Postulada o designada, mona se queda Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Una de las decisiones que más habían esperado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el método para elegir a quienes serán candidatos en las elecciones del año entrante. Como es sabido, el 7 de junio de 2015 los jaliscienses elegirán a sus nuevos 125 presidentes municipales con todo y regidores, a sus 39 diputados locales y podrán votar, además, por 20 candidatos a diputados federales.

Hay dos maneras para elegir a quienes serán candidatos en el PRI: a) elección con el voto de delegados, y b) decisión de una “comisión de postulación”.

Mucho se puede deducir de este método híbrido. Lo primero y más evidente es que deja las cosas a modo para que intervengan la dirigencia nacional del partido y los estrategas de Los Pinos, con la legitimación que otorga la participación de los delegados… sabiendo como siempre que difícilmente estos delegados discutirán la línea de la cúpula.

Por otra parte, y en esto debe hacerse hincapié, los priistas eligieron un nuevo nombre para decidir lo que en términos llanos siempre se ha conocido como dedazo: la postulación.

Así, la preparación de las elecciones lleva implícita la estratagema para evitar los métodos democráticos. En Acción Nacional (PAN) le llamaron “designación” y en el PRI “postulación”.

Con toda seguridad, en Movimiento Ciudadano (MC) hallarán una forma similar, mientras que los partidos con menos militantes e incluso, los que aparecen por primera vez en competencia, recurrirán a alianzas o asambleas prefabricadas.

El resultado es siempre el mismo, porque a pesar de protestas y críticas, los partidos políticos determinan por una vía o por otra, a casi todos sus candidatos. Y en ningún caso, en ninguno, dejan que en un ejercicio democrático se decida a un candidato para una plaza importante. Eso impide controlar el resultado.

El tema es importante por un par de razones trascendentales.

La primera es que a pesar de las crisis política y de inseguridad que se viven en el país y se expresan en diferentes movimientos que tienden a convertirse en protestas violentas, las clases cupulares que negocian la distribución del poder y los recursos públicos se empeñan en seguir un camino diferente del que sigue la población.

Así, mientras la agenda de lo que podría denominarse clase política corre en una vertiente, la población (en el mosaico de sus expresiones) mantiene demandas tan claras como mejores oportunidades económicas y la recuperación de los espacios de gobierno que han sido cedidos al crimen organizado. Pero esa es una agenda que sólo se atiende verbalmente y con muy contadas acciones concretas.

La segunda razón es que con la proclama de eufemismos como “designación” y “postulación”, además de oscuras reglas que permiten otra vez las alianzas entre partidos con fines pragmáticos, se desperdicia la reforma política que permitió la figura de candidatos independientes. ¿Es que de verdad se puede creer que un ciudadano sin partido competirá contra candidatos de los partidos tradicionales, contra su financiamiento y sus influencias? Si se presenta el caso, será una anomalía en el sistema. El ciudadano común queda marginado.

Con un nombre o con otro, los partidos políticos burlan el cambio y como recuerda el refrán, aunque se vista de seda, mona se queda.
 

Jorge O. Navarro
NOV 18

Dos versiones del mismo México Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

La segunda semana de noviembre inició en un lunes con rostro de rutina, de acontecimientos que aunque nuevos, más parecen una escena revivida: otra vez, el enriquecimiento que indigna porque el presupuesto público de Jalisco aparta 82 millones de pesos para pagar un haber de retiro (¿bono?) que beneficiará a magistrados y jueces; otra vez, Raúl Vargas López es presidente del Partido de la Revolución Democrática (¿sorpresa?) y en su primera aparición pública arremete contra los rivales políticos; otra vez, el transporte público como causa de muerte (¿mejoría?), al estrellarse un camión en una escuela y quitarle la vida a una niña de siete años; otra pequeña perdió un pie y se reportaba grave.

Y por la tarde, una llovizna fría y pertinaz cubrió a la ciudad, mientras el gobernador Aristóteles Sandoval reapareció después de una gira por naciones del Oriente. En su cuenta de Twitter el mandatario anunció que su viaje sí da resultados, porque siete empresas asiáticas invertirán mil millones de pesos en Jalisco y crearán mil 200 empleos el año entrante (¿consuelo?).

Esa es la escena local y se asemeja a la nacional. El Presidente Enrique Peña Nieto se fue también al Oriente; sus voceros destacaron la importancia de una gira que lo llevó a China, donde se encontrará con gobernantes del Pacífico, y que después lo conducirá a Australia, donde estarán presentes los mandatarios del G-20. ¿Y qué dejó atrás? Más protestas públicas en Guerrero, ahora con el cierre del aeropuerto de Acapulco y un nuevo choque entre manifestantes y policías.

Además, una polémica abierta por la lujosa casa que, insisten en Los Pinos, es propiedad no del Presidente, sino de su esposa y actriz en aparente retiro, Angélica Rivera Hurtado.

¿Qué se prueba una vez más?

La agenda de la clase gobernante se aleja, imparable, de la que cotidianamente construye la mayoría de los mexicanos.

Es indudable que la tensión crece o se agudiza en amplias regiones del país. La cotidianidad demuestra que lejos de frenarse, todos los días hay más motivos para el enojo público, para denunciar el desequilibrio y para repudiar las amplias e injustas ventajas de unos pocos sobre la mayoría.

Analistas en todo el país y observadores en todo el mundo, se sorprenden con los niveles de violencia e impunidad por los que se conoce a México. Y no se trata de un afán sin fundamento por ver sólo el vaso medio vacío. No. Incluso los más conservadores advierten del enojo que manifiestan la clase media y los más ilustrados.

Y por si no fueran suficientes las señales de preocupación, personajes como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray o el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, garantizan que la economía no ha sufrido (¿todavía?) por la crisis política que nació del fenómeno Ayotzinapa y los 43 estudiantes desaparecidos que no se encuentran por ninguna parte.

Así comenzó la segunda semana de noviembre, con las mismas preguntas sin respuesta; las mismas demandas de justicia y la inconformidad creciente.

¿Es la antesala de una crisis mayor? Respuestas para la misma pregunta también se enfrentan en el discurso oficial y en las protestas sociales de todos los días. Es un México en dos versiones que se desgarra.
 

Jorge O. Navarro
NOV 11

Enardecidos Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Un antecedente: el 26 de septiembre (ya han pasado 38 días desde entonces), en la ciudad de Iguala, Guerrero, policías municipales se enfrentaron con estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que se manifestaban. En los enfrentamientos hubo fallecidos, pero la detención de 43 normalistas que luego fueron entregados a presuntos narcotraficantes de un cártel llamado “Guerreros Unidos”, se constituyó en un suceso que rompió todos los esquemas de violencia a los que se han acostumbrado los mexicanos.

Después de esos acontecimientos se ha vivido una permanente crisis nacional, política y de inseguridad, para lo que no se prevé final.

Las manifestaciones violentas continuaron. Evidentemente indignados, decenas de estudiantes y padres de los normalistas han atacado edificios públicos en Iguala, en Chilpancingo (capital de Guerrero) y en otros puntos de aquel Estado.

Indudablemente, en la prolongada historia de narcoviolencia que azota al país desde hace años, el caso de los normalistas de Ayotzinapa marcará un punto de inflexión, aunque no es posible saber si para bien o para empeorar.

Cabe preguntarse: ¿los hechos de Guerrero se quedan en aquellos lares? ¿Será posible atestiguarlos a lo lejos como se hizo antes con Ciudad Juárez, Tamaulipas, Michoacán o Veracruz?

Si el caso Ayotzinapa detonó algo diferente, un cambio de comportamiento que alcanza a los mexicanos de toda la geografía nacional, es posible observarlo en lo que ocurrió el pasado 31 de octubre en el corazón de Guadalajara, en pleno cruce de Avenida Juárez y la Calzada Independencia.

Para decirlo en pocas palabras, un operativo contra la piratería en el Mercado San Juan de Dios terminó en disturbios: dos policías lesionados, varios civiles detenidos, tres autos y una motocicleta vial incendiados. Además, las revueltas condujeron al asalto de una tienda de conveniencia y quienes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad tomaron la zona durante varias horas.

Los tapatíos estaban aturdidos. ¿Disturbios? ¿Choques contra la policía? ¿Vehículos calcinados? ¿Por qué?

Sin que todavía sea posible asegurarlo, lo que se vive en Guerrero, en muchos puntos del país y también en esta ciudad, es la manifestación de un total divorcio entre la autoridad y la ciudadanía. Si la misma dinámica se mantiene, si persiste y crece la sensación de impunidad; si la inseguridad sigue siendo lo que percibe la gente, entonces se alimentará una creciente intolerancia y rechazo a lo que hacen y disponen las autoridades, pero especialmente a quienes investidos de autoridad, son responsables de garantizar la seguridad de todos y combatir a quienes son delincuentes.

Dicho de otro modo, en la misma proporción que se desconfía de los uniformados y de quienes deben impartir justica, crece también la tentación de hacerse justicia por mano propia.

Es imprescindible hacer notar las diferencias.

Si en el Estado sureño las manifestaciones y los desmanes ocurren por la indignación que provocan las desapariciones de estudiantes y la complicidad con los criminales, en Guadalajara el conflicto se desató por la actuación de personal de la PGR y de la policía municipal.

Hay varios elementos en común y en sus análisis, los responsables de las estrategias de seguridad no pueden ignorar que la gente pierde aceleradamente la capacidad de soportar abusos y yerros. Deben cambiar las policías, no las personas.

De lo contrario, habrá más enardecidos.

Jorge O. Navarro
NOV 4

El blindaje (verbal) de las elecciones Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Lo que había sido un anuncio se concretó finalmente, y el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz se reunió con los dirigentes locales de los partidos políticos con un objetivo más que improbable: blindar el proceso de selección de candidatos para que a la elección del 7 de junio de 2015 no llegue ningún aspirante que pueda estar relacionado con la ilegalidad o el crimen organizado.

La idea nació en el Partido Acción Nacional; la dirigencia estatal de este instituto político lanzó una iniciativa pública que luego retomó el gobernador del Estado, a la luz de la crisis de seguridad que estalló en Guerrero, donde al paso de los días se desvelan las oscuras acciones de quien fuera presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Pero, ¿cuál es el compromiso concreto de las dirigencias partidistas? Ninguno.

Los presidentes de los partidos se encontraron con el mandatario estatal y cumplieron con las reglas de cortesía que ameritó la ocasión; de acuerdo con sus propias versiones, intercambiaron bromas y hasta se prometieron avisarse unos a otros si se enteran que alguno de los muchos candidatos tiene antecedentes sospechosos. El fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera, vuelve a ser el ajonjolí de los moles, porque a él invocaron los dirigentes para que intervenga en caso de que tenga conocimiento de algún precandidato deshonesto. En síntesis, una reunión de simulación y ocurrencias.

El presidente del PRI (partido en el gobierno), Hugo Contreras Zepeda, sostiene que como militante está de acuerdo con la exigencia ciudadana que demanda políticos y candidatos con virtudes cívicas y ética en su comportamiento, pero como dirigente del partido no puede exigir nada que no esté reflejado en las leyes.

En otra posición, Hugo Luna Vázquez, presidente del partido que se ha convertido en la auténtica oposición, Movimiento Ciudadano (MC), desacreditó por completo el convite al que asistió, y apunta dos cuestiones que son completamente pertinentes:

1. Si las autoridades tienen, desde ahora, conocimiento de que uno o varios precandidatos pueden estar relacionados con actividades delictivas o bandas criminales, ¿por qué no actúan ya?

2. Si se le sigue la pista al dinero, lo primero que deben hacer autoridades electorales y la Fiscalía, es indagar a quienes invadieron la ciudad con anuncios espectaculares (sólo Enrique Aubry, del Partido Verde, reconoce haber colocado su imagen en 100 de estos mega anuncios), porque esos recursos salieron de algún lado… y bien podría tratarse de un origen no legal.

En este sentido, es importante subrayar que un espectacular cuesta entre 30 y 40 mil pesos por mes.

Sin embargo, a pesar de que el dirigente de MC fue más crítico que su contraparte del PRI, la realidad es que ni estos dos, ni ninguno de los restantes ocho partidos políticos (¡sí, son 10!) anunciaron alguna medida interna para establecer filtros que puedan impedir el arribo de candidatos dudosos o corrompidos.

Aunque no lo admiten abiertamente, todos los actores en la escena política saben que las leyes electorales no consideran la investigación a precandidatos o candidatos; es un hueco legal. Ninguna autoridad se ocupa del tema y lo que es más, nadie tiene lo que genéricamente se llama “voluntad política”.

Como se podía concluir en la anterior entrega de este espacio: en las elecciones pueden competir candidatos que luego se conviertan en una versión nueva de lo que es hoy el alcalde prófugo de Iguala.

El blindaje (verbal) electoral es tan fuerte como una hoja de papel.
 

Jorge O. Navarro
OCT 28

¿Candidatos limpios en la elección de 2015? Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Frente a la crisis de inseguridad en el Estado de Guerrero, se recicla el temor de que en las elecciones se filtren el crimen organizado y su dinero. Como cada tres años, se hacen escuchar las voces que advierten la presencia de candidatos relacionados con la ilegalidad y otra vez, abundan los gestos cosméticos, los que se quedan en la parte más superficial.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, anunció que se reunirá con los presidentes de los partidos políticos para pedir vigilancia sobre los procesos de selección de los candidatos que se presentarán ante los votantes jaliscienses en la elección de 2015, a fin de que no aparezca en las boletas nadie que tenga, por decirlo así, un “pasado oscuro”.

Sin embargo, días atrás estuvo en Guadalajara el consejero presidente del recién estrenado Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de organizar la elección. El funcionario, Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que no tienen facultades legales para cumplir con tareas de vigilancia; la responsabilidad queda entonces en los partidos políticos.

Por más que sea gobernador, Sandoval Díaz tampoco puede forzar a un partido político a aplicar mecanismos de restricción a quienes aspiren a una candidatura. El único freno real es la Constitución Política del país, y a menos que se trate de un ex funcionario público inhabilitado por la vía de un juicio político para ejercer cargos o presentarse como candidato, o bien sea un reo que cumple sentencia, todo ciudadano mexicano puede postularse a una elección. Así se han plasmado los derechos políticoelectorales en este país.

Aún más, la presidenta del Instituto de Transparencia en Jalisco, Cynthia Cantero Pacheco, precisa que para obtener información de un aspirante a ser electo, ésta puede solicitarse al partido político que lo postula, pero sólo si es oficialmente un candidato, es decir que el partido de que se trate no está obligado a entregar información de precandidatos. Adicionalmente, la información deberá ser de actividades públicas, no personales; ésta es información reservada.

En ese supuesto, las intrincadas leyes electorales mexicanas presentan –otra vez– una laguna. Si en el caso de la desaparición de normalistas guerrerenses de Ayotzinapa se admite que era conocida la mala fama del prófugo alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien ahora aparece como un narcopolítico, la pregunta evidente es ¿cómo llegó a ser candidato y luego presidente municipal?

El próximo 7 de junio de 2015, cuando se instalen las urnas para elegir diputados federales, y en el caso de Jalisco, diputados locales y presidentes municipales, ¿hay garantía de que no se estará votando por un candidato (o candidata) con antecedentes similares a los de Abarca Velázquez? La respuesta es no.

Por ahora, las reglas internas que establezcan los partidos políticos son los únicos filtros que pueden evitar que lleguen a las campañas la corrupción, el delito y el financiamiento procedente de actividades delictivas. Y ya se ha visto que el tamiz partidista es demasiado flexible.

Exigir que haya condiciones especiales para ser candidato, le parece a muchos legisladores una medida extrema.

En los tiempos que corren, posiblemente lo que hace falta son eso: medidas extremas.
 

Jorge O. Navarro
OCT 21

El tejido que se rompe Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Lo que ocurre en Guerrero ya no permite adjetivos. Expresar todo lo injusto e ilegal que se padece en Iguala se imposibilitó desde que empezaron a sacar pedazos de cuerpos de las narcofosas en los cerros cercanos a aquella ciudad, y más cuando el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se contradijeron abiertamente para explicar si se trataba o no, de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Hasta hoy, nada se sabe de ellos, aunque en el país y en el mundo, se sospecha que fueron asesinados.

Esta es, quién puede cuestionarlo, la crisis política y de seguridad más aguda y trascendental que ha padecido la administración de Enrique Peña Nieto. Es punto menos que increíble, sobre todo para la opinión pública mundial que sigue atentamente el desarrollo de los hechos, que el gobernador Aguirre Rivero se mantenga en el cargo.

Este lunes 13 de octubre, normalistas y sus padres tomaron la sede del Gobierno estatal guerrerense, en Chilpancingo, y lo incendiaron parcialmente. No hay heridos ni detenidos. Los manifestantes, en una expresión de la desesperación y el coraje llevado al extremo, sacaron a los burócratas y se adueñó del edificio; lo apedreó y lo quemó en algunas de sus partes.

¿Quién movió un dedo para impedirlo? Nadie.

Es la indignación total. El punto antes de un levantamiento.

En Guerrero, el equilibrio se sostiene sólo porque no se ha respondido a las protestas, aunque sorprendentemente, el Gobierno de la República deja correr los hechos a la espera de que la presión haga del gobernador Aguirre y sus colaboradores cercanos, los chivos expiatorios del caso.

Pero la espera puede ser muy cara para la administración peñanietista, que con abundantes recursos públicos ha cincelado en los foros internacionales la imagen oficial del estadista. Después de una crisis como la presente, es posible que ni el autoalavado paquete de reformas alcance para rescatar las multimillonarias inversiones porque la ecuación es muy simple: ningún marco legal alcanza para que las inversiones (extranjeras o locales) se arriesguen en un medio donde la criminalidad no conoce fronteras y donde la población se levanta para derribar a los poderes establecidos en un reclamo de justicia iracundo.

La caída del gobernador de Guerrero debe medirse en horas, no en días.

¿Y después?

La peor estrategia es seguir con la misma estrategia.

El mensaje para todos los mandatarios en el país es contundente y (aparentemente) simple de entender.

La bestia de la ilegalidad, la corrupción y la impunidad se está devorando a sí misma y empezó a destruir los cimientos sociales con total cinismo.

Aunque cueste trabajo verlo ahora, en Guerrero se marcó el punto sin retorno y es muy probable que las acciones políticas, las que intentan apaciguar los ánimos más encendidos, no sean suficientes para detener una oleada de indignación que prefiera hacerse justicia por mano propia.

En un escenario como el actual, no son las estructuras de Gobierno las que evitan el caos, sino las estructuras civiles. Sólo gracias a las personas que laboran de ese lado del espectro social es que se mantiene lo que comúnmente se denomina “tejido social”.

Pero el tiempo se agota.
 

Jorge O. Navarro
OCT 14

De Iguala a la muerte de un diputado Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

La violencia y matanza de estudiantes en Iguala, Guerrero, horroriza otra vez a los mexicanos y asalta los espacios principales en los medios de comunicación. La agenda mediática alimenta la percepción de inseguridad, desde Tijuana a Mérida, pasando por Jalisco.

La aparición de fosas repletas de cadáveres en las inmediaciones de Iguala (al Norte de Guerrero) no son novedad en el país. Quizá hasta hallen menos cuerpos que en las tumbas múltiples documentadas cerca de La Barca y Ocotlán, así que las autoridades de Jalisco no tendrán argumento para tratar de desviar la atención a lo que pasa en aquella entidad de la costa del Pacífico.

Pero el número de cuerpos no es el tema.

El punto radica en que se repiten las mismas trágicas escenas. Nuevamente, a pesar de que pasan los años; se invierten miles de millones de pesos del erario; se modifica el discurso oficial sobre combate al crimen organizado y se manipulan las cifras para tratar de convencer a los mexicanos de que se le gana terreno a los cárteles y a quienes se agrupan para asesinar inocentes, pese a todo eso, en cualquier ciudad, en cualquier poblado del país, la gente sabe que puede estar a merced de quienes con armas, decidan levantarlos, extorsionarlos o de plano, asesinarlos.

Y aunque los asesinatos en Iguala pueden parecer lejanos, en el Área Metropolitana de Guadalajara no es posible perder la memoria y olvidar en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) el hecho de que hace unos días (22 de septiembre), en el Periférico y en plena tarde, fue secuestrado un diputado federal, Gabriel Gómez Michel, quien luego apareció asesinado y calcinado en territorio de Zacatecas.

Este hecho sorprendente —más porque le ocurrió a un hombre de la cúpula en el poder—, motivó que los diputados locales citaran a comparecer a quien es el máximo responsable de la seguridad en el estado, el fiscal general Luis Carlos Nájera. El funcionario acudió ante los legisladores y en un desplante que evidencia la calidad de víctimas en la que están todos los jaliscienses, repitió una serie de lugares comunes como los siguientes:

– Si las cifras de delitos aumentaron, eso se debe a que se denuncia más.

– Las cámaras instaladas en diferentes puntos de la urbe (las mismas que le costaron al Gobierno estatal más de 500 millones de pesos), “no lo resuelven todo”. ¡¿Qué sí resuelven?! Eso es lo que debería saberse.

– Si es alta la cifra de mujeres desaparecidas, eso ocurre porque muchas de ellas huyen de sus hogares, donde tienen muchos problemas.

Nájera apareció ante los diputados arropado por una noticia incompleta: hay cuatro detenidos por el plagio y asesinato del diputado Gómez Michel. ¿Quiénes son los apresados? ¿Cuál es el motivo por el que secuestraron y asesinaron a un médico y político que gozaba de buena reputación? ¿Cómo, dónde y por qué los detuvieron? La lista de cuestionamientos aumenta y contrasta con la aseveración fácil de que las investigaciones deben permanecer en secreto y además, están a cargo de la PGR.

Cada vez que se desata un escándalo en materia de seguridad aumenta el tono de las voces que piden la renuncia de Nájera. Lo cierto, antes y ahora, es que la sola salida del fiscal general no acaba con los delincuentes.

Pero, ¿esas respuestas? ¿Esas aseveraciones? Eso es lo que le dijo a los diputados. ¿Qué le puede decir a los ciudadanos comunes, a los que no tienen fuero ni cargo, pero padecen la inseguridad?

Jorge O. Navarro
OCT 7

Pleitos federalistas en el Senado Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Aunque se había agendado y acordado con anticipación, el Presidente Enrique Peña Nieto canceló intempestivamente su visita, este lunes 29 de septiembre, al Senado de la República, donde se realizó el Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional. Aparentemente, la decisión de última hora se debió a que los legisladores de Acción Nacional anunciaron que no acudirían al evento si no se respetaba un formato de diálogo en el que pudieran cuestionar al Mandatario sobre cualquier tema relacionado con su ejercicio de Gobierno.

En lugar de Peña Nieto acudió al evento el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y así, la Presidencia pretendió terminar con la polémica.

Pero hay mucho más de fondo que una visita cancelada porque pudiera incomodar al Presidente.

La pretendida visita presidencial a la Cámara alta fue resultado de un acuerdo entre las fracciones parlamentarias del Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que circunstancialmente ostenta la presidencia rotativa del Senado.

En esta negociación política, priistas y perredistas dejaron fuera a los panistas, urgidos ahora de frenar un poco el tremendo desprestigio social que han cosechado en los últimos meses, y para hacerlo argumentaron que si el Presidente del país acude al Senado, debe estar dispuesto a ser cuestionado pues de lo contrario, si su presencia es sólo amistosa, se estará evidenciando la claudicación del Poder Legislativo ante el Ejecutivo.

La semana pasada, al aprobar el evento, entre los senadores se dijeron de todo. Los más atacados fueron los perredistas, a quienes sus pares de Acción Nacional acusaron de vendidos y serviles; lo más simpático de la reyerta verbal fue que personajes como Dolores Padierna, siempre crítica severa del ocupante en turno de Los Pinos, subió a tribuna para echar en cara a los panistas los escándalos de corrupción interna que les han ganado tan mala fama.

¿Qué revela este desacuerdo? ¿Terminó la capacidad de negociación de Los Pinos y este episodio es el primero de muchos desencuentros?

Lo primero que debe considerarse es que el comportamiento de todos los partidos políticos y sus fracciones en las cámaras de Diputados y Senadores, está condicionado por el calendario electoral. Esta misma semana comienza el proceso que conduce a la jornada electoral de 2015 y lo que más le importa a la clase política es mantener los espacios ganados en 2012 y si es posible, aumentarlos. La competencia será especialmente difícil, si se considera que hay tres nuevos partidos que también presentarán candidatos.

Por otra parte, la oficina de la Presidencia está más decidida que antes a salvaguardar la imagen presidencial. No están dispuestos a permitir ni el más pequeño espacio de posible crítica a Peña Nieto, un Presidente que goza de abundante reconocimiento internacional, pero no goza de buena calificación entre amplios sectores de la población en México.

La ecuación, vistas así las cosas, es sencilla: los senadores del PRI estaban felices de tener al Presidente en casa, y los perredistas aceptaron recibirlo a cambio de concesiones que no son públicamente conocidas; los panistas, urgidos de votos, no hallaron incentivo suficiente para aplaudir a Peña Nieto y lo que querían era ganar imagen social a costa del Jefe del Ejecutivo, quien no va a permitir que nada lo manche.

Pero, ¿cuál era el tema en el Encuentro por la Federación? ¡Ah! El federalismo… ese sistema que la administración peñanietista está reduciendo a su mínima expresión, mientras los gobiernos estatales se conforman.
 

Jorge O. Navarro
SEP 30

Entre indígenas y el Club de Nueva York Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El Presidente del país, Enrique Peña Nieto, está ahora en Nueva York. El mandatario —que ha acostumbrado a los tapatíos a una presencia regular en los últimos meses— sostiene una agenda contradictoria: primero aparece en la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas que organizó la ONU, para repetir lo que se ha dicho durante décadas sobre la desigualdad, injusticia y discriminación que padecen las poblaciones autóctonas, y después toma parte en una reunión con los miembros de The Economic Club of New York a quienes les recuerda las bondades (aún por descubrir) de lo que ya es un cliché, las reformas estructurales.

Los mexicanos, por debajo del Río Bravo, viven cotidianamente una agenda múltiple en la que dominan temas como la constante expectativa de que la economía mejore, aunque eso no suceda; la permanente violencia que surge de la actividad de los cárteles del narco y otras expresiones del crimen organizado; los desastres naturales que asolan periódicamente, como ocurre ahora en Baja California Sur y en general, la desigualdad en la distribución de la riqueza que se alarga sin que se constate una inercia que la detenga y menos aún, la revierta.

Evidente contraste ofrece el discurso presidencial ante el resto de los gobiernos representados en la ONU y los magnates del capital, con lo que podrían decir los mexicanos violentados de Michoacán y Tamaulipas, o los millares que perdidos en las urbes grandes y pequeñas, sobreviven todos los días, ajenos a los acuerdos internacionales.

Si fuera posible visualizar en una sola escena esa torre de babel que es el intrincado mosaico mexicano, sería evidente que la voz más débil es la de los indígenas. Y quizá uno de los rasgos más notorios de ésta es que ha sido desde siempre la menos escuchada, la que siempre se puede atender después.

A la administración peñanietista le urge, obvio, que las reformas tan pregonadas fuera de las fronteras del país ofrezcan los resultados que se proyectaron: más inversión, más recursos económicos, menos diferencias sociales, disminución de la violencia y sus escalofriantes estadísticas de muertos y desaparecidos, y una postura política más homogénea que se refleje en las urnas durante los procesos electorales.

En The Economic Club of New York, el Presidente reiteró que México es confiable y seguro para recibir inversiones. Aún más, presumió que la reforma energética rompió con un modelo de explotación impuesto hace más de 60 años; su argumento para los dueños del capital internacional lleva implícito el reconocimiento de que el proyecto nacional de control de sus recursos energéticos ha fracasado y además, es viejo. Ergo, lo antiguo es negativo.

De retorno en el tema indígena, hace exactamente un año las cifras oficiales (las del Coneval) reconocieron que 8.2 millones de indígenas en México viven en pobreza y que sólo 57% de todos los mexicanos autóctonos tiene acceso a servicios de salud. Tres de cada 10 indígenas son analfabetos.

El Presidente mexicano solicitó a todos los gobiernos del mundo unirse para acabar con los perjuicios que soportan los pueblos nativos. Es un discurso que no se rechaza. Digno del aplauso general. No compromete a nadie en particular.

Pero la postura oficial es, como siempre, contradictoria. Y sin necesidad de dotes para pronosticar el futuro, es posible afirmar que los indígenas seguirán hablando con la voz más débil.
 

Jorge O. Navarro
SEP 23

Controversia en Puerto Vallarta Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El presidente municipal de Puerto Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, político de episodios polémicos desde que se dio a conocer como diputado en el Congreso del Estado –en aquel tiempo como militante del Partido Acción Nacional (PAN)– está en camino de protagonizar otra controversia porque muy posiblemente se encontró con la horma de su zapato. El presidente de la asociación Conciencia Cívica, Salvador Cosío Gaona, también ex diputado local, anunció que solicitará juicio político contra el ahora alcalde del partido Movimiento Ciudadano (MC) por un burdo abuso de autoridad.

Salvador Cosío, experto en lides judiciales, tiene en común con Demetrio Guerrero la cercanía con las élites de Puerto Vallarta. No son escasas sus relaciones con empresarios de aquella latitud, y en este episodio, Cosío Gaona apoya a transportistas que fueron perjudicados por el alcalde vallartense, quien en un arranque excesivo utilizó al personal del municipio el pasado 2 de septiembre para bloquear la salida de camiones foráneos con el pretexto de que abriría un antiguo paso reclamado por ejidatarios.

Los transportistas aseguran, y así lo hizo saber Cosío Gaona, que nunca tuvieron conocimiento de una determinación judicial que los obligara a ceder parte del edificio que era utilizado como central camionera para abrir una calle, y menos que un ejido se defendiera en tribunales para recuperar un derecho de paso que les hubiera sido eliminado.

Pero el alcalde de Puerto Vallarta llegó al lugar ese día, con la maquinaria municipal e incluso el apoyo de personal de Protección Civil del municipio, para ejecutar una orden judicial proveniente de un juez municipal… lo que es ilegal, según conoce cualquier mediano estudiante de derecho.

Durante horas, las unidades de la empresa Vallarta Plus quedaron bloqueadas. Además de las pérdidas económicas por falta de operación, la estimación por daños a las instalaciones puede sumar al menos cuatro millones de pesos que, naturalmente, los transportistas reclaman al alcalde.

Lo más singular del episodio, es que Salvador Cosío recibió una petición personal para que concluya la ofensiva contra el presidente municipal, pero no le llegó de los dirigentes de Movimiento Ciudadano… quien le pide al presidente de Conciencia Cívica que termine la confrontación es Eduardo Rosales Castellanos, ex presidente del PAN Jalisco y hoy uno de los principales operadores en la vida interna del partido albiazul, a pesar de que no es militante activo.

Debe reconocerse, por otra parte, que una solicitud de juicio político tiene tanto impacto como un soplo de viento sobre los gruesos y añejos paredones del Palacio Legislativo. Los diputados sopesarán, primero, quién solicita el juicio contra Demetrio Guerrero, para considerar si lo toman en serio o no. Pero, ¿quiénes defenderán al alcalde vallartense, los diputados de MC o los panistas? Singular dilema en el que se hallarán los dirigentes estatales de Acción Nacional, Miguel Ángel Monraz Ibarra, y de Movimiento Ciudadano, Hugo Luna Vázquez.

Pero si es posible encontrar un resquicio de cordura en un caso como este, habría que preguntarse quiénes abusaron: ¿los ejidatarios o los transportistas?

¿Y cómo es que un alcalde tiene la libertad para actuar tan arbitrariamente?
 

Jorge O. Navarro
SEP 9