Partidos, franquicias para criminales Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Andrés Manuel López Obrador está acosado porque no puede responder con argumentos por qué cuando le entregaron un expediente de José Luis Abarca y sus vinculaciones criminales, ignoró las acusaciones sin permitir que le perturbaran el alma. Abarca, alcalde de Iguala, era protegido de Lázaro Mazón, ex alcalde del mismo municipio y senador, de donde se incorporó al Gobierno de Ángel Heladio Aguirre como secretario de Salud. Mazón, el principal operador de López Obrador en Guerrero, era su precandidato a la gubernatura hasta que Iguala se convirtió en el estudio de caso de la narco política en México.

Abarca, respaldado hasta el final por el PRD, es acusado de ser corresponsable de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, junto con su esposa María de los Ángeles Villa Pineda, que de acuerdo con las informaciones ordenó a la Policía Municipal que detuviera y entregara a la banda criminal Guerreros Unidos a los estudiantes. Villa Pineda era consejera estatal del PRD y jefe de plaza de esa banda, que surgió de la diáspora del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en 2011, y que se expandió en Guerrero y Morelos de la mano de alcaldes y políticos en los dos estados y, según las investigaciones, del empresario Federico Figueroa, hermano del cantautor Joan Sebastian, su publirrelacionista y gestor ante las élites de la región.

La desaparición forzada de los normalistas exhibe hoy el entramado político que otorga protección a la delincuencia organizada. López Obrador es embestido por sus pares y los medios por negligencia, en el mejor de los casos, pero no es el único de su clase que está en el caldero del Diablo. Está lejos de ser el único responsable en la construcción de una narco política en México abierta, cínica, descarada e impune. Todos los partidos lo son, al convertir quién-sabe-cuántos distritos y municipios en franquicias que compraron los criminales.

Iguala será el ícono de esa descomposición y búsqueda sin escrúpulos del poder, pero apenas si es un ejemplo de cómo la clase política mexicana permitió —y sigue haciéndolo— entreverar al crimen con la política. Alcaldes, funcionarios y policías de 13 municipios de Guerrero están siendo investigados por la PGR por su presunta colaboración con Guerreros Unidos, pero la investigación tiene que ampliarse y profundizarse, cuando menos en el principio, en contra de esa banda criminal y de sus archienemigos en la región, Los Rojos.

Guerreros Unidos no sólo contaba con alcaldes y políticos a su servicio en Guerrero, sino en el vecino Morelos. Uno de los casos más claros se encuentra en Amacuzac, donde el alcalde Noé Reynoso, que gobierna bajo la bandera del Partido Verde, ha sido vinculado al empresario Figueroa. Reynoso está enfrentado políticamente con el ex alcalde y hoy diputado local Alfonso Miranda, que representa al PT, y contra quien el fiscal de Morelos pidió al Congreso un juicio de procedencia en su contra por presuntos crímenes. Fracasó el fiscal. Hace tres semanas rechazaron su petición.

Miranda es tío de Santiago Mazari, apodado “El Carrete”, que es el jefe de plaza en Amacuzac de la banda de Los Rojos, otra derivación de los Beltrán Leyva, que controlan Chilpancingo, la capital de Guerrero, y señalado en declaraciones ministeriales por Sidronio Cassarrubias, uno de los jefes de Guerreros Unidos detenido hace dos semanas y reproducidas por la prensa, como el responsable de una célula de 17 normalistas de Ayotzinapa que trabajaban para Los Rojos, con quien están en abierto enfrentamiento por plazas y territorios en las dos entidades. La afirmación de Casarrubias coincide con las declaraciones de los policías de Iguala, que dijeron que la orden de detener y entregar a Guerreros Unidos era únicamente contra 17 normalistas.

Ninguna de las dos bandas criminales podría haber sobrevivido sin la ayuda de los políticos, que por miedo o dinero, colaboran con ellos. Por ejemplo, una alcaldesa del PRD en Morelos designó al novio de su hermana secretario de Seguridad Pública, quien desde un cargo previo inferior, de acuerdo con investigaciones policiales, hacía exactamente lo que su par en Iguala Felipe Flores, prófugo de la justicia por el caso de los normalistas: identificar a los enemigos de Guerreros Unidos, y entregárselos a sus sicarios. En otro municipio morelense, el alcalde priista, según investigaciones policiales, paga dos millones de pesos mensuales a esa organización por protección. Cuando se preguntan por qué los municipios no tienen dinero, en esos pagos se encuentra una de las respuestas.

Hay muchos Igualas en el país, pero se puede comenzar con la erradicación de la narco política en Guerrero y Morelos. El Estado Mexicano no puede permitir que las organizaciones criminales sigan escalando hacia el poder, como en Colombia, donde al arquetipo de la narcopolítica universal, Carlos Lehder, el primer gran capo colombiano, fundó un partido político —para incidir en leyes—, financió a una de las cinco guerrillas en ese país que atacaron directamente a los jueces —que querían extraditar a los narcos colombianos—, y abrió la puerta para que otros barones del crimen, como su socio Pablo Escobar, vieran en la política el mejor blindaje para su negocio.

Iguala es la metáfora colombiana, y México entrará al túnel de las pesadillas que fue Colombia en los ochenta y noventa a menos que el Gobierno recoja aquella experiencia y entienda que en juego está el futuro mexicano.

twitter: @rivapa

Raymundo Riva Palacio
OCT 30

Una epidemia llamada Iguala Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La nación está horrorizada y en muchas sociedades avanzadas en el mundo no alcanzan a comprender que en Guerrero policías municipales recibieron órdenes de criminales para asesinar a personas y secuestrar a decenas de jóvenes y desaparecerlos. Tampoco alcanza la imaginación para medir la dimensión del hecho de que en una parte de ese Estado surgieran fosas clandestinas como si fueran franquicias de la delincuencia organizada. Quién podría dudar que las instituciones mexicanas tienen un corazón criminal, y que el problema de Guerrero es un drama nacional. Lo único menos malo, dicho cínicamente, es que podría estar peor.

Las policías municipales se encuentra en el pozo de las instituciones mexicanas, y en el polo más abandonado de la cadena de seguridad del Estado Mexicano. Su única atribución legal es imponer infracciones y sancionar administrativamente a los ciudadanos por delitos no más graves que orinar en la vía pública. Por diseño y definición, no pueden combatir a los criminales, a quienes sólo pueden afectar si los atrapan en flagrancia. Las únicas policías que tienen la atribución legal de combatir el crimen son los judiciales y los ministeriales, que significan el 6.3% de la fuerza federal. El monstruo que han creado los gobiernos en este país es la Policía municipal, cuya arquitectura y operación estimula la corrupción.

Los policías municipales son vistos por muchos sectores como una extensión de la delincuencia. No faltan razones objetivas a quienes así los juzgan, pues cuando no reciben dinero de los criminales para que los protejan, se encuentran en tan grande desventaja que la percepción generalizada es que están comprados y al servicio del crimen. Los datos fortalecen la idea. El 60% de los policías locales del país gana menos de cuatro mil pesos mensuales, y la mitad de estos apenas si perciben 33 pesos diarios. Las organizaciones criminales invertían en 2011, de acuerdo con datos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, mil 200 millones de pesos mensuales para pagar policías y protección. Pero ese no es el único problema crónico que vive la seguridad del país.

En México hay 430 mil policías, de los cuales 42.5% aproximadamente se reparten en los dos mil 457 municipios que hay en el país. Bueno, afirmar que se reparten en tan optimista como exagerado. Cuatrocientos de esos municipios no tienen un solo policía, lo que no debería de extrañar demasiado, puesto que sólo 12 de los 31 estados tienen Policía en todos sus municipios. El 26% del total de policías se localizan en 25 municipios de 16 estados, lo que se vuelve más dramático cuando se analiza la capacidad de la fuerza operativa.

De las poco más de dos mil policías municipales, el 88% de esas agrupaciones cuenta con menos de 100 elementos, y más de la mitad de ese total tiene 20 agentes o menos. En algunos casos no pueden cubrir los turnos regulares, y menos aún en casos de enfermedad o vacación. El argumento más sencillo que se esgrime cuando se hablan generalidades de las policías municipales es que actúan bajo la regla de la plata o el plomo. Si fuera sólo por miedo o por corruptos, la solución sería menos compleja de lo que es. Pero no es tan simple.

El problema en México es de diseño institucional. Si el 42.5% de las policías en el país son municipales, y si el número de delitos del fuero común rozan el 92% del total, ¿por qué las policías federales tienen el 80% del presupuesto y las municipales y estatales se tienen que pelear el 20% restante? En 2009, cuando el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, estaba en su cruzada por el mando único de la Policía, propuso en el Congreso que desaparecieran los policías municipales.

En una comparecencia en el Congreso argumentó que la delincuencia organizada había sustentado su operación no sólo en la violencia extrema, sino en la corrupción institucional. A ello, agregó, “se suma el deterioro estructural de las policías, las cuales durante décadas fueron abandonadas, se dejó de invertir en ellas, se dejó de desarrollarlas, se dejó de cuidarlas y se dejó de castigarlas en aquellos casos donde sus elementos faltaran a su deber”. Quien lo enfrentó de manera más abierta fue el PRD, pero el tema del mando único naufragó por la oposición del PAN, principalmente, que veía en ese nuevo diseño la pérdida del control presupuestal en las alcaldías, donde está su fortaleza política, y cuyo presupuesto para seguridad lo manejaban políticamente.

Las condiciones en que operaban las policías municipales en Iguala y Cocula, y falta del mando único, pese a existir un convenio en Guerrero en ese sentido, contribuyó a toda la cadena de violaciones constitucionales que se dieron de manera pública en el Estado desde la noche del 26 de septiembre pasado. ¿De haber existido otro diseño institucional se habrían evitado los excesos cometidos? La pregunta es retórica y de respuesta hipotética. Lo que es cierto es que si se mantiene el andamiaje de las policías municipales como hoy en día, lo que se vio en Iguala y Cocula no serán casos de excepción, sino realidad imperante en este país, donde la barbarie institucional es parte del paisaje nacional.

Raymundo Riva Palacio
OCT 29

El sexenio en 27 días Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

En 27 días, del sábado en que se supo sobre los hechos excepcionales en Iguala al jueves en que el gobernador de Guerrero anunció que dejaba el cargo, el modelo de gestión política del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se colapsó. La gobernación entró en la contradicción que la persigue desde que inició el sexenio y enseñó que el diseño sobre el que se construyó, fracasó. El símbolo de lo rebasado es la forma como el Presidente tuvo que hablar todos los días, desgastarse y ser el objeto central de las críticas del mundo, porque sus amortiguadores políticos se paralizaron. Este desmoronamiento del fracaso del modelo de gestión tiene su ruta crítica:

1.- La primera valoración sobre lo sucedido en Iguala fue reduccionista al soslayar que policías municipales habían atacado a decenas de normalistas de Ayotzinapa, y desaparecido a 43, en coordinación con criminales. El yerro de juicio se puede presumir fue de la asesoría política en la Presidencia tripartita con la que opera Peña Nieto, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de Oficina, Aurelio Nuño, que lo hizo declarar que esos hechos eran responsabilidad de los guerrerenses. El tercer pie de ese modelo es el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien erróneamente se identificó en este espacio como responsable de Guerrero, tarea de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

2.- El segundo error de valoración fue no entender que la desaparición forzada de personas, sin importar que fueran normalistas o criminales, significa una violación de derechos humanos que puede llevar a la constitución de un crimen de lesa Humanidad. Al documentarse que habían participado policías, era cuestión de horas en que se movilizaran organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo. La paralización del Gobierno peñista en este tema detonó la crítica internacional. La difusión en la prensa extranjera de cómo actuaron gobiernos y policías como criminales, cuestionó la eficacia de la estrategia de seguridad del Gobierno federal, y puso en entredicho el Estado de Derecho.

3.- Estos dos errores quedaron perfectamente dibujados cuando escasas 72 horas después de que se conocieran los hechos en Iguala, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, le pidió al gobernador Ángel Heladio Aguirre que tuviera mucho cuidado para que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, no se escapara. Aguirre dijo que lo tenía todo controlado. Abarca, co-autor intelectual del crimen se escapó, y el fiscal de Guerrero justificó que no podían hacer nada contra él porque tenía fuero. Aunque es hoy retórico, se puede plantear que de haberse tenido vigilado a Abarca para que no escapara, toda esta crisis se hubiera evitado y, por supuesto, jamás habría alcanzado el corazón de la Presidencia peñista.

4.- La consecuencia directa de la mala gestión política fue que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, pidiera competencia al Gobierno federal para que su comité contra desapariciones forzadas pueda trabajar en México, lo que sugiere incredulidad en las instituciones mexicanas, y que empezaran a llegar notificaciones alarmantes de inversionistas, particularmente en el sector energético, que expresaban dudas sobre inyectar capital en un país sin leyes.

5.- Los hechos en Iguala fueron consecuencia de varios factores. Uno fue la política de repliegue de la estrategia de seguridad planteada por Osorio Chong, que hace tiempo mostró su fracaso, pero que en el caso de la Tierra Caliente guerrerense, donde existe la sospecha que hay 12 municipios controlados por el crimen, lo único que promovió inopinadamente fue el fortalecimiento de bandas delincuenciales. El segundo tiene que ver con la inteligencia. El Cisen, que depende de la Secretaría de Gobernación, produjo información mediocre, resultado del desmantelamiento de las plataformas tecnológicas que tenía y la mala calidad en el análisis final, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene un batallón de Infantería en Iguala, no produjo las alertas a la Ciudad de México sobre lo que sucedía en la región. Finalmente fue la desatención de la PGR a las denuncias sobre la participación directa de Abarca en crímenes políticos en Iguala y, sobretodo —lo que está en el centro de las críticas del mundo—, su escasa construcción jurídica y legal hacia un país de leyes.

6.- Iguala catalizó diversas fuerzas sociales. La principal, que está articulando la protesta social, es la disidencia magisterial, a través de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación que, apoyada por la Sección 22 de Oaxaca, tiene tomado casi 30% de los municipios del Estado. La disidencia magisterial es un monstruo creado por la Secretaría de Gobernación, a la que le dio dinero, plazas y canonjías en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, mientras que promovió su presencia en más de 23 estados del país, cuando sólo tenía en cinco. Quien encabeza hoy la rebelión social contra el Gobierno federal, es a la que el Gobierno federal armó con dinero y poder.

Iguala aniquiló en 27 días el modelo de gestión de la gobernación del Presidente Peña Nieto, enmarcado por aquellas palabras cuando dijo que era un tema que tenían que resolver exclusivamente los guerrerenses. Están a la vista los pocos alcances de su equipo cuando esto empezó, que lleva a pagar al Presidente los costos políticos actuales, los económicos en el medio plazo y los históricos en el largo, del que la gestión vertical, cerrada y encapsulada, es la responsable.

 

Raymundo Riva Palacio
OCT 27

Aguirre y “Los Chuchos”, tocados por el narco Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Si la lectura política a las primera información sobre el móvil y la autoría intelectual de los violentos hechos en Iguala la noche del 26 de septiembre proporcionada por el procurador, Jesús Murillo Karam, es leída entrelíneas, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, y la dirigencia del PRD, en manos de Nueva Izquierda — “Los Chuchos”—, deben estar preocupados. Lo que estableció Murillo Karam como hipótesis implícita, es que al haber apoyado electoralmente al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, respaldaron a quienes establecieron en ese municipio un narco poder público con fuero y blindaje político.

La acusación directa fue contra su esposa, María de los Ángeles Villa Pineda, identificada como la jefa de la plaza de la banda criminal “Guerreros Unidos”, a quienes Aguirre y “Los Chuchos” promovían como próxima presidenta municipal o diputada federal. La implicación de que contribuyeron a fortalecer un Gobierno que orgánicamente era expresión pública de la delincuencia organizada, no cesa si Aguirre se mantiene en el poder o no, o si “Los Chuchos” son o no funcionales para el Gobierno federal. En estos momentos, lo único que importa para frenar la crisis social que se agudiza en el país, es que se castigue a todos los responsables, directos e indirectos, que llevaron a esa situación extrema de ilegalidad.

La PGR está en la ruta de castigar los responsables directos, Abarca y su esposa, a quienes señala como haber dado la orden de actuar en contra de los normalistas de Ayotzinapa, ya fuera por error al haberlos confundidos con una banda criminal enemiga, “Los Rojos”, o para evitar —que parece un móvil bastante pueril—, que arruinaran la fiesta política de la señora Villa Pineda, en donde se destapó para un cargo de elección popular, que contaba con el respaldo de Aguirre y de “Los Chuchos”. El enlace con ellos no era Lázaro Mazón, a quien el gobernador cesó por su relación, con Abarca, sino el diputado federal Sebastián de la Rosa, líder estatal de Nueva Izquierda, quien tres días después de los hechos, afirmó: “(Abarca) tiene el respaldo de mi corriente política”.

Los responsables indirectos, hasta este momento únicamente en el campo de la política, son Aguirre y “Los Chuchos”, quienes se dejaron tocar por el crimen organizado sabiendo que sus protegidos en Iguala, tenían relaciones estrechas con el narcotráfico. La historia de los Villa Pineda no era desconocida para nadie. En mayo de 2009 el nombre irrumpió salvajemente en la opinión pública cuando la Policía Federal detuvo en Cuernavaca a 14 familiares de ella, entre los que estaban sus padres y su hermano Salomón, que fue a una prisión de máxima seguridad, de donde salió el año pasado. Los Pineda Villa eran los responsables de controlar a la Policía de Morelos durante el Gobierno de Marco Adame, que estaba al servicio del capo Arturo Beltrán Leyva.

Los operadores de Beltrán Leyva eran Alberto y Mario Pineda Villa, apodados “El Borrrado” y “El MP”, a quienes mandó asesinar en septiembre de 2009 por “traidores y secuestradores”. Los dos participaron junto con la banda de “Los Petriciolet”, en los secuestros y asesinatos de los menores Fernando Martí y Alejandro Equihua. Con la muerte de ellos dos y la captura de su hermano, la Policía Federal estimó que habían acabado con esa pandilla. Sin embargo, tras la muerte de Beltrán Leyva en diciembre de ese año, renacieron en el corredor Iguala-Ciudad Altamirano, como Guerreros Unidos. Ahora se sabe, de acuerdo con Murillo Karam, que una de las jefas de esa organización criminal era la esposa del ex alcalde, quien a su vez, les daba más de dos millones de pesos al mes del erario para operar, y había puesto a su servicio a la Policía municipal.

El caso de los Pineda Villa fue uno de los episodios más notorios, por sangrientos, en la historia del narcotráfico de los últimos años, y la prensa mencionó durante largo tiempo su parentesco con la esposa de Abarca. A Aguirre nunca le importó, y mantuvo una relación política con él, y personal con ella —que niega—, mientras que “Los Chuchos” le ofrecieron el blindaje político que necesitara. Tampoco la dirigencia del PRD volteó a ver el pasado, pero no es extraño. Al ex alcalde municipal de Cancún, Gregorio Sánchez, que paró en la cárcel en 2010 por su presunto vínculo con Beltrán Leyva, el entonces líder del partido, Jesús Ortega, lo defendió con vehemencia. Sánchez recuperó la libertad no porque se probara su inocencia, sino por un tecnicismo al faltar firmas en las fojas de su expediente.

En Iguala, Aguirre y “Los Chuchos” se metieron a un barco que naufraga, con sus posturas esquizofrénicas de apoyo, distanciamiento, respaldo y deslinde. Compañeros de viaje desde que el ex jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, convenció a Aguirre a luchar por la gubernatura por el PRD, y persuadió a “Los Chuchos” de hacerlo su candidato, en estos dos años pasados le dieron carta de impunidad a alcaldes perredistas —no sólo Abarca—, que hoy son investigados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, en acciones empapadas de negligencia política e irresponsabilidad. Pueden no ser culpables de delitos penales, pero el aura de protección que les brindaron, no puede quedar impunes. Eso, precisamente, es lo que Murillo Karam deslizó.

Raymundo Riva Palacio
OCT 24

Aguirre y “Los Chuchos”, tocados por el narco Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Si la lectura política a la primera información sobre el móvil y la autoría intelectual de los violentos hechos en Iguala la noche del 26 de septiembre proporcionada por el procurador, Jesús Murillo Karam, es leída entrelíneas, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, y la dirigencia del PRD, en manos de Nueva Izquierda — “Los Chuchos”—, deben estar preocupados. Lo que estableció Murillo Karam como hipótesis implícita, es que al haber apoyado electoralmente al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, respaldaron a quienes establecieron en ese municipio un narco poder público con fuero y blindaje político.

La acusación directa fue contra su esposa, María de los Ángeles Villa Pineda, identificada como la jefa de la plaza de la banda criminal “Guerreros Unidos”, a quienes Aguirre y “Los Chuchos” promovían como próxima presidenta municipal o diputada federal. La implicación de que contribuyeron a fortalecer un Gobierno que orgánicamente era expresión pública de la delincuencia organizada, no cesa si Aguirre se mantiene en el poder o no, o si “Los Chuchos” son o no funcionales para el Gobierno federal. En estos momentos, lo único que importa para frenar la crisis social que se agudiza en el país, es que se castigue a todos los responsables, directos e indirectos, que llevaron a esa situación extrema de ilegalidad.

La PGR está en la ruta de castigar a los responsables directos, Abarca y su esposa, a quienes señala como quienes dieron la orden de actuar en contra de los normalistas de Ayotzinapa, ya fuera por error al haberlos confundidos con una banda criminal enemiga, “Los Rojos”, o para evitar —que parece un móvil bastante pueril—, que arruinaran la fiesta política de la señora Villa Pineda, en donde se destapó para un cargo de elección popular, que contaba con el respaldo de Aguirre y de “Los Chuchos”. El enlace con ellos no era Lázaro Mazón, a quien el gobernador cesó por su relación, con Abarca, sino el diputado federal Sebastián de la Rosa, líder estatal de Nueva Izquierda, quien tres días después de los hechos, afirmó: “(Abarca) tiene el respaldo de mi corriente política”.

Los responsables indirectos, hasta este momento únicamente en el campo de la política, son Aguirre y “Los Chuchos”, quienes se dejaron tocar por el crimen organizado sabiendo que sus protegidos en Iguala tenían relaciones estrechas con el narcotráfico. La historia de los Villa Pineda no era desconocida para nadie. En mayo de 2009 el nombre irrumpió salvajemente en la opinión pública cuando la Policía Federal detuvo en Cuernavaca a 14 familiares de ella, entre los que estaban sus padres y su hermano Salomón, que fue a una prisión de máxima seguridad, de donde salió el año pasado. Los Pineda Villa eran los responsables de controlar a la Policía de Morelos durante el Gobierno de Marco Adame, que estaba al servicio del capo Arturo Beltrán Leyva.

Los operadores de Beltrán Leyva eran Alberto y Mario Pineda Villa, apodados “El Borrrado” y “El MP”, a quienes mandó asesinar en septiembre de 2009 por “traidores y secuestradores”. Los dos participaron junto con la banda de “Los Petriciolet”, en los secuestros y asesinatos de los menores Fernando Martí y Alejandro Equihua. Con la muerte de ellos dos y la captura de su hermano, la Policía Federal estimó que habían acabado con esa pandilla. Sin embargo, tras la muerte de Beltrán Leyva en diciembre de ese año, renacieron en el corredor Iguala-Ciudad Altamirano como Guerreros Unidos. Ahora se sabe, de acuerdo con Murillo Karam, que una de las jefas de esa organización criminal era la esposa del ex alcalde, quien a su vez les daba más de dos millones de pesos al mes del erario para operar, y había puesto a su servicio a la Policía municipal.

El caso de los Pineda Villa fue uno de los episodios más notorios, por sangrientos, en la historia del narcotráfico de los últimos años, y la prensa mencionó durante largo tiempo su parentesco con la esposa de Abarca. A Aguirre nunca le importó, y mantuvo una relación política con él, y personal con ella —que niega—, mientras que “Los Chuchos” le ofrecieron el blindaje político que necesitara. Tampoco la dirigencia del PRD volteó a ver el pasado, pero no es extraño. Al ex alcalde municipal de Cancún, Gregorio Sánchez, que paró en la cárcel en 2010 por su presunto vínculo con Beltrán Leyva, el entonces líder del partido, Jesús Ortega, lo defendió con vehemencia. Sánchez recuperó la libertad no porque se probara su inocencia, sino por un tecnicismo al faltar firmas en las fojas de su expediente.

En Iguala, Aguirre y “Los Chuchos” se metieron a un barco que naufraga, con sus posturas esquizofrénicas de apoyo, distanciamiento, respaldo y deslinde. Compañeros de viaje desde que el ex jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, convenció a Aguirre a luchar por la gubernatura por el PRD, y persuadió a “Los Chuchos” de hacerlo su candidato, en estos dos años pasados le dieron carta de impunidad a alcaldes perredistas —no sólo Abarca—, que hoy son investigados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, en acciones empapadas de negligencia política e irresponsabilidad. Pueden no ser culpables de delitos penales, pero el aura de protección que les brindaron, no puede quedar impune. Eso, precisamente, es lo que Murillo Karam deslizó.

Raymundo Riva Palacio
OCT 24

Guerrero: una fiera peligrosa Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El gobernador Ángel Heladio Aguirre es una fiera herida, agresiva y peligrosa. Desde hace dos semanas le han sugerido que solicite licencia al cargo y permita, con la despresurización política que eso significaría —él se ha convertido en un fósforo prendido sobre gasolina—, frenar la escalada de violencia e inestabilidad en el Estado. Su respuesta ha sido gobernar en la clandestinidad con actos públicos que no son públicos, difundidos a través de desplegados de prensa en la Ciudad de México pagados con carretadas de centenares de miles de pesos para demostrar que sigue operando normalmente y toma decisiones. Pero su Gobierno es un latigazo de fuego que genera creciente ingobernabilidad.

Aguirre está aferrado al poder y no parece importarle lo que piensen sus antiguos patrones. Marcelo Ebrard, quien lo convenció de dejar al PRI y lo llevó al PRD para hacerlo candidato, con el compromiso cumplido de aportarle dinero y legiones de burócratas del Gobierno del Distrito Federal para apoyar su campaña, es una figura de sal. El principal responsable del empoderamiento de Aguirre guarda silencio. No importa lo que pase en el estado o en el país, sino saltar del barco antes de que se hunda junto con su protegido y la dirección del PRD, a la que Ebrard y el gobernador les transfirieron recursos para mantener el control del partido y sus necesidades materiales.

El presidente Felipe Calderón, que envió al ex líder del PAN, Luis Felipe Bravo Mena a pedirle al candidato azul al Gobierno, Marcos Parra, que declinara a favor de Aguirre para derrotar al PRI, pasó a la historia. Al presidente Enrique Peña Nieto, quien enfrascado en aquél momento en la lucha por la candidatura presidencial con el senador Manlio Fabio Beltrones, se sumó a la propuesta de Ebrard y el respaldo de Calderón porque el candidato priista, Manuel Añorve, pertenecía al establo beltronista, ignora sus llamados al deber ser.

Aguirre tiene a sus pies al Senado, que está imposibilitado en la desaparición de poderes por dos razones: la legal, porque los poderes, bien o mal, siguen funcionando; la política, porque esa medida extrema generaría probablemente mayores vacíos de autoridad e ingobernabilidad, que es lo que se quiere evitar. Tiene de rodillas al Ejecutivo federal. El Presidente no puede destituirlo porque se lo impide la ley; y sus operadores políticos en la Secretaría de Gobernación, a quienes les encargó buscar con Aguirre su solicitud de licencia, los han timado desde que comenzó la crisis con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Constitución protege al gobernador, que a partir del andamiaje legal busca afianzarse políticamente. El Senado decidió aplazar el voto sobre la desaparición de poderes —que en términos estrictos iba a ser rechazado—, y enviar una comisión especial a Guerrero para determinar si, en efecto, los poderes estatales trabajan regularmente. Para efectos prácticos, lo que hizo el Senado fue darle dos semanas al gobernador para que reconsidere solicitar licencia al cargo y permitir la rearticulación política en el Estado. El "impasse" que se crea, sin embargo, es altamente peligroso, porque envía un mensaje de lecturas diferentes.

La clase política le da una oportunidad al gobernador para que se vaya por las buenas, o lo echarán —quizás— por las malas, mediante un juicio político en la Cámara de Diputados, donde el PRI —con Beltrones y Añorve en espera de su caso—, sus aliados tácticos y el PAN, tienen la mayoría para lograr su separación del cargo. Pero sus opositores en la calle tienen otra opción táctica. Si el Senado dice que no puede haber desaparición de poderes porque los poderes trabajan, un siguiente paso puede ser bloquear al Tribunal y el Congreso para que no puedan trabajar en sus recintos, y hostigarlos donde sea necesario para demostrar al Senado que sus labores sí están interrumpidas. Esa inutilización puede escalar fácilmente para efectos de imagen. Como hace poco más de una semana en el Palacio de Gobierno, bombas molotov y fuego en esos recintos públicos, juegan perfectamente para la propaganda opositora.

La ingobernabilidad tiene otras facetas, la que encabezan los grupos armados. En este espacio se ha reportado la intensa actividad de las guerrillas en el caso de Guerrero, y cómo han trasladado totalmente la responsabilidad de la desaparición de los normalistas al Presidente. En términos estratégicos, un secuestro de alto impacto para ahondar la inestabilidad nacional y romper los consensos que puede tener aún el Presidente entre las élites, es un escenario que no se puede omitir. Un político, un empresario, un comunicador del "star system" de los medios, son los objetivos más atractivos para este propósito.

Si la pasividad de la clase política les impide tener opciones más creativas para solucionar la crisis, la actividad y beligerancia de los crecientes enemigos de Aguirre y Peña Nieto, los puede colocar en una nueva realidad del conflicto. Las herramientas para inyectar temor, incertidumbre y un tiro de gracia a la credibilidad del Gobierno federal, no están en Los Pinos ni en la Secretaría de Gobernación. Están en Guerrero, donde mientras el aferramiento de Aguirre a la gubernatura exaspera a la clase política, su tozudez amplia las condiciones para que la crisis política nacional y el descrédito del Presidente, toquen un nuevo fondo por la conducta de Aguirre, una fiera herida con enorme iniciativa.

Raymundo Riva Palacio
OCT 23

Guerrero: el teatro de lo absurdo Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Domingo por la noche, conferencia de prensa urgente en la PGR. Los principales responsables de la investigación en Iguala informan que además de todas las fuerzas federales que han sido incapaces de encontrar a 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre, se sumarán equipos caninos y buzos. En el salón de conferencias hubo silbidos ante tan insignificante anuncio. Lunes por la noche, trasciende en donde debe trascender para generar impacto inmediato, la televisión, que Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía, ha sido detenido. Sin información oficial, su estado legal quedó en el aire, generando interés finito durante el martes. La PGR ocupa los vacíos de información, pero fallidamente. La pregunta de dónde están los normalistas desaparecidos, permanece sin respuesta.

Algo no funciona en la comunicación del Gobierno federal que tropieza día a día por el escándalo internacional de la violación de los derechos humanos en Guerrero y el descubrimiento gradual de otro narco estado en el país donde el discurso oficial decía que eso ya no sucedía. Los estrategas olvidan que para que los mensajes llenen duraderamente los vacíos de información, tiene que haber sustancia. A la propaganda de aire, se lo lleva el primer cuestionamiento. Abunda la parafernalia, pero escasea la  sustancia. El contenido está en otro lado.

Reportes de testigos en Guerrero señalan que el Ejército no está ayudando en las tareas de búsqueda de los normalistas. Quizás porque el procurador Jesús Murillo Karam se excedió en los calificativos a los militares supuestamente involucrados en la matanza de Tlatlaya, el Ejército, discretamente, se lo está cobrando. La Policía Federal no puede utilizar los drones —dos idénticos a los que utilizó la CIA en la operación contra Osama bin Laden en Pakistán—, que están parados desde que inició la administración porque el entonces comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, nunca les encontró utilidad alguna. A los municipios ocupados por las fuerzas federales, sólo enviaron 50 policías a cada uno, que por insuficientes, sólo jugarán el papel de apoyo de la Policía Estatal, lejos del estelar anunciado.

¿Sabrá el Presidente Enrique Peña Nieto lo que sucede? Mucha escenografía para tan pocas acciones definitorias. Desde hace casi dos semanas, el Presidente sale a la arena pública a declarar sobre el caso de los normalistas desaparecidos. Todos los días, la ingobernabilidad crece y la sociedad más irritada, se articula. Los estudiantes del país ya se organizaron y hay movilizaciones nacionales. Los sindicatos construyen los apoyos y las guerrillas han formado un cuerpo común. ¿Habrá alguien en el Gobierno que sepa interpretar lo que está sucediendo? Hace casi una década se desmanteló el área del Cisen dedicada a los movimientos armados, y los expertos están realizando tareas administrativas.

El Presidente parece no tener buenos brazos operativos. El país está traumatizado y se afectan las métricas que más le importan: distritos electorales y la economía. Tan solo en Guerrero, donde las corrientes de opinión sobre forzar o no al gobernador Ángel Heladio Aguirre para que pida licencia se dividen, con el argumento que ello pondría en riesgo las elecciones de 2015, enfrentan la contra argumentación si en las condiciones actuales de ingobernabilidad, puede haber elecciones libres y competidas. En economía, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, reconoció que la violencia del narcotráfico está frenando las inversiones. Los especialistas del sector privado afirman que la inseguridad es el principal problema que enfrenta México.

Paradójicamente, este Gobierno dijo que en el tema de la seguridad era mejor que el de Felipe Calderón, y que su estrategia bélica había sido equivocada. Dos años después, poco ha cambiado en niveles de violencia y de una guerra que hoy no se llama así, pero que sigue siendo guerra. La diferencia entre Peña Nieto y Calderón es que si antes había muertos y enfrentamientos, ahora hay muertos, enfrentamientos e ingobernabilidad abierta y tolerada por la clase política. Otra diferencia mayor es que las violaciones a los derechos humanos en el Gobierno calderonista, por la que quieren enjuiciar en la Corte Internacional de La Haya al ex presidente, se han multiplicado, a decir de los organismos internacionales, en el del Presidente Peña Nieto.

¿Tendrá conocimiento detallado el Presidente de lo que sucede en su entorno? ¿Le siguen depurando la información sobre la inseguridad en el país y el avance del crimen organizado como lo hicieron durante cuando menos los primeros 14 meses del Gobierno para que no se alterara el rumbo que le marcaron? ¿Le estará doliendo al Presidente la gangrena de Guerrero que le está pudriendo el organismo institucional? ¿Le informarán al Presidente de la realidad, por más cruda y dolorosa que sea, o lo siguen manteniendo en una burbuja?

Algo debe saber o intuir Peña Nieto para que no deje de hablar sobre el tema que está asfixiando a su Gobierno. Algo debe hacer también para que sus colaboradores dejen de actuar para satisfacer el expediente mediático de la coyuntura que no sirve para nada —además de que se está desgastando— y empiecen a dar resultados. El país se lo exige. Los 43 normalistas desaparecidos son una aberración para un país que proclama ser de leyes en los discursos. El Presidente debe estar consciente de que quien pagará el costo político nacional e internacional por la incompetencia en su equipo será él, no sus colaboradores que, para efectos históricos, son irrelevantes.

Raymundo Riva Palacio
OCT 22

Guerrero: hablan las guerrillas Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

A la vista de todos, Guerrero se convirtió en el catalizador de los movimientos armados en México. Lo que en 1993 no fructificó cuando el EZLN planteó a las diferentes organizaciones que había condiciones para la insurrección, se está dando en el otoño de 2014. Las condiciones socioeconómicas en el estado no han cambiado —la pobreza impacta en el 70% de la población, de los cuales el 31%, 1.1 millón de personas, vive en extrema pobreza—, y las promesas de ayuda federal tras los huracanes del año pasado, están incompletas —por ejemplo, 84 casas que ofreció la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, nunca se entregaron—. La política se convirtió en brazo de la delincuencia organizada y la represión se volvió un modus operandi de la autoridad. Lo que le faltaba a las guerrillas era una causa legítima que las articulara con la sociedad: 43 normalistas desaparecidos se les pusieron en el camino.

La actividad guerrillera a través de 11 comunicados entre el 30 de septiembre y el 17 de octubre pasados, revelan la articulación de los movimientos armados, dos de ellos enfrentados entre sí desde hace más de una década. Los  comunicados han sido firmados por cuatro organizaciones clandestinas, el Ejército Popular Revolucionario (5), su escisión el Ejército Popular Revolucionario Insurgente (2), las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (2), que nacieron junto con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto —el 2 de diciembre de 2012—, y de la hasta hace unos días desconocida Milicias Populares ¡Basta ya! (2) —que evocan el grito del Subcomandante Marcos del EZLN.

Ningún acontecimiento había logrado la unificación guerrillera de demandas y lenguajes como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde la responsabilidad principal ha sido transferida al Gobierno federal. En su segundo comunicado del 17 de octubre, el ERPI asegura: “El Estado mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto no es neutral sino parte activa en los homicidios y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, pues Peña es el jefe de todas las Fuerzas Armadas del Estado mexicano incluyendo por supuesto todas las policías municipales del país”.

Esto puede parecer únicamente discurso panfletario, pero en ese comunicado agrega: “Como ha quedado reconocido por el órgano máximo de inteligencia del Estado mexicano, o sea el Cisen, estaba al tanto desde hacía mucho tiempo de las actividades del cártel a su servicio en el norte del Estado de Guerrero y el Estado de Morelos, y desde luego contaba con información de los nexos del Presidente Municipal de Iguala junto a una larga lista de funcionarios del Gobierno municipal y los autores directos de los crímenes de la noche del 26 de septiembre, quienes fueron policías municipales y, a la vez sicarios”. La guerrilla se refiere al informe del Cisen publicado por El Universal el 7 de octubre, donde vincula al ex alcalde de Iguala con el narcotráfico.

El alegato es sólido al señalar que el Gobierno federal es responsable porque conociendo con detalle lo que sucedía en Guerrero, hizo caso omiso. “El Ejército federal que estaba en su cuartel a menos de 500 metros del lugar permitió a los policías cometer los asesinatos y las desapariciones, y al igual que la Policía Ministerial y la Policía del Estado desocupó las calles de Iguala para dejar las manos libres a los criminales para que pudieran desaparecer a los estudiantes y dejar que hubiera otra agresión horas después; después le permitió huir a José Luis Abarca y a sus secuaces dándoles tiempo suficiente en complicidad con la corriente Nueva Izquierda del PRD”, afirmó el ERPI. Una vez más, la verosimilitud: en la vecindad donde sucedieron los hechos, está el cuartel del 27º Batallón de Infantería.

En su segundo comunicado firmado 12 de octubre, el EPR cuestionó que el asesinato y desaparición de normalistas en Iguala, fuera una acción del crimen organizado. “De ninguna manera puede ser obra del mítico ‘crimen organizado’, ni mucho menos es un simple ‘incidente’, se trata de una masacre, de un crimen de Estado, de un crimen de lesa humanidad perpetrado dolosamente por los cuerpos policiacos, militares y paramilitares como parte de la política de terrorismo de Estado que se aplica de manera sistemática en México”, aseguró.

Para las guerrillas, los cárteles y los narco paramilitares son parte del Estado y utilizan la guerra sucia en coordinación con las fuerzas militares para aterrorizar al pueblo organizado y a la población en general. A lo que se refieren es a la contradicción del Gobierno de Peña Nieto cuando otorgó protección institucional a los grupos de autodefensa civil, aún con información que algunos de sus integrantes pertenecían a cárteles de la droga. De hecho, aún lo siguen haciendo en Michoacán.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa aceleró las contradicciones que viene arrastrando el Gobierno federal desde el inicio de la administración, cuando a través del discurso se quiso construir la imagen que la seguridad había mejorado en el país, y lo enfocó en las reformas económicas. El frágil andamiaje político construido artificialmente sobre la hoguera de la violencia nacional, se colapsó en Guerrero y le regaló la causa que durante tanto tiempo buscaron los movimientos armados en México, que a decir de sus comunicados, encuentran en este otoño, las condiciones propicias para la insurrección. En el Gobierno no lo ven así. Sorpresas, suponemos, no esperan.

Raymundo Riva Palacio
OCT 21

Guerrero: impunidad rampante Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La impunidad en México es la marca de sus gobiernos y su clase política. Las leyes están hechas para violarlas, porque siempre existe poder y dinero para cambiar el rumbo de la justicia. No es retórica. El índice 2014 sobre Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia, coloca a México en el cabús de la justicia criminal, debajo de Afganistán y todas las naciones africanas y del Medio Oriente, y en el fondo del orden y la seguridad. Lo que sucede con la clase política para lidiar con la crisis general en Guerrero, es sólo la ratificación de la desgracia nacional. Impotencia, complicidades y cinismo en la protección, son la tinta indeleble de la marca. La falta de asombro por nuestra realidad no debe impedir la explosión de indignación.

Guerrero y los horrores en los que ha vivido el estado en los últimos años sólo son diferentes hoy porque se socializaron nacional e internacionalmente. La norma eran asesinatos ordenados por autoridades locales que, a la vez, formaban parte orgánica de organizaciones criminales, cuyas víctimas eran enterradas en fosas clandestinas administradas por las policías municipales –antes de Iguala fue Taxco-. Los alcaldes vinculados con las bandas criminales pagaban a sus patrocinadores por los cargos y la protección política, mientras que el gran administrador del desastre, el gobernador, terminaba su jornada laboral hacia las dos de la tarde para iniciar sus tardes lúdicas y perderse en el alcohol. Todo esto era conocido por el gobierno federal y los líderes del PRD. El primero, mediante la inacción de la PGR, fue omiso de la barbarie; los segundos, cómplices de ella.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la forma como las policías de Iguala y Cocula fueron los brazos armados de las bandas criminales para matarlos y secuestrarlos, socializó los bolsones de impunidad e ilegalidad en Guerrero y trasladó la barbarie al conocimiento universal. En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación al gobernador Ángel Heladio Aguirre, frente al vacío de las autoridades estatal y municipales, y el abandono del ejercicio de la función de seguridad pública fundamental, que llevó a la violación diaria de los derechos humanos y al riesgo de la ruptura de los valores de convivencia social. Aguirre rechazó la recomendación, y cuando llegó al Senado, ni la leyeron.

En abril pasado, la PGR detuvo al presidente municipal de Cuetzala —contiguo a Cocula—, Feliciano Álvarez Mesino, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Como el caso del destituido presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, a quien permitió escapar —por omisión o comisión— el gobernador Ángel Heladio Aguirre, tras las acciones criminales contra los normalistas, es perredista y como a todos ellos, “Los Chuchos”, la corriente política que desde 2008 controla la dirección del partido, apoyó para el cargo. “Los Chuchos” blindaron este sábado al gobernador Aguirre, para evitar que los más consecuentes en el PRD le retiraran el apoyo y lo forzaran a pedir licencia.

Guerrero es la estrella negra de la impunidad mexicana. En el Índice Global del Proyecto Mundial de Justicia, México ocupa el lugar 79 de un total de 99 naciones medidas. Pero en Justicia Criminal, que es uno de los ocho factores que evalúa, México ocupa el lugar 97, sólo arriba de Bolivia y Venezuela. En Justicia Civil está en el lugar 88, debajo de los cuestionados China y de Rusia. La vergüenza colectiva se sintetiza en la medición de Orden y Justicia, que define a la seguridad humana como una de las funciones fundamentales del Estado. México está en el lugar 96, arriba de Afganistán —que está en guerra—, Nigeria —infectado por violencia y corrupción— y Pakistán —contaminado por la guerra contra los talibanes, al tener en su territorio bases de operaciones militares y de inteligencia de Estados Unidos—.

La imagen de México, descrita y analizada por los mexicanos —que es la base del Índice Global—, y proyectada al mundo, fue galvanizada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que le recordó al mundo en imágenes y crónicas y horror, la realidad mexicana. El periódico más influyente del mundo, The New York Times, cuestionó este domingo en su primera plana la eficiencia del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. El semanario inglés The Economist —con una circulación promedio de un millón y medio en sus plataformas impresa y digital, y 5.8 millones de seguidores en redes sociales—, afirmó que la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los normalistas “son dos atrocidades que parecen lo suficientemente serias para cambiar el curso del Gobierno”, que ha priorizado las reformas económicas, aseguró, y soslayado la ley y el orden como una forma de modernizar México, sin admitir que las dos son igualmente importantes.

“Las tres fuertes palabras que resumen el desafío que enfrenta ahora Peña Nieto y México como un todo, son impunidad, rendición de cuentas y gobernabilidad”, puntualizó The Economist. Estas tres “fuertes palabras” no existen en Guerrero. Para el Zóon politikon mexicano, su traducción es impotencia, confusión y protección. La clase gobernante protege sus intereses políticos y económicos, que significa mantener la ingobernabilidad en Guerrero y seguir incendiando el país. Quién sabe qué saben y qué cálculos tengan para estar seguros que con esa protección que desafía la dialéctica, pueden también salvaguardar la estabilidad y la paz social en el resto del país.

 

Raymundo Riva Palacio
OCT 20

Un secretario sin suerte Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Hay políticos con muy buena fortuna y las estrellas siempre se les alinean. Hay también los que crean las condiciones para que les vaya bien en la vida pública, y aquellos que por más que trabajen y planeen para que las cosas marchen como las pensaron, simplemente no les salen. Tal es el caso del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el hombre más aplaudido en el inicio del gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, por su trabajo como coordinador de la campaña presidencial y polemista memorable durante la contienda. Videgaray es de los que no tienen suerte, por más esfuerzo que haga.

Es uno de los dos pilares del gabinete, y junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, miembro de la Presidencia tripartita. A sus tareas de secretario de Hacienda, Peña Nieto le encargó la negociación central del Pacto por México, donde Nuño ayudó con parte del tejido fino en las alianzas, que lo distrajo de sus tareas principales, que son las finanzas públicas. Pronto en el sexenio comenzaron sus problemas, con la inexperiencia que provocó una prolongada curva de aprendizaje en el manejo del presupuesto y una temporada de heladas terribles en Estados Unidos que frenó la economía allá, y la secó en México.

Videgaray contuvo la aplicación del presupuesto y deshidrató la economía para forzar a todos los actores a apoyar las reformas. Abrir el presupuesto a finales de año contribuyó marginalmente a reducir la molestia en su contra, pero el lento dinamismo de la economía mundial no le ayudó a revertir la caída. Era prioritario sacar la reforma energética, por lo que más metido en la política que en la economía, ajustó la reforma fiscal y canjeó el incremento del IVA, por impuestos a los ricos y las clases medias para apaciguar al PRD y mantenerlo sentado en la mesa del Pacto.

Esto, fue el tiro de gracia a la economía. Irónicamente, la pauperización de las mayorías con la pérdida de ingreso de las minorías, unió a las dos clases en su lucha contra el mismo enemigo, el secretario de Hacienda, quien como si no fuera refractario a presiones, habilitó a su brazo armado, el Servicio de Administración Tributaria, para perseguir a quienes pagan impuestos, para que pagaran más.

Las condiciones económicas en el mundo no cambiaron, por lo que sus expectativas de crecimiento siempre fueron a la baja. Videgaray se convirtió en el villano favorito de magnates, ricos, pobres y clase medieros. Cada semana la Secretaría de Hacienda afirmaba que las cosas mejorarían, y cada semana chocaba con la realidad. En los últimos días, el descolón al secretario fue espantoso. La debilidad de los mercados en Europa y la desaceleración en China derrumbaron los precios del petróleo a niveles que no se veían en cuatro años, tirando la mezcla mexicana a 77 dólares por barril de crudo, seis dólares abajo del precio de referencia en el presupuesto de 2014, y cuatro por debajo del que, ajustado, se presupuestó para 2015.

La caída ensombreció el resplandor que anticipaba el gobierno habría en el cielo mexicano por la reforma energética. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, admitió que esta caída en los precios del petróleo, a cuatro meses de que se publiquen las bases de licitación para participar en la Ronda Uno, que son las zonas donde el sector privado podrá participar en la producción y exploración de crudo, desestimula a los inversionistas. A esos factores se les sumaron los datos mediocres de la economía estadounidense y el poco dinamismo de la japonesa, para tumbar la cotización del peso frente al dólar, que rozó los 14 pesos  por dólar y exacerbó los nervios de todos.

Videgaray ha tenido que renegociar con el Congreso el presupuesto de Ingresos para ajustar esta caída en los precios de petróleo que están arrastrando a la economía, y ponen en riesgo la tímida tasa de crecimiento de 3.7% para el próximo año. Y por si no fueran pocos los factores exógenos que golpean a Videgaray, está el desorden institucional y la ingobernabilidad en Guerrero, que el Presidente le encargó como su responsabilidad primaria, como a otros los responsabilizó –a Osorio Chong, Michoacán-, en otras entidades. Guerrero está incendiado y él carece de la manguera para sofocar el fuego.

Videgaray está sangrando en lo político y en lo económico, y su figura totémica dentro del gobierno peñista está cuarteada. El secretario de Hacienda no tiene muchos márgenes. Las variables internacionales no dependen de él, pero inciden sobre su política económica. Los precios del petróleo a la baja tampoco son su culpa, pero ponen en riesgo las metas del presupuesto. Ya no existe el Pacto por México y sus viejos aliados del PRD son un lastre para él y para el gobierno.

La figura del súper poderoso secretario de Hacienda está magullada. No son buenas noticias para uno de los dos aspirantes a la candidatura presidencial que Peña Nieto tiene en la cartera, pues de continuar con la suerte que tiene, rápido quedará resuelto que a él, definitivamente, no le alcanzará para ser el abanderado del PRI en 2018.

Raymundo Riva Palacio
OCT 17