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Chuayffet como Andrés Manuel Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

En la pasada campaña presidencial, concretamente el 6 de junio de 2012, le pregunté a Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato del PRD-PT-Movimiento Ciudadano, qué contestaba a las cifras del Inegi que exhibían que durante su gestión como jefe de Gobierno del Distrito Federal no disminuyó la pobreza, a pesar de los programas sociales que tanto presumía y prometía replicar en todo el país en caso de ser electo.

“Yo tengo una visión y lo que tú dices no es cierto”, me reviró. Le recordé que eran datos del Inegi.

–No corresponden a la realidad.

–¿Está mal el Inegi?

–Sí. Está mal el Inegi.

–Ah, ok.

–Sí, claro que sí, porque la realidad, es decir, la realidad es otra cosa.

Así, López Obrador, experto en culpar a la realidad cuando ésta no se ajusta a sus designios, en una frase y sin prueba ninguna, descalificó al Inegi.

Algo similar está haciendo el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet.

El año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizó un casi exhaustivo y nada barato Censo Educativo. Visitar todas las escuelas, ubicar a todos los maestros, definir las condiciones de los centros escolares y qué profesores estaban realmente dando clases fue la tarea.

Uno de los objetivos era limpiar de aviadores la nómina de maestros y que a partir de este 2015, las secretarías de Hacienda y Educación Pública definieran la nómina y empezaran a pagar los sueldos de los maestros.

Sin embargo, en la SEP no están usando el Censo Educativo para conformar la nómina. En público disimulan. En privado lo aceptan. Varias fuentes bien enteradas me han revelado que su argumento es que “el Censo no sirve porque está desactualizado” (como si su propio retraso en depurar la nómina no fuera factor). Así. Sin más prueba. Descalificado el Inegi. Como López Obrador.

¿Qué están usando entonces para conformar la nómina de maestros? Mesas de negociación con los gobernadores y con el sindicato (tanto el oficial como su disidencia, la CNTE), que son curiosamente quienes por décadas la llenaron de compromisos políticos, herencias de plazas, manifestantes leales, choferes, secretarias, aviadores que cobran como maestros pero no están frente a ningún grupo de niños.

Esta semana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a bloquear el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México y a instalarse en plantón en el Monumento a la Revolución.

Exigen que la nómina se negocie y que se eche abajo la reforma educativa nacional para que ellos puedan seguir faltando a clases, para que no sean evaluados, para que puedan heredar sus plazas y demás trapacerías.

SACIAMORBOS

De entrada, sólo esta semana acumularán al menos tres faltas consecutivas sin justificante. Si se aplicara la ley en Oaxaca, eso ameritaría el automático despido de todos los que acamparon en el centro del DF. Pero en Oaxaca no hay ley, el gobernador Gabino Cué es un (mal) chiste y el Gobierno federal tiembla ante los malos maestros.

Carlos Loret de Mola
FEB 11

Y que se me deje venir el gobernador Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

En menos de una semana, en Tamaulipas se registraron una decena de asesinatos, secuestraron al director de uno de los periódicos históricos de la Entidad, lanzaron por séptima ocasión granadas contra las instalaciones de la estación local de Televisa, hubo dos muertos por una pelea de criminales en el penal de Altamira y se reportaron narcobloqueos.

Las cifras oficiales, presumidas por los gobiernos federal y estatal, cuentan de una disminución en el número de homicidios en todos los municipios importantes de la Entidad.

Sin embargo, entre los ciudadanos la percepción es otra.

Hace unos meses, se podía dividir Tamaulipas en dos realidades. En el Norte la situación seguía muy violenta, pero en el Sur del Estado la gente ya hablaba de una mejoría en las condiciones.

A pesar del operativo especial del Gobierno federal para tranquilizar las cosas en Tamaulipas, el panorama se ha descompuesto y hoy, de nuevo, todos, en el Norte y en el Sur, diagnostican la gravedad de la situación:

Secuestros al alza, gente que desaparece como si nada, capos que usan a comunicadores para instruir a todos los medios de comunicación qué información no debe ser divulgada so pena de ser asesinado, fuerzas policiacas que permiten que todo suceda y se aparecen sólo cuando el hecho está consumado, ciudadanos que arman convoyes para poder transitar por las carreteras y hasta aumentos en el precio de la carne porque la industria ganadera está a la baja por las extorsiones.

El gobierno priista de Tamaulipas y de la mayoría de los municipios ha sido incapaz ante el reto, sordo ante el reclamo ciudadano e inactivo si no es que cómplice ante la brutal amenaza del crimen organizado. No sólo los actuales. Llevan varios sexenios consecutivos entre caciques, narcos, pasmados e ineptos.

¿Así se van a llevar a cabo las elecciones este junio en Tamaulipas? ¿Para que, como siempre, los narcos palomeen candidatos y sometan a balazos a cualquiera que pretenda plantárseles en frente? ¿Para que sigan las fugas de capitales? ¿Para que se vayan a vivir al extranjero los tamaulipecos que pueden y se queden a aguantarse los que no tienen con qué huir?

Para una experiencia personal, les invito a meterse a http://carlosloret.com/politicos/columnas/el-peor-lugar-de-mexico

SACIAMORBOS

El gobierno de Tamaulipas se ha coludido con los narcos para aplastar a la prensa. Los criminales no quieren que ciertas noticias de violencia se sepan para no mancillar sus intereses. Al gobernador, su gabinete y sus alcaldes les conviene que no se difunda la radiografía real y fidedigna de la inseguridad.

No me cansaré de denunciar este Estado fallido, este narcoestado llamado Tamaulipas, a pesar de las campañitas que lanza en mi contra el gobernador priista Egidio Torre Cantú, usando a sus alcaldes, sus representantes, sus bots en Twitter y sus plumas pagadas. En este país tocar intereses —de cualquier partido y filiación— tiene un costo.

Carlos Loret de Mola
FEB 10

¿Qué aplauso esperaba el Presidente? Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

El micrófono suele traicionar a los poderosos. Cuando terminó de hacer su anuncio hubo silencio. Entonces, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo una frase a su vocero, Eduardo Sánchez. El micrófono se había quedado encendido y sus palabras quedaron registradas: “ya sé que no aplauden”.

Fue antier. Acababa de nombrar secretario de la Función Pública a un colaborador suyo desde la campaña. Le giró la instrucción de que investigara los conflictos de interés de sus casas y a los poquitos minutos soltó las conclusiones de la investigación apenas encomendada: no hay conflicto de interés.

¿Realmente esperaba un aplauso?

Si con tal anuncio en Los Pinos querían darle la vuelta a la página para dejar atrás el asunto del conflicto de interés con las residencias y relanzar políticamente al gobierno de Peña Nieto, la reacción de la opinión publicada y en las redes sociales ya debe haberles dejado claro que fue un fracaso.

Como mensaje político es fallido. El investigador designado y el Presidente que lo nombró dándose abrazos y palmaditas con enormes sonrisas constituían una imagen que por sí misma revertía la intención del acto. Como se dice coloquialmente, es un chiste que se cuenta solo. Malo. Tristón incluso. Aquello pareció un acto destinado a una clase política anacrónica, un intento de simulación.

Algunas de las medidas anunciadas pueden considerarse pasos positivos. Qué bien que los funcionarios tengan que hacer su declaración de intereses por primera vez en México y que se transparente la lista de proveedores y contratados del gobierno. Estaba pendiente desde que la Función Pública se llamaba Contraloría.

Pero al no haber una ley que regule el conflicto de interés, por ahora no hay sanción posible para quien haya incurrido en esa falta y, mientras no se apruebe, tampoco para quien incurra en adelante.

Se puede argumentar que ya se discute el Sistema Nacional Anticorrupción y que los legisladores deberán insertarle todo esto. Qué bueno que por fin el tema esté en la agenda, pero ojala el Congreso lo haga extensivo a sus integrantes, a los del Poder Judicial y a los distintos niveles de gobierno.

Frente a una crisis de credibilidad que se ahonda, el paso de antier empantana aún más el panorama. Parece que The Economist tuvo toda la razón: el equipo gobernante demostró que “no entiende que no entiende”.

Buena parte de la sociedad mexicana está harta de que no la entiendan. Exige una modernidad democrática que parece rebasar por mucho a los políticos. Y difícilmente aceptará cualquier cosa menor a una rendición de cuentas efectiva, real, con consecuencias.

SACIAMORBOS

¿Podrán intercambiarse exoneraciones? ¿Metro por casas? En tiempos electorales todo es misil y todo es ficha.

Si unos y otros creen que la política a la antigua les va a dar para unos meses de teatro es mejor que no esperen aplausos al correr el telón.

Carlos Loret de Mola
FEB 5

AMLO, el leal Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

Cuando alguno de sus rivales es señalado aunque sea nebulosamente de haber cometido cualquier asomo de acto indebido, Andrés Manuel López Obrador es implacable, intransigente. Le prodiga todo tipo de adjetivos infamantes y exige el mayor de los castigos.

Pero si surgen evidencias contundentes de malos manejos o incluso delitos entre alguno de los suyos, el caudillo tiende su manto protector y se queja de una conspiración —el compló, que le llama—, una persecución política ordenada por la mafia del poder.

Son dos medidas. Para sus amigos, impunidad y gracia. Para sus enemigos, justicia y asedio.

¿Por qué López Obrador es tan flagrante en no medir con la misma vara?

Algunos que han estado cerca de él lo atribuyen a una reacción instintiva por evitar que la responsabilidad de cualquier conducta reprobable llegue a él directamente. Otros encuentran en este manto protector del caudillo la explicación de que se produzca entre su gente una lealtad fanática que deriva en que dentro de su partido político todos responden a coro a sus instrucciones, y rechazan con vehemencia ya no digamos alguna acusación sino hasta la menor crítica a López Obrador.

Si él condena, los suyos acatan la señal y hacen lo propio con fiereza. Si absuelve, también. Ejemplos sobran:

Cuando Marcelo Ebrard hizo pública su intención de disputarle la candidatura presidencial de la izquierda, el lopezobradorismo se volvió de inmediato antiebrardista y el entonces jefe de gobierno capitalino recibió todo tipo de acusaciones. Ahora que Marcelo está a la vera de López Obrador, Ebrard es digno de defensa y todas las irregularidades en la Línea 12 del Metro son una invención de Los Pinos para descarrilar los proyectos políticos de Marcelo (¿cuáles?).

A partir de eso, el discurso de los seguidores de Morena es en defensa del ex jefe de gobierno. Si hay sustancia o no en las acusaciones, si existen evidencias firmes o no, es lo de menos. La señal está dada.

Cuando estalló el caso Iguala, López Obrador fue incapaz de hacer, no digamos una condena, sino un deslinde claro de Lázaro Mazón, su operador en Guerrero, y padrino político y financiero del alcalde criminal Abarca y su esposa. Mazón perdió la candidatura a gobernador que le había otorgado el líder, pero nunca hubo una sola declaración de López Obrador por lo menos para exigirle explicaciones.

Ebrard, Mazón, Bejarano con sus ligas de dinero, Ponce en Las Vegas a quien le dio justo el tiempo suficiente para que escapara, las denuncias contra Bartlett por presuntos actos criminales ante las que se tapa los ojos, los fraudes electorales de Guadarrama, Encinas que ayudó a escapar a un diputado acusado de crimen organizado, los dineros de Anaya y Dante… la lista es larga.

Gozan de la protección del líder. Y responden de igual manera. Lealtad por lealtad. Impunidad por impunidad. Saben también que si el momento lo exige, puede venir de él una condena, implacable. También es larga la lista de quienes la han padecido. Si eran culpables… es lo de menos.

SACIAMORBOS

Y hoy se van a exhibir… de nuevo.

Carlos Loret de Mola
FEB 4

“Míster 97%” Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

Las cifras no son exactas y hay polémicas al respecto, pero es un hecho que hay más de 20 mil personas desaparecidas en México.

No se sabe en cuántos casos hubo participación de autoridades. Lo que sí se sabe es que ha habido apenas un puñado de consignaciones por desaparición forzada.

También se sabe que no sólo en Iguala o Cocula o Arcelia la policía municipal se convirtió en brazo armado legal del crimen organizado, con la complicidad de autoridades elegidas democráticamente y la pasividad de las fuerzas policíacas estatales y federales. Son cientos de municipios en todo el país.

El problema es profundo y complicado. No es sólo la violencia ni sólo el narcotráfico ni sólo la corrupción. Es la impunidad.

Ningún Estado puede erradicar el crimen, pero un Estado que no da al ciudadano común la garantía mínima de que si es víctima de un delito será castigado quien lo cometa está faltando a la primera de sus obligaciones.

La comparecencia de México, ayer, ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha cobrado gran notoriedad por el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, asesinados según la investigación de la PGR.

Es muy claro que existe ruido político alrededor del caso Iguala y una activa campaña política de grupos e individuos decididos a capitalizarla para sus intereses, pero sería un error grave minimizar el tema con ese pretexto.

Más allá de la grilla, quien gobierna México y quien pretenda gobernarlo en el futuro debe renunciar a la mirada de corto plazo. La impunidad es el gran tema del país. Su combate es la gran reforma omitida y el gran lastre para cualquier otra que se pretende llevar adelante.

Aunque las cifras varían, hay consenso entre los especialistas de que en México entre 95 y 97 por ciento de los delitos que se cometen quedan sin castigo. Hay 97 por ciento de posibilidades de que los delincuentes nunca paguen sus crímenes.

Eso lo saben los narcotraficantes, los policías coludidos, los sicarios de poca monta, los secuestradores y los políticos que se vuelven sus cómplices.

Pero también los delincuentes de cuello blanco, los altos funcionarios que mal usan el dinero público y las obras como trampolín político y los que canjean contratos públicos por beneficios personales.

Por eso siguen haciendo lo suyo. Saben que es casi seguro que se saldrán con la suya. Y siempre pueden gritar que son perseguidos políticos cuando ya no están en el gobierno o que los quieren desestabilizar fuerzas oscuras si están en el poder.

La clase política, de todos los colores, está llena de dignos portadores del título de “Míster 97%”.

Visto así, México tiene 3 por ciento de posibilidades de convertirse en un Estado de derecho y democrático pleno.

Carlos Loret de Mola
FEB 3

Góber gasolina Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

En 2007, al inicio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se generó una gran controversia. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) tuvo la intención de que Petróleos Mexicanos (Pemex) hiciera públicos los planos de los ductos por los que transportaba gasolina.

Hubo jaloneo entre ambas instituciones. Pemex no quería, argumentando razones de seguridad nacional y vulnerabilidad ante el robo de combustible porque los criminales, con un clic en internet, podrían saber exactamente dónde perforar.

Un ataque los agarró en el “estira y afloja”. A principios de julio de 2007, la guerrilla Ejército Popular Revolucionario (EPR) patrocinó ocho explosiones en ductos de Pemex.

La idea de hacer públicos los trazos de los ductos de Pemex quedó congelada por miedo a más atentados de este tipo.

Pero dos años bastaron para que la opinión gubernamental cambiara.

Lo que no lograron el IFAI ni el EPR, guardada la debida proporción, lo consiguieron ¡los gobernadores!

Con el argumento de hacer un atlas de protección civil de colonias en las que pasaran por debajo ductos que pusieran en riesgo a la ciudadanía, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) negoció un convenio con Pemex para recibir los mapas de los ductos. Fue en 2009. Por la Conago firmó su entonces presidente, Mario Marín, el mandatario de Puebla mejor conocido como el “Góber Precioso”, involucrado en escándalos de pederastia, denunciado internacionalmente por perseguir periodistas y recientemente apuntado para retomar su carrera política en su partido, el PRI.

Según el protocolo firmado por Pemex y la Conago, habría un firme resguardo de los documentos para evitar que cayeran en manos indeseadas y también habría distintos niveles de acceso a ellos, con claves secretas y toda la cosa.

De acuerdo con fuentes de inteligencia del Gobierno federal actual, nada de eso sucedió. Y los planos estratégicos de Pemex terminaron en manos de gobernadores, secretarios estatales, alcaldes, ayudantes… delincuentes.

Hacen notar que las cifras oficiales sobre robo de combustible dan un salto justo en 2009 y se desatan hasta llegar a la actualidad: 17 mil millones de pesos en 2014.

El asunto va mucho más lejos. En las carpetas de inteligencia sobre este tema, que cada vez es de mayor preocupación para la administración Peña Nieto, aparecen fotografías que captan aparentemente robando combustible a bandas organizadas de delincuentes y narcotraficantes, pero también vecinos que aprovechan el desorden para llenar sus bidones en los borbotones de las fugas que deja la ordeña ilegal, empresarios transportistas que cargan sus pipas para luego vender el producto como “derecho” y ¡hasta militares!

SACIAMORBOS

Cosa de quince personas ejecutadas en un predio de Guanajuato. A la sorda. Fue una disputa por el robo de combustible. Presuntamente una red que va de Guanajuato hasta Tamaulipas, pasando por San Luis Potosí.

 

Carlos Loret de Mola
ENE 29

Los forenses del Quijote, a Ayotzinapa Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

No han querido que se sepa. Ambas partes guardan sigilo. Saben que el tema es especialmente sensible. Pero de primera mano sé que el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ha establecido contacto con uno de los jefes del equipo científico forense que logró encontrar e identificar los restos de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de “Don Quijote de la Mancha”, fallecido en 1616.

La búsqueda de evidencias sobre el destino final de los normalistas de Ayotzinapa continúa, y la tecnología y los conocimientos del grupo español pueden ser un aporte clave.

Según la información a la que tuve acceso, el equipo de forenses encabezado por el reconocido Luis Avial, propone emplear un método llamado “sonar de barrido lateral”. Consiste en que a través de aviones no tripulados se realiza un mapeo de una superficie terrestre o cuerpo de agua.

Los especialistas ibéricos tienen en la mira volar los drones sobre el río Cocula, donde podrían existir más restos óseos y quizá en mejor estado, a los que habría en dado caso que realizarles nuevas comparaciones de ADN.

El acercamiento se dio por intermediación de Petróleos Mexicanos (Pemex). Una parte del equipo de peritos españoles que sigue laborando en Madrid sobre los restos del también apodado “Manco de Lepanto” está de gira de trabajo en México para ayudar a Pemex en la detección de contaminación subterránea.

Los especialistas están echando mano de sus instrumentos para detectar fugas no visibles desde la superficie, que son originadas por rupturas en las tuberías a través de las que se transporta el combustible.

Para hallarlas, utilizan las técnicas de termografía infrarroja y georradar. Una vez que las ubican, un segundo comando de ingenieros entra en acción y repara el problema.

Aunque en México están haciendo esta labor ecológica, en España son más conocidos como peritos en asuntos policiacos. Por eso es que, aprovechando su estancia en nuestro país, se realizó el contacto con la Procuraduría General de la República.

Para la tarea que vislumbran en Guerrero, necesitarían reforzarse trayendo de España al grupo forense que encabeza Francisco Echavarría, quien está en Madrid realizando los últimos trabajos en el caso de Cervantes Saavedra. Se espera que en cosa de una semana, el equipo de especialistas de varias disciplinas que intervino en el hallazgo dé a conocer oficialmente los resultados sobre el análisis de los restos que hoy se presume son de uno de los más grandes escritores que ha dado la lengua española.

Un grupo como este, acreditado nacionalmente en España por sus contribuciones a los más escabrosos crímenes y que ha ganado respeto internacional por el caso de los restos de Cervantes, podría arrojar necesarias certezas en torno a lo sucedido a partir de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Al fin que desde lo de Cervantes han pasado cuatro siglos. Desde Ayotzinapa van apenas cuatro meses.

SACIAMORBOS

Para él, premio, lo que se dice premio… sería la Conade.

Carlos Loret de Mola
ENE 28

Las casas y nuestro “pato cojo” Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

Enrique Peña Nieto entra con el traje bien planchado y la corbata roja. Aspecto impecable, como siempre, tratando de combatir la creencia pública de que es un Presidente vapuleado. Algunos aplauden, otros gritan consignas. Devuelve discretamente los saludos hacia ambos lados del corto pasillo que lo lleva hasta su lugar: abajo del estrado, al centro, en una austera mesa individual, solos él y su abogado.

En la tribuna principal están legisladores famosos de todos los partidos. Algunas caras amigas. Otras no. Es la Comisión de diputados y senadores que revisa las operaciones de compra de sus casas. Están ahí para interrogarlo. Unos quieren ridiculizarlo hasta la renuncia pero no pueden ser tan obvios. Otros lo defenderán a morir, pero tratarán de no exhibirse en el intento. Alguno intentará llegar a la verdad. No es un banquillo, pero como si lo fuera. Y el Presidente de México está sentado. De ese tamaño el atractivo.

Fin de la escena.

El caso de las residencias del Presidente compradas a empresarios que fueron, son y quizá seguirán siendo contratistas de sus gobiernos no se resolverá con comunicados ni declaraciones argumentando que no hay nada ilegal.

El asunto va más allá: la sociedad exige que ese tipo de cosas —amparadas o no en la ley— ya no sucedan. Por ello el cuestionamiento de conflicto de interés, si no es que de actos de corrupción que tiene atorado al Presidente, quien luce hoy como un “pato cojo”, término usado en Estados Unidos para describir al Mandatario en la recta final de su gestión, cuando ha perdido influencia. El asunto es que el Presidente mexicano apenas lleva un tercio de su administración.

Desde luego que en el plano legal es deseable una indagatoria que revise todos los detalles del caso y dictamine si hubo acciones ilícitas. Pero ya sabemos cuánto tarda eso.

Antes, hace falta también generar en el público la sensación de que hay consecuencias ante actos inaceptables. Algo debe alimentar la esperanza de que en México no todo sigue igual. Quizá con un acto político audaz —como una comparecencia ante el Congreso— el gobierno pueda salir de la parálisis y sacudirse la pérdida de confianza. Un Congreso que cuestione. Un Ejecutivo que debata. Sí, un show. Pero un show con profundidad de sismo político. Sería inédito, pero de ese tamaño es el problema.

Se puede argumentar que los legisladores padecen del mismo mal, pero no es un asunto de autoridad moral personal sino de funcionamiento de las instituciones. En las democracias avanzadas, el Congreso —con todo y su carga partidista, con todo y sus escándalos propios, cada uno con sus formatos— airea la vida pública del país.

El Presidente compareciendo ante quienes por ley son representantes de todos los mexicanos sería una forma institucional y republicana de rendir cuentas y ajustar saldos políticos. Y no este triste juego donde unos piden la guillotina, otros se tapan los ojos y el acusado dice que no entiende qué hizo mal.

SACIAMORBOS

Como no pudo desmentir lo publicado organizó una campaña sucia en redes sociales. Cree que esconde la mano. Las huellas llevan hasta su Estado.

Carlos Loret de Mola
ENE 27

Candidatos bajo sospecha responden y aceptan Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

Al menos dos sólidos precandidatos a gobernadores están bajo sospecha. Uno del PRI y otro del PAN: Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, priista de Campeche, y Francisco “Pancho” Domínguez Servién, panista de Querétaro.

Sus casos fueron expuestos en el serial “Candidatos bajo sospecha” de esta columna en los últimos días. Se les ofreció réplica antes de publicar. Ninguno contestó sino hasta después de leerse en el papel.

De manera muy cortés y respetuosa, ambos aceptaron prácticamente todo lo que se reveló en estas “Historias de Reportero”. Y respondieron así a los señalamientos:

“Alito” Moreno confirmó que se reunió con Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, cuando esta empresa ya había sido intervenida por las autoridades. Abundó que el objetivo fue convencerlo de que colaborara con las autoridades para evitar el cierre del consorcio y la pérdida de 9 mil empleos que genera, dijo, en Campeche.

Informó que para tratar el caso también sostuvo reuniones con funcionarios públicos —cuya identidad no reveló, aunque afirmó que ninguno de la PGR—, pero aseguró que no lo hizo para buscar impunidad para Yáñez. Lo mismo hizo con empresarios a quienes tampoco identificó.

Acerca de los señalamientos de que “pasó charola” entre empresarios campechanos para su campaña electoral a cambio de gestionarles contratos en Pemex, aceptó que sí ha hecho cabildeos para que se queden inversiones del sector energético en su Entidad porque gran parte de su economía depende de la paraestatal. Precisó que en las cuatro elecciones en que ha participado recibió el financiamiento público y las aportaciones privadas permitidos.

Contextualizó que desde hace más de diez años su familia tiene negocios energéticos en Estados Unidos a través de la empresa First International Flow Control.

El otro caso. El senador queretano “Pancho” Domínguez habló de esta columna en entrevista banquetera con reporteros de su Estado.

Sobre si fue a patear la casa del gobernador, el priista José Calzada, admitió que hubo “incidentes recíprocos” con el mandatario pero “los platicamos en su momento y se aclararon los puntos de divergencia que, en efecto, hubo; no tengo más que respeto por el gobernador”.

Al preguntársele si esa bronca se debió a que buscaba evitar acción penal contra su hermano quien le disparó a una persona, Domínguez atajó: “Los temas de mi hermano los aclara mi hermano”. Sobre presiones suyas durante la negociación de la reforma energética, en busca de impunidad para su hermano, pidió “que le pregunten a los secretarios de Hacienda, Videgaray, y de Energía, Coldwell”.

Aceptó su relación con el polémico y denunciado empresario Javier Rodríguez Borgio; y acerca de las críticas en su contra por parte del ex dirigente nacional interino del PAN, el también queretano Ricardo Anaya, expresó: “Lo que dijo Anaya yo pienso que no lo dijo”.

SACIAMORBOS

En ambos casos hay indagatoria en manos de la PGR. En una de ellas, figuran hasta facturas de relojes carísimos.

Carlos Loret de Mola
ENE 22

¿Por qué se alarmó el Ejército? Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

En el Ejército se quedaron alarmados cuando supieron. Culparon al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, hombre de todísimas las confianzas del Presidente Peña, de haber prometido abrir los cuarteles militares a los padres de los normalistas desaparecidos.

Según fuentes bien informadas, el Ejército considera que dentro del movimiento de Ayotzinapa están metidos personajes vinculados con guerrillas mexicanas, quienes querrían entrar a los cuarteles no para buscar a los jóvenes sino para mapearlos, ubicar dónde guardan las armas y detectar flancos vulnerables por donde pudieran ser atacados.

Además, de acuerdo con un documento oficial que tengo en mi poder, el CISEN ubica como “objetivos de atención especial” (por sus presuntos nexos con la guerrilla o el narco) a 18 líderes sociales que han participado en las protestas con los padres de Ayotzinapa.

Un primer grupo presuntamente relacionado con grupos subversivos incluye a los hermanos Victoriano, Gabino y Obtilia Eugenio Manuel, y a Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez. El informe los identifica como integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y detalla que actúan públicamente por medio de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pha (OPIM).

También enlista a José Luis Arroyo, del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas, ligado a Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), y a Eulalia Eligio González, de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia (Renacid), a quien vincula con el Ejército Libertador Nacional (ELN).

El documento involucra a Victoriano y Gabino Eugenio Manuel con actividades de siembra, cultivo y trasiego de amapola y goma de opio; y el primero cuenta con órdenes de aprehensión. Su hermana Obtilia tiene ocho averiguaciones previas por robo, daño en propiedad ajena y secuestro, y Cuauhtémoc Rodríguez una por daño en propiedad ajena. Los cuatro han participado en protestas y han denunciado una estrategia contrainsurgente del Ejército frente al descontento por el caso Ayotzinapa.

Después incluye a “objetivos” de organizaciones sociales como Cirilo Plácido Valerio, dirigente de la disidencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y su hermano Bruno, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que cuentan con órdenes de aprehensión y averiguaciones por robo, secuestro y ataques.

También son “objetivos” Abad García y Eliseo Villar, de CRAC-PC; Ernesto Gallardo, de la UPOEG; Clemencia Guevara, del Frente Popular Revolucionario (FPR); Ranferi Hernández, del Movimiento Social de Izquierda (MSI); Ramos Reyes Guerrero y María Antonia Morales, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG-CNTE); Marco Suástegui Muñoz, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP); Nicolás Chávez Adame, de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG); y Abel Bruno Arriaga, del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecoddec).

Todos ellos, salvo Ramos Reyes, tienen órdenes de aprehensión o averiguaciones previas por delitos como robo, lesiones, allanamiento de morada, secuestro, motín, ataques a vías de comunicación. Gallardo tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, por secuestro y homicidio. El informe detalla que las autoridades locales no han hecho cumplir estas órdenes de arresto.

Por eso hay alarma y no los quieren en los cuarteles.

 

Carlos Loret de Mola
ENE 21