Todo estaba listo para “la limpia”. La agencia antidroga de Estados Unidos, la DEA, iba a financiar la operación y proveer el equipo técnico de video e intervención de comunicaciones para atrapar a los corruptos.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) había determinado cuáles de sus agentes realizarían las escuchas a jueces, magistrados, ministros y colaboradores más cercanos.

La Procuraduría General de la República había diseñado un plan de capacitación para el personal del Poder Judicial y la Policía Federal apoyaría en los operativos para ejecutar las órdenes de aprehensión contra las “ovejas negras”.

Así, tres dependencias mexicanas y una del Gobierno de EU estaban listas para realizar un megaoperativo conjunto de limpieza a petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El plan incluía renovar el sistema de video, escuchar llamadas realizadas desde los teléfonos fijos, cotejar vehículos que usaban los funcionarios con sus niveles de ingresos y poner “marcaje personal” (seguimientos, escucha de celulares, revisión de cuentas) a aquellos jueces que causaran sospechas.

Habría dos equipos: uno que hiciera investigaciones aleatorias y otro que indagara a individuos cuyo comportamiento generara desconfianza.

Era el inicio de 2012. Según dos de los involucrados que pidieron el anonimato, el proyecto se había cabildeado entre los “segundos” de las dependencias: Luis Fernando Angulo, secretario del ministro presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza; Facundo Rosas, comisionado de la Policía Federal en la Secretaría de Seguridad Pública; Cuitláhuac Salinas como subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR; y los agentes de la DEA adscritos a la embajada de Estados Unidos en México.

Nunca se llevó a cabo. El discurso entre los dos poderes se tensó. Ejecutivo contra Judicial. La escalada llegó a una confrontación entre el presidente Felipe Calderón y el ministro presidente Silva Meza. Ganó la desconfianza.

Por un lado, unos pensaron que los órganos de inteligencia del Ejecutivo, aliados con el Gobierno estadounidense, estarían fascinados con una “intervención” que ponía en posición de vulnerabilidad a la Corte, que sería “encuerada” por agentes externos que no necesariamente mantendrían con profesionalismo y secrecía las investigaciones; se les antojaba como un doble desafío a la soberanía entre dos poderes y dos países.

Por el otro, permeó la idea de que el Poder Judicial no tenía un deseo real de limpieza, sino que más bien les interesaba la protección de sus intereses y el mantenimiento del estado actual de la impartición de justicia en México.

SACIAMORBOS

Nombre singular ese de Julen. Pocos lo portan. Por eso destaca cuando surge en la investigación que busca, desde el sexenio pasado, descubrir los alcances de cierta mujer poderosa de paso breve, pero devastador por Los Pinos.
 

Se le escuchaba molesto. Seco. Monosilábico en sus respuestas. Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, recién había removido de su cargo como coordinador de los senadores de su partido a Ernesto Cordero y, un día después, estaban los dos, al aire, al mismo tiempo, en Primero Noticias, el programa a mi cargo en Televisa.

Madero por teléfono, Cordero en el estudio. Las primeras preguntas fueron para Cordero. Su reacción al despido. Madero escuchó todo el tiempo en la línea. Cordero dijo que “Gustavo Madero parece del PRI”, que ha convertido al PAN en un satélite del PRI.

Durante esas primeras preguntas me equivoqué y referencié a Gustavo Madero como dirigente nacional del PRI en lugar de del PAN. Corregí. Dije tres veces seguiditas “perdón”. Fue un lapsus, pues. Luego incorporé a Madero a la entrevista. Le pregunté si quería contestar a las acusaciones de Cordero. “No, absolutamente nada”, esculpió en hielo. Ambos se dieron unos buenos días gélidos, mínimos. Madero me reclamó como si fuera mi opinión personal el lapsus. “Carlos, mal dicho de parte tuya”. Le volví a decir al aire que fue un error, que lo central era lo que señalaba Cordero.

Contestó que no comparte su opinión, que no se ha acercado mucho al PRI y que su decisión de removerlo no está sometida a votación (24 de los 37 senadores panistas apoyaron públicamente a Cordero tras su separación).

Cordero le respondió a Madero que había faltado a su palabra, que es antidemocrático, que pasó por encima de los senadores y que su postura confirma que el PAN está más cerca que nunca del PRI. “¿Qué dice usted ante esto?”, le pasé el balón al dirigente nacional panista. Agradeció el espacio en el noticiero, dijo que esos asuntos se ventilarán dentro del partido, que sus facultades son democráticas como su elección y sus estatutos. “Muy buenos días a los dos. Gracias, Carlos”. Y colgó. “¿No tiene nada que decirle a Ernesto Cordero?”, le solté, pero mi pregunta quedó en el aire.

De salida, Cordero me contó que estaba terminando de comer el domingo cuando recibió el telefonema de Madero para notificarle su destitución. Que le contestó que el martes (en la reunión convocada con  la bancada) podrían hablar, pero que Madero insistió en que es decisión tomada.

Minutos después, Madero habló con Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula, y referenció su entrevista televisiva: “Tú ves a un Carlos Loret de Mola que me llama coordinador de la bancada del PRI en el Senado como un supuesto error; todo esto son semillas que tratan de ir sembrando en la población para confundir”.

En realidad, le llamé sin querer dirigente nacional del PRI. Su error en la cita está perdonado. Lo entiendo como un lapsus.

SACIAMORBOS

O sea que Madero se encona con Cordero, Cordero lo atiza por firmar el Pacto, Madero presenta una iniciativa electoral, Cordero presenta la suya, Madero amenaza con destituirlo, Cordero junta firmas, Madero lo corre, Cordero lo acusa, Madero le cuelga… y yo soy el culpable. Ya ni en el PAN hay temor de Dios, caray.
 

Veintiún años —en un régimen autoritario y cleptocrático— le tomó a Imelda Marcos acumular mil pares de zapatos,  hallados en su residencia en 1986, tras salir de Filipinas con un botín de millones de dólares “obtenidos” durante el gobierno de su esposo Ferdinand.

Frente a la “Mariposa de Hierro” no desmerece el “Señor de los Zapatos”, el tabasqueño ex gobernador Andrés Granier, quien presume en la borrachera tener 400 pares de zapatos, mil tenis, 300 trajes, 400 pantalones y mil camisas, mientras pende sobre su gestión la acusación de que hizo desaparecer casi dos mil millones de pesos del erario estatal… todo eso en sólo seis años.

En el ya famoso audio presentado por el programa TeleReportaje, de la estación XEVT de Tabasco, se escucha la voz del ex gobernador priista, quien presume sus posesiones, lujos y excesos.

Ayer, Granier llamó a la misma estación para admitir “como hombre” que sí era su voz la captada en la grabación hecha durante una boda en octubre de 2012 — ¡cuando aún era gobernador!—, pero que estaba “muy pasado de copas” y que sólo alardeaba, porque según él no es rico, no tiene toda esa ropa ni esas propiedades en Cancún o Miami, localidad estadounidense a donde se fue cuando entregó el poder, según reveló su sucesor, el perredista Arturo Núñez.

El “Señor de los Zapatos” terminó su periodo de Gobierno el 31 de diciembre. El equipo de Núñez rápidamente detectó los presuntos faltantes multimillonarios de fondos públicos, los ventiló en público, ante la prensa responsabilizó directamente a Granier, pero no incluyó el nombre del ex gobernador en las denuncias ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.

¿Seguirán las investigaciones “en curso” o estarán arrumbadas porque  rindieron su efecto político? Quizá la indignación por las grotescas grabaciones tenga más fuerza que las diligencias realizadas hasta ahora por las instituciones.

Es un caso más que exhibe las resistencias del PRI para merecerse el mote de “nuevo”.  Apellidos como Granier, Yarrington, Moreira, Herrera, Montiel y un largo etcétera parecerían confirmarlo.

A sus 83 años, Imelda Marcos, quien regresó en plan triunfal a su país, es legisladora y está a punto de reelegirse, tiene una fortuna declarada de 22 millones de dólares y el gobierno intenta, por ahora sin éxito, que regrese fondos “sustraídos secretamente” por su esposo.

A sus 65, Granier, si es cobijado por el PRI, podrá ver en un futuro inmediato una curul, un escaño… y un armario repleto de calzado.

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El Presidente Peña Nieto sabe corregir. Su impulso inicial es negativo: cobijar a los suyos con el manto de la impunidad. Sucedió con Rosario Robles y Javier Duarte cuando minimizó y descalificó las contundentes denuncias panistas de trampas electorales en Veracruz. Lo mismo ante el caso “Lady Profeco”. En ambos corrigió pasados los días. Veremos si mejora su reacción de botepronto o triunfan las resistencias… porque hay y habrá más expedientes y apellidos.

El ex director jurídico de la empresa alemana Siemens dio la pista: los abogados de Pemex dejaron que se perdiera un caso por casi 700 millones de dólares. Lo habrían hecho gracias a que los contactó un despacho europeo para notificarles de qué manera se les agradecería “el gesto”. Entre los implicados en esa declaración realizada ante la PGR está el ex dirigente nacional del PAN, César Nava Vázquez.

El 19 de febrero de este año, estas Historias de Reportero llevaron el título de Reaparece César Nava… con otro escándalo. Ahí se expuso que Pemex mantenía una disputa legal internacional contra el consorcio Conproca, integrado por Siemens y la sudcoreana SK Engineering. El caso se divulgó igualmente en las entregas Cobran a Pemex masaje de 12 mil pesos del 24 de enero, Masajes, palos y muerte con cargo a Pemex del 29 de enero y Elba Esther, ¿y luego Pemex? del 6 de marzo, de este 2013.

Esto señala la demanda de Pemex y Pemex-Refinación contra Siemens y SK Engineering & Construction, interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York con número de folio 12 Civ. 9070 (LLS) / EFC CASE (una copia puede consultarse en www.carlosloret.com):

“César Nava Vázquez, abogado general de Pemex, evitó que Pemex recibiera 102 millones 800 mil dólares como compensación de Conproca por violaciones al contrato.  “Pemex no recibió el efectivo de dos cartas de crédito, pagaderas a la vista, por 102 millones 800 mil dólares. Para ese fin, Lucía Munive, funcionaria de Pemex, fue parada en el aeropuerto de Seúl por un enviado que le llevó un mensaje. El mensaje establecía que de conformidad con nuevas instrucciones de Nava Vázquez, Munive no debía cobrar las cartas de crédito.

“A Munive se le dijo que si ella procedía a intentar presentar la carta de crédito, no sólo sería despedida, sino perseguida criminalmente”, concluye. Una copia de ese mensaje que llevaba a Lucía Munive como destinataria final es un correo electrónico que puede consultarse en www.carlosloret.com .

La demanda concluye que al hacer esta operación, el ex dirigente panista y ex secretario particular del presidente Felipe Calderón sirvió como conducto para que se lograra la “empresa criminal” de Siemens y SK Engineering.

Hace casi cuatro meses, cuando se dio a conocer en esta columna periodística el caso judicial contra César Nava, el propio Nava me dijo en entrevista para Radio Fórmula que rechazaba las acusaciones porque si se hubieran cobrado esas cartas de crédito en estas fechas tendría Pemex que estar pagando casi 800 millones de dólares en lugar de casi 700.

Como coacusados aparecen el consultor Jaime Camil Garza; y los funcionarios de Pemex Refinación, Eduardo Vergara Cabrera, Máximo Téllez Rosas y Luis Enrique Bouchot.

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Nava apoyó a Madero para llegar a la dirigencia nacional del PAN. Ayer Madero defendió a Nava. ¿Lo defenderá al grado de levantarse de la mesa del Pacto por México? ¿O Navalú por Javidú?
 

El hecho de que Humberto Benítez Treviño, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), argumente que no se enteró de que su hija hizo mal uso de su influencia para que una entidad del Gobierno agrediera arbitrariamente a los dueños de un restaurante por un capricho personal, no lo exime de responsabilidad.

No es sólo un tema morboso. Es una historia de impunidad, de sordera frente a una sociedad indignada, y de impasividad ante la inhabilitación de facto de un funcionario cuya labor es defender al ciudadano de… abusos.

El titular de Profeco afirma que estaba convaleciente de una operación cuando ocurrió el incidente, que él nada tuvo que ver. Eso sí, la prepotencia de su hija no eximió de culpa a cuatro subordinados de Benítez que fueron suspendidos. Es relevante recordar que se trata de un funcionario de larga carrera iniciada en el Estado de México y a quien el Presidente Peña Nieto se refiere respetuosamente como “maestro”.

La Secretaría de la Función Pública concluyó que Benítez Treviño no tiene culpa alguna. El funcionario dio conferencia de prensa para anunciar tal exoneración y aprovechó para aclarar que él nunca pensó en renunciar. Ningún reparo puso a que la “travesura” de su hija Andrea, bautizada en Twitter como “Lady Profeco”, les costara la suspensión a sus subordinados. Benítez Treviño es responsable de que su hija tenga medios y canales de comunicación con sus subordinados en la Profeco para darles órdenes y que éstos las acaten.

Con esas credenciales de funcionario consentidor de sus parientes o, peor, ignorante de lo que ocurre en la dependencia que encabeza, Benítez Treviño es hoy el encargado de dar confianza a los ciudadanos en que el Gobierno vigila a empresarios, intermediarios y comerciantes para que no cometan abusos en un momento en que se ha disparado injustificadamente el precio de alimentos como el huevo y el tomate.

La Profeco lleva años de ser inoperante: los precios suben en enero, en febrero las flores, en Semana Santa el pescado, en mayo los regalos para mamá, en junio los de papá, en verano los paquetes vacacionales, en septiembre las colegiaturas, en noviembre las flores en panteones y en Navidad los juguetes. Siempre ha sucedido frente a la tibia mirada de la Profeco. Humberto Benítez no ha cambiado esta historia —quizá la Profeco ni las herramientas de ley tenga– pero cada vez que falle, que sea omisa, a Benítez le restregarán el mote de la hija. Es un “bombón” en manos de opositores y detractores.

Es una Profeco inhabilitada para cumplir su función mientras él se mantenga al frente.

Frente a las reformas propuestas por este Gobierno y el caso contra Elba Esther Gordillo, que apuntan a que el poder acumulado no sirve para evadir la justicia, el caso de “Papi  Profeco” —como la reacción inicial del Presidente Peña de minimizar las denuncias electorales en Veracruz– exhiben el ADN del más viejo PRI.
 

En breve se hará oficial: La polémica Marisela Morales Ibáñez, ex procuradora de la República en el sexenio de Felipe Calderón, será nominada para convertirse en la cónsul de México en Milán.

Ella quería el consulado en Barcelona. Le ofrecieron el de Calgary, Canadá. Y el acuerdo quedó en la emblemática capital de la moda italiana, hogar de la obra maestra La Última Cena, de Leonardo Da Vinci.

Para su fortuna, el nombramiento no tiene que ser aprobado por el Senado, pues el de Milán no se trata de un Consulado General sino de un Consulado de Carrera, y éstos se dan por designación directa de Relaciones Exteriores.

Pero, como el nombramiento de Morales forma parte de un paquete de embajadas y consulados entre las que hay varias que deben contar con el visto bueno del Senado, es posible que en el debate camaral se recupere la vieja polémica de embajadas que se vuelven exilios dorados para políticos en problemas. Basta recordar que en las últimas semanas dos pifias de la exprocuradora han sido escándalo nacional: los casos del general Tomás Ángeles Dauahare y el ex “zar” antidrogas Noé Ramírez Mandujano, a quienes su PGR procesó por presuntos vínculos con el crimen organizado que terminaron siendo juzgados como mentiras de testigos protegidos.

El consulado de Milán será reabierto para que ahí despache Morales Ibáñez. Por irrelevante, lleva años cerrado. La ex procuradora, que se ganó el respeto por valiente pero el desdén por ineficaz operadora, tendrá poco trabajo y gozará de la protección del régimen.

Su nombramiento, y el de otros políticos filo-priistas que encuentran en la diplomacia una beca, se vuelve aún más contrastante por la relevancia de otros nuevos embajadores y cónsules de primer nivel que han estado emanando de la cancillería mexicana. Desde Patricia Espinosa hasta Carlos Sada, pasando por Rosana Fuentes, Claude Heller y Juan José Bremer, por sólo citar algunos.

En travesías periodísticas por el mundo he podido constatar el alto nivel del Servicio Exterior. Los que se dedican a la diplomacia por vocación y no por refugio. Muchos  sin la atención mediática que merecen.

Pienso en Federico Salas en Israel y León Rodríguez en Palestina, manteniendo la interlocución de México en medio del conflicto milenario; Maricarmen Oñate aguantando valiente la primavera árabe en Egipto, y Anacelia Pérez Charles en medio del golpe de Estado en Haití, sucedida por Everardo Suárez, quien abrió su embajada para recibir mexicanos tras el sismo devastador. Hay más, pero estos son sólo algunos nombres de quienes, en el terreno, me han parecido notables.
 

“Hemos recabado algunas muestras de material explosivo en la zona siniestrada”, dijeron seriamente los expertos estadounidenses a los peritos de la Procuraduría General de la República. “Creemos que pudo haber sido un ataque”, remataron.

Los mexicanos de la PGR se quedaron pasmados cuando escucharon esa declaración del jefe de la misión de unos 40 funcionarios de la Agencia para el Control de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

Cuando estalló el sótano del edificio B2 de Pemex la tarde del 31 de enero de este año, el Gobierno de México pidió ayuda de especialistas internacionales. Aproximadamente a las 4 y media de la madrugada del día siguiente llegaron al complejo afectado los enviados de la administración de Barack Obama.

A la mañana siguiente, lanzaron en privado sus primeras conclusiones que chocaron con las que habían presentado otros peritos suizos, franceses y mexicanos (pertenecientes éstos a la PGR y secretarías de Defensa, Marina y Seguridad Pública). Los de Estados Unidos hablaban de una explosión, de un ataque, mientras que los demás tomaban como hipótesis más sólida que una acumulación de gas había originado la tragedia que mató a casi 40 personas.

Ese choque de hipótesis derivó en que, a diferencia de los peritos de otras partes del mundo, los especialistas de la ATF no estuvieron presentes en la conferencia de prensa del procurador Jesús Murillo Karam, dando las primeras explicaciones del siniestro. La postura del titular de PGR entonces —“no descartamos ninguna hipótesis sobre las causas”– se debió fundamentalmente a las dudas que despertó la sospecha el equipo estadounidense.

En medio del impacto que causó la tragedia, caminando entre escombros en el complejo de Pemex, un alto directivo de la Interpol se sinceró con un par suyo de la PGR mexicana: “Los de la ATF quieren decir que fue un atentado porque si se tratara de terrorismo, ellos por ley van a tener mucha injerencia; es la hipótesis que les conviene manejar”.

La semana pasada, en la víspera de la llegada de Barack Obama a México, el periódico estadounidense The New York Times publicó un largo artículo sobre la molestia en el Gobierno de nuestro vecino del Norte por la falta de cooperación de la nueva administración priista, comparada con la de Felipe Calderón. Como botón  de muestra reveló que los peritos de la ATF fueron segregados de la investigación cuando sospecharon que lo de Pemex fue una explosión y les fue cancelada una segunda visita de inspección.

Hasta las 20:00 horas de este 7 de mayo de 2013, casi 100 días después de la explosión en el edificio B2 de Pemex, la autoridad mexicana no ha arrojado sus conclusiones finales. Todo apunta a que, en algún momento, revelarán que se trató de una fuga de gas metano en la zona de pilotes en el sótano del lugar, y que los trabajadores que estaban laborando ahí debieron haber realizado, por tratarse de un espacio cerrado, una prueba de acumulación de gases que no hicieron.
 

Sus allegados, hombres y mujeres que presenciaron la escena, se quedaron pasmados cuando en su oficina de procuradora de la República, Marisela Morales, tomó un expediente por el lomo y lo arrojó violentamente a la cara de uno de sus colaboradores, reprochándole a gritos su ineficacia y falta de lealtad.

Todos guardaron silencio y volvieron a sus escritorios. No era la primera vez que presenciaban un exabrupto de su jefa. Sabían que tampoco sería la última. En su corto tiempo de procuradora cambió cinco veces de oficial mayor, varias también de coordinador de asesores y faltando 15 días para que terminara el Gobierno corrió sin explicación a un subprocurador.

Poseedora de una personalidad emocionalmente inestable —así la definen sus amigos y adversarios— Marisela Morales Ibáñez ha estado en el centro del escándalo sin que haya respondido públicamente a las acusaciones que pesan en su contra por encarcelar injustamente, basada sólo en los dichos de testigos protegidos, a por lo menos dos altos funcionarios, compañeros suyos del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa: el general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, y Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.

Su ascenso comenzó cuando el procurador era Eduardo Medina Mora. El entonces presidente Felipe Calderón le pidió que pusiera a una mujer en un cargo de alto nivel y la sugirió. Llegaba con las más altas recomendaciones del Ejército mexicano y del Gobierno de EU.

Con esos avales Marisela ingresó a la PGR, de donde terminó siendo jefa máxima, en mucho gracias a la Operación Limpieza, que buscaba erradicar de la Procuraduría a todo mal funcionario. La idea fascinó a Los Pinos y la Casa Blanca. Hoy, la citada Operación es considerada un rotundo timo.

Marisela Morales encabezó “de rebote” la Operación Limpieza. Cuando se supo en las altas esferas del poder mexicano de las declaraciones del testigo protegido “Jennifer”, que implicaban a Ramírez Mandujano y varios de sus colaboradores en el narcotráfico, el procurador Medina Mora decidió que ningún Ministerio Público de la SIEDO tomara la indagatoria. Se la asignó a Marisela, entonces jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.

Por las sospechas, Ramírez Mandujano fue retirado del cargo y elegantemente enviado como representante de la PGR a Viena, Austria. Al poco tiempo, durante una visita para una reunión diplomática en México, el procurador Medina Mora lo citó en su oficina para decirle que se presentara a declarar. Lo hizo y ahí lo aprehendieron.

Con el peso moral de la Operación Limpieza bajo el brazo, Morales Ibáñez saltó a la SIEDO y de ahí a la titularidad de la PGR. Durante su gestión, mantuvo a sus principales respaldos, el Ejército de México y el Gobierno de Estados Unidos: Marisela vivió en una casa en el Campo Militar #1 y fue condecorada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Y si el expediente de Dauahare lo armó el Ejercito y ella lo procesó, el de Ramírez Mandujano lo hicieron entre Marisela Morales y la DEA.

SACIAMORBOS

Cuentan que ya está de mudanza para dejar de vivir en la instalación militar.
 

Estados Unidos no se sintió jamás tan a sus anchas en México como cuando Felipe Calderón era el presidente. Sus dependencias federales tenían interlocución directa, a veces hasta mando sobre los cuerpos policiacos y las Fuerzas Armadas mexicanas.

No pocas veces salieron de Estados Unidos las órdenes de movilizar comandos para capturar en tal o cual lugar a determinado capo, o incluso entraron agentes gringos a operar en México.

Cuando llegó al poder, Enrique Peña Nieto les quitó el gafete All Access. Estados Unidos extraña el calderonato y ha dejado saber su molestia (ver estas Historias de Reportero el 14 de febrero de 2013 con el título “Peña se tensa con Estados Unidos”).

Sin embargo, hay rituales que se mantienen por décadas: la tradición de jaloneos y escarceos previos a una reunión bilateral.

Allá, filtraciones a los medios masivos estadounidenses para meter calambres a los funcionarios mexicanos y declaraciones oficiales optimistas de la Casa Blanca sobre el Gobierno vecino. De este lado, una detención de un capo del narcotráfico y contrafiltraciones a la prensa nacional sobre las pretensiones injerencistas de los del Norte.

Además de un extenso reportaje en The Washington Post sobre la preocupación del gobierno de Obama por lo que perciben como renuencia del equipo peñanietista a mantener los niveles de cooperación de los últimos años, hubo un gancho al hígado a la PGR en los últimos párrafos de una nota de The New York Times sobre el mismo tema.

Según el rotativo neoyorquino, citando funcionarios anónimos de EU, cuando ocurrió la explosión en el complejo de la Torre B-2 de Pemex, agentes estadounidenses fueron invitados a participar en la investigación. En un reporte preliminar sugirieron a las autoridades mexicanas que la causa del estallido podría haber sido una bomba.

En ese momento, siempre según esa versión, los mexicanos redujeron la participación de los visitantes en las pesquisas y “se apresuraron” a concluir que todo fue ocasionado por una explosión accidental de gas acumulado.

Funcionarios mexicanos involucrados en el caso, que también piden el anonimato, me confirman que hubo fricciones con los investigadores de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), y confirman que ellos enarbolaban la hipótesis de la bomba porque, según dijeron, después de una “visita” de 15 minutos al lugar de la explosión, “se apresuraban” a concluir que podrían ser explosivos, pues les convenía en su estrategia antiterrorista en la región.

Esa investigación no ha arrojado sus conclusiones definitivas. La PGR aún no da a conocer la presunta fuente del gas que habría ocasionado la explosión. La publicación los mete en un brete.

Obama llega hoy a México. Seguramente en privado se dirimirán las diferencias y en público habrá palmadas mutuas.

El punto para ambos no es la explosión en Pemex, sino las vencidas para definir cómo será la cooperación de aquí en adelante entre ambos gobiernos en seguridad.
 

Cuitláhuac Salinas es el primer ex funcionario de procuración de justicia del sexenio calderonista que habla sobre el caso de la detención del general Tomás Ángeles Dahuahare, y al hacerlo, suelta una bomba político-judicial.

En entrevista con Primero Noticias ayer, hizo dos afirmaciones muy serias:

1.- Fueron militares dentro de la Procuraduría General de la República los que armaron ese expediente con sigilo y motivados políticamente, en un auténtico complot.

2.- Que él, como subprocurador de Delincuencia Organizada hasta unos días antes del fin del sexenio, tuvo conocimiento de investigaciones por corrupción y narcotráfico contra altos funcionarios militares y civiles del Gobierno de Felipe Calderón. Esa información y los “ataques” que percibió de parte de un grupo político, dijo, le hicieron temer por la seguridad de su familia y lo condujeron a renunciar a su puesto.

Aparentemente motivado ahora por una presunta averiguación en la que se busca acusarlo, Salinas se decidió a hablar, dijo que ha recibido amenazas y denunció que la PGR actual no le ha querido brindar la protección que le corresponde por ley como ex zar antidroga.

Por primera vez, un funcionario del Gobierno anterior dice abiertamente lo que ha sido una sospecha general: que el caso contra el general Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, carecía de sustento y de evidencias, pero que hubo una maniobra política desde altos niveles para decretar el arresto de los cinco militares.

Según Salinas, la exprocuradora Marisela Morales le había advertido desde su llegada que habría expedientes especiales “reservados” a los que él no tendría acceso. El caso Dauahare fue uno de ellos, pues lo manejaron militares incrustados dentro de la PGR que actuaban sin consultar ni rendir cuentas a nadie en esa dependencia.

De acuerdo con lo relatado por el exfuncionario, el día que fue arrestado Ángeles Dauahare la entonces procuradora Marisela Morales le llamó por teléfono para preguntarle si él tenía detenido a un militar de alto rango. El respondió que no.

La detención había sido operada exclusivamente por los militares, encabezados por el titular de la Unidad de Delitos contra la Salud, Gerardo Salazar Bolaños. Y el general sí estaba en el SIEDO, abajo de su oficina. Salinas dice desconocer si el presidente Calderón estaba al tanto y el grado de involucramiento de la exprocuradora sobre el caso, pero recuerda que Salazar Bolaños trabajaba con ella desde antes de llegar al máximo cargo de la PGR.

Relata que una vez hecho público el caso de los generales detenidos, Morales le preguntó directamente su opinión sobre el expediente y él le respondió que las pruebas eran insuficientes, pero nada detuvo el caso.

Los dichos de Salina cimbran al poder que se fue y al que aún está. La PGR dice tener abierta una averiguación por el caso armado con el testigo protegido “Jennifer” contra los generales. Aún faltan capítulos en esta historia.