Narcoperiodistas (I) Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La difusión en el programa de radio de Carmen Aristegui en MVS de un video donde dos periodistas michoacanos dialogan con Servando Gómez Martínez, esconde mucho más de lo que muestra. Algunos periodistas, sobretodo ligados a Televisa, cuyo corresponsal era uno de los protagonistas del video, fustigaron a la mensajera —la conductora—, y muchos otros señalaron que Gómez Martínez, el jefe de Los Caballeros Templarios a quien apodan “La Tuta”, fue el remitente de ese documento video grabado. Afirmación rápida y contundente. Sin embargo, esta lógica no tiene lógica.

Esta racional sugiere que Gómez Martínez, quien según las autoridades federales vive en las cavernas michoacanas a salto de mata, se dio tiempo para seleccionar un nuevo video, editarlo —según afirman los periodistas involucrados—, enviarlo a la conductora como un gesto para darle herramientas en su lucha contra Televisa —abierta e inscrita en la guerra de las telecomunicaciones—, monitorear cuándo lo difundía y todavía, impaciente porque pasaban días, enviarle un nuevo mensaje para preguntar porqué no lo había hecho, y advertirle que no quería enviárselo a un competidor.

Si esa ruta es cierta, “La Tuta”, el criminal más buscado en México, tiene una enorme capacidad operativa. Significaría que revisó en su videoteca qué sector no había sido tocado por su índice de fuego, y decidió sacrificar a dos de los suyos, uno de los cuales le hablaba con tanta familiaridad, que le daba recomendaciones para superar la campaña de información y propaganda que habían desarrollado los grupos de autodefensa civil. No hay razón clara del porqué ''entregarlos''.

No se sabe la fecha del video, pero se puede establecer que fue después de la entrevista que dio al Channel 4 de la televisión británica —cuyo enviado quedó embelesado con “La Tuta”—, y antes de una más a Mundo Fox. Lo que es público es que ni “La Tuta” ni sus colegas criminales necesitaban asesoría para manejar medios. El cártel michoacano tejió durante casi una década una red de relaciones y complicidades con periodistas en el Estado, a quienes manipulaban, cooptaban o amenazaban.

Durante el Gobierno de Felipe Calderón, el Cisen elaboró un informe donde mostraba que prácticamente todos los corresponsales de medios nacionales en Michoacán tenían relación con La Familia Michoacana. Nunca se hizo nada para enfrentarlo. Se optó por una estrategia discreta, de solapamiento, e inclusive de protección.

Por ejemplo, el corresponsal de un medio crítico del Gobierno fue enviado al extranjero por su empresa, cuando supieron que iban a matarlo. No era por su trabajo, sino porque, le dijo un funcionario federal a su director, era el jefe de prensa de La Familia Michoacana, bajo las órdenes de Dionisio Loya Plancarte, “El Tío” —detenido en enero pasado—, ingeniero de las redes de corrupción del cártel y de las relaciones con la prensa. Otro corresponsal de un medio también influyente que acompañaba a la Policía Federal en operativos fue congelado al  descubrirse que era informante del cártel. Pese a que informaron a sus superiores, no lo despidieron ni lo trasladaron a otra plaza.

¿Por qué razón no hicieron nada el Gobierno o los medios? Es un gran misterio. La relación con los medios la manejaba orgánicamente La Familia Michoacana, aunque “La Tuta”, el menos circunspecto de todos los narcotraficantes, tenía una proclividad superlativa por los medios. Cuando se intensificó su persecución, habló a la televisora del Grupo Milenio en León, y la utilizó como megáfono de sus mensajes al Gobierno. Le abrieron el micrófono y lo trataron en forma acrítica. Sus colegas de empresa elogiaron al conductor por la “exclusiva”, que no fue tal. “La Tuta” los escogió y ellos se dejaron. Cuando enfrentó nuevos acosos, pidió a su lugarteniente por teléfono que buscaran “con sus amigos de Milenio” para que lo entrevistaran. Ya no sucedió. Cuando los directivos de Milenio escucharon la grabación en poder del Gobierno federal, entendieron que no  estaban haciendo información, sino prestándose a la propaganda criminal.

Si se revisa la nueva conversación del ex corresponsal de Televisa  —lo despidieron a las horas de difundirse el video—, y se conocen los antecedentes del cártel michoacano con los medios, queda claro que las recomendaciones resultan anacrónicas. La difusión del video no aporta nada a la mecánica de operación del cártel, pero pone en evidencia a un sector que aún en los tiempos más álgidos de la guerra calderonista contra el narcotráfico vivió en la impunidad.

Si los dos periodistas en el video son o no responsables de colusión con “La Tuta”, corresponderá a las autoridades aclararlo. Lo que queda de este video es que un sector intocable hasta esta semana, pero fundamental porque es el que ayuda a moldear a la opinión pública, perdió su blindaje político.

Antes lo perdieron funcionarios y empresarios, gobernantes y policías. Ahora tocó el turno de los medios en Michoacán, dentro de la lógica, cada vez más documentada, de la reconstrucción del tejido social en el Estado mediante la guerra sucia más sucia, por abierta y descarada, que se ha vivido en México. El chivo expiatorio es “La Tuta”, que está en constante fuga y no puede quejarse de que la videoteca que construyó dejó de ser administrada por él hace un buen tiempo, y desde que hace más de seis meses cayó en poder de las autoridades federales. ¿Los periodistas? Son desechables, y nadie lo duda hoy en día.

Raymundo Riva Palacio
SEP 24

La amenaza anarquista Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La ultraderecha y el conservadorismo rancio en Estados Unidos piensan que México es una amenaza para su territorio porque alberga a los guerreros de la guerra santa –la Yihad–  musulmana. Su posición parece derivada de la paranoia y sus fines ideológico y políticos. Lo que no saben es que México sí enfrenta una amenaza que no ha podido detener durante varios años. Son los anarquistas que responden a una organización internacional que han elevado la calidad de su violencia. De ser anti-sistémicos, disruptivos y generadores de violencia material, han pasado a una nueva estrategia para infringir daños físicos y muerte.

Los anarquistas son vistos de manera superficial por muchos en México, que los observan cuando irrumpen en protestas sociales, a las que se suman de manera autónoma y aprovechan la coyuntura para sus propósitos. Fuera de eso, se les olvida y se les recuerda únicamente como “vándalos”. Pero los vándalos son descritos por su actuar con violencia y espíritu destructor, que no responden a los objetivos anarquistas, definidos en el Siglo XIX por Pierre Joseph Proudhon, quien afirmó que ellos buscan un orden en el cual no exista el Estado, ni un gobierno, porque no representa a la gente, sino que la gente se represente a sí misma.

Tan distraídos están los mexicanos con otros temas, que tratan a los anarquistas como un fenómeno de coyuntura, que pasó desapercibido que la semana pasada el ministro del Interior chileno, Rodrigo Peñailillo, anunció la detención de tres personas relacionadas con los bombazos en el Metro de Santiago el 8 de septiembre, que dejó 14 heridos. Entre los detenidos se encontraba el presunto autor material del peor atentado en Chile en más de dos décadas. El jueves pasado, la organización anarquista Conspiración de las Células de Fuego, reivindicó como suyos los bombazos.

Antes de que se diera la reivindicación del atentado, la policía chilena tenía como principal hipótesis la autoría intelectual y material de los anarquistas, cuyo antecedente previo fue una serie de 100 ataques terroristas con bombas en Chile entre 2006 y 2010, conocida como “El Caso Bombas”. Esa línea de investigación tuvo una ramificación a México, por una reunión celebrada el año pasado donde los grupos anarquistas decidieron incluir como objetivos a personas, con lo cual elevaron la calidad de su violencia. Lo habían esbozado dos años antes, cuando tras un ataque a policías, se difundió en el portal de las Células de Fuego en abril de 2012, una explicación-manifiesto que decía:

“Camaradas, durante la noche del lunes 23 de abril, incendiamos un camión utilizado para transportar granaderos que reprimen conflictos, bloqueos y manifestaciones. Alrededor de las 11 de la noche le pusimos un dispositivo incendiario a uno de los camiones estacionado justo junto a la prisión juvenil (en la colonia Narvarte)… No atacamos la propiedad de la policía en respuesta a las ‘injusticias’ que cometen, porque no creemos en la justicia, que apoya sus actos represivos.

“Como anarquistas no podemos enmarcar nuestras acciones dentro de demandas que abogan claramente por demandas ciudadanas… Debemos mantenernos alejados de adoptar eslogans ‘revolucionarios’ que perpetúan la existencia de las prisiones, (como) el Estado, y el Capital. Debemos luchar por la destrucción completa de esto y de cualquier otro tipo de prisión de la sociedad… Somos guerreros por la libertad… Guerra social en todos los frentes”.

Sus frases pueden parecer delirantes para muchos, y sin rumbo. Pero no se debe soslayarlos. Son hijos la cadena de colectivos de anarquistas de finales del Siglo XIX que representaban el primer movimiento global anti-sistémico, según escribió Žiga Vodovnik, en su internacionalmente aclamado libro publicado en octubre del año pasado, “Un Espíritu Vivo de Revuelta: La Infrapolítica del Anarquismo”. Hoy, afirmó, no sólo es la corriente más revolucionaria que existe, sino por primera vez en la historia, la única de izquierda—químicamente pura, habría que añadir.

Los anarquistas, por definición, actúan por fuera de las instituciones, y su única interacción es para destruirlas. En México todavía son grupos marginales, pero si se repasara sus primeras erupciones públicas notables, como los actos llamados en ese entonces “vandálicos” durante las marchas de conmemoración de la Matanza de Tlatelolco hace ya unos tres lustros, se podría ver que su afiliación se ha incrementado en la medida en que sus métodos de violencia se han elevado, como el año pasado, cuando en el contexto de las marchas de los maestros, intentaron linchar y quemar a un jefe de la policía de la ciudad de México. Tiene casi dos años que dejaron de colocar explosivos en cajeros de banco, para buscar el ataque directo a las fuerzas de seguridad, que ha sido en forma creciente. ¿Cuándo transitarán, como en Chile, a objetivos civiles?

Esta es la pregunta que se tienen que hacer las autoridades. Los anarquistas en México están ganando terreno al encontrar condiciones sociales y económicas favorables para la revuelta, y no se ve que estas cambien en el corto o mediano plazo ante las perspectivas de crecimiento y desarrollo durante los próximos meses. Con el año electoral de 2016 enfrente, este movimiento social puede galvanizar aún más esas contradicciones y encontrar en políticos anti-sistémicos, una salida pública que legitime su lucha, que hasta hoy, se ha marginado. En las condiciones sociales y objetivas que se encuentra México, no hay que minimizarlos.

Raymundo Riva Palacio
SEP 23

Terrorismo en México Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Los mexicanos no hicieron su trabajo. Punto. Había una infiltración de terroristas de la Yihad que no atendió el Gobierno mexicano. Punto. Si no le creen, pues es su problema. Punto. Pero no será de él. Por estas razones, alega, el gobernador de Texas, Rick Perry, ordenó el desplazamiento de mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México para frenar la inmigración indocumentada, con lo que entró en una indómita polémica con el Presidente Enrique Peña Nieto y la Casa Blanca que rechazan su aseveración, y abrió la puerta a presiones para México el próximo año, durante la campaña presidencial en Estados Unidos.

La Yihad es cosa seria. Bajo la jurisprudencia islámica clásica es la única forma de guerra permitida, y sus combatientes se han convertido en la primera línea de fuego del radicalismo islámico. No hay país con conciencia sobre el fenómeno del terrorismo —México no es uno de ellos—, que no vea a los grupos yihadistas con atención. En Estados Unidos, principal enemigo del terrorismo fundamentalista, hay una creciente preocupación en la sociedad —seis de cada 10 así lo dicen— por la forma como está creciendo en el mundo. Una encuesta del Pew Research Center reveló que los estadounidenses cada vez se inclinan más por la seguridad que por mantener las libertades civiles en las políticas contra el terrorismo.

La regresión democrática en Estados Unidos —sacrificar valores democráticos por sentirse tranquilos— y la tendencia a que se olvide el gobierno de una reforma migratoria y regrese a tratar la inmigración en una forma criminal aumentada, ayuda a entender la posición de Perry. El canciller mexicano José Antonio Meade, lo leyó correctamente. Al responder preguntas de la prensa la semana pasada, sugirió que el gobernador tenía una agenda político-electoral. Perry aspira la candidatura presidencial republicana el próximo año y está preparando el inicio de su campaña en enero. El envío de la Guardia Nacional a la frontera le dio 10 puntos en las encuestas de preferencia electoral y empató con el puntero republicano en la contienda, Jeb Bush, hijo de un ex presidente y hermano de otro.

Pero sería reduccionista ver a Perry como un personaje aislado en estos temas. Es el menos circunspecto, pero forma parte de un bloque poderoso. La afirmación que México se está convirtiendo en un territorio de fácil acceso a los guerreros de la Yihad fue planteado de manera muy elocuente el 29 de agosto pasado en el boletín de Judicial Watch, que es una organización no gubernamental ultra conservadora, financiada por el multimillonario Richard Mellon Scaife —heredero de una fortuna bancaria y petrolera—, que afirmó que terroristas islámicos ya estaban en Ciudad Juárez planeando un ataque con bombas en Estados Unidos. Para dar verosimilitud al reporte, añadió que Fort Bliss, el principal fuerte del Ejército de Estados Unidos en la frontera con México, a unos 20 minutos de El Paso, Texas, había sido puesto en alerta tras conocer esos informes.

No sucedió nada, pero siguió avanzando la onda conservadora de la alerta. Perry la llevó al plano nacional, y su palabra ha sido tan poderosa que las negativas de los gobiernos de Estados Unidos y México, no le han quitado espacio a su voz. No es que el gobernador sea una figura cuyo peso supere al de dos gobiernos. Lo que es tremendamente poderoso es la idea que los terroristas se encuentran en México, algo que dejó de ser una versión de los más salvajes y radicales, para ser un asunto de las salas en las casas estadounidenses. Desde 2012, los medios más conservadores en Estados Unidos han ido construyendo esa historia. Por ejemplo, el David Horowitz Freedom Center, fundado por el ultra conservador David Horowitz, lo más cercano hoy en día al furibundo anticomunista ex senador Joseph McCarthy, socializó dos informaciones de la prensa reaccionaria en Estados Unidos en su revista electrónica FrontPage Mag en mayo de ese año publicadas por el Daily News, el tabloide escandaloso neoyorquino de Rupert Murdoch —tiene la quinta circulación más grande en ese país—, y por The Washington Times, muy cercano a los círculos de inteligencia en la capital federal. Los medios afirmaban —con diferentes fuentes— que Hezbolá, el partido político palestino considerado como grupo terrorista por Washington, operaba en Tijuana y con la ayuda del dinero de Irán, había establecido una relación con los cárteles de la droga mexicanos para el tráfico humano.

La infiltración de terroristas en México que alega Perry pues ser falsa, pero lo que es una realidad es la incubación de esa idea en el electorado estadounidense. Este es el tema por el que el Gobierno de México debe estar alerta. Perry está leyendo encuestas como la del Pew Center, donde la mano dura y medidas criminales en términos de seguridad, están por encima de cualquier enfoque humanitario al tema de la inmigración.

Las medidas extremas están teniendo una creciente clientela electoral en una parte de los votantes. Perry pudo haberse adelantado a lo que vienen en las campañas, y dibujar que México, una vez más como país institucionalmente débil, policías corruptas e incapaz en términos de garantizar seguridad interna y bilateral, será uno de los caballos de batalla de los candidatos presidenciales que buscarán la Casa Blanca en 2016.

 

Raymundo Riva Palacio
SEP 22

¿Regreso al autoritarismo? Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

En el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto quieren hacer tantas cosas bien, que a veces les salen mal. Y en algunos casos tan rápido, que ni siquiera caen en cuenta de ello. Éste es el caso de unas directivas que envió a los más altos niveles gubernamentales la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, sobre la utilización de un lenguaje incluyente en todas las comunicaciones oficiales del principal programa social presidencial, para evitar un trato discriminatorio y ofensivo. Pero al desarrollarlo en el manual de estrategias, lo que resultó fue paradójicamente discriminatorio, ofensivo y, además, escandaloso.

El lenguaje incluyente es una fase superior al tratamiento políticamente correcto que incorporó el ex presidente Vicente Fox al discurso público. No es una mera evolución del manejo del lenguaje para hacerlo menos discriminatorio, sino que tiene un componente político importante, como lo describe el mismo manual cuando recuerda que al definir en masculino los derechos ciudadanos en la Constitución de 1917, aplazó 36 años la incorporación de la mujer como ciudadana con derechos plenos, que incluye el voto.

De acuerdo con el manual, el uso del lenguaje incluyente deja de lado las expresiones que excluyen a ciertas personas o a ciertos grupos de personas, así como también evita el empleo de términos que resultan reproductores de los estereotipos. De esta forma, por ejemplo, los servidores públicos deben ser llamados gente al servicio de la Administración Pública, o una reunión de padres de familia es una reunión de las madres y los padres de familia. No habrá “los lectores”, que se transformarán en “quienes leen” o “usted que lee”, como tampoco “los demás”, que serán “otras personas” o “el resto de la gente”. Ya no existirá el “nosotros” pensamos o consideramos, sino llanamente pensamos o consideramos. Niños serán infancia o niñez, y “los mexicanos” el pueblo mexicano. Amigos se transformará en amistades, y un saludo como “hola a todos”, deberá ser buenos días, tardes o noches “tengan ustedes”.

“El uso discriminatorio del lenguaje limita y fragmenta a la sociedad”, señala el manual. “No hay desarrollo humano posible a través de un lenguaje excluyente. El uso correcto del lenguaje en la comunicación cotidiana impacta de forma positiva en la cultura, evitando los estigmas, prejuicios y su correspondiente discriminación, a fin de eliminar cualquier rasgo despectivo en el uso del lenguaje”.

Este manual no es un capricho o una ocurrencia —el otro Gobierno en México que lo tiene establecido es el del Distrito Federal— y es lo que llaman en naciones avanzadas “lenguaje neutral”, que es una forma de prescriptivismo lingüístico cuyo objetivo es eliminar las referencias de género. Una fórmula simple para encontrar ese lenguaje neutral es que todo aquello que no tenga acepción femenina, es aceptable.

Tarde, pero los gobiernos en México están llegando a esta cita con un lenguaje que no agreda ni aliene a nadie. Por eso, el “Manual para el uso del Lenguaje Incluyente en Textos y Comunicados Oficiales para la Cruzada Nacional contra el Hambre” —un nombre más corto se habría agradecido—, es sorprendente en su página 17 (de un total de 26), que se refiere a las estrategias para evitar la ofensa y la discriminación. Un cuadro en esa página establece qué sí y qué no decir. Por ejemplo, no puede decir ningún funcionario “los desviados”, sino “personas con una orientación o preferencia sexual diferente a la heterosexual”, ni “las vestidas”, que son “personas transgénero, transexual o travesti”. Tampoco pueden decir “los sidosos”, sino “personas que viven con VIH” o “personas VIH positivas o seropositivas”. Como dice el manual, “las palabras sí importan”, por lo que es de enorme relevancia la mecánica de la mente de quien redactó el manual y de aquellos que lo revisaron y corrigieron. ¿Quién tiene en su vocabulario una descripción como “los desviados”, o “las vestidas”? ¿Qué contexto sociocultural se necesita para tener expresiones tan agresivas? El lenguaje resulta en este caso en la proyección de un conjunto de valores que contradicen el espíritu del esfuerzo en el manual.

La debilidad que muestra ese capítulo sugiere que no hay un convencimiento ideológico de que este camino, recorrido hace más de 20 años por otros países, tiene que ser el correcto y debe consolidarse. Hay una intención clara en este Gobierno por hacer cosas que trasciendan al sexenio y dejen una huella, en este caso, en educación y cultura política. Pero la estructura de la mente abre la posibilidad de que sea algo meramente coyuntural y obligado por una Presidencia en busca de lo correcto.

Llegar por la vía de la imposición a nuevos códigos de lenguaje, es un avance artificial, al tiempo que la falta de una claridad sólida sobre lo que se desea puede llevar a regresiones culturales importantes, y a consecuencias políticas considerables, al traducirse en patrones de comportamiento. En Estados Unidos, ser políticamente correcto impuso socialmente la uniformidad del pensamiento y el comportamiento, que llevó a una regresión cultural y política en la sociedad, que se tradujo en lineamientos verticales y totalitarios. Era totalmente contrario a lo que aspiraban, e impidió precisamente el aprendizaje social y cultural que se buscaba. No queremos que eso suceda en México, donde aspirar a una mejor sociedad por la vía del panfleto y la imposición, puede encaminarnos a una nueva estructura lineal, autoritaria y antidemocrática. ¿Eso queremos? Claro que no.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Raymundo Riva Palacio
SEP 20

Los fantasmas en el clóset Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La cultura mexicana sobre el tema del conflicto de interés, es de opereta. Se enarbola como instrumento de golpeteo político en los momentos donde los grupos de interés miden sus fuerzas, y se guarda cuando la confrontación se deja atrás. Se argumenta con sofismas, donde para algunos ilegal es igual que ilegítimo, y para otros que sostienen que al no haber nada ilegal, tampoco es ilegítimo. Los dos casos son equívocos y contribuyen por igual a la opacidad con la que se desarrolla la sociedad política mexicana. De paso, impiden que se construyan mecanismos para reducir los márgenes de conflicto de interés en servidores públicos que beneficien a actores y audiencias por igual.

La semana pasada sucedieron dos eventos que muestran lo ramplón de la cultura política en México. El coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Stabros, renunció ante la presión pública que lo señalaba de incurrir en un conflicto de interés al ser funcionario federal y al mismo tiempo, consejero de la empresa española de generación de energía Iberdrola. Ramírez Stabros dejó el cargo no en reconocimiento que había incurrido en una falta de ética política —que ha afirmado tajantemente que no existió—, sino porque aferrarse al cargo empezó a tener un costo político para el Presidente.

Con el ruido de esa renuncia, Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y miembro del Consejo de Administración de Sempra, la multinacional que distribuye energía eléctrica, fue designado por el Senado como integrante del comité técnico del nuevo Fondo Mexicano de Petróleo, que garantizará el manejo transparente sobre el uso de los ingresos petroleros. Criticado por sus intereses en una empresa energética, Téllez aseguró que su nombramiento estaba dentro de los márgenes de la ley, por lo que no incurría en falta ética alguna.

Téllez y Ramírez Stabros están mal. No se necesita incurrir en una ilegalidad o aprovechar su puesto para beneficio personal para colocarse en un conflicto de interés. Un conflicto de interés se presenta incluso, ante el potencial que exista del choque del interés público con el particular. En muchos casos es un tema de percepciones que en otros países se ataja para que no se conviertan en realidad o sean motivo de ataques. Por ejemplo, un pre-requisito con el presidente Barack Obama para que el senador John Kerry, casado con la multimillonaria heredera de la corporación Heinz llegara a secretario de Estado, fue que redujeran sus acciones en empresas estadounidenses y extranjeras, y sus activos en Bolsa, para evitar un posible conflicto de interés.

Es un asunto claro: la mejor forma de manejar un conflicto de interés, y evitar ser acusado de ello y lastimar a la institución para la que trabaja, es no tenerlo. Kerry no tiene problemas, pero un colega en ese gobierno, el vicepresidente Joe Biden, ha sido sujeto de crítica a lo largo de los años por estar en los linderos del conflicto de interés. En estos días volvió a ser sujeto de polémica, pues su hijo acaba de ser contratado por una compañía de Ucrania que promueve su independencia energética de Rusia, que es lo que Biden, como emisario de Obama, ha estado trabajando en Ucrania.

En los países políticamente más maduros, quienes asumen una posición pública suelen vender sus acciones o colocarlas en un fideicomiso, retirarse de todos los consejos de administración y dar a conocer todos sus activos. En México, ni siquiera las declaraciones patrimoniales completas son una obligación moral darlas a conocer.

Un conflicto de interés no requiere de un acto ilegal o ilegítimo. Basta que exista la percepción para que se genere la sospecha y la falta de credibilidad.

En el caso de Téllez, una buena decisión por la experiencia del actual presidente de la Bolsa Mexicana, es lastimada por la dualidad de sus funciones. ¿Por qué no renunció al Consejo de Administración de Sempra? ¿Por qué no eliminó todo margen de sospecha? Esa duplicidad de funciones afecta la credibilidad no sólo sobre él, sino sobre el nuevo instrumento financiero de la Reforma Energética. ¿Por qué sucedió el caso Stabros? ¿Cómo pudo haber trabajado para una empresa extranjera durante seis años como legislador, y trabajar en el gobierno que se embarcó en una profunda reforma energética? Las lecciones son públicas y no se quieren tomar en cuenta sus experiencias.

Pero una posibilidad está al alcance de la mano del gobierno: crear un mecanismo dentro de la administración, para que antes que se anuncie un nombramiento, la persona sea examinada en forma escrupulosa para descubrir los fantasmas en el clóset. En efecto, este mecanismo tendría que voltear de cabeza a la persona designada y revisar todo aquello que pueda afectar al gobierno que se desea que sirva. En lo personal, en lo político y en lo financiero, en todo aquello que signifique un potencial riesgo de controversia —la OECD tiene un manual para administrar el conflicto de interés— y escándalo. Se haría discreto, sin lastimar a la persona, en dado caso que tenga pecados insuperables, y sin afectar a quienes serán sus jefes. De esta forma no habrá sorpresas para nadie. Habrá transparencia y dará credibilidad a los asuntos públicos, que una buena falta les hace.

Raymundo Riva Palacio
SEP 17

El manotazo de Peña Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El Presidente Enrique Peña Nieto rompió con la vieja Doctrina Estrada que rige la política exterior mexicana, sin darse cuenta. De la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, pasó a la intervención directa de los asuntos de un Gobierno extranjero. Fue el texano, para el cual no escatimó calificativos al condenar abiertamente que el gobernador Rick Perry haya enviado a la Guardia Nacional a su frontera con México para frenar la inmigración indocumentada. El Presidente cuestionó de esa manera el radicalismo de Perry, que ante la crisis humanitaria por el incremento de niños indocumentados sin acompañantes, optara por la vía criminal. ¿Fue deliberado el cambio de paradigma que planteó el Presidente?

Con toda la información disponible, se puede decir que no, y que ni siquiera forma parte de la estructura mental del Gobierno. La respuesta del Presidente a Perry, en una entrevista reciente, se ubica en el tiempo y el espacio del desplazamiento de los mil soldados de la Guardia Nacional la semana pasada a la frontera con Tamaulipas, y motivó una reacción inmediata de la oficina del gobernador en Austin. Su vocera, Lucy Nashed, dijo que en lugar de cuestionar al gobernador, esperarían un trabajo más cercano para abordar el problema.

El Gobierno mexicano no respondió a la provocación con una nueva declaración del Presidente o de la Cancillería. Fue la cónsul en Austin, Marcela Ojeda, quien comunicó a la oficina del gobernador que ella estaba lista para trabajar con el gobernador en nombre de México. No le regalaron a Perry la interlocución con Peña Nieto, que necesita en estos momentos, a escaso mes y medio que se elija a un nuevo gobernador para que él empiece formalmente su campaña por la candidatura presidencial republicana en enero.

Perry es un político astuto que entiende que cada vez que los republicanos son débiles en discurso y acciones en el tema de la inmigración, pierden adeptos. En 1990 California, los republicanos moderaron sus críticas a la inmigración indocumentada justo en el momento en que crecía la población hispana, por lo que los votantes los castigaron, y los desaparecieron del mapa electoral. En Texas, la población hispana superará en número a los anglosajones en 2020. La dureza del discurso y las acciones de Perry, si se recuerda California, puede ser contraproducente en el largo plazo, pero no en el corto. Tras el anuncio de enviar la Guardia Nacional a la frontera, las encuestas sobre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca lo empataron con el otrora puntero, Jeb Bush.

En ese juego de espejos políticos y electorales está la dialéctica del Presidente Peña Nieto y la reacción de enviar a la cónsul Ojeda como interlocutora del gobernador. Eso resuelve la coyuntura, ciertamente, pero no el trazado que involuntariamente dibujó el Presidente al intervenir en un asunto interno de Texas y de Estados Unidos. Su declaración contradice el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados porque viola la soberanía, planteada por el canciller Genaro Estrada en 1930, que dio origen a la Doctrina Estrada, que ha regido a la política exterior mexicana desde entonces. Su aplicación, empero, ha sido mañosa a través de los tiempos, como cuando el presidente Luis Echeverría se enfrentó al dictador Francisco Franco al cuestionar la ejecución de vascos, o cuando el presidente José López Portillo, firmó con Francia la declaración que le daba beligerancia al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador.

La política exterior mexicana, siempre principista, también ha sido sibilina. No hay crítica o debate sobre de ella porque no es un tema de interés masivo, y las únicas ocasiones donde se da la discusión es cuando se cruzan intereses políticos de las elites. Pero la atadura a la Doctrina Estrada ha llevado a México en los últimos años a no ser considerado un actor que asume sus responsabilidades en el campo de las relaciones exteriores. Por ejemplo, en la discusión sobre un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, México siempre es visto con desdén por su negativa a participar con los Cascos Azules en el mantenimiento de la paz en el mundo. A lo más que ha llegado, por citar tres casos, es el envío de policías a Haití por el terremoto en 2010, zapadores del Ejército a Honduras para tareas de rescate por Mitch, el devastador huracán en 1998, y de cocinas a Nueva Orleans, tras el otro huracán Katrina en 2005.

Si el Presidente Peña Nieto tiene una vocación internacionalista, necesita probar con una política exterior activa que va en serio. Los principios son invaluables, pero tienen que encontrar su nuevo marco de referencia para defender la soberanía mexicana, porque lo que hay ahora es insuficiente. La realidad de un mundo que ya no tiene polos ni centros de gravedad estables, escribió Alejandro Rodiles hace un año en la revista Este País, ya no permiten a México, ni a nadie, situarse estáticamente.

“No podemos ser defensores de un formalismo rígido, basado exclusivamente en los procesos e instituciones establecidos, como lo demanda la diplomacia mexicana tradicional”, apuntó Rodiles. Es absolutamente cierto. Si el Presidente se asomó por la puerta de atrás a esta realidad, es momento para abrir su discusión y permitirse un nuevo legado para México en estos tiempos de globalización. Si no hace, será una oportunidad perdida.
 

Raymundo Riva Palacio
SEP 15

El reino de Sonora Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Una máxima que nunca deben olvidar los gobernantes es no pelearse con el Presidente de la República. A veces se les olvida a algunos que la Presidencia es muy débil como institución, pero que su fortaleza emana de la personalidad del Jefe del Ejecutivo, que puede ser inofensivo, o utilizar los recursos políticos a su alcance, hasta convertirse en amenaza y verdugo de quien lo desafíe.

Vicente Fox, por ejemplo, siempre tuvo una mano débil, tropezándose todo el tiempo con la incomprensión entre ser tolerante y ser incompetente en el ejercicio del poder. Carlos Salinas fue el arquetipo del déspota ilustrado, que mediante argucias legales gobernó con reglamentos por encima de la Constitución. A Ernesto Zedillo nunca le interesó el poder político, pero cuando tuvo necesidad de reformar el Poder Judicial, destituyó a todos los ministros de la Suprema Corte, y la dejó acéfala durante dos semanas. Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, sabe cómo usar el poder.

Sonora es el caso de estudio de la confrontación contra ellos dos. Cuando el gobernador Eduardo Bours quedó en medio de una crisis política por el incendio en la guardería ABC de Hermosillo que provocó la muerte de 49 menores, optó por pelearse con Calderón para desviar la atención pública de la tragedia. Fue un equívoco; la muerte de esos menores aún lo persigue política y penalmente. Hoy es Guillermo Padrés, quien luego que delegados federales confirmaron a la prensa que un pozo en su rancho no contaba con permisos de construcción, los expulsó del comité de emergencia de Protección Civil del Estado, en medio de la crisis por el derrame tóxico de una mina del Grupo México.

Padrés le pidió a Peña Nieto que los cesara y que atendiera con diligencia el desastre. El gobernador se equivocó de enemigo. Pero ciertamente, las acciones atribularias son lo suyo. Como autócrata bananero, ha decidido que en el reino de Sonora sólo él manda. Los antecedentes lo marcan.
Desde el año pasado es omiso en el acatamiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia que calificó como inconstitucional la construcción de un acueducto que transporta agua a Hermosillo desde tierras yaquis. Le dio igual. El agua no sería para todos los sonorenses, sino sólo para los habitantes de la capital sonorense, estableció.

El fallo no establecía las bondades del proyecto del acueducto que resolvía las necesidades reales de agua en Hermosillo, sino que Padrés había violado la ley. Para mediar —como si la justicia requiriera de intermediarios para que se cumpliera el Estado de Derecho—, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, buscó que Padrés acatara el fallo de la Suprema Corte, pero el gobernador, como hizo antes con el tribunal y los yaquis, le dio con la puerta en la nariz.

El reciente episodio donde expulsó a los delegados federales es el último caso que prueba que la ley no vale nada para él. El gobernador no tiene atribuciones sobre funcionarios federales, pero aun así, violentó el tejido político.

En un desplegado que publicó el pasado miércoles en un periódico de la Ciudad de México, Padrés le pidió al Presidente que atendiera la tragedia ambiental y que relevara a sus funcionarios para que, nuevamente, les otorgara interlocución. Con “todo respeto”, como dicen los políticos, condicionaba el trabajo del Gobierno federal a sus designios. Por supuesto, obtuvo la atención del Presidente.

En Los Pinos pensaban reaccionar con cuidado por la expulsión de los delegados, y tenían preparada una declaración donde sólo se expresaba extrañeza por la acción. La moderación cambió durante la mañana. Al regreso de una gira a Lázaro Cárdenas por la tarde, la decisión cambió. Padrés tendría lo que quería. En menos de dos horas se organizó una conferencia de prensa donde el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, anunció que revisarían los permisos de construcción de su pozo particular, y anticipó que de no tenerlos, podrían proceder inclusive a demolerla.

El jueves, dos secretarios de Estado anunciaron medidas financieras que afectan al Grupo México, que fue defendido por Padrés durante los primeros días del desastre ambiental. Contra los dos, la fuerza del Gobierno.

Padrés quiere politizar el caso. “Ninguna campaña de desprestigio contra mi persona o mi familia me desviarán de seguir señalando a los culpables del peor desastre ecológico de México”, anticipó su estrategia en el desplegado. Por qué centró al Gobierno y no al Grupo México como el responsable, no es un misterio.

Sus intereses particulares y electorales, no los de 23 mil sonorenses afectados por los descuidos del emporio industrial cercano a él, es lo que prevalece en su comportamiento político. Pelearse con el Presidente es su ruta para victimizarse, y convertir negligencias y omisiones en un tema político-electoral.

El problema lo tiene directamente con el Presidente, quien ordenó responderle a Padrés en otros términos: con la ley. Si la violó, irán contra él. El gobernador tiene problemas si uno se atiene a sus antecedentes sobre el Estado de Derecho. Pero no hay punto de retorno. En estos momentos, debería estar preocupado por colmar la paciencia federal, y planear cómo resolver un conflicto donde no tiene posibilidades, legales o políticas, de ganar.

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Raymundo Riva Palacio
SEP 12

Los secuestradores de Valle Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Entre las rutas más populares para hacer deportes extremos en la región de Valle de Bravo se encuentran Cerro Gordo y Laguna Negra. Es común que en esa zona abunden las bicicletas de montaña —con algunas rutas realmente extenuantes—, y estupendas brechas para motocross. Atrás de Cerro Gordo se encuentran otras cimas, Maguey y Los Tres Reyes, puntos infaltables en todas las competencias internacionales de parapentes. Últimamente están bastante desoladas estas zonas, que se convirtieron en el epicentro de los secuestros en Valle de Bravo.

El fenómeno del secuestro en esa zona, donde de acuerdo con uno de sus más distinguidos vecinos, Alejandro Martí, pasa su fin de semana 25% del PIB, ha bajado en estos días. Una razón es la atención del Gobierno federal tras empezar a convertirse el secuestro en tierras del Presidente Enrique Peña Nieto en un problema de opinión pública: otra es porque ante lo caliente que se puso la región, los secuestradores cobraron las recompensas por las 17 personas que mantenían en cautiverio y se fueron. No esperaron la llegada de las tropas federales y la Gendarmería a mediados del mes pasado, cuyo arribo a Valle de Bravo hizo huir, aunque no se resolvió el problema.

No es por falta de información, sino de estrategia. Las autoridades tienen plenamente identificadas a las personas que participaron en los secuestros. “Casi todas ellas son halcones de la organización (La Familia Michoacana) o de un grupo con orígenes en Michoacán”, dice el procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez. “Pero las personas que están operando son originarias de Arcelia Guerrero, o de otras partes del Estado”.

Arcelia se encuentra a 168 kilómetros al Sur de Valle de Bravo, a donde se llega por carreteras trazadas como serpentinas entre montes y bosques. Entre esos dos puntos se encuentra Tejupilco, de donde hay una desviación hacia Luvianos, el centro criminal mexiquense en el Sur del Estado. Pero Arcelia, la puerta a Tierra Caliente, es la clave de los secuestros. Cuando llegaron los federales a Valle de Bravo, los secuestradores se refugiaron en las tierras protegidas por criminales. Pero no se le escaparon a las autoridades, que con trabajo de inteligencia de la Marina, tienen a toda la banda de secuestradores identificados.

De acuerdo con el expediente confidencial del caso, son un grupo cuyas edades fluctúan entre los 17 y los 28 años, hombres y mujeres. Realizaron los secuestros en distintos puntos de la región de Valle de Bravo y trasladaron a sus víctimas a El Maguey, donde estaban en continuo movimiento. No dormían en el mismo lugar en forma consecutiva y los mantenían sin zapatos, para que en caso que huyeran, no llegaran lejos.

Las mujeres eran quienes subían la comida a los cerros, y un hombre quien desde teléfonos celulares desechables se comunicaba con los negociadores de las víctimas. No podían hablar con los secuestrados porque estaban en distinto lugar. “Ya sabe”, explicó un secuestrador a uno de los negociadores. “Los militares están tratando de interceptar las llamadas”. El expediente tiene las fotografías de cada uno de ellos, y también está identificado el líder de la banda. La razón por la que no los persiguieron hasta Arcelia tiene que ver con el contexto de la región, que está desestabilizada, por lo que una operación de esa naturaleza, tenía el potencial de exacerbar la violencia.

Según los reportes de inteligencia, el fenómeno del secuestro en Valle de Bravo tiene su origen en la ola de violencia que sacudió la región desde agosto de 2013, cuando José María Chávez Magaña, apodado “El Pony”, traicionó a desertores de los Caballeros Templarios y de la banda de “Los Pelones”, que se agruparon en un incipiente cártel, “Guerreros Unidos”. Chávez Magaña era el jefe de la plaza de La Familia Michoacana —como se llaman los templarios fuera de su Estado-, pero fue capturado por marinos y soldados el 2 de julio en Tejupilco, lo que desató una pugna por el control de la plaza. Quien lo sustituyó fue un criminal al que sólo identifican como “El Pez”, uno de los jefes de la Familia Michoacana en el Estado de México desde hace más de año y medio.

“El Pez”, de acuerdo con los informes de inteligencia, está enfrentado con el cártel de “Los Rojos”, cuya semilla fue incubada por los hermanos Beltrán Leyva en 2009, y emergió como subsidiaria del cártel del Pacífico en 2011. “Los Rojos” están enfrentados con “Guerreros Unidos” desde hace más de dos años por el control de Morelos y el Estado de México, pero tras la traición de “El Pony”, aprovecharon la coyuntura para apoderarse del Sur de esta Entidad. La información que tienen las autoridades es que “El Pez” sigue resistiendo los embates y, al mismo tiempo, busca negociar el reordenamiento de la plaza.

En medio de este proceso de realineamientos y lucha por el control de la plaza, se dio el reciente fenómeno de secuestros en Valle de Bravo. Aunque tienen vasos comunicantes, no responden a la misma racional. El contexto general de la lucha entre cárteles ha demorado el cierre del caso de los secuestros. Pero es cuestión de tiempo. Todos están vigilados. La coyuntura será, este caso, la que determine cuánto tiempo más estarán en una libertad que tienen actualmente prestada.

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Raymundo Riva Palacio
SEP 10

El PRD de Peña Nieto Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

 A nadie sorprenderá que las elecciones para elegir nuevo presidente del PRD queden manchadas por irregularidades. Está en su código genético disputar con lodo el poder en un partido que desde su fundación amalgama corrientes políticas con orígenes y métodos de lucha a veces antagónicos, incapaz de lograr cohesión institucional. Lo distinto ahora es que en la nueva disputa por el poder se juega la viabilidad de una oposición de izquierda en el corto plazo, y la franquicia entre una izquierda gobiernista, y una que por definición, es opositora, en el largo plazo.

La fractura entre Nueva Izquierda, la corriente conocida como “Los Chuchos”, —apoyada por un grupo de tribus protopriistas—, y una coalición de izquierda que se está construyendo, es una realidad que preocupa al principal afectado por esta incertidumbre, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Sólo “Los Chuchos” no quieren ver que una oposición dócil tiene consecuencias negativas, porque inclusive dentro del Gobierno advirtieron que sus aliados podrían acelerar el rompimiento, con su insistencia a mantener el control del PRD por sobre todas las cosas, en un momento donde el Presidente necesita aliados para consolidar sus reformas, y no enfrentar adversarios cuyo objetivo político y electoral es descarrilarlas.

Por eso se sumó discretamente a los esfuerzos que querían que Cuauhtémoc Cárdenas fuera electo por consenso presidente del PRD como un recurso para evitar la polarización, porque consideraban que sería un líder que sin estar subordinado a Los Pinos tendría puentes de comunicación con el Gobierno. Las corrientes más radicales aceptaban a Cárdenas, pero “Los Chuchos” dijeron no. ¿Por qué le regalarían un partido cuyo aparato controlan? Carlos Navarrete, decían, será el cuarto presidente sucesivo de la tribu.

Las elecciones para presidente del PRD no eran determinantes para evitar la fractura, ni para acelerarla. Los grupos disidentes de “Los Chuchos” en el PRD llevan semanas negociando con Andrés Manuel López Obrador una alianza electoral para el 2015, que tendrá que ser de facto porque Morena, el partido del dos veces candidato presidencial que acaba de recibir su registro, no puede competir en su primera contienda electoral en coalición.

La oposición común contra “Los Chuchos” los llevó a iniciar negociaciones para formar coaliciones de facto en las elecciones del próximo año, enfocándose a lo que va a suceder en el Distrito Federal, el bastión de la izquierda que el PRI, en una alianza en ciernes con el PAN, les quiere arrebatar. El planteamiento central de la alianza, planteada a López Obrador por Marcelo Ebrard, que encabeza el Movimiento Progresista, y René Bejarano, líder de Izquierda Democrática, se enfoca en el Distrito Federal, el único bastión que le queda a la izquierda, y que está en riesgo de perder una buena cantidad de su poder frente a la eventual alianza del PRI con el PAN en la capital, que llevan semanas platicando.

La propuesta de Ebrard y Bejarano —cuya corriente es la segunda de mayor fuerza del PRD en la Ciudad de México, después de Los Chuchos—, es dejar que todas las tribus presenten sus candidatos en cada delegación y distrito electoral local y federal, y que un mes antes de la elección del 1 de junio, se analice quiénes son los que tienen la posibilidad real de ganar. El resto declinaría a favor de ellos para trasladar sus votos a los mejores competidores, con lo que piensan se evitaría la división de la izquierda anti-gobiernista, y se diluya su oposición.

Las principales resistencias que encuentra esta propuesta es el escepticismo de López Obrador, cuyo argumento principal es la posibilidad que puedan perder todo y, por tanto, quedarse con nada. La postura es conservadora y de alguna manera egoísta, por el peso electoral que tiene el tabasqueño. Su participación en esa alianza es fundamental, porque Morena, según las encuestas que miden su fuerza en el Distrito Federal, tiene 18% de preferencia electoral contra 22% del PRD. López Obrador, el político más reconocido en el país detrás de Peña Nieto, tiene un peso político de ocho por ciento. Si se concretara esa alianza, todo apunta a que se partiría la militancia y las lealtades dentro del PRD.

Los jefes de “Los Chuchos” piensan que el voto corporativo que los mantiene en la cima del partido, dará los suficientes votos en las urnas para que venzan a la oposición unida de la izquierda, que va sumando fuerzas. López Obrador tiene el control político del Partido del Trabajo, mientras que Ebrard se ha convertido en el jefe metropolitano de Movimiento Ciudadano. Pero la apuesta estratégica  de la izquierda anti-gobiernista no es ganar en 2015, sino comenzar a construir las bases para competir en 2018, en las elecciones presidenciales.

Dentro del PRD de “Los Chuchos” existe menosprecio por sus adversarios de izquierda, insuflados en buena parte por el acceso al poder en Los Pinos. En la Presidencia los han procurado porque fueron funcionales. Bajo la misma lógica, serían más funcionales si dejaran la presidencia del PRD a otras fuerzas ante la polarización que han creado. Pero eso no lo harán en forma voluntaria. Si sus cálculos son correctos, no tendrán de qué preocuparse. Si no, será bueno que recuerden que cuando en política se deja de ser funcional, se convierte en desechable.

Raymundo Riva Palacio
SEP 9

Desintegración Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La izquierda reformista que apostó con el Presidente Enrique Peña Nieto por el Pacto por México, se está cayendo a pedazos. Es la corriente donde su jefe histórico, Jesús Ortega, disfruta el acceso al poder que nunca tuvo y opera con el jefe formal, Jesús Zambrano, presidente del PRD, para seguir controlando el aparato del partido y la ''nomenklatura''. Los Chuchos siempre se han distinguido por pertenecer al ''apartachik'' que se ocupa de la construcción de la colmena burocrática, con el control de los comités seccionales, de los delegados, de los cargos en el politburó perredista, y también por olvidar que lo que hace ganar elecciones son los votos, no los rotulados en las oficinas.

Los Chuchos son la corriente más fuerte del PRD que, sin embargo, sin el acompañamiento de una figura que nunca sale de esa tribu, no serían nada en los procesos electorales. Son pragmáticos y se comen sus escrúpulos. Ortega siempre decía que Cuauhtémoc Cárdenas era un cacique, pero no dejó de respaldar sus candidaturas presidenciales. Con Andrés Manuel López Obrador, a quien además de cacique le endilgaba el calificativo superficial de “mesías”, caminó al lado en dos campañas presidenciales y habría seguido como lapa de quienes generan votos y les inyectan vida, pero la seducción del poder y el acceso a Peña Nieto, los llevó a sobrevalorarse en el mercado político.

Los Chuchos, con la transfusión de ambición que recibieron de Los Pinos —para quien fueron largamente funcionales—, decidieron que el tiempo donde ellos marcarán las horas en el reloj político, ya les pertenecía. Han puesto su futuro en el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, pero no muestra alas para volar, y sigue dilapidando su capital político en la Ciudad de México. La robusta figura tras quien querían caminar para mantener el poder en el partido, parece no tener mucha fortaleza.

En paralelo, la forma de interactuar con el Gobierno mostró a Los Chuchos más edulcorados que de costumbre, y sufrieron en desgastes y enfrentaron contradicciones. El pasado fin de semana llegó a su fin una de ellas.

Miguel Barbosa, que sorprendió a muchos y ganó respeto como coordinador del PRD en el Senado, rompió con sus viejos camaradas para caminar con una nueva tribu, el Frente de Izquierda Progresista, luego de semanas de enfrentamiento público con Zambrano por la ley de telecomunicaciones y su forma autócrata de querer tratar a los senadores. Coincidentemente, sus enemigos comenzaron a salir de las piedras.

Marcelo Ebrard, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, desangrado por Mancera pero no liquidado, tiene una voz política más sonora que su sucesor. No tiene los apoyos, ni los votos, pero le ayuda que sus rivales pierden crecientemente el respaldo popular. Ebrard quiere ser presidente del PRD, pero no tiene apoyos en el Consejo Político que dominan Los Chuchos, donde su siguiente dirigente en línea, Carlos Navarrete, quiere esa posición. Si la desea la tendrá. Pero eso no significa que el Chucho menor, Navarrete, será capaz de despertar la emoción de un electorado que no quiere mediocres y que, en opinión de amplios sectores de la izquierda, entregados al Presidente.

Mancera ha dejado a la Ciudad de México sin una voz crítica de la izquierda, como existió desde que Cárdenas se la arrebató al PRI en 1997. Navarrete tiene como activo pertenecer a la burocracia de Los Chuchos. Entre los dos, hoy no se hace uno, ni para 2015 ni para 2018. Están enfrentados con una de las corrientes poderosas del PRD, Izquierda Democrática, que encabeza René Bejarano, que cuenta con más de 32 diputados federales, el control de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la secretaría general del partido y las vice coordinaciones en el Senado y San Lázaro. Bejarano mantiene una relación cálida y fría con Ebrard, pero que, pragmáticos finalmente los dos, los puede llevar a formar una vez más una alianza táctica.

Pero sobretodo, tienen encima el fantasma de López Obrador y su partido Morena. Zambrano dice que no le preocupa el ex candidato presidencial. No puede hablar en serio. López Obrador, sin partido, sin campaña y sin presencia en medios, sólo es superado en preferencia del electorado por Peña Nieto, pero a diferencia del Presidente, él si podrá estar en la boleta electoral de 2018. Como individuo, López Obrador vale alrededor de 8% del electorado, mientras Morena, que aún no tiene su primera prueba electoral, cuenta con 30% del respaldo en la Ciudad de México, bastión de la izquierda mexicana.

La dialéctica entre la consistencia y la incongruencia es lo que define a los bandos de Los Chuchos y de López Obrador, que no se ha movido mientras se desintegra el poder central del PRD y en la lucha facciosa interna, comienza la diáspora. No debe tener prisa. Su meta no es 2015 sino 2018, cuando decidirá si va por tercera ocasión en busca de la Presidencia, o si apoya a un candidato que tome su programa. Los Chuchos no tienen tanto tiempo. Pueden minimizar sus problemas, soslayarlos en los medios, pero cuando su corazón se empieza a pudrir, es que están muy enfermos. La salida de Barbosa de esa corriente es el primer síntoma claro que ese proceso ya comenzó.

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Raymundo Riva Palacio
AGO 27