Una historia nunca contada Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Juan Pablo II, canonizado este domingo junto con Juan XXIII, nunca conoció a Manuel Buendía, el columnista político más influyente del último medio siglo, pero sus vidas estuvieron estrechamente vinculadas. El Papa santo fue una pieza estratégica en la batalla final de la Guerra Fría, y Buendía fue un periodista que pagó con su vida, de acuerdo con testimonios de personas que estuvieron directamente relacionadas con la investigación de su asesinato, por haber estado a punto de revelar cómo México jugó con El Vaticano y Washington para desestabilizar a Polonia.

Buendía fue asesinado al anochecer del 30 de mayo de 1984 cuando recién salía de su oficina. En el cuarto piso de su despacho, agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad, recogieron todos los expedientes que tenía Buendía en su oficina. Mucha de la información que ahí guardaba era hemerográfica, que sobrepasaba en volumen a la documentación. La instrucción de llevarse todos los expedientes fue dada por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, a través de su subalterno, el jefe de la DFS, José Antonio Zorrilla.

Dónde quedaron esos expedientes es algo que no se aclara todavía. Qué buscaban, es algo que nunca se ha dicho de manera oficial. Aunque han circulado diversas versiones sobre el posible móvil de su asesinato, un hecho concreto es que un mes antes del crimen, Buendía publicó en dos partes la denuncia de los obispos del Pacífico sobre la penetración del narcotráfico en la sociedad —un tema del cual no se hablaba entonces— y la colusión de funcionarios públicos. Las publicaciones provocaron una reunión presidida por el secretario de la Defensa, general Juan Arévalo Gardoqui, con la participación de representantes de Bartlett, Zorrilla y varios comandantes de la DFS, según investigadores bajo el mando de Samuel del Villar, que era el zar contra la corrupción del presidente Miguel de la Madrid. En esa reunión, afirmaron, se ordenó su muerte.

La narcopolítica siempre se le relacionó a su asesinato, reforzado por las investigaciones en Los Pinos. Pero ahora, según ex agentes de la DFS que participaron en las pesquisas sobre el crimen, el narcotráfico jugó un papel secundario en el asesinato, relegado por un envío de armas a Polonia. Los ex agentes dijeron que Buendía recibió por correo copias de un manifiesto de armas de la Secretaría de la Defensa que tenía como destinatario al sindicato Solidaridad, que enfrentaba al régimen comunista polaco. Las armas fueron decomisadas en el puerto de Nueva York por la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, agregaron.

Pero su historia está llena de lagunas e interrogantes. ¿Por qué enviaba la Sedena armas a Solidaridad cuando las podía enviar directamente el Gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué identificaba el manifiesto a la Sedena como el remitente? ¿Qué ganaba el Gobierno de De la Madrid con el favor al presidente Ronald Reagan y al Papa Juan Pablo II para alimentar la revuelta en Polonia? La postura ante Washington en Polonia, en la lógica de esta versión, estaba en las antípodas de la posición mexicana en Centroamérica, sobretodo en su firme oposición a una invasión a Nicaragua.

Sin embargo, el papel del Gobierno mexicano en aquellos años siempre fue contradictorio y se cruzaban las armas de la Guerra Fría. Agentes de la DFS con la colaboración del sindicato petrolero, ayudaron a la CIA a transportar clandestinamente a través de México armas para la Contra antisandinista. A cambio, toneladas de droga entraban a Texas en pipas de Pemex, donde las aduanas estadounidenses se abrían sin que los molestaran. Era un quid pro quo de armas para la Contra a cambio de drogas para el mercado estadounidense y ganancias por el narcotráfico, en el que participaron comandantes de la DFS que después fueron fundadores de cárteles como el de Juárez y el del Golfo. ¿Tenía Buendía la película completa?

En las semanas previas a su asesinato no habló de ello. El llamado affaire Irán-Contras iba a explotar más adelante, revelándose las ilegalidades en las que incurrió la CIA y la Casa Blanca en su guerra contra el Gobierno sandinista.

Tampoco hizo mención alguna de las armas mexicanas para Polonia. Buendía no era indiscreto y mantenía sus datos con hermetismo. Pero al mismo tiempo solía preguntar a algunas personas información de contexto que pudiera ayudarlo. No fue el caso. Pero tampoco hay una razón por la que los ex agentes de la DFS quisieran desviar la atención sobre el posible móvil del crimen.

Armas, droga, militares y políticos no dejan de estar conectados. La variable de Polonia suma ahora a un crimen que pese a tener sentenciados, no está aclarado.

No hay móvil ni autores intelectuales en el asesinato de Buendía. ¿Fue en efecto la revelación de cómo México sirvió a Washington y al Vaticano en la lucha en Polonia la razón del crimen?

Quizás nunca sabremos si Buendía estuvo mucho más cerca de Juan Pablo II de lo que se hubiera imaginado, y si pudo haber descubierto la pieza mexicana en el tablero de la Guerra Fría, donde México siempre jugó con la mano izquierda y el corazón derecho.

twitter: @rivapa

Raymundo Riva Palacio
ABR 28

La otra cara de la luna Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Guillermo Valencia sabe que vive horas extra, literal y metafóricamente hablando. Quien fue su amigo y a quien le acreditan el papel de su mentor —algo que él niega—, Jesús Reyna, ex secretario de Gobierno de Michoacán, está detenido por presuntos vínculos con los Caballeros Templarios.

Valencia, hasta recientemente alcalde de Tepalcatepec, la región en donde tras un conflicto de años entre cárteles de la droga surgieron los grupos de autodefensa, se presentó a declarar en forma voluntaria ante la PGR, una sesión que duró 12 horas, para defenderse de las imputaciones de que él también tiene nexos con el cártel michoacano.

No fue detenido ni sujeto al arraigo. Extraño caso para un hombre que, en libertad, paradójicamente, está más cerca de la muerte.

Valencia es la otra cara de la lucha contra el crimen organizado y, en sí mismo, un microcosmos de la complejidad en la que vive la sociedad y los políticos en Michoacán y en otras partes del país.

Valencia entró en conflicto con los grupos de autodefensas cuando denunció a sus líderes como miembros del cártel Nueva Generación —algunos de los fundadores de los vigilantes, en efecto, tenían antecedentes que los ligaban al narcotráfico—, y se enfrentó abiertamente con el comisionado federal, Alfredo Castillo, por protegerlos y mantener diálogo con criminales.

Pero contra él pesan acusaciones públicas de políticos y autodefensas, de haber participado en reuniones con los Caballeros Templarios.

Valencia, en una insólita entrevista hace unos días con quien esto escribe, admitió que en dos ocasiones estuvo en reuniones con representantes de ese cártel.

Pero no fue voluntario, aseguró, sino llevado con amenazas de muerte. Para quien ya había tenido una pistola en la cabeza y cuyo padre y hermano fueron secuestrados para amedrentarlo, las amenazas no son retóricas.

Valencia dijo que las reuniones fueron la zona de Tierra Caliente, en diciembre de 2011 en La Ruana, en el municipio de Buenavista, y la siguiente en El Aguaje, en el municipio de Aguililla en noviembre de 2013.

Valencia dijo que junto con él fueron llevados otros seis alcaldes. No quiso decir quiénes, ni de dónde. Tampoco quiso revelar qué templarios hablaron con ellos.

Recordó que les pidieron una cantidad de dinero fija por mes, aunque tampoco quiso revelar cuánto. “De por sí, sé que ya me estoy jugando la vida al hablar con usted”, señaló a manera de justificación de su silencio.

La línea de tiempo que marcó Valencia, sin embargo, es importante. La primera reunión fue realizada escasos dos meses antes de que asumiera la gubernatura Fausto Vallejo; la segunda, cuando estaba en pleno la operación limpieza de los grupos de autodefensa en contra de los templarios. Es decir, dos años completos de impunidad en Michoacán.

Valencia rechazó colaboración alguna con el cártel. “Una cosa es reunirse o coincidir, y otra cosa es tener una reunión para hacer acuerdos y pactar cosas”, dijo. “Yo nunca pacté con esos señores. Yo fui a fuerza por cuidar mi vida”. ¿Tenía opciones? Según él, ninguna. ¿Pedir apoyo? “El presidente municipal de Tanhuato pidió ayuda y ahora está muerto”, dijo, al recordar a Gustavo Garibay, acribillado en marzo pasado, tras sobrevivir un atentado en octubre de 2012 y denunciar a la delincuencia organizada.

Qué tanto de lo que habló en público detalló ante la PGR es una incógnita. Lo que muestra, sobre todo al no haber sido detenido —en el peor de los casos porque aún no hay pruebas sólidas en su contra—, es la debilidad de las instituciones en su parte primaria, los municipios, y la incapacidad del Estado para fortalecerlos.

Valencia ganaba 32 mil pesos al mes y durante 10 meses gobernó Tepalcatepec desde Morelia. Pidió una vez el mando único, la única herramienta a la que podían recurrir para intentar hacer algo, y se lo negaron.

Los alcaldes, como refleja su caso, están abandonados. En 400 de los dos mil 439 municipios del país, no hay un solo policía; en mil 060, menos de 20. Esto es que en casi dos terceras partes de los municipios, no hay policías para cuidar a la población.

Valencia es un ejemplo de lo que vive la parte gubernamental más próxima al ciudadano. Y la más débil. Si es responsable o no de un delito, será la autoridad la que lo determine. Pero en todo caso, es una víctima más de la debilidad institucional en México que por años se ha buscado fortalecer sin éxito alguno, gobierno tras gobierno.
 

Raymundo Riva Palacio
ABR 16

Malos antecedentes Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, colocó como secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado de México a uno de los suyos, Damián Canales, para hacer frente a los problemas de violencia en la entidad que la empezaban a ahogar. Fue una decisión sorpresiva, al haber impuesto en una entidad blindada contra cualquiera que no fuera mexiquense, a un funcionario estratégico para la gobernabilidad. Esa no fue la única acción que levantó cejas. Canales no tiene un gran pasado a cuestas.

Canales se integró al equipo de Osorio Chong en 2007, cuando era gobernador en Hidalgo, un mes después de que los Zetas asesinaron al secretario de Seguridad Pública, Marcos Manuel Souberville. Los Zetas llegaron al Estado en 2001, cuando gobernaba Manuel Ángel Núñez Soto. El problema se agudizó en 2007, con el realineamiento de los cárteles de la droga tras los golpes sufridos en la guerra durante el gobierno de Felipe Calderón.

Los Zetas asentaron en Hidalgo su centro de operaciones para el Sur del país, y se desplegaron en los 84 municipios. Incluso, durante el gobierno de Osorio Chong, Heriberto Lazcano, que fue jefe de la organización criminal hasta su muerte en 2012, llegó a vivir en una casa a 300 metros de la Zona Militar. La tarea de Canales fue limpiar de zetas el Estado, pero nunca pudo cumplir el objetivo final, ni los Zetas dejaron Hidalgo.

Canales llegó al Estado tiempo después de haber sido uno de los protagonistas en uno de los episodios más negros de la historia policial, la noche del 23 de noviembre de 2004, cuando tres agentes federales fueron linchados por una turba en San Juan Ixtayopan, en la Delegación Tláhuac al suroriente de la Ciudad de México. Los federales investigaban la casa de seguridad de la comandancia general del EPR, pero habían sido descubiertos.

Durante más de dos horas la turba arrastró por las calles a los agentes y les prendió fuego, sin que la policía capitalina o la federal intervinieran. El jefe de la entonces Policía Federal Preventiva, almirante José Luis Figueroa, pidió la intervención de la Policía del Distrito Federal, pero no recibió apoyo. El subsecretario de Seguridad Pública, Gabriel Regino —el titular era Marcelo Ebrard—, le aseguró a Figueroa que sus agentes habían sido rescatados. Quien era el responsable del operativo del rescate era Canales.

Regino le mintió a Figueroa. Cuando finalmente intervino Canales, la turba ya había quemado a dos de los agentes federales, que murieron en las calles de San Juan Ixtayoapan. Ebrard fue destituido del cargo por su responsabilidad —política, no legal— al no haber actuado como correspondía. En su justificación, dijo que la Policía no había podido llegar por el tráfico. Sin embargo, las imágenes captadas por la prensa mostraron a sus policías a menos de 100 metros de donde quemaban a los agentes federales, sin que les autorizaran actuar.

Canales fue calificado como incompetente en las fuerzas federales, y cuando reapareció en Hidalgo no fueron buenas noticias. La PGR realizó varias investigaciones sobre el narcotráfico en el Estado, y siempre apareció la Policía, antes y después de Canales, como una institución penetrada y con varios jefes al servicio de los Zetas. En 2009, uno de los jefes policiales capturados por la PGR, lo acusó de tener nexos con el cártel.

En una declaración ante el Ministerio Público Federal, Guillermo Lugo Ávila, apodado el “Oso”, que era el jefe de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, afirmó que dentro de la red de protección institucional a los Zetas se encontraba Canales, y afirmó que entre sus funciones estaba el vigilar las fronteras del Estado para saber del movimiento de policías federales o militares en Hidalgo. Otros jefes policiales que fueron capturados por trabajar con los Zetas también lo señalaron como cómplice, pero las acusaciones nunca fueron probadas, ni se abrió una investigación en su contra.

Las acusaciones fueron interpretadas como una señal que Canales estaba haciendo bien su trabajo, y se ganó la confianza de Osorio Chong, quien siempre lo tuvo en mente para una posición en las áreas policiales. En febrero, cuando ya se preparaba la salida de Manuel Mondragón de la Comisión Nacional de Seguridad, fue nombrado director de Investigaciones de la Policía Federal. Cuando se dio el relevo, fue uno de los nombres que se manejaron para sustituir a Mondragón.

Osorio Chong no pudo llevarlo como comisionado, pero en la crisis de seguridad en el Estado de México, con la renuncia de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rocío Alonso Ríos, ante una ola de ejecuciones en varios municipios, Osorio Chong finalmente colocó a su pieza. El trabajo será crucial, no sólo para el Estado de México y para Canales, quien tiene que demostrar que la mala fama es resultado de su trabajo o de envidias. Sobretodo lo será para el secretario de Gobernación, que en él ha puesto uno de los pilares de su futuro.

Raymundo Riva Palacio
ABR 15

Choques en el gabinete presidencial Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

En la Reforma Energética se abrió un nuevo frente de batalla, inesperado, inusual y bastante extraño, donde en el cómo y cuánto, tomaron bandos diferentes la Secretaría de Energía y Pemex, cuyas cabezas, Pedro Joaquín Coldwell y Emilio Lozoya se conocen desde la campaña presidencial, cuando eran parte del cuarto de guerra del candidato Enrique Peña Nieto. Durante el sexenio han trabajado en coordinación, pero en las últimas semanas, dos funcionarios de la Secretaría de Energía, la subsecretaria de Hidrocarburos Lourdes Melgar, y el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, comenzaron las hostilidades.

Fue durante la llamada Ronda Cero, donde Lozoya acudió a Energía para solicitar las áreas que quiere mantener para explorar y producir hidrocarburos -el objetivo de reservarlas es para garantizar las metas del Plan de Negocios-, y planteó que Pemex se quedara con 97% de las reservas probadas, 83% de las probadas y probables (“2P”), y 71% de las probadas, probables y posibles (“3P”), así como con 31% de los recursos prospectivos, que son las áreas por desarrollar a futuro que aún no han sido clasificadas como reservas, cuyos recursos significarían dos terceras partes de los recursos totales de México.

Pero casi en simultáneo, la subsecretaria transmitió a inversionistas extranjeros y mexicanos un mensaje antagónico. En una entrevista publicada a finales de marzo en el diario londinense Financial Times, Melgar dijo que el gobierno consideraba entregar pozos petroleros en aguas profundas a inversionistas privados. La subsecretaria precisó que esos campos incluían lotes del altamente codiciado Cinturón Plegado de Perdido, un yacimiento de crudo ligero descubierto en 2012 en el Golfo de México, que podría duplicar las reservas actuales, y Chicontepec.

Melgar descartó a priori a Pemex en esa entrevista, donde anticipó que habrá solicitudes que le nieguen a la empresa nacional. “En algún momento habrá que decirles ‘esto no va o no puedes tener estas dos cosas’,”, dijo. “Es simplemente de qué tanto pueden abarcar. La decisión final está en la Secretaría de Energía”. La subsecretaria sugirió que Pemex podría carecer de argumentos técnicos, operativos y financieros suficientes para quedarse con yacimientos en aguas profundas. En la misma línea de argumentación se encuentra Zepeda, quien es uno de los principales opositores a que Pemex incursione en aguas profundas.

Los antecedentes señalan que Pemex sí tiene capacidad técnica para explorar en aguas profundas. Ha explorado 31 pozos de aguas profundas, donde el llamado éxito geológico es de 64%, mientras que su éxito comercial llega a 45%. Estas tasas, de acuerdo con fuentes de la industria, están por encima del promedio internacional en aguas profundas, donde los porcentajes están en el rango de 45 y 30%, respectivamente. Bajo estos criterios, la postura de la Secretaría de Energía no tendría el sustento que afirmó Melgar.

En el cronograma de la apertura del sector energético, se calcula que las primeras ofertas a inversionistas para incursionar en aguas profundas saldrán en junio del próximo año, y la Secretaría de Energía tiene como fecha máxima para decidir qué será reservado para Pemex el 17 de septiembre. Pero las declaraciones de Melgar han generado un mal ambiente para Pemex entre los inversionistas. Por una parte, los mexicanos consideran que Lozoya quiere que los mejores contratos sean para los extranjeros, mientras que extranjeros en algunas de las capitales petroleras, han expresado sus dudas sobre si la Reforma Energética realmente abrirá el sector.

Las posiciones de Melgar y Zepeda han despertado sospechas sobre sus motivaciones. Zepeda, que respalda totalmente a Melgar, fue protegido de dos secretarios de Energía del gobierno de Felipe Calderón, Georgina Kessel y Jordy Herrera, mientras que Melgar trabajó en la Secretaría de Energía como responsable de Relaciones Internacionales cuando Luis Téllez fue el secretario en el gobierno de Ernesto Zedillo. Hasta su nombramiento como subsecretaria de Electricidad al arrancar el gobierno de Peña Nieto, era consultora independiente en temas energéticos. En febrero de este año, cuando el subsecretario de Hidrocarburos Enrique Rocha fue promovido a la CFE, ella lo sustituyó.

Melgar quiere sepultar las intenciones de Pemex por tener la iniciativa en la exploración y producción de crudo en aguas profundas, su parte más redituable, y dejarlo circunscrito a las aguas someras. Ahí no tendrá problemas con la Secretaría, sugirió la subsecretaria. Hasta el momento, Joaquín Coldwell no ha descalificado sus afirmaciones o la ha obligado a rectificar. Entonces, ¿la palabra de Melgar es la palabra del gobierno? Sus declaraciones al diario británico chocan con las pretensiones de Lozoya, en este duelo extraño de contradicciones que afecta los objetivos de Pemex de generar los recursos para crecer, mientras subraya una tendencia en la cabeza del sector, que apuntan la entrega de lo mejor de los recursos petroleros mexicanos, a manos extranjeras.
 

Raymundo Riva Palacio
ABR 12

Videgaray, el hombre del MIT Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El semanario británico The Economist dedicó en la edición que está circulando esta semana una página completa de su competido espacio a una entrevista con Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, que los introdujo en su filosofía económica. El corresponsal halló una mina en la comparación entre las dos escuelas de pensamiento económico que han dominado esa Secretaría durante el último cuarto de siglo: los tecnócratas economicistas del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), donde Videgaray estudió su doctorado, y los tecnócratas teóricos de la Universidad de Chicago, en donde el secretario ni siquiera solicitó su ingreso porque no le interesaba.

La comparación no es menor, pues ayuda a entender las razones y el rumbo del gobierno de Enrique Peña Nieto, y uno de los detonantes de la molestia empresarial que durante más de una década trabajaron bajo las líneas generales de la llamada Escuela de Chicago, donde el Gobierno no regulaba ni intervenía en los mercados. En un ensayo en la revista dominical de The New York Times titulado “Cómo Los Economistas Lo Hicieron Tan Mal”, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman explicó en 2009 que la razón por la que los economistas fueron incapaces de predecir y resolver la crisis de 2008 -más profunda que la Gran Depresión de 1929-, tenía que ver en buena medida con la derrota de los economistas del MIT y su vecina Harvard, con sus colegas de Chicago.

La diferencia, en términos generales, es que los economistas de Chicago, donde Milton Friedman impulsó la teoría del monetarismo a fines de los años 50, es que los mercados funcionaban mejor sin ninguna intervención del Gobierno, mientras que los economistas del MIT pensaban que los mercados tienen fallas -como argumentó John Maynard Keynes, el economista británico que desarrolló el Estado del Bienestar-, y que la intervención del Gobierno ayudaba a resolver aquellos problemas donde el mercado era incapaz de autorregularse.

En la entrevista con The Economist, Videgaray sacó su vena keynesiana. “México es una economía de mercado, pero debemos tener mejores mercados”, dijo. “El Gobierno necesita trabajar para mejorar el comportamiento de los mercados”. Bajo esa filosofía, contextualizó el corresponsal, se redactaron las reformas energéticas, telecomunicaciones, financiera, bancaria y educativa. La rectoría del Estado sobre la economía, en la lógica de Keynes, contra la visión neoclásica de Chicago, representada en Hacienda por Francisco Gil, subsecretario en el gobierno de Ernesto Zedillo y secretario en el de Vicente Fox, y Agustín Carstens, quien dejó la vicepresidencia del Fondo Monetario Internacional para ser secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón y más adelante, presidente del Banco de México.

The Economist no menciona, sin embargo, -y se puede entender porque es un tema muy local-, la rebelión dentro el ITAM en contra de Videgaray, por contravenir las enseñanzas de esa escuela que se convirtió en la última década en la maquinaria del poder en México. Lo consideran, válgase la metáfora, el Lutero que destruyó la filosofía macroeconómica de una escuela cuyos dos pilares son Gil y Pedro Aspe, doctor por el MIT, que junto con Carlos Sales, doctor por Harvard, son mentores de secretario de Hacienda. Las escuelas económicas llegaron a cruzarse, como el hecho que un admirado profesor de Aspe en el MIT, Rudiger Dornbush, quien le dio clases a Videgaray -uno de sus alumnos consentidos-, era doctor por Chicago.

Videgaray ha despertado pasiones en su contra. En buena medida por su propia formación -se puede argumentar con mayor énfasis en lo social que Aspe-, y por su muy difícil trato, que a veces parece arrogante e indiferente. “Las cosas cambiaron”, dijo un banquero meses después de llegar Videgaray a Hacienda. “No se le puede ver fácil, y si da cita, tiene que ser en Palacio Nacional”. No estaban acostumbrados a ver a los funcionarios en una estructura jerárquica, y a veces ni siquiera como pares. Pero tampoco Videgaray es tan químicamente puro como suponen muchos, incluso The Economist. Una de sus iniciativas más polémicas fue el reciente Pacto Fiscal donde el Gobierno se comprometió a no aumentar impuestos en lo que resta del sexenio. Él se oponía a la medida, idea del magnate Carlos Slim, que lo propuso en Los Pinos y cabildeó en el Congreso por medio de su socio en la minera Frisco, Alejandro Gutiérrez, asesor del Grupo Parlamentario del PRI. Acató la instrucción presidencial, trabajó el acuerdo y lo defendió públicamente. Soldado eficiente y sorprendente, como lo presentó el semanario británico esta semana. Su jefe no es economista, pero Videgaray es su complemento. Coinciden en el objetivo final, pero cuando el camino requiere un atajo, el secretario lo encuentra. Soldado al fin y al cabo, un ángulo importante que soslayó el semanario.

Raymundo Riva Palacio
ABR 5

Aquellos días de marzo Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Quienes estaban en Lomas Taurinas al caer la noche del 23 de marzo de 1994, recuerdan un mitin terriblemente organizado en un infame barrio, entre cuyas multitudes avanzaba en medio de un general que tenía gota, un policía municipal con cataratas y su hijo, también policía, sin experiencia, Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI a la Presidencia, que apenas en las vísperas había visto que se disipaban los nubarrones en su camino a Los Pinos. El presidente Carlos Salinas, al afirmar “no se hagan bolas”, había negado coloquialmente que habría cambio de candidato, y quien había sido una pesadilla política, Manuel Camacho, que negociaba la paz en Chiapas, finalmente lo había reconocido como el elegido. Pero Colosio no estaba tranquilo.

Jorge Medina Viedas, en ese entonces asesor de Colosio y secretario adjunto del PRI, había estado la noche anterior en una cena en el Hotel Ejecutivo de Culiacán, donde el candidato se veía distante. “Veía sin mirar, oía sin escuchar”, escribió recientemente. “Colosio vivió torturado por la duda y la desconfianza desde el 1 de enero hasta el 23 de marzo”. Es decir, desde el alzamiento del EZLN en Chiapas, donde la mano de Camacho en la insurrección indígena ha sido una imputación desde entonces, hasta el momento de su asesinato.

Ese final de día en Lomas Taurinas causaba angustia y temores a algunos de quienes acompañaban a Colosio, pero sin esperar nada como, en unos cuantos segundos, sucedió. En el remolino de gente alrededor de Colosio, que caminaba hacia su camioneta Blazer al terminar el mitin, un joven bipolar, Mario Aburto, no encontró problemas para acercársele y dispararle a la cabeza. En la confusión y el forcejeo, disparó una vez más, que entró y salió por el abdomen. Ese día, Colosio llevaba puesta una chamarra blindada que le dio el general del Estado Mayor Presidencial Domiro García Reyes, responsable de su seguridad, que no sirvió para nada. Los tiros fueron a la cabeza y en el estómago, donde penetró porque la llevaba abierta. La escolta tampoco porque Colosio nunca quiso que obstruyeran su acercamiento con la gente.

Al caer Colosio, varios miembros del Estado Mayor Presidencial recogieron el cuerpo y corrieron con él a su camioneta. José Ureña, uno de los decanos en el columnismo político en México, estaba en ese momento en Lomas Taurinas y recuerda el desprecio causado por la desesperación de los militares: “No lo cargaban, lo arrastraban. Su cabeza hacía surcos en la tierra. Cuando lo metieron a la camioneta su cabeza chocaba con la puerta”.

Colosio estaba clínicamente muerto desde que entró el primer disparo en la cabeza. Pero cuando su jefe de prensa, Liébano Sáenz la anunció oficialmente en el Hospital General de Tijuana, inició una leyenda que lo inmortalizó. El 23 de marzo se conectó para siempre con el 6 de marzo, cuando en el Monumento a la Revolución pronunció un discurso sobre la desigualdad y la marginación, sobre la injusticia y las cuentas pendientes de un Estado con quienes menos tienen. Es un discurso interpretado como el de la ruptura con su mentor, el presidente Carlos Salinas, el que le dio cuerpo como demócrata y la esperanza, dicen hoy, de millones de mexicanos.

Ese discurso se comenzó a trabajar en la oficina alterna que tenía Colosio en la campaña, en la colonia Del Valle, unos 50 días antes de pronunciarse. Estaban José Luis Soberanes, quien aplastó a Ernesto Zedillo como coordinador de la campaña —ausente en esa reunión—; Samuel Palma, que era una especie de oráculo político; Luis F. Aguilar, el sólido intelectual que aportaba su sapiencia al candidato; Carlos Rojas, quien había construido el Programa Solidaridad, su plataforma política; Marco Bernal (hoy diputado), que fue uno de los operadores para su candidatura; Luis Mendoza Cruz, que trabajaba con él y sigue en el equipo estratégico de Bernal y Manlio Fabio Beltrones; y Javier Treviño (también diputado), quien hacía las minutas. Colosio les dijo que “debía ser un gran discurso”, que fuera “el relanzamiento de su campaña”. Salinas estaba de acuerdo.

Ciertamente fue grande. Treviño recordó hace algún tiempo que se revisaron varios de los discursos históricos para encontrar la voz y el tono para el mensaje. Concluyeron en los memorables de 17 minutos de “I Have A Dream”, de Martin Luther King en agosto de 1963 en Washington, sobre las aspiraciones igualitarias de los afroamericanos. Aquél era más una letanía que un discurso, pero de su ritmo y énfasis salió el del 6 de marzo. La idea fuerza era “Yo veo un México”, de indígenas y campesinos, de trabajadores, jóvenes, mujeres y empresarios, de cambio, igualdad y mejores oportunidades, más justo y libre. Una vez terminado, de la pluma múltiple de sus asesores, y escritores y académicos a quienes también les pidieron sugerencias, lo envió a Los Pinos en la víspera de pronunciarlo, donde Salinas, de puño y letra, le hizo observaciones sin quitarle una sola palabra.

Esos días de marzo fueron los que marcaron la leyenda de Colosio. Un hombre esencialmente bueno —aunque muy duro y grosero con sus colaboradores—, que fue construido por Salinas desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, en el Congreso, en el PRI, en el gabinete, y en la candidatura presidencial. Norteño mal hablado, que trabajaba intensamente en largas jornadas, al final de las cuales, en ocasiones, tenía momentos lúdicos y de bohemia.

Colosio ha servido para todo en estos años. Para un complot, donde Salinas es el autor intelectual del crimen. Para propaganda política en una campaña presidencial, con la película Colosio, el asesinato, financiada subrepticiamente por el Gobierno de Felipe Calderón para proyectar a todos los priistas como asesinos. Como la justificación de políticos incompetentes quienes sin Colosio fueron nada, o de oportunistas que han sobrevivido engañando con sus falsas cercanías. Pero sobre todo, ha servido para ver cada día lo hondo de la ruptura en las normas de convivencia política y social. No se sabe, si Colosio hubiera vivido, si esto se habría evitado. Lo que sí es claro es que su asesinato exacerbó las condiciones y estructuras sociopolíticas de este país, que crujían mucho tiempo antes que muriera.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
 

Raymundo Riva Palacio
MAR 23

La salida de Mondragón Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Manuel Mondragón duró exactamente seis meses con vida artificial al frente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública. Su relevó demoró tanto —las reformas económicas y la desaceleración fueron variables que le ayudaron—, que incluso le dio tiempo para manejar unilateralmente su salida este fin de semana antes de que lo removieran. Al final, golpeado por el ostracismo y la marginación personal dentro del gabinete de seguridad, escribió el guion de su renuncia para que lo firmara el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al definir su labor, en un acto de magnanimidad política, como “eficiente y patriótica”.

La realidad es muy diferente. Desde muy temprano en el gobierno de Enrique Peña Nieto se dieron cuenta que habían cometido una equivocación al nombrarlo. Iba a repetir como secretario de Seguridad Pública en el gobierno del Distrito Federal de Miguel Ángel Mancera, quien supo que había cambiado de opinión por medio de la prensa. Su anterior jefe, Marcelo Ebrard, también se enteró por los periódicos que su secretario había aceptado el ofrecimiento del gobierno entrante. Mondragón corrió a los brazos federales sin avisarles que no contarían con él.

El trabajo de comisionado se lo ofrecieron tras una encuesta nacional que realizó el equipo de transición de la que salió como el mejor evaluado. “Queríamos dar un giro total al combate a la delincuencia y necesitábamos una persona que no viniera del PRI que nos diera la credibilidad”, confió en su momento uno de los principales colaboradores del Presidente Peña Nieto. “Pero no lo conocíamos. Si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos ahora…”.

Lo veían cansado —a sus casi 80 años se quedaba a veces dormido en reuniones de gabinete—, y como un testarudo con iniciativa que no veía consecuencias. La primera fue llevarse cerca de 100 mandos policiales del Distrito Federal al Gobierno federal, con lo que por un lado desmanteló los cuerpos de seguridad de Mancera y por el otro, plantear idílicamente una estrategia metropolitana para el país. Como era de esperarse, no funcionó. “Nos propuso cuadrantes como en el Distrito Federal”, se quejó una vez un gobernador, “sin entender que no teníamos ni los recursos humanos, ni el dinero para movilizarlos. Una vez le dijimos: ‘si te doy policías donde quieres, ¿con quién patrullará el municipio?’”.

El repliegue de las fuerzas federales en el combate al narcotráfico, idea propuesta por el ahora consultor y analista en seguridad Eduardo Guerrero —a quien despidió por las pifias cometidas— fue un desastre. Alegar que la violencia desaparecería al dejar de enfrentar a los cárteles de la droga, desconocía la dinámica de la lucha entre esas organizaciones. Miles de muertos como consecuencia de la guerra entre cárteles durante el actual Gobierno demostraron lo fallido del diagnóstico, que tuvo su peor externalidad en la creación de los grupos paramilitares en Michoacán.

Mondragón había empezado mal, pero le perdonaron que desmantelara Plataforma México, la gran base de datos criminal que, argumentaba, no generaba información de inteligencia. El CISEN aprovechó el momento y se quedó con todos los equipos de intercepción de comunicaciones, que permitió, por ejemplo, salvarle la vida al diputado y al senador Ricardo y David Monreal. Otros golpes al crimen organizado con autoría del CISEN, resultaron de la información obtenida de esos equipos. En aquel desmantelamiento, la Marina rescató todas las investigaciones de años contra los jefes de los cárteles de las drogas, que tuvo su último resultado con la captura de Joaquín el “Chapo” Guzmán.

Lo que Mondragón desaprovechó otras instancias del Gobierno utilizaron, salvo dos drones —idénticos a los que usó la CIA en la operación donde abatieron a Osama bin Laden—, que nunca empleó eficazmente. Pese a su oposición abierta a la Gendarmería propuesta del Presidente Peña Nieto, lo obligaron a iniciar su capacitación y organización. Y ante los desatinos en la lucha contra los cárteles, el Gobierno rectificó la estrategia, con el Ejército y la Marina ocupando un lugar preponderante. Cuando Michoacán estalló, el alto mando militar excluyó a Mondragón de la planeación y las operaciones tácticas. El Gobierno se apoyó en la Policía Federal, pero con su jefe, Enrique Galindo, no con Mondragón, que tenía meses congelado. El comisionado de Seguridad Pública ya no tenía gas para seguir volando en el Gobierno, pese a que se ufanaba de que su relación, personal, era con el Presidente.

Su salida es la renuncia más anunciada del gabinete. El relevo de Mondragón no será el relanzamiento de la estrategia contra el crimen, que se dio hace meses, sino volver a la realidad la Comisión Nacional de Seguridad Pública, donde su cabeza, en picada y aislado, no generaba ningún activo y se había convertido, desde hace tiempo, en un lastre.

 
 

Raymundo Riva Palacio
MAR 18

Un jet-setter en picada Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Si México es un país que se entiende por las biografías de sus protagonistas, Martín Díaz es quien mejor ejemplifica el árbol del poder. Sobrino de un poderoso y yerno de otro. Casado con una mujer que lo conectó con el aparato circulatorio de los medios de comunicación y encantador de quienes llegaron a la cima por la puerta de atrás, fue un empresario exitoso y con influencia ilimitada en dos gobiernos, una combinación de la que no muchos de los de su clase pueden presumir, hasta este año, cuando recibió un golpe sólo proporcional a la caída de lo alto a lo que llegó durante una década donde la abundancia y la opulencia eran su vida diaria.

Normal en él, se encontraba en Veil, uno de los destinos de nieve de la élite mexicana, cuando a mediados de febrero apareció en la prensa que la empresa de la cual era el segundo socio, estaba en problemas fiscales y la había inhabilitado el gobierno. Buscó desaforadamente salir esa misma mañana a los medios para responder lo que sería la punta de su desgracia, pero en esas horas matinales se había convertido en un fierro caliente que nadie quería agarrar.

Díaz es una de las figuras centrales en el escándalo de Oceanografía, la empresa petrolera que defraudó por al menos 400 millones de dólares a Banamex, mediante un esquema ilegal que usó años antes en el Banco Nacional de Comercio Exterior y en Interacciones, aunque descubierta a tiempo en esta institución privada, con lo que se impidió el desfalco. Segundo accionista en importancia en Oceanografía, no hay un proceso judicial en su contra, pero las investigaciones apenas iniciaron. Más de 50 bancos y empresas que tenían relaciones con Oceanografía están revisando el esqueleto de sus transacciones, como el IMSS y el Infonavit que ya encontraron que también a ellas las engañaron.

Oceanografía utilizó una red de relaciones políticas edificadas durante los gobiernos del PAN, y convirtió una situación financiera incómoda en los noventa, en un negocio espectacular en la primera parte de este siglo, durante el cual armó la principal flota petrolera en el mundo, que incluye un catálogo de buques cuyo costo es superior a los 150 millones de dólares. El principal accionista, Amado Yáñez Osuna, se vinculó hace más de una década a Díaz, con quien hizo un tándem empresarial-político muy difícil de igualar.

Sobrino del secretario de Hacienda de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, yerno de uno de los políticos veracruzanos de mayor alcurnia, Dionisio Pérez Jácome, casado con una famosa ex conductora de TV Azteca, Gloria, y cuñado de Dionisio, el hermano, secretario de Comunicaciones en el gobierno de Felipe Calderón, y actual representante de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Díaz tenía unas de esas redes familiares donde la opulencia y el poder infinito parecen venir con el acta de nacimiento. Y lo exudaba.

Casas en la Ciudad de México, Acapulco, Miami y Sevilla; rancho en Huixquilucan. Ferraris –le encantan los autos de lujo–, viajero permanente en jets y helicópteros privados que usaba para sus negocios y relaciones públicas. Su logística causaba tanta envidia como suspicacia. Invitaba siempre a peleas de box de pugilistas patrocinados por sus empresas en Las Vegas, y su enjambre empresarial incluía políticos, personalidades y algunos sujetos de proceder sospechoso.

En los 90 fue yerno efímero del empresario de transporte marítimo José Serrano, mientras escalaba su carrera financiera. En esa misma década, dos muy amigos de él, Guillermo y Tomás Braniff –este último su compañero en la Asociación de Golf del Valle de México–, obtuvieron la primera concesión aduanal para operar un recinto dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo inusual es que su empresa Braniff Air Freight & Co., había sido creada el día anterior y la adjudicación directa fue 72 horas antes de que el gobierno de Carlos Salinas propusiera al Congreso pasar los recintos aduanales al sector privado. En la víspera que esa investigación se publicara en la primera plana de El Universal, en enero de 2007, Díaz le habló por teléfono a la reportera Carolina Rocha y la amenazó con “meterla a la cárcel”. Díaz pensaba que él era parte central de esa investigación. “No soy ningún coyote”, le espetó. ¿De dónde venía la paranoia? Quien le dio la concesión a sus amigos había sido el entonces subsecretario de Hacienda, Gil Díaz, su tío.

Fue un susto momentáneo que pasó pronto. En sociedad con los empresarios Pablo e Israel Brener Brener, y el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe, Díaz sumó a la Compañía Tequilera Hacienda La Capilla para elaborar una botella de tequila. La llamaron “Ley del Diamante”, fabricada con dos kilos y medio de platino y cuatro mil 200 incrustaciones de diamantes de corte perfecto, que le dio pase automático al libro Guinness de Récords en 2010 como la más cara del mundo. El costo: 3.5 millones de dólares.

En esa sociedad estuvieron también un par de empresarios queretanos, Víctor David Mena Aguilar, director general de Desarrollos Residenciales Turísticos, y su socio –que murió el año pasado–, José Oleszcovski. Querétaro, ahora se sabe, era un estado donde Oceanografía operaba fuera de sus negocios tradicionales, exhibido porque Yáñez Osuna adquirió el equipo de futbol de Los Gallos, que junto con Oceanografía, fue intervenida por el gobierno hace unas semanas.

Los Gallos de Querétaro quedaron atrapados en la estructura de propiedad que entrevera a la empresa petrolera con la Caja Libertad Servicios Financieros y los casinos Big Bola, cuya sede está en la capital de ese estado, en donde la PGR está investigando un posible lavado de dinero obtenido de la venta de combustible robado.

La investigación se centra actualmente en los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, sobrinos Ángel Isidoro Rodríguez, a quien apodan “El Divino”, y que fue acusado –y exonerado años después- de fraude. Los hermanos manejaban el Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), cuyas estaciones vendían presuntamente gasolina robada por Los Zetas a través de una red de 60 gasolineras, cuyas ganancias se lavaban en la Caja Libertad.

Díaz fue hasta hace poco más de una semana, presidente del Consejo de Administración de la Caja Libertad, cuyos principales accionistas, los hermanos Rodríguez Borgio, que también han invertido en la cadena de hoteles española NH, viven desde hace tiempo en España, para enfrentar a distancia los procesos en su contra.

Experto en ingenierías financieras, Díaz, ingeniero industrial de la Universidad Panamericana, estuvo vinculado a varios bancos privados como IXE y Consultora Internacional, CI Banco, y es parte de Financiera Fortaleza, una sociedad financiera de objetos múltiples, Operadora Petrolera e Hidrocarburos del Pacífico. Su expertise en materia energética lo llevó a relacionarse con los hijastros del ex presidente Fox, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, que encontraron en aquella administración la alfombra roja para incursionar en los negocios.

Las versiones que Díaz fue su prestanombres nunca pudieron ser corroboradas. Pero visto en el plano empresarial, Díaz tenía lo que nunca pudieron y tuvieron los ambiciosos vástagos de Martha Sahagún, talento, sofisticación e inteligencia financiera. Tampoco tenían la soberbia de Díaz ni su audacia o su suerte, que aún no ha trazada por la PGR, aunque el lienzo sobre el cual se dibuja su futuro no se ve nada promisorio.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

Raymundo Riva Palacio
MAR 16

Sangran los gigantes Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La cita con la modernidad se esperaba hace tanto tiempo, que se pensó que nunca llegaría. Los intentos por romper los monopolios que mejor lucen en el aparador del rezago económico y político, fueron tan anunciados que se convirtieron en retórica hueca. Pero si alguien cree que Carlos Slim y Emilio Azcárraga, arquetipos del poder económico concentrado, aceptarán pasivamente que son “preponderantes”, eufemismo de monopólicas, no los conocen. Pero tampoco se equivoquen.

El sello que les puso el viernes pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones a sus empresas, América Móvil –Telmex y Telcel-, y Televisa, buscarán alterar con sus cabilderos en los pasillos del poder y los medios, pero ya no para salvar la plenitud de sus reinos de telecomunicaciones, sino para que en la redacción final de las leyes secundarias mantengan privilegios que les den ventajas sobre sus competidores.

Slim y Azcárraga sabían hace tiempo que la decisión soberana que marcaría a sus empresas como dominantes en telefonía y televisión, era inevitable. Slim mandó a la prensa en enero al líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, a declarar que Telmex estaba preparando desincorporarse en previsión de lo que sabían haría el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hernández Juárez telegrafiaba al gobierno lo que quería Slim: devolverle miles de usuarios del servicio telefónico en poblaciones de al menos 500 personas.

Las cosas no salieron como originalmente pensaban. En una entrevista en la revista Expansión en noviembre de 2012, el vocero de Telmex, Arturo Elías Ayub, yerno de Slim, respondió a una exigencia de Azcárraga para que hubiera reglas de asimetría, que en ningún país de los 18 donde operaba América Móvil había ese tipo de regulación. “En todos hemos entrado con una fórmula mágica, a ver si la usan: se llama inversión. Hemos hecho red (e) infraestructura”, agregó.

El fallo del Ifetel para ese mercado que, una vez abierto a la competencia, se calcula en cuando menos 35 mil millones de dólares –la industria del entretenimiento, en comparación asciende a siete mil millones de dólares-, buscó precisamente una mayor asimetría en el codiciado mercado, pero en su contra a fin de garantizar competencia en los plazos más cortos posibles. A Slim lo obligan a dar servicios de infraestructura, sin condiciones, a precios de mercado. Pero Azcárraga no salió sin heridas. A Televisa le prohibieron la compra de derechos exclusivos para eventos tan lucrativos como la Copa del Mundo de Futbol, las liguillas en los torneos mexicanos o la Eurocopa.

Slim y Azcárraga, empresarios audaces, saben que el tema de la asimetría es temporal, mientras se ajusta el mercado. En Europa, por ejemplo, tardó siete años. Pero el futuro, cuando el dinero, la estrategia y el talento volverán a hacer la diferencia en el mercado, no será igual para ninguno de ellos dos. Y también lo saben.

Azcárraga no tenía ningún problema para que cualquier nuevo jugador tenga una o dos cadenas de televisión. En 2012 reveló el por qué en Expansión. Cuando le preguntaron cómo le afectaría Televisa, respondió: “Estamos preparados para competir. Nuestro contenido está claro que sabe competir en México y otros países. Cuando ves los resultados de Univisión (donde también es socio de ABC News), vemos las tendencias en ratings no con Telemundo (su competidora que está asociada con NBC); la vemos en el mainstream (los canales en inglés en Estados Unidos)”.

Al igual que sucede con América Móvil, el mercado de Televisa trasciende a México. Desde hace más de dos décadas es el principal productor de contenido en español en el mundo, y su alianza en Estados Unidos con Univisión, un conglomerado de 12 cadenas de televisión, 69 estaciones de televisión locales y 62 de radio, no tiene rivalidad alguna en el horizonte. El presente y futuro de Televisa está en esa nación, el principal mercado global. Azcárraga, adelantado a los tiempos, vive hace años en Miami. Slim, también un empresario global, en la ciudad de México.

La desincorporación de Televisa es mucho menos dolorosa para Azcárraga que la de América Móvil para Slim. El primero podrá entrar en condiciones de competencia al mercado de la telefonía donde la empresa de Slim tiene que ceder para no violar la ley, pero él, en las condiciones actuales, no puede incursionar en la televisión. No es favoritismo; es la ley, de acuerdo con su título de concesión.

El título de concesión de Telmex prohíbe expresamente que entre al campo de la televisión,  actual a través de Dish, ha sido litigado sistemáticamente por Televisa y Grupo Salinas por utilizar las redes de Telmex. Vendrán ahora los cuestionamientos legales sobre UnoTV, su televisión por Internet, donde alegan las televisoras que sin importar la plataforma que usa para difundir contenidos –los Juegos Olímpicos de Invierno o la Fórmula Uno, por ejemplo-, no deja de ser televisión.

En el caso de Azcárraga, el título de concesión de Televisa no tiene esas ataduras. De hecho, Televisa se asoció en Iusacell, la empresa de telefonía celular de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Azteca, por lo que ambas cadenas de televisión podrán ofrecer sus contenidos a través de la telefonía. Está el precedente y cualquier ley, no tendrá retroactividad.
Si no se modifica el título de concesión o logran los abogados de Slim, muy activos actualmente en Los Pinos y el Congreso, incorporar una serie de provisiones en la ley reglamentaria de telecomunicaciones que les abra esa puerta, ninguna cadena de televisión será entregada a Slim. Pero sus abogados, como los de Azcárraga, son gladiadores espartanos que nunca se dan por vencidos. Han luchado por años en un pleito sin cuartel.

Slim, que fue quien le dio el apalancamiento financiero a Azcárraga cuando entró en litigio con su familia para quedarse con la mayoría de acciones de Televicentro en los 90s –la placenta de Televisa-, tiene tiempo de haber roto con él. Esos “jóvenes”, como los llaman en su entorno, no dejan de causar molestia por la intransigente  pugna contra el segundo hombre más rico del mundo. Slim, frío y calculador, se está preparando para la siguiente fase.

A Azcárraga ya le metió el pie con la compra de derechos del Mundial de Futbol y al incursionar en el negocio del futbol mexicano., pero es cuidadoso con el gobierno.
A través de dos secretarios, Miguel Ángel Osorio Chong de Gobernación y Luis Videgaray de Hacienda, le ha enviado mensajes al presidente Enrique Peña Nieto que si ninguna cadena de televisión es para él, no dejará de invertir en México.

Con él no habrá problema político o económico, asegura. Azcárraga, que ha ido  construyendo una relación en los últimos meses con Videgaray, tampoco se lanzará a una cruzada. Lo único que le generaba pesadillas y había estado luchando para que no se hiciera realidad es que Slim pudiera entrar a la televisión.

Azcárraga suele decir que en el nuevo mercado no es sólo se da servicio, sino contenidos. Él está muy seguro de los contenidos de Televisa, aunque sabe que Slim tiene el dinero y la creatividad para construir una sólida plataforma de contenidos, que es lo que ha venido haciendo en los últimos años. Pero por las reglas que se empezaron a configurar en el terreno de las telecomunicaciones, sus temores comienzan a disiparse. Si Slim quiere televisión, tendrá que pujar en igualdad de condiciones que quienes no tienen el poder de su telefonía. En ese campo, confían en Televisa, sería un rival con handicap.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

Raymundo Riva Palacio
MAR 9

Desafío al Estado Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

En Michoacán se vive una lucha de fuerzas. Por un lado, el Gobierno federal, acotado por las leyes, no puede realizar una toma formal y total, pese al reconocimiento de una debilidad institucional que desvela la existencia de territorios que están en manos de grupos paramilitares que son la ley, imponen sus condiciones a las propias autoridades, las desafían y demuestran que en ese Estado, o al menos en una buena parte de él, son ellos quienes mandan. Michoacán es el Leviatán mexicano, el monstruo bíblico incrustado en una de las regiones más ricas del país.

El Gobierno federal está buscando la recuperación de ese cacho de su territorio nacional y este martes viajó el Presidente Enrique Peña Nieto a Morelia, acompañado de todo su gabinete legal y ampliados, con senadores y diputados federales, para decirle a los michoacanos que no están sólo y que restituirán la paz y el Estado de Derecho. Hablaron también el secretario de Gobernación y el gobernador de Michoacán. Los discursos sirvieron para relanzar algunas propuestas del año pasado que por falta de recursos no habían podido instrumentarse, y hubo frases rimbombantes, lugares comunes, en el ejercicio de una retórica para un acto político que exige, en estos momentos, otro perfil y dirección.

El espejo del Estado Mexicano es el doctor José Manuel Mireles, uno de los líderes de los grupos de autodefensa, que en el mismo día del anuncio del Plan Michoacán, apareció en una entrevista publicada en el diario madrileño El País, asombrosa por lo brutalmente cándido y sorprendente por su beligerancia y desdén al Gobierno. Es una de las voces más públicas del paramilitarismo en la Entidad, que amalgama aquellos que frustrados legítimamente por la ausencia de quien les proveyera seguridad, se levantaron en armas para proteger a su familia y patrimonio, pero también a los intereses económicos que escudados en un movimiento militar sociopolítico, se sienten afectados en sus utilidades por la competencia desigual de los cárteles de las drogas, o los que vieron en las autodefensas la manera de cobrar facturas personales contra sus viejos camaradas en el sicariato del crimen.

Mireles habló abiertamente sobre lo que él y miles de michoacanos deben estar pensando en estos momentos sobre el pacto del gobierno con las autodefensas que, en una s cuantas frases, descalificó. “El pacto para legalizar las autodefensas es un teatro, están burlándose unos de otros”, afirmó. “No vamos a parar hasta que caigan (sus enemigos declarados, los Caballeros Templarios). No podemos estar en paz en ningún lado mientras no caigan. Porque como ya los enfrentamos, mientras estén vivos, aunque estén detenidos, hay cárceles donde viven mejor que en sus casas y pueden dar orden de matar gente”.

El líder de las autodefensas habló con la realidad que no alcanza a abarcar cualquier estrategia nacional. En una guerra con criminales, no hay códigos internacionales ni de honor. Si no los matan, serán asesinados por aquellos a quienes les perdonaron la vida. En sus propias palabras, no descansarán las autodefensas hasta que estén muertos los siete líderes de los Caballeros Templarios, y no depondrán las armas, hasta que el Gobierno federal les entregue sus cabezas. Mireles ha dicho. Y las autodefensas siguen avanzando y cazando a sus enemigos. En términos de estado de Derecho, la ley es inexistente. La Policía Federal tiene instrucciones de no frenarlos y de acompañarlos —cuantas veces sea posible, que no es siempre—. El Gobierno federal se encuentra en un atolladero y está pagando el empoderamiento que les dio a estos grupos paramilitares cuando se presentaron en sociedad hace un año. Les dio la bienvenida, los consideró sus aliados, les facilitó financiamientos y que se armaran. Además, aceptó mediante la inacción, que grupos armados fueran tomando municipios y sustituyendo a la autoridad.

En una parte de Michoacán son los paramilitares, en efecto, quienes detentan el poder y establecen qué es justo y qué es ilegal, cuál es la estrategia y qué condiciones tiene que aceptar el Gobierno federal para que entonces acepten realmente el plan de desarme. La debilidad institucional michoacana ha demostrado que esa debilidad, en ese territorio, también es federal. El Presidente dijo este martes en Morelia que el gobierno es quien tiene el único derecho legítimo de la fuerza. Es absolutamente correcto en un país en orden. No es el caso mexicano, y mucho menos en Michoacán. El ejemplo de los paramilitares se está extendiendo, lo que deberá ser un aviso a las autoridades que algo no están entendiendo porque no lo están resolviendo.

Raymundo Riva Palacio
MAR 4