En la reciente visita del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se definió el respaldo, asesoría y apoyo que el país sudamericano brindará al nuestro en el combate a la delincuencia y el crimen organizado.
Los últimos gobiernos de Colombia —con apoyo que Estados Unidos ha destinado desde el año 2000 a través del Plan Colombia y la inyección de ocho mil millones de dólares— consiguieron estabilizar la caótica realidad que padecieron, y usted saque sus propias conclusiones sobre los grandes retos que tendrá Peña Nieto con el escenario actual del México calderonista.
En la década de los ochenta renació el narcotráfico en el país cafetalero, la guerrilla se involucró con los cárteles y el problema cobró otra dimensión. Las Fuerzas Armadas no tenían cómo contrarrestar el embate y años después, el entonces presidente César Gaviria comete el histórico error de expedir un decreto que derivó en la formación de grupos paramilitares, que junto con la guerrilla se convirtieron en uno solo, el resultado: más narcotraficantes.
El problema se hizo más grande. En 2002 llega al poder Álvaro Uribe con el compromiso que hizo en su campaña de fortalecer y depurar al Ejército.
Desde el inicio de la debacle colombiana hasta la actual estabilidad que viven, marcada por la preocupación de Estados Unidos ante el riesgo que representaba el deterioro de la democracia en el mandato de Andrés Pastrana, tuvieron que pasar 22 años. Sí, efectivamente las realidades e historia en ambos país es distinta. Aquí no hay grupos paramilitares, pero lo más cercano son los actos violentos del narcotráfico a los que ya nadie está exento; aquí no hay guerrilla que se manifieste a cada momento con actos terroristas por doquier, pero nada le piden los ataques y atentados —otra vez— del narcotráfico, que hemos visto en cualquier parte del territorio de México en los últimos años.
Son varios los puntos medulares de los resultados favorables en Colombia: primero, la depuración no sólo de los elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad ligadas al narcotráfico; segundo, la destitución de jueces a la orden de los cárteles, y tercero, la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, aunque hoy esté cuestionándose su mecanismo por las supuestas bajas condenas que negocian.
En la actualidad mexicana, mientras que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, anuncia la destitución de 65 mil agentes policiales y Marisela Morales en la Procuraduría General de la República continúa con el “saneamiento” de su dependencia, estamos ante el inminente cambio de la administración federal, de la incertidumbre sobre el futuro que pueden tomar estos elementos (ingresar a las filas delictivas) y de frente a buenas intenciones asesorados por los colombianos que ya pasaron por algo similar.
Sin embargo, no olvidemos exigir una propuesta real destinada a programas de intervención social. Esto fue lo que mejor funcionó en Colombia, sus ciudadanos y su gran anhelo de recobrar la paz.
