Decía mi maestro: “Cuando ya no entiendas nada, consulta el diccionario”. Esto dice la Real Academia de la Lengua.

Asesor: Persona que, por razón de oficio, debe aconsejar o ilustrar con su dictamen a un lego.

Lego: Falto de letras o noticias.

En el cabildo de Guadalajara, por cada regidor hay cinco asesores. Esto es, no asesoran a los directores, al jefe de la Policía ni siquiera al alcalde, para ellos hay otros. Para aclarar, en términos del diccionario los tapatíos le pagamos, además de a los 19 regidores, a 95 personas que, por su oficio, se dedican a aconsejar o ilustrar con su dictamen a funcionarios faltos de letras o noticias.

Para qué necesita un regidor a cinco asesores, o más aún en qué se nota o nos beneficia que cada regidor tenga cinco asesores, es cosa que todavía no sabemos. No hay una diferencia sustancial en el resultado que dan los regidores con cinco asesores, que cuando tenían tres o cuando tenían uno o simplemente no tenían.

Tampoco es que se note una diferencia sustancial entre la capacidad y el trabajo de los regidores de Guadalajara y sus cinco asesores y los de Zapopan que tienen dos. Los reglamentos municipales no son mejores, las intervenciones de los regidores no son más brillantes. Éstas siguen dependiendo fundamentalmente de la capacidad de cada regidor. Los buenos son igual de buenos y los malos igual de malos.

En el Congreso (siempre el Congreso) hay 81 asesores para 39 diputados, haciendo honor a aquello de que dos cabezas piensan mejor que una y tres ya arman fiesta. En el Gobierno del Estado les cambiaron de nombre, pero está plagado de personas cuya función es asesorar a los políticos y el único cuya función en teoría era esa ya no está.

El problema no es que haya asesores, finalmente la especialización es necesaria e importante y no hay persona ni político que pueda abarcar todos los temas. El problema es que un lego no puede asesorar a otro lego, pues los diputados y regidores terminan contratando no a los que saben más que ellos sino a su cuates de la campaña que luego terminan haciendo leyes copy-paste porque simplemente no tienen idea de los que hacen ni para lo que cobran.

Los asesores se convirtieron en una plaga dentro de las estructuras de Gobierno y ni le quitan lo lego a los políticos ni resuelven los problemas de los ciudadanos. Es urgente que la figura de asesor quede perfectamente delimitada y acotada, que sea por oposición y con especialización probada, para evitar que este rubro se convierta en refugio de políticos deschambados, parientes de regidores o aviadores a secas.

La crisis del Instituto de Trasparencia e Información del Estado de Jalisco (ITEI) es mucho más grave de lo que parece. El que el presidente, Jorge Gutiérrez Reynaga, se queje de que se haya “filtrado” su nota y que defienda a capa y espada que los resultados de la evaluación no deben ser públicos, habla por sí solo del concepto de transparencia que maneja el funcionario y por qué el Instituto está como está.

Cuando tomó posesión del cargo, sin experiencia , pero sobre todo sin pasión alguna por el tema, más de alguno advertimos que lo que había hecho el Congreso —con premeditación, alevosía y ventaja— era desarticular cualquier posibilidad de desarrollo de la transparencia en el Estado. Durante los primeros años, el presidente se dedicó a hablar sólo del problema de la falta de recursos del Instituto, y vamos a suponer que tenía razón, pero de entrada el señor se asumió como el gerente de una oficina y no como el garante de un derecho.  

El resultado no podía ser peor. Si uno ve la página de internet del propio Instituto y la opacidad con la que se maneja, a nadie debe resultarle extraño que el resto de los sujetos obligados incumpla con absoluta impunidad con la obligaciones mínimas, para garantizarnos a los ciudadanos el derecho a la información. No es de extrañar en este contexto que el Itei consienta que el Tribunal de lo Administrativo no cumpla con sus obligaciones aduciendo problemas presupuestales, un argumento más falso que una moneda de seis pesos: la transparencia es mucho más una cuestión de voluntad que de pesos. Tampoco debe extrañar que permita que haya dependencias, como la Auditoría Superior, que no tengan su nómina en línea y que incumplan los requerimientos de presentarla; menos aún, que no coincidan el número de empleados que declara Zapopan con los que están en su página de internet, y no pase nada, sólo por citar unos casos.

Pero un ciego no puede hacer que otros vean, diría Ricardo Yáñez, y en el caso del presidente del Itei los problemas de visión son más que evidentes. Sus cualidades están sin duda en otras áreas, quizá la administrativa o su capacidad para concertar. Pero si bien es cierto que el Instituto no se creó para meter funcionarios a la cárcel y para estar amenazando o amedrentando servidores públicos, mucho más cierto es que no se creó para proteger a los funcionarios y facilitarles la vida, que ha sido el esfuerzo mayor del actual presidente.

El Instituto tiene como única misión garantizar  un derecho ciudadano, el acceso a la información pública, y vigilar el cumplimiento de una obligación de los trabajadores y dependencias del sector público, y la transparencia. Eso nada más, y nada menos, esperamos del nuevo presidente que tiene que nombrar el Congreso de entre los que sí pasaron el examen: un guía que sí vea.
 

El juego se llama “impunidad”… O “desvergüenza”, según el lado del que se mire.

-II-

Para que no vaya a creerse que la detención y el inicio de un proceso judicial en contra del ex director del SIAPA, Rodolfo Ocampo Velázquez, es pura faramalla, ahora se plantea —tímidamente, con diplomacia extrema, con la mano del gato…— “la posibilidad” de que el Congreso de la Unión (¡nada menos que el “h.” Congreso de la Unión!) promueva una “auditoría especial” a la administración gubernamental que encabezó en Jalisco Emilio González Márquez.

Los motivos son del dominio público: la liberalidad con que se metió mano a las finanzas públicas para sacar airosamente las cuentas de “los mejores Juegos Panamericanos de Guadalajara-2011 de la historia”, para los que se había presupuestado una erogación de dos mil 600 millones de pesos y al final, burla-burlando, entre las baratijas, zarandajas y burundangas que se ofrecieron a última hora, terminaron gastándose más de seis mil millones (“cualquier baba de perico”, como quien dice); la despreocupada disposición de algunos millones de pesos de Pensiones del Estado y del llamado “gasto social” para el mismo loable propósito; el inopinado incremento de más de 400% en la deuda pública del Estado, sin que queden claros los beneficios que le reportó al pueblo dicho endeudamiento; la discutible relación costo-beneficio de las “supersecretarías” que en esa administración se sacaron de la manga quienes prometían manejar las finanzas públicas con la honradez y la eficiencia que en los años del PRI-Gobierno brillaban por su ausencia… Etcétera.

-III-

A los gobernantes les tiembla la mano para revisar el cochinero que de ordinario dejan sus “ilustres” predecesores, porque saben que una de las tantas leyes no escritas en el sucio juego de la política es el “do ut des”: “Yo cierro los ojos con respecto a las trapacerías de los que se fueron, para que, cuando yo me vaya, el que venga los cierre con respecto a las mías”. Es, pues, un vil intercambio de complicidades… Y se trata, también, de una monumental manifestación de desvergüenza, porque si cinco centavos de pudor hubiera, los que se fueron ya estarían exigiendo, a la voz de “Jijo el que se raje” (Pito Pérez dixit), la revisión de cuentas, tan minuciosa como hiciera falta, para tapar la boca a quienes han osado poner en tela de duda su honradez, su decencia y su celo escrupuloso en el manejo de los dineros públicos.
 

¿Qué pesa más en un gobierno: las promesas del gobernador entrante o las inercias de la política? Sin duda lo segundo, y no porque el gobernador entrante, sea quien sea, del partido que sea, no se acuerde de todo lo que dijo antes de tomar el puesto, sino que las lógicas de la política y de la burocracia se terminan imponiendo sobre la buena voluntad. El ejemplo más claro fue la promesa del gobernador de bajar los sueldos 50%, lo cual es prácticamente imposible, porque llega el momento en que, si se sigue esa lógica, desbalancea completamente el sistema de sueldos y salario de todo el aparato burocrático. Eso lo debió haber pensado antes de prometerlo, se dirá con justicia. Por supuesto, como tantas otras cosas, pero es bien sabido que los políticos, al más puro estilo villista, primero prometen y después viriguan.

A estas alturas es ya evidente que el Gobierno del Estado no sólo no está reduciendo su nómina sino que la está aumentando y no hay un plan concreto para ello. A lo mejor lo han platicado entre ellos y lo han cacareado en los medios, pero al menos hasta ahora no han sido capaces de ponerlo en blanco y negro. Después de cien días no sólo no han podido reducir la plantilla ni dar de baja a esos que, dicen (y seguramente es cierto), son “aviadores” o tienen funciones duplicadas, sino que han dado de alta a más de mil nuevos burócratas.

Más aún. Los famosos OPD (organismos públicos descentralizados), que tanto cacarearon que iban a reducir, pues ahí estaba la parte más gruesa y descontrolada de la nómina, no sólo no los redujeron sino que ya las ocuparon, con lo cual será prácticamente imposible darlos de baja, fusionarlos o desaparecerlos, pues estarán pisando intereses de un político amigo, o enemigo, pero del propio partido.

En el periodo al frente del Ayuntamiento de Guadalajara, el gobierno de Aristóteles Sandoval mantuvo permanentemente un discurso en torno a lo abultado de la nómina, pero al final no sólo no la redujo sino que la aumentó, tal como está sucediendo ahora en el gobierno. Hay, pues, que evitar irnos con la finta del discurso y exigir resultados. Ante la cantidad de actos de corrupción, el desaseo de las nóminas y el uso de éstas para generar fuerza política que dejaron tres sexenios panistas, el nuevo gobierno del PRI tiene servido en bandeja el discurso opositor, lo cual está muy bien siempre que se den resultados.

Las promesas en campaña son esperanzas; las promesas en el gobierno son pura demagogia.  
 

La alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, demostró dos cosas en un solo acto: la primera es que no se necesita ser católico, mocho, sinarquista del Bajío para hacer actos exhibicionistas de fe; y segundo, que en la separación entre iglesias y Estado en este país hay tres niveles de Gobierno pero una sola simulación verdadera.

Entregarle las llaves de la ciudad a Cristo es un acto de populismo barato y un abuso de autoridad, pues en este caso el que las recibe, ahora Cristo, no tiene manera de defenderse. Pero encima, ni siquiera se trató de algo original, pues sólo en Nuevo León otros dos presidentes municipales hicieron lo mismo en diciembre y enero pasados: César Garza Villareal, alcalde de Guadalupe, y Rodolfo Ambriz Oviedo, alcalde de Juárez (el neomochismo evangélico ya no respeta ni a Juárez ni a la Virgen). Pero también en Ensenada, Baja California, el alcalde Enrique Pelayo hizo el mismo show hace unas semanas. Ninguno de los tres tuvo la repercusión mediática que tuvo el acto en Monterrey porque, ni modo, el tamaño sí importa, pero para efectos prácticos y legales es exactamente lo mismo.

Más allá de que estemos de acuerdo o no con estas violaciones, aparentemente poco trascendentes, del Estado laico, es evidente que la cuarta entrega de llaves de la ciudad a Cristo en seis meses, en reuniones organizadas por grupos evangélicos, nos habla de algo sistemático, proselitista y organizado, y no de una ocurrencia. Hay claramente un interés proselitista común entre los grupos evangélicos y los alcaldes. Podemos decir que cada acto en sí mismo no es grave, es anecdótico y lo que refleja es más el nivel de nuestros alcaldes que una amenaza al Estado laico, pero los cuatro juntos sí son un tema que Gobernación debería atender, porque lo que ahora es una anécdota mañana será en un problema de carácter electoral.

No se trata de generar una política intolerante y hay que tener mucho cuidado de no crucificar (valga la expresión) este tipo de actividades proselitistas por su origen, cuando hay otras igualmente contravenientes del Estado laico que realiza la Iglesia Católica. Es un tema permanente, delicado y con fronteras movedizas. La defensa del Estado laico y la clara separación del Estado (y por lo mismo de sus representantes) de las iglesias tiene un solo objetivo: asegurar el derecho de creencia de todos. Sólo desde el laicismo el Estado puede ser garante de la libertad de credo. Por más que parezca simpático e inofensivo, un alcalde no puede entregar las llaves de la ciudad, que es un acto de Estado, a una figura o imagen religiosa.

La aparición recurrente de Nuestro Señor de las llaves es una señal de alerta.
 

Algo está absolutamente podrido cuando los sueldos del sector público están por encima del mercado y más de la mitad del presupuesto de un ayuntamiento se va en pagar nóminas, como es el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, o el presupuesto no ajusta ni para cubrir la quincena, como sucede en  el Congreso del Estado.

El Ayuntamiento tapatío paga sueldos promedio de 18 mil pesos, pero hay que dejar claro que la mayoría de los 11 mil trabajadores gana menos de 10 mil, lo que hace que los de arriba ganen mucho más que el promedio. Además, el Ayuntamiento de Guadalajara tiene ocho empleados por cada mil habitantes, cuando las ciudades como Puebla, con la que competimos directamente y que municipio contra municipio tiene apenas 30 mil habitantes menos, tiene sólo tres (y encima está más limpia y no tienen que concesionar los camellones para que estén arreglados). Eso significa que en Guadalajara, comparados con el más eficiente, sobran cinco de cada ocho burócratas, o dicho de otra manera, tenemos un sobrepeso de 62%. Veámoslo así: si Guadalajara redujera su nómina a la mitad cada año, tendría 700 millones de pesos para invertir en infraestructura sin tener que endeudarse; prácticamente todo el programa de pavimentos de concreto del Gobierno anterior con todo y el sobreprecio.

Revivir el Comité Técnico de Valoración Salarial (CTVS) como lo proponen los encargados de los tres poderes está bien, pero es ya a todas luces insuficiente. Tenemos que reglamentar la burocracia para evitar que se nos siga saliendo de madre. Hay tres reglas muy sencillas que permitirían controlar este tipo de abusos y que no seamos los ciudadanos los que con nuestros impuestos paguemos los favores de campaña: la primera es que entre el sueldo más alto y el sueldo más bajo no debe haber una diferencia mayor de 10 a uno. Si el alcalde y los regidores quieren ganar 100 mil pesos, el sueldo menor debe ser de 10 mil. Por más más que los señores se pongan de acuerdo en lo oscurito, aumentar el sueldo de los de arriba implica subirle a todos, cosa que lo vuelve mucho más complicado e inviable. La segunda es que los sueldos estén dentro del mercado. No podemos tener secretarias de 30 mil pesos porque a alguien se le ocurrió (por supuesto a quien le pagan eso tiene que pasarle la mitad al diputado que la contrató), o directores de 70 mil que no dirigen nada. La tercera es una recomendación internacional, y es que en gobiernos de municipios grandes, digamos de más de 200 o 300  mil habitantes, no debe haber más de seis burócratas por cada mil habitantes, y esto revisado y sancionado en la aprobación de los presupuestos anuales en el Congreso.

La lana es nuestra. Tenemos todo el derecho a decir cómo queremos que se gaste.
 

La pregunta recurrente después de la detención de Rodolfo Ocampo es ¿y dónde está el PAN? Al parecer los panistas coinciden en que la administración de Rodolfo Ocampo es indefendible, que la forma en que se despilfarraron los recursos e hicieron del SIAPA un botín político no tiene nombre, pero Rodolfo Ocampo encabezaba una administración, no estaba solo ni lo hizo solo, pero sobre todo, era parte de un proyecto de Gobierno que, chueco o derecho, fallido o no, nació de una administración panista.

El PAN puede o no estar de acuerdo con la decisión de procesar penalmente a Ocampo. Finalmente fueron el entonces gobernador, Emilio González Márquez, y los ex gobernadores, Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas, los primeros en poner el dedo y señalar a la generación de “los aguacates verdes” reconociendo los actos de corrupción galopante entre los panistas y exigiendo que fueran procesados internamente. (En respuesta, los tres alegres gobernadores recibieron una paliza en la asamblea para elegir a los dirigentes del partido). Lo que es políticamente inconcebible es el silencio. Miguel Monraz parece entre pasmado y asustado. Sabe bien que para donde se mueva se moja, por lo que ha preferido quedarse en el rincón, escondido: ni condena la corrupción, quizá simplemente porque sabe que son muchos más los involucrados y muchos más los casos, ni defiende a su compañero de partido. Peor aún, ni siquiera defiende a la administración de su partido, dejando un vacío que lo que muestra es la búsqueda de la autoprotección.

Si el PAN estaba ya dinamitado el caso Ocampo lo terminará de aniquilar. Lo que hizo la administración de Aristóteles, más allá de un acto de justicia (que sin duda lo es) o de un acto de legitimación (que era urgente después de la muerte violenta del secretario Gallegos) fue un acto de exterminio político: los panistas terminarán de enfrentarse todos contra todos en una lucha desesperada por salvar el propio pellejo. Si ya era complicado negociar con el PAN en el Congreso, porque cada cabeza es un partido, en adelante será peor; la operación será voto por voto, iniciativa por iniciativa.

Lo paradójico para el PRI es que esta victoria momentánea y legitimadora puede convertirse en un fortalecimiento de su enemigo íntimo, Enrique Alfaro. Antes de la detención de Ocampo las encuestas marcaban en Guadalajara y Zapopan a un PAN en pleno desplome y en tercer lugar ,detrás de un creciente Movimiento Ciudadano que podría ser el beneficiario final del voto panista en fuga.

El silencio de Monraz es literalmente un silencio sepulcral.
 

Dicen que la política es el arte de provocar que los ciudadanos no nos metamos en lo que sí nos importa, y una de esas cosas es justamente el sueldo de los políticos. ¿Cuánto deben ganar los políticos? No es un asunto fácil de resolver, pero sobre todo es un tema en el que lo políticos no quieren que nos metamos; les resulta incómodo, se sienten acosados, señalados e invadidos en su intimidad. Pero ni modo, es un punto al que hay que volver recurrentemente, porque a la primera distracción se suben el sueldo.

Hace diez años la presión sobre los políticos que no transparentaban su sueldo provocó que se creara una Comité Técnico de Valoración Salarial para, más o menos, establecer criterios sobre cómo se debería de pagar a los políticos y funcionarios de primer nivel, por lo que bajó la presión y el Comité prácticamente desapareció, al grado de que en los últimos cuatro años no se ha reunido, y los sueldos han subido.

En esto de los sueldos de gobierno hay grandes mitos. El primero es: “El que gana bien no roba”. Falso. El que es rata es rata y la gran corrupción está en los de más arriba, quienes en su mayoría ganan más de lo que ganarían en el mercado laboral. El segundo mito es: “Los empresarios no les interesa el sueldo, porque ganan más en sus empresas”. Falso. La mayoría de los empresarios que han pasado por la política se quedan, porque se enamoran del poder o porque ven posibilidades de hacer negocios. Además, muchos de ellos no pagan en sus empresas lo que piden en el gobierno. Tercero: “Hay que pagar bien para atraer talento al gobierno”. Eso es cierto, pero si y sólo si la premisa va acompañada con la otra mitad de la ecuación: para atraer talento hay que pagar bien y concursar las plazas, porque cuando sólo se paga bien, lo único que se atrae es amigos de los políticos y rémoras de campaña (todavía hoy, 100 días después de arrancado el gobierno, hay en las secretarías montones de expedientes de gente sin perfil que “hay que colocar”, porque ayudó en la campaña).

Los sueldos en el gobierno están hoy por hoy muy por encima del mercado laboral. Entre que los OPD tienen facultades para asignarse sueldos sin preguntar, y los poderes son (autónomos, al menos para eso) se ha confundido el trabajo técnico con el político, y los sueldos están por la nubes. Bastan un par ejemplos: no hay en Guadalajara una empresa de 250 a 300 empleados, que tenga sueldos promedio de 30 mil pesos, como sucede en la CEA y el presidente del Tribunal Administrativo del Estado, quienes ganan lo mismo que el Presidente de la República.

Así como la situación ideal de una mujer, dicen, es tener servicio doméstico de tiempo completo y marido de entrada por salida, en el gobierno necesitamos técnicos de tiempo completo y políticos de entrada por salida, funcionarios de carrera, expertos en el área que manejan y pagados conforme al mercado, y políticos que, como decía Juárez, ganen dignamente en la medianía republicana.
 

De todas las cosas cuestionables que hizo el Gobierno anterior, la lista puede ser tan larga y discutible uno quiera, la peor sin duda fue poner el SIAPA en manos de un político en edad de merecer. El error fue doble. Rodolfo Ocampo no sólo no tenía idea de lo que era el organismo operador de agua, sino que encima tenía pretensiones políticas. Una combinación fatal, pues el organismo no sólo perdió porque no tuvo un director con los conocimientos suficientes para su correcta administración, sino que metió al SIAPA, que mal que bien se había mantenido dentro de un nivel técnico, en una lógica puramente política. Ocampo aumentó la nómina tanto en número de personas como en los sueldos promedio, creó una burocracia dorada y multiplicó a los directores pero no los ingresos.

La decisión de poner a Ocampo al frente del SIAPA estuvo empujada por los acuerdos internos de su partido. Esto es, en los amarres que tuvo que hacer Emilio González Márquez para lograr la candidatura, quedó obligado a hacer un acuerdo con un grupo de jóvenes operadores políticos, de entre los cuales Rodolfo Ocampo era sin duda el más fuerte y por lo mismo el que cobró más caro.

Ocampo quiso construir desde el SIAPA y con nuestro dinero una candidatura a la Presidencia Municipal de Guadalajara. De ahí que en lo que en principio era un proyecto noble, dotar de agua a todas las colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara que no tenían acceso al servicio, terminara en un cochinero. La falta de conocimiento técnico, el desaseo de una administración más preocupada por asuntos electorales que hídricos y sobre todo, hay que decirlo, una generación de panistas voraces que hicieron de la administración pública un botín (una generación que, decíamos hace unos meses, resultaron como aguacates de un mal árbol: se pudrieron verdes), provocó que aquello terminara en desastre: usaron dinero destinado a obra pública para pagar excesos de nómina, jugaron con recursos públicos en la bolsa y, encima, ni siquiera concluyeron el proyecto.

El golpe mediático le va a servir al gobernador Aristóteles Sandoval para retomar fuerza tras un arranque fallido, pero sobre todo para mandar un mensaje hacia el interior de su equipo donde, ya lo vimos al final de su primer año en el ayuntamiento, hay algunos jóvenes que también son aficionados al dinero y desaseados (por no decir burdos) a la hora de hacer negocios.

¿Cuántos Ocampos tiene Aristóteles Sandoval; cuántos aguacates verdes están a punto de pudrirse en su equipo? Más vale que lo sepa o al menos comience a investigarlo.

Rodolfo Ocampo quiso construir desde el SIAPA y con nuestro dinero una candidatura; de ahí que un proyecto noble, dotar de agua a las colonias que no la tenían, terminara en un cochinero

¿Cuántos Ocampos tiene Aristóteles, cuántos aguacates verdes están a punto de pudrirse en su equipo? Más vale que lo sepa o comience a investigarlo
 

Dicen los cínicos del futbol que para qué comprar un árbitro si puedes comprar, por la mitad del precio, a un abanderado. En la política las cosas funcionan más o menos igual. Los cínicos, que abundan en este campo, siempre están buscando la mejor oferta o, como dicen ellos, el mejor costo-beneficio. En el caso del gobernador de Tabasco todo parece indicar que la lógica que imperará será la de entregar al ex tesorero, José Saíz Pineda, a los leones (vulgo medios) y salvar el pellejo del borracho confeso, Andrés Granier.

A estas alturas del partido la opinión pública ya procesó mediáticamente al ex gobernador de Tabasco; no hay nadie en este país que crea en su inocencia. Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados cuando ya no tienen salida, que el gobernador de Tabasco sea una especie de santo, pero con un otro yo borracho y mentiroso que lo traiciona (Jekyll y Hyde sería una caricatura al lado de esta esquizofrenia), nadie compraría a estas alturas que el señor no se robó un montón de dinero. En ese contexto pareciera que lo más lógico que el gobierno y el PRI lo entregaran a la justicia como para satisfacer a los leones  y, al mismo tiempo, mandar un mensaje que no habrá impunidad. Pero esto no funciona así. El problema de procesar a Granier son las consecuencias internas para el sistema. Es decir, casi todos los gobernadores y ex gobernadores, panistas, priistas y perredistas, son políticos en activo y, unos más que otros, unos por errores administrativos otros por atascados; unos por ayudar ilegalmente a su partido, otros por beneficiar a sus cuates y familiares, por lo que sea, todos tienen cola.

No hay nada nuevo en la forma en que el sistema, da igual de qué partido sea el Presidente, está procesando este asunto: es idéntico al caso de Humberto Moreira.  Se ha publicado cuánto gasta, dónde vive y cómo vive, pero las denuncias caen en el vacío porque nadie lo persigue. Sin embargo, a Moreira nunca se le ha tocado ni perseguido, el que ha llevado toda la carga judicial ha sido su  tesorero, Héctor Javier Villarreal, que fue detenido acusado de lavado de dinero.

Andrés Granier, podemos apostar, terminará vejado, apestado y viviendo fuera del país, pero sin que nadie lo toque a él ni a su fortuna, porque el sistema no sabe cómo procesar políticamente un escándalo como éste sin que dañe sus entrañas, comenzando por el hecho de que el Presidente es un ex gobernador. Su tesorero pisará el bote y pagará por sus pecados y por los de su jefe que, eso sí, será quemado en una hoguera mediática.

El mensaje del sistema a los gobernadores es muy parecido al de aquel padre superior de los años setentas que, ante lo descarriado de sus curas que estaban convencidos de que el celibato estaba condenado a muerte y que por lo tanto había que practicar para que la buena nueva no los agarrara en forma, les insistía en los sermones: “Ya no les pido hermanos que sean castos, me doy con que sean cautos”.