Ley de Amparo Viernes, 15 Febrero 2013 por Sergio Aguirre

A diferencia de la Ley de Víctimas, la nueva Ley de Amparo (pendiente sólo de su aprobación final en el Senado [que se da por un hecho]) sí requiere de algunos pocos ajustes, o bien de interpretaciones pertinentes para funcionar.  La Ley de Víctimas por su parte necesita de una modificación casi absoluta (quizá lo único rescatable sea el título de la ley) para que sea útil, y no sólo represente un nuevo abrevadero de abuso de ley para abogados de pocos escrúpulos.   

En concreto la Ley de Amparo contiene (además de beneficios para la población como la posibilidad de asirse sin necesidad de litigar, a los criterios contenidos en las sentencias del Poder Judicial de la Federación [excepto en materia tributaria]; algunas nuevas estructuras para su mejor funcionamiento; disminución de formalidades; y una mayor amplitud para ejercer la acción de amparo, etcétera.) un par de cuestiones polémicas.

La suspensión del amparo (no del amparo mismo) se limitará para giros en específico y para aquellos que operan con alguna concesión del gobierno. La suspensión es una medida precautoria que procura en la medida de lo posible, detener situaciones jurídicas para que no dañen al solicitante (como una especie de juego a los encantados de acuerdo a las ideas de Góngora Pimentel).

Por su parte, el otorgamiento del amparo implica (también en la medida de lo posible) la eliminación con retroactividad (hacia el pasado) del acto impugnado. En otras palabras, no hay una extirpación total de derecho. En todo caso, la ausencia de suspensión (que además no es absoluta ya que contiene una prudente excepción) requerirá para las autoridades un especial cuidado en la regularidad licitud y validez de sus actos. En caso de perder  la autoridad el amparo correspondiente, ya sea en la misma vía del amparo o mediante  normas de responsabilidad patrimonial del Estado, el particular afectado por la medida legal, podrá solicitar se le indemnice.

El problema es el bloqueo que las figuras indemnizatorias. Desde que la responsabilidad  patrimonial del Estado se insertó en nuestro sistema jurídico (2004) todas las autoridades (incluyendo todos los niveles y poderes) se han dedicado a hacer nugatorio o impracticable ese derecho. Las autoridades en estos casos han actuado como abogados chicaneros de sepa y los tribunales han respondido con ignorancia, mala fe o temores injustificados. Ojalá esas actitudes cambien.

La otra medida polémica es la redacción de una disposición que de ser mal entendida o interpretada (por desgracia esto es común) permitiría a la autoridad actuar con (más)  arbitrariedad. ¿Cómo? Permitiendo a la autoridad “completar” la fundamentación y motivación al momento de rendir su informe justificado. Si se llega a colegir por los tribunales que esta disposición permite a las autoridades mejorar la fundamentación y motivación, ocurriría un trágico retroceso en materia de derechos humanos. Habrá de estar al pendiente.

Benedicto XVI

En una época (la modernidad) caracterizada por la “posibilidad” de toda utopía, sorprende el reconocimiento de los propios límites. Y más aún cuando, el reconocimiento versa sobre un cargo de  (además de la espiritual) relevancia política global. Y mucho más en México, donde la política se encuentra tan degradada, que la renuncia oportuna no ocurre por ser (me imagino) muy mal vista.