Preguntas para Jalisco Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

La información que proveen las autoridades, todos los días y en los contextos de aparente escasa importancia, es fundamental para lo que deciden las personas a cada momento.

Un ciudadano, de quien este columnista guarda la identidad por respeto a su privacidad, consultó: ¿Cómo están la economía y la inseguridad en Jalisco? Así de general su pregunta, así de difícil contestarla.

La razón de la indagatoria es que el hombre en cuestión está en el proceso de decidir si emigra con su familia a Estados Unidos o se queda donde ha vivido hasta ahora: Ameca, una población media de la Región Valles.

Sus dudas oscilan entre cuestiones prácticas y valoraciones emocionales.

Teme que sus hijos abandonen su identidad si crecen en el país del Norte, pero también se pregunta cuál es el futuro que les espera, cuáles sus oportunidades de estudiar, de ser profesionistas, de conseguir un empleo dignamente remunerado. Asalariado, este jalisciense lamenta además que se vayan a perder sus años de cotización en el IMSS, por lo que no podrá jubilarse.

En sus consultas salen a la luz sus conflictos internos.

A diferencia de miles de mexicanos que cruzan la frontera sin documentos, este hombre tiene los permisos oficiales necesarios para viajar junto con su esposa e hijos en Estados Unidos. Le sobran las invitaciones para instalarse y hallar trabajo, pero lo frena la nostalgia, el coraje de verse obligado a dejar su tierra, sus costumbres, la vida que ha llevado desde niño.

La historia no es nueva, pero el drama personal se repite con la misma intensidad.

La decisión que tomará se antoja totalmente previsible.

¿Qué responderle?

¿La economía, las oportunidades para los jóvenes? El Gobierno estatal signó el año pasado un convenio por la competitividad y el desarrollo. El mandatario Jorge Aristóteles Sandoval repite cada vez que tiene oportunidad, que el objetivo de su administración es facilitar gestiones y hacer de Jalisco un Estado atractivo para la inversión y el desarrollo económico, a fin de que se generen también los empleos y los buenos sueldos.

Pero el gobernador omite en sus mensajes un punto central: los jaliscienses, igual que el resto de los mexicanos, están sujetos —y muy sujetos— a las rígidas reglas del libre mercado y los intereses del capital, que no conocen fronteras ni respetan discursos políticos. ¿Cuándo habrá sueldos dignos para un trabajador jalisciense? ¿En qué condiciones? No ha nacido todavía el adivino, el economista o el científico social que pueda responder estas preguntas.

¿Y la inseguridad? ¿Hay menos inseguridad en los últimos meses, en las más recientes semanas?

Para ofrecer una respuesta mínimamente fundamentada, habrá que consultar los indicadores de la Subsecretaría de Planeación. ¿Pero sabe qué? Aunque el año ya vive su quinto mes, no hay ningún dato sobre la inseguridad en Jalisco.

En la página web a la que tiene acceso cualquier persona en una computadora con internet, http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores aparece una leyenda que afirma sobre los datos de seguridad que fueron actualizados en febrero de 2014, pero en cuanto se buscan las estadísticas, el año actual aparece con un cero. No hay nada. ¿Por qué? Quién sabe.

Entonces, qué decirle sobre inseguridad a un padre de familia que dilucida si se queda a vivir aquí o emigra a otro país.

La única respuesta posible también se plasma entre signos de interrogación: ¿los jaliscienses se sienten más seguros? ¿Hay menos robos de autos, de autopartes, dentro de las casas? ¿Se redujeron los asesinatos, los secuestros?

En síntesis, ¿Jalisco es más atractivo para sus jóvenes, más seguro, más prometedor?

¿Qué hacer, emigrar a Estados Unidos o quedarse?

Jorge O. Navarro
MAY 13

Ardió el mercado; otra vez la reacción Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El domingo por la noche (04 de mayo) se quemó el Mercado Corona. Lo primero que se hizo fue atender la urgencia. El Gobierno del municipio dedicó sus esfuerzos a sofocar y acabar el incendio; evitó que hubiera perecidos; a tropezones, empezó a reunir información para responder la incertidumbre, a las preguntas, sobre todo de los más de 500 locatarios que repentinamente se quedaron sin trabajo y sin fuente de ingreso. Aunque no precisaron cómo llegan a esta cifra, los comerciantes del mercado calculan que más de tres mil familias dependen directa o indirectamente de la actividad comercial en el Corona.

A pocas horas del siniestro el dictamen es definitivo: demolición total. Aunque está pendiente una investigación completa, se da por hecho que el origen del fuego es un cortocircuito.

Entre las muchas cuestiones urgentes, la de los comerciantes es la prioritaria: ¿Dónde se instalarán para continuar con su chamba?

Después vienen asuntos como conseguir recursos económicos para atender los daños; la elección de un nuevo proyecto de construcción y un largo etcétera que se medirá por años. Polémica y controversia están sembrados en un terreno muy fértil.

Y en medio de la sorpresa, de entre todas las voces destaca la del alcalde Ramiro Hernández García, al admitir de manera indirecta que es la negligencia de las autoridades una de las causas del incendio y la caída del mercado. La responsabilidad jurídica, si se determina, toca a esta gestión municipal, pero la responsabilidad moral alcanza a numerosas administraciones atrás, que han dejado, por desidia, que los mercados de Guadalajara —todos, no sólo el Corona— estén en pésimas condiciones, tanto en su estructura como en su administración.

Las posturas más extremas quieren ver en el siniestro del Mercado Corona un malévolo plan que se operó con alevosía y ventaja. Es concederle mucho mérito a “los malos”, si es que los hubiera.

Conviene el equilibrio en la búsqueda de las causas, al fin que razones como la indolencia, la falta de aplicación de la norma y la corrupción crónica, son tan dañinas como el más malvado de los proyectos.

Al Mercado Corona, por cierto, no le son extraños los incendios. Desde que se construyó por primera vez en 1891, en 1910 fue consumido por el fuego; lo mismo ocurrió en 1919 y de nuevo en 1929. Todavía en el no muy lejano 1985, un incendio menor dañó algunos locales.

Lo singular del caso es que siendo tan regulares los siniestros en este lugar, otra vez haya ocurrido uno por falta de mantenimiento y por ignorancia permanente de las medidas mínimas de seguridad.

Al margen de las urgencias, una visión diferente la aporta la historiadora Laura Rueda Ruvalcaba, de la Universidad de Guadalajara, autora de un estudio detallado sobre la importancia de este centro de comercio en la vida de la ciudad. En un comunicado que emitió la institución educativa, la especialista califica como “terrible” el incendio del Corona y lamenta que se viva un paréntesis en el que casi desaparece “un lugar histórico y emblemático de Guadalajara”, en el que se vincularon el campo y la urbe por una decisión colectiva, desde el siglo XVIII. Para ella, la ciudad vive una crisis en sus monumentos arquitectónicos y urbanos, sobre todo en sus mercados.

Naturalmente, pedirle al Gobierno municipal que considere tales argumentos es demasiado en un momento en el que imperan las demandas de las personas.

Ésta y muchas administraciones anteriores se han dedicado sólo a reaccionar.

Pero en la nueva caída del Corona se puede leer otro síntoma de una decadencia anticipada de la ciudad.

 
 

Jorge O. Navarro
MAY 6

El negro futuro del PAN Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El pleito interno del Partido Acción Nacional (PAN) ya arrastra a las cámaras de senadores y de diputados.

Los panistas viven una guerra intestina que aparentemente va a resolverse el 18 de mayo, cuando elijan a su nuevo presidente nacional, y sólo pueden escoger entre dos sopas: continuar con el mismo proyecto de Gustavo Enrique Madero Muñoz (presidente del partido desde diciembre de 2010) u optar por Ernesto Javier Cordero Arroyo, senador (con licencia) y aliado incondicional del ex presidente Felipe Calderón.

Pero ¿cuáles son las opciones reales de los panistas? El futuro inmediato para Acción Nacional no es prometedor. Por un lado, Madero es el dirigente que carga con la derrota en la última elección presidencial y encima, es acusado por negarse a ser oposición y negociar todo con el gobierno priista. A su vez, Cordero vive en la memoria de los mexicanos por los seis mil pesos que alcanzaban para todo y por ser el derrotado en las internas frente a Josefina Vázquez Mota.

Ante ese panorama, deben aceptar también que sin importar quién sea el ganador, la primera reacción frente a los vencidos será la exclusión y no la unidad que tanto se pregona, sobre todo en los medios de comunicación.

Si es derrotado, Cordero y los senadores rebeldes que se han mantenido a su lado deberán acostumbrarse a vivir en la marginalidad o acatar lo que venga de una nueva gestión de Madero… y de la Presidencia de la República. Por mero pragmatismo, la administración federal del Presidente Enrique Peña Nieto tiene un favorito: el mismo Gustavo Madero, con quien se han negociado todas las reformas y con quien se pretende trabajar las leyes reglamentarias en materia política, energética, de telecomunicaciones y otras.

En cambio, si se da el caso de que Madero sea vencido, la lucha intestina entre panistas se agudizará. El proyecto maderista tiene de su lado a la mayoría de los comités estatales y todos esos funcionarios partidistas no cederán amablemente sus cargos y la ventaja al elegir candidatos para las elecciones que se desarrollarán en el país este año, y sobre todo, las intermedias de 2015.

La complicación para la Presidencia estribaría en iniciar, de nuevo, una estrategia de negociaciones con el ala panista dominante que tendría como cabeza a Cordero. Esto representaría el retorno del grupo político del ex presidente Felipe Calderón y postergar, quizá hasta junio, las reformas faltantes que tanto le urgen al Gobierno peñanietista.

Pero adicionalmente, debe considerase que la guerra sucia entre los dos grupos internos del PAN, que se denuncian mutuamente por corrupción, tráfico de influencias y manejo de la estructura partidista, no quedará resuelta con un mero ganador de la elección interna.

Todos estos factores se combinan para pintar un futuro oscuro en el PAN.

Y ese sería su exclusivo problema.

Pero ahora sucede que a los panistas les ocurre lo que tanto criticaron en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pues ni siquiera alcanzan acuerdos internos. Eso provocó que el pasado fin de semana (26 de abril) se interrumpieran las negociaciones urgentes para reglamentar la reforma política que, supuestamente, debe quedar aprobada a más tardar este 30 de abril.

Los priistas están indignados. Y en el PRD se sonríen por el conflicto panista que, de continuar por el mismo camino, les puede redituar en triunfos en los comicios del año entrante.

Las broncas de los panistas dejaron de ser suyas. Ahora afectan a los mexicanos en general.

Si hay una posibilidad de solución, podrá vislumbrarse en el debate que este día, a las 19:00 horas, sostendrán públicamente Madero y Codero. Al tiempo.

Jorge O. Navarro
ABR 29

22 de abril. ¿Ya cambiamos? Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

La memoria colectiva suele ser cortoplacista. Y más cuando hay fuerzas organizadas que tienen interés en que se pierdan ciertos pasajes de la historia que pueden ser incómodos para determinados proyectos.

Este 22 de abril se cumplen 22 años desde las explosiones del año 1992 que motivaron, entre otras cosas, los cambios sociales que conducirían luego a la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones por la gubernatura. No existe, desde luego, un procedimiento científico incontestable para sostener que la tragedia es la causa del resultado electoral —sorprendente en aquellos días—, aunque se ha dado por hecho que los jaliscienses en posición de decidir hace dos décadas reunieron las pruebas y la voluntad suficientes como para tratar de modificar un sistema político de forma y de facto que, entonces, pareció agotado e insostenible.

Tres sexenios de gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) demostraron que no bastó la alternancia para que se modificaran los vicios sociales y políticos que estuvieron detrás de la negligencia y por lo tanto, de las explosiones que provocaron, oficialmente, la pérdida de poco más de 200 vidas y la destrucción de 12.5 kilómetros de calles en una zona cercana a la Vieja Central Camionera.

Durante años se ha dicho que las explosiones cambiaron a los habitantes de la ciudad; que Guadalajara es una antes y después de aquella mañana fatídica; que la cultura de la protección civil llegó y se instaló de manera definitiva; que los habitantes poseen más responsabilidad y conocimiento ante accidentes y fenómenos naturales dañinos, o comportarse conforme a los protocolos pertinentes.

Y particularmente, se subraya que después de las explosiones del 22 de abril de 1992 existe entre los habitantes de esta ciudad más solidaridad para con las personas que viven en condiciones de desventaja, que padecen alguna discapacidad o que simplemente, carecen de lo indispensable.

Todos y cada uno de esos puntos son cuestionables.

Y la primera prueba la aporta el Gobierno de Jalisco, el mismo que dirige Aristóteles Sandoval como primer gobernador priista después de aquella alternancia histórica. Porque la gestión del actual mandatario, por medio de su secretario de Desarrollo e Integración Social, Salvador Rizo Castelo, pretende deslindarse del mecanismo económico que le permite a los damnificados mantener sus condiciones de vida.

El funcionario ofreció dos opciones a las 65 personas que dependen del Fideicomiso de Administración en Inversión de Apoyo a la Seguridad Social (FIASS): que desaparezca o que ellos se encarguen del mismo.

El famoso FIASS tiene un fondo de 40 millones de pesos. Si es cancelado, entregarán a cada uno de los beneficiarios poco más de 630 mil pesos; si el Gobierno del Estado sale del organismo administrador, los damnificados le auguran una vida de siete años máximo.

El problema es que los afectados padecen, la mayoría, daños físicos crónicos o la pérdida de algún miembro, que los obliga a recibir tratamiento médico de por vida, y ninguna de las dos opciones de Salvador Rizo es conveniente. Casi 55 de los 65 beneficiarios apenas perciben seis mil pesos mensuales, que apenas cubren sus necesidades más apremiantes.

En lugar de proponer la desaparición del FIASS, el Gobierno puede activar un mecanismo de gestión para negociar más recursos económicos ante Petróleos Mexicanos (Pemex), que admitió indirectamente su responsabilidad por las explosiones, y que despilfarra miles de millones de pesos cada año y mantiene (con el petróleo que “es de todos”) en una ofensiva opulencia a grupos y personajes como el líder sindical Carlos Romero Deschamps.

Pero eso es más incómodo, y menos solidario.

La muy conocida Lilia Ruiz Chávez, presidenta de la asociación 22 de Abril en Guadalajara, condenó ayer la propuesta y dijo que es un golpe para ellos. Una condena. Y cuando es cuestionada si aún persiste la injusticia después de 22 años, dice: “Ni 100 años bastarán para borrar lo que pasó. No podemos olvidar porque mucha gente no lo recuerde, o porque haya pasado mucho tiempo. ¿O ya desapareció la corrupción y la negligencia de muchos gobernantes?”.

Entonces, ¿la ciudad ya es otra?

Jorge O. Navarro
ABR 22

Vacaciones, camiones y tandeos Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

La ciudad está de vacaciones.

Más de cuatro millones y medio de personas en afán de descanso y distracción. Nada más justo.

Pero, ¿Ha visto usted, lector, cómo se toman las decisiones sobre el agua, el tránsito vehicular, el transporte, la seguridad?

Son decisiones polémicas, siempre. No hay manera de evadirlas.

Y las autoridades esperan —“forma tramposa de proceder”— a que la gente salga de vacaciones para tomar decisiones que van a impactar en la vida cotidiana de todos los días.

Esta Semana Santa del año 2014, cuando se esperan soluciones de fondo para el sistema del transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara, se anuncia que los conductores recibirán un sueldo fijo para eliminar las comisiones y con ello, las persecuciones de midibuses.

¿Sabe usted cuánto pretenden pagarles? 300 pesos por día. Hagamos cuentas. Se trata de mil 800 pesos por semana, sumadas las prestaciones y considerando que cada conductor del transporte público trabaje seis días por semana.

¿Con menos de dos mil pesos por semana, o siete mil 200 por mes, habrá choferes uniformados, educados, preparados, como demandan los usuarios del transporte público?

El secretario de Movilidad de Jalisco, Mauricio Gudiño Coronado, tiene pendientes todavía muchas respuestas para los cuestionamientos que provoca el deficiente sistema de transporte.

El Gobierno estatal, mientras tanto, enfoca su energía mediática a la (aparente) crisis provocada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que anunció la inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, al decretar que la altura de la cortina de la Presa El Zapotillo será de 105 metros, y no menos.

El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz requiere, igual que el resto de los jaliscienses pero con un sueldo y una responsabilidad mucho mayor, unos días de descanso para retomar el ejercicio del poder.

Al Estado de Jalisco no le basta la certeza de que el beisbol profesional regresará a Guadalajara aunque el estadio construido en Lagos de Moreno seguirá inutilizado, sino que se requieren acciones concretas para alcanzar objetivos prometidos en campaña por el gobernador.

En el tema de El Zapotillo, una fuente de polémica es el compromiso de Sandoval Díaz para que Temacapulín no fuera inundado. Hoy es conocido públicamente que esta población está condenada a quedar bajo el agua, y el argumento es que eso beneficiará a millones de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, además de quienes viven en León, Guanajuato.

La lucha de quienes se defienden está lejos de terminar. Pero la administración de Sandoval Díaz determinó que la responsabilidad —“sin rostro y sin nombre”— es de la Comisión Nacional del Agua.

En medio de los tandeos que alcanzan a todos los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, sin importar su poder adquisitivo o el lujo de los cotos privados donde residen, queda claro que la primera demanda que debe atender el Gobierno estatal es la necesidad pública de explicar. Explicar la falta de agua, el sueldo de los conductores del transporte público y los problemas, en fin, que son del interés público.
 

Jorge O. Navarro
ABR 15

Una crisis que puede prevenirse Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Aunque no le estallará en las manos como una crisis inmediata, el Gobierno estatal que encabeza Jorge Aristóteles Sandoval Díaz tiene enfrente un grave problema que lenta e inexorablemente, se configura como una amenaza contra el endeble equilibrio en el Área Metropolitana de Guadalajara, donde reside al menos 65% de la población de Jalisco. Y no, no se trata de inseguridad, economía o transporte público. Es la falta de agua. Así de simple.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) aplica desde el pasado 31 de marzo un plan de tandeos para toda la ciudad y argumenta, con la misma simplicidad, que no hay más agua. ¿Cuándo los suspenderán? Cuando vuelva a llover y haya líquido suficiente.

Los tandeos parecen una medida normal. Nadie tendría que preocuparse por ello. Pero detrás de la decisión hay razones que son motivo incluso de angustia, para los técnicos que están detrás de la operación del SIAPA y de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Por principio de cuentas, la CEA emitió recientemente un estudio que prevé un escenario negativo para los próximos dos años, para los que se augura un temporal escaso. Ello repercutiría directamente en la extracción de agua del Lago de Chapala; si se mantienen como hasta las necesidades de consumo humano, agricultura y actividades pecuarias e industriales, la laguna más grande del país podría quedarse con apenas un tercio de su capacidad y eso podría determinar que, en acatamiento a disposiciones legales de la federación, se limitara la extracción de líquido.

La solución sería una fuente alterna de abastecimiento. ¿Cuál? El proyecto que actualmente contempla el gobierno de la república a través de la Comisión Nacional del Agua, es la polémica presa de El Zapotillo. Pero aunque se determinara –tema que aún está pendiente– que la cortina de la presa se eleve a la altura originalmente prevista (105 metros), con la consecuente inundación de Temacapulín y el costo político adicional para la administración de Aristóteles Sandoval, no habría agua suficiente para resolver una crisis que puede presentarse en el año 2016.

Las consecuencias de la carencia de agua serían muy negativas en cualquier área: económica, social y política.

Es verdad que la administración pública no puede difundir mensajes alarmistas, pero aún es tiempo de aplicar algunos proyectos que limiten los daños posibles.

Por ejemplo, se puede aspirar a que en un plazo relativamente corto se reduzca el consumo promedio de agua por habitante, que en el Área Metropolitana de Guadalajara supera 220 litros por día.

Además, pueden aplicarse recursos para la operación inmediata de las plantas de tratamiento en el Estado; las aguas residuales podrían resolver la demanda de un gran porcentaje del sector industrial. Al menos se contabilizan 20 plantas de tratamiento en diferentes municipios, que no están operando porque no se tiene el dinero suficiente en los municipios.

¿Cuánto cuesta limpiar las aguas negras? Según sea el caso, porque a mayor cantidad se reducen los costos, limpiar mil litros por segundo le puede costar al erario público alrededor de un peso (si, un solo peso); con los costos implícitos, la operación de una planta de tratamiento como la de Aguaprieta, una de las más grandes en la ciudad, oscila entre 200 y 220 millones de pesos por año. Es una cantidad grande, pero son recursos muy bien invertidos ante una necesidad tan grave como la del agua. Por cierto, varios cientos de millones más se han destinado al Congreso estatal, sin que ese gasto aporte beneficios visibles para Jalisco… cuestión de priorizar.

Se asoma al horizonte una posible crisis por falta de agua. Pero aún queda tiempo para actuar.

Jorge O. Navarro
ABR 8

Tandeos de agua y guerras del futuro Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Este 31 de marzo, decenas de miles de habitantes de la ciudad se sorprendieron: no tenían agua potable. Justo a partir de este día y durante todo el tiempo que resta hasta que comience la temporada de lluvias, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) retomó el operativo de tandeos que no aplicaba desde hace tres años.

La de Guadalajara es un área urbana con numerosos problemas. Uno de los más profundos, más urgentes, es la falta de agua potable y el incompleto sistema de tratamiento de aguas residuales.

Hasta hace un par de años, un anuncio espectacular en el Periférico, a poca distancia del acceso a la popular zona de Tabachines, advertía que en el futuro de la humanidad las guerras se librarían por el control del agua. Paradójicamente, el anuncio se fue borrando a fuerza de lluvia y sol, sin que mereciera apenas algún comentario. Más que una seria advertencia, parecía un eslogan de película futurista; algo que puede ocurrir muy lejos en el tiempo, pero no ahora.

A propósito del tema, el pasado 25 de marzo el presidente del país, Enrique Peña Nieto, realizó uno de sus típicos viajes de trabajo; estuvo ese día en Tecate, Baja California, donde inauguró la presa Las Auras, una obra hidráulica en la que se invirtieron 183 millones de pesos. En el evento, el mandatario anunció que durante su administración se invertirán hasta 300 mil millones de pesos en diferentes puntos del país para construir infraestructura hidráulica, pero también advirtió que en México es cada vez más difícil obtener agua potable: se está acabando en la superficie y las perforaciones han sobreexplotado las reservas bajo tierra.

A los habitantes del Área Conurbada de Guadalajara no les preocupa el tema. Las palabras de Peña Nieto en Baja California suenan ajenas, extrañas; y la posibilidad de que estallen guerras por el agua les parece tan cercana como la invasión rusa en la Península de Crimea.

Pero la realidad es otra. El destino está alcanzado a los 1.5 millones de habitantes de esta gran mancha urbana, que consumen un promedio personal de 200 litros de agua por día. Es un ritmo sencillamente insostenible.

Al tiempo que el SIAPA inició los tandeos, se informó también que el Lago de Chapala (principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad) perdió dos centímetros de su nivel apenas el fin de semana; de hecho ha perdido 50 centímetros en los últimos cuatro meses, pero el calor más severo apenas iniciará.

Para algunos observadores volver a los tandeos significa, tácitamente, el apoyo oficial a la construcción del proyecto original de la Presa el Zapotillo, con inundación incluida del simbólico poblado de Temacapulín.

Pero el tema tiene un alcance mayor: significa que se está acabando el agua y que no se trata de un fenómeno tapatío.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) han documentado desde hace años algunos hechos como los siguientes: una de cada tres personas en el mundo carece de agua suficiente para sus necesidades; la escasez de agua ocurre también donde llueve regularmente por la manera ineficiente como se usa y distribuye; dentro de sólo 11 años (en 2025), dos mil millones de personas vivirán en países o en regiones con escasez absoluta de agua.

Las consecuencias de la falta de agua, por otra parte, son más severas que los problemas cotidianos para bañarse y lavar la ropa. Donde falta agua hay pobreza, enfermedades, subdesarrollo, depredación ambiental y, por lo tanto, un grado de inestabilidad y violencia que conduce fácilmente a conflictos armados.

No se trata de alarmarse gratuitamente, pero hay una gran cantidad de preguntas sin respuesta: ¿qué hay después de los tandeos? ¿Se garantizarán lluvias suficientes mediante decretos oficiales? ¿Hasta cuándo se harán las inversiones para contar con una red de distribución que reduzca desperdicios de agua? ¿Cuándo iniciará la edificación de depósitos para captar el agua de lluvia?

¿El SIAPA está en las manos correctas; son técnicos o políticos?

Los escenarios más negativos no están ni al otro lado del mundo, ni tan lejos en el tiempo.

Jorge O. Navarro
ABR 1

¿Otra vez Colosio en el PRI? Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos a partir del 1 de diciembre de 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) —¿qué duda cabe?— ha hecho notorios esfuerzos por recuperar sus fiestas partidistas para reincorporarlas al calendario cívico del país tras 12 años de administraciones panistas, pero sobre todo, después de un desmantelamiento sistemático de la idiosincrasia priista impuesta por más de siete décadas de presidencialismo omnipotente.

El más reciente de los gestos de recuperación son las honras a la memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fue asesinado hace 20 años (23 de marzo de 1994) en la tristemente célebre colonia de Lomas Taurinas, en Tijuana.

Seguramente en todas las sedes estatales del PRI en este país hay cuando menos un busto de Colosio, herencia de la ola de arrepentimiento que generó el crimen (magnicidio le dicen) de quien siendo candidato era prácticamente presidente electo. Por años, sin embargo, quedaron en el olvido su figura y su discurso.

¿A qué obedece entonces que repentinamente se vuelquen en halagos y homenajes a la figura del muerto, desde el mismo Peña Nieto hasta el más humilde dirigente de la Fundación Colosio? ¿Descubrieron de pronto un mensaje revelador en los discursos de quien fue diputado, senador y secretario del gabinete de Carlos Salinas de Gortari? Seguramente no. Es más, mucho presume quien habla de “colosismo”, porque esa ideología simplemente no existió nunca.

Lo que sí se puede apreciar al revisar los mensajes de Luis Donaldo el candidato es la recuperación de la corriente priista de pensamiento más apegada a la defensa social, aquella que ponderaba la igualdad y el cierre de brechas entre los más pobres y los favorecidos; la aplicación de la justicia frente al enriquecimiento inexplicable y el tráfico de influencias; la prosperidad de la persona fundada en su trabajo y no en el sometimiento al corporativismo… en suma, nada que no hubieran prometido antes los candidatos presidenciales del PRI.

Si se dejan de lado especulaciones y sospechas; si se obvian los conflictos de poder con el mismo Salinas de Gortari, con Manuel Camacho Solís y Ernesto Zedillo; si se hace caso omiso de la cuestionada teoría del asesino solitario (Mario Aburto Martínez), ¿cuál es, al final, el saldo de la muerte de Colosio?

En lo que coinciden desde hace años analistas e historiadores, es que con la desaparición de Luis Donaldo se consolidó el control de los tecnócratas en el PRI. Se radicalizó la visión de un sector priista que hoy desemboca en la aplicación y defensa de posiciones neoliberales. Y como muestra más acabada están las llamadas reformas educativa y energética.

Es fácil recordar cómo después del asesinato de Colosio surgió una corriente interna en el PRI que pretendió aplicar la renovación partidista, pero sin éxito. Prácticamente fueron borrados del mapa priista y apenas consiguieron ocupar algunas posiciones, sin alcanzar apenas notoriedad.

¿Qué ofrece hoy la recuperación de la figura de Colosio Murrieta?

Quizá un intento de conciliación con las bases, pero ni remotamente, un cambio.

Jorge O. Navarro
MAR 25

Salud, motivación y una modelo de televisión Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Comencemos con una pregunta que tiene respuesta conocida y precisa. ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales de todo gobierno? Aplicar la ley, monopolizar el ejercicio de la violencia para brindar seguridad, garantizar la salud de la población sobre la que gobierna y mantener abierto y reglamentado el acceso a los recursos indispensables para el desarrollo de la persona y la sociedad, como la energía, el agua potable y los alimentos.

Todo gobernante, desde el más humilde alcalde hasta el Presidente de la República, debe saber esto. Si no lo sabe —algo que lamentablemente ocurre con frecuencia en México—, ahí están las leyes para recordárselo tanto al titular de un gobierno como a todos los funcionarios involucrados.

Es tan complejo e importante sostener un esquema que le proporcione salud a las personas que existe un concepto denominado “salud pública”, concebido mundialmente como una ciencia multidisciplinaria fundamentada en aspectos biológicos, sanitarios, sociales y administrativos.

Tratándose de una sociedad gobernada democráticamente, uno de sus gastos e inversiones principales será siempre el de la salud.

Todo lo anterior adquiere importancia capital en vista de los hechos más recientes que afectan al sistema sanitario en Jalisco, del cual es responsable la Secretaría de Salud, encabezada actualmente por el doctor Jaime Agustín González Álvarez.

Desde el inicio mismo de la actual administración estatal (1 de marzo de 2013), se mencionan con insistencia algunas irregularidades en la administración de los millonarios recursos que ejerce la Secretaría estatal de Salud (ocho mil 627 millones de pesos este año). El secretario, además de la problemática interna y administrativa, ha lidiado en su primer año de gestión con el incremento de contagios y muertes por influenza, y actualmente el aumento en contagios de dengue.

En medio de esta exigente tarea y agobiado siempre por la escasez de recursos económicos, el funcionario público justificó recientemente el pago de 139 mil pesos a una conductora de Televisión Azteca, Inés Sainz Gallo, porque la conocida reportera de eventos deportivos y conductora de programas de variedad impartió el pasado 7 de marzo una plática de superación personal a unas mil enfermeras de la dependencia (¡!).

¿Cómo es que Inés Sainz, más conocida por sus jeans ajustados y sus entrevistas deportivas, contactó a la Secretaría de Salud Jalisco para ofrecer una charla de superación personal? ¿Está académicamente calificada para una tarea de esa naturaleza? ¿Ofrecerá la secretaría una medición de resultados? Porque seguramente las mil enfermeras reportarán una mejora notable en su autoestima y desempeño personal después de escuchar a la rubia conductora.

En una variación menos glamorosa de la problemática cotidiana, este periódico consignó en su portada de este 17 de marzo que la Secretaría de Salud es objeto de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque dos recién nacidos fallecieron en el año 2012 en los hospitales de la Mujer de Guadalajara y el Materno Infantil de Ocotlán, entre otras razones, por falta de personal calificado y atención oportuna.
Esas dos muertes bastan, en una lógica de seguridad estatal, para que se revise a fondo un sistema como el jalisciense, en el que hay 1.9 doctores por cada mil habitantes, cuando debiera haber al menos 2.5 galenos para atender a mil personas. En otras palabras: faltan médicos.

Como si faltaran razones para la indignación pública, la secretaría destinó más de 50 millones de pesos en la nómina para cubrir el sueldo de 179 médicos que desempeñaron labores administrativas, no de salud; y 10 millones más se aplicaron también en sueldos de personal que ni siquiera fue localizado.

Es importante advertir que este uso de los recursos destinados a la salud de los jaliscienses ocurrió en 2012. Pero la conferencia con la señorita Sainz tuvo lugar hace una semana.

La salud pública es asunto de seguridad nacional.

Es indispensable recordárselo.

Jorge O. Navarro
MAR 18

Sacrificios para cambiar el transporte Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El tamaño de la crisis que se desató después del accidente del pasado 7 de marzo, en el que un midibús de la ruta 368 atropelló a 20 personas en una paradero y lamentablemente arrebató la vida a una jovencita con todas las ilusiones por delante (María Fernanda Vázquez, de 18 años, estudiante de la Preparatoria 10 de la UdeG), alcanzó una dimensión tan desbordada que ameritó, sorpresa de sorpresas, que el gobernador Aristóteles Sandoval redujera de siete a seis pesos la tarifa del transporte público.

El problema político es tan grande que obligó a la administración estatal a enfrentarse al potente pulpo camionero sin apenas detenerse a medir las consecuencias de este choque.

Esta vez, porque el accidente involucró a la Universidad de Guadalajara y movilizó a estudiantes y directivos (incluido el rector Tonatiuh Bravo Padilla), el Gobierno estatal no pudo evadirse, como ha ocurrido durante los últimos 20 años.

Pero el conflicto rebasa por mucho la manifestación universitaria ocurrida el día de ayer. Usuarios de todos los puntos de la urbe se han activado para denunciar irregularidades desde graves hasta leves, y ahora más que nunca los choferes se sienten presionados, vigilados y exigidos por la gente, no sólo por los policías viales.

Además de la reducción temporal de la tarifa, que ya motivó el paro de un par de rutas, se mantiene la presión social sobre el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, para que renuncie a su cargo. Por lo pronto, en un afán por reducir esa presión, ya dejó su puesto el director general de Transporte Público, Javier Jaramillo.

En este momento, por más que han intentado corregir en el camino, en el Gobierno estatal no pueden saber cuál será el desenlace de la crisis.

La muerte de Fernanda Vázquez puede convertirse en el detonante de un cambio de fondo en el sistema de transporte público en el Área Conurbada de Guadalajara y puede significar, después de décadas de reclamos, el fin de un esquema caduco en el que los más explotados han sido siempre los usuarios… y los choferes.

La demanda que más toma fuerza es que transportistas y concesionarios paguen las consecuencias de sus actos; ya han transcurrido muchos años de enriquecimiento a costa de cientos de miles de usuarios del transporte.

Paradójicamente, este paréntesis puede significar que el gobernador Aristóteles Sandoval aproveche el debilitamiento repentino del pulpo camionero para aplicar esquemas y medidas que muchos técnicos y especialistas en transporte han propuesto desde hace años: esquema ruta-empresa; choferes capacitados, bien pagados y con horarios razonables; sistema de prepago y reordenamiento de rutas, entre otras medidas.

Si lo hace obligado por las circunstancias o no, pasa a segundo término. Si el responsable de conducir este trabajo es Mauricio Gudiño o cualquier otro político, poco importará.

Lo que sí tiene gran valor es que no se pierdan la oportunidad ni el sacrificio para dar el gran salto que han frenado la corrupción y el desinterés político.

Es muy triste e injusta la muerte de Fernanda Vázquez. Pero sólo este año han fallecido otras 13 personas en hechos que involucraron al transporte público.

Es el momento de cambiar las cosas para hacer valer lo que se exige en redes sociales: #NiUnaMuerteMas

Jorge O. Navarro
MAR 11