La virulencia de la lucha interna en el panismo puede tener consecuencias indeseables en muchos ámbitos de la vida política nacional. Pudiera ocurrir, como de alguna forma prevé nuestro amigo Pablo Hiriart, que estemos, en los hechos, ante una ruptura definitiva en el blanquiazul, cambiando el panorama y los equilibrios políticos en el país. Sin llegar a ese extremo, estaremos, casi con seguridad, ante un partido marcado y dividido por corrientes que, no nos engañemos, siempre han existido (desde sus inicios en el Partido Acción Nacional  convivieron liberales, como Gómez Morín, con social cristianos y conservadores, incluso muy radicales) pero que en esta ocasión no parecen encontrar, ante la ausencia de liderazgos y prudencia política, la forma de convivir y coexistir en un mismo órgano político. Lo que ocurre en el Senado no es más que la expresión, con toda su cauda de mezquindades, de una situación mucho más extendida, en la cual la militancia se ha refugiado, cada día más en sus temas y luchas locales.

    Para salir de la crisis el PAN tiene pocas opciones. Por lo pronto, le urge una figura conciliadora y respetada que pueda sacar adelante el partido y tratar de restañar las heridas, pero también, algo que se suele olvidar, dejar en claro una línea de acción política. Hay pocos que pueden hacerlo: se habla de Luis Felipe Bravo Mena, del propio don Luis H. Álvarez, aunque la edad es un factor que puede jugar en su contra, pero muy probablemente el único con peso específico para asumir esa labor es Diego Fernández de Cevallos.

Controvertido, cuestionado por algunos, demasiado exitoso según otros, lo cierto es que Diego es hoy la única figura en el PAN que puede asumir esa responsabilidad, por lo menos hasta que se pueda procesar un cambio de dirigencia hacia fin de año o principios del próximo, en la que se habla sobre todo de dos mujeres, Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota (que no creo que vayan a competir una contra la otra, alguna le dejará abierto el camino a su rival, si es que alguna de ellas se decide a buscar la presidencia partidaria).

    La gran diferencia de Diego con muchos de los personajes que ahora están en el corazón de la lucha panista es el liderazgo. Diego es un líder real, una figura respetada y querida en muchos ámbitos dentro y fuera del PAN. Tiene peso propio en los medios y en el entramado político y social. Se puede estar o no de acuerdo con él, pero nadie (amigos o enemigos) puede ignorarlo. Pero, por sobre todas las cosas, es un formidable negociador con propios y extraños, un hombre que sabe llegar a acuerdos y hacerlos respetar. Nunca ha querido Diego, menos en los últimos años, tener responsabilidades ejecutivas en su partido ni tampoco en el Gobierno de Vicente Fox ni en el de Felipe Calderón. Y no parece lógico proponerle un largo periodo al frente de su partido.

No sería una alternativa. Pero si puede ser, quizás el único hoy en día, que puede asumir la tarea de rescatar al PAN antes de su hundimiento. Algo debería quedar en claro: un político como Diego sólo aceptaría una responsabilidad similar si se le concediera, sin cortapisas, el poder real dentro de su partido.

    Y habría muchos interesados en ver a Diego de regreso.

Por lo pronto imaginemos por un momento y en las actuales circunstancias cómo tendrá que negociar el Gobierno federal la próxima etapa de reformas estructurales, sobre todo la hacendaria y la energética, sobre la que ya comenzó una lucha política que será muy intensa.

Según la columna de Leo Zuckerman, esa negociación petrolera se dará entre el PRI y el PAN asumiendo que el PRD no apoyará la apertura.

Leo tiene razón, pero el problema es con quién se negociará: ¿con Madero, con los diputados, que reflejan todas las corrientes, con Cordero y su grupo que tiene la mayoría del Senado, con los actuales y ex gobernadores?

    El PAN necesita una figura que lo rescate de sí mismo. Y en el panorama actual, puede haber unos pocos personajes que pueden cumplir con esa responsabilidad, pero ninguno con las cualidades de Diego Fernández de Cevallos.

Cancún a la deriva

La seguidilla de hechos bochornosos en el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, entre miembros y dirigentes del PRD y sus aliados es inacabable. Primero, el presidente municipal “Greg” Sánchez va a la cárcel acusado de relaciones con el narcotráfico. Logra su libertad y se va de candidato, con toda su familia, al PT pero deja a su gente en el municipio.

Su sucesor Julián Ricalde, con una larga cadena de inconsistencias, es filmado recibiendo dinero del munícipe interino, que además le dice que es dinero recién recaudado de los impuestos.

¿Cómo olvidarnos de la senadora Luis María Beristain, la famosa “lady”, peleando con los empleados de una aerolínea o de su hermano, también candidato, quitándole a un trabajador la mayor parte de su sueldo para la campaña de Andrés Manuel López Obrador? Lo dicho: bochornoso.
 

The Economist acaba de publicar un largo texto reconociendo la recuperación de la seguridad pública en toda el área urbana de Monterrey. No es un dato menor: recuerdo que hace unos dos años, en una conferencia con los miembros de la Caintra, en la capital regiomontana, luego de presentar un panorama bastante desolador sobre cómo estaban las cosas, me preguntaban si se podría recuperar la seguridad en Monterrey. Recuerdo haber dicho allí que sí, pero que implicaría muchos esfuerzos y coordinación, además de colaboración entre la sociedad y las autoridades.

También recuerdo haber afirmado allí y en muchos otros foros, incluyendo éste, que lo que ocurriera en Monterrey (en toda su zona urbana que incluye varios municipios, desde el muy próspero de San Pedro Garza García hasta el muy popular de Guadalupe) en términos de seguridad, daría la pauta para saber si se podría revertir o no la situación en el resto del país. No era una mera especulación: si una ciudad próspera, con una gran industria y una enorme tradición de trabajo, con un buen sistema educativo, que siempre había gozado de altos niveles de seguridad, con una sociedad que durante años había sido participativa, con gobiernos y empresarios que parecían dispuestos a invertir recursos y prestigio, no podía controlar la violencia y a las pandillas que comenzaron a azotarla hace ya unos años, la batalla estaría inevitablemente perdida en el resto del país.

En estos temas nunca se pueden hacer afirmaciones rotundas, pero todo indica que Monterrey (y Nuevo León) le han logrado dar la vuelta a la crisis de seguridad. No es un triunfo que se haya logrado en estos últimos meses ni tampoco es un logro exclusivo de esta administración federal. Lo cierto es que una vez que se llegó, con el incendio del Casino Royale, al punto más bajo de la inseguridad, se tomaron varias decisiones que se han mantenido y afianzado hasta el día de hoy, logrando éxitos reales.

El primer punto es la depuración de las policías. Los cuerpos de seguridad estatal, y en eso se está en los municipales, fueron realmente limpiados, la Policía Estatal desapareció y fue reemplazada por otra, la Fuerza Civil que comenzó de cero y tiene hoy más de cuatro mil elementos, nuevos, entrenados, con controles de confianza, con armamento y equipo, con un concepto de operación mucho más basado en la inteligencia, con cuarteles y colonias donde esos policías pueden vivir junto con sus familias. No hay antecedentes significativos de corrupción entre sus elementos. Hoy es una institución respetada por la gente y eso ha permitido detonar la denuncia ciudadana, alimentando la eficiencia de la propia fuerza de seguridad.

Nada de eso se hubiera logrado si no hubieran alineado varias fuerzas, que no habían podido hacerlo antes del Casino Royale. Primero, la decisión de los gobiernos, sobre todo el federal (en la época de Calderón y en la de Peña) y del local, aun asumiendo costos políticos importantes durante muchos meses, de enfrentar el problema, coordinarse de verdad y operar en conjunto. Segundo, el respaldo de una buena parte de los empresarios que apoyaron con recursos, personal y convicción (lo realizado en ese sentido por muchos es notable, pero sobre todo, se debe destacar el apoyo de Femsa y Cemex), en el marco de una estrategia común. Tercero, la participación de la gente: en un marco de profunda desconfianza y pesimismo, en cuanto se pusieron de manifiesto los primeros resultados en la conformación de los cuerpos policiales, la denuncia y la participación comenzó a crecer en forma geométrica, lo que ha permitido cambiar la dinámica y poner a las autoridades a la ofensiva, previendo y adelantándose a los acontecimientos, en lugar de, simplemente, tratar controlar los daños.

Hace un par de años, en toda esta zona urbana había en promedio unos ocho muertos diarios por ajustes de cuentas. En lo que va del mes se han producido sólo ocho asesinatos. Más importante, Monterrey se había convertido casi en una ciudad fantasma en la noche, hoy vuelve a tener vida y la gente a comenzar nuevamente a disfrutarla.

Si se pudo hacer en Monterrey se podrá hacer en otros lugares, aunque las condiciones sean menos favorables. Tampoco se puede cantar victoria: primero, porque nadie ha dicho que los fenómenos delincuenciales se hayan erradicado por completo; segundo, porque existen problemas sociales que generaron la inseguridad que aún deben ser atacados y cuyos resultados tardarán en verse; y tercero, porque en los estados vecinos de Nuevo León: Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, hay esfuerzos muy considerables pero también mucho por hacer. Lo importante es que en Monterrey, en Nuevo León, se pudo dar vuelta a las tendencias, como antes había ocurrido en Tijuana, o como está ocurriendo, con otras características y mayor rezago en Ciudad Juárez o en el puerto de Veracruz. Cuando se dice que no se puede recuperar la seguridad, esos ejemplos deberían demostrar lo contrario.
 

Dicen que nada unifica más a una fuerza, sea un partido, una sociedad, un país, que enfrentar a un enemigo externo que realmente la amenace. Nada la debilita más que las luchas intestinas. No en vano las guerras civiles suelen ser más crueles que las batallas entre países. Hoy, en México, la lucha interna en el PAN y en menor medida en el PRD, tiende a ser cada día más virulenta y costosa para esos partidos, mientras que el PRI sigue manteniendo una disciplina que, más allá del manejo político en el Gobierno y en ese partido, parece devenir de tener conciencia de haber estado doce años en la oposición, muchos de ellos con el peligro cierto incluso de desaparecer.

El PAN puede tener una buena cosecha, mayor a la que algunos piensan, en las elecciones del 7 de julio. En las elecciones de la ciudad de Puebla, una de las más reñidas de los próximo comicios, Tony Gali parece haber alcanzado una ventaja seria que le permitirá conservar al panismo (aliado con el PRD y Nueva Alianza) ese estratégico municipio. En Baja California la elección estatal está muy disputada pero nada indica que exista un derrumbe del PAN, en el Gobierno desde 1989, en realidad pareciera que el triunfo está más cerca de Francisco “Kiko” de la Vega que de Fernando Castro Trenti. En Veracruz, a pesar de que el PRI ha logrado consolidarse en las últimas semanas, lo mismo que en Tamaulipas, el PAN será competitivo. También en Coahuila y en zonas de Sinaloa, como en otros municipios de los 14 estados que estarán en competencia. Pero el mayor enemigo del PAN es la división interna.

Que existía una distancia política entre la dirigencia del PAN y buena parte de sus senadores ya lo sabíamos, no era ninguna novedad, como tampoco la mala relación entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero. Pero eso no evitó que en el Senado salieran todas las iniciativas que se habían impulsado desde la dirigencia vía el Pacto por México. Salieron, en la mayoría de los casos para bien, con modificaciones, pero para eso están los legisladores. Sería absurdo pensar que todo acuerdo saldrá sin cambios. Aquí dijimos que uno de los muchos errores que cometió Gustavo Madero fue remover, de la peor manera posible, a Cordero de la coordinación en el Senado a unas semanas de las elecciones. Y peor aún, haber colocado en su lugar a un senador, Jorge Luis Preciado, sin antecedentes políticos importantes.

Preciado ha tomado su primera decisión: remover a la gente cercana a Cordero en el manejo de la bancada. E inmediatamente filtrar información sobre los gastos que se solventaron en la misma. No es una cantidad menor la que se maneja: 204 millones de pesos al año. Y según lo que se ha informado, hay gastos que no se justifican, como la compra de ropa de bebe, etcétera, de lo que se tendrá que dar cuenta a la bancada, que es la única que puede supervisar esos gastos. Lo que es una mezquindad es publicitar la contratación de asesores por parte de esa bancada, queriendo hacer pasar por casos de nepotismo, asesorías perfectamente justificadas.

El caso más notable, y más mezquino, porque además es de un personaje público, es el de Juan Ignacio Zavala. Cuando Preciado, o Madero (e incluso Corral) no habían comenzado su carrera política, Zavala (hijo de uno de los fundadores del PAN, hermano de Margarita y por ende cuñado de Felipe Calderón, desde que los tres eran unos jóvenes militantes del PAN) ya había iniciado la suya desde fines de los 80. En diciembre de 1994, mientras nadie sabía quién era Preciado o mientras Gustavo Madero trabajaba para una empresa en el áreas de ventas, Zavala ya era director de comunicación de la PGR, acompañando a Antonio Lozano. Desde entonces hasta ahora ha trabajado en distintas áreas, incluyendo un largo periodo en la cancillería y unos años como cónsul en Filadelfia. Durante el sexenio de Felipe Calderón, aunque hubiera tenido todo el derecho de hacerlo, Zavala decidió no aceptar ningún cargo público y se dedicó a la asesoría política y al periodismo de tiempo completo. Es lo que sigue haciendo en una forma muy eficaz. Se puede estar de acuerdo o no con Zavala, pero es una infamia (y una grave tontería) decir que está contratado como asesor por ser cuñado del ex presidente. Hay otros casos igual de absurdos, como el de Benjamín Hill, que dicen que es asesor por ser esposo de Alejandra Sota. ¿Saben que Hill ha trabajado en Hacienda y en otros sectores de la administración pública durante años, con una carrera propia y exitosa, independientemente de con quién está casado? ¿Acaso está cancelada la posibilidad de trabajar para cualquiera que tenga una relación familiar con alguien que esté o haya estado en el Gobierno, del partido que sea?¿por dónde comenzamos, en el PRI, el PAN o el PRD, a hacer la lista de impugnados?.

    Lo que hay es una mezquindad profunda en un pleito político que debería servir, por lo menos, para dejar en claro qué propuesta política se postula. Porque hasta ahora lo único que se ve es apetito de poder…y de recursos.
 

No existe en la gente todavía una percepción, mucho menos generalizada, de que hoy tengamos un marco de seguridad más efectivo de parte de las autoridades. Los cerca de 900 muertos al mes que persisten como consecuencia de la violencia de grupos criminales sigue siendo una cifra inaceptable. También preocupan fenómenos que han estado en el centro de la opinión pública, como los grupos de autodefensa, la violencia que se ha vivido en Michoacán, Guerrero, en la Comarca Lagunera, y en otros puntos del país. También preocupan, si bien la cifra oficial indicaría que han disminuido, la cantidad de secuestros que se siguen generando en varios estados, incluyendo la Ciudad de México.

Sin embargo, pareciera que hay cosas que comienzan a moverse, tendencias que pueden dar frutos en el futuro cercano. Lo primero que llama la atención es la insistencia de gobernadores de distintos estados y regiones del país, provenientes del PRI, pero también de sus oposiciones, de rescatar la forma en que se está trabajando en el ámbito de la seguridad: con mayor coordinación y confianza, dentro del propio gabinete de seguridad y de sus integrantes con los gobernadores. También son varios los que destacan la importancia de haber dividido al país en áreas y que en los grupos de coordinación de esas áreas participen en forma directa los gobernadores, haciéndose responsables de la situación de cada uno de sus estados. No es que no existan diferencias dentro del gabinete de seguridad o entre el Gobierno federal y los gobernadores, lo que sucede es que con esos mecanismos de trabajo conjunto a la larga terminan estableciendo los lazos de confianza recíproca que se habían perdido.

Pero son mucho menos públicas algunas de las formas que ha adoptado la operación de las fuerzas de seguridad. Hay menos quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y se ha dicho que es porque el Ejército se ha replegado. En parte es verdad porque su presencia es menos ostensible, pero también es verdad que ha cambiado su forma de operar. No se suele ver ya a tropas en el día, encargándose de la seguridad cotidiana, salvo en casos muy puntuales. Las operaciones militares se están haciendo, o se está ejecutando esa vigilancia pública, en las horas en que existe la menor presencia de la gente, sobre todo en horas de la noche, reduciendo la exposición a errores o hechos de violencia. La Policía Federal también ha cambiado su forma de operación, con menor exposición pública y una apuesta mayor por la información previa.

Dos cosas que no se han publicitado lo suficiente llaman la atención. Por una parte, continuando un trabajo anterior, pero ahora mucho más focalizado, se han ido cortando los lazos internos de comunicación de distintas organizaciones. Las detenciones se han centrado en los operadores reales de los distintos grupos, en los diferentes territorios que cada uno de ellos manejan. Aseguran las autoridades que esa labor ha sido intensa y que ha rendido frutos muy importantes, pero que no se ha percibido públicamente porque se decidió que no tenía sentido, ni siquiera operativo, presentar día con día a algún “líder” de una agrupación criminal local o regional, operador de algún cártel o capo famoso.

El otro tema es la forma de operar ante los secuestros. Apenas ayer, el vocero de seguridad del Gobierno federal, Eduardo Sánchez, informó que en menos de 15 días fueron desmantelados 11 grupos delictivos dedicados al secuestro, rescatadas 67 víctimas de ese delito y detenidos 37 presuntos delincuentes. Hace unos días en Chihuahua, en otra operación que no ha tenido la difusión que merecía, fue detenida una banda de trata de jóvenes, que secuestraba jovencitas, las obligaba a prostituirse y si no aceptaban, las mataba. Según las autoridades 17 mujeres fueron asesinadas por esta banda.

¿Ha cambiado algo para alcanzar éstos y otros éxitos bastante silenciados en el ámbito de la seguridad y sobre todo de la lucha contra el secuestro? La verdad es que sí ha habido cambios, algunos de tipo operativo que las autoridades prefieren no divulgar públicamente para no poner sobre aviso a los delincuentes, pero otros que son mucho más evidentes. Uno es clave: ahora, con la información, se busca liberar al secuestrado, no esperar que sea liberado por los delincuentes para comenzar su persecución. Una decisión que tenía lógica en el pasado, pero que la ha dejado de tener ante la forma en que actúan, y el perfil que tienen hoy este tipo de delincuentes. El número de liberados y de detenidos tiene directa relación con ese cambio de enfoque.

No lo sabemos, es difícil establecerlo, el éxito y la trascendencia que tendrán en el futuro estos cambios y ajustes. Por lo pronto, con mucha menos difusión de la que deberían tener, han comenzado a aplicarse con un índice alto de eficacia. No es un dato menor.
 

El lunes hubo una marcha para conmemorar la represión estudiantil del 10 de junio de 1971. Quizás es políticamente incorrecto abordarlo, pero ¿tiene sentido seguir marchando para recordar aquellos hechos casi medio siglo después, en un país que no se parece en nada a aquel, cuando la mitad de sus habitantes actuales no habían siquiera nacido? Porque no estamos hablando de hitos como el 68, ni de una épica social clave en nuestra historia, estamos hablando de una marcha reprimida, con el objetivo, real, de un presidente Luis Echeverría de ajustar cuentas con un regente, Alfonso Martínez Domínguez.

Más allá de eso, como suele ocurrir con cada vez mayor frecuencia, esa marcha terminó con graves desmanes en el Centro de la ciudad, agresiones muy violentas contra las fuerzas de seguridad (se les arrojaron molotovs, se los intentó quemar con un soplete, se los golpeó con todo tipo de objetos, se intentó secuestrar a los negociadores de la Policía, y una larga lista de etcéteras, que no pueden obviar que también hubo innumerables daños en propiedad privada) y en esta ocasión terminó con 22 detenidos, mientras se asegura que se está buscando a otros siete participantes en esos hechos. Una vez más se dice que los agresores fueron ajenos a la marcha conmemorativa. Puede ser, pero no hemos visto la condena firme, abierta, sin subterfugios contra estos grupos de las organizaciones que mal que bien los cobijan.

En su libro El desencanto (Cal y Arena, 2012) el ex consejero presidente del IFE, José Woldenberg, dice refiriéndose a la irrupción del EZLN en 1994: “… la condena a la violencia debe ser clara, sin reservas. Nada la justifica…de la noche a la mañana franjas importantes de la izquierda vuelven a ver como algo legítimo la reactivación de la vía armada. La vieja conseja, nunca desterrada del todo, de que el fin justifica los medios, reaparecía con toda su ceguera y perversidad a cuestas”. Y agrega: “… a la violencia le sigue la demagogia y esas dos plagas juntas van a construir una auténtica tragedia”.

Ante eso estamos ante grupos violentos impulsados por demagogos y partidos políticos y autoridades, de todos los colores, que tienen temor de condenar (y actuar en consecuencia) con firmeza contra la violencia, la ejerza quien la ejerza, desde estos vándalos que han azotado el centro de la ciudad, el CCH Naucalpan o la Torre de Rectoría, o aquellos que cada día que llegan a protestar a Gobernación no pueden hacerlo sin agresiones de por medio o, quizás peor, los que se manifiestan para defender a secuestradores de niños.

Porque, además, estamos ante un patrón de conducta de un mismo grupo que asume diferentes rostros, de una provocación que persiste porque no ha sucedido nada. En todos los casos citados (salvo en el de los secuestradores) no ha pasado nada. Nadie está detenido, ni uno sólo de esos personajes ha recibido sanción alguna.

Pareciera que autoridades y partidos tienen temor a deslindarse y a ser acusados como represores simplemente por hacer cumplir la ley, y hacer respetar una regla del juego en un sistema democrático que es muy sencilla: no se puede aceptar la violencia, provenga de donde sea. Es verdad que hay muchos antecedentes después del 68 como para abonar ese temor: los hechos de Oaxaca en 2006; el desalojo de Atenco; incluso acciones como la emprendida por la Comisión de Derechos Humanos del DF luego de los actos de vandalismo del primero de diciembre (y sin ir más lejos ante los mismos actos violentos del lunes, donde la CDHDF ha comenzado a condenar autoridades y no he emitido juicio alguno contra los causantes de los disturbios). Pero esos antecedentes se deben romper porque la impunidad es la madre de muchos de nuestros males. Y los mismos se agravan cuando esa impunidad está alimentando provocaciones políticas evidentes.

Yo no fui

El líder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez, ha dirigido dos cartas amenazante a Proyecto 40, por una serie de reportajes realizados en torno al boyante negocio de la basura en el que es uno de los principales líderes. Una, dirigida al conductor Manuel López San Martín, pletórica de insultos, y la otra a un servidor, donde con algún insulto esporádico, se suma la amenaza de demandarme penalmente.

Lo llamativo es que las cartas, firmadas por Gutiérrez tengan membrete del PRI del DF, y que su dirigente asuma que las críticas a su persona y trayectoria se realizan en realidad a su partido. Sin duda el PRI es responsable de tener un dirigente como Gutiérrez, pero todavía no son lo mismo. Lo cierto es que ahora, muchos días después, Gutiérrez manda a decir que las cartas son falsificadas, que él nunca las escribió ni envió. Me resulta sospechoso y extraño. Por lo pronto no queda más que ratificar lo que en este espacio, en Imagen y en el programa ''Todo Personal'' de Proyecto 40 hemos dicho sobre este personaje.
 

¿Qué les está pasando a muchos de nuestros políticos que no terminan de comprender que, como dice la Constitución en su Artículo 40: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. El que el Estado sea laico, o sea independiente de cualquier organización o confesión religiosa, que las funciones de la Iglesia y el propio Estado estén claramente separadas por la Constitución y las leyes, no es un capricho o un simple punto de vista.

Tampoco tiene nada que ver con profesar o no un fe religiosa, sino como una forma de afrontar nuestra historia (pletórica de cicatrices dejadas por las distintas luchas religiosas, que tuvieron tres puntos culminantes, la conquista, las leyes de reforma y la guerra cristera) y como un forma de reafirmar una separación que han impuesto todos los Estados modernos, entre la religión (que no es lo mismo que la fe) y el poder político.

Pareciera que más de cinco siglos de historia y una legislación profusa y contundente en la materia no alcanza para que se comprenda claramente esa distancia, esos dos ámbitos diferentes que son los cargos públicos y la religión.

El sábado 8 de junio en Monterrey, durante un acto de culto denominado Monterrey Ora, organizado por las Alianzas de Pastores  de Monterrey, que congrega a varias organizaciones de cristianos evangélicos, fue invitada como oradora la presidenta municipal de esa ciudad, Margarita Arellanes.

La funcionaria no concurrió allí a título personal, sino en su carácter de alcalde y leyó, como principal oradora, un texto que llevaba preparado: “Yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro señor Jesucristo para que su reino de paz y bendición sea establecido. Abro las puertas de este municipio como la máxima autoridad” y agregó que “fue en el nombre de Dios todo poderoso que nació nuestra ciudad, y en el nombre de Dios hemos de conservarla, defenderla y amarla, para el bien, prosperidad y desarrollo de todas las familias regiomontanas”.

Más tarde, le entregó a unos niños una placa conmemorativa de esa entrega de la ciudad a Dios. Todo ante miles de personas, con una amplia cobertura informativa.

Ante las críticas, la presidenta municipal aseguró que había participado en ese acto a título personal y que no violentaba ley alguna.

Algo similar ya había ocurrido con varios otros presidentes municipales y hace varias semanas con el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

El único problema es que esas participaciones, esas entregas de entidades e instituciones a Dios o a cualquier confesión religiosa, viola la Constitución.

La presidenta municipal está en su pleno derecho a participar en cualquier culto religioso, pero el significado cambia cuando es invitada a participar en él en su carácter de funcionaria y cuando consagra, entrega o subordina la institución que encabeza, a esos cultos.

Hay quienes podrán pensar que está muy bien realizar esa entrega o consagración, dejar en manos de Dios una ciudad, un municipio, un estado, pero en realidad de lo que se trata, y para eso es elegido un funcionario a un cargo de elección popular, y por eso se distingue un estado moderno de uno confesional, es que por encima de sus creencias, el funcionario debe gobernar para todos, respetando la ley y asumiendo sus responsabilidades.

Pero además, estos hombres y mujeres tendrían que comprender que al envolver en un virtual exhibicionismo religioso su función pública le terminan haciendo un daño a esos dos ámbitos: al de la fe y al del ejercicio público.

Dios no es el responsable de sus aciertos o errores y tampoco determina la eficacia o ineficiencia de un gobierno.

Seamos más serios. Y eso involucra a todos los partidos, porque personajes de todos los hay que quieren realizar operaciones políticas escudándose en la fe.

Al margen. Alguien me ha dicho que en otros países, como en Estados Unidos, los funcionarios juran sus cargos sobre una Biblia e invocando a Dios. Es verdad, de la misma manera que en el billete de un dólar dice muy claro que los fundadores creían en Dios (In God we trust), y también que en cada billete hay múltiples referencias e imágenes masónicas que era la pertenencia que compartían Washington, Franklin, Jefferson. Es parte de su historia, de sus tradiciones y todas son muy respetables pero ¿usted recuerda a algún presidente estadounidense, incluyendo a los más conservadores de las últimas décadas, entregando su país a Dios o a cualquier orden religiosa?

Eso es lo que diferencia, por ejemplo, al integrismo del Tea Party con los políticos republicanos o demócratas que saben que existe una separación entre Estado e iglesias que deben respetar.
 

Lo ocurrido en el bar Heaven implica, es inútil tratar de ocultarlo, una crisis de seguridad para el Gobierno capitalino. El desafío quizás no pase tanto por los índices de seguridad, sino por el terreno de las percepciones, aunado a una visión que no compartía, ante el tema, la urgencia de distintos sectores sociales. Pero es también, o parece serlo, una suerte de crisis provocada o impulsada por grupos que están interesados que el actual Gobierno capitalino no pueda sobrellevar esta prueba.

En la vida y en la política muchas veces sobrevienen paradojas extrañas. Hace casi exactamente cinco años, el 20 de junio del 2008, 12 personas, casi todos adolescentes, murieron en un fallido desalojo policial de una tardeada en el bar Heaven. Hace 13 en un extraño incendio en el Bar Lobohombo murieron 22 personas. El operativo del News Divine parecía ser la continuación de una serie de acciones similares que se basaban en extorsionar a los padres de los jóvenes detenidos en diferentes eventos de estas características, en lugares que además funcionaban con precarias condiciones de seguridad y en el límite de la legalidad. Los hechos provocaron la caída de los entonces secretario de seguridad pública y del procurador del DF. También la de un connotado operador del bejaranismo en la Gustavo A. Madero, Francisco Ghíguil. La caída del procurador Rodolfo Félix Cárdenas y del secretario de seguridad, Joel Ortega Cuevas, permitió la llegada a la procuraduría del DF de Miguel Ángel Mancera, cinco años después jefe de Gobierno, y de Manuel Mondragón y Kalb, a la secretaria de seguridad pública local, ahora a cargo de esa misma área pero a nivel federal.

La crisis de seguridad se convirtió en una oportunidad para Marcelo Ebrard y para sus principales operadores en el área de seguridad, en forma muy destacada Mancera, de relanzar toda su estrategia y lograr un importantísimo avance en términos de percepción y aceptación ciudadana.

Ahora estamos ante otra crisis, pero que afecta, sobre todo, esa percepción de seguridad que se vive en la capital del país, misma que se ha debilitado por una serie de golpes que incluyen, pero trascienden el caso del Heaven. Algunas precisiones en este sentido son importantes: primero, el problema, grave, del narcomenuedeo sin duda existe en el DF y tiene un peso inocultable. Las autoridades, antes y ahora, parecen haber subestimado el fenómeno, hasta que, como ha ocurrido en muchos otros lugares del país, la guerra entre los grupos delincuenciales, ha exhibido a las autoridades.

Segundo, esa guerra entre el viejo cártel de Tepito y el grupo de la Unión, implica que la misma se puede extender a varios otros puntos de la capital. Se deben tomar previsiones. Por eso mismo, los operativos especiales en Tepito o en la Zona Rosa son importantes, pero deben ser parte de una reingeniería urbana en esos mismos lugares. Porque con o sin operativo, los giros negros siguen funcionando, en general con la complicidad de las autoridades delegacionales.

Tercero, existe un proceso de contagio y avance de la violencia, que ha ido invadiendo la ciudad, proveniente de Guerrero, Michoacán, Morelos, que se ha asentado firmemente en el Estado de México y, sobre todo, a los municipios suburbanos y que ha aterrizado en el DF, particularmente en delegaciones como la Cuauhtémoc, casualmente gobernada, como en 2008 con el caso News Divine o en 2000 con el Lobohombo, por delegados bejaranistas. Un bejaranismo que no estaba hace cinco años (ahora las cosas han cambiado) en buenas relaciones con el gobierno de Ebrard, y que hoy tampoco tiene una buena relación con Mancera.

Cuarto. Se insistió mucho en que los cambios operados en las áreas de seguridad pública no afectarían el desempeño del Gobierno capitalino, pero lo cierto es que quizás no hubiera sido lo mejor quitar a Jesús Rodríguez Almeida de la procuraduría para que fuera a Seguridad Pública capitalina, colocando a un nuevo procurador como Rodolfo Ríos (un operador muy importante del propio Mancera) al tiempo que se debía reconstruir buena parte de la SSP local, ante la aceptación de Mondragón y Kalb de una posición federal. La impresión es que se debilitaron seguridad pública, la procuraduría y la operación política del jefe de Gobierno, aunque se hayan mantenido muchos de los mismos hombres de su confianza.

Quinto. El interés de muchos sectores internos que no quieren un jefe de Gobierno fuerte y por ende un fortalecimiento de Mancera, combinado con las modificaciones a una estructura que funcionaba adecuadamente, todo ello adicionado con una realidad que fue subestimada, parecen haberse convertido en el caldo de cultivo de una crisis que no se debería dejar que siguiera evolucionando. La crisis es sinónimo también de oportunidad, y esta es una oportunidad para que el DF ataje grupos criminales, traiciones internas e intentos desestabilizadores.
 

Pese a las declaraciones que siempre preceden las jornadas electorales, todo parece marchar en términos bastante aceptables de cara a los comicios del próximo 7 de julio.

Sin duda han ayudado los acuerdos alcanzados por el Gobierno y los partidos, incluyendo la suspensión de los programas sociales (lo que la gente no agradece y que debería costarle a todos los partidos para que en el futuro busquen mecanismos de control que no pasen por castigar a los que menos tienen) y el establecimiento de la mesa para dirimir conflictos en Gobernación.

Sería una muy buena señal si, como propuso Manlio Fabio Beltrones ayer, esta misma semana su pudiera convocar a un periodo extraordinario para antes de las elecciones, para aprobar la reforma financiera, la de endeudamiento de los estados y otras reformas que quedaron pendientes en el periodo ordinario, como leyes reglamentarias en educación y tal vez en telecomunicaciones.

Por cierto, si bien no se esperan cosas nuevas del Pacto en lo que queda del mes, no es menor la promulgación de la reforma en telecomunicaciones que se dará esta misma semana.

Son 14 estados, con muchas elecciones: de presidentes municipales, de congresos locales, en el caso de Baja California también para gobernador, por eso mismo los conflictos serán muy locales, atenderán áreas y regiones muy específicas y ese es el tratamiento que se les debe dar antes y después de las elecciones.

Si bien es verdad que, como todos los comicios, estos serán en buena medida plebiscitarios (para el presidente y el PRI, pero también para los gobernadores y los partidos de oposición), lo cierto es que la realidad es tan distinta en cada uno de los estados que estarán en competencia que sería un error, salvo tendencias muy evidentes, sacar conclusiones generalizadas de unos resultados que serán muy locales.

Se dice, con buena dosis de razón, que los comicios más importantes son los de Baja California, donde el PAN buscará refrendar su gobierno en un Estado que controla desde 1995. El PAN optó por un buen candidato, “Kiko” Vega de la Madrid, que logró una alianza con el PRD, Nueva Alianza y un partido local. El PRI, con la molestia de Jorge Hank Rhon, apostó por Fernando Castro Trenti, que va con el PRI, el Verde y la novedad del lopezobradorista PT.

La elección pinta disputada, y allí ha estado todo mundo, del PRI, del PAN, del PRD, pero pareciera que el PAN está mejor posicionado, además de que en los hechos apuesta todo a esa elección.

Tiene un punto a su favor muy importante: haber recobrado la seguridad en el Estado que hace seis años estaba tan deteriorada. Pero la versión de que el PRI resignaría sin lucha esa posición es tan absurda como infundada. Para el priismo significaría mucho recuperar ese Estado.

Dentro de las elecciones locales, las de Veracruz, donde se elegirán congreso y presidentes municipales, lucen particularmente atractivas. El Puerto, Boca del Río, Xalapa, Córdoba, entre otras, serán posiciones muy disputadas. En Veracruz se da, quizás más que en otros lugares de la República, una virtual división de espacios políticos entre el PRI, el PAN, el PRD, más Movimiento Ciudadano que también tiene presencia en el estado.

Los juegos de alianzas serán muchos y complejos, pero los comicios decidirán, finalmente, como queda el equilibrio político en el tercer padrón electoral más importante del país.

No deja de ser significativo que ni el ex gobernador Fidel Herrera, ni Miguel Ángel Yunes, vayan a competir directamente en los comicios: claro que ambos tienen posiciones, pero un enfrentamiento directo entre ambos hubiera hecho mucho más compleja la elección, hoy mucho más transitable que lo que se veía hace unas semanas.

Muchos otros comicios tendrán apuntes interesantes: Puebla, sobre todo en la capital, muy disputada.

Tamaulipas, para ver cómo funcionará un PRI donde ya Egidio Torre ha podido colocar sus candidatos, en un Estado donde la presencia de Josefina fue muy importante hace un año.

En Quintana Roo, donde Roberto Borge, apuesta con cartas muy importantes para recuperar un Estado que tuvo fuerte presencia de López Obrador hace un año. La elección se centra en Benito Juárez, donde está Cancún, y Solidaridad, donde se encuentra la Rivera Maya.

En Oaxaca, se pondrá a prueba si la coalición que llevó al gobierno a Gabino Cué está en condiciones de continuar, luego de tres años, con muchas desavenencias internas.

Decía un célebre legislador demócrata en Estados Unidos, Tip O’Neill (que ganó la senaduría de Massachussets más de 50 años en forma ininterrumpida), que “toda la política es local”. Mucho hay de eso en estos comicios de julio, unas elecciones que difícilmente podrán tener una lectura global, con un voto tan marcado por las características locales.
 

Para mi amigo Liébano Sáenz, con un abrazo solidario

Dice el ex presidente Vicente Fox que si se legalizara, él “como agricultor” le entraría a la producción y comercialización de mariguana para competirle a “El Chapo Guzmán”. Sostiene que con la legalización de las drogas se acabaría con la violencia y que el país está perdiendo miles de millones de pesos al no producir y exportarlas.

Fox olvida algunas cosas. Primero, que él no puede opinar “como agricultor” porque es un ex presidente de la República, y como tal son tomadas, buenas o malas, sus declaraciones. Se puede estar o no de acuerdo con la legalización, pero si se comparan estas declaraciones con los documentos que han emitido, por ejemplo, los ex presidentes Ernesto Zedillo, César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y otros, sobre el mismo tema, estaremos viendo la enorme distancia que existe entre abordar la legalización de las drogas desde la óptica del “agricultor” a la de un ex mandatario.

La legalización de las drogas es un tema delicado, que incluye desde la seguridad hasta la salud pública. Ningún presidente en funciones o después de dejar su cargo lo puede abordar con superficialidad. Hace un par de años Fox me dijo en una entrevista que habría que establecer una suerte de Cocopa, aquella comisión para la paz formada en 94-95 para restablecer la paz en Chiapas, con los narcos. Y que si esa negociación no se hacía formal, se podría hacer a través de otros personajes, como por ejemplo algún obispo. En este tema no puede haber ocurrencias.

El presidente Fox no estableció durante su sexenio un combate intenso contra el narcotráfico. Fuera de declaraciones puntuales, nunca abordó de lleno un fenómeno que desde 2001 se le estaba yendo de las manos (ese año publicamos el libro El Otro Poder, las redes del narcotráfico en México, Aguilar 2001) porque comenzaba a presentarse lo que en 2004 se convirtió claramente en una realidad: el control y dominio de distintos grupos criminales sobre diferentes territorios desplazando a las fuerzas del Estado. La violencia como ahora la conocemos, no comenzó en 2006 con Felipe Calderón, sino entre 2003 y 2004, con la lucha de los distintos cárteles por el control de territorios que el Estado no protegía. Calderón, bien o mal, reaccionó a esa realidad, no la generó ni inventó.

Lo cierto es que durante la administración Fox la lucha contra el narcotráfico quedó en algunos cuerpos de élite del Ejército, en la Siedo que encabezaba José Luis Santiago Vasconcelos y en la AFI de Genaro García Luna. No se recuerdan en esos años detenciones de narcos por la Policía Federal. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ese país también abandonó el tema del narcotráfico entre sus prioridades y esa lucha quedó en una suerte de tierra de nadie.

En lo personal no tengo claro cuáles serían los beneficios de la legalización de las drogas (que obviamente va más allá de la legalización de la mariguana). Me queda claro que ninguna estrategia puede pasar por la penalización de los adictos, pero no creo que una decisión como la legalización baje automáticamente los índices de violencia (¿ha bajado en la decena de estados de la Unión Americana donde se legalizó el consumo de mariguana? comprobado con datos duros, en ninguno ha sucedido).

En México, la violencia está generada por la venta de drogas, pero esos grupos, esas pandillas se dedican a muchos otros delitos, desde el secuestro hasta la extorsión que no se detendrán por la legalización. La experiencia internacional tampoco demuestra que la legalización deje a esos grupos sin recursos: los mismos provienen de muy diferentes fuentes, y si se legaliza la mariguana, por ejemplo, nada les impediría seguir vendiendo otras drogas, como cocaína y sintéticas, que son en realidad donde está el gran negocio del narcotráfico.

La legalización, en última instancia, es un tema de salud pública y como tal, debe ser tratado. No creo que la mariguana tenga efectos mucho más perniciosos que el alcohol y el tabaco, pero no deja de ser significativo que mientras se desarrollan intensas campañas para reducir el consumo de ambos, se desarrolle otra para legalizar las drogas (¿para luego realizar campañas para reducir su consumo?). Pero también es lógico el argumento de quienes impulsan la legalización basándose en la libertad que tiene cualquier persona de consumir lo que desee bajo su propia responsabilidad y sin afectar a los demás. En algún lugar se debe establecer el límite entre derechos individuales y políticas públicas, y eso es lo que se debe debatir.

Lo que queda claro es que el tema no se debe trivializar. Y que lo que realmente aportaría a este debate un ex presidente sería un relato sincero y de fondo de cómo vivió ese problema…si es que estuvo preocupado e involucrado en la búsqueda de soluciones.
 

En el Distrito Federal 8.5% consume algún tipo de drogas, contra 5.7% en el resto del país; los inhalantes los consumen 1.3% de los capitalinos, contra 0.7% en el resto de México.

En realidad, en la capital hay unos 500 mil consumidores habituales de distintas drogas ilegales, de los cuales unos 178 mil son estudiantes de secundaria y preparatoria. Supongamos que usted es un empresario: ¿cuánto cuesta un mercado con medio millón de consumidores habituales?, ¿cómo se compite por el control de ese mercado?

Pues bien ese medio millón de personas es el mercado de las drogas (mariguana, cocaína, drogas sintéticas, inhalantes) en el Distrito Federal. No son cifras producto de la especulación, es información oficial del DF, actualizada a 2012. La importancia de ese mercado es evidente. Lo que resulta desconcertante es la insistencia de las autoridades capitalinas, pasadas y actuales, en negar la existencia de cárteles de la droga u organizaciones del crimen organizado que operen en el DF. ¿Cómo se puede aprovisionar a un mercado de medio millón de personas sin una estructura de distribución amplia y eficaz detrás?

Pero no se trata sólo de consumidores, sino también de redes que van desde la recepción de drogas (el aeropuerto capitalino es clave en ese sentido) hasta su producción (en las drogas sintéticas) pasando por su acopio, distribución y comercialización.

Los datos evidentes sobre la lucha entre distintos grupos respecto a comercialización de drogas son públicos ¿por qué negarlos?

La existencia de organizaciones dedicadas al narcomenudeo no se puede ocultar, lo mismo que un mercado de medio millón de consumidores que deben recibir su producto en forma sistemática. No es una acusación, es una realidad que trasciende administraciones. Cuando insistimos en la existencia de estos grupos se dicen dos cosas: una, es que el Gobierno federal no ha identificado a ningún grupo operando en el DF. No es verdad, todos los grupos operan en la capital del país y en el pasado los Beltrán Leyva han sido de los más importantes en esa operación y hoy, debilitados, son varios los que se disputan un mercado que, con toda razón, puede ser considerado la perla de la corona.

El segundo punto, es que no se da, hoy, en el DF, el mismo tipo de violencia que en otras ciudades. Y es verdad. Luego de aquel auge de la violencia que se dio en la administración de López Obrador, las cifras han disminuido en forma sistemática. Y eso habla bien de las áreas de seguridad capitalinas, que cuentan con una de las mejores policías del país. Pero eso mismo se puede decir, por ejemplo, de Guadalajara. ¿Y alguien puede creer que allí no operan los grupos del narcotráfico o que nunca estuvo allí, por ejemplo, “Nacho Coronel”.

Es obvio que el tema de los desaparecidos en el bar Heaven es un desafío para el Gobierno capitalino. Pero es un desafío que se debe enfocar asumiendo que estamos ante uno de los muchos coletazos que puede dar un monstruo que está vivo y genera reacciones todos los días. Cuando se dice que el narcomenudeo es uno de los mayores problemas de la ciudad, hay quienes dicen que es una forma de atacar al jefe de Gobierno, Miguel Mancera. En realidad es todo lo contrario. Mancera, en nuestra opinión, es un muy buen jefe de Gobierno y un hombre que tiene aún mucho por dar, en la ciudad y en el país. Pero nunca ha sido una buena recomendación, menos para los políticos, el tapar el sol con un dedo. Estos grupos del narcomenudeo son los verdaderos enemigos de esta administración y de la gente en la ciudad, no sólo por la distribución de drogas, sino también porque son los que roban, extorsionan, chantajean. Y el Gobierno capitalino tiene que asumir que reconocer a sus enemigos es una forma, también, de derrotarlos y exorcizarlos. Porque medio millón de consumidores no se pueden ocultar.

Los tradicionalistas del PAN

El PAN ganó su primera gubernatura en 1989, cuando Ernesto Ruffo derrotó por primera vez a nivel estatal al PRI. Desde entonces el PAN ha gobernado muchos estados, pero de ellos ha sacado pocos, muy pocos, líderes nacionales, a pesar de que varios de ellos llegaron al poder con enorme expectativas, como el propio Ruffo o Francisco Barrio Terrazas, independientemente de que algunos hayan sido presidentes nacionales de su partido, como Luis Felipe Bravo Mena o gobernadores que marcaron un época como Carlos Medina Plascencia. El hecho es que casi ninguno de ellos, a pesar de haber ocupado posiciones importantes, dejó una huella política equiparable, por ejemplo, a Diego Fernández de Cevallos, Carlos Castillo Peraza o al propio don Luis H. Álvarez. Está muy bien que ellos se cobijen ahora bajo una misma tendencia para tratar, como dicen, de “rescatar” al PAN. La pregunta es inevitable ¿qué hicieron durante todos estos años para que el PAN no se encontrara en la crisis que ahora vive?