Cuando en Palacio Nacional el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el discurso que inauguró su sexenio y anunció sus “13 decisiones”, ganó un peso especial la reforma educativa; la lectura de aquella parte del mensaje invocó un rostro, el de Elba Esther Gordillo. Apenas un día después salió adelante, contra muchos pronósticos, el Pacto por México, un acuerdo signado por los titulares de los tres partidos políticos más grandes del país: PRI, PAN y PRD. Se trata de un documento que también incluyó el asunto educativo.

Las reacciones en los días posteriores al arranque de la administración peñanietista abarcaron todo el espectro: desde la abierta duda y condena, hasta el optimismo incontenido.

Es innegable que la nueva administración federal hereda la reconocida habilidad priista para dar golpes efectivistas en la agenda mediática, esos que permiten crear una percepción positiva sobre sus acciones y proyectos. Y es el caso de la reforma en materia de educación, que ya fue públicamente presentada por Peña Nieto, comentada por el secretario de Educación Emilio Chuayffet, y aparentemente avalada por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el antipopular SNTE.

Y es que a pesar de las razonables dudas que despiertan los muchos propósitos de Peña Nieto, ¿qué personaje político o fuerza partidista se puede oponer a una reforma que pretende corregir las deficiencias de la educación mexicana? El ambiente será favorable a la propuesta presidencial… hasta que llegue el momento de entrar en detalles.

Es importante aislar el ambiente político que se configura en torno a la reforma educativa: aunque Emilio Chuayffet subraya que no se trata de un ataque a Elba Esther Gordillo, la lideresa moral del SNTE provoca con su silencio una clara tensión que se agudizará con el paso de los días. Por otra parte, los dos rasgos sobresalientes de esta reforma, la evaluación a los maestros y la creación de un servicio de carrera magisterial, atacan directamente el complejo esquema de privilegios que construyeron las cúpulas del SNTE y que le ha permitido a este sindicato convertirse en una de las organizaciones políticas más fuertes del país, con capacidad incluida para poner en vilo a gobernadores, someter a alcaldes, dominar grandes espacios de poder público (alcaldías, diputaciones, etc.) y rechazar abiertamente decisiones presidenciales que afectan sus intereses.

El mensaje central de Peña Nieto es que el Estado se propone recuperar la rectoría de la educación en México. Lo que está implícito en este objetivo es que el Estado no tiene esa rectoría, que por alguna o muchas razones, la perdió; por lo tanto, ¿quién se apropió de ésta? Imposible no pensar en Elba Esther Gordillo y el SNTE.

¿Es posible detener el deterioro del sistema de educación básica y corregir la deficiente administración de los multimillonarios recursos que cada año se le inyectan sin que los niños y jóvenes mexicanos reciban una formación medianamente competitiva, todo esto sin desmontar la pirámide de intereses y los acuerdos fácticos entre SNTE y autoridades estatales y federales?

El reto de la reforma educativa, que parece haber agotado la inicial buena recepción pública, es enorme.
 

El país entero está volcado en la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia del país. De hecho, aún no transcurre una semana desde su llegada a Los Pinos y todo lo relacionado con el nuevo Mandatario, los miembros de su gabinete, su discurso inaugural, sus primeros compromisos públicos, las protestas y manifestaciones contra la ceremonia de su rendición de protesta y la firma del Pacto por México son como un caudal de eventos y hechos que ha sido imposible sopesar y medir en su significado, en sus implicaciones futuras.

Simplificadas las cosas, la percepción más evidente que ha provocado la naciente administración es que hay esperanzas de mejoría. Sus compromisos en materia social, de infraestructura, de combate a la inseguridad y de reformas para simplificar la administración de justicia; el anuncio de sus proyectos para desterrar el hambre y mejorar el sistema educativo a pesar de un previsible choque con el SNTE de Elba Esther Gordillo, han sido recibidos positivamente por un gran sector de la población.

Pero están también las protestas, los actos vandálicos, los manifestantes heridos, las denuncias de represión y las fundadas sospechas de violación a los derechos humanos. Es la prueba de que la administración de Peña Nieto tiene enfrente grandes obstáculos. Es el otro México, uno donde viven millones de personas que no creen en el nuevo presidente, que están hartas de la impunidad y que no están dispuestas a conceder el “beneficio de la duda”; en esa nación simultánea que no concibe esperanza sino pesimismo con el regreso del PRI al poder, hay resentimiento y coraje por los muertos de la guerra contra el narco, por la pobreza, por la desigualdad. Muchos de ellos no quieren esperar y tratarán de cobrarle al Gobierno de Peña Nieto las facturas pendientes porque el sistema los traicionó muchas veces.

Es un doble escenario el que tiene enfrente el nuevo Poder Ejecutivo.

La opción inmediata, una por la que han optado otros presidentes en el pasado, es la de ignorar a quienes están en contra, hacer como que no existen y reservar la agenda de gobierno, el presupuesto y las políticas públicas para quienes están a favor o cuando menos, no critican abiertamente. Ese camino ya se ha transitado muchas veces y el destino de llegada es siempre el mismo: amplios sectores del país olvidados y resentidos por la injusticia y la desigualdad.

Es evidente que Peña Nieto no es responsable de los pendientes que dejaron los períodos de Fox y Calderón, ni tampoco es posible achacarle las fallas de las siete décadas previas de gobiernos surgidos del PRI.

Sin embargo, el nuevo Presidente y los miembros de su gabinete en el que se mezclan jóvenes con perfil de tecnócratas educados en aulas de prestigiadas universidades extranjeras y priistas netamente políticos, formados en el estilo tradicional del “partidazo”, deben recordar un principio básico: gobernarán para todos, los que aprueban y quienes rechazan. Y para hacerlo es indispensable la justicia, el fortalecimiento de las instituciones tan vapuleadas en los últimos 20 años, el freno a la impunidad, la distribución de la riqueza.

El discurso de Peña Nieto apunta en esa dirección. Ahora cuenta con la ventaja del impulso inicial, el capital político y el favor de la mayoría de las fuerzas partidistas. Si obra en consecuencia, los detractores perderán severidad y la legitimidad lo fortalecerá.

El tiempo vuela. Ya se escucharon los discursos. Vengan los hechos.

El país entero está volcado en la llegada de Peña Nieto a la Presidencia del país. De hecho, aún no transcurre una semana desde su llegada a Los Pinos y todo lo relacionado con el nuevo mandatario, los miembros de su gabinete, su discurso inaugural, sus primeros compromisos públicos, las protestas y manifestaciones contra la ceremonia de su rendición de protesta y la firma del Pacto por México, son como un caudal de eventos y hechos que ha sido imposible sopesar y medir en su significado, en sus implicaciones futuras.

Simplificadas las cosas, la percepción más evidente que ha provocado la naciente administración peñanietista es que hay esperanzas de mejoría. Sus compromisos en materia social, de infraestructura, de combate a la inseguridad y de reformas para simplificar la administración de justicia; el anuncio de sus proyectos para desterrar el hambre y mejorar el sistema educativo a pesar de un previsible choque con el SNTE de Elba Esther Gordillo, han sido recibidos positivamente por un gran sector de la población.

Pero están también las protestas, los actos vandálicos, los manifestantes heridos, las denuncias de represión y las fundadas sospechas de violación a los derechos humanos. Es la prueba de que la administración de Peña Nieto tiene enfrente grandes obstáculos. Es el otro México, uno donde viven millones de personas que no creen en el nuevo presidente, que están hartas de la impunidad y que no están dispuestas a conceder el “beneficio de la duda”; en esa nación simultánea que no concibe esperanza sino pesimismo con el regreso del PRI al poder, hay resentimiento y coraje por los muertos de la guerra contra el narco, por la pobreza, por la desigualdad. Muchos de ellos no quieren esperar y tratarán de cobrarle al gobierno de Peña Nieto todas las facturas pendientes porque el sistema los traicionó muchas veces. Es un doble escenario el que tiene enfrente el nuevo Poder Ejecutivo de la república.

La opción inmediata, una por la que han optado otros presidentes en el pasado, es la de ignorar a quienes están en contra, hacer como que no existen y reservar la agenda de gobierno, el presupuesto y las políticas públicas para quienes están a favor o cuando menos, no critican abiertamente. Ese camino ya se ha transitado muchas veces y el destino de llegada es siempre el mismo: amplios sectores del país olvidados y resentidos por la injusticia y la desigualdad. Es evidente que Peña Nieto no es responsable de los pendientes que dejaron los períodos de Fox y Calderón, ni tampoco es posible achacarle las fallas de las siete décadas previas de gobiernos surgidos del PRI.

Sin embargo el nuevo presidente y los miembros de su gabinete en el que se mezclan jóvenes con perfil de tecnócratas educados en aulas de prestigiadas universidades extranjeras y priistas netamente políticos, formados en el estilo tradicional del “partidazo”, deben recordar un principio básico: gobernarán para todos, los que aprueban y quienes rechazan. Y para hacerlo es indispensable la justicia, el fortalecimiento de las instituciones tan vapuleadas en los últimos 20 años, el freno a la impunidad, la distribución de la riqueza. El discurso de Peña Nieto apunta en esa dirección. Ahora cuenta con la ventaja del impulso inicial, el capital político y el favor de la mayoría de las fuerzas partidistas. Si obra en consecuencia, los detractores perderán severidad y la legitimidad lo fortalecerá.El tiempo vuela. Ya se escucharon los discursos. Vengan los hechos.

Llega la hora de Enrique Peña Nieto. El sábado, finalmente, el ex gobernador del Edomex se colocará la banda presidencial e iniciará su gestión al frente del Gobierno del país.

En torno del acto protocolario de su investidura presidencial que se realizará en la Cámara de Diputados se construye una polémica más o menos hueca, como varias que seguramente habrá sobre su gestión en los años por venir. Mientras los diputados priistas piden que las otras bancadas respeten el ceremonial para que este rito laico sea solemne, la oposición organiza, legítimamente y apegada a la ley, las rigurosas actividades de protesta.

Apenas al comenzar la semana, el Estado Mayor Presidencial tomó las instalaciones de la Cámara Baja y blindó el edificio para que sólo puedan ingresar el 1 de diciembre los legisladores, los invitados especiales y los mandatarios saliente y entrante. El asunto sería totalmente superficial, si no se tratara de la formal llegada del nuevo presidente, en circunstancias que muy poco tienen que ver con la sola ceremonia.

El descontento y la inconformidad que se dirigen contra Enrique Peña Nieto están totalmente documentados y para muchos, plenamente justificados. Pero qué nivel elemental alcanzan quienes se plantean, como el vocero de #YoSoy132, Luis Cottier: “Sabemos que es difícil y que puede tomar posesión en cualquier sitio, en su casa, en el baño, pero queremos entorpecer su acto oficial y que no sea con bombo y platillo”.

La teatralidad de los actos políticos durante las décadas del presidencialismo priista alcanzaron niveles de un ridículo por todos conocido, y aunque ésta no es ajena a la parafernalia que ha envuelto a Peña Nieto desde sus años como gobernador en el Estado de México, también es cierto que esos tiempos no volverán. El país es otro y los mexicanos ya no la aprueban… por eso es inocuo el intento de “entorpecer” la toma de protesta del nuevo presidente.

En el momento que Peña Nieto toma las riendas del país, lo importante para los grupos de oposición debiera ser el análisis puntual del gabinete que sostendrá el gobierno peñanietista y los primeros objetivos del mandatario en materia de seguridad y economía; la continuidad en los programas más rescatables del sexenio de Felipe Calderón y los nuevos esquemas proyectados para las políticas públicas de carácter social.
 

Y, naturalmente, la meta de los dirigentes de oposición —en los partidos políticos y en las fracciones legislativas, además de las organizaciones sociales críticas– debiera ser el seguimiento y exigencia en materias política, y de transparencia, las reformas pendientes al Poder Judicial y a materias de energía y hacendaria. Adicionalmente, están las eternas demandas de una profunda reforma en materia educativa y la asignación de recursos suficientes para educación media superior y superior.

Que Peña Nieto sólo se ponga la banda presidencial y se vaya, sin escuchar los discursos de oposición para irse a instalar a Los Pinos poca importancia tiene si el país vuelve a perder un sexenio en fuegos artificiales.

Pasados 102 años del inicio de la Revolución Mexicana –esa suerte de patrimonio intangible que el régimen presidencial priista se encargó de construir, pulir y falsificar para implantarlo en el imaginario popular durante varias décadas del siglo pasado– es oportuno revisar, aunque sea de modo somero, qué queda de aquel movimiento social y armado que convulsionó al país y le cambió el rostro a fuerza de exigir justicia social, derechos políticos, tierra para sembrar o simplemente, como se enseñó a varias generaciones en las escuelas primarias, el fin de la reelección como la había inventado Porfirio Díaz.

Y ya que se toca el tema de la escuela, de la educación, la legendaria Constitución de 1917 nació con varias improntas, pero uno de las más importantes es indiscutiblemente la del artículo tercero que, muchas veces modificado, pretendió desde su concepción otorgar a todo mexicano la garantía de educarse con recursos públicos para erradicar el analfabetismo y la ignorancia sobre las que se fincó el estado de cosas que la Revolución intentó destruir para siempre.

Un siglo y piquito después, la realidad en este tema es como una herida que nadie atiende: preescolar, primaria y secundaria forman parte del menú que la autoridad se obliga a prestar a todos los mexicanos. Sin embargo, varias veces en el año las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revelan los rezagos de los estudiantes en el dominio del idioma y en matemáticas. Además, se reprueba el hecho de que los maestros han optado, guiados por el sistema, por “preparar” a los estudiantes para aprobar la famosísima Prueba ENLACE y de pilón, hasta se les entregan premios por los resultados de los niños, sin que eso redunde en estudiantes con más competencias. El sistema público de educación es uno de los que más recursos económicos recibe entre los países que forman parte de la OCDE, pero sencillamente, los niños y jóvenes mexicanos figuran entre los que exhiben peores resultados… todo eso sin tocar los problemas que genera la estructura sindical controlada por Elba Esther Gordillo y las deficiencias históricas en el desempeño de la Secretaría de Educación Pública y las secretarías estatales del ramo.

En este espacio –se reitera– es imposible abarcar siquiera los aspectos más importantes que el proceso revolucionario detonó y dejó inconclusos, pero además de la educación, se puede retomar aquella máxima de Emiliano Zapata: tierra y libertad.

Años de reconocido abandono al sector rural, y lo admiten gobernantes y ex gobernantes de todos los signos políticos, provocan que después de una centuria, los agricultores sean menos (siete de cada 10 mexicanos viven en ciudades), la migración es una opción de vida para todos ellos desde su niñez, las instituciones bancarias del sector privado prácticamente tienen cerrados los programas crediticios para el ámbito rural, los apoyos oficiales son escasos y apenas son paliativos, y por si fuera poco, el ejido (el concepto estelar para las demandas campesinas revolucionarias) está condenado a la desaparición por las reformas legales aplicadas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, continuadas por las administraciones posteriores. El reconocido Caudillo del Sur, sin duda, tendría que empezar de cero si revisara los resultados del movimiento que encabezó.

Sólo por apuntar, sin rigor, qué otros temas pueden reflexionarse en este aniversario, ganan un lugar los diseños de gobierno, electoral y de partidos políticos; la pregunta que se plantearía Francisco I. Madero es por qué no se puede todavía hablar de una democracia consolidada y un aparato gubernamental mínimamente eficiente que si no satisface a todos por sus políticas públicas (además, eso es imposible) sí permitiera al menos un margen de confianza aceptable para la elección periódica de aspirantes a cargos públicos, sin derroche de recursos y sin la sospecha permanente de alianzas ilegales entre los factores de poder.

Y están, además, la inequitativa distribución de la riqueza, el endeble sistema de salud, el amenazado sistema de pensiones, la inseguridad por el fenómeno del crimen organizado y el narcotráfico… y un largo etcétera.

Entonces, ¿fracasó la Revolución Mexicana?

Pues de entrada, no debe juzgársele como un producto que se haya comprado al precio de las miles de vidas que se sacrificaron en su curso o por una determinada cantidad de dinero. Es inviable esperar un resultado definido a cambio de un pago.

Un avance aceptable para un análisis con ambición de ser útil, sería la recuperación de los ideales que inspiraron a los diferentes líderes revolucionarios, a pesar de sus innegables intereses particulares y de grupo. Anhelos como libertad, justicia, igualdad y democracia no se consiguen en una sola exhibición y de modo permanente.

Si la entrante gestión de Enrique Peña Nieto, imagen del “nuevo PRI”, se propusiera seriamente retomar esos valores, ya sería ganancia.

Al final del día, el saldo fue negativo para casi todos: 14 horas de paro camionero, unas 200 rutas fuera de servicio, millones de traslados que no se realizaron, pérdidas incuantificables en horas-hombre, un acto de presión que condujo a un acuerdo inocuo para “seguir la negociación” días después y millones de usuarios enojados con el transporte público, convencidos de que existe una confabulación entre lo que se conoce como el “pulpo camionero” y el Gobierno estatal. El remate lo aportó el secretario de Vialidad, Diego Monraz Villaseñor, al anunciar que no habrá sanciones ni revocación de concesiones porque los transportistas accedieron a regresar a sus actividades, al valorar el “bien común de la población” por encima de sus intereses. Una vacilada.

Quienes sí se alegraron con el paro fueron algunos taxistas que cobraron a precio de oro sus traslados, completamente inmunes a la solidaridad que exigía la ocasión.

El paro camionero de este lunes retrata de cuerpo entero el problema en el que participan los camioneros (léase transportistas y choferes), las autoridades y de paso, los usuarios.

Administraciones gubernamentales llegan y se van sin que se apliquen los cambios indispensables, no para transformar en un modelo de excelencia el obsoleto y corrompido sistema de transporte de la ciudad, sino para implantar apenas las medidas técnicas que se han recomendado desde hace años. En la Zona Metropolitana de Guadalajara es urgente una reforma al sistema público de transporte y sin embargo, los encargados de aplicarla se enredan en la telaraña de intereses creados y terminan por hacerse a un lado, asustados por el desgaste y el costo político, y porque los resultados óptimos se cosecharían hasta pasados varios años… cuando ya no podrían tener provecho de eso.

Cuando el gobernador Emilio González Márquez llevaba apenas unos días en ejercicio, soltó campechanamente la meta de su gestión en materia de transporte: “Queremos que al final de este sexenio, la gente prefiera usar el transporte público y dejar su auto en casa”. Y nombraba para encargarse de este enorme paquete a Diego Monraz Villaseñor, un joven político (empresario) que desconocía por completo el berenjenal en que se estaba metiendo… aunque ahora quedó empachado.

Pero políticos aparte, la realidad es que los autos particulares aumentan mes con mes en las calles de la ciudad y no, la gente no prefiere dejarlos y subirse a un camión o un midibús.

Tampoco se afectó en lo más mínimo la mentalidad urbana de que el progreso particular es sinónimo de comprarse un carro. Y el único logro, muy cuestionado por cierto, que puede presumir el Gobierno estatal en materia de transporte, es la línea de autobuses articulados en la Calzada Independencia, el polémico Macrobús.

Si saben leer la reacción que causaron con su paro, los transportistas se pueden enterar de que hay otros caminos para gestionar el incremento a la tarifa, como la mejoría sustancial del servicio que ellos ven como un negocio, pero que la ley reconoce claramente como una obligación de la autoridad que actualmente está concesionada, pero puede recuperarse. Finalmente se trata del interés público, no el de ellos.

Aunque faltan unos meses, la gestión de Emilio González ya toca a su fin.

La administración de Aristóteles Sandoval Díaz tiene un reto que enfrentar: sacarnos de este callejón sin salida.

Es un cliché. Con cada elección presidencial en Estados Unidos se dice que los votantes norteamericanos definen, en buena medida, el futuro del planeta. Pero la obviedad no le resta verdad; hoy en Norteamérica se determina si hay cuatro años más para el proyecto de Gobierno de Barack Obama o bien, si se detiene un proceso de cambios profundos para retomar un discurso y una visión del siglo pasado, representados por el republicano Mitt Romney.

Desde la perspectiva que ofrecen las encuestas —más confiables y precisas que las elaboradas en México para la elección presidencial de julio pasado—, hay algunos escenarios bastante sólidos en la elección estadounidense, a saber: el resultado será muy cerrado, las perspectivas más positivas (ligeramente) favorecen a Obama, y si el primer hombre negro en llegar a la Casa Blanca consigue la reelección, su ventaja será inferior a la obtenida en el año 2008, cuando derrotó a John McCain.

Por otra parte, las reflexiones que dejan las estadísticas revelan que la elección polarizó a la población estadounidense y sea quien sea el ganador, habrá una honda huella racial en el resultado. La población blanca masculina apoya mayoritariamente al candidato republicano, por lo que una eventual reelección de Obama significará el triunfo de las minorías raciales, con un peso fundamental para los votantes latinos.

Hay otros datos electorales importantes, como el hecho de que entre los 50 estados de la Unión Americana la definición del ganador se asienta en nueve, con los emblemáticos Ohio, Iowa, New Hampshire y Florida entre ellos. En síntesis, los sondeos de última hora no ofrecen garantía de pronóstico certero, pero la balanza parece inclinarse a favor del presidente Obama, aunque nadie dirá que una victoria de Romney tiene etiqueta de sorpresa.

¿Y el impacto mundial del resultado? Se puede medir de varios modos.

Como es natural —aunque a muchos analistas les parece inesperado– Barack Obama cierra cuatro años de una gestión que no pudo cumplir con las desbordadas expectativas que generó, pues debió sortear una férrea oposición republicana y ultraconservadora, una crisis económica histórica y el debilitamiento de la tradicional visión imperialistas del sistema estadounidense. Sin embargo, los resultados de su administración ganarán el reconocimiento histórico aunque los votantes decidieran negarle la reelección, pues habrá construido hitos como el sistema sanitario (impensable hace unas décadas) y se habrá caracterizado por la responsabilidad y la prudencia, rasgos siempre ausentes en el desempeño de George W. Bush.

Adicionalmente, el Gobierno de Obama condujo a Estados Unidos al nuevo escenario multipolar en el planeta, en el que los estadounidenses pueden encarar sin complejos el surgimiento de la potencia china y su pérdida de influencia en los conflictos globales, a cambio de mejorar su situación interna y mantener autoridad en la defensa de ideales democráticos y su visión particular del mundo. Y todo eso sin necesidad de amenazar con el ejército más poderoso.

La mayor aportación que pueden hacer los norteamericanos en el convulso nuevo siglo es la certeza de cambiar sin violencia. Obama y su Gobierno consiguieron eso en cuatro años.
 

Se cumplió un mes desde que comenzaron las nuevas administraciones en los municipios del Área Conurbada de Guadalajara.

De los múltiples pendientes heredados por los gobiernos anteriores y de los numerosos compromisos que hicieron en campaña cuando fueron candidatos, los alcaldes apenas están dibujando lo que podrán hacer –aunque todos aseguran que el inicio de su gestión es exitoso–, pero en materia de seguridad (o inseguridad) ya se definieron: será más de lo mismo.

En el tema de combate al crimen y reducción de la percepción de inseguridad es definitorio lo que hagan los gobiernos de Guadalajara y Zapopan. En ambos casos sorprendieron con el nombramiento de dos titulares de seguridad con perfil no policiaco y sí en cambio, académico (Carlos Mercado en la capital y David Mora en la que fue villa maicera). Se contuvo el aliento: por fin un cambio, un giro en las decisiones cupulares que cuando menos anunciaba voluntad política para modificar los comportamientos que en las administraciones pasadas revelaron descoordinación, lentitud y falta de capacidad para reaccionar ante el crimen organizado.

Después de esto se esperaban otros cambios radicales que se reflejaran en incrementos en los índices de seguridad en municipios urbanos con problemas radicales como Tonalá, Tlaquepaque o El Salto, donde la primera urgencia a atender es la escasez de policías y patrullas. Volvían a plantearse proyectos como un mando único policial para el área metropolitana o la pendiente certificación de policías que, obviamente, no estará completa este año, aunque sea obligatoria.

Sin embargo, los alcaldes metropolitanos dieron un paso atrás. Quien encabezó el retorno es el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, que se declaró no por un mando único sino por una “mejor coordinación” entre las policías. Igual lo hicieron Alfredo Barba, de Tlaquepaque, y Jorge Arana, de Tonalá.

La coordinación a la que se refiere el alcalde tapatío es limitada: compartir las mismas claves de seguridad y tener la buena voluntad de ayudarse entre todas las policías, quizá compartir información, pero nada que tenga relación con ceder mando o fuerza. Es la famosa autonomía municipal

La puntada que movería a risa si el pandillerismo y los delitos del fuero común no fueran tan altos la aportó el edil tonalteca Jorge Arana, quien afirmó que además de policías y patrullas se requiere una estrategia que dé a los jóvenes espacios verdes, educación y opciones que los alejen de las actividades ilegales; lo dice el alcalde que sólo puede administrar deuda y que admite cómo su municipio ha descendido en su nivel de vida en los últimos 20 años, y no cuenta con recursos para cumplir con los servicios básicos a que lo obliga la Constitución.

La oferta de los alcaldes se reduce pues a la promesa de mayor coordinación… igual que lo hicieron los de antes, y los de antes, y los de antes.

La trascendencia de que lleguen a aprobarse las modificaciones propuestas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y que se discuten en el Senado, no ha sido percibida en toda su dimensión. Para empezar, aunque el tema se abordó hasta el hartazgo en los medios de comunicación, persistió desde el principio el bautizo de “reforma laboral” a lo que especialistas consideran, en realidad, una contrarreforma que tiene sus orígenes en el intento fallido del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien propuso cambios similares en 1989.

El pasado viernes 12 de octubre falleció Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, ex senador y ex diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN).

Justo cuando este partido necesita más figuras que rescaten su ideario político y emprendan esa confusa tarea que han denominado “la refundación de Acción Nacional”, pierden a un hombre que habría aportado para que este instituto político recuperara principios de comportamiento y acción después de la estrepitosa derrota electoral del pasado 1 de julio.

Muy probablemente, Vicencio Álvarez habría abogado por recuperar tareas y discursos de carácter social, menos electoral.

Cuando muere un personaje público se abre el paréntesis para que en mayor o menor medida se valore su trayectoria, pero en el caso de Felipe Vicencio su ausencia definitiva coincide con una crisis interna en el PAN que revela cómo ha cambiado ese partido y cómo también se ha distanciado de los valores que defendió durante décadas, quizá por el desgaste natural en el ejercicio del poder, pero definitivamente por las prácticas internas que paulatinamente alejaron a muchos militantes que podían y querían aportar, incluido Vicencio, de la toma de decisiones en la cúpula partidista.

De la vida pública de este panista se pueden apuntar varios adjetivos: congruencia, seriedad y claridad, entre otros. Además, era un demócrata.

En afán de evitar apologías que el mismo finado rechazaría, debe reconocerse que Felipe Vicencio, como cualquier político, culminó algunas tareas y dejó otras tantas inconclusas. En algunos períodos tomó decisiones que después debieron corregirse o que, al menos, la realidad modificó.

Durante sus seis años en el Senado y otros tres en la Cámara de Diputados, compartió esas deudas sociales que las Legislaturas intentan rechazar, pero que la ciudadanía les recuerda periódicamente; al momento de su muerte era delegado en Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y seguramente algunas de sus decisiones pudieron haber sido mejores.

En síntesis, como funcionario público, Vicenciosiempre estuvo confrontado con la posibilidad de tener un mejor desempeño y hasta donde hay testimonios, lo admitió.

Sin embargo, sobre Vicencio Álvarez no hubo cuestionamientos por el manejo de recursos públicos y aún más, se empeñó en objetivos dignos de elogio.

Como senador enfrentó abiertamente, con un discurso bien argumentado y sin ambigüedades, la denominada “Ley Televisa” y además, formó parte de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en Chiapas. Educado en aulas privadas sobre materias como filosofía y ética, de las que fue después profesor, defendió sin estridencias sus propuestas y encaró en interesantes polémicas aún a sus compañeros de partido.

No era, definitivamente, un carismático. No arrastraba —y nunca lo intentó— a las masas, pero en su quehacer eso no era defecto. Seguramente por ello, y porque jugó con las reglas que estaban escritas y no con las que habían impuesto otros panistas más pragmáticos, perdió la contienda por la candidatura del PAN a la alcaldía de Zapopan en 2006.

Al término de su vida pública deja un saldo positivo y sobre todo, vale subrayarlo, hace notar la ausencia de personalidades dentro del PAN que ayuden a recuperar la conexión entre sociedad y partidos políticos.