Otra Constitución Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El fin de semana alguien preguntó, como seguramente lo hicieron millones de personas en el país: ¿qué se celebra, por qué es día feriado el lunes? En acatamiento a la reforma del año 2006 publicada por el entonces presidente Vicente Fox Quesada, el primer lunes de febrero es descanso oficial y se “pega” a sábado y domingo para completar un “fin de semana largo”, el primero del año. Esa es la explicación, pero ¿con motivo de qué? Se conmemora, el día 5 del mismo mes, un año más de la proclamación de la Constitución mexicana, aquella que se redactó cuando Venustiano Carranza intentaba gobernar un México que aún se convulsionaba y no se decidía a dejar las armas.

Han transcurrido 97 años y otra celebración obligatoria de la Constitución sólo pone de relieve la profunda ignorancia general sobre ésta que es la “ley suprema” del país.

Entre el México de 1917 y el de 2014 hay un océano de diferencias.

Aquella era una nación de 15 millones de habitantes. El mexicano promedio residía en el campo, apenas aspiraba a vivir poco más de 50 años, comer medianamente bien y si era afortunado, aprendía a leer y escribir. Viajar era un accidente que le ocurría a quienes no podían ganarse la vida en donde habían nacido, y las palabras placer y fiesta estaban reservadas para escogidas fechas del transcurso de la existencia, como el bautizo y el matrimonio.

Quizá el mayor mérito de aquellos legisladores revolucionarios que repartían su tiempo entre conspiraciones, duelos y discusión parlamentaria, fue haber completado a pesar de todo, un texto constitucional que concilió —demasiado bien para aquellas circunstancias— los intereses radicalmente confrontados de los sectores sociales y políticos de la época.

La Constitución de 1917 plasmó los derechos del mexicano común, del que nunca gozó de privilegios. Sentó las bases de una sociedad que debía, después de una sangrienta revolución, tratar igual al pobre y al rico, al ignorante y al preparado; pero sobre todo, dibujó las líneas principales de un sistema de gobierno que estaba obligado a garantizar para todos los ciudadanos, por su sola condición de ser mexicanos, acceso a comida, vivienda, salud y educación. Establecía, en suma, las reglas básicas para que los habitantes de la nación, y aún los extranjeros que estuvieran en este suelo, fueran libres, pudieran organizarse sin restricciones, decir y publicar lo que pensaran. Por esa Constitución, además, todo mexicano tenía el derecho de trabajar y enriquecerse.

Aquel texto creaba y protegía derechos para todos. Lo mismo que las obligaciones.

El de hoy, es un México con 120 millones de habitantes, de los que la mitad más o menos, viven algún grado de pobreza. Lo que se pretendió por escrito hace 97 años no existe: no hay comida, casa, educación ni acceso a la salud para todos. No hay paz porque la violencia, la inseguridad y el delito apenas se contienen. En algunas zonas del territorio nacional, como en aquel 1917, no se aplica la ley que es obligatoria para todos, sino que se hace lo que dictan algunos poderosos que son la autoridad de facto por la vía de las armas o el poder económico.

Es cierto que un mexicano al nacer puede aspirar a vivir 75 años, pero la calidad de su vida —o su vida misma— depende del azar.

La Constitución de 1917, aquella que tanto se presumía en las aulas universitarias como un “cuerpo de leyes de avanzada”, es hoy una amalgama de 136 artículos que ha sido cambiada más de 550 veces, de acuerdo con las necesidades del momento. Más que el máximo acuerdo para que todos los habitantes de la República tengan una base inamovible de igualdad, la Constitución es apenas el pretexto para un “fin de semana largo”.

Aunque no figura en la agenda ni en los intereses de los presidentes de los partidos políticos y de la presidencia de la república, los hechos dictan que es indispensable plantear una revisión radical, quizá un cambio total, de la Constitución.

Jorge O. Navarro
FEB 4

Justicia, la gran ausente en el informe Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

A unos días de que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz presente el primer informe de su administración, es importante detenerse en uno de los grandes pendientes que tienen los poderes formales para con los ciudadanos jaliscienses: la reforma en el sistema judicial.

Sin necesidad de adivinar, se puede esperar que el informe del mandatario jalisciense hará hincapié en las escasas obras de infraestructura que se realizaron durante 2013, la aplicación de programas sociales —aquí está casi todo el músculo que alcanzó a exhibir el primer gobierno priista después de tres sexenios panistas— y las gestiones ante el Gobierno federal para atraer inversiones (multimillonarias) para el atribulado sistema de movilidad del Área Conurbada de Guadalajara.

Naturalmente, Sandoval Díaz y su gabinete dedicarán mucho espacio a reiterar anuncios de lo que, esperan, se hará realidad en los próximos meses y años, como la reordenación de rutas de transporte público y la aplicación del nuevo modelo ruta-empresa, que sustituye al obsoleto modelo hombre-camión; el combate a los delitos de alto impacto con la Fuerza Única Jalisco; la atracción de inversiones privadas en sectores clave de la economía, como es el caso de la Ciudad Creativa Digital, entre otras cosas.

Es sabido, no recientemente sino desde muchos años atrás, que Jalisco ha perdido empuje en materia de competitividad y crecimiento económico. A pesar de que aún se sostienen índices notables en el sector primario (producción de alimentos, carne y granos), es una realidad innegable que otras entidades federativas lograron crecer consistentemente en las últimas décadas; atrajeron inversión extranjera, crearon nichos atractivos para la instalación de grandes empresas y paulatinamente, incrementaron los ingresos que permiten elevar el nivel de vida de sus poblaciones.

Jalisco, siempre en orgullosa competencia con la capital del país y la metrópoli de Monterrey, ha caído hasta permanecer en la medianía entre todos los estados de la República. En muchos renglones, entidades con menor población, territorio y recursos, se desarrollaron hasta rebasarlo.

¿Qué puede hacer el gobierno que encabeza Aristóteles Sandoval? Detener el deterioro, modificar las estrategias. Puede esta administración sentar las bases de un cambio sostenido que dé resultados después de una década o 15 años. Es una carrera de largo aliento.

Pero no todo es asunto de trabajar más y buscar dinero.

Hay un área de la vida estatal estancada desde hace décadas: la justicia.

Es nulo el avance en seguridad jurídica, impartición de justicia, modernización de juzgados, sistema penitenciario, reinserción social, mecanismos de conciliación… en fin, todos los actos y facultades del Poder Judicial que deben permitirle al ciudadano percibir que ante la ley todos son iguales, sin importar su nivel socioeconómico, creencias religiosas o color de piel.

La realidad es que, como dicen en las aulas donde se enseña el derecho, las cárceles están llenas de pobres, los espacios de renovación del Poder Judicial —desde el mismo Supremo Tribunal de Justicia— son propiedad de las cúpulas políticas y partidistas, y los menos interesados en hacer de la administración de la justicia un espacio transparente, legal y equitativo, son precisamente quienes han hecho su fortuna en la impunidad, el influyentismo y la reserva en la que se mueven todos los que debieran garantizar un Jalisco justo.

¿En qué posición está Jalisco en este aspecto? Muy por debajo de su acostumbrada medianía. Se califica al sistema judicial estatal en la posición 26 entre todos los estados del país.

Ese tema, lamentablemente, no figura en el primer informe.

Jorge O. Navarro
ENE 28

Hobbes y las casas de enlace Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Si alguno de los 39 diputados de la actual LX Legislatura de Jalisco intentara definir el concepto opinión pública, podría evitarse el acertijo teórico y citar así: “Es lo que nos obligó a renunciar al dinero para las casas de enlace”.

Presionados por la unánime condena social, todos los diputados de Jalisco, ya sin excepciones, aceptaron por la vía política —aunque no legal— que no utilizarán 92 mil pesos mensuales que individualmente se les asignaron para las famosas casas de enlace, que esa misma opinión pública considera un sobresueldo o el encubierto financiamiento de precampañas con los recursos públicos.

Aunque diputados como Celia Fausto Lizaola o Miguel Castro Reynoso habían rechazado la recepción personal de este dinero, se trataba de una partida (la número 412) que en un año sumaba poco más de 43 millones de pesos. Una cifra escandalosa para una Legislatura que inició su ejercicio el 1 de noviembre del año 2012 en medio del escándalo y la quiebra económica, por irregularidades y desvíos por los que, debe subrayarse, nadie ha sido castigado.

Los cinco diputados de la fracción de Movimiento Ciudadano comenzaron 2013 rechazando en grupo esta asignación, y la crítica popular aumentó tanto que este 20 de enero las dirigencias del PRI y el PAN entendieron que les sale más caro quedarse con ese dinero que rechazarlo.

Es un total sinsentido conservar la partida 412 cuando el Congreso (casi) en pleno acudió a rogar al gobernador Aristóteles Sandoval por más recursos y éste les dio 80 millones de pesos sin más condición que la de utilizarlos para sanear su administración interna. Es fácil disponer así del recurso, sobre todo cuando es ajeno.

El dirigente estatal del PRI, Hugo Contreras Zepeda, anunció públicamente que ese dinero que ya no será usado discrecionalmente por los diputados, que se turnará “a otro tipo de necesidades del Congreso”. Deben especificar qué necesidades son ésas, pues al margen del golpe de timón los legisladores deben ser claros sobre el destino que le darán; si otra vez está a merced de su voluntad, el logro habrá quedado muy a medias.

Para aportar un punto de comparación: ¿cuántos adultos mayores que viven en condiciones de pobreza podrían recibir la pensión que entrega la Secretaría de Desarrollo e Integración Social con esos 43 millones de pesos? Actualmente los beneficiarios son 34 mil y el secretario Salvador Rizo insiste en que no pueden incrementar el padrón porque no tienen más presupuesto.

De regreso a la teoría sobre la opinión pública, en su ya clásico La espiral del silencio Elisabeth Noelle-Neumann cita al filósofo Thomas Hobbes, quien en el lejano año de 1650 reflexionaba que el silencio de las personas es tomado por el gobernante como una señal de conformidad. Esta vez los diputados tienen todas las pruebas de que los jaliscienses están en contra del abuso de los recursos públicos.

La cuestión es si confiarán en que con cada nueva historia de arbitrariedad la gente tendrá la paciencia de hacerse escuchar sólo por la vía de su opinión para hacerles saber que no pueden abusar más.
 

Jorge O. Navarro
ENE 21

Elisa y la caída de Guadalajara Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Apenas comenzar el año 2014, el Gobierno tapatío de Ramiro Hernández García encara la prolongación de un escándalo que tiene, otra vez, a Elisa Ayón por actriz principal. Este lunes 13 de enero, la regidora que había solicitado licencia a su cargo y que aparentemente ya no pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), se apareció en Palacio Municipal e ingresó a la que fuera su oficina después de romper un vidrio de la puerta. Eso sí,  la presencia de policías que intentaron impedirle el acceso al lugar, agrandó una escena que perjudica a la administración.

Poco importa que Elisa Ayón tenga o no la razón jurídica en esta nueva aparición, que es otro capítulo de la truculenta historia que comenzó con una grabación en la que se le escuchó abundar en frases altisonantes y coloquialismos, y que permitió conocer presunciones de corrupción y manipulación abusiva de trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara.

E importa poco la verdad jurídica, porque lo provocado en el Gobierno tapatío por la ex dirigente del PRI Guadalajara es un alboroto político que le seguirá creciendo al alcalde Ramiro Hernández de modo imparable si no utiliza una de las herramientas fundamentales de su quehacer: la política.

Lo que menos necesita en este momento el Gobierno de Guadalajara es que los medios de comunicación se enfoquen en Elisa Ayón, quien ha personificado —muy a su pesar— la corrupción y la impunidad que todos sus detractores le imputan al PRI y a su ejercicio en la función pública.

“El chiste se cuenta solo”, dice el refrán, y es lo primero que viene a la mente cuando se conoce que la señora Ayón se comprometió, al retornar por la fuerza a su oficina, a denunciar puntualmente todos los casos de corrupción de los que se entere mientras ejerza su cargo como regidora, y claro, cobre cada mes un sueldo bruto que casi llega a 105 mil pesos… pero de regidores que denuncian corrupción ya está lleno el Ayuntamiento de Guadalajara, sin que haya resultados para reducirla o erradicarla.

Muy mal mensaje le envía a los habitantes de Guadalajara el regreso de la señora Elisa Ayón, cuando el municipio padeció en 2013 un año sin apenas recursos para obra (es verdad que se inició un programa de repavimentación, pero con recursos del Gobierno federal), sin acciones eficientes para reducir el gasto en nómina y burocracia, y con un episodio crítico que todavía no concluye.

Se ha erosionado tan rápidamente la autoridad del alcalde Ramiro Hernández, que se insiste en su inminente salida de la presidencia municipal a fin de rescatarlo políticamente con un encargo en el Gobierno federal.

La pregunta indispensable en este caso: ¿y la ciudad de Guadalajara? Es una interrogante sin respuesta.

Si los integrantes en el Gobierno de Guadalajara no recuperan conciencia de que están al frente de la capital jalisciense y proceden con un más alto sentido de ética y valor político, voluntaria o involuntariamente alimentarán la dinámica negativa que durante años ha socavado al municipio.

No está lejos el momento de que Zapopan, vecino, tome la estafeta como el municipio donde se tomen las decisiones políticas y económicas del Estado.

Jorge O. Navarro
ENE 14

Los camiones cuestan más Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Para el regreso a la rutinaria normalidad después de las vacaciones decembrinas, a los tapatíos les espera una serie de sorpresas de las que tomarán consciencia a golpe de gasto. No se trata sólo de la anunciada alza tributaria, sino también del aumento en el pasaje del transporte público, más los precios de todos los productos básicos.

Cualquiera con un poco de memoria conoce de sobra la conocida historia; si cuesta más la gasolina o el azúcar, entonces se desata en cascada un incremento en los precios de todos los productos de consumo cotidiano, desde el pan hasta las tortillas, prácticamente todos los alimentos y la mayoría de los productos incluidos en la canasta básica.

Naturalmente, la calidad de vida del tapatío promedio baja un escalón más. Se hacen más costosos también los servicios de salud, de educación, de esparcimiento, de vivienda.

Para comprobar tales afirmaciones, basta con acudir a los datos que dio a conocer en diciembre pasado el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, que es financiado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De acuerdo con los especialistas que ahí trabajan, el poder adquisitivo del salario mínimo perdió 90% de su capacidad de 1993 a la fecha.

¿Cómo lo midieron? Con una sencilla comparación: en aquel año que anticipaba el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Carlos Salinas de Gortari encaraba el quiebre de su apoteósico sexenio, un mexicano podía comprar con su salario mínimo hasta 50 kilogramos de tortilla. Hoy, apenas pueden comprarse cinco kilos.

Naturalmente, son abismales las diferencias en el sistema económico y la injerencia que actualmente ejercen factores internacionales. Sencillamente, aquel era el México en el que aún no pesaba el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

Sin embargo, para comenzar el año se da cuenta de una noticia sorprendente: el mexicano paga más por Impuesto Sobre la Renta que el estadounidense promedio. Esa es una prueba de las distorsiones que ha generado en el esquema económico nacional la intromisión de los grandes capitales; la aceptación sin condiciones de las reglas que imponen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, y además, las reformas que adecuan las reglas del juego para que sea más evidente el libre mercado sin que haya políticas públicas que equilibren la situación actual, en la es ofensiva la desequilibrada distribución de la riqueza y la falta de oportunidades para, al menos, la mitad de los mexicanos.

El Gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto se embarcó, en el comienzo de este 2014, en una campaña publicitaria –pagada con recursos públicos– que intenta convencer de los beneficios de la reforma energética. Continúa así la lógica del choque de discursos en una confrontación política que ignora a decenas de millones de personas que no pueden acceder a educación, salud y alimentación adecuada.

Mientras tanto, en Guadalajara el camión costará un peso más, igual que suben de precio los alimentos.

Mucha gente cuestiona si el Gobierno que encabeza Aristóteles Sandoval mantendrá los bienevales para que los estudiantes no paguen camión. La respuesta es afirmativa, porque destinaron 260 millones de pesos para el rubro, igual que otros 400 millones para apoyar a las personas de la tercera edad. Pero en el presupuesto estatal de más de 80 mil millones de pesos para este año, los programas sociales no alcanzarán a equilibrar las diferencias.

Sí. Este 7 de enero los camiones cuestan un peso más.
 

Jorge O. Navarro
ENE 7

Desmontan el federalismo Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Típico de estos días, cuando el flujo noticioso entra en un paréntesis obligado, es el análisis retrospectivo de las funciones de gobierno o personajes en el poder. Conviene ahora, cuando en amplias regiones del país se toma un respiro para reiniciar luchas sociales, reflexionar –porque no se ha hecho– sobre una pérdida irreparable que resulta del nuevo orden de cosas: la reducción del federalismo.

Desde que Enrique Peña Nieto le puso rostro al regreso del PRI a Los Pinos, una convicción se retomó con rígida firmeza sin que ningún actor político, académico o ciudadano lo advierta públicamente y menos aún, lo denuncie como un retroceso. Tal convicción es la de fortalecer, a costa de lo que sea, el poder presidencial.

Mucho se ha escrito y dicho sobre los logros de la joven gestión de Peña Nieto, en tanto que negoció y consiguió reformas legales que fueron imposibles durante los sexenios panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Como resultado de estos triunfos políticos, el segundo año del mandato peñanietista se anuncia con mayores expresiones de fuerza, como ya lo confirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al reiterar este pasado 23 de diciembre que la tolerancia del Gobierno federal a las expresiones de inconformidad “tiene límites”.

¿De qué se nutre este fortalecimiento del Gobierno federal? No, lamentablemente, de la fuerza de las instituciones, como se ha proclamado durante décadas en los discursos políticos. El nuevo músculo de la Presidencia que tanto se debilitó durante los sexenios panistas se alimenta del quiebre de un federalismo mexicano que parecía haber llegado para quedarse; la nueva potencia de la figura presidencial es el debilitamiento de las políticas públicas que, desde el período de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), habían concretado el pacto federal que vuelve a convertirse en un sueño.

La de México es una república federal que, en la práctica, no es sino un Estado centralista que históricamente concentró el poder en el titular del Poder Ejecutivo. El presidente fue siempre una suerte de emperador sexenal; presidencialismo exacerbado, se le denominó durante los últimos años de la década de los 90.

Con la transición que llevó al panista Vicente Fox a la presidencia parecía cristalizarse el anhelo del federalismo, después de décadas de lucha política que muchos consideran iniciada en las manifestaciones de 1968. Hoy el péndulo del tiempo conduce a la regresión.

En su más elemental expresión, el federalismo es la autodeterminación política y también presupuestal. En un pacto federal se presume que los estados son autónomos, con su propio marco legal y capacidad económica de conducirse con base en las decisiones democráticas de sus ciudadanos aunque en un contexto de respeto al Gobierno federal, máxima expresión de autoridad en la que todas las entidades federativas se encuentran representadas como iguales y seguras de que en casos de debilidad, serán apoyadas por las más fuertes.

Lo que realmente le ocurrió a México es que el Gobierno federal debilitó siempre a los estados; del presidente y su poder dependían, directa o indirectamente, las élites políticas de las 32 entidades y todas las estructuras de gobierno.

La administración de Peña Nieto está desmontando, casi en silencio y sin oposición, la tímida estructura federalista que se había fundado en un principio básico: la distribución de los recursos públicos y su utilización determinada por autoridades locales. Ocurrió que en los estados y municipios las autoridades se vieron repentinamente enriquecidas y empoderadas, y los casos de uso indebido de recursos, o de descarada corrupción, se multiplicaron. Pero en lugar de reformas que castigaran a los responsables, el equipo de Gobierno de Peña Nieto ha implementado una amplísima operación nacional, mezcla de política y economía, para que el presidente sea otra vez el rector de los recursos.

¿Qué se pierde con la retracción del federalismo? La mayoría de edad de los estados, la autodeterminación. Es el regreso de la discrecionalidad y el poder presidencial. El tiempo lo demostrará.

Jorge O. Navarro
DIC 31

El jugoso negocio de los camiones Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Las celebraciones navideña y de Año Nuevo para los usuarios del transporte público en cualquiera de las ciudades de Jalisco –es decir, cinco de cada 10 habitantes– queda empañada por el hecho de que ya es más caro subirse a un camión o midibús.

En el Área Metropolitana de Guadalajara se aprobó, el pasado viernes 20 de diciembre, un incremento de un peso a la tarifa. Los transportistas, generosos, argumentaron que el alza necesaria según sus cálculos debía ser de dos pesos, pero se conformaron con uno.

Con un afán poco usual cuando se trata de trámites que pueden beneficiar a la población, se determinó que un día después, el sábado 21, se publicara en el Periódico Oficial de Jalisco la nueva tarifa. Se dispuso que ésta aplicara el domingo 22, de modo que desde ese día cuesta un peso más abordar el camión.

Cualquier cambio efectuado a leyes y normas, incluido el que le autoriza a los camioneros cobrar un peso adicional, sólo se aplica en el mundo real si el gobernador (jefe del Poder Ejecutivo) determina que se publique en el Periódico Oficial del Estado; esta publicación aparece los días martes y jueves, pero la reglamentación permite anexos como el que se utilizó el sábado pasado para acelerar el procedimiento. Es totalmente inusual esta premura. Algo similar pudo hacerse, por ejemplo, para no retrasar el raquítico pago que se entrega a las personas de la tercera edad mediante la pensión del programa 65 y más, pero en ese caso no hubo prisa: los ancianos tuvieron que esperar a que se hicieran todas las revisiones a las reglas del programa y aún ahora son incontables los casos de beneficiarios que no saben qué pasó con parte de ese dinero que debía entregarles la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

Este lunes 23 de diciembre el secretario de Movilidad y figura central del Gobierno estatal en el proceso que cristalizó la tarifa de siete pesos, Mauricio Gudiño Coronado, estuvo en la Ciudad de México para atender una reunión con autoridades federales en torno al inminente arranque de obras de la Línea 3 del Tren Ligero. Mientras cumplía con esa cita, en Guadalajara el presidente del Comité Estatal del PAN, Miguel Monraz Ibarra, acudió ante la justicia federal para tramitar un amparo contra el acto que permite la nueva tarifa.

Sobre cómo procede el secretario de Movilidad, la cuestión es qué darán los transportistas a cambio de la nueva tarifa, porque a ellos se les da trato de lujo al permitírseles cobrar más cuando no han cumplido con añejos compromisos para mejorar el servicio.

Y en cuanto al dirigente panista, no deja de ser política su defensa de los usuarios del transporte cuando en tres sexenios de gobiernos del PAN no hubo determinación para reordenar las rutas y obligar a los transportistas a cumplir con la legalidad.

Mientras los políticos, ya sean dirigentes partidistas o funcionarios públicos, se enfrascan en una lucha verbal y legal, lo cierto es que la tarifa de siete pesos ya se cobra de manera cotidiana, y eso implica ingresos de 22 millones de pesos diarios para los camioneros que tienen en circulación poco más de cinco mil unidades.

La verdad incontestable es que el transporte público es un gran negocio para unos pocos, en detrimento de la mayoría de usuarios.

Mal augurio éste, a unos días del inicio de otro año.
 

Jorge O. Navarro
DIC 24

Nuevos súper policías; el tiempo dirá qué tanto Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Después de meses de espera, finalmente el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz presentó en sociedad la Fuerza Única Jalisco (FUJ), el nuevo cuerpo policiaco del que tanto se espera, no porque la ciudadanía tenga certeza de su capacitación o potencial, sino porque se trata de un anuncio que, desde mucho antes de tomar posesión como gobernador, proclamó Aristóteles Sandoval Díaz en calidad de promesa y solución.

Rotunda como la Catedral es la actual certeza de que la inseguridad es uno de los mayores problemas de la sociedad jalisciense, la que radica en el Área Conurbada de Guadalajara y la que puebla el resto del Estado. Las noticias sobre el incremento de la violencia generada por el crimen organizado se pueden rastrear sin mayor esfuerzo en los medios de comunicación, desde los más grandes y consolidados hasta los más pequeños.

Las dos más recientes evidencias de la crueldad y la saña con la que operan las bandas delictivas se desenterraron de las fosas clandestinas halladas recientemente en La Barca (67 cadáveres) y Santa Lucía, en Zapopan (14 cuerpos). Y a lo largo del año que está por terminar se pueden hallar más pruebas. Las cifras son apabullantes: de acuerdo con las cifras oficiales, cuando habían transcurrido apenas siete meses de 2013, en Jalisco se registraban 900 homicidios intencionales.

Los estudios estadísticos se acumulan; los realizan organismos públicos e instituciones privadas, y prácticamente en todos hay una constante: a los jaliscienses les preocupan la inseguridad y la economía, ligada directamente a la falta de más empleos.

La cuestión es si los 450 policías integrantes de la Fuerza Única Jalisco, que fueron presentados el domingo 15 de diciembre en el Parque Metropolitano, con sus uniformes nuevos y sus 36 relucientes patrullas, serán suficientes para contener el crecimiento sostenido del crimen, que se organiza con rapidez y eficiencia porque no tiene más fronteras que las del choque entre bandas criminales.

Hay puntos destacables en la integración de la nueva fuerza. Entre éstos se pueden contabilizar que goza de una capacitación más intensa, especializada e intencionada para enfrentar delitos de alto impacto. Además, se cumplió un requisito que se acepta como indispensable: las condiciones laborales son mucho mejores y el sueldo es superior a 22 mil pesos mensuales… no es la panacea, pero es tres veces lo que gana un policía municipal en la zona metropolitana.

Los policías de la Fuerza Única contarán con armamento más potente que los de las policías municipales y aprendieron, por ejemplo, cómo encarar una emboscada y operar con vehículos especiales y aéreos, y algo muy importante: presumen estar capacitados en el conocimiento y respeto a los derechos humanos.

Adicionalmente, se da por hecho que son personas dignas de confianza, pues llegaron a su actual tarea tras ser elegidos en las policías municipales de Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlaquepaque y Tonalá. En palabras de la autoridad estatal, la nueva Fuerza Única Jalisco “no es una policía hecha al vapor” y se destacará por su “capacidad de atención a los jaliscienses”.

El Gobierno del Estado pide a la sociedad poner su confianza en la nueva policía.

No hay de otra. Los hechos confirmarán o desmentirán.

Jorge O. Navarro
DIC 17

Reflexionar sobre Mandela Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Sobran motivos y temas para la reflexión sobre la vida política en México. El listado puede ser muy amplio, con temas nacionales y locales. Para citar algunos, están la reforma político-electoral, que con la reelección y la creación de una nueva autoridad que sustituirá al IFE, entre muchos otros cambios, prácticamente reconfigura el sistema electoral mexicano; el inicio de la discusión en torno a la denominada reforma energética; el seguimiento de la resistencia contra la reforma educativa; el hallazgo de más fosas comunes y las pruebas de que la violencia y el crimen organizado siguen tan vigentes como antes de la llegada de Peña Nieto.

En Jalisco figuran la negociada definición del presupuesto de egresos para 2014; las denuncias constantes del uso del poder y el presupuesto para crear nuevas fortunas; la lucha permanente entre comerciantes ambulantes y establecidos ante la incapacidad del Gobierno municipal para ofrecer soluciones de largo plazo.

La lista, evidentemente, no se agota.

En medio de esta vorágine de eventos que no ofrecen pausa, porque un sino de estos tiempos es la perenne información sobre todos los temas y desde todos los rincones, un hecho recorrió de punta a punta el mundo noticioso el 5 de diciembre: murió Nelson Mandela.

Y en Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica, pueden coincidir los múltiples tópicos que se ocupan de la vida común de las personas de todos los estratos y puntos geográficos, porque, como último gran líder social del siglo XX, en él se encarnan los ideales de cambio que tanto se echan de menos en el quehacer público.

Ante los permanentes homenajes que han caído sobre la memoria de Mandela apenas se supo de su muerte, no faltan tampoco quienes hacen un llamado a considerar su humanidad, sus defectos y desatinos. Y es verdad: Mandela fue un hombre, ni más ni menos. Pero hoy se le reconoce no por aspirar a ser un santo según algún credo religioso, sino por ser un hombre público que contribuyó, con sus decisiones políticas y sus propuestas que arrastraron a las masas en su país, a eliminar una confrontación racial que pudo haber causado la miseria y la guerra en Sudáfrica.

Mandela es un hombre de contrasentidos, y es importante destacarlo.

Ahora muerto, se le venera como un símbolo de la paz y la libertad, pero, siendo joven y activista a favor de los negros, fue líder de una guerrilla, cabeza del brazo armado del Congreso Nacional Africano.

Hoy desaparecido, se pregona que soportó más de 27 años de encarcelamiento y, al salir, perdonó a quienes lo privaron de la libertad. Lo que poco se difunde es que fue condenado a cadena perpetua por actividades terroristas y por atentar contra el Estado.

Para millones, es un gigante moral, pero pasa casi inadvertido que, de sus dos primeros matrimonios (se casó tres veces), varios de sus hijos murieron en circunstancias que pudieron haberse prevenido y no faltaron los escándalos familiares por la cercanía con el poder.

Pese a todo, su legado es enorme y trascendental.

A Mandela, el gran político, se le puede atribuir la paternidad de una nación y es que, contra la corriente de comportamiento político que domina en el mundo, él trabajó permanentemente, a costa de buena parte de su vida, por los ideales sobre los que se asienta Sudáfrica: la igualdad y la democracia.

¿Dónde hay políticos con esas características? El siglo XXI, quizá, los está viendo nacer.

Jorge O. Navarro
DIC 10

El primer año Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Al cumplirse un año de la gestión de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República quedó claro que el Gobierno federal puede argumentar logros, pero está muy lejos de presumir aprobación no digamos unánime, sino general. En el Distrito Federal, una manifestación que se hizo notar porque otra vez hubo desmanes y detenidos le recordó al país que un sector no minoritario de la población nacional está inconforme o en vigilancia permanente de lo que hace y deja de hacer la nueva gestión priista instalada en Los Pinos.

Los análisis sobre el quehacer de Peña Nieto y su equipo de gobierno abordan los rubros más notables: economía, seguridad, reformas, corrupción y el Pacto por México, entre otros. Sobran argumentos para aprobar o descalificar lo que han hecho desde el pasado 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto hizo una serie de compromisos ante la nación, muchos de los cuales, se ha comprobado luego, son inviables.

Lo primero que debe considerarse al intentar una evaluación, así sea rápida, del primer año del gobierno peñanietista, es la imposibilidad del ejercicio maniqueo que intenta resolver con la etiqueta de bueno o malo el desempeño de la administración federal.

Es innegable que el año inicial del sexenio arroja algunos resultados positivos. Lo reconocen organismos internacionales y gobiernos de otros países. Se dirá que eso es resultado de gestiones diplomáticas, de impactos efectistas que se gestionan por la vía de campañas publicitarias; es cierto, pero también es una herramienta que utilizan los gobiernos de todas las naciones (poder blando, lo denominó Joseph Nye) y en apenas 12 meses esta administración ha posicionado mejor la “marca México” que el anterior equipo de gobierno, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa.

Adicionalmente, aún cuestionadas y polémicas, las reformas impulsadas por Peña Nieto han movilizado el anquilosado mecanismo legislativo entre diputados y senadores, algo que nunca consiguieron Vicente Fox ni Felipe Calderón. En este periodo, cuando menos, sí funcionó la negociación entre fuerzas políticas.

¿Pero con eso basta para que el equipo de Peña Nieto se vista de luces? Para nada.

En algunos sentidos, el año 1 del sexenio se perdió irremediablemente. Por ejemplo: ¿qué pasó con la oficina anticorrupción? Es una de las promesas presidenciales que mereció, incluso, la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, una inoperante dependencia que supuestamente debía identificar y castigar la corrupción de los burócratas federales. El olvido es tal que ni siquiera está contemplada una partida para el tema en el presupuesto de egresos del año entrante.

¿Y la seguridad? Las fosas clandestinas con sus 67 cadáveres hallados en la zona de la Ciénega, aquí en Jalisco, más el imparable deterioro del Estado de Michoacán, son un lastre gigante para la administración. Y no hay estrategia visible para el inicio del segundo año, porque hasta ahora la única respuesta a la fuerza creciente del crimen organizado, es más milicia y más fuerzas federales.

En la economía el país cierra 2013 con un crecimiento del PIB que, si no fuera porque diciembre también se acaba, podría ser menor al 1%. La pregunta es si la bajada ya terminó, porque en el horizonte asoma la cuesta de enero.

¿El primer año de Peña Nieto fue bueno o malo? Hay de todo. Y en un año previo a elecciones lo más evidente para el grupo en el poder es que deben mejorar.

Jorge O. Navarro
DIC 3