Seguridad; la estrategia debe revisarse Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El pasado domingo 3 de agosto fue asesinado el alcalde de Ayutla, Jalisco, Manuel Gómez Torres. Antes de que transcurrieran 24 horas, el fiscal general estatal, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, atribuyó el delito al cártel Jalisco Nueva Generación.

Así de escuetas las cosas, pareciera que el asunto está resuelto, pero hay muchos, muchos hilos sueltos.

De entrada, no se trata del primer caso. A mediados de julio del año 2006, Raúl Delgado Benavides, presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, fue baleado y muerto cuando se trasladaba en su vehículo. Aunque ambos sucesos no están ligados y ocho años los separan en el tiempo, llama la atención una coincidencia: los dos fallecidos militaban en el Partido Acción Nacional (PAN).

Por otra parte, el pasado 25 de junio había perdido la vida, también balaceado, quien fuera subdirector de la policía de Ayutla, Juan Ramón Ramírez. Es muy probable que las dos muertes sean obra de los mismos asesinos.

¿Cuál es la primera reacción en el ámbito público? El Partido Acción Nacional en Jalisco le exige al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz la renuncia del fiscal Carlos Nájera.

Pero implícitamente, con este crimen se tambalea la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno estatal, particularmente la operación de la Fuerza Única Regional, presentada apenas el 21 de julio pasado con sus 220 vehículos y mil 400 elementos, todos ellos policías mejor capacitados y dotados con armamento más potente para enfrentar el embate del crimen organizado.

Sería sorprendente que el mandatario de Jalisco prescindiera del trabajo de Carlos Nájera, no sólo porque la muerte del alcalde de Ayutla es un hecho bastante acotado como para echar por tierra la estrategia de seguridad oficial, sino también porque no hay un candidato para sustituir al fiscal general; el puesto se creó específicamente para él y la expectativa de Aristóteles Sandoval es que se ofrezcan resultados a mediano plazo y, con suerte, disminuyan las cifras que alimentan la inseguridad.

El Gobierno estatal, sin embargo, tiene en este paréntesis la oportunidad de ofrecer un discurso más realista a los jaliscienses, porque la Fuerza Única Regional y la Fuerza Única Jalisco (que opera en el Área Metropolitana de Guadalajara) no son capaces, no lo serán nunca, de acabar con la acción de los delincuentes y eliminar los llamados crímenes de alto impacto. Pueden, sí y con ayuda de la población, oponer una barrera a los cárteles y bandas, reducir su margen de maniobra y eventualmente, desmantelarlos uno por uno. Pero eso requiere años, no meses.

Cuando Winston Churchill, el legendario primer ministro británico, asumió el cargo en la Segunda Guerra Mundial, se hizo célebre al reconocer que sólo podía ofrecer “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”. Quizá sin saberlo, regaló a las futuras generaciones de políticos un ejemplo duradero: en tiempos difíciles, el ciudadano valora más la honestidad que las promesas inalcanzables.

Que hayan matado a un presidente municipal no es, ni de lejos, el principio del desmoronamiento de Jalisco. Pero sí indica que la estrategia de seguridad del Gobierno estatal tiene límites y necesita el respaldo de las policías municipales y de los ciudadanos en su totalidad.

La estrategia debe revisarse.

Jorge O. Navarro
AGO 5

Transparencia en el Mercado Corona Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El Mercado Corona, ese espacio comercial tan popular que desapareció tras un incendio (4 de mayo de 2014) y su posterior demolición, ya tiene nueva cara. Ésta se la da el proyecto presentado por el despacho Fernández Arquitectos que, no podía ser de otra manera, ya es objeto de críticas.

Para la mayoría de los tapatíos, los ganadores del concurso convocado por la administración del alcalde Ramiro Hernández García son punto menos que desconocidos, pero enfocando un poco la visión se puede hallar que el diseño elegido tiene tras de sí credenciales suficientes, porque la oficina antes mencionada es dirigida por el arquitecto Leopoldo Fernández Font, quien ha construido —también— su personal prestigio y entre otras obras, ostenta en su currículum la Cámara de Comercio de Guadalajara, la sede tapatía del Banco de México y además, la iglesia de la Luz del Mundo, en el extremo Oriental de la mancha urbana.

Sin embargo, ya se hacen escuchar voces de otros expertos que critican el modelo elegido porque, aseguran, rompe con el estilo arquitectónico del Centro Histórico de Guadalajara y hace que el Corona parezca más un centro comercial o mall como los que abundan ya en la ciudad.

Y por si fuera poco, hay quienes acusan que el diseño es casi una copia de uno anterior y muy parecido, que desde hace tiempo circula en internet.

Si Fernández Arquitectos y los detractores del proyecto ganador entran en una controversia, esa será una historia que se desarrolle en medios de comunicación; quizá no pase de un choque de declaraciones, pero si no hacen las correcciones pertinentes en el camino, también puede llegar a convertirse en un nuevo quebradero de cabeza para el presidente municipal, que aspira a tener algunos logros a favor en una gestión que ha padecido numerosos escándalos.

¿Qué hacer entonces si la polémica es un elemento infaltable en este y cualquier proyecto público?

Lo que el Gobierno de Guadalajara y la mayoría de las autoridades ejecutivas en Jalisco y el país han tratado de evitar, puede ser la mejor receta: transparencia.

El mejor remedio para terminar con las especulaciones, con las sospechas, con el permanente descrédito del ejercicio político, ya lo hallaron y lo aplican exitosamente en numerosos países: transparencia, transparencia y más transparencia.

Depende, claro, cómo se conciben las cosas: para la mayoría de los políticos mexicanos ser transparente es sinónimo de perder el control, ser débil, caer en el conflicto, en la incapacidad para imponer agenda y decisiones. Pero olvidan que aunque sea el camino más largo y fatigoso, es también el más directo para la legitimación de cualquier política pública, sea el proyecto del Mercado Corona o la repoblación del Centro Histórico. La transparencia es la fortaleza de la ciudadanía, y también de los políticos favorecidos por la gente.

Naturalmente, hace falta capacidad para gestionar la transparencia, para conseguir que de la diferencia de opinión surja la negociación. Esa es una tarea pendiente de los partidos políticos y los gobiernos, que carecen casi por completo de operadores con esa visión.

¿Puede esperarse un unánime 100% de apoyo para el nuevo Mercado Corona? Imposible.

Lo que sí puede hacerse es transparentar, arrebatarle espacio a la duda y la sospecha.
 

Jorge O. Navarro
JUL 29

Fuerza Regional y el beneficio de la duda Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz asumió el cargo el 1 de marzo del año 2013. Han debido transcurrir 16 meses y 21 días para que finalmente, completara el esquema de seguridad al que se comprometió desde que era candidato, gobernador electo después y por último, mandatario en funciones: un cuerpo especial de seguridad para combatir al crimen organizado.

Primero apareció la denominada Fuerza Única Jalisco, que opera en el Área Metropolitana de Guadalajara, y este lunes 21 de julio fue presentada la llamada Fuerza Única Regional, un cuerpo especializado de policías que combatirá los crímenes de alto impacto en las 19 regiones en las que fue dividido el Estado para estas tareas.

En este tema, sin embargo, sería un error mayúsculo ver y juzgar las cosas en blanco y negro porque hay muchos matices. El Gobierno estatal no puede presumir logros porque el hecho de completar la Fuerza Única y presentarla en sociedad es apenas el principio de todo, el arranque de la carrera.

Además, no puede ignorarse el hecho de que una veintena de alcaldes rechazaron el esquema establecido y no apoyaron a la Fuerza Regional, con el válido argumento de que no pueden prescindir de varios de sus policías y de recursos económicos para pagar sus sueldos y prestaciones mientras prestan sus servicios en la policía especial, bajo las órdenes del fiscal estatal Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco.

Por otra parte, que ya exista una Fuerza Regional no quiere decir que en automático se detendrán las incursiones violentas de convoyes armados que bloquean carreteras y establecen retenes; ejecutan a personas a la luz del día en pueblos o en zonas rurales; amedrentan alcaldes y corrompen policías municipales, además de extorsionar, secuestrar y naturalmente, sostener actividades relacionadas con el narcotráfico.

De ahora en adelante, lo que sí se puede afirmar es que los alcaldes —incluidos los que se negaron a colaborar— podrán pedir auxilio a Luis Carlos Nájera y esperar que éste envíe en un tiempo relativamente breve a los elementos de la Fuerza Regional, para enfrentarse con mayor capacitación y armamento a los delincuentes que, por regla general, están mejor equipados y organizados que las policías municipales.

Si el esquema que tiene como cabeza al fiscal general contribuye a recuperar, de verdad, la percepción de seguridad en la amplia geografía de Jalisco, y si todos los policías del Estado consiguen la certificación de confiabilidad, posiblemente a vuelta de un año se podrá hablar de buenos resultados. No antes.

Pese a todo, persiste un inconveniente de fondo en este esquema de seguridad que ameritó dos reformas a la Constitución del Estado: toda la estructura de mando reside en el fiscal Luis Carlos Nájera y ese mecanismo, a largo plazo, deberá desactivarse o el fiscal general se convertirá en algo muy parecido en un segundo gobernador. ¿Quién le haría frente?

Hoy se pide la colaboración de todos: autoridades y ciudadanos.

Eso no puede ser una patente de corso para Luis Carlos Nájera, sino el beneficio de la duda. Solamente.

Jorge O. Navarro
JUL 22

Ombudsman petrificado Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Derechos humanos. La mención de este concepto provoca entre casi toda la gente el recuerdo de algo más o menos lejano, relacionado con leyes y controversia.

Difícilmente, un ciudadano promedio en el área metropolitana de Guadalajara y en el resto del Estado, distingue entre Comisión Estatal y Comisión Nacional de los Derechos Humanos; aunque los dos organismos tienen entre sus tareas la difusión de información sobre lo que son los derechos humanos, la realidad es que con el paso de los años en lugar de acercarse a la gente se alejaron.

¿Por qué este fenómeno? Las respuestas pueden ser muchas y todas válidas. Pero en esencia, la tarea de los defensores de estos derechos se volvió tan técnica y jurídica que al menos en el caso de Jalisco, la comisión estatal parece más una extensión del Poder Judicial que un órgano ciudadano autónomo y con presupuesto propio, pero principalmente, con la facultad y la obligación legal de defender a cualquier persona del abuso de una autoridad.

Aunque parezca obvio, es indispensable recordar que el vocablo escandinavo con el que se nombra al titular de la comisión, ombudsman, significa “defensor del pueblo” y en sus orígenes, quien ocupaba el cargo se convertía en un auténtico escudo protector para los gobernados, atribulados por la burocracia y el poder de la clase gobernante.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, igual que en su momento ocurrió con el Consejo Electoral del Estado y el Instituto de Transparencia e Información Pública, nació con una vocación ciudadana. Emergió en un paréntesis histórico en el que los mexicanos, a partir de la década de los años 80 del siglo pasado, pugnaron por restarle fuerza a un presidencialismo omnipotente y centralista que todo lo ahogaba y que hacía de gobernadores y alcaldes una mera extensión de su fuerza.

Los organismos ciudadanos que resultaron de aquellos años de activismo y deseos de legalidad, no pretendieron competir por el poder. Su tarea central consistía en inaugurar y abrir paso a los equilibrios que suponía un sistema democrático dotado no de caudillos y caciques, sino de ciudadanos e instituciones.

Paradójicamente, México figura en el concierto mundial como una de las naciones con más apertura a los tratados internacionales que elevan los derechos de última generación a la figura de ley obligatoria, pero a la vez es uno de los países donde más se pisotean derechos humanos fundamentales.

Este 14 de julio, en las páginas de este diario se publicó un amplio texto en el que se documentan los gastos millonarios de la comisión estatal, con un presidente (Felipe Álvarez Cibrián) y directores que gozan de sueldos altísimos, superiores a 80 o 90 mil pesos mensuales. Se detalla también que el ombudsman gastó más de un millón de pesos en 2013 sólo en comidas en las que fue, según sus palabras, un anfitrión digno.

Importante aclarar: no se expone ninguna ilegalidad. La comisión ejerció y ejerce, un presupuesto aprobado en el que no se hallan irregularidades.

Y sin embargo, la gestión de Álvarez Cibrián desde el año 2007, llevó a la comisión a una posición elitista, ajena a la población que padece, cotidianamente, el abuso de autoridades de todo tipo.

El ombudsman perdió la esencia ciudadana. Se petrificó.
 

Jorge O. Navarro
JUL 15

Entre la FEG y el Mercado Corona Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

En lo que va del año, la ciudad de Guadalajara ha perdido por causas diferentes dos edificios emblemáticos: el Mercado Corona y la sede de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la tristemente famosa FEG. Nada parece relacionar a ambos sucesos, pero aunque sea por separado muestran cuál es el rostro de la sociedad tapatía.

Sobre el primero, como es sabido, un incendio lo inutilizó a tal grado que se determinó abatirlo, pero en el solar terregoso que hoy parece una herida, se levantará en un tiempo razonablemente breve otra edificación. La controversia —para no variar— gana terreno y la confusión en el manejo de la información, junto con los titubeos del gobierno municipal, alimentan rumores que no hacen otra cosa que entorpecer el nuevo plan.

Desde que ocurrió el incendio, el pasado 4 de mayo, se rumoró que había sido intencional y que detrás de la determinación de demoler había intereses ocultos para hacer un negocio con la reconstrucción. Aún ahora, cuando no se ha elegido el proyecto arquitectónico y el esquema final de financiamiento, está pendiente una campaña que aclare lo que se hará y elimine dudas o sospechas.

En cuanto a la demolición del edificio de la FEG, en la calle Pereira No. 100, a metros de La Normal, a pesar de que técnicamente se demostró que por falta de mantenimiento durante al menos 25 años el inmueble presentaba daños irreparables, la lectura general ha sido política.

Hay dos bandos: el minoritario, que intenta revalorar el pasado ideológico y político de la FEG; y el generalizado, que condena y aboga por desaparecer todo vestigio de una organización que fue pretendidamente estudiantil, que se manejó como una influyente megapandilla de porros al servicio de intereses políticos, y que socialmente se dio el tiro de gracia con el multihomicidio de cuatro jóvenes y el padre de uno de ellos, en diciembre de 2011.

Décadas de ilegalidad, impunidad, violencia, permiso de las autoridades para que los fegistas violaran la ley e impusieran un pequeño estado dentro del Estado, amparados además por el halo académico de la Universidad de Guadalajara, están relacionados hasta hoy con el nombre de muchos políticos y dirigentes de la institución educativa. Eso no se puede borrar con la demolición de un edificio que asentado en un predio del que no existe ni siquiera una escritura que garantice propiedad.

Se anuncia que donde se levantó durante 40 años esa sede representativa de muchos de los vicios más arraigados en la sociedad local, consentidos y alimentados además por el poder formal, se establecerá un área verde.

La opinión pública, igual que pasa con el Mercado Corona, no admite una “buena intención” detrás, sino otro chanchullo para beneficiar a algunos privilegiados.

El año 2014 puede ser recordado, entre otras cosas, por la desaparición de ambas construcciones, claramente representativas de etapas diferentes de la vida tapatía.

Y cuando se asiente el polvo y se pueda ver qué ha quedado, será posible leer la desconfianza, la decepción de la gente por el quehacer de la autoridad.

El punto es si otro mercado y un nuevo parque harán la diferencia.
 

Jorge O. Navarro
JUL 8

Lo que importa después de Brasil Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Mientras el equipo mexicano compitió en el torneo mundial de futbol que se realiza en Brasil, el tema dominante en la agenda pública ha sido ése; pero la oncena nacional quedó fuera y eso da pie a retomar la agenda pública “normal” que incide en la problemática cotidiana. No se trata de repudiar al futbol —finalmente uno de los tópicos que más interesa a los mexicanos—, aunque es evidente cómo la mayor parte de quienes integran la clase política dejan en pausa muchos asuntos de impacto para amplios sectores de la población porque aprovechan que el ambiente está relajado.

Durante semanas se aseguró públicamente, sobre todo los legisladores del bloque opositor capitaneado por el PRD, que se intentaba aprobar las leyes reglamentarias en materia energética mientras la gente (así, en genérico) estaba distraída con el campeonato mundial de futbol. La realidad probó que la situación era mucho más compleja que un simple albazo legislativo en un asunto que se enreda en intereses multimillonarios y poco transparentes.

Pero también en el nivel casero pasan cosas parecidas. Por ejemplo, en defensa de intereses de los que no se da explicación, los diputados de Acción Nacional (PAN) han decidido retrasar a placer la discusión de la reforma política en Jalisco. Muchos temas trascendentales están en juego, como las candidaturas no partidistas, la reelección o la redacción de una nueva ley en materia de participación ciudadana. Para no variar, algunos influyentes acomodarán las cosas para que la posible reforma se haga a su gusto.

Lejos queda la posibilidad de que se aborde, por ejemplo, una iniciativa de reforma que postula la diputada perredista Celia Fausto Lizaola, para redactar y aprobar una ley de combate a la corrupción y crear, además, un fiscal especial, que no es otra cosa que un funcionario que tendría la responsabilidad de investigar, descubrir y castigar a los servidores públicos que incurrieran en actos de corrupción.

La iniciativa en cuestión está en pañales y son muchos los defectos que se le observan, como el hecho de que serían los mismos diputados quienes elegirían a ese héroe social, el fiscal anticorrupción. Además, falta solución a cuestiones como el tamaño del nuevo aparato burocrático que sería necesario para que se cumpliera tan titánica misión.

Sin embargo, es tangible que la corrupción, igual que la inseguridad o la debilidad de la economía, es uno de los problemas que más molesta y preocupa a la ciudadanía. Celia Fausto tiene cifras que, aunque viejas, dibujan bien la realidad: en el año 2010 se pagaron en el país 32 mil millones de pesos en “mordidas”, de esas que se entregan para que un trámite sea menos lento; Jalisco ocupa el lugar vigésimo quinto en la lista de corrupción, esto es que sólo en siete estados se registran más hechos corruptos que aquí.

Y para rematar, en el mismo año 2010 (los datos los tomó la diputada de un estudio de Transparencia Mexicana) los jaliscienses gastaron tres mil 300 millones de pesos en mordidas.

Así las cosas… ya sin Selección mexicana en Brasil, la reforma energética sigue su curso y aquí una tímida iniciativa se enfrenta a la corrupción.

¿Hay tema o no lo hay?

Jorge O. Navarro
JUL 1

Los engranes desgastados de la política Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Hay que reconocer la realidad y más cuando ésta es aplastante. El tema del momento es la victoria de la Selección Mexicana de futbol frente al equipo de Croacia y su pase a la siguiente ronda en el campeonato que se celebra en Brasil. Sin embargo, los engranes de la política no se detienen y vale la pena atestiguar los movimientos de hoy para no sufrir mañana una sorpresa.

En este caso, el Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco padece todavía un proceso de desgaste aparentemente imparable.

Después de la elección nacional que ganó Gustavo Madero y la práctica desaparición de los simpatizantes del contrincante derrotado, el senador Ernesto Cordero, en los órganos de gobierno del partido, el proceso se repite en los comités panistas de los estados, conforme a sus calendarios particulares.

Así, los panistas jaliscienses —unos 21 mil debidamente registrados— viven el dilema de la renovación en su dirigencia estatal. Sufren también un fenómeno particular que se suma a su derrota casi total en las elecciones del año 2012: la migración de figuras y liderazgos al grupo político que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

A pesar de ello, la presidencia del partido es una posición por la que habrá duras disputas.

El actual presidente, Miguel Ángel Monraz Ibarra, es el rostro de un grupo más o menos homogéneo en el que pesan figuras como los hermanos Cortés Berumen y Eduardo Rosales Castellanos. Desde semanas atrás se opera su relevo y el ascenso a la presidencia de María del Pilar Pérez Chavira.

Pero los opositores a la facción dominante, aunque derrotados por Gustavo Madero, quieren dar la pelea y entre ellos quien está reuniendo apoyos para disputar la presidencia del PAN es el ex secretario de Desarrollo Humano, Martín Hernández Balderas, totalmente identificado con el ex mandatario Emilio González Márquez, quien aglutina el respaldo de personajes tan disímbolos como el ex gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña y el senador José María Martínez.

De Monraz Ibarra se conoce que su proyecto es una diputación sin pedir el voto (es decir plurinominal) por lo que estaría abierto el paso a Pérez Chavira en un movimiento que daría continuidad a la misma facción dominante.

Se avecina una competencia interna entre Martín Hernández y María del Pilar Pérez. Pero como ya es costumbre en el PAN, hay un conflicto reglamentario. En las últimas modificaciones estatutarias se dispuso que la actual gestión partidista se renueve hasta la mitad del año 2015; el periodo de Miguel Monraz, sin embargo, termina en agosto de 2014. ¿Qué hacer?

Hernández Balderas propone que Monraz publique una convocatoria para elegir un presidente que encabece al partido hasta junio de 2015, cuando se efectuaría una nueva elección interna para acoplarse a los calendarios.

Es una petición de buena fe, porque el Comité Estatal que encabeza Miguel Monraz apoyó a Gustavo Madero y tiene una factura por cobrar… dar oportunidad a que los contrarios se apropien de la presidencia y compitan por el control del partido es algo que no permitirán. Martín Hernández y todos a quienes él representa seguirán en la sombra mientras el partido azul pierde terreno. Buenas noticias para el grupo de Enrique Alfaro.

Jorge O. Navarro
JUN 24

Riesgos sobre la Línea 3 del Tren Ligero Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Aunque el Gobierno estatal que encabeza Aristóteles Sandoval Díaz encamina el quehacer de su enorme maquinaria a las actividades que exigirá el proceso electoral del año 2015, porque una de las prioridades del mandatario y de todos los grupos estructurados en el PRI es conservar e incrementar los espacios de poder que controlan, aún es completamente válido el análisis previo que ubicó al transporte público y la movilidad como la gran apuesta del actual sexenio, incluso por encima de la seguridad y la generación de empleo.

Por eso, aunque las obras de la Línea 3 del Tren Ligero no serán útiles para ganar votos en las elecciones del año entrante, sí serán el sostén de la mayoría de las carreras políticas que se pondrán a prueba en las elecciones generales del año 2018… incluida la de Aristóteles Sandoval.

Vistas las cosas desde esa pragmática perspectiva, es cuando menos alarmante la escasa atención que se está prestando a los colonos organizados de cuando menos 25 colonias, que se oponen abiertamente a un tren ligero elevado.

No es poca cosa.

En los 21.5 kilómetros de recorrido que considera la Línea 3, se proyectan 18 estaciones, de las que 13 corresponderán a una línea elevada y sólo cinco, a línea subterránea; el tramo que correrá bajo tierra es el que pasa por el Centro Histórico de Guadalajara, desde La Normal hasta Avenida  Revolución, justo detrás de las iglesias de San Francisco y Aranzazú.

Los vecinos que se oponen abiertamente y aún más, consolidan una muy bien armada movilización de protesta y difusión en medios masivos, rechazan el tren elevado por Avenida Ávila Camacho; sostienen que su diseño es apurado, no fue consultado con la ciudadanía y restará calidad de vida a la zona por donde cruce, acabando con su plusvalía.

Las protestas, por si fuera poco, aún no suman a los propietarios de fincas y negocios que se ubican en el largo corredor de Avenida Revolución, donde es menor la anchura para la edificación de las vías elevadas por donde transitará el Tren Ligero; es casi seguro que cuando se organicen, los vecinos también se opondrán a las obras.

Las tesis de los colonos contra la Línea 3, son, en honor a la verdad, un tanto débiles.

Se ha manejado la posibilidad de que la maquinaria conocida como “tuneladora”, que permitirá construir el túnel en la zona del Centro tapatío, se utilice también en el resto de los 21.5 kilómetros, porque la tarea será relativamente fácil ya que el subsuelo donde está asentada la ciudad es blando y poroso.

Alegan también que aunque el costo de una obra subterránea provoque que la Línea 3 cueste mucho más que los 18 mil millones de pesos proyectados, la inversión pública se justificaría porque el beneficio sería mayor.

En fin. Los vecinos organizados están en su derecho, primero, de cuestionar un proyecto que ha sido muy poco difundido, y además, actúan con cordura cuando pretenden defender su patrimonio. Cualquiera en su sano juicio haría lo mismo.

La cuestión es que el Gobierno del Estado, principal interesado en que el Tren Ligero tenga su tercera línea por todo el beneficio que le aportaría a la colapsada movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, ha dejado gran parte de la responsabilidad de la socialización del plan en manos de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una dependencia que carece del personal y la vocación para comunicar sus proyectos a la ciudadanía.

Jorge O. Navarro
JUN 17

Las protestas que se inspiran en la Copa Mundial Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

Esta semana se inaugura el torneo mundial de futbol en Brasil.

Es el tema.

Y más lo es en un país como México, con una extendida afición a este deporte, afición que se sobrealimenta por los intereses comerciales de las grandes compañías televisoras.

Este torneo de futbol promete mucho para el futuro inmediato del planeta, y no precisamente por los resultados que puedan arrojar los muchos eventos deportivos que se celebrarán en diferentes estadios del país sudamericano. La hipótesis que pone sobre la mesa este columnista es que mientras dure el torneo y varias semanas después, de Brasil surgirán las directrices e inspiraciones que seguirán durante los años siguientes los movimientos sociales y de protesta que se incuban o que ya son una realidad en diferentes puntos del mundo.

Si en los últimos años las grandes movilizaciones de rechazo al establishment tenían lugar en los países europeos que se hundieron en crisis económicas, o en las ciudades de Estados Unidos donde se instaló el movimiento Occupy Wall Street, ahora toca el turno a Brasil y su campeonato mundial de futbol.

¿Descabellado? Definitivamente no. Los trabajadores del metro de Sao Paulo que mantienen un paro a pesar de que los tribunales declararon ilegal su movimiento, son uno de muchos casos de conflictos que enfrentan a la autoridad y a la población civil inconforme. El Gobierno brasileño está en alerta roja, no porque haya peligro de que fracase el importante torneo, sino por la imagen que las protestas puedan proyectar ante la comunidad internacional.

Para el gigantesco país sudamericano, la Copa Mundial es mucho más que una competencia deportiva. Se trata, desde la perspectiva de las élites gobernantes, de su oportunidad de entrar al selecto club de “naciones exitosas”. El modelo fue impuesto por China en 2008, cuando organizó los impecables Juegos Olímpicos de Beijing y mostró, con infraestructura y derroche de recursos, que disputa el liderazgo mundial en los rubros económico, militar, deportivo y de infraestructura.

En Brasil han querido seguir el mismo camino, pero hay diferencias muy profundas. Las dos más evidentes son que en China la dictadura comunista no permite la libre manifestación y la protesta social, y que el país sudamericano carece de los recursos económicos que los asiáticos han acumulado durante las últimas dos décadas gracias a políticas rígidas, proteccionistas y depredadoras de los recursos humanos y el medio ambiente.

Los amantes del futbol y del torneo que se inaugura el jueves pueden estar tranquilos. La copa mundial se celebrará sin mayores contratiempos y como suele ocurrir, el equipo de México se debatirá —aclamado por las estrategias comerciales de las televisoras— por no ser eliminado en la primera ronda, mientras los contados triunfadores de siempre serán los ganadores.

Pero mientras eso ocurre, los brasileños que padecen pobreza y desempleo, los millones de ellos que no están conformes con las directrices que imponen las trasnacionales y los organismos económicos internacionales, seguirán con sus protestas y manifestaciones multitudinarias.

Y esa será una escuela para el resto de América Latina y todas las naciones donde los intereses del capital atentan contra el desarrollo democrático, una más justa distribución de la riqueza y las expectativas de las nuevas generaciones.

Quizá no los feliciten en la OCDE, en el Banco Interamericano de Desarrollo o en el G8, pero los brasileños en pie de lucha pueden sentirse satisfechos.

Jorge O. Navarro
JUN 10

Las reformas del Mundial Por Jorge O. Navarro jonas@informador.com.mx

A unos días de que comience en Brasil otro campeonato mundial de futbol, más que las desafortunadas lesiones físicas que le acontecen a algunos jugadores de la Selección mexicana, tiene importancia social la discusión que plantean cientos de miles de brasileños que, para sorpresa general, repudian con manifestaciones masivas los gastos y las inversiones realizadas en el evento deportivo, cuando en el país sudamericano imperan la pobreza y la desigualdad.

En México, a miles de kilómetros de distancia de donde se organizará uno de los torneos deportivos más conocidos en el planeta, se plantea una polémica similar: mientras se juegue la primera ronda, en la que participa el equipo nacional mexicano, se estarán analizando en el Senado de la república las reformas secundarias de la llamada reforma energética que, en síntesis, abre las puertas de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada y extranjera.

Las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado anunciaron el calendario para el proceso legislativo de las iniciativas, del 6 al 17 de junio.

La cuestión se enuncia de modo simple: si las reformas secundarias se discuten y aprueban durante el Mundial de futbol, entonces los senadores le pondrán reglas a la inversión privada en Pemex mientras los mexicanos están distraídos con el futbol.

El asunto mereció tanta atención que incluso los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron que se postergara el análisis de la reforma energética hasta pasado el torneo futbolístico, pero su propuesta fue rechazada.

¿De verdad los mexicanos son tan ingenuos como para cambiar esta importante reforma por el Mundial de Brasil?

Planteada así la cuestión, se pierden de vista varias aristas de la realidad nacional.

Primero, en un país donde más de la mitad de la población padece pobreza, ¿qué incentivos existen para participar, así sea como mero observador, en un proceso de reforma?

Debe considerarse además que, encima de todo, los legisladores obedecen a una dinámica en la que acatan las disposiciones de las cúpulas dominantes en su partido político, de manera que si toman acuerdos en el tema de las leyes secundarias, no cambiarán de postura con o sin torneo de futbol.

El planteamiento de los perredistas se desvanece.

No serán culpables los futbolistas que jueguen en Brasil de lo que se apruebe o rechace en el Senado. La responsabilidad de las reglamentaciones que se aplicarán a la política energética mexicana recae en los legisladores y en los mexicanos, por extensión.

 El mexicano promedio no atenderá nunca una discusión entre senadores, cualquiera que sea el tema, pero por razones muy distintas: desconfía de los diputados, de los senadores y de los políticos; también desconfía de los partidos políticos y está seguro de que los cambios en las leyes se concretan, invariablemente, para beneficiar a quienes están en la punta de la pirámide social, no en la base.

En una nación como esta, sumida en la violencia derivada de la acción del crimen organizado; frenada por la desequilibrada distribución de la riqueza; paralizada por la falta de oportunidades de crecimiento para las nuevas generaciones, poco impacto tiene el Mundial de futbol, a no ser que el equipo mexicano sorprenda con triunfos y regale, al menos por unos días, la alegría que la gente no alcanza con su trabajo cotidiano, así sea en la economía informal.

Basta ver las protestas en Brasil. Rechazan el torneo a pesar de tener a la selección más ganadora en la historia del futbol organizado.

 
 

Jorge O. Navarro
JUN 3