Es cierto: no hemos llegado a los niveles de violencia de otros estados, como Tamaulipas, Chihuahua o Nuevo León. Pero eso no es consuelo. La violencia va en ascenso en Jalisco. La crueldad con que se cometen los crímenes, también. Los cuerpos sin vida dejados en Los Arcos y luego en Ixtlahuacán de los Membrillos, los dos bloqueos en la Zona Metropolitana y en carreteras del Estado, con la quema de vehículos, son tragedias y agresiones que no conocíamos en esa magnitud. Las cuatro han ocurrido en el último año.
Pareciera la despedida oscura, llena de miedos y lutos de un sexenio que será recordado por su sangriento saldo. ¿Cómo lo justificará Felipe Calderón en su último Informe de Gobierno? ¿Cómo hacerlo ante más de 50 mil cadáveres y miles de desaparecidos? ¿Cuánto dolor ha costado una estrategia fallida que no garantizó la seguridad pública, pero que sí dejó un país herido? ¿Qué relación tuvo tanta violencia azotando cuerpos, mentes y espíritus como para que el PAN perdiera en las elecciones pasadas la Presidencia de la República?
En la Zona Metropolitana de Guadalajara se perciben de manera menos cercana los efectos de la violencia, en comparación con lo que sucede en cientos de pueblos y rancherías de Jalisco. En comunidades como Jocotepec, en pueblos como Tototlán, en municipios perdidos como Jilotlán de los Dolores, o lugares marginados como Santa María del Oro, en sitios serranos pegados a Michoacán como Pihuamo, o en Atotonilco o en numerosos puntos del territorio jalisciense, los grupos delictivos operan, vigilan, supervisan, entran y salen, atacan, dominan, intimidan, extorsionan.
Un nuevo fenómeno empieza a ocurrir en pueblos y municipios de Jalisco aledaños a Zacatecas y Michoacán: el desplazamiento de familias, el abandono de sus viviendas para huir de la violencia. Es otro tipo de emigración. No son ya solamente personas que dejan sus hogares para trasladarse a Estados Unidos como migrantes en busca de mejores condiciones de vida. Esta emigración, la actual, la reciente, es la de quienes saben que son víctimas potenciales de los grupos delictivos, o ya han sido víctimas luego de alguna muerte, balacera o secuestro; que intuyen o saben quiénes son los victimarios, y que mejor prefieren proteger su seguridad o la de sus familias.
La huida de jaliscienses a otros pueblos, a otros estados o a la Zona Metropolitana es un delicado fenómeno que no se ha contabilizado, no se ha registrado, no se ha narrado. Pero está ocurriendo. A cuenta gotas en algunos casos, micro en otros. Esos desplazamientos suelen ocurrir cuando ocurre una guerra entre dos bandos. Un rasgo es que ahí se ha utilizado armamento propio de un conflicto bélico. En esos sitios se percibe un vacío de poder de la autoridad, que formalmente existe, pero que sólo administra pero no gobierna, no ejerce su dominio porque simplemente carece de la fuerza que legitima y da un Estado poderoso. Ese vacío de poder lo llenan, durante ciertos lapsos, grupos delictivos al acecho. Eso es grave.
