Por ejemplo, en defensa de intereses de los que no se da explicación, los diputados de Acción Nacional (PAN) han decidido retrasar a placer la discusión de la reforma política en Jalisco. Muchos temas trascendentales están en juego, como las candidaturas no partidistas, la reelección o la redacción de una nueva ley en materia de participación ciudadana. Para no variar, algunos influyentes acomodarán las cosas para que la posible reforma se haga a su gusto.

Lejos queda la posibilidad de que se aborde, por ejemplo, una iniciativa de reforma que postula la diputada perredista Celia Fausto Lizaola, para redactar y aprobar una ley de combate a la corrupción y crear, además, un fiscal especial, que no es otra cosa que un funcionario que tendría la responsabilidad de investigar, descubrir y castigar a los servidores públicos que incurrieran en actos de corrupción.

La iniciativa en cuestión está en pañales y son muchos los defectos que se le observan, como el hecho de que serían los mismos diputados quienes elegirían a ese héroe social, el fiscal anticorrupción. Además, falta solución a cuestiones como el tamaño del nuevo aparato burocrático que sería necesario para que se cumpliera tan titánica misión.

Sin embargo, es tangible que la corrupción, igual que la inseguridad o la debilidad de la economía, es uno de los problemas que más molesta y preocupa a la ciudadanía. Celia Fausto tiene cifras que, aunque viejas, dibujan bien la realidad: en el año 2010 se pagaron en el país 32 mil millones de pesos en “mordidas”, de esas que se entregan para que un trámite sea menos lento; Jalisco ocupa el lugar vigésimo quinto en la lista de corrupción, esto es que sólo en siete estados se registran más hechos corruptos que aquí.

Y para rematar, en el mismo año 2010 (los datos los tomó la diputada de un estudio de Transparencia Mexicana) los jaliscienses gastaron tres mil 300 millones de pesos en mordidas.

Así las cosas… ya sin Selección mexicana en Brasil, la reforma energética sigue su curso y aquí una tímida iniciativa se enfrenta a la corrupción.

¿Hay tema o no lo hay?

Jorge O. Navarro
JUL 1