Para comprender las externalidades del negocio de las drogas —en Estados Unidos se estima anualmente en 100 mil millones de dólares—, hay que entender su cadena de valor. El kilo de pasta base de hidrocloruro de cocaína en la selva colombiana tiene un costo entre 585 y 780 dólares. Se vende a los distribuidores en la misma selva en dos mil 700 dólares, y sube hasta siete mil al llegar a los puertos. En Centroamérica alcanza los 10 mil, y vale 30% más cuando llega a México. En Estados Unidos supera los 27 mil dólares en venta al mayoreo, y con los procesos de adulteración química ese mismo kilo duplica su valor. Tras ser refinada la cocaína, el costo es 500 veces mayor, y luego de recorrer los cuatro mil kilómetros entre la selva colombiana y las calles estadounidenses, su valor total al detalle es de 330 mil dólares.

La cocaína es la droga más redituable en los mercados y actualmente, según el informe que dio a conocer el viernes pasado la Organización de Estados Americanos, “El problema de las drogas en las Américas” 80% de la droga producida en los países andinos pasa a Estados Unidos por México —70% entra por el corredor Torreón-Gómez Palacio- Ciudad Juárez— y Centroamérica. La estructura de ganancias, según la OEA, deja 1% del valor en los productores originales, mientras que los vendedores minoristas en los países consumidores reciben cerca de 65% de esos ingresos.

El informe dice que el mayor valor en esta economía ilegal es agregado en los mercados de venta final, con lo que presumiblemente una parte importante de las ganancias se genera en esos mercados. Paradójicamente, la violencia en esos mercados es menor. De acuerdo con los expertos, la mayor violencia se da en los países de cultivo, producción, distribución, tránsito y venta de drogas, donde generan delitos asociados como asesinatos, secuestros o extorsiones, ante la debilidad de las instituciones. Hay una correlación directa de la violencia con la menor fuerza institucional, donde se añade el fenómeno de la corrupción, que responde a diversos factores.

México no tenía un problema real de violencia generalizada hasta 1996, cuando los cárteles colombianos dejaron de pagar en efectivo la transportación de su cocaína a Estados Unidos, y empezaron a liquidar en especie. Con el cambio, las bandas mexicanas tuvieron que desarrollar mercados internos para el consumo de drogas, y establecer territorios para sus rutas de distribución y transporte de drogas. El Gobierno de Felipe Calderón los enfrentó directamente, y al golpear con éxito a las cabezas en 2007, varios cárteles que se quedaron sin droga mutaron de delito.

Por ejemplo, el cártel de Tijuana casi desapareció, y cuando no pudo pagar nóminas, sus  sicarios se fueron al secuestro exprés. Los Zetas tuvieron que abrir nuevos mercados en Centroamérica, y se desdoblaron en la extorsión, piratería y prostitución. Por esta razón el gobierno de Calderón argumentaba que 92% de los delitos eran del fuero común, aunque tramposamente omitía que una parte significativa era externalidad del crimen organizado. La gran debilidad de la estrategia en el sexenio pasado fue que al golpear a las cabezas de los cárteles, la fuerza del Estado no fue acompañado por el fortalecimiento de las policías estatales y municipales que no eran parte del problema, sino el problema en sí mismo, al vincularse orgánicamente con los cárteles de las drogas.

La debilidad de las instituciones puso a las fuerzas de seguridad en una especie de mercado, donde los cárteles reclutaban policías y militares. La compra de impunidad era elástica, y policías o militares no dudaron en cambiar de patrón, si la paga mejoraba. La guerra contra las drogas en el sexenio pasado produjo realineamientos entre los cárteles y en sus esquemas de protección institucional, donde las fuerzas de seguridad, en no pocas ocasiones, también jugaron como escuadrones de la muerte. La violencia se convirtió en la externalidad más dramática en la búsqueda del control de la distribución de la cocaína, de cuyas ganancias los cárteles engrosan sus carteras para la corrupción y adquieren mejor armamento para sus ejércitos.

Por esta razón de mercado, la OEA propuso la liberalización de las drogas. “En un marco de prohibición, la economía de las drogas ilegales requiere del soborno, la connivencia y la omisión de servidores públicos para proteger sus operaciones y garantizar la impunidad de sus acciones”, dice. “Si en algo existe consenso en materia de economía ilegal de drogas es que ésta y el crimen organizado no pueden existir sin corrupción”. La lógica de la OEA es que si el mercado de las drogas se legaliza, se reduce la corrupción y se ayuda a construir instituciones más sólidas al estar menos putrefactas. El razonamiento puede parecer un poco simplista. Pero tanto se ha hecho sin avanzar, que experimentar a partir de prueba y error, bien vale la pena, al menos, comenzar a discutirlo seriamente.
 

El PAN, el partido más antiguo del país, se encuentra en la paradoja de una identidad que luce perdida, tras ser manoseada y definida en función de intereses particulares en contextos específicos. Partido doctrinario de ideología clara, se fue desdibujando ante el empuje de los llamados “bárbaros del Norte”, que de la mano del aguerrido Manuel Clouthier, el ex dirigente patronal y candidato presidencial en 1988, fue ganando terreno con un discurso alejado de la retórica sibilina de las 14 familias que lo controlaban, y un empuje temerario que concluyó cuando Vicente Fox obtuvo la candidatura presidencial. Aunque Fox acabó con 70 años de reinado del PRI, no pasó mucho tiempo para que decepcionara y entrara en nueva crisis.

Al desgaste que significaba administrar el poder, aceleró la erosión el vacío ideológico que caracterizaba a los “bárbaros del Norte”. El pragmatismo que los envolvía trazó la ruta de Clouthier, el arquetipo de un político anti-establecimiento, a Fox, quien en su pugna contra el presidente Felipe Calderón, apoyó decididamente a Enrique Peña Nieto desde la campaña presidencial. Hijo de esa corriente es Francisco Barrio, ex gobernador de Chihuahua, cuyo pupilo Gustavo Madero, líder del PAN, se encuentra hoy en el centro de una polémica con el cesado coordinador de los senadores Ernesto Cordero, delfín de Calderón, que es miembro de una de las familias que usufructuaban el partido.

Por la relación que mantiene con el Gobierno de Peña Nieto y su participación en el Pacto por México, Cordero lo acusa de querer convertir al PAN en un partido satélite a costa de sacrificar a quienes como él —y los calderonistas—, son una oposición crítica.

Madero afirma que su respaldo al Gobierno es porque las reformas del Pacto benefician a los mexicanos. Ninguno ha reducido el conflicto a un choque entre maderistas y calderonistas, pero Cordero, quien más luces ha dado al fondo del conflicto, sostiene que en el fondo se enfrentan dos visiones de partido.

Lo paradójico es que ambas partes, en su tiempo y espacio, jugaron los roles invertidos y se acusaron mutuamente de lo mismo, acomodarse con el PRI.

Clouthier era intransigente con los priistas, pero su muerte en 1989 eliminó un punto de fricción con la dirigencia del PAN en aquel momento, que se movía bajo la orientación de Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Cevallos, quienes inauguraron con el entonces presidente Carlos Salinas, la era de las “concertacesiones”, donde accedió el PAN a gubernaturas por primera vez en su historia. Castillo Peraza fue el mentor de Calderón, uno de los encubiertos críticos de Madero.

El hartazgo del PRI y la cohabitación de la dirigencia panista permitieron a los “bárbaros del Norte” el asalto al poder en los 80 y 90. El neopanismo se instaló en Los Pinos, pero no pudo mantener el poder más de seis años. Calderón se quedó con la candidatura y llevó al viejo PAN a la Presidencia.

Los papeles se empezaron a invertir en el epílogo del gobierno de Calderón, y durante la novel Presidencia de Peña Nieto se transmutaron por completo.

Hoy, duros en el pasado como el senador Javier Corral, se han vuelto piezas funcionales al peñismo, como lo fueron con el salinismo Castillo Peraza y Fernández de Cevallos, mientras que colaboracionistas en el pasado, como el senador Javier Lozano, son dogmáticos de oposición en la relación con el Gobierno priista, como lo fue Clouthier.

Todo este pasado zigzagueante desnuda al PAN, que muestra en la línea de tiempo un oportunismo, que en ocasiones raya de hipócrita. Cambiar de bando y estrategia en función de sus intereses coyunturales lo tiene en un terreno nada digno ni honroso. No lo ven así los panistas, inmersos en su crisis. Pero si lograran verlo a distancia, advertirían una gran oportunidad para crecer. Quizás, hasta para convertirse en un partido político verdadero que sepa ser oposición congruente y útil, y que cuando esté en el Gobierno sepa ser Gobierno.

Esto no se ve en el horizonte, y menos aún si la forma de litigar sus conflictos internos, sea en la arena de los medios, donde la división cada vez será más ancha.

twitter: @rivapa
 

El nombre de César Nava, secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón, líder nacional del PAN, diputado y uno de sus miembros más distinguidos de los últimos tiempos, está totalmente embarrado por la acusación en una corte federal en Nueva York como presunto conspirador en un multimillonario fraude a Pemex.

Hace no mucho, su nombre también apareció como gestor del empresario vinculado al PAN, José Susumo Azano, el principal proveedor de equipos de intercepción telefónica para la Secretaría de la Defensa durante el sexenio pasado, en un litigio con la empresa estadounidense de electricidad Sempra. Nada se le ha probado —al menos todavía—, pero la percepción de que anda en malos pasos se está convirtiendo en la metáfora de la parte oscura del gobierno de Calderón: la corrupción.

El nombre de Nava está asociado directamente al del ex presidente, en cuyo gobierno se denunciaron de manera regular actos de corrupción que no terminaron en acciones legales. “No nos dio tiempo para combatir toda la corrupción”, declaró hace algún tiempo el senador Salvador Vega Casillas, quien fue secretario de la Función Pública, y que estaba involucrado en un conflicto de interés, pues su esposa Gladys López Blanco, ex subprocuradora de Verificación y Vigilancia de la Profeco, había sido acusada de participar en una red de extorsión a gasolineros, y de la que fue exonerada en diciembre de 2011, por la ex procuradora envuelta también hoy en escándalos, Marisela Morales.

Existen demasiados indicios de corrupción en el gobierno de Calderón que no han tenido respuestas legalmente satisfactorias.

Lo más relevante pueden ser el caso actual de Pemex o el de la Estela de Luz, el monumento que quiso dejar como legado el ex presidente del Bicentenario de la Independencia, y donde su operadora política y ex jefa de Oficina en Los Pinos, Patricia Flores, está señalada como responsable de manejos irregulares en su construcción que, paradójicamente, involucra en una parte a Pemex y a la Secretaría de la Defensa Nacional, que sufragaron algunos de sus costos.

Otro tema de alto impacto es el de los casinos, una herida abierta del panismo por el involucramiento de políticos con los diferentes grupos de casineros que les financiaron campañas electorales, y que de acuerdo con panistas con conocimiento de primera mano en el tema, tienen hilos que conectan con algunas de las más altas oficinas de la presidencia anterior.

Estos son los casos más notables del chapoteadero panista, pero no serán los únicos que causarán revuelo.

La PGR está investigando actualmente a Luz María Servín Sotres, ex directora de Delegaciones del Instituto Nacional de Migración, y a varios de sus colaboradores, para determinar su responsabilidad en el otorgamiento de un estatus laboral a inmigrantes traficados a México por la delincuencia organizada.

En Pemex, hay una suspensión de pagos de obras ante la sospecha de la Secretaría de Hacienda que algunas de ellas, realizadas en la parte final del gobierno anterior, no existen.

Paralelamente, en la Secretaría de Educación Pública están revisando todo el proyecto de Enciclomedia y de la compra de computadoras por parte del ex subsecretario Fernando González, yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, de quien se sospecha es el propietario de la empresa que vendió el equipo.

En Fonatur se investiga la gestión de Miguel Gómez Mont, quien fue cesado por un exabrupto durante el Mundial de Futbol en Sudáfrica, por la compra de una enorme extensión de terreno para un desarrollo turístico en Sinaloa, que nunca se hizo, a costos por encima del mercado.

En la Lotería Nacional encontraron un patrón de sorteos que aparentemente fueron arreglados, por lo que están determinando quiénes fueron los autores de las trampas y quiénes los beneficiados.

Son muchos los altos funcionarios del actual gobierno que comentan haber encontrado irregularidades en las dependencias a las cuales llegaron, aunque no necesariamente en estos momentos, pueden determinar si hay una explicación administrativa o si se trata de actos de corrupción.

Lo que cada vez es más claro es que el presidente de “las manos limpias”, como se autodefinió Calderón, difícilmente podrá presumir que cumplió con lo que prometió a la Nación.
 

Inflación, carestía, ausencia de obra pública, presupuestos incompletos, pérdida de productividad, desempleo, disminución del gasto público y un crecimiento mediocre que aumenta la tensión social, la ira y la inconformidad. Paisaje actual de México, minimizado por Luis Videgaray.

Para el secretario de Hacienda no hay de qué preocuparse, pues todo está dentro de la normalidad. Su diseño, después de todo, es el que está prevaleciendo en la estrategia del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Videgaray está haciendo en la tesorería nacional lo mismo que hizo durante los dos primeros años como responsable de la tesorería del Estado de México en el Gobierno local de Peña Nieto, cuando deshidrató la economía para que todos se apretaran el cinturón y, medio año antes de las elecciones federales intermedias, abrió la llave del presupuesto para que en la bonanza, los electores se olvidaran de los malos momentos y votaran por el PRI. La receta fue exitosa, y la repite el doctor ahora, aunque no está claro si el paciente aguantará.

El caso más claro de cómo está secando a gobiernos estatales, es no entregarles los presupuestos, con lo cual ha coadyuvado a la protesta magisterial que tiene frenada la reforma educativa, porque aún a los maestros que no están en rebeldía, sus salarios tardan en llegar.

El menos visible tiene que ver con los compromisos del Presidente Peña Nieto de este año, donde las cuentas no salen y es posible que tengan que reprogramar las entregas. La Cruzada contra el Hambre es el paradigmático. Los técnicos del Presidente no hicieron las corridas financieras adecuadas y lo están metiendo en problemas para cumplir lo ofrecido. Pero no quieren ver el elefante en la sala.

El mediocre crecimiento de 1% durante el primer trimestre, tampoco es un dato negativo para Videgaray, que lo ve natural.

Cómo se esperaría mejor comportamiento de la economía, si México lleva 30 años estancada, aclara. Cómo crecer y elevar la calidad de vida del mexicano, si no hay productividad, afirma.

Pero ya viene y, por cierto, que nadie se preocupe que existan 16 mil millones de dólares en capitales golondrinos, porque obedece a que los países industriales no terminan de salir de sus crisis y hacer ajustes, por lo que el dinero en las bolsas siguen encontrando en naciones emergentes como México, mejor rendimientos.

El doctor Videgaray lo ve bajo el tamiz técnico. En el mundo real, como el de la mayoría de los 117 millones de mexicanos, la inflación se elevó 4.65% por el aumento en las gasolinas y en los productos agropecuarios. El transporte público, en el cual se desplaza la mayoría de los trabajadores, se incrementa mensualmente 6.24%, una tasa superior al mejor aumento de la mejor negociación salarial. Sectores como en el de la construcción, el referente de los indicadores macroeconómicos, el despido de obreros va en aumento. El superpeso no ayuda. Un peso sobrevaluado como el actual perjudica las exportaciones, a la industria maquiladora —gran pilar de la economía mexicana—, y al empleo.

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha venido alertando desde hace semanas sobre el mal comportamiento de la economía, sugiriendo que podría modificar la tasa de interés.

Si esto sucede, se puede congelar la reciente reforma del crédito, pues el dinero se volverá a poner caro para quien solicite un préstamo. Además, también podría suceder que el flujo de capitales golondrino, ante la baja de utilidad frente a otros mercados, vuele de una manera tan veloz como llegaron en los 12 últimos meses, y golpe en el tipo de cambio en forma brusca y distorsione los precios en la economía.

La economía mexicana, tan profundamente globalizada, depende de factores exógenos que no se pueden controlar desde la Secretaría de Hacienda.

El Banco de México puede ayudar a prevenir y tomar medidas que eviten descalabros, pero hay otras acciones donde no puede hacer nada.

Tal es el caso de la deshidratación económica que lleva a cabo Videgaray, quien parece olvidar que Toluca no es la Ciudad de México, ni las finanzas estatales son iguales a las nacionales, ni los problemas locales tienen el mismo comportamiento que los nacionales. De eso, aprenderá rápido.
 

En los 40 años de operaciones secretas en México, este es el mejor momento para darle un golpe a la arrogancia y las actividades delictivas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, conocida por su acrónimo DEA.

El Gobierno mexicano ya cerró la puerta a la intromisión galopante que tuvieron en la administración de Felipe Calderón, con el respaldo del presidente Barack Obama, que dijo a su colega Enrique Peña Nieto que apoyaría cualquier decisión que tomara, porque la seguridad en México, subrayó, corresponde decidirla a los mexicanos.

La DEA debe estar revolcándose de la rabia, según se puede colegir por la información que filtró a los medios de Estados Unidos tras el encuentro presidencial de la semana antepasada.

Es tiempo no sólo de pararlos y controlarlos.

Durante varios sexenios pretendieron dirigir la lucha contra las drogas en México, pero fueron frenados en seco.

Exigieron que se les permitiera portar armas, pero no se les autorizó.

El acotamiento legal no impidió que enviaran agentes encubiertos para penetrar a los cárteles de la droga, y uno de ellos, Enrique Camarena Salazar, les dio sentido a su misión. Al “Kiki” Camarena, como lo llamaban sus compañeros, lo mandaron matar los jefes del extinto cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca en febrero de 1985, menos de tres meses después de se descubriera el rancho “El Búfalo”, en Chihuahua, donde se decomisó el mayor volumen de mariguana en la historia del narcotráfico.

Su asesinato dio origen a la “Operación Leyenda”, la mayor investigación que haya montado jamás la DEA, que apoyada años después por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que le permitía a la justicia de esa nación la extraterritorialidad, secuestraron en México en 1990 al doctor Humberto Álvarez Macháin, quien afirmaban mantuvo con vida a Camarena mientras lo torturaban.

Detrás de esa cacería desatada en México se ocultó que el agente de la DEA, de acuerdo con funcionarios mexicanos de la época, en realidad era un doble agente, que al ser descubierto por los jefes del cártel, lo mandaron a asesinar por traición.

La “Operación Leyenda”, sin embargo, fue lo que necesitaba la DEA para imponerse a otras agencias de inteligencia que operaban en México, en poder, influencia y presupuesto.

No le importó cruzar la línea y mentir para obtener beneficios, como la acusación contra Manuel Bartlett, secretario de Gobernación cuando el asesinato de Camarena, fincada en un testigo protegido, Víctor  Lorenzo Harrison, quien después de dos años de acusaciones contra funcionarios mexicanos, aceptó en una Corte de Los Ángeles que había mentido.

El fiasco no inhibió a la DEA, que volvió a utilizar testigos protegidos.

Con uno de ellos incubó la idea que el hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas, estaba involucrado con el narcotráfico. Ese testigo, ex capitán de la Marina, fue rechazado por la DEA por la magnitud de mentiras —aunque la agencia nunca lo desautorizó—, ofreció contar su dicho a periodistas a cambio de 500 mil pesos. Varios lo rechazaron por no fiable, aunque finalmente logró que uno de los periódicos importantes de México le creyera.

La historia de las arbitrariedades de la DEA y del cruce permanente de la línea entre lo legal y lo ilegal —su vinculación en México con algunos cárteles, o en Colombia con el de Cali—, no fue motivo de alerta cuando la PGR, en el Gobierno de Calderón, le abrió la puerta para que utilizaran armas, participaran en operaciones y, gradualmente, ganaran sus agentes prioridad para entrevistar a detenidos antes del ministerio público federal.

La ex procuradora Marisela Morales deportó a cuantos criminales querían, a cambio de que les dieran acceso a información como la de “Jennifer”, el testigo protegido de la DEA más famoso en la historia del narcotráfico en México, y razón del desmoronamiento de una parte importante de la lucha contra las drogas en el Gobierno pasado.

Si hay responsabilidades que los mexicanos tendrán que enfrentar, la DEA no es inocente. En muchos sentidos es la gran culpable del desastre que vive la procuración de justicia mexicana, por lo que no debería quedar impune.
 

¿Alguien, con el mínimo sentido de soberanía, puede estar en contra de la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto de recortar las actividades tácticas y de inteligencia que el Gobierno de Felipe Calderón autorizó a Estados Unidos en territorio mexicano? Nadie, por supuesto, pero el Gobierno estadounidense, como hace cada vez que quiere presionar a su vecino, abrió información confidencial a su prensa para ratificar desde el anonimato su molestia porque se les cortaron privilegios sin precedente, aprovechando la carencia del gobierno peñista de una estrategia clara de combate al crimen organizado.

No enfrentar a los criminales permitió que renaciera La Familia Michoacana, que invadiera al Estado de México y organizara sus grupos de autodefensa civil, y que la guerra entre cárteles de la droga mantuviera en vilo la Frontera Norte de Tamaulipas, la Comarca Lagunera y regresara a San Luis Potosí. La ausencia de una política de contención criminal permitió a Estados Unidos presionar a los mexicanos. No parece interesarle que la instrumenten, sino que “entiendan” que Washington, no México, es quien controla la estrategia, tiene los insumos de inteligencia y dicta las órdenes de qué hacer, cómo, cuándo y contra quién.

Una estrategia de contención criminal es lo que requiere el Gobierno mexicano para encarar a los estadounidenses, que no dejan de sangrar por la herida. Después de todo, el nivel de colaboración del Gobierno de Calderón llegó a niveles de subordinación y sumisión ante Washington. El concepto de “guerra” contra el narcotráfico provino de la DEA en una reunión secreta que tuvo el jefe de la agencia en México en 2006 con el ex Presidente en Cuernavaca. El manejo de centros de inteligencia en Monterrey y la ciudad de México fue autorizado a petición de la ex canciller Hillary Clinton. Los permisos para que drones —no artillados— de Estados Unidos volaran sobre territorio mexicano en tareas de inteligencia, salieron de Los Pinos.

Todo este nivel de colaboración no sólo era sin precedente, sino que en el pasado fue motivo de enfrentamiento. En este mismo espacio se publicó en su momento cómo el operativo donde murió Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca, en diciembre de 2009, fue hecho por comandos de la Marina entrenados por la CIA y la DEA, quienes recibían las instrucciones del mando en inglés.

En este mismo espacio se publicó también que algunas de las unidades de élite incorporaban a miembros que no hablaban el español mexicano y que tenían como símbolo tatuajes más similares a los que algunos cuerpos de seguridad privados tenían en Afganistán e Iraq. Igualmente se publicó cómo la PGR había autorizado que agentes de la DEA participaran en interrogatorios que evolucionó a ser ellos quienes hablaban con los detenidos antes que los ministerios públicos federales.

El Gobierno de Calderón autorizó a portar armas y a dirigir operaciones tácticas dentro de territorio mexicano, con lo que cambió toda una doctrina mexicana contra la intervención estadounidense. De esa manera se construyeron bases de entrenamiento en Querétaro y otras localidades, manejadas por la CIA, la DEA y con uso de contratistas privados. México siempre se negó a persecuciones “en caliente”, como se llama a las “cacerías” en tiempo real, que penetraban el territorio mexicano, hasta que el ex presidente las autorizó. Siempre, también, se impidió que las campañas contra el narcotráfico se diseñaran en Washington, a lo que se accedió en la administración calderonista hasta permitir a Estados Unidos decidir con qué rama del Gobierno trabajaban en México y a quién vetaban.

La entrega, si no total porque dentro del Gobierno mexicano hubo resistencias, sí fue inmensa, avalada por toda una clase política que no cuestionó el sometimiento. México se convirtió en una especie de Iraq o Afganistán, donde sus gobiernos títeres reciben instrucciones de Washington. No les ha gustado que este gobierno cambie las reglas de juego, pero para que el Presidente Peña Nieto gane también el consenso nacional, debe explicar claramente que tiene una política de disuasión criminal que no es retórica, y evitar en paralelo la descripción del Gobierno de Barack Obama, que afirma que a su Gobierno sólo le interesa lo “cosmético”.
 

El Gobierno de Enrique Peña Nieto está diseñado bajo un esquema de centralización dogmática. Por ejemplo, salvo el caso de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, a ningún otro miembro del gabinete, ni siquiera a su amigo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le permitió nombrar a sus subsecretarios. Desde el inicio de la administración, los secretarios de Estado tienen que enviar a Los Pinos diariamente por la noche un informe de lo que hicieron ellos y sus subalternos, y sistemáticamente tienen que informar sobre los avances de su gestión. El control es totalmente vertical.

Bajo un modelo semiautoritario, el Gobierno busca ser eficiente y controlar por completo  la comunicación política —que va más allá de la comunicación social—, que incluye la imagen institucional, discurso, el formato de escenarios —hasta ahora homogéneo—, y la calendarización de eventos. En ese sentido ha sido ejemplar, y hasta hace unos días, esa estrategia sólo se había roto cuando se trastocó para atender la explosión en Pemex. Aquello fue un factor inesperado, pero la semana pasada, al aparecer los videos donde funcionarios de la delegación de Desarrollo Social en Veracruz y del Gobierno estatal planeaban el uso de programas sociales con fines electorales, el Gobierno peñista se descuadró por completo.

El Presidente tensó la relación política con la oposición por un discurso desafortunado donde respaldó a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y desató la primera crisis política del sexenio al poner en riesgo el Pacto por México. Fue la paradoja del diseño de Gobierno presidencial, la que lo atrapó. Robles no pudo cargar con toda la responsabilidad en ese escándalo porque salvo a su coordinador de asesores y a su oficial mayor, a nadie más pudo nombrar en Sedesol. Todas fueron imposiciones.

El subsecretario responsable de las delegaciones en el país es Ernesto Nemer, quien fue secretario de Desarrollo Social y líder del Congreso en el Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador. Pero los delegados federales, como el de Veracruz, tampoco los nombró Nemer, sino Osorio Chong, en negociaciones bilaterales con los gobernadores o con las fuerzas políticas del PRI en cada Estado. Y quien avaló al final la propuesta del secretario, fue el Presidente.

La verticalidad del Gobierno peñista funciona a la perfección cuando el entorno se encuentra estable, y bajo condiciones de normalidad es una maquinaria política muy aceitada. Pero en la política, el factor humano es una variable inestable y en cualquier momento se puede descomponer. Veracruz es el ejemplo. En unos cuantos días contaminó la política económica y alteró los planes del anuncio de la reforma financiera, ante lo cual las deficiencias conceptuales en el diseño de operación gubernamental y sus consecuencias, los llevaron, como no se había visto, a improvisaciones.

Videgaray, posiblemente nervioso por la suspensión del anuncio de la reforma financiera, ignoró a la Presidencia y machucó a Osorio Chong al informar en las redes sociales antes que sus jefes —uno nominal y otro en el gabinete—, que se pospondría el evento donde anunciaría la reforma,  sin importar violentar el diseño de tutela autoritaria de Los Pinos. Ante el desplome de la idea construida por meses que los priistas sí sabían hacer política y eran eficientes, que el Gobierno perdiera su eje fue lo menos importante.

¿El sentimiento de culpa sobre la metralla política que recibió Robles llevó al Presidente a darle el espaldarazo que detonó la crisis? No es tan claro como sí lo es, con los nuevos datos disponibles, que la responsabilidad de Robles es parcial, a diferencia de la de Osorio Chong, quien fiel a la arquitectura presidencial para tener bajo yugo al Gobierno, determinó con método de micro administración el esquema de delegados. La crisis política y el cisma en el Pacto por México terminaron de romper la luna de miel de Peña Nieto con la sociedad política, y mostró las deficiencias de esa ingeniería, en lo que podría describirse como el momento cuando el diseño se mordió la cola.
 

Cuatro años después de haber sido jubilado del Ejército al cumplir 65 años —como marca la ley, pero inusual cuando el militar tiene el rango de subsecretario de Defensa—, el general Tomás Ángeles participó en un foro organizado por la Fundación Colosio, durante la campaña presidencial en mayo de 2012, donde las fuertes críticas a la estrategia de seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, reventaron tímpanos en Los Pinos. Calderón le pidió al secretario de la Defensa, Guillermo Galván, que le explicara por qué, si había sido parte de la misma estrategia, Ángeles ahora hablaba en contra. De acuerdo con quienes conocieron de esa plática, el general Galván le respondió que ya antes le había dado informes sobre las deslealtades del ex subsecretario.

El general Galván tenía tiempo de estar molesto. A espaldas de él, el general Ángeles buscó mediar con el EPR tras los bombazos en instalaciones de Pemex en represalia por la desaparición —hasta hoy en día—, de dos de sus jefes, Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. En este mismo espacio se publicó el 18 de mayo de 2012: “El punto de quiebre fue en 2007, (cuando) ofreció al entonces director del Cisen, Guillermo Valdés, sentarlo a negociar con el EPR. El propio secretario Galván ofreció todo el apoyo al general Ángeles para servir de puente con la guerrilla y tener un canal de comunicación alterno para resolver el problema de los desaparecidos y evitar futuras acciones militares.

“La primera reunión fue un fracaso, pues de entrada, a quien Ángeles llevó como jefes del EPR dijeron que ellos no pertenecían al EPR sino a otro movimiento no clandestino. Desconcertados sus interlocutores, Ángeles se defendió y explicó que no les habían tenido confianza, por lo que se arregló otro encuentro. Fue lo mismo. Entendieron que el aún subsecretario de Defensa, los había timado. No duró mucho más el general Ángeles en el cargo pues fue destituido y congelado. Al mismo tiempo…, en la Secretaría de la Defensa Nacional comenzaron a recuperar viejas líneas de investigación sobre datos de inteligencia que lo vinculaban presuntamente a la delincuencia organizada, y le empezaron a armar un expediente. El general Ángeles no se inmutó”.

El presidente Calderón, que lo llegó a considerar como secretario de la Defensa ante el apoyo de quien fue su asesor más confiable, Juan Camilo Mouriño, no sólo estaba desconcertado por las palabras del general Ángeles, sino indignado. En ese foro en la capital potosina, el general Ángeles respondió a una pregunta: “No tenemos una estrategia de seguridad nacional. No tenemos un apropiado marco de referencia sobre seguridad nacional; no tenemos una base de partida”.

Ante la molestia de Calderón por las declaraciones del ex subsecretario, y como sucede con los presidentes y las salidas plausibles, no hubo necesidad de dar una orden expresa para que se alistara el viejo expediente que hacía raíces en el despacho del secretario de la Defensa. Una semana después, de acuerdo con personas que conocen detalles del episodio, la ex procuradora Marisela Morales recibió una llamada de Lomas Sotelo para decirle que le llevaban detenido al general Ángeles para que procediera en su contra. Toda la acción legal la habían hecho militares, pero ella tendría que darle la cobertura civil. Morales, muy cercana al Ejército —vivía dentro de la Primera Zona Militar—, procedió en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico. El general Ángeles se dijo siempre inocente de los cargos y aseguraba que las acusaciones provenían de la cúpula del Ejército, que lo veía como candidato al cargo en el siguiente sexenio.

El general Ángeles vio en la cárcel la llegada de un nuevo Gobierno en México, y en vísperas del relevo se comenzó a aflojar su caso. Descongelaron sus cuentas y regresaron bienes inmuebles a su familia. Once meses después fue puesto en libertad porque la PGR se desistió por falta de pruebas que sustentaran los dichos de testigos protegidos, y en el inicio de un nuevo episodio, pero no de narcopolítica, sino del probable uso faccioso y discrecional de la justicia, utilizado de manera estomacal, en el Gobierno de Calderón.

Un juez federal absolvió este lunes a Noé Ramírez Mandujano, fiscal antidrogas en el Gobierno de Felipe Calderón, por el delito de delincuencia organizada. Es el último funcionario de alto nivel en dejar la cárcel, después de que hace casi cuatro años y medio, el entonces procurador Eduardo Medina Mora, y Marisela Morales, quien se convirtió en la fiscal estrella del calderonismo, desmantelaran toda la estructura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), bajo la acusación de que trabajaba al servicio del cártel de los hermanos Arturo, Héctor y Alfredo Beltrán Leyva, en la llamada “Operación Limpieza”. La libertad de Ramírez Mandujano no es sólo un acto de justicia, a decir del juez, sino la metáfora de lo que se está conformando como uno de los periodos más oscuros dentro de la PGR, donde Morales, que llegó a ser su cabeza, empieza a emerger como un ícono en la fabricación de delitos.

Ramírez Mandujano, como otros dos ex jefes de la SEIDO detenidos por su presunta relación con los Beltrán Leyva, fue acusado por “Jennifer”, un testigo protegido de la DEA que trabajó como abogado cercano a Joaquín “El Chapo” Guzmán, que vive en Estados Unidos. “Jennifer” fue la fuente principal de la “Operación Limpieza”, e incriminó también al ex comisionado de la Policía Federal, Gerardo Garay, al ex director de Operaciones Especiales de la Policía Federal, Francisco Navarro, y al ex secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Salvador Rocha Vargas. Asimismo, fue fuente recurrente de la ex procuradora Morales, y a quien ella o sus colaboradores interrogaron regularmente en Washington, en viajes no se publicitados.

Morales se convirtió, desde que era una funcionaria de recién ingreso a la SEIDO pocos meses antes de la “Operación Limpieza”, en la fiscal más estimada por el hoy ex presidente Felipe Calderón, quien la hizo procuradora al final de su sexenio. Medina Mora, quien la conoció en Los Pinos cuando en el Gobierno de Vicente Fox él era director del Cisen y ella llevaba el caso de “El Encino” en contra del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, la llevó a la PGR. Hoy, ambos son arrastrados por “Jennifer” y la “Operación Limpieza”. ¿Ingenuidad o incompetencia? ¿Deseos de vendetta o ganas de quedar bien con Calderón? O, simplemente, la obsesión para encarcelar funcionarios, que los cegó ante otras evidencias o a valorar las pruebas de los acusados, colocan al actual embajador en Estados Unidos y a la académica en la Universidad de Florida, en una situación altamente incómoda.

Menos visible, pero quizás más desvergonzada, es la actitud de la DEA, que vendió a “Jennifer” como un testigo infalible. Ex funcionarios federales recuerdan que Morales hizo junto con la DEA su proceso de verificación, y designó a dos ministerios públicos federales, doblemente pasados por controles de confianza por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, para interrogarlo y llevar los casos, que tomó como un asunto  personal. “Jennifer” es testigo también en otros casos de impacto, como los del ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, y el ex jefe de Interpol, Rodolfo de la Guardia, quienes fueron liberados por falta de pruebas. También es uno de los que acusó al general retirado Tomás Ángeles Dauahare, actualmente en prisión, en espera de la sentencia del juez.

“Jennifer” es el hombre de la DEA que ayudó a construir en Estados Unidos la percepción de un Estado fallido, donde las instituciones estaban infectadas por el narcotráfico, que controlaba el territorio mexicano. En este mismo espacio, en un texto intitulado simplemente “Jennifer”, se concluyó a finales de enero de este año, cuando la tendencia de las acusaciones del testigo dibujaban la hecatombe judicial: ‘“Jennifer” fue un arma a la cabeza de México, utilizada por Calderón sí, pero que contribuyó al descrédito de un país bajo el disfraz de la guerra –que fue real- contra el narcotráfico, y a la subordinación de su Gobierno a Estados Unidos”. Hoy, se ratifica la afirmación.
 

A simple vista todo parece estar coordinado. El sábado antepasado, como sucede cada primer sábado de mes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) distribuyó su periódico El Insurgente, donde planteó que “la autodefensa armada de las masas debe ser impulsada, pero no desde una perspectiva mediática, sino desde un proceso real de autodeterminación, (y) verdadera autodefensa”. Al día siguiente los grupos de autodefensa en Guerrero —varios de los cuales se encuentran en zonas de presencia guerrillera— pactaron un movimiento popular junto con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. A simple vista, los planes insurgentes parecen seguir su ruta de acción.

Estos planes, que se vienen construyendo desde hace varios meses, giran en torno a la creación de un frente de masas, dibujado en los 27 comunicados que emitió el EPR el año pasado, dirigidos a sindicatos, organizaciones de derechos humanos, periodistas, madres y familiares de desaparecidos, y comunidades afectadas por la guerra contra el narcotráfico. Ese frente tuvo una primera prueba el 1 de diciembre, cuando durante la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto desestabilizaron el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde el secretario de Agricultura, Enrique Martínez, resultó herido —no de gravedad— por un petardo que estrellaron en su vehículo.

La primera acción de gran envergadura en la capital federal fue todo un éxito, medido en que ninguno de los cuadros militares que provocaron los enfrentamientos resultó detenido. La segunda se dio con la emergencia súbita en varios estados de policías comunitarias y grupos paramilitares que fueron avalados en un principio por gobiernos estatales y el federal, donde se mezclaron aquellos que legítimamente se sentían desprotegidos por la autoridad, y aquellos que defendían intereses particulares —como narcotraficantes y talamontes—, o que perseguían una agenda política e ideológica —como el EPR—. La tercera se dio con el conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde, según los órganos de inteligencia del Estado, hay un núcleo de unas 200 personas muy beligerantes, entre quienes se mezclan cuadros guerrilleros. La cuarta se encuentra en ebullición: la lucha por la contrarreforma educativa.

Los vasos comunicantes entre los maestros y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, que nació en 1998 en las zonas de mayor influencia del EPR y de una de sus escisiones en ese estado, el Comando Justiciero 28 de Junio, son antiguos. Públicamente niegan cualquier vinculación con la guerrilla, aunque un frente de masas no necesariamente opera como una estructura orgánica, sino como un movimiento tras el cual un movimiento insurgente esconde sus objetivos últimos. El EPR tiene entre sus fundadores a maestros, e inclusive algunos de los viejos dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora en Oaxaca participaron en 2005 en ese estado, cuando intentaron derrocar al gobernador Ulises Ruiz.

La movilización en Guerrero evoca lo que sucedió en Oaxaca hace ocho años, cuyo contexto era la movilización magisterial ante la negociación salarial, y a la cual se le sumaron organizaciones sociales y cuadros del EPR, que tuvieron en sus calles un laboratorio de pruebas para la guerrilla urbana. Las condiciones para la insurgencia, sin embargo, son mejores hoy que entonces, al existir la variable de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa civil, armados y aceptadas social y políticamente por las autoridades. Adicionalmente se encuentra el factor geoestratégico. En 2005 Oaxaca era una ínsula. En 2013 es la cuenca del descontento. Actualmente, el mapa de riesgo lo concentran Oaxaca y Guerrero, pero Michoacán está en la misma situación, y Chiapas se encuentra a punto de explotar por las mismas razones públicas de inconformidad por la reforma educativa.

El EPR deslindó la “autodefensa de las masas trabajadoras” como planteamiento político, de los grupos de autodefensa civil y las policías comunitarias que han aparecido. Sin embargo, para efectos de la política en el marco de la ley, son lo mismo. Los vasos comunicantes son la inconformidad, la insurgencia y el Estado como enemigo común. La ingenuidad de las autoridades estatales y federales ayudó involuntariamente al EPR en la formación del ideal perseguido por décadas, su frente de masas que construya el anhelado cuerpo político a su brazo militar existente.

La movilización en Guerrero evoca lo que sucedió en Oaxaca hace ocho años, cuyo contexto era la movilización magisterial ante la negociación salarial y a la cual se le sumaron organizaciones sociales y cuadros del EPR

Las condiciones para la insurgencia, sin embargo, son mejores hoy que entonces, al existir la variable de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa civil, armados y aceptadas social y políticamente