Góber gasolina Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

En 2007, al inicio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se generó una gran controversia. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) tuvo la intención de que Petróleos Mexicanos (Pemex) hiciera públicos los planos de los ductos por los que transportaba gasolina.

Hubo jaloneo entre ambas instituciones. Pemex no quería, argumentando razones de seguridad nacional y vulnerabilidad ante el robo de combustible porque los criminales, con un clic en internet, podrían saber exactamente dónde perforar.

Un ataque los agarró en el “estira y afloja”. A principios de julio de 2007, la guerrilla Ejército Popular Revolucionario (EPR) patrocinó ocho explosiones en ductos de Pemex.

La idea de hacer públicos los trazos de los ductos de Pemex quedó congelada por miedo a más atentados de este tipo.

Pero dos años bastaron para que la opinión gubernamental cambiara.

Lo que no lograron el IFAI ni el EPR, guardada la debida proporción, lo consiguieron ¡los gobernadores!

Con el argumento de hacer un atlas de protección civil de colonias en las que pasaran por debajo ductos que pusieran en riesgo a la ciudadanía, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) negoció un convenio con Pemex para recibir los mapas de los ductos. Fue en 2009. Por la Conago firmó su entonces presidente, Mario Marín, el mandatario de Puebla mejor conocido como el “Góber Precioso”, involucrado en escándalos de pederastia, denunciado internacionalmente por perseguir periodistas y recientemente apuntado para retomar su carrera política en su partido, el PRI.

Según el protocolo firmado por Pemex y la Conago, habría un firme resguardo de los documentos para evitar que cayeran en manos indeseadas y también habría distintos niveles de acceso a ellos, con claves secretas y toda la cosa.

De acuerdo con fuentes de inteligencia del Gobierno federal actual, nada de eso sucedió. Y los planos estratégicos de Pemex terminaron en manos de gobernadores, secretarios estatales, alcaldes, ayudantes… delincuentes.

Hacen notar que las cifras oficiales sobre robo de combustible dan un salto justo en 2009 y se desatan hasta llegar a la actualidad: 17 mil millones de pesos en 2014.

El asunto va mucho más lejos. En las carpetas de inteligencia sobre este tema, que cada vez es de mayor preocupación para la administración Peña Nieto, aparecen fotografías que captan aparentemente robando combustible a bandas organizadas de delincuentes y narcotraficantes, pero también vecinos que aprovechan el desorden para llenar sus bidones en los borbotones de las fugas que deja la ordeña ilegal, empresarios transportistas que cargan sus pipas para luego vender el producto como “derecho” y ¡hasta militares!

SACIAMORBOS

Cosa de quince personas ejecutadas en un predio de Guanajuato. A la sorda. Fue una disputa por el robo de combustible. Presuntamente una red que va de Guanajuato hasta Tamaulipas, pasando por San Luis Potosí.

 

Carlos Loret de Mola
ENE 29

Los forenses del Quijote, a Ayotzinapa Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

No han querido que se sepa. Ambas partes guardan sigilo. Saben que el tema es especialmente sensible. Pero de primera mano sé que el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ha establecido contacto con uno de los jefes del equipo científico forense que logró encontrar e identificar los restos de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de “Don Quijote de la Mancha”, fallecido en 1616.

La búsqueda de evidencias sobre el destino final de los normalistas de Ayotzinapa continúa, y la tecnología y los conocimientos del grupo español pueden ser un aporte clave.

Según la información a la que tuve acceso, el equipo de forenses encabezado por el reconocido Luis Avial, propone emplear un método llamado “sonar de barrido lateral”. Consiste en que a través de aviones no tripulados se realiza un mapeo de una superficie terrestre o cuerpo de agua.

Los especialistas ibéricos tienen en la mira volar los drones sobre el río Cocula, donde podrían existir más restos óseos y quizá en mejor estado, a los que habría en dado caso que realizarles nuevas comparaciones de ADN.

El acercamiento se dio por intermediación de Petróleos Mexicanos (Pemex). Una parte del equipo de peritos españoles que sigue laborando en Madrid sobre los restos del también apodado “Manco de Lepanto” está de gira de trabajo en México para ayudar a Pemex en la detección de contaminación subterránea.

Los especialistas están echando mano de sus instrumentos para detectar fugas no visibles desde la superficie, que son originadas por rupturas en las tuberías a través de las que se transporta el combustible.

Para hallarlas, utilizan las técnicas de termografía infrarroja y georradar. Una vez que las ubican, un segundo comando de ingenieros entra en acción y repara el problema.

Aunque en México están haciendo esta labor ecológica, en España son más conocidos como peritos en asuntos policiacos. Por eso es que, aprovechando su estancia en nuestro país, se realizó el contacto con la Procuraduría General de la República.

Para la tarea que vislumbran en Guerrero, necesitarían reforzarse trayendo de España al grupo forense que encabeza Francisco Echavarría, quien está en Madrid realizando los últimos trabajos en el caso de Cervantes Saavedra. Se espera que en cosa de una semana, el equipo de especialistas de varias disciplinas que intervino en el hallazgo dé a conocer oficialmente los resultados sobre el análisis de los restos que hoy se presume son de uno de los más grandes escritores que ha dado la lengua española.

Un grupo como este, acreditado nacionalmente en España por sus contribuciones a los más escabrosos crímenes y que ha ganado respeto internacional por el caso de los restos de Cervantes, podría arrojar necesarias certezas en torno a lo sucedido a partir de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Al fin que desde lo de Cervantes han pasado cuatro siglos. Desde Ayotzinapa van apenas cuatro meses.

SACIAMORBOS

Para él, premio, lo que se dice premio… sería la Conade.

Carlos Loret de Mola
ENE 28

Las casas y nuestro “pato cojo” Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

Enrique Peña Nieto entra con el traje bien planchado y la corbata roja. Aspecto impecable, como siempre, tratando de combatir la creencia pública de que es un Presidente vapuleado. Algunos aplauden, otros gritan consignas. Devuelve discretamente los saludos hacia ambos lados del corto pasillo que lo lleva hasta su lugar: abajo del estrado, al centro, en una austera mesa individual, solos él y su abogado.

En la tribuna principal están legisladores famosos de todos los partidos. Algunas caras amigas. Otras no. Es la Comisión de diputados y senadores que revisa las operaciones de compra de sus casas. Están ahí para interrogarlo. Unos quieren ridiculizarlo hasta la renuncia pero no pueden ser tan obvios. Otros lo defenderán a morir, pero tratarán de no exhibirse en el intento. Alguno intentará llegar a la verdad. No es un banquillo, pero como si lo fuera. Y el Presidente de México está sentado. De ese tamaño el atractivo.

Fin de la escena.

El caso de las residencias del Presidente compradas a empresarios que fueron, son y quizá seguirán siendo contratistas de sus gobiernos no se resolverá con comunicados ni declaraciones argumentando que no hay nada ilegal.

El asunto va más allá: la sociedad exige que ese tipo de cosas —amparadas o no en la ley— ya no sucedan. Por ello el cuestionamiento de conflicto de interés, si no es que de actos de corrupción que tiene atorado al Presidente, quien luce hoy como un “pato cojo”, término usado en Estados Unidos para describir al Mandatario en la recta final de su gestión, cuando ha perdido influencia. El asunto es que el Presidente mexicano apenas lleva un tercio de su administración.

Desde luego que en el plano legal es deseable una indagatoria que revise todos los detalles del caso y dictamine si hubo acciones ilícitas. Pero ya sabemos cuánto tarda eso.

Antes, hace falta también generar en el público la sensación de que hay consecuencias ante actos inaceptables. Algo debe alimentar la esperanza de que en México no todo sigue igual. Quizá con un acto político audaz —como una comparecencia ante el Congreso— el gobierno pueda salir de la parálisis y sacudirse la pérdida de confianza. Un Congreso que cuestione. Un Ejecutivo que debata. Sí, un show. Pero un show con profundidad de sismo político. Sería inédito, pero de ese tamaño es el problema.

Se puede argumentar que los legisladores padecen del mismo mal, pero no es un asunto de autoridad moral personal sino de funcionamiento de las instituciones. En las democracias avanzadas, el Congreso —con todo y su carga partidista, con todo y sus escándalos propios, cada uno con sus formatos— airea la vida pública del país.

El Presidente compareciendo ante quienes por ley son representantes de todos los mexicanos sería una forma institucional y republicana de rendir cuentas y ajustar saldos políticos. Y no este triste juego donde unos piden la guillotina, otros se tapan los ojos y el acusado dice que no entiende qué hizo mal.

SACIAMORBOS

Como no pudo desmentir lo publicado organizó una campaña sucia en redes sociales. Cree que esconde la mano. Las huellas llevan hasta su Estado.

Carlos Loret de Mola
ENE 27

Candidatos bajo sospecha responden y aceptan Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

Al menos dos sólidos precandidatos a gobernadores están bajo sospecha. Uno del PRI y otro del PAN: Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, priista de Campeche, y Francisco “Pancho” Domínguez Servién, panista de Querétaro.

Sus casos fueron expuestos en el serial “Candidatos bajo sospecha” de esta columna en los últimos días. Se les ofreció réplica antes de publicar. Ninguno contestó sino hasta después de leerse en el papel.

De manera muy cortés y respetuosa, ambos aceptaron prácticamente todo lo que se reveló en estas “Historias de Reportero”. Y respondieron así a los señalamientos:

“Alito” Moreno confirmó que se reunió con Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, cuando esta empresa ya había sido intervenida por las autoridades. Abundó que el objetivo fue convencerlo de que colaborara con las autoridades para evitar el cierre del consorcio y la pérdida de 9 mil empleos que genera, dijo, en Campeche.

Informó que para tratar el caso también sostuvo reuniones con funcionarios públicos —cuya identidad no reveló, aunque afirmó que ninguno de la PGR—, pero aseguró que no lo hizo para buscar impunidad para Yáñez. Lo mismo hizo con empresarios a quienes tampoco identificó.

Acerca de los señalamientos de que “pasó charola” entre empresarios campechanos para su campaña electoral a cambio de gestionarles contratos en Pemex, aceptó que sí ha hecho cabildeos para que se queden inversiones del sector energético en su Entidad porque gran parte de su economía depende de la paraestatal. Precisó que en las cuatro elecciones en que ha participado recibió el financiamiento público y las aportaciones privadas permitidos.

Contextualizó que desde hace más de diez años su familia tiene negocios energéticos en Estados Unidos a través de la empresa First International Flow Control.

El otro caso. El senador queretano “Pancho” Domínguez habló de esta columna en entrevista banquetera con reporteros de su Estado.

Sobre si fue a patear la casa del gobernador, el priista José Calzada, admitió que hubo “incidentes recíprocos” con el mandatario pero “los platicamos en su momento y se aclararon los puntos de divergencia que, en efecto, hubo; no tengo más que respeto por el gobernador”.

Al preguntársele si esa bronca se debió a que buscaba evitar acción penal contra su hermano quien le disparó a una persona, Domínguez atajó: “Los temas de mi hermano los aclara mi hermano”. Sobre presiones suyas durante la negociación de la reforma energética, en busca de impunidad para su hermano, pidió “que le pregunten a los secretarios de Hacienda, Videgaray, y de Energía, Coldwell”.

Aceptó su relación con el polémico y denunciado empresario Javier Rodríguez Borgio; y acerca de las críticas en su contra por parte del ex dirigente nacional interino del PAN, el también queretano Ricardo Anaya, expresó: “Lo que dijo Anaya yo pienso que no lo dijo”.

SACIAMORBOS

En ambos casos hay indagatoria en manos de la PGR. En una de ellas, figuran hasta facturas de relojes carísimos.

Carlos Loret de Mola
ENE 22

¿Por qué se alarmó el Ejército? Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

En el Ejército se quedaron alarmados cuando supieron. Culparon al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, hombre de todísimas las confianzas del Presidente Peña, de haber prometido abrir los cuarteles militares a los padres de los normalistas desaparecidos.

Según fuentes bien informadas, el Ejército considera que dentro del movimiento de Ayotzinapa están metidos personajes vinculados con guerrillas mexicanas, quienes querrían entrar a los cuarteles no para buscar a los jóvenes sino para mapearlos, ubicar dónde guardan las armas y detectar flancos vulnerables por donde pudieran ser atacados.

Además, de acuerdo con un documento oficial que tengo en mi poder, el CISEN ubica como “objetivos de atención especial” (por sus presuntos nexos con la guerrilla o el narco) a 18 líderes sociales que han participado en las protestas con los padres de Ayotzinapa.

Un primer grupo presuntamente relacionado con grupos subversivos incluye a los hermanos Victoriano, Gabino y Obtilia Eugenio Manuel, y a Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez. El informe los identifica como integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y detalla que actúan públicamente por medio de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pha (OPIM).

También enlista a José Luis Arroyo, del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas, ligado a Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), y a Eulalia Eligio González, de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia (Renacid), a quien vincula con el Ejército Libertador Nacional (ELN).

El documento involucra a Victoriano y Gabino Eugenio Manuel con actividades de siembra, cultivo y trasiego de amapola y goma de opio; y el primero cuenta con órdenes de aprehensión. Su hermana Obtilia tiene ocho averiguaciones previas por robo, daño en propiedad ajena y secuestro, y Cuauhtémoc Rodríguez una por daño en propiedad ajena. Los cuatro han participado en protestas y han denunciado una estrategia contrainsurgente del Ejército frente al descontento por el caso Ayotzinapa.

Después incluye a “objetivos” de organizaciones sociales como Cirilo Plácido Valerio, dirigente de la disidencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y su hermano Bruno, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que cuentan con órdenes de aprehensión y averiguaciones por robo, secuestro y ataques.

También son “objetivos” Abad García y Eliseo Villar, de CRAC-PC; Ernesto Gallardo, de la UPOEG; Clemencia Guevara, del Frente Popular Revolucionario (FPR); Ranferi Hernández, del Movimiento Social de Izquierda (MSI); Ramos Reyes Guerrero y María Antonia Morales, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG-CNTE); Marco Suástegui Muñoz, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP); Nicolás Chávez Adame, de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG); y Abel Bruno Arriaga, del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecoddec).

Todos ellos, salvo Ramos Reyes, tienen órdenes de aprehensión o averiguaciones previas por delitos como robo, lesiones, allanamiento de morada, secuestro, motín, ataques a vías de comunicación. Gallardo tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, por secuestro y homicidio. El informe detalla que las autoridades locales no han hecho cumplir estas órdenes de arresto.

Por eso hay alarma y no los quieren en los cuarteles.

 

Carlos Loret de Mola
ENE 21

Asaltos, camiones y video Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

En un testimonio video grabado el pasado mes de diciembre se aprecia cómo un asaltante hiere con un arma punzo cortante, en por lo menos 15 ocasiones en escasos 30 segundos, al chofer de una ruta de camión suburbano.

Por unas cuantas monedas y billetes que no rebasaban los 500 pesos, el trabajador del volante estuvo a punto de morir y sigue recuperándose de las secuelas.

Si bien los choferes del transporte público son motivo condenas sociales —que no son para menos— debido a la irresponsabilidad con la que conducen las unidades, sería bastante arriesgado decir que todos son iguales. Los que intentan realizar su trabajo de la mejor forma se enfrentan a la situación descrita inicialmente, asaltos con violencia desmedida que ponen en riesgo también la vida de los tripulantes de estos camiones.

La empresa donde trabaja el conductor agredido cuenta con 200 unidades que ofrece el servicio principalmente a municipios como Tonalá y El Salto, donde se encuentran fraccionamientos alejados de la zona metropolitana de Guadalajara y que el único medio de transporte para quienes viven ahí, es el gigante de cuatro llantas.

Cuando observé la gran cantidad de grabaciones de asaltos y agresiones, llamó mi atención que quienes los cometían, son jóvenes de no más de 20 años a veces solos, otras en grupo, con pistola o cuchillo en mano, despojando de celulares, dinero y objetos de valor a hombres y mujeres, algunas de ellas con niños en los brazos, presas del miedo como estatuas de cara a sujetos desenfrenados que no les importa acabar con la vida de nadie con tal de cometer sus fechorías.

En el último mes del 2014 fueron 20 los atracos cometidos. En los primeros 15 días de este año iban 10 y con el evidente temor de que la cifra se incremente.

Fue un chofer de una de estas rutas quien perdió la vida el 6 de noviembre de 2013 a manos de tres hombres de “aspecto cholo” que abordaron la unidad como cualquier pasajero. En menos de un minuto, le dispararon por la espalda y se llevaron dinero y pertenencias del conductor. El homicidio ocurrió en la carretera a Chapala a la altura de la colonia El 13, en el municipio de El Salto.

Aquella noche existió una oferta por parte de los elementos de seguridad: cinco mil pesos a cambio de “poner a los batos que fueron”. Mediante esta extorsión policial —tema que amerita más espacio, tiempo y soluciones—, rápido dieron con dos que llevaron ante las autoridades.

Existe el temor de la protección e impunidad por parte de policías a estos delincuentes en una mezcla dañina para los usuarios del transporte y en un capítulo más de un tema difícil de resolver: inseguridad al acecho y perjuicio colateral de los encargados de la seguridad.

Carlos Loret de Mola
ENE 20

Candidatos bajo sospecha / Parte 3 Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

No hay en Querétaro quien no levante las cejas cuando se menciona el nombre de Javier Rodríguez Borgio.

Empresario en sus cincuentas, multimillonario gracias a sus 100 gasolineras donde detectaron millonarias evasiones de impuestos, propietario de la red de casinos Big Bola, dueño de un terreno donde la autoridad incautó pipas robando combustible de Pemex, ex accionista mayoritario de Caja Libertad contra la que la Federación abrió una investigación por lavado de dinero, socio de Oceanografía, se diluyó de la escena pública desde que le reventaron de golpe todos estos escándalos.

Bueno, en realidad hay alguien en Querétaro que no levanta las cejas. Es el senador Francisco Domínguez, quien está por convertirse en el candidato del PAN al gobierno de esa Entidad y tiene una posición competitiva en las encuestas.

Francisco Domínguez, incluso después de que estallaron estas denuncias, refrendó públicamente su amistad y colaboración con Rodríguez Borgio. Hasta confesó que había aportado a su campaña.

A “Pancho” Domínguez, así lo conocen todos en Querétaro, no lo quieren en el PRI. Resulta obvio. El otro es panista y adversario del actual gobernador, José Calzada. Su administración le reclama haber ido a patear la casa del mandatario estatal después de que la Procuraduría local persiguió a su hermano por haber disparado (sin herir) contra un hombre con quien mantenía una disputa económica.

También resulta obvio, pero por esto tampoco lo quieren en el gobierno federal. Fuentes involucradas en la negociación de la reforma energética revelan que amagó con cabildear en el PAN contra esta reforma si procedía el caso contra su hermano.

Otras agregan que cabildeó en la reforma a favor de empresarios del sector que, especulan, le sabrán recompensar sus gestiones ahora que requiere financiamiento para su campaña. Incluyen en la lista a Oceanografía.

No lo quieren en el PRI. Qué más le da. Él es panista. El asunto es que tampoco lo quieren en el PAN, en la dirigencia nacional.

El actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Ricardo Anaya, es queretano. Hubiera querido para él la candidatura que hoy “Pancho” Domínguez tiene en la bolsa. Según me han revelado algunos de sus interlocutores, en privado Anaya se expresa terriblemente de Domínguez.

Curioso. Si consolida su candidatura, se enfrentará a quien seguramente será el abanderado del PRI: Roberto Loyola, favorito del actual mandatario Calzada y hermano de Ignacio Loyola, quien fue ya gobernador de ese Estado… pero por el PAN.

Esta columna envió desde el 9 de enero a la oficina del senador Francisco Domínguez preguntas concretas sobre los datos contenidos en esta entrega, en busca de sus comentarios. No hubo respuesta.

Carlos Loret de Mola
ENE 20

Candidatos bajo sospecha / Parte 2 Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

Se llama Alejandro Moreno Cárdenas. Tiene 39 años. Quiere ser gobernador de Campeche y tiene la postulación del PRI en la bolsa porque va arriba en las encuestas.

Sin embargo, dentro de su partido y el Gobierno federal no despierta todas las confianzas: en los debates sobre si asignarle la candidatura, algunos alertan de las denuncias en su contra y otros advierten el peligro de que si el PRI no lo postula, otro partido lo haga y les arrebate el Estado.

Con su caso en esta columna se continúa el serial sobre algunos de los polémicos protagonistas de la contienda electoral que está por iniciarse.

Le dicen “Alito”. Se encumbró el sexenio pasado gracias a su cercanía con el entonces secretario de Gobernación, el panista Juan Camilo Mouriño (qepd), y su familia. Los Mouriño tienen negocios y vínculos con Campeche. A pesar de ser priista, “Alito” les fascinó por haberse construido con su propio esfuerzo y por tener un carácter muy divertido.

Cuando murió Juan Camilo muchos pensaron que también quedaba sepultada la carrera del joven senador Moreno Cárdenas. Pero no. Lo había colocado en un sitio privilegiado: cerca, cerquita de Oceanografía, la multimillonaria empresa energética favorita del Gobierno federal anterior.

En la elección de 2012, empresarios campechanos denunciaron que “pasó la charola” entre varios de ellos y recolectó 200 millones de pesos para su campaña a diputado federal. Les ofrecía a cambio contratos con Pemex, que gestionaría primero a través de Mario Ávila Lizárraga, y al caer en desgracia éste, a través de su propio hermano que —les juraba— ocuparía el mismo puesto, cosa que nunca sucedió.

Según las fuentes del más alto nivel, ya en la administración Peña Nieto cuando reventó el escándalo financiero del fraude de Oceanografía, Moreno Cárdenas aprovechó sus contactos para personalmente cabildear a favor de Mario Ávila, ex subdirector en Pemex, perseguido por fraude.

Los mismos informantes muy bien colocados en el Gobierno federal revelan que luego hizo lo mismo para Amado Yáñez, el dueño de la empresa. Que incluso usaba el avión de Yáñez para volar de México a Miami a verlo y discutir su estrategia política, jurídica y mediática: consiguió citas con al menos cuatro de los más poderosos cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto para negociar el caso del empresario.

Los hombres de negocios en Campeche hoy sospechan cosas mucho peores de Moreno Cárdenas, Ávila Lizárraga está libre, Yáñez vive en el Reclusorio Sur del Distrito Federal y “Alito” tiene medio pie en la gubernatura de Campeche.

Para la elaboración de esta columna fue contactada la oficina de Moreno Cárdenas, en busca de su versión sobre las diversas acusaciones en su contra. Desde el pasado 9 de enero le fueron enviadas preguntas concretas sobre lo aquí relatado. No dio respuesta.

SACIAMORBOS

Con base en lo que hasta ahora ha investigado su oficina especial, la CNDH no ha encontrado nada mayormente diferente a lo expuesto por la PGR como sus conclusiones del caso Ayotzinapa. Pero el expediente está abierto y la investigación en curso.

 

Carlos Loret de Mola
ENE 15

Candidatos bajo sospecha / Parte 1 Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

Desde que hacía campaña electoral en 2012, el PRD y su candidato presidencial, López Obrador, fueron advertidos de que su aspirante a la alcaldía de Iguala, José Luis Abarca, tenía vínculos con el crimen organizado. La autoridad federal lo tenía también bajo seguimiento. Dos años más tarde, Ayotzinapa.

Ahora que ha arrancado la carrera electoral nacional, existen sospechas sobre varios protagonistas de distintos partidos. Hoy en esta columna, el primer caso.

Mauricio Fernández Garza, empresario y político panista que ha ocupado dos veces la alcaldía del municipio más rico del país —San Pedro Garza García, Nuevo León— busca ser candidato del PAN para una tercera gestión. Sobre él existe desde 2009 una investigación de la PGR, que está reviviendo, por supuestos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva.

La averiguación, a la que he tenido acceso, expresa que el narcotraficante Alberto Mendoza Contreras “El Chico Malo” dijo a la PGR que contactó con Fernández Garza en noviembre de 2009 y acordó con él ser informante de su gobierno a cambio de 300 mil pesos mensuales para él y otras dos personas, una de ellas Luis Cortés, a quien acordaron nombrar subsecretario de Seguridad Pública municipal.

En reacción a esta columna, Fernández Garza no negó el contacto con “El Chico Malo” y agregó que Cortés fue el responsable de inteligencia y pagos a informantes, que reportaba al secretario de Seguridad, general retirado Gonzalo Adalid, pero dado que ya falleció “lo que se le haya pagado o no al señor Mendoza es información que yo no poseo”.

Existe una declaración del testigo protegido “Ruperto”. Afirma que el cártel de los Beltrán cobró 5 millones de dólares por dar seguridad al municipio de San Pedro durante el gobierno de Fernández Garza, con quien dijo haberse reunido dos veces. El panista contestó que eso es totalmente falso.

Otra declaración ministerial es la de Sergio Villarreal Barragán “El Grande”. Señala que Mendoza le comentó a Arturo Beltrán que el alcalde estaba “a la orden”. Luego, dice que Beltrán ordenó matar a “El Negro” Saldaña, y fue él quien le avisó a Fernández Garza de su muerte. En su segunda toma de posesión, el panista sorprendió al anunciar esa ejecución… tres horas antes de que las autoridades hallaran el cadáver.

Otro narcotraficante, Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”, declaró que Mendoza obtuvo permiso de Arturo Beltrán para trabajar con Fernández en un llamado “Grupo Rudo” y afirmó que el alcalde pidió apoyo a ese cártel para mantener fuera del municipio a Los Zetas y “quitar” al Negro Saldaña.

Al respecto, Fernández Garza dijo que Saldaña “fue encontrado con un letrero que decía que lo habían ejecutado por “secuestrador” por lo que el motivo de su muerte está por demás claro… Yo en mi vida hablé con ningún Beltrán Leyva, ni jamás he tenido ningún tipo de contacto con ningún capo”. Y comentó que el Grupo Rudo fue un concepto de “poca tolerancia” hacia el crimen que dio “magníficos resultados”.

SACIAMORBOS

Mañana, un caso del PRI.

Carlos Loret de Mola
ENE 14

Falsos “Charlies” Por Carlos Loret de Mola carlosloret@yahoo.com.mx

El ataque criminal contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo, en el que fueron asesinadas doce personas, ha provocado una ola mundial en defensa de la libertad de expresión.

La respuesta de la sociedad francesa y europea ha sido casi unánime y la movilización, ejemplar. En México se han producido manifestaciones de solidaridad.

Irónico que aquí la frase “Yo soy Charlie” se abrace con tanto entusiasmo mientras se calla ante ataques arteros a la libertad de expresión en nuestro país.

En algunos territorios periodísticos existe una defensa a ultranza de la libertad de expresión… para quienes piensan igual o pertenecen a la misma cofradía ideológica, política o de intereses económicos empresariales.

Curiosa su defensa de la libertad, en la que justifican y aplauden la intolerancia y los ataques a periodistas cuando son cometidos por sus afines: desde linchamientos de líderes políticos contra sus críticos hasta las vejaciones y humillaciones orquestadas por grupos magisteriales contra periodistas que no se pliegan a su propaganda.

Quienes piensan como ellos son héroes de la libertad. A quienes piensan distinto no les otorgan ese derecho.

“Yo soy Charlie”, exclaman con la misma emoción con que defienden a sus cófrades, a sus camaradas, a sus gemelos ideológicos, a sus compañeros de militancia.

Y hasta ahí llegan.

Algunas y algunos periodistas mexicanos, campeones de la corrección política, defienden la bandera de las víctimas mientras alimentan el pensamiento de los victimarios. A veces lo hacen por convicción propia y a veces por intereses de camarilla o por impulsar las posiciones del grupo económico que los cobija.

Por ello, en realidad su grito es de intolerancia, de acatamiento del pensamiento autoritario que dicta lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto e imparte bendiciones a quienes se ajustan a sus cánones y maldiciones, y desde una superioridad moral autoasignada, condenas a quienes se niegan a hacerlo. Igual que los terroristas que intentaron acallar con balas la crítica.

Durante las manifestaciones en Francia, muchos se expresaron en contra de la posición editorial de Charlie Hebdo pero marcharon para defender el derecho de los colaboradores del semanario a caricaturizar lo que opinan. Libertad de expresión en serio, pues.

En los países con mayor tradición democrática se discuten los límites de la libertad, el derecho a la ofensa, al insulto, lo sagrado del derecho a opinar, satirizar y mofarse de lo público. Lo que no está a discusión es que resulta absolutamente inaceptable la violencia contra quien sea por expresar públicamente su visión del mundo, su opinión, su ideología, su parecer.

Ojalá en México se entendiera eso. Los fanatismos son por naturaleza opuestos a la democracia porque no aceptan la existencia de maneras distintas de pensar. Quienes no comparten su doctrina merecen ser acallados y si no, eliminados.

SACIAMORBOS

Los nombres los pone usted.

Carlos Loret de Mola
ENE 13