La propuesta de reforma política de los senadores del PAN y PRD, presentada el pasado miércoles 15 y que tanto escoció a la dirigencia nacional panista, consta de 30 puntos que serían medulares para –decía ese día el senador panista Roberto Gil Zuarth– “una renovación profunda del sistema político y del sistema electoral en nuestro país”.

Ese miércoles, en la conferencia en que también estuvieron Miguel Barbosa Huerta y Ernesto Cordero Arroyo, pastores de los senadores perredistas y panistas, respectivamente, terció un viejo conocido de la clase política del país, Manuel Camacho Solís, quien enumeró entonces los 30 puntos aquellos, que presentó bajo la denominación de “agenda mínima para defender y profundizar la democracia”.

Las propuestas, sin duda, son unos mazazos al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto, a propósito de cómo éste llegó a la Presidencia de la República: con inobjetables trampas, chapucerías, compra de las televisoras y compra de los votos.

Ningún  punto tiene desperdicio. Esto quiere decir que si se aprobase una reforma de este tipo, México podría ser considerado por fin como un país con instituciones auténticamente democráticas.

He aquí los 30 puntos:

“1.- Fiscalización anticipada y durante la campaña de todos los recursos de los que dispongan los partidos y sus candidatos. 2.- Pérdida de la candidatura y del registro para el partido en caso de rebase de topes durante la campaña; la nulidad de la elección, destitución del cargo e inhabilitación del candidato para concurrir nuevamente a la elección de que se trate, cuando el rebase se acredite una vez concluido el proceso electoral. 3.- Obligación de los partidos políticos de revelar posibles conflictos de interés de los candidatos por su relación con poderes económicos relevantes. 4.- Sanción penal por la transmisión de propaganda o publicidad encubierta. 5.- Revocación inmediata de la concesión de radio y televisión cuando el medio intervenga ilegalmente en campañas electorales.

“6.- Nuevos tipos penales y sanciones severas a la compra y coacción del voto. 7.- Flexibilización de la entrega y sustitución de promocionales de radio y televisión, así como establecer la celebración obligatoria de debates en todos los niveles de la competencia electoral. 8.- Obligación de los encuestadores de publicar y revelar la metodología, las fuentes de financiamiento y potenciales conflictos de interés con partidos, candidatos, gobiernos e intereses económicos o mediáticos. 9.- Autonomía constitucional a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y a la Fiscalía Anticorrupción para castigar el uso de los recursos y programas públicos por parte de servidores públicos. 10.- Facultad del Senado de la República para, a petición de las legislaturas locales o a instancia propia, desaparecer los órganos electorales locales y, en consecuencia, encomendar al Instituto Federal Electoral la organización de una determinada elección, cuando se acredite parcialidad o colusión con intereses de partido o de gobiernos locales.

“11.- Ley de partidos políticos que norme, con certeza y seguridad jurídicas, los procesos de toma de decisiones y los derechos de los militantes. 12.- Segunda vuelta electoral para elecciones presidenciales y de gobernadores. 13.- Gobiernos de coalición: inclusión de la figura del Jefe de Gabinete, ratificación congresional de todos sus integrantes y aprobación de convenio programático por ambas cámaras. 14.- Moción de censura a cargo de cualquier cámara para destituir al Jefe de Gabinete o a los integrantes del Gobierno. 15.- Sesiones de control semestrales (informes de Gobierno equiparables al que ahora se realiza los días 1 de septiembre) en las que el Presidente y su gabinete deberán comparecer ante ambas cámaras legislativas a debatir sobre su desempeño y a discutir la agenda prospectiva. 16.- Participación del Congreso en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y de los Programas Operativos Anuales.

“17.- Aprobación por parte del Senado de la Estrategia Nacional de Seguridad. 18.- Ley de propaganda gubernamental. 19.- Ratificación del Senado de todos los acuerdos internacionales suscritos por el Ejecutivo en materia de seguridad. 20.- Iniciativa razonada: obligación del Ejecutivo de comparecer a explicar las motivaciones y particularidades de las iniciativas legislativas que el Ejecutivo presenta al Congreso. 21.- Autonomía constitucional de la PGR. 22.- Eliminación del fuero o inmunidad para todos los representantes que hoy gozan de él, incluido el Presidente de la República. 23.- Reforma política para el Distrito Federal. 24.- Intervención de la Federación, temporalmente, en entidades con debilidad institucional para garantizar el orden público o la vigencia de las libertades.

“25.- Cuarto nivel de Gobierno: el Gobierno comunitario, con facultades concretas de decisión presupuestal, democráticamente electos y que funcionen bajo modelos de gestión participativa. 26.- Reelección legislativa y de autoridades municipales. 27.- Leyes reglamentarias de candidaturas independientes, iniciativa popular, plebiscito, referéndum y derecho de réplica. 28.- Creación de circunscripciones electorales indígenas para garantizar la representación en el Poder Legislativo. 29.- Cuotas obligatorias de género para hacer efectiva la paridad y sanciones a las prácticas de simulación. Y 30: Ampliación de los alcances del voto de los mexicanos en el extranjero”.

Obviamente para el PRI todo esto es peor que recordarle el 10 de mayo. Pero, ¿para el PAN? ¿Por qué se erizó tanto Gustavo Madero? Veremos.
 

La carestía súbita, infame, de los comestibles en México, fue este miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente, objeto de un debate aderezado con las cifras  amargas de la realidad. “Incrementaron 400% sus precios”, reiteraban opositores en la tribuna. “Y no hay quien los frene”, reclamaban, en alusión, primero, a los comerciantes, y, segundo, al Gobierno federal, que pasmado, sólo mira cómo la economía de millones de personas bajo pobreza alimentaria continúa sumergida en el ácido.

Un punto de acuerdo propuesto por Dolores Padierna, senadora perredista, encontró el eco inmediato de todos, incluido el astuto PRI. Un punto de acuerdo que consistía en exhortar a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que trabajen conjuntamente y confronten la carestía.

Dolores Padierna apuntaló: “A Economía le corresponde regular y estimular medidas de protección a los consumidores, y a la Profeco defender a los consumidores. Y a otras secretarías, como la de Agricultura y Desarrollo Social, les toca lograr que la comercialización, la distribución y el abastecimiento de alimentos básicos sea accesible a la población”.

Y entonces apostillaba: “¿Alguien sabe si estas secretarías, de acuerdo a como les manda la ley, se han reunido para establecer las acciones fundamentales y evitar la distorsión en los precios?”

Pregunta chorreante de jiribilla. Callaban los aludidos priístas. Y Dolores seguía encuerándolos: “A estas secretarías, encabezadas por la Secretaría de Economía, también les corresponde impulsar la producción de bienes y servicios que se consideran fundamentales para regular los precios. Al Gobierno federal le corresponde organizar la distribución y el consumo para evitar el acaparamiento, para evitar las intermediaciones excesivas que provocan el encarecimiento de los precios”.

Y aún había más. Padierna les dijo también: “Podrían aplicar la legislación para evitar la especulación, atacar decididamente a los especuladores, a los monopolios, a los oligopolios dedicados a la producción, distribución y comercialización de los alimentos; promover ingresos a los productores de alimentos para aumentar la oferta de los mismos y así reducir su precio, podrían enlazar las cadenas productivas, podrían promover cooperativas de producción y consumo en zonas marginadas, podrían hacer bancos de alimentos, podrían aumentar el poder de compra de la población para subsanar la pérdida del poder adquisitivo; hay mucho que se podría hacer, pero las autoridades no lo hacen”.

Silencioso el PRI, a cuyo mando estaba David Penchyna, el senador hidalguense que, por añadidura, es doctor en economía. Callaban porque contra la argumentación de Padierna no hay contra argumento.

Dolores les dijo también: “Estas acciones de política pública que podrían hacerse y las autoridades están más ocupadas o repartiendo despensas o estando peleando con los restaurantes en lugar de atender lo que les marca la ley”.

Ricardo Monreal asegundó al PRI, diciéndoles: “En las últimas semanas los consumidores han resentido el incremento generalizado en los precios de los alimentos en consumo diario: el tomate verde, 400% de aumento en una quincena; la cartera de huevos, de 30 pesos subió a 42. También subió el transporte público. También la lechuga, la cebolla, las verduras. Suben de manera criminal y no hay quien los frene”.

Fue él quien al pleno propuso, además, que el exhorto incluyera pedir la renuncia del titular de la Profeco, Humberto Benítez Treviño. “Entiendo que ustedes no van a ir por ahí”, dijo Monreal, ironizando hacia los priístas. “Ustedes se protegen entre sí. Son parte de la complicidad institucional”.

El senador guerrerense Armando Ríos Piter: “Esto no debe quedar como una llamada más. Estamos hablando de definir la forma en que las políticas públicas funciones en un país con más de 110 millones de mexicanos, de los cuales 20 millones no tienen la ingesta calórica diaria”.

Beatriz Zavala Peniche, diputada yucateca, panista, que fue también la secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Vicente Fox, aupó en su discurso la cruzada nacional contra el hambre, que se ha ocupado de municipios urbanos que casualmente tendrán elecciones en este año y a donde no hay pobreza alimentaria.

El senador del PAN Jorge Luis Preciado Rodríguez: “Hay dos opciones, tristemente para millones de mexicanos: irse a la delincuencia organizada o calentar este país como se está calentando. Es urgente tomar medidas”. Y apostillaba: “Se tiene hambre”.

David Penchyna, senador del PRI: “El problema del combate al hambre es una política trasversal que toca a más de ocho secretarías de Estado, cosa que no sucedía antes. Podemos discutir a qué zonas no ha entrado, pero no generalicemos porque las verdades a medias suelen convertirse en mentiras completas”.

Se defendía el PRI. Pero la realidad, realidad es.
 

El Congreso de la Unión sirve fundamentalmente para dos cosas: hacer leyes y ejercer el control político sobre el Ejecutivo Federal. Se ha hablado aquí de qué tipo de Congreso es cuando se trata de funcionar como el contrapeso constitucional en México. Da muchísimo que desear. Veamos ahora qué hace desde la óptica de la función legislativa.

A la función legislativa, que es la de construir o hacer leyes, se le pueden hacer dos tipos de mediciones: una cuantitativa y otra cualitativa, ¿por cuál quiere, lector, lectora, que comencemos?

Se los pregunto, muy queridísimos amigos y amigas, porque a los diputados y senadores siempre les ha encantado que sólo se haga el recuento cuantitativo. El cualitativo no tanto, porque éste los obliga a mirarse al espejo. Y no siempre lo que ven coincide con el retrato que el Artículo 52 constitucional ha hecho de ellos, como diputados y senadores: dice el artículo de marras que los diputados (y, por inferencia, también los senadores) son representantes de la Nación; pero cuando construyen leyes lamentablemente para la mayoría de la población  (en este espacio se insiste en las mayorías porque el sistema político mexicano se anuncia como democrático y responde supuestamente a los intereses de las mayorías y de las minorías sociales) no siempre los beneficios de dichas leyes les son favorables.

Si hacemos el recuento cuantitativo de resultados legislativos, veremos por qué dicen los diputados y senadores que han trabajado históricamente. Y si se tratara de medirles el trabajo de este modo, pues hasta habría que felicitarlos. Sacaron leyes que en otros momentos habían sido imposibles.

Verbigracia: la reforma laboral y la educativa, en el primer periodo ordinario de sesiones. Y, en el segundo periodo —del 1 de febrero del 30 de abril—, cuando menos media docena de reformas constitucionales igual de complicadas que las dos anteriores. Complicadas porque requerían de un acuerdo político previo, con características que no se habían dado desde hacía muchos años. Bueno, no tantos: desde los tiempos de Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1995.

Y, claro, además de estas reformas constitucionales que sin duda cambiarán el modo de caminar de la República, les acompañan cuando menos otras 120 reformas de decretos de leyes secundarias.

Entre las leyes más sobresalientes, al margen de sus costos y beneficios, que las dos Cámaras aprobaron, figuran: reforma laboral, reforma constitucional en materia educativa, reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, reforma constitucional en materia de arraigo, reforma al 27 constitucional para la privatización de playas y zonas fronterizas, reforma constitucional en materia de inmunidad de servidores públicos, reforma a ley en materia de atención y protección  de los derechos de las víctimas.

Ratificaron las dos cámaras la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, se facultó al ministerio público federal (Procuraduría General de la República) para que atraiga delitos cometidos contra periodistas, se reformó la Ley del Seguro Social para homologar la información que se entrega, en materia salarial, al SAR y al IMSS…

Costos y beneficios

El recuento cuantitativo es agradable para los legisladores, porque no se les miran los detalles a tales procesos legislativos y es lo más parecido al cacaraqueo político que suelen hacer para que la población diga que están trabajando.

Pero cuando se trata de revisar los efectos, consecuencias, que tienen cada una de las decisiones legislativas, es ya otro cantar por supuesto. Y es allí donde no les gusta mucho, porque rigurosamente la revisión de una ley tiene que considerar los costos y beneficios que alcanzaron con su aprobación.
 

El Congreso mexicano, si cumpliera rigurosamente con su función constitucional de control político, tendría por fuerza mucho trabajo pendiente y urgente, a partir de la visita que acaba de hacer a México Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos de América.

Tendría, de entrada, qué exigir información fiel, verídica, al Presidente Enrique Peña Nieto sobre los compromisos que hizo con el visitante. Y asegurarse de que no le ocultaría absolutamente nada.

Después, el Congreso mexicano tendría que abocarse con mucha determinación a pormenorizar lo que los dos presidentes acordaron, y pronunciarse y aún servir de dique, en caso de que no estuvieran de acuerdo.

Estamos hablando, para desgracia de la República, de una posibilidad remota de que así sucediera, porque, lo sabemos todos, el Congreso mexicano —en ese tema central, neurálgico, de servir de contrapeso del Ejecutivo federal— siempre ha sido una institución debilitada por el presidencialismo priista, al grado de ser realmente un mero simulador de democracia, donde el poder preeminente siempre termina siendo el Ejecutivo federal.

Y ahora todavía más, a partir de que regresó el PRI y luego de que éste encontró rápidamente el método para terminar de partirle el eje a esa condición de contrapeso del Congreso, mediante el consabido Pacto por México.

Obama —ya lo dijo por ahí un diario capitalino— tuvo la presentación de un “rockstar”, y  se dio el lujo de arengar a la juventud mexicana a mirar hacia el futuro y a quitarse de estereotipos que siempre han saltado a la vera del camino en la relación entre mexicanos y estadounidenses.

En un principio, parecía que el discurso de los presidentes iba a tener como partes centrales los asuntos de la migración y el combate al crimen organizado. No ocurrió así en la superficie, aunque esto no quiere decir que no lo hayan tratado de manera explícita en sus conversaciones privadas, que las tuvieron.

Se dedicaron Obama y Peña a incursionar públicamente sobre temas como el de la educación y la economía. Y en ellos hicieron la reiteración de sus discursos. Pues el Congreso mexicano aquí también tendría mucha materia prima, si se empeñara en cumplir con su función esencial de control político.

Tendrían diputados y senadores, por fuerza, qué pedir explicaciones al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre los convenios en materia educativa que los dos firmaron, o insuflaron o impulsaron.

Obama habló de que intercambiarán estudiantes por miles —algo así como de 100 mil por cada país—, para insertarlos en universidades de uno y otro países.

Solamente este tema es de una connotación brutal para el país, y con motivaciones políticas, sociales, económicas y culturales más que suficientes como para llamar al Ejecutivo a informar con prontitud y veracidad sobre los detalles.

Los diputados y senadores mexicanos por fuerza tendrían que exigir cuentas al Ejecutivo, pero a la voz de ya, porque el tema de la educación mucho tiene que ver también con la identidad de un pueblo, de un país.

Ciertamente, sería muy bueno que la capacitación de nuestros jóvenes se mundializara, pero también sería muy importante discutir los perfiles de esa capacitación. Y preguntarse, de entrada, quién se la va a dar, si el sistema educativo mexicano o el sistema educativo de los Estados Unidos de América.

Hay una frase histórica de un embajador gringo en México que a principios del siglo XX decía que en realidad Estados Unidos ya no necesitaría invadir militarmente a México para hacerse de sus riquezas, si mejor se dedicara a educar a los hijos de sus gobernantes.

Ellos serían más pro imperialistas, más estadounidenses que los mismos estadounidenses, y ya se encargarían de entregar a su país sin necesidad de disparar un solo tiro.

Y como ejemplos patéticos, siniestros, en la historia de México y del cumplimiento de esa frase que ha sido una especie de maldición para el país, allí están los tristemente célebres ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Vicente Fox, éste último distinguido no por haber estudiado allá, sino por su doble nacionalidad: es mexicano y es gringo también.

Si el Congreso mexicano de veras fuera un contrapeso constitucional eficaz y digno, tendría que pedir de inmediato amplias explicaciones al gobierno de Peña Nieto en torno de este tema candente de la educación, y de cómo aprecia Estados Unidos que contribuirá con la educación de los jóvenes mexicanos.

Se nos olvidaba un pequeño detalle, por cierto. El Congreso está en receso; algo así como desactivado en los hechos. Y apenas si voces individuales podrían respingar y decir algo. Veremos.
 

Mal andará el mundo cuando, en todo el mundo, los periodistas se han convertido en noticia. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa,  aquí y en Europa el saldo es abrumador.

Mientras el Parlamento Europeo ha hecho público un recuento que hizo este viernes, 3 de mayo de 2013, sobre las agresiones que han sufrido los medios de información y los periodistas (12 mil 353 periodistas perdieron su trabajo en Europa por la crisis, y que el mundo es ahora más peligroso para los periodistas porque, sólo en 2012, murieron 88 asesinados, 879 están encarcelados, 1993 fueron amenazados o agredidos, 38 secuestrados y 144 blogueros encarcelados también), en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ayer mismo,  ha denunciado que del año 2000 a la fecha tiene registrados 84 asesinatos de periodistas en el país. De 2005 al martes reciente, 30 de abril, han sido contabilizadas 20 desapariciones de profesionales de la información y 39 atentados contra instalaciones de empresas periodísticas, de prensa, radio y televisión.

Ha apostillado la CNDH que de aquel saldo violento, 91% de los casos han quedado en la impunidad; es decir, sin el esclarecimiento de los hechos.  Y, además, la Comisión, que preside Raúl Plascencia, ha precisado que de 2010 a 2013 las autoridades que más quejas han provocado por violación de los derechos humanos de los periodistas, son: Procuraduría General de la República, Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y Secretaría de Gobernación. Y si se miran por entidades, la lista queda así: Distrito Federal, Veracruz, Chiapas, Estado de México y Chihuahua.

No ha sido todo. Este mismo viernes 3, la oficina en México de la organización gremial periodística Reporteros Sin Fronteras puso el dedo en esa llaga que no ha querido atender el Gobierno federal: los periodistas mexicanos agredidos, en su mayoría, lo han sido por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y por autoridades que ya se metieron en el ajo de la delincuencia organizada.  

Este viernes, Reporteros Sin Fronteras afirmó que la organización criminal Los Zetas han sido el dínamo siniestro que en Veracruz ha insuflado el asesinato de cuando menos nueve periodistas, de 2010 a la fecha, y de la desaparición de dos más.  Y, de plano, Reporteros Sin Fronteras ha acusado a Los Zetas de “obligar, con sus exacciones, a las redacciones locales a la autocensura y a los periodistas al exilio, así como de ejercer presión sobre las familias de sus víctimas para hacerlas callar”.

Las exacciones no son más que cobros ilegales, ruines, con mucha vileza, de extorsiones que pretenden aparecer bajo la careta de impuestos.

Día para las convergencias, al menos en el terreno declarativo. El Gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación dijo este viernes que “avanza en la protección a los periodistas y prueba de ello es que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal, con el fin de prestar mayor protección a los periodistas”.

Y remachaba, en voz de Miguel Ángel Osorio Chong: “Consciente del importante rol que los periodistas juegan en nuestra sociedad, el gobierno de la República reconoce que entre sus responsabilidades está proporcionarles la protección necesaria, a fin de que no se vean vulnerados en su integridad física y moral y puedan realizar las actividades propias de su labor”.

El jueves 2, en Nueva York, la periodista Marcela Turati, trabajadora de la revista mexicana Proceso,  dijo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante un encuentro con el titular de esa Organización mundial a propósito del Día Internacional de la Libertad de Prensa:

“El número de periodistas muertos y desaparecidos en los últimos años (en México) es de más de 70. Es un número alto para un país que se dice democrático, para un país no considerado formalmente en guerra. Aunque México vive una guerra. Los reporteros mexicanos nos convertimos en los últimos años, especialmente en el periodo del presidente Felipe Calderón, en corresponsables de guerra en nuestra tierra”.

Advertiente, Turati apostillaba: “Pero la guerra mexicana es diferente. No se muere en campos minados o en fuegos cruzados. En México hay una cacería de periodistas. Quienes se sienten incomodados con la información sacan a los periodistas de sus casas o, incluso, de sus oficinas, para secuestrarlos, torturarlos o matarlos”.

ESTRIBO

En la Cámara de Diputados, este viernes, la Comisión Especial de Programas Sociales informó que se reunirá este lunes 6 con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el objetivo de “generar acciones conjuntas en el funcionamiento y uso adecuado de los programas que eviten favorecer a candidatos o partidos políticos”.

Es un tema que escuece a la oposición por todos los flancos.  Y no es para menos, porque tanto el Pan como en las izquierdas se tiene la certeza, la convicción de que el PRI está en el poder presidencial porque corrompió a un sector importante de la sociedad, comprándole los votos… hasta eso, con cantidades ínfimas.
 

A estas alturas del conflicto magisterial en Guerrero, es para que el Congreso de la Unión ya hubiera abierto las puertas, de par en par, para escuchar a las partes involucradas; pero no sólo no lo hace, sino que calla y, con su silencio, se sube a los estribos de quienes simpatizan con la idea del autoritarismo y la represión.

El levantamiento contra la autoridad que los maestros de educación primaria del estado de Guerrero protagonizan en medio de un gravísimo riesgo de ser reprimidos, ha comenzado a llamar la atención literalmente en todo el mundo. Menos en San Lázaro y en Insurgentes Centro, las sedes de los diputados federales y senadores.

De modo inaudito, la gran mayoría de los 628 legisladores federales sigue haciéndose la occisa. Incluso cuando cada uno de ellos saben en su fuero interno que cometieron una gran tropelía la semana de diciembre  reciente, cuando aprobaron sin miramientos y sin reflexión la reforma constitucional del Artículo Tercero Constitucional, a través de la cual colocaron en punto de indefensión laboral al magisterio nacional. Y, de paso, abrieron la puerta de la privatización de la educación pública en México.

Fue un proceso legislativo resellada por la infamia. Jamás en diciembre los diputados y senadores revisaron, estudiaron, cotejaron o miraron la propuesta de reforma educativa presidencial a contraluz de ninguna técnica legislativa, para estudiar lo que todo legislador está obligado a estudiar: los costos y beneficios de una ley, cuando está en cierne, en construcción; en comisiones.

Diputados y senadores actuaron a trasmano, en conciliábulos, para no ser descubiertos o alcanzados. Y, con prontitud inusitada, no importando la gravedad de la decisión que iban a tomar votando, pues votaron y de inmediato turnaron la reforma de marras a los Congresos de los estados, adonde ellos mismos ya los esperaban. O sea, el PRI, el PAN y el PRD.

Siempre en México el proceso legislativo ha tenido mucho de farsa, de falsedad, de mentira, porque los representantes no suelen representar realmente a la gente a la hora de tomar decisiones, sino a los grupos de poder que están apoltronados ya sea en la Presidencia o en las cúpulas del Congreso de la Unión.

El Congreso mexicano, con sus excepciones, está plagado de legisladores que sólo responden a los intereses de los partidos más grandes, y que no necesariamente son los intereses de la República.

Fue tremendamente notorio y claro cómo la mayoría conformada por legisladores priístas, panistas, pvemistas y perredistas, para los efectos de la reforma educativa, rápidamente se subordinó al interés legislativo del Ejecutivo Federal. Y no preguntaron, no estudiaron, no calcularon. Sólo votaron como quería el Ejecutivo que votaran.

No es gratuita la acusación opositora desde entonces de que el Congreso se ha transfigurado en una Oficialía de Partes de la Presidencia de la República, y olvidó olímpicamente que en sus orígenes está como parte de su naturaleza jurídica- la obligación de servir de contrapeso al ejercicio del poder público.

Ayer, en los territorios del Congreso de la Unión retumbaba la insurgencia de los profesores del estado de Guerrero, insuflados por la ira, tras sentirse engañados por enésima ocasión. La más reciente: el Congreso estatal de Guerrero no incluyó la protección laboral como uno de sus reclamos más sentidos, y han salido por las calles de Chilpancingo muy airadamente.

Respingó el gobierno estatal, pidiendo ayuda al federal. Y el federal, o sea Enrique Peña Nieto, recogió de esa charola de plata el pedido del gobernador y se ha dispuesto a defender, dijo, el estado de derecho… Y, de inmediato, hay quienes ya se pusieron a festejar el regreso del autoritarismo, para desde allí reprimir al magisterio guerrerense.

Autoridades estatales y federales han dicho que el diálogo se acabó, dando por sentado que es hora de que comiencen a hablar los policías. Una pregunta, sin embargo, desde el sentido común, no la van a responder fácilmente: ¿por qué los gobiernos estatal y federal no apoyaron presupuestariamente en educación cuando los maestros guerrerenses se los pedían? Ahora les echan la culpa de todo, lo que también es sin duda una gran infamia.

No son trabajadores cualesquiera; eso lo tiene que ver el gobierno. Los maestros de primaria, aun con todas sus limitaciones, son hombres y mujeres muy queridos la mayoría por la población. Convendría a todos serenarse y ya no seguir acumulando demasiados fierros en la lumbre.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro ha dado ayer el trato de  “estorbo” a su presidente, el panista José Isabel Trejo Reyes, y ha sesionado —por convocatoria de los secretarios— para dictaminar la reforma a los artículos 27 y 32 de  la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y, también, para refrendar el dictamen en materia minera de reformas a las leyes de Coordinación Fiscal y Federal de Derechos, que el jueves aprobó la Comisión de Economía.

En dos horas y media, 25 diputados, de 32 (éstos, panistas, ausentes), sesionaron bajo la convocatoria de los secretarios, y han dado vuelta a los empresarios, votando por unanimidad, con sentido aprobatorio, un dictamen que obligará a las empresas del país a tener que declarar exactamente la misma información ante el SAT, en materia de Impuesto Sobre la Renta, como ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,  en materia de montos salariales.

Lo anterior significará que las empresas ya no podrán declarar ante el SAT que un trabajador equis gana, verbigracia, 10 salarios mínimos o 20 o 30 o más…, y ante el IMSS ese mismo trabajador ganar sólo uno, o dos. Así ha sido de desequilibrada la relación patrón-IMSS en la historia reciente, agudizada en los tiempos del panismo en la Presidencia de la República.

Los siete diputados del PAN que pertenecen al pleno de la Comisión de Hacienda, incluido entre éstos al que preside, el escurridizo panista José Isabel Trejo Reyes, de plano ni se presentaron, justificándose con el argumento de que esa jugada a la Iniciativa Privada (IP) recalará negativamente en las empresas, de manera especial en las micros y pequeñas.

Cuando sesionaban, en el pasillerío barbotó el siguiente dato: “70 % de los empleos los dan las micro empresas”, y serán éstas las afectadas, cuando “de por sí es el sector de las empresas mexicanas que suelen morirse solas”.  

El PRD planteó dos reservas, a tratar y negociar cuando sesionen Economía y Hacienda bajo la figura legislativa de Comisiones Unidas, mañana, miércoles: que ese río de dinero que va al IMSS (calculaban unos tres mil millones de peso, al año), sea etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para incremento de pensiones, para infraestructura hospitalaria y para servicios médicos. El PRI sólo aceptó las dos últimas. Quitaron la etiquetación de pensiones y pasó.  Y en un artículo transitorio, todos los allí reunidos acordaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una mega auditoría al IMSS en el periodo de 1995 a 2012. Y algo más: que el IMSS, en su informe anual que enviará al Congreso en junio próximo, explique el monto de recaudación adicional a partir de esta reforma, dando por sentado que el Senado la refrendaría esta misma semana.

El otro asunto, el de la minería, fue discutido y aprobado en una hora, por quienes integraban el Pleno.  La Comisión de Economía, el pasado jueves, dispuso que las empresas mineras entreguen 5% del impuesto a sus utilidades netas a los municipios donde están instaladas. La Comisión de Economía cambió lo siguiente: ya no a las comunidades donde están instaladas, sino a los municipios a los cuales pertenecen dichas comunidades.

Esta reforma, que presentó en marzo el diputado federal del PRI Adolfo Bonilla Gómez, se encontró de pronto con nueva contra argumentación: Rosendo Serrano Toledo, perredista oaxaqueño, anunció que presentará una reserva el miércoles, en Comisiones Unidas, para que las empresas mineras no sólo den 5%, sino que también se comprometan a capacitar a los hijos de los trabajadores mineros, con el propósito de que, en el futuro, miembros de las comunidades se erijan en directivos de las empresas mineras y puedan incluso reasumir su condición de propietarias del producto de la minería.

Cuando Serrano Toledo dijo lo anterior, los diputados callaron. De súbito se desnudó allí la condición de hecho fatal con la que ellos han legislado en torno de la minería: los legisladores han dado por sentado de que el concesionario siempre será el dueño, y las comunidades siempre estarán bajo la égida de las compañías mineras.  

Es una ley imperfecta, decían en corto diputados del PVEM y del PRI, con la garantía pedida del anonimato, porque ese 5% no está considerado en la Ley Federal de Minería, y por lo tanto será difícil aplicar a las compañías mineras dicho impuesto, y queda abierta la opción jurídica de que se amparen.  Y apostilló: “La solución no está en la tasa, sino en una nueva ley minera”.

El debate apenas comienza.
 

El Congreso General, visto desde la función de control político, atraviesa por una de las etapas más negras de su historia, en el México contemporáneo, porque sólo ha estado respondiendo a los perfiles legislativos que conviene al partido en el poder y al Presidente de la República, sin hacer una revisión real, profesional, de parlamentarios serios, si eso que insuflan aquéllos responde verdaderamente a los intereses de la mayoría de la población.

Ciertamente el Poder Legislativo ha estado construyendo leyes fundamentales, como la reciente en materia educativa y, todavía en cierne, la de telecomunicaciones; pero hay un sector de la oposición que lamenta eso, y afirma que más valdría para el país que no estuviera el Congreso construyendo leyes como lo está haciendo ahora, porque las consecuencias para la población no corresponden a la visión de un país propio y robustecido, sino a la visión de una República castrada y subordinada a poderes políticos y económicos extranjeros.

Los ecos de reclamos muy airados de la reforma educativa continúan escuchándose, sobre todo en el Sur del país, en Guerrero; la de telecomunicaciones está forjándose bajo el sino también de la polémica.

Por si no fuera suficiente, ya viene otra: la mini reforma financiera, que será algo así como el principio de una muy grande —ya lo dijo este sábado en Washington Luis Videgaray, el secretario de Hacienda— cuyos pormenores se darán a conocer entre junio y agosto próximos. Y no pasará tampoco de este año una cuarta reforma, la energética, también privatizadora, que en los estribos del Gobierno federal ha estado cascabeleando desde los tiempos de las campañas presidenciales.

La educativa y la de telecomunicaciones han levantado ámpula en la oposición, por la sencilla razón de que han sido construidas en conciliábulos y fuera de los ámbitos del Congreso de la Unión. Y, siempre, con la pretensión de hacerlo pronto para que la gente no alcance a respingar cuando se dé cuenta de que los costos legislativos los pagará la mayoría.

Quienes las prohijaron son el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto por supuesto, pero teniendo muy cerca al PAN, PVEM y PRD. Esto ha valido que al Gobierno se le felicite desde el exterior, porque trabaja a marchas forzadas construyendo o rediseñando leyes que han comenzado a escocer a sectores amplios de la población.

Este sábado, verbigracia, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha extendido una gran felicitación al gobierno de Peña, diciéndole que es “impresionante lo que está haciendo el nuevo Gobierno de México”, que se han visto en los días recientes “decididas a poner en práctica una amplia lista de reformas” con el propósito de “privatizar diversos sectores de la economía”.

El Congreso mexicano legisla, pero no revisa a conciencia lo que hace y decide. Los plenos camarales han estado yendo de la mano de las cúpulas, las dirigencias de los partidos políticos, que han decidido por la mayoría de la gente.

Subordinados a las cúpulas, los legisladores han estado imposibilitados de hacer algo para evitarlo. Los aprisiona un modelo legislativo que responde a los controles de quienes son dirigentes.

Estas reformas son tan cruciales que podrían equipararse con las que el Congreso Constituyente de 1917 construyó. Pero no por su capital importancia, los diputados y senadores de las cúpulas tuvieron la decencia de convocar a la población a debatirlas, para revisar y estudiar y calcular los costos y los beneficios de cada una de estas nuevas reformas, que por añadidura serán constitucionales.

Al contrario, se reunieron en lo oscurito, en conciliábulos pues, y lo siguen y seguirán haciendo. No vayamos lejos. Un ejemplo: el Senado de la República se puso a discutir y votar la reforma en telecomunicaciones, la madrugada del viernes.

Votaron a ciegas, en realidad, impelidos por la disciplina a la que se deben a sus respectivos partidos políticos. Y de allí surgió una mayoría, por supuesto, que con su voto aprobatorio vino a confirmar que el Congreso mexicano está muy lejos de responder a las necesidades y anhelos de una República cada día más huérfana.
 

El Congreso de la Unión marchó ayer con un gran paso en los carriles de sus dos funciones primigenias: la de control político y la legislativa. Pero quienes lo conforman no pudieron evitar que se traslucieran los perfiles partidistas de donde provienen.

En San Lázaro, los diputados federales aprobaron la creación de la Ley para Regular la Responsabilidad Ambiental, con la que han supuesto que detendrán los daños ecológicos que el país padece por la impunidad. Han planteado en su propuesta de ley (sólo es Minuta, que ahora aireará el Senado) incluir la reparación, restauración y compensación del daño ecológico por quienes lo realicen. Y es algo así como un danzón dedicado a miles de empresas que contaminan las cuencas del país, o empresas que han hecho cisco a la atmósfera y aun los suelos y montes.  

Hay, en los terrenos de la función legislativa, un proceso legislativo que acaba de desatar una gran polémica entre diputados y senadores: El Senado ha enviado a la Cámara de Diputados una Minuta de reformas constitucionales para regular deuda de estados y municipios.  

El conflicto no está, propiamente, en el cuerpo de la reforma ni en sus argumentos, sino en el procedimiento. El Senado legisló, desde la condición de Cámara de origen, un tema que, por mandato en el 73 constitucional, tendría que haber comenzado a legislarse en la Cámara de Diputados. El tema es financiero.  

Las dos Cámaras federales tienen facultades exclusivas, lo que deriva en facultades de legislar siendo cámaras de origen en determinados asuntos. Verbigracia: sólo el Senado puede emitir mandatos legislativos en política exterior, y cuando se trate de emitir reformas en materia de política exterior tiene que convertirse en Cámara de origen; es decir, iniciar el proceso legislativo. La Cámara de Diputados, en tanto, tiene la facultad exclusiva de autorizar el Presupuesto de Egresos anual, y erigirse en Cámara de origen de todo proceso legislativo en las materias fiscal y financiera.

Así está ordenado en la Constitución. Sin embargo, a los capitanes del Senado –el priísta Emilio Gamboa, el perredista Miguel Barbosa y el panista Ernesto Cordero-  esto les ha valido gorro, y, parapetándose en el 135 constitucional, iniciaron un proceso legislativo que tenían que haber comenzado en San Lázaro, por ser  un tema de materia financiera: el de la regulación de deuda a estados y municipios.

El PRI en San Lázaro ha dicho en voz de Agustín Arroyo Vieyra que hay dos opciones: regresar la Minuta, porque sería inconstitucional recibirla. Y, literalmente, calcarla para la pergeñar una iniciativa semejante, sino es que idéntica, pero que comenzase su proceso legislativo en Cámara de Diputados, para después turnarla al Senado.

En paralelo a este aparente forcejeo entre las dos Cámaras, el PRI y una oposición fraccionada –en la Cámara de Diputados-  ha comenzado a jalonearse en torno de la reforma fiscal de la Ley del IMSS, mediante la cual el PRI ha propuesto la homologación de la información que las empresas entregan al Servicio de Administración Tributaria, en materia de Impuesto Sobre la Renta.  

El PAN, de plano, ha dicho que no va, y ha tratado de reventar la convocatoria a la Comisión de Hacienda, que promueve el PRI a través de los secretarios de la comisión de marras.

El PRI y el PVEM intentaron  ayer que la Comisión de Hacienda se erigiera en sesión permanente; pero no pudieron. José Isabel Trejo Reyes, presidente de dicha comisión, se negó a convocarla, y en eso están todavía.  

Argumenta el PAN que la homologación no es posible porque deben ser informes diferenciados por la razón de que las leyes del ISR y del IMSS son de naturaleza distinta. Mientras la del IMSS es “provisionaria”, la del ISR es “recaudatoria”. Y el PRI ha planteado en su propuesta de reforma que  los patrones ya no deduzcan impuestos en Estímulos de Puntualidad, en Fondos de Ahorro y en otros conceptos similares que la ley contempla para el descargo impositivo de las empresas.  

Incluso el PRI, ayer, ya argumentaba que, con la reforma,  el IMSS podría incorporar a sus arcas unos 3 mil millones de pesos anuales, cuando menos.  Visto esto del lado patronal, lo que el PRI quiere es una pretendida patada en los bajos al sector empresarial.  Pero sobre todo, quienes más perjudicados quedarían serían las empresas pequeñas.

El debate se está poniendo color de hormiga, incluso antes de que pueda abrir reunión la Comisión que dictaminaría, al grado de que anoche calculaban que si la reforma no es dictaminada el martes de la semana próxima, se tendría que ir al periodo de septiembre-diciembre, como lo pide el PAN.

Otra iniciativa para la cual estaría dedicada la sesión permanente de la Comisión de Hacienda, es la reforma a las leyes de Coordinación Fiscal y la Federal de Derechos, en la materia minera.

Este jueves, por cierto, sesionará la Comisión de Economía, para comenzar la revisión de la iniciativa sobre la minería, en la que se plantea que las empresas mineras paguen 5% de sus utilidades a comunidades y estados.  

Al final de la Asamblea, el Pleno aprobó un punto de acuerdo en el que piden suspender la publicidad gubernamental en los 14 estados donde habrá elecciones locales este año.

El PRI estuvo a tres votos (233 contra 230) de darle un soberano mazazo a la de por sí debilitada función de control político de la Cámara de Diputados, cuando pretendió imponer en la presidencia de la comisión especial del Caso Monex al diputado de la bancada priista José Rangel Espinosa, quien para mayores señas es el diputado por el distrito de Atlacomulco, el distrito de donde es Enrique Peña Nieto.

“Los casos Cassez y Monex”, afirmó Julissa Mejía Guardado, desde la tribuna, “son dos montajes de una misma ópera bufa: la partidización de la justicia y también la contracara de una tragedia inocultable, la creciente descomposición y putrefacción del sistema mexicano de justicia”.

Súbitamente, la presidencia de la Mesa Directiva incorporó al orden del día un acuerdo de dos párrafos de la Junta de Coordinación Política. En el primero, planteaba al pleno que la presidencia de la comisión especial investigadora de la Condusef  fuera rotativa. Segundo, que la presidencia la asumiera a partir de ese momento, y  por tres meses, el priista José Rangel Espinosa.

Cuando se creó la comisión de marras, el PRI y el PVEM consiguieron retorcerla desde el nombre: no se llamaría comisión especial del Caso Monex, sino de la Condusef.

Y, finalmente, las comisiones especiales han sido, con todo y sus debilidades jurídicas, una gracia constitucional para las minorías.  Y las minorías colocaron de presidente de la comisión especial al perredista Roberto López Suárez, quien, apenas hubo anunciado la mesa directiva que se incorporaba al punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, preguntó desde su curul: “En virtud de que no está publicado el acuerdo (en la Gaceta Parlamentaria), quisiera me informara el procedimiento que siguió para tomar este acuerdo de la Junta de Coordinación Política”.

Era un madruguete típico del PRI. Por eso salió tan brava Julissa Mejía, primera oradora, quien añadió: “Según la Real Academia Española, la esencia de un montaje es ocultar la realidad o ver aquello que sólo aparentemente corresponde a la verdad.  

La realidad es que detrás del montaje jurídico con el que se resolvieron ambos casos, hay un entramado que pretende ocultar, ignorar o desaparecer de la escena pública”.

Entonces fue cuando Rangel Espinosa se paró, pidió la palabra y comenzó a decir: “Efectivamente, soy representante en este congreso, primero de los priístas de mi distrito. De los priístas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto, porque él vota en el distrito que yo represento, en Atlacomulco”.

Y no, no fue todo. Agregó: “También represento a los ciudadanos desde el momento en que recibí mi constancia de mayoría.  También represento a la población del país desde el momento en que tomé protesta en este recinto.  Y también soy rebelde, pero con causas. También soy revolucionario, pero institucional. No en contra de las instituciones. Mi imparcialidad no está a prueba, más bien está aprobada, acreditada…”

No sabían si reír o llorar, interpretaban los opositores el silencio del Bronx priista.

Responde el PRD

Entonces desde su curul dijo Roberto Reyes Gámiz, del PRD: “Con la intervención que nos acaba de recetar quien ocupa la tribuna queda clara la falta de argumentos y de quienes integran el nuevo PRI que tanto aluden”.

Hacía un instante, Julissa Mejía había  dicho: “Peña Nieto votó por mí, represento a Peña Nieto´, son la carta de presentación del diputado Rangel Espinosa, quien no tiene ni  pudor, pena, ni  vergüenza”.

Fernando Belaunzarán: “Respeto al diputado Rangel. No es un asunto personal. Pero me preocupa mucho la credibilidad de la Cámara de Diputados, cuando un diputado del PRI de Atlacomulco pretende presidir la comisión que se supone investigará un posible financiamiento paralelo en la campaña de Enrique Peña Nieto”.

Apostilló: “Piensan que eso tiene credibilidad y que es de lógica y sentido común”…

Homero Niño de Rivera Vela, de Acción Nacional, fue quien recordó al pleno que el caso Monex comenzó a ser denunciado por ellos. Y que la comisión de marras en realidad tenía que haber sido llamada del Caso Monex, para que investigara el desvío de recursos de la campaña del Partido Revolucionario Institucional.

Y remachaba el panista: “Sean sensibles”, dijo a los priístas, a quienes recriminaba que incluso pretendieran imponer de presidente a Rangel Espinosa, cuando hace dos meses fue aireado en los medios de información “charoleando”.  Más aún: hace unos años este mismo diputado fue sorprendido por la policía con una pistola, siendo diputado federal de la LIX Legislatura.

Roberto López Suárez, actual presidente de la comisión, dijo: “Quisiera centrar la discusión, más allá de lo que pasó en el 2012.

Entregar la presidencia de una comisión de investigación al PRI para investigar al PRI, como lo dijo nuestro compañero diputado del PAN, es incongruente. La sociedad no espera eso”.

Tiempo de silencios y de tragar aceite. El priismo no argumentaba, sólo votaba. Y esta vez no le alcanzó.

Continuará al frente de la comisión del Caso Monex un perredista.