De Iguala a la muerte de un diputado Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

La violencia y matanza de estudiantes en Iguala, Guerrero, horroriza otra vez a los mexicanos y asalta los espacios principales en los medios de comunicación. La agenda mediática alimenta la percepción de inseguridad, desde Tijuana a Mérida, pasando por Jalisco.

La aparición de fosas repletas de cadáveres en las inmediaciones de Iguala (al Norte de Guerrero) no son novedad en el país. Quizá hasta hallen menos cuerpos que en las tumbas múltiples documentadas cerca de La Barca y Ocotlán, así que las autoridades de Jalisco no tendrán argumento para tratar de desviar la atención a lo que pasa en aquella entidad de la costa del Pacífico.

Pero el número de cuerpos no es el tema.

El punto radica en que se repiten las mismas trágicas escenas. Nuevamente, a pesar de que pasan los años; se invierten miles de millones de pesos del erario; se modifica el discurso oficial sobre combate al crimen organizado y se manipulan las cifras para tratar de convencer a los mexicanos de que se le gana terreno a los cárteles y a quienes se agrupan para asesinar inocentes, pese a todo eso, en cualquier ciudad, en cualquier poblado del país, la gente sabe que puede estar a merced de quienes con armas, decidan levantarlos, extorsionarlos o de plano, asesinarlos.

Y aunque los asesinatos en Iguala pueden parecer lejanos, en el Área Metropolitana de Guadalajara no es posible perder la memoria y olvidar en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) el hecho de que hace unos días (22 de septiembre), en el Periférico y en plena tarde, fue secuestrado un diputado federal, Gabriel Gómez Michel, quien luego apareció asesinado y calcinado en territorio de Zacatecas.

Este hecho sorprendente —más porque le ocurrió a un hombre de la cúpula en el poder—, motivó que los diputados locales citaran a comparecer a quien es el máximo responsable de la seguridad en el estado, el fiscal general Luis Carlos Nájera. El funcionario acudió ante los legisladores y en un desplante que evidencia la calidad de víctimas en la que están todos los jaliscienses, repitió una serie de lugares comunes como los siguientes:

- Si las cifras de delitos aumentaron, eso se debe a que se denuncia más.

- Las cámaras instaladas en diferentes puntos de la urbe (las mismas que le costaron al Gobierno estatal más de 500 millones de pesos), “no lo resuelven todo”. ¡¿Qué sí resuelven?! Eso es lo que debería saberse.

- Si es alta la cifra de mujeres desaparecidas, eso ocurre porque muchas de ellas huyen de sus hogares, donde tienen muchos problemas.

Nájera apareció ante los diputados arropado por una noticia incompleta: hay cuatro detenidos por el plagio y asesinato del diputado Gómez Michel. ¿Quiénes son los apresados? ¿Cuál es el motivo por el que secuestraron y asesinaron a un médico y político que gozaba de buena reputación? ¿Cómo, dónde y por qué los detuvieron? La lista de cuestionamientos aumenta y contrasta con la aseveración fácil de que las investigaciones deben permanecer en secreto y además, están a cargo de la PGR.

Cada vez que se desata un escándalo en materia de seguridad aumenta el tono de las voces que piden la renuncia de Nájera. Lo cierto, antes y ahora, es que la sola salida del fiscal general no acaba con los delincuentes.

Pero, ¿esas respuestas? ¿Esas aseveraciones? Eso es lo que le dijo a los diputados. ¿Qué le puede decir a los ciudadanos comunes, a los que no tienen fuero ni cargo, pero padecen la inseguridad?

Jorge O. Navarro
OCT 7

Pleitos federalistas en el Senado Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Aunque se había agendado y acordado con anticipación, el Presidente Enrique Peña Nieto canceló intempestivamente su visita, este lunes 29 de septiembre, al Senado de la República, donde se realizó el Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional. Aparentemente, la decisión de última hora se debió a que los legisladores de Acción Nacional anunciaron que no acudirían al evento si no se respetaba un formato de diálogo en el que pudieran cuestionar al Mandatario sobre cualquier tema relacionado con su ejercicio de Gobierno.

En lugar de Peña Nieto acudió al evento el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y así, la Presidencia pretendió terminar con la polémica.

Pero hay mucho más de fondo que una visita cancelada porque pudiera incomodar al Presidente.

La pretendida visita presidencial a la Cámara alta fue resultado de un acuerdo entre las fracciones parlamentarias del Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que circunstancialmente ostenta la presidencia rotativa del Senado.

En esta negociación política, priistas y perredistas dejaron fuera a los panistas, urgidos ahora de frenar un poco el tremendo desprestigio social que han cosechado en los últimos meses, y para hacerlo argumentaron que si el Presidente del país acude al Senado, debe estar dispuesto a ser cuestionado pues de lo contrario, si su presencia es sólo amistosa, se estará evidenciando la claudicación del Poder Legislativo ante el Ejecutivo.

La semana pasada, al aprobar el evento, entre los senadores se dijeron de todo. Los más atacados fueron los perredistas, a quienes sus pares de Acción Nacional acusaron de vendidos y serviles; lo más simpático de la reyerta verbal fue que personajes como Dolores Padierna, siempre crítica severa del ocupante en turno de Los Pinos, subió a tribuna para echar en cara a los panistas los escándalos de corrupción interna que les han ganado tan mala fama.

¿Qué revela este desacuerdo? ¿Terminó la capacidad de negociación de Los Pinos y este episodio es el primero de muchos desencuentros?

Lo primero que debe considerarse es que el comportamiento de todos los partidos políticos y sus fracciones en las cámaras de Diputados y Senadores, está condicionado por el calendario electoral. Esta misma semana comienza el proceso que conduce a la jornada electoral de 2015 y lo que más le importa a la clase política es mantener los espacios ganados en 2012 y si es posible, aumentarlos. La competencia será especialmente difícil, si se considera que hay tres nuevos partidos que también presentarán candidatos.

Por otra parte, la oficina de la Presidencia está más decidida que antes a salvaguardar la imagen presidencial. No están dispuestos a permitir ni el más pequeño espacio de posible crítica a Peña Nieto, un Presidente que goza de abundante reconocimiento internacional, pero no goza de buena calificación entre amplios sectores de la población en México.

La ecuación, vistas así las cosas, es sencilla: los senadores del PRI estaban felices de tener al Presidente en casa, y los perredistas aceptaron recibirlo a cambio de concesiones que no son públicamente conocidas; los panistas, urgidos de votos, no hallaron incentivo suficiente para aplaudir a Peña Nieto y lo que querían era ganar imagen social a costa del Jefe del Ejecutivo, quien no va a permitir que nada lo manche.

Pero, ¿cuál era el tema en el Encuentro por la Federación? ¡Ah! El federalismo… ese sistema que la administración peñanietista está reduciendo a su mínima expresión, mientras los gobiernos estatales se conforman.
 

Jorge O. Navarro
SEP 30

Entre indígenas y el Club de Nueva York Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El Presidente del país, Enrique Peña Nieto, está ahora en Nueva York. El mandatario —que ha acostumbrado a los tapatíos a una presencia regular en los últimos meses— sostiene una agenda contradictoria: primero aparece en la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas que organizó la ONU, para repetir lo que se ha dicho durante décadas sobre la desigualdad, injusticia y discriminación que padecen las poblaciones autóctonas, y después toma parte en una reunión con los miembros de The Economic Club of New York a quienes les recuerda las bondades (aún por descubrir) de lo que ya es un cliché, las reformas estructurales.

Los mexicanos, por debajo del Río Bravo, viven cotidianamente una agenda múltiple en la que dominan temas como la constante expectativa de que la economía mejore, aunque eso no suceda; la permanente violencia que surge de la actividad de los cárteles del narco y otras expresiones del crimen organizado; los desastres naturales que asolan periódicamente, como ocurre ahora en Baja California Sur y en general, la desigualdad en la distribución de la riqueza que se alarga sin que se constate una inercia que la detenga y menos aún, la revierta.

Evidente contraste ofrece el discurso presidencial ante el resto de los gobiernos representados en la ONU y los magnates del capital, con lo que podrían decir los mexicanos violentados de Michoacán y Tamaulipas, o los millares que perdidos en las urbes grandes y pequeñas, sobreviven todos los días, ajenos a los acuerdos internacionales.

Si fuera posible visualizar en una sola escena esa torre de babel que es el intrincado mosaico mexicano, sería evidente que la voz más débil es la de los indígenas. Y quizá uno de los rasgos más notorios de ésta es que ha sido desde siempre la menos escuchada, la que siempre se puede atender después.

A la administración peñanietista le urge, obvio, que las reformas tan pregonadas fuera de las fronteras del país ofrezcan los resultados que se proyectaron: más inversión, más recursos económicos, menos diferencias sociales, disminución de la violencia y sus escalofriantes estadísticas de muertos y desaparecidos, y una postura política más homogénea que se refleje en las urnas durante los procesos electorales.

En The Economic Club of New York, el Presidente reiteró que México es confiable y seguro para recibir inversiones. Aún más, presumió que la reforma energética rompió con un modelo de explotación impuesto hace más de 60 años; su argumento para los dueños del capital internacional lleva implícito el reconocimiento de que el proyecto nacional de control de sus recursos energéticos ha fracasado y además, es viejo. Ergo, lo antiguo es negativo.

De retorno en el tema indígena, hace exactamente un año las cifras oficiales (las del Coneval) reconocieron que 8.2 millones de indígenas en México viven en pobreza y que sólo 57% de todos los mexicanos autóctonos tiene acceso a servicios de salud. Tres de cada 10 indígenas son analfabetos.

El Presidente mexicano solicitó a todos los gobiernos del mundo unirse para acabar con los perjuicios que soportan los pueblos nativos. Es un discurso que no se rechaza. Digno del aplauso general. No compromete a nadie en particular.

Pero la postura oficial es, como siempre, contradictoria. Y sin necesidad de dotes para pronosticar el futuro, es posible afirmar que los indígenas seguirán hablando con la voz más débil.
 

Jorge O. Navarro
SEP 23

Controversia en Puerto Vallarta Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El presidente municipal de Puerto Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, político de episodios polémicos desde que se dio a conocer como diputado en el Congreso del Estado –en aquel tiempo como militante del Partido Acción Nacional (PAN)– está en camino de protagonizar otra controversia porque muy posiblemente se encontró con la horma de su zapato. El presidente de la asociación Conciencia Cívica, Salvador Cosío Gaona, también ex diputado local, anunció que solicitará juicio político contra el ahora alcalde del partido Movimiento Ciudadano (MC) por un burdo abuso de autoridad.

Salvador Cosío, experto en lides judiciales, tiene en común con Demetrio Guerrero la cercanía con las élites de Puerto Vallarta. No son escasas sus relaciones con empresarios de aquella latitud, y en este episodio, Cosío Gaona apoya a transportistas que fueron perjudicados por el alcalde vallartense, quien en un arranque excesivo utilizó al personal del municipio el pasado 2 de septiembre para bloquear la salida de camiones foráneos con el pretexto de que abriría un antiguo paso reclamado por ejidatarios.

Los transportistas aseguran, y así lo hizo saber Cosío Gaona, que nunca tuvieron conocimiento de una determinación judicial que los obligara a ceder parte del edificio que era utilizado como central camionera para abrir una calle, y menos que un ejido se defendiera en tribunales para recuperar un derecho de paso que les hubiera sido eliminado.

Pero el alcalde de Puerto Vallarta llegó al lugar ese día, con la maquinaria municipal e incluso el apoyo de personal de Protección Civil del municipio, para ejecutar una orden judicial proveniente de un juez municipal… lo que es ilegal, según conoce cualquier mediano estudiante de derecho.

Durante horas, las unidades de la empresa Vallarta Plus quedaron bloqueadas. Además de las pérdidas económicas por falta de operación, la estimación por daños a las instalaciones puede sumar al menos cuatro millones de pesos que, naturalmente, los transportistas reclaman al alcalde.

Lo más singular del episodio, es que Salvador Cosío recibió una petición personal para que concluya la ofensiva contra el presidente municipal, pero no le llegó de los dirigentes de Movimiento Ciudadano… quien le pide al presidente de Conciencia Cívica que termine la confrontación es Eduardo Rosales Castellanos, ex presidente del PAN Jalisco y hoy uno de los principales operadores en la vida interna del partido albiazul, a pesar de que no es militante activo.

Debe reconocerse, por otra parte, que una solicitud de juicio político tiene tanto impacto como un soplo de viento sobre los gruesos y añejos paredones del Palacio Legislativo. Los diputados sopesarán, primero, quién solicita el juicio contra Demetrio Guerrero, para considerar si lo toman en serio o no. Pero, ¿quiénes defenderán al alcalde vallartense, los diputados de MC o los panistas? Singular dilema en el que se hallarán los dirigentes estatales de Acción Nacional, Miguel Ángel Monraz Ibarra, y de Movimiento Ciudadano, Hugo Luna Vázquez.

Pero si es posible encontrar un resquicio de cordura en un caso como este, habría que preguntarse quiénes abusaron: ¿los ejidatarios o los transportistas?

¿Y cómo es que un alcalde tiene la libertad para actuar tan arbitrariamente?
 

Jorge O. Navarro
SEP 9

Política y los popochas de Cajititlán Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Desde pasado el fin de semana, una de las informaciones que más relevancia ha cobrado en los medios de comunicación es la muerte de miles de peces en la Laguna de Cajititlán. Al oscurecer el lunes 1 de septiembre se contabilizaron más de 50 toneladas de pequeños pececillos llamados “popocha” que habían sido recogidos del vaso lacustre. Es, a todas luces, una contingencia ambiental. Y hay un dilema en discusión: ¿murieron los peces por causas naturales o por la acción del hombre?

La secretaria de Medio Ambiente de Jalisco, Magdalena Ruiz, ha sostenido que la contingencia no se debe al calor, y mucho menos a un ciclo natural.

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga (la de Cajititlán es una laguna “gobernada” por Movimiento Ciudadano y todo lo que eso implica en la guerra política que apenas asoma las narices antes de la elección de junio de 2015), Ismael del Toro Castro, ha estado reuniendo testimonios para sostener que no hay negligencia comprobable de su administración en la mortandad de peces.

Anotación al margen: el alcalde subraya en una frase, en su dirección de Twitter, que la naturaleza está detrás de las 50 toneladas de peces muertos; pero Magdalena Ruiz no ha tuiteado nada desde el pasado 20 de agosto… La secretaria, en definitiva, está fuera de competencia en redes sociales, un terreno donde el presidente de Tlajomulco y el partido Movimiento Ciudadano tienen el control.

Aunque no hay explicación racional para más de cinco mil kilos (¡¡!!) de los pequeños popochas muertos en una laguna tan pequeña como la de Cajititlán, el asunto no ha merecido para las autoridades una declaratoria de emergencia o un planteamiento serio sobre cómo mejorar la calidad del agua en la laguna. No. Lo que ha ocurrido es que el tema se convirtió en una munición más para la guerra entre el gobierno estatal priista y el gobierno municipal de MC.

Cualquier pregunta es válida.

¿Permitieron la contaminación de la laguna para provocar la contingencia ambiental y perjudicar al gobierno de Ismael del Toro y junto con él, a la figura de Enrique Alfaro Ramírez, el político mejor posicionado para las elecciones del año entrante?

¿O son tan negligentes en el gobierno municipal de Tlajomulco que dejan pasar a industriales y población en general el arrojo de aguas no tratadas en la laguna? ¿O mejor, como dicen algunos pescadores, la muerte de peces popocha es normal por la temperatura y su alta reproducción?

La respuesta técnica (y no política) se conocerá hasta que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses presente, en los próximos días, los resultados de un estudio que se practica a una muestra de los peces muertos.

Lo que llama la atención es la actuación de una secretaria que ni siquiera usa su cuenta de Twitter, en confrontación con un presidente municipal que es candidato potencial a la Cámara de Diputados.

Jalisco, rehén de la confrontación entre el PRI y MC.

¿Qué pasa con los pescadores de Cajititlán y poblados vecinos? Y más: ¿para cuándo el prometido tratamiento a las aguas que llegan a la laguna?

Los partidos políticos y los grupos de poder deben prohibirse, en serio, el lucro electoral con las necesidades de los ciudadanos.

Jorge O. Navarro
SEP 2

Corrupción en las cocinas de Puente Grande Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Entre sus tareas fundamentales, el Estado debe cumplir con una que es condición incluso para su existencia: aplicar la ley y garantizar el orden. Esto lo saben muy bien los mexicanos; cientos de miles de habitantes del país (¿millones?) sobreviven todos los días sometidos al imperio de grupos criminales, y no al de las leyes y las autoridades que las representan. Durante años se ha abundado en las deficiencias del combate al crimen organizado, pero son escasas las voces que señalan las tareas pendientes en el sistema carcelario, uno de los eslabones menos visibles de la cadena de esfuerzos que hace posible la seguridad.

Ayer, lunes 25 de agosto, este diario retomó en un acucioso trabajo periodístico parte de las condiciones en las que operan los complejos penitenciarios de Puente Grande y los que están bajo la autoridad del Gobierno del Estado en todo su territorio. Un solo dato revela la discrecionalidad —jurídicamente punible— con la que se ha operado durante años: desde 2007 se han gastado alrededor de mil 500 millones de pesos en la compra de alimentos (¡sólo comida!) para los internos en las cárceles estatales; al menos mil millones de estos pesos fueron compras directas, es decir que no hubo concurso, tal y como estipula la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

¿Qué ocurre cuando unas pocas personas tienen la posibilidad de asignar esas cantidades multimillonarias para hacer compras como la comida de los internos en las cárceles jaliscienses? La respuesta es corrupción.

No es la única, pero es la mayor beneficiaria: la empresa “La Cosmopolitana” es la principal abastecedora de alimentos en las cárceles jaliscienses, pero este consorcio propiedad de dos hermanos de ciudadanía alemana (Jorge y Elías Landsmanas Dymensztejn), también vende comida al gobierno federal y a los gobiernos del Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Sinaloa, Durango, Nayarit, Tabasco, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Morelos. Tiene contratos con cárceles e instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros, y apenas en el año 2012 la que fuera Secretaría de la Función Pública sancionó a esta empresa y determinó que durante tres meses, ninguna institución pública del país celebrara contrato o acuerdo con “La Cosmopolitana”. ¿La razón? Se documentaron y probaron prácticas de corrupción y tráfico de influencias para obtener asignaciones directas y burlar licitaciones.

Aunque esta empresa ha obtenido cientos de millones de pesos por ventas a los centros penitenciarios estatales, la calidad de la comida que ofrece es cuestionada y cuestionable. ¿Cuál es la consecuencia? Después que el pasado 25 de mayo se registró la intoxicación de 450 internos del Reclusorio Preventivo de Puente Grande por comer soya en malas condiciones, se determinó aplicar una sanción de un millón de pesos. Solamente.

Lo que comen los presos y los recursos públicos que en ellos se invierten (160 pesos diarios, en promedio, por cada uno de los 17 mil 841 internos registrados) es apenas una de muchas aristas. Lo evidente es que las cárceles no readaptan y son, además de “universidades del crimen”, una fuente de corrupción y despilfarro del siempre escaso dinero público. Las evidencias, las estadísticas, están enlistadas, documentadas y publicadas. ¿Entonces?
 

Jorge O. Navarro
AGO 26

Fiestas callejeras y ausencia de Gobierno Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El sábado pasado (16 de agosto) anocheció cargado de presagios de fiesta en un barrio de la colonia Mirador del Sol, en Zapopan. Ya en la madrugada del domingo el jolgorio se convirtió en una enorme escena digna de CSI Miami, con casi tres centenares de jóvenes tirados en el pavimento, detenidos y luego arrestados. Habían acudido al cruce de las calles Helios y Perihelio a un singular festejo, el cumpleaños de un chavo de 18 años que, dicen, se llama Chamín Godoy. Se convocó por redes sociales y a la pachanga se le llamó “la fiesta de los 4 mil”.

Por fortuna, jamás se reunieron los cuatro mil esperados, pero un evento así, en la calle, sin preparativos ni estructura, sin control, era un peligro garantizado. En Zapopan es punto menos que milagro el hecho de que cada año se realice la Romería de la Virgen y nunca ocurren nada, aunque cientos de miles (millones, dicen los que tienen más fe) se vuelcan a la avenida Ávila Camacho para ver pasar a la milagrosa imagen. Pero la Generala no estuvo convocada en Mirador del Sol, y los muchachos abusaron de su suerte; los colonos reportaron riñas, ruido, alcoholizados y todo lo que no debe ocurrir en la calle de un barrio vecinal.

Llegó la policía, se armó la gresca y los uniformados impusieron el orden. Las cifras apuntan a 281 detenidos, de los que una tercera parte eran menores de edad. Todos fueron liberados antes de que se abrieran las escuelas para el regreso a clases, pero la controversia está asegurada, porque sobran las denuncias de abuso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad. Vamos, presionada por los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó que investiga los hechos para determinar si uno o varios policías incurrieron en faltas o delitos.

Si algunos elementos de la policía zapopana son castigados porque cumplieron con demasiado celo sus funciones, pues eso será tarea aparte.

Pero lo que ocurrió esa noche es un foco de alarma (otro) para las autoridades municipales (todas) de la gigantesca Área Metropolitana de Guadalajara, con sus más de cuatro millones de habitantes. En incontables puntos de la ciudad, cualquier día pero sobre todo los fines de semana, hay cierres de calles porque los vecinos festejan un cumpleaños, organizan un juego de futbol callejero o ensayan un baile. Los motivos son tan variados como inverosímiles, pero el hecho es que cruzan un carro o dos en las bocacalles y que el mundo ruede…

Exigir el derecho de libre tránsito es una exquisitez que se antoja fuera de lugar. Pero que esto ocurra sin que la autoridad tenga el más mínimo conocimiento es tan peligroso como conceder islas intermitentes de ausencia de Gobierno. En estos cierres callejeros ocurren faltas administrativas y delitos; y también se pone en riesgo la integridad y la vida de muchas personas.

Si los reglamentos municipales y las leyes del Estado o las del país ya no cubren estos sucesos en la ciudad, los municipios y subrayadamente sus policías, deben implementar un mecanismo para salir al paso. Quizá —es sugerencia— deben admitir que los vecinos avisen, que alguien se haga cargo y dé un nombre y un horario; así al menos se sabría que existe una reunión y se podría aplicar una medida de seguridad.

¿Debe esperarse una desgracia mayúscula?
 

Jorge O. Navarro
AGO 19

Petróleo, rompimientos y absurdos Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

En todos lados se cuecen habas, dice el refrán. Pero en lugares como Jalisco las habas se cuecen de una manera muy singular, muchas veces absurda. Si no, ¿cómo explicar que el principal partido político de oposición, Movimiento Ciudadano (MC) dedique el día en que se proclama la reforma energética a anunciar que rompe con el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz?

En un trabajo periodístico publicado el fin de semana, se hace hincapié en que el mandatario estatal mantiene un cuarto de guerra (concepto eminentemente electoral para este caso) donde participan secretarios, funcionarios y asesores, con la exclusiva finalidad de boicotear la actividad de MC, el principal partido opositor, al que pretenden debilitar por todos los medios (legales e ilegales) antes de las elecciones del año 2015.

Los enemigos a atacar son Enrique Alfaro Ramírez, presunto candidato a todo, y el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Ismael del Toro Castro.

Eso motivó la movilización de la estructura dirigente de este partido, que anunció su rompimiento con el gobernador: no más negociaciones, no más acuerdos, porque Aristóteles Sandoval actúa más como líder de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI) que como gobernante de los jaliscienses.

El comunicado de MC y su presidente Hugo Luna Vázquez, está plagado de expresiones genéricas, grandilocuentes y adjetivadas. Parece, de verdad, que los integrantes de este partido están sorprendidos porque sus contrincantes políticos hacen acuerdos y amarres para evitar que les ganen otro pedazo de poder en las elecciones del año entrante.

Mientras tanto, el país entero atestigua cómo este 11 de agosto se cancela el proyecto energético inaugurado el 18 de marzo de 1938 y nace un nuevo esquema de explotación de los hidrocarburos en México, uno en el que los capitales privados (nacionales y extranjeros) tendrán preponderancia y será necesaria la participación de todas las fuerzas políticas para vigilar que se aplique de modo eficiente el nuevo marco legal, y cerrar el paso a un modelo ahora inaugurado por la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto que puede pervertirse y operar contra los intereses de la mayoría, una mayoría de 56 millones de personas en situación de pobreza, según admiten los operadores de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

De entre las voces que se escucharon por el rompimiento de MC con el gobierno estatal, quizá la más razonable sea la del titular de Comunicación del equipo del gobernador, Gonzalo Sánchez, sobre todo cuando dijo que al negarse un partido político al diálogo con el gobierno, provoca que quienes más pierdan sean los ciudadanos, aquellos a los que gobierna.

A los jaliscienses (a los habitantes de Tlajomulco) quizá les signifique muy poco que Movimiento Ciudadano tenga un diálogo fluido con el gobierno de Aristóteles Sandoval. Pero les es más útil que los grupos políticos se comuniquen y acuerden, que faciliten políticas públicas.

Y que se pronuncien e informen sobre lo trascedente.

Jorge O. Navarro
AGO 12

Seguridad; la estrategia debe revisarse Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El pasado domingo 3 de agosto fue asesinado el alcalde de Ayutla, Jalisco, Manuel Gómez Torres. Antes de que transcurrieran 24 horas, el fiscal general estatal, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, atribuyó el delito al cártel Jalisco Nueva Generación.

Así de escuetas las cosas, pareciera que el asunto está resuelto, pero hay muchos, muchos hilos sueltos.

De entrada, no se trata del primer caso. A mediados de julio del año 2006, Raúl Delgado Benavides, presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, fue baleado y muerto cuando se trasladaba en su vehículo. Aunque ambos sucesos no están ligados y ocho años los separan en el tiempo, llama la atención una coincidencia: los dos fallecidos militaban en el Partido Acción Nacional (PAN).

Por otra parte, el pasado 25 de junio había perdido la vida, también balaceado, quien fuera subdirector de la policía de Ayutla, Juan Ramón Ramírez. Es muy probable que las dos muertes sean obra de los mismos asesinos.

¿Cuál es la primera reacción en el ámbito público? El Partido Acción Nacional en Jalisco le exige al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz la renuncia del fiscal Carlos Nájera.

Pero implícitamente, con este crimen se tambalea la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno estatal, particularmente la operación de la Fuerza Única Regional, presentada apenas el 21 de julio pasado con sus 220 vehículos y mil 400 elementos, todos ellos policías mejor capacitados y dotados con armamento más potente para enfrentar el embate del crimen organizado.

Sería sorprendente que el mandatario de Jalisco prescindiera del trabajo de Carlos Nájera, no sólo porque la muerte del alcalde de Ayutla es un hecho bastante acotado como para echar por tierra la estrategia de seguridad oficial, sino también porque no hay un candidato para sustituir al fiscal general; el puesto se creó específicamente para él y la expectativa de Aristóteles Sandoval es que se ofrezcan resultados a mediano plazo y, con suerte, disminuyan las cifras que alimentan la inseguridad.

El Gobierno estatal, sin embargo, tiene en este paréntesis la oportunidad de ofrecer un discurso más realista a los jaliscienses, porque la Fuerza Única Regional y la Fuerza Única Jalisco (que opera en el Área Metropolitana de Guadalajara) no son capaces, no lo serán nunca, de acabar con la acción de los delincuentes y eliminar los llamados crímenes de alto impacto. Pueden, sí y con ayuda de la población, oponer una barrera a los cárteles y bandas, reducir su margen de maniobra y eventualmente, desmantelarlos uno por uno. Pero eso requiere años, no meses.

Cuando Winston Churchill, el legendario primer ministro británico, asumió el cargo en la Segunda Guerra Mundial, se hizo célebre al reconocer que sólo podía ofrecer “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”. Quizá sin saberlo, regaló a las futuras generaciones de políticos un ejemplo duradero: en tiempos difíciles, el ciudadano valora más la honestidad que las promesas inalcanzables.

Que hayan matado a un presidente municipal no es, ni de lejos, el principio del desmoronamiento de Jalisco. Pero sí indica que la estrategia de seguridad del Gobierno estatal tiene límites y necesita el respaldo de las policías municipales y de los ciudadanos en su totalidad.

La estrategia debe revisarse.

Jorge O. Navarro
AGO 5

Transparencia en el Mercado Corona Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El Mercado Corona, ese espacio comercial tan popular que desapareció tras un incendio (4 de mayo de 2014) y su posterior demolición, ya tiene nueva cara. Ésta se la da el proyecto presentado por el despacho Fernández Arquitectos que, no podía ser de otra manera, ya es objeto de críticas.

Para la mayoría de los tapatíos, los ganadores del concurso convocado por la administración del alcalde Ramiro Hernández García son punto menos que desconocidos, pero enfocando un poco la visión se puede hallar que el diseño elegido tiene tras de sí credenciales suficientes, porque la oficina antes mencionada es dirigida por el arquitecto Leopoldo Fernández Font, quien ha construido —también— su personal prestigio y entre otras obras, ostenta en su currículum la Cámara de Comercio de Guadalajara, la sede tapatía del Banco de México y además, la iglesia de la Luz del Mundo, en el extremo Oriental de la mancha urbana.

Sin embargo, ya se hacen escuchar voces de otros expertos que critican el modelo elegido porque, aseguran, rompe con el estilo arquitectónico del Centro Histórico de Guadalajara y hace que el Corona parezca más un centro comercial o mall como los que abundan ya en la ciudad.

Y por si fuera poco, hay quienes acusan que el diseño es casi una copia de uno anterior y muy parecido, que desde hace tiempo circula en internet.

Si Fernández Arquitectos y los detractores del proyecto ganador entran en una controversia, esa será una historia que se desarrolle en medios de comunicación; quizá no pase de un choque de declaraciones, pero si no hacen las correcciones pertinentes en el camino, también puede llegar a convertirse en un nuevo quebradero de cabeza para el presidente municipal, que aspira a tener algunos logros a favor en una gestión que ha padecido numerosos escándalos.

¿Qué hacer entonces si la polémica es un elemento infaltable en este y cualquier proyecto público?

Lo que el Gobierno de Guadalajara y la mayoría de las autoridades ejecutivas en Jalisco y el país han tratado de evitar, puede ser la mejor receta: transparencia.

El mejor remedio para terminar con las especulaciones, con las sospechas, con el permanente descrédito del ejercicio político, ya lo hallaron y lo aplican exitosamente en numerosos países: transparencia, transparencia y más transparencia.

Depende, claro, cómo se conciben las cosas: para la mayoría de los políticos mexicanos ser transparente es sinónimo de perder el control, ser débil, caer en el conflicto, en la incapacidad para imponer agenda y decisiones. Pero olvidan que aunque sea el camino más largo y fatigoso, es también el más directo para la legitimación de cualquier política pública, sea el proyecto del Mercado Corona o la repoblación del Centro Histórico. La transparencia es la fortaleza de la ciudadanía, y también de los políticos favorecidos por la gente.

Naturalmente, hace falta capacidad para gestionar la transparencia, para conseguir que de la diferencia de opinión surja la negociación. Esa es una tarea pendiente de los partidos políticos y los gobiernos, que carecen casi por completo de operadores con esa visión.

¿Puede esperarse un unánime 100% de apoyo para el nuevo Mercado Corona? Imposible.

Lo que sí puede hacerse es transparentar, arrebatarle espacio a la duda y la sospecha.
 

Jorge O. Navarro
JUL 29