La caída de Moreno Valle Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, está en una barrena. Lleva una semana en reuniones en la Ciudad de México con políticos y medios para explicar que en los enfrentamientos del 9 de julio en San Bernardino, Chalchihuapan, que provocaron la muerte de un menor de 13 años, no hay responsabilidad de sus policías que actuaron, asegura, de acuerdo con los protocolos establecidos.

El gobernador está descontrolado y con la mira extraviada al tratar de salvar con explicaciones legales, un problema político.

Aspirante a la candidatura presidencial en 2018, para lo cual trabaja meticulosamente desde hace cuando menos dos años, Moreno Valle enfrenta el vacío de su partido y dirigencia —Gustavo Madero, el líder nacional, también quiere la candidatura presidencial—, pero sobretodo, la embestida del Gobierno federal, a través del PRI, que han encontrado en la sangre vertida en Chalchihuapan, una oportunidad para hundirlo. Los 54 senadores del PRI, la cámara que por decisión presidencial se encuentra bajo la responsabilidad del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, publicó este miércoles un exhorto en la Gaceta Parlamentaria que por el tono y el fraseo, es inédito en su virulencia.

Los senadores recuerdan que el 9 de julio la comunidad de San Bernardino se manifestó para solicitar al Gobierno la restitución del Registro Civil en las juntas auxiliares, y que se liberara a 37 vecinos del municipio que fueron detenidos por oponerse a la construcción del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos. Pero la respuesta, añadieron, “deja de manifiesto la intolerancia, represión e inobservancia de los derechos humanos por parte del Ejecutivo de aquella Entidad”. Y agregaron:

“Para dimensionar la gravedad de los hechos, es oportuno referir que durante el enfrentamiento que se prolongó por casi tres horas, alrededor de 100 personas sufrieron lesiones leves y tres más, incluido un menor de edad, lesiones graves. En el caso del menor, testigos de los hechos señalan que el impacto fue causado con una de las balas de goma con las que, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, sometieron a los manifestantes.

“Los hechos se tornan aún más graves debido a que personal médico dio a conocer que después de que se le realizaran las pruebas de encefalograma y ultrasonido cerebral, el menor de edad fue declarado clínicamente con muerte cerebral y el 19 de julio falleció. Desde entonces, además del gran dolor que representa perder a un hijo, la familia del menor de edad ha recibido malos tratos por parte de autoridades del Estado de Puebla”.

Si esos párrafos encierran en sí una acusación brutal por el lenguaje, los tres siguientes son de antología:

“Aunque el gobernador de la Entidad ha manifestado que el deceso fue causado por un cohete utilizado por los propios manifestantes y no por un proyectil como los testigos y la madre el menor afirman, la realidad es que el menor de tan sólo 13 años, murió a causa de la política criminal implementada por el gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.

“Es clara la inobservancia de los principios de: racionalidad, la fuerza será empleada atendiendo a los elementos lógico-objetivos en relación al evento; necesidad, el uso de la fuerza es la última alternativa; y proporcionalidad, la fuerza debe ser acorde con la amenaza —características del agresor, antecedentes, armamento, resistencia u oposición—. Por el contrario, hubo un exceso en las actuaciones, mismos que deben ser investigados a profundidad sin injerencia del Ejecutivo de la Entidad y sin mayor dilación.

“En el mismo sentido, lejos de proteger y servir a todas las personas de la comunidad, los elementos policiacos de Puebla, han cometido actos irregulares y probablemente ilícitos, transgredido la integridad de la población y limitado la libertad, peor aún, quedan de manifiesto conductas que se traducen en la denigración del ser humano, abuso de autoridad, lesiones innecesarias y desproporcionales”.

Moreno Valle, que es un político con experiencia, debe entender que su problema no se detiene en los medios. El corazón está en la Presidencia de la República, que a través de la Secretaría de Gobernación movió a todo el Grupo Parlamentario del PRI en su contra. Desde el año pasado estaba en la mira del Gobierno federal, luego de observar el gasto en obra pública que realizaba pese a la desaceleración económica y a que la Secretaría de Hacienda no había liberado el presupuesto.

Moreno Valle, el subproducto político más acabado en el entorno de la defenestrada líder magisterial, Elba Esther Gordillo, leyó correctamente que sus enemigos lo estaban cazando e hizo un repliegue táctico. Disminuyó su presencia fuera de Puebla, pero la PGR reactivó dos averiguaciones previas en el área de delincuencia organizada, que mantenía como opciones latentes contra él. Los acontecimientos en Chalchihuapan, donde hace más de un año existe un conflicto entre católicos respaldados por la organización parapriista Antorcha Campesina y evangelistas, fueron aprovechados rápidamente por el Gobierno federal y el PRI, que quiere arrancarle el control de su futuro político.

Moreno Valle sabe que al enemigo, si no se le acaba, se le fortalece. Su problema es que Chalchihuapan le arrebató la iniciativa, lo aturdió, y lo dejó sin claridad sobre qué rumbo debe seguir, entregándose cada vez más, a sus enemigos.
 

Raymundo Riva Palacio
JUL 25

Un muerto lo perseguirá Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, que murió a los 13 años el sábado pasado como consecuencia del impacto de un proyectil durante un enfrentamiento de la policía con vecinos de San Bernardino Chalchihuapan que habían tomado la carretera para pedir una oficina del Registro Civil en su comunidad, fue enterrado este martes junto con una buena parte del prestigio del gobernador Rafael Moreno Valle. Cuál es la verdad sobre quién disparó ese proyectil —la Policía, según los pobladores en esa comunidad; alguien entre los locales, según las autoridades poblanas— será dilucidado por los peritajes. Pero para quien sueña con la candidatura presidencial en 2018, el revés es terrible.

Moreno Valle quiso resolver en medios un tema judicial, y perdió el control de la comunicación política por errores en el manejo, precisamente, de la comunicación política. Con esto, el conflicto local se convirtió en gas tóxico para sus ambiciones. El diario Cambio de Puebla exhibió sus intentos por manipular a los medios poblanos, a quienes aseguró que “los responsables de la muerte de José Alberto Tehuatlie fueron los propios pobladores de San Bernardino”, y que lo había matado un cohetón, sugiriendo que habían sido los propios comuneros. No aportó más pruebas que su palabra, que chocó con la de la madre del menor, que dijo todo lo contrario.

El gobernador insistió en prácticas viejas y pestilentes, y cuando brincó el tema a medios nacionales, sus operadores quisieron comprar conciencias periodísticas. La versión oficial de lo que sucedió en Chalchihuapan no cuajó, y se puede alegar que por culpa de lo atascado de la operación mediática. Cambio publicó que el sábado promocionaron la fan page de Facebook denominada La Verdad en Puebla —ya deshabilitada—, y el domingo subieron otra, Los de Abajo. En forma separada hicieron dos publicaciones del mismo video con títulos diferentes: “¿Qué mató al niño José Luis Tehuatlie Tamayo? Entérate de la realidad de la boca de su madre”, y “La verdad sobre los lamentables hechos en Chalchihuapan, Puebla. Y las contradicciones de la diputada del PRD de Puebla, Roxana Luna, que fue la que movió a esta gente inocente”.

Luna, que desde un principio asumió la defensa de los pobladores de Chalchihuapan, fue objeto de una campaña negra en redes sociales, y páginas pagadas para denostarla. Cambio reportó que otro video fue subido el domingo, La Otra Cara del 9 de julio, en el que el policía estatal Mario González Ricaño, uno de los dos que retuvieron un tiempo los pobladores de Chalchihuapan, narra cómo fue “sometido y golpeado”, y deja entrever que había un grupo entre los manifestantes que “iba preparado” para el choque con los uniformados y arengaban a la gente. En ese video de dos minutos de duración, agrega que los policías sólo llevaban escudos, casco y “equipos de gas”, mientras que iban jóvenes con la cara tapada que incitaban a la gente, y otros con bombas molotov, gritaban “¡hay que quemarlos!”.

La intensa campaña de propaganda y de contrainformación de estos días, avivó el debate en Puebla y los socializó nacionalmente. La muerte del menor, en la lupa nacional, provocó que el gobernador perdiera el control de su operación política y diera tumbos. Las denuncias previas en las redes sociales no habían prendido en el país, hasta este fin de semana, cuando con sus propias acciones y la de sus colaboradores, las detonaron. Su problema creció.

La corresponsal de Eje Central en Puebla, Elvia Cruz, reportó que desde el domingo aparecieron pintas en puentes peatonales, negocios y domicilios particulares con mensajes de “Moreno Valle asesino” en las inmediaciones de Chalchihuapan, y que grupos de ciudadanos abrieron en la plataforma Change.org una petición para que el Congreso lleve a juicio político al gobernador por la utilización de balas de goma para disolver manifestaciones, una de las cuales, insisten en Puebla, mató al menor. El Gobierno de Puebla ha negado la utilización de balas de goma, pero como si eso fuera falso, Moreno Valle dio pasos apresurados hacia atrás.

Este domingo, en un esfuerzo más por salir del problema en el que está hundido, anunció que buscaría derogar la ley que regula el uso legítimo de la fuerza pública y permite disolver manifestaciones con armas, conocida como la “ley bala”, que aprobó el Congreso local a mediados de mayo. Pero el anuncio, lejos de beneficiarlo, lo arrinconó más. Moreno Valle no ha sabido responder públicamente a la crítica y la denuncia, y viejas tácticas intimidatorias, como las usadas contra la diputada Luna y sus críticos, se le han revertido.

Optar por la vía del litigio en los medios en lugar de anclarse en el fallo de los peritajes finales, fue calcular muy mal su capacidad de operación política. En los últimos días se ha visto que Moreno Valle ha cultivado más enemigos que aliados, y que aún quienes se encuentran de su lado, han sido tímidos en su defensa. En la opinión pública, él es culpable. La situación en la que se encuentra, por más injusta que así la considere el gobernador, es donde él mismo se colocó al equivocar la receta para rescatar a su Gobierno, a él y a su futuro político, donde la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo no dejará de perseguirlo.
 

Raymundo Riva Palacio
JUL 23

Definiciones: 2015-2018 Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El Presidente Enrique Peña Nieto está a días de concluir la primera fase de su Gobierno, que no debe medirse por calendario, sino por las etapas de su estrategia: sacar las reformas que cambiarán el organismo, el esqueleto y el cuerpo institucional de México, ganar las elecciones federales de 2015, construir su candidato presidencial, ganar las elecciones presidenciales de 2018, y consolidar transexenalmente a su grupo político. Tan clara la ruta, tan compleja por las definiciones que requiere para su ejecución.

La primera fase terminará con la promulgación de la reforma energética, posiblemente en agosto, que ya empató con la siguiente etapa, la primera selección de subsecretarios y servidores públicos, que deberán renunciar para que constitucionalmente puedan aspirar a una diputación federal. En varias oficinas del olimpo presidencial ya tienen la primera lista sobre quiénes darán el salto, pero sobre los principales nombres para el 2018, aún no hay decisión.

El Presidente Enrique Peña Nieto debe decidir qué hará con lo que llaman la Presidencia tripartita, que descansa sobre tres pilares: los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de Hacienda, Luis Videgaray, y el jefe de la Oficina presidencial, Aurelio Nuño. Originalmente sólo eran los dos primeros, pero en el último año, por méritos propios, se incorporó Nuño.

¿Qué tiene en mente Peña Nieto para ellos? En los más altos niveles del gobierno no saben nada de cierto. Ni siquiera en sus equipos más cercanos están claros de lo que pasará, aunque los principales no están quietos. Desde hace semanas un cuarto de guerra en Gobernación elabora escenarios para Osorio Chong, y Videgaray encargó una encuesta que midiera sus posibilidades políticas futuras.

La Presidencia tripartita ha hecho un trabajo ejecutivo dividiéndose responsabilidades políticas. Aunque la tarea se supone exclusiva de Osorio Chong, no es sólo de él. El secretario de Gobernación tiene la negociación en el Senado, pero Videgaray la de la Cámara de Diputados. Una parte de Michoacán la tiene Osorio Chong, aunque el comisionado federal abreva en la oficina de Nuño. Videgaray es responsable de Guerrero, pero también de la negociación con los líderes de los partidos —junto con Nuño— de las reformas, y no sólo las económicas. Osorio Chong y Videgaray tienen la mano muy dura con los gobernadores priistas, pero el secretario de Gobernación, por definición, sólo tiene garrote, mientras que el de Hacienda, también tiene una zanahoria.

Ninguno de los dos secretarios, de acuerdo con las encuestas, tendría posibilidad alguna de ganar hoy una elección presidencial. En ambos casos, Peña Nieto tendrá que trabajar en la construcción de la candidatura para alguno de ellos, en el entendido que el primer gran problema que tiene es que ninguno es como él: carecen de su apelación natural con el electorado y de su peculiaridad telegénica. También sabe que para construir esa candidatura, necesita pasar la estación de las elecciones en 2015. La pregunta que habría que hacerse es si mueve a uno de ellos, o a los dos, a otros cargos.

Videgaray, el secretario más sofisticado que tiene Peña Nieto —sólo el canciller José Antonio Meade se encuentra en su liga—, es su alfil más desgastado ante las élites y la opinión pública. Puede sacrificarlo, como hasta ahora, y terminar el sexenio con él, siempre y cuando que el comportamiento de la economía por el resto del sexenio comience a derramar dinero a los bolsillos de todos y evite que el hundimiento del secretario de Hacienda, sea también el suyo. Sin embargo, sería un activo desperdiciado, y el único —una vez más, salvo Meade—, ideológicamente comprometido y convencido del modelo, que pueda hacer del peñismo un proyecto transexenal. Nuño tiene también el equipaje académico y el conocimiento teórico para continuarlo, pero la edad y falta de experiencia en la tierra priista lo descartan para la silla presidencial. Su futuro inmediato debe estar en otro lado.

Osorio Chong no tiene los lastres de Videgaray. El desgaste como secretario de Gobernación y de Seguridad Pública Federal a la vez, es tan grande que pese a ser el miembro del gabinete con mayor exposición mediática en el país, muy pocos lo ven con la banda presidencial sobre el pecho. Peña Nieto tendría que moverlo para crecerlo. ¿La Secretaría de Desarrollo Social? Es una de las posibilidades que se manejan circunstancialmente, con el ejemplo en mente de Luis Donaldo Colosio, a quien construyó el ex presidente Carlos Salinas desde esa secretaría que inventó para él. ¿Líder en el Congreso? Puede ser, pero es más fácil que se pierda ahí a que prospere, porque no es lo mismo persuadir con el garrote, que con la palabra.

Otro factor de definición es, en caso que los moviera, ¿qué hará el Presidente con su esquema de Presidencia tripartita? No tiene con quién remplazar uno de los pilares para mantener el equilibrio, y la salida de cualquiera de ellos significaría tener que rediseñar la operación. ¿Está listo el Presidente para dar ese paso? Nadie lo sabe aún, pero no es algo que, por los precedentes, no esté pensando. ¿Cuándo mostrará las cartas? Hasta el último momento posible, como en el estado de México, cuando hizo pública su inclinación por Eruviel Ávila en la víspera de su destape. O sea, hasta diciembre.
 

Raymundo Riva Palacio
JUL 22

Propaganda, disfrazada de estrategia Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

En la Presidencia de la República llegaron recientemente a una conclusión: la estrategia digital no está funcionando. El diseño durante el primer año de Gobierno no rindió los frutos esperados, sino al contrario, el nivel de aprobación del Presidente Enrique Peña Nieto cayó, su desaprobación subió y fue perdiendo el consenso. Estudios demoscópicos realizados en Los Pinos probaron que su trabajo en redes sociales no estuvo a la altura del desafío y que aspectos que antes habían soslayado, tenían mucho más importancia, en impacto y alcance, de lo que habían pensado.

Como una de las respuestas inmediatas, funcionarios de la Presidencia circularon una propuesta a mandos medios y altos del Gobierno para construir un blindaje. La idea propone “una asociación independiente, sin fines de lucro, conformada por funcionarios de diferentes niveles de la administración pública, que se guían por su convicción y compromiso para mover y transformar México”. Su nombre es “Yo Muevo a México”, inspirado en el discurso del Presidente en mayo del año pasado, cuando al presentar el Plan Nacional de Desarrollo dijo: “Es tiempo de actuar por México y mover a México”.

Mover a México ha sido un himno presidencial para inyectar adrenalina a los mexicanos, pero su palabra no ha bastado. El objetivo de esa nueva asociación es “crear una red nacional de multiplicadores de mensaje, para dar a conocer entre su círculo de influencia el impacto directo que las acciones, programas y políticas públicas tienen en la vida de los ciudadanos”. Desarrollada a lo largo de cinco páginas, la propuesta parece un poco ingenua, y con conceptos más en el deber ser, que en la praxis política.

El perfil de sus miembros, por ejemplo, exige un “expediente intachable, comprometidos y apasionados por mover y transformar a México; líderes, entusiastas y activos, con capacidad de comunicación y disponibilidad para desempeñar actividades extra curriculares y pro-bono”. Sus integrantes serán dirigidos por “titulares”, que son “cinco líderes de red que (que) cuenten con las características necesarias para encabezar a su grupo, de acuerdo con los objetivos de Yo Muevo a México”.

Según la propuesta, cada “titular” supervisará a 30 miembros, que trabajarán fuera de los horarios de oficina y sin utilizar recursos del erario, para evitar problemas políticos y administrativos. A los “titulares” se les da un plazo de reclutamiento hasta el 1 de septiembre, a fin que garanticen “la selección cuidadosa” conforme al perfil definido, y para que incorporen a miembros en diferentes estados. La estructura pretenden tener tres mil 450 integrantes de esta red de activistas de la burocracia, animadores, entusiastas y dispuestos a dar su tiempo, esfuerzo y dinero, por la causa presidencial.

Los cinco “titulares”, de acuerdo con la propuesta, tendrían que haber estado nombrados a más tardar el 20 de junio pasado. En el sitio web que se está construyendo para esta “asociación independiente”, adelanta la propuesta, se ofrecerá apoyo a sus miembros para realizar presentaciones, videos, artículos, fotografías y la elaboración de mensajes clave. Además, publicarán un boletín llamado “México Avanza” y se creará un sistema de alertas para el envío de correos electrónicos con información relevante en coyunturas específicas que ayuden a diseminar inmediatamente.

Todos los miembros serán evaluados de acuerdo con el desarrollo de al menos una de las tres actividades propuestas: 1) trabajo editorial, con publicaciones y entrevistas en periódicos, revistas y portales; 2) conferencias o pláticas, donde se exigen dos de ellas con una audiencia superior a 30 personas para la promoción de las acciones y los logros; y 3) actividades en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde cada miembro deberá producir al menos tres publicaciones semanales con 30 impactos cada una. La clasificación por desempeño se establece en cuatro niveles: participante, que cumple con su meta mínima; promotor, que duplica su meta mínima; movilizador, que triplica su meta mínima; y transformador, que cuadriplica la meta mínima.

Pero no todo es esfuerzo. La propuesta también contempla incentivos, que van subiendo en cantidad según más importante sea el nivel de sus miembros. Entre los premios se ofrecen reuniones con “personas del ámbito político al más alto nivel”, e invitaciones a eventos nacionales o entrega de becas. No hay nada más, lo que hace pensar que para un mando medio y superior, esos incentivos realmente no son atractivos. Esta columna envió un correo electrónico al responsable visible de la asociación (fhmarquina@moveramexico.org) para solicitar información sobre la asociación, y entró a su cuenta de Twitter, @yomuevoamexico, pero está cerrada. Su cuenta en Facebook, tampoco existe aún.

La propuesta está en construcción, pero todo el esquema sugiere una operación de propaganda a través de redes sociales. Empero, este tipo de iniciativa entre obligatoria y voluntarista lleva a varios problemas de ejecución. Una acción de propaganda requiere de estímulos reales —económicos—, o de personas que estén ideológicamente comprometidas con la causa, lo que no existe porque la propuesta carece de ideología y, sobretodo, de sentido práctico.

Se puede argumentar que si esta es la forma como en Los Pinos piensan que darán la vuelta a la desaprobación presidencial y a su caída en la aprobación de su mandato, se equivocaron de estrategia y no estaría mal, quieren tener éxito, volver a empezar.
 

Raymundo Riva Palacio
JUL 16

Molinar, el fracaso del manipulador Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados decidió, a contracorriente de lo que pasó en el Senado, votar en bloque a favor de la ley de telecomunicaciones, con lo que cerró indirectamente un oscuro capítulo en la dirigencia del PAN, donde los intereses particulares de una minoría buscaron pasar por encima de los intereses del partido y de la mayoría de sus grupos parlamentarios. El autor intelectual de la contrarreforma, Juan Molinar, construyó una oposición para enmendar la ley de telecomunicaciones y beneficiar a Telmex. Fracasó en el Senado y remataron su caída en San Lázaro.

Molinar, uno de los principales asesores del presidente del PAN, Gustavo Madero, quiso aprovechar la coyuntura de la discusión de la ley secundaria de telecomunicaciones para sacar provecho personal y beneficiar a grupos particulares dentro del partido. Para ello usó al senador panista Javier Corral, abierto enemigo de Televisa y defensor en los últimos tiempos de las empresas de telecomunicaciones de Carlos Slim, y sumó a sus esfuerzos al jefe político de la corriente de Los Chuchos en el PRD, Jesús Ortega, y al ex dirigente del partido, Guadalupe Acosta Naranjo.

Como se apuntó el martes, Molinar convenció a Madero de revivir la mesa del Pacto por México para buscar un consenso de la oposición en la ley de telecomunicaciones, y recuperar la capacidad de negociación con el Gobierno. Personas que conocieron detalles de las pláticas, dijeron que Molinar planteó dos temas que no tenían nada que ver con el tema a discusión: que la PGR limpiara completamente su expediente en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, subrogada por el Seguro Social cuando él era director de la institución, donde murieron 49 niños y 76 más resultaron heridos; y que no tocara el Gobierno a ningún panista en el Caso Oceanografía.

Molinar amenazó que si no se cumplían esas exigencias planteadas en términos personales —aunque en el caso de Oceanografía contaba con adeptos poderosos en el PAN—, no aprobarían los legisladores azules las reformas de telecomunicaciones ni de energía. La condición de Madero para el respaldo a esas reformas era solamente que se aprobara antes la reforma política en los estados. En una siguiente reunión, Molinar, cuyo asesor es su largamente protegido y controvertido Mony de Swan, ex presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, cruzado contra Televisa y defensor inopinado de Telmex y Telcel, añadió a sus exigencias:

1.- Que se eliminara de la ley de telecomunicaciones la tasa cero a la interconexión. Las empresas de Carlos Slim no quieren proporcionar gratuitamente los servicios de infraestructura a sus competidores —su alegato es el costo de inversión hecho a lo largo de los años—, y luchó para impedir que ese artículo quedara consolidado en la reforma. El cobro de la interconexión genera alrededor del 22% de los ingresos totales de Slim en el sector.

2.- Que se quitara el plazo para que Slim pudiera entrar a la televisión abierta. La ley establece que como agente preponderante, tiene que desagregarse como empresa y reducir su tamaño en el mercado a menos del 50% —en la actualidad Telmex domina el 70% de la telefonía fija y Telcel más del 65% de la móvil—, a fin de que en un plazo de dos años mínimo pueda licitar por un canal de televisión abierta.

Y 3.- Que se definiera como preponderante el servicio, no el sector. Esa es un deseo de Slim para que los canales de paga de Televisa, que se encuentran en el sector de las telecomunicaciones, que dominan un 70% de ese mercado, sea declarado preponderante y, por tanto, obligado a desagregarse. En el sector, aunque Televisa es la fuerza dominante en televisión de paga, el preponderante es América Móvil, la empresa que concentra a Telmex y Telcel.

Corral se convirtió en el vocero del grupo en el Senado y en los medios, mientras que Ortega y Acosta Naranjo, en voz del líder del PRD, Jesús Zambrano, usaron medidas coercitivas para obligar al voto corporativo de la izquierda. A los senadores perredistas que votaron a favor de la ley en comisiones —y al líder de la fracción, Miguel Barbosa, que afirmó que votarían sin la línea de Zambrano—, los amenazó con preparar un punto de acuerdo en el Consejo Nacional para obligarlos a votar como exigían Los Chuchos. Ante la presión, se replegaron. Molinar no logró que Madero hiciera lo mismo. Aunque en público Madero criticó la ley, Madero liberó a los panistas para votar “a su conciencia”.

En el Senado, la mayoría de los panistas responden a Ernesto Cordero, quien trabajó con el gobierno la aprobación de la ley. Pero Madero no perdió ante Cordero. Lo que decía no correspondía con los hechos. El coordinador del PAN en el Senado, hombre de Madero, Jorge Luis Preciado, votó a favor de la ley.

En San Lázaro, todos los maderistas, que son mayoría en la bancada, decidieron hacer lo mismo. Retóricamente jugó con Molinar y Corral, pero nada más. Los dos quedaron derrotados. Zambrano, Ortega y Acosta Naranjo, igual. No lograron el beneficio que buscaba Slim y que tan decididamente lucharon por cumplírselo. En franca retirada, para el voto en el Congreso, Zambrano dijo: que los perredistas voten a conciencia. Llegó el tiempo de recortar pérdidas.
 

Raymundo Riva Palacio
JUL 10

Telecom: daños colaterales Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Treinta y cinco mil millones de dólares al año es una cantidad tan grande, que todo lo que se invierta para defenderla es barata. Ese es el valor anual estimado del mercado de las telecomunicaciones en México, cinco veces más grande que el valor de la industria del entretenimiento en televisión, un pastel tan suculento que no deben de extrañar los esfuerzos de los gigantes del sector para que la ley secundaria de telecomunicaciones los favorezca, no los perjudique, pero sobretodo, que no de ventajas a sus adversarios empresariales. Esta es una batalla cruenta e implacable.

Con la llegada de la ley secundaria de las telecom a las comisiones en el Senado, se intensificaron las hostilidades entre dos ejércitos, los del magnate Carlos Slim con su emporio América Móvil —que concentra a Telmex y Telcel—, y sus socios en MVS-Dish, de la familia Vargas, contra el resto del mundo. Los intereses económicos se proyectaron en prensa, radio y redes sociales. La orden de fuego se dio la semana pasada cuando apareció en YouTube en el canal de “La Red es Nuestra”, la grabación de la diputada Purificación Carpinteyro, que reveló un conflicto de interés en el campo de las telecomunicaciones, que provocaron su debacle y exclusión del debate.

La diputada, sin duda entre las técnicamente más capacitadas para esa discusión, fue víctima del prólogo de esta batalla campal, al difundirse una grabación, producto —con poca incertidumbre de que así fuera— de un espionaje permanente sobre ella. Si esa grabación no la hubiera eliminado del debate esta semana, probablemente habrían venido audios subsecuentes. No fue necesario, y el grito que ha dado para que se investigue quién la espió, ha caído en el desierto. En un acto de aparente impotencia y frustración, ofreció el martes por la noche en su cuenta de twitter 50 mil pesos por “información del titular (de ‘La Red es Nuestra’) y la cuenta IP (de computadora) desde la que filtraron la grabación y usada para golpear a (Carmen) Aristegui entre otros”.

Es extraño que Carpinteyro haya mencionado a la conductora, por lo que ocurrió este martes en medios y redes sociales. Carlos Loret, el periodista más ético de todos los que participan ardientemente en el debate de las telecom, porque siempre establece por escrito su relación con Televisa, publicó en su columna en El Universal, titulada “Los Chuchos de Slim”, las vinculaciones de varios de los miembros de esa corriente que controla la dirigencia del PRD, con el empresario mexicano.

Citó a Carpinteyro y al ex líder del partido, Guadalupe Acosta Naranjo, de quien mencionó socarronamente cómo presenta posiciones oficiales del PRD que son casi idénticas a las posturas de Telmex y Telcel. También exhibió a Mony de Swan, ex presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, por su estrecha relación con Peter Bauer, abogado de Telcel y MVS, y recordó que fueron denunciados por haber utilizado información privilegiada para recomendar compra de acciones de Telcel sobre su rival española Telefónica, a inversionistas extranjeros.

No se conocen vínculos de los “Chuchos” con De Swan, salvo los coyunturales. Con quien sí tiene una larga asociación es con Juan Molinar Horcasitas, uno de los miembros más importantes del PAN en el Pacto por México, y entre los principales asesores del líder del partido, Gustavo Madero, que buscó en las últimas horas alinear el voto de los senadores panistas a favor de que se modificara la reforma constitucional en la ley de telecom que votó el PAN, para que la preponderancia se estableciera por servicio, no por sector, que es lo que buscaban expertos a quienes se ha asociado con Slim.

Junto con la publicación de Loret se difundió una nueva denuncia en las redes sociales del Blog de las Mayorías, que apareció en la sociedad virtual el 16 de diciembre pasado y que sólo ha colocado 29 mensajes, con un énfasis negativo sobre Aristegui. En el nuevo mensaje en el blog, titulado “Carmen #ArisTelmex y los 5 mosqueteros que protegen los intereses del hombre más rico del mundo”, están incluidos tres de los sujetos a los que se refirió el periodista, además de Aristegui en forma directa, el senador panista Javier Corral, y la experta Irene Levy. El blog recuerda la deuda de Corral con Televisa de su campaña para gobernador en Chihuahua, que nunca pagó, y a Levy le adjudican un patrocinio efímero en un programa de radio el año pasado, de MVS y Telmex.

Las similitudes entre el blog y la columna de Loret, así como los desplegados en prensa de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable contra Slim, Telmex, Telcel, MVS y Dish, son tan notorios como los argumentos de quienes critican a Televisa por su carácter preponderante, y a TV Azteca. Es decir, en esta batalla por las mentes, no hay buenos ni malos, sólo intereses enfrentados entre sí, en una colisión permanente y sistemática que sólo puede producir daños colaterales. Carpinteyro ha sido la primera caída, pero es tan salvaje la búsqueda por la mayor rebanada del pastel de los 35 mil millones de dólares, que difícilmente será la última. Finalmente, como le dijo Michael Corleone, en la saga de El Padrino, a su hermano mayor Sonny: “No es nada personal, son únicamente negocios”.
 

Raymundo Riva Palacio
JUL 3

Oceanografía: un personaje clave Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El nombre de José Ortega Rivera aparece de manera esporádica en los documentos que integran la averiguación de la Procuraduría General de la República sobre el quebranto de Oceanografía a Banamex por más de cinco mil millones de pesos, y no es una figura relevante en la investigación que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para darle sustento técnico a la averiguación federal.

Pero analizar a fondo su papel en este caso, donde fue arquitecto de medidas que favorecieron directamente a Oceanografía, arrojaría nueva luz sobre una investigación hasta hoy insuficiente.

Poco se sabe públicamente de Ortega Rivera, quien llegó a trabajar a Banamex en 2010 y renunció en 2012. Tan pronto como dejó el banco, comenzaron a sospechar de él y de su relación con Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía.

Fuentes de Banamex revelaron que las alertas se prendieron cuando se registró un depósito de 200 mil dólares en la cuenta de Ortega. Dijeron que le pidieron una explicación, a lo que respondió que era producto de una venta de obras de arte que había hecho su esposa a Yáñez Osuna.

En Banamex no tienen claro si su esposa trabajaba con el dueño de Oceanografía, o si el mismo Ortega Rivera fue contratado a su salida de la institución como consultor.

Nadie lo sabrá de mantenerse la investigación en los términos como se encuentra actualmente, porque no es un sujeto indicado en la averiguación previa, y como el quebranto investigado se concentra en operaciones financieras realizadas durante 2013, él ya no trabajaba ahí.

Sin embargo, de acuerdo con las fuentes en Banamex, su paso por el banco podría explicar una buena parte de la mecánica con la que, tras su salida, se realizó uno de los mayores fraudes cometidos contra el banco.

Banamex es propiedad de Citigroup, pero no todas las operaciones que realiza en México las lleva a cabo su personal directamente. Ortega Rivera, por ejemplo, era el director de Channel Finance, que es el canal de descuentos en el área de Transaction Services, que está regulado por Citigroup.

En ese departamento se establecieron las líneas de crédito por más de cinco mil millones a Oceanografía mediante el sistema de descuentos por cobrar, cuya mecánica era que se liquidaría el adeudo una vez que Pemex pagara los servicios de la empresa marítima.

El modus operandi que utilizaba Oceanografía -con Pemex y más de 50 empresas donde se han detectado también irregularidades-, era participar en el mayor número posible de licitaciones para la renta de buques petroleros a Pemex, con cotizaciones hasta 30% más bajo que sus competidores, con lo que garantizaban ganar el contrato.

Una vez conseguido este fin, realizaban un segundo movimiento por los servicios de cubierta, donde según funcionarios de Pemex, cotizaban con sobreprecio. Para poder subcontratar buques, Oceanografía recurría a Banamex, con quien firmó un contrato de crédito y factoraje.

Durante su paso por Banamex, Ortega Rivera, bajo cuya dirección se encontraba el manejo de esas operaciones, modificó los manuales y procedimientos. Banamex dijo que entre los cambios que realizó se encontraban los plazos, donde Oceanografía estaba obligada a pagar en un máximo de 90 días la línea de crédito, y se establecía la posibilidad de que ante un incumplimiento, se cancelaran los siguientes desembolsos.

“Ortega Rivera los cambió primero a 120 y luego a 180”, dijo la fuente de Banamex. Pero no fue lo único.

De acuerdo con Vanesa Maricela Ramírez, gerente de producto de Banamex, Rivera Ortega y el coordinador de Channel Finance, René Tonatiuh López Arévalo, cambiaron la documentación y proceso de descuento que consistía en presentar la estimación de la obra, que eran los trabajos ejecutados y acordados entre Pemex y Oceanografía, en lugar de las facturas.

La PGR detectó 166 estimaciones, que son documentos que se “asemejan” a facturas por cobrar, expedidas supuestamente por Pemex Exploración y Producción, y que conforme a la investigación, fueron alteradas por ejecutivos de Banamex.

Con este nuevo método para ofrecer factoraje a Pemex, la columnista Alicia Salgado, que fue la única hasta el momento en voltear a ver a Rivera Ortega, reveló a mediados de mayo que se trasladaron los riesgos de Oceanografía a la paraestatal. Ramírez dijo haber ejecutado lo que le instruyeron Rivera Ortega y López Arévalo, y cómo debía conciliarlo administrativamente.

La ex gerente trabajó con Erik Cervantes Murillo, en ese entonces ejecutivo especialista de producto del banco, que trabajaba en la sucursal de Villahermosa, también era el que recibía la documentación directamente de Oceanografía y cotejaba la documentación con los residentes de obra de Pemex.

Ramírez, que no cuenta con una orden aún, es señalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como presunta co responsable del fraude. Rivera Ortega, quien tiene mucha información que aportar y explicar, es el gran ausente en la investigación.
 

Raymundo Riva Palacio
JUL 2

Estrategia fallida Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La movilización de Juan José Mireles este jueves en Lázaro Cárdenas, es la última expresión de lo vulnerable de la estrategia federal en Michoacán. Mireles marchó con 82 paramilitares a ese municipio y tomó la comunidad de La Mira, donde fue recibido con calidez. Viajó con su convoy armado con fusiles de asalto sin que ninguna autoridad les interrumpiera el viaje y se apoderaron, en un relanzamiento de la estrategia de las viejas autodefensas, de esa población sin problemas de inseguridad. Habitantes de varias comunidades en la zona costera de Tierra Caliente, se sumaron a Mireles en su rebelión ante el gobierno federal, opuestos al desarme que inició a finales de abril.

El comisionado federal, Alfredo Castillo, tuvo que improvisar un operativo al día siguiente al mando del subprocurador regional en Lázaro Cárdenas para enfrentar el desafío. Mireles fue acusado de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, una justificación extraña, pues el ex vocero de los grupos de autodefensa mantenía una escolta de personas armadas sin que hasta este viernes, cuando lo capturaron, les provocara inquietud. El hecho que fuera acusado de un delito que ya cometía en flagrancia en el municipio de Tepalcatepec, lleva a suponer que la captura tuvo una razón diferente: violentar la frágil estabilidad en la región y romper los acuerdos no escritos para moverse en la ilegalidad, pero sólo en territorios acotados.

Zonas donde se tolera la ilegalidad no son ajenos a la realidad michoacana diseñada por el comisionado Castillo. Un caso sobresaliente existe en La Ruana, donde vive Luis Antonio Torres, apodado “Simón El Americano”, que se mueve en esa comunidad del municipio de Buenavista Tomatlán en un convoy de seis camionetas Cadillac con una escolta de unas 40 personas armadas con fusiles de asalto. “Simón El Americano” es señalado como presunto autor intelectual de al menos dos asesinatos en el último año, y se investigan sus presuntos lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero si no sale de La Ruana, como hasta ahora, no habrá consecuencias legales en su contra.

Castillo es tolerante con los grupos paramilitares que no aceptaron su reintegración a la vida institucional como policías rurales. Ha frenado todo intento de detener a “Simón El Americano”, y lo mismo habría pasado con Mireles, que seguiría en libertad de no haber transgredido militarmente el territorio dentro del cual podía vivir en la ilegalidad. Cuáles son las razones de Castillo para mantener ese status quo extra legal, son desconocidas.

Permite la cohabitación de fuerzas irregulares ilegales, como las llamadas autodefensas, y legales, como las policías rurales, en donde incorporó a los paramilitares que aceptaron caminar dentro de la ley.

Pero este diseño no genera equilibrio, ni ha logrado bajar los índices delictivos. De hecho, desde que las autodefensas iniciaron funciones como policías rurales, los homicidios dolosos vinculados con la delincuencia organizada, se incrementaron. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron 54 de ese tipo de asesinatos en enero; 42 en febrero; 45 en marzo; 35 en abril; 77 en mayo; y 30 hasta el 15 de junio. Las cifras se dispararon en mayo, cuando comenzaron a operar las policías rurales, lo que permite plantear la hipótesis si el incremento en la violencia obedece a que Castillo, al uniformar a personas sin el entrenamiento y doctrina de la Policía Federal, entregó una especie de licencia para matar a uniformados con plaza y arma que los avala como autoridades.

La tendencia en la primera quincena de junio apunta a llegar a los niveles de mayo por segundo mes consecutivo, lo que de concretarse mostrará una falla profunda en el esquema de seguridad diseñado por Castillo, y desmantelará su afirmación que tras los primeros 100 días de haber emprendido la cruzada para el rescate y la pacificación de Michoacán, a finales de enero pasado, el estado está bajo control. La cifra al alza de homicidios que coincide con la llegada de sus policías rurales, sugieren lo contrario. La movilización de Mireles enseña, asimismo, la fragilidad en el esquema general, al demostrar la falta de control real sobre los rebeldes.

Otro de los objetivos que no han mostrado resultados, tiene que ver con la reactivación de la economía, que no ha sido posible salvo en los casos donde la cadena de producción ha sido resguardada por las fuerzas de seguridad federales, como sucedió con los mil 500 camiones con aguacates que salieron escoltados hasta la frontera de Nuevo Laredo para estar a tiempo en el Super Bowl de futbol americano profesional en febrero. La inversión del gobierno federal en Michoacán alcanza niveles históricos, pero la privada ha caído. De 129.5 millones de dólares que se registraron en 2013, los economistas michoacanos estiman que para este año caerá casi 20%. No hay capitales privados dispuestos aún a inyectar recursos en Michoacán, porque perciben no es un buen lugar para invertir.

La retórica de Castillo, ciertamente, choca con la realidad objetiva en Michoacán. Los últimos acontecimientos reflejan que tiene una estrategia fallida que puede ajustarse y corregirse para eliminar las contradicciones en su diseño y aplicación, que hacen difícil conciliar y alinear todos los esfuerzos del gobierno federal. No hacerlo llevará a sorpresas como las de Mireles, que en esta ocasión resultó sin consecuencias lamentables que no siempre, en el volátil Michoacán de hoy en día, podrán salvarse en el futuro.
 

Raymundo Riva Palacio
JUN 30

La gangrena de Los Chuchos Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La amarga noche de la diputada Purificación Carpinteyro amenaza con prolongarse para ella y para sus padrinos en el PRD, la corriente de Los Chuchos que controla hace años la dirección, la burocracia, y la interlocución con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Pero tan fuerte como soberbia, Carpinteyro se encuentra en un pantano en donde entre más se proyecta como víctima, más se hunde y lastima a sus padrinos, que la aislaron por su bien, pero sobretodo, se puede argumentar, porque era una gangrena que empezaba a contaminarlos.

Carpinteyro se colapsó políticamente cuando se difundió hace dos días una grabación donde invitaba a un viejo colega a un negocio de telefonía celular. La conversación que la mostraba eufórica por la posibilidad de volverse millonaria, generó un problema político para Los Chuchos, quienes la recogieron de la calle cuando luego de que el presidente Felipe Calderón la expulsó del Gobierno, la hicieron diputada y le consiguieron la secretaría de la Comisión de Telecomunicaciones.

Horas después de difundirse la grabación, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, y el ex presidente, Guadalupe Acosta Naranjo, la respaldaron. En el Senado, el distanciado miembro de Los Chuchos, Miguel Barbosa, coordinador de la bancada en esa cámara, afirmó que la diputada debía excusarse. No eran los planes la mañana del miércoles, pero se volvió inevitable, por cuestiones de sobrevivencia.

La afirmación de la diputada y de sus padrinos —por omisión— que no había conflicto de interés en buscar hacer un negocio mientras ella forma parte de quienes legislan las leyes para facilitar ese tipo de negocios, contraviene el reglamento de la Cámara de Diputados que obliga a los legisladores a informar de los asuntos en que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales, así como a excusarse de participar en la discusión y gestión de leyes.

La ley los atrapó a todos. Si la diputada no se ha dado cuenta que incurrió en un conflicto de interés y que podría, si sus opositores lo desean en la Cámara, iniciarle un juicio político para desaforarla, sus padrinos Los Chuchos, sí se percataron de ello. La obligaron a excusarse horas después de que afirmó no lo haría, porque no actuó con honestidad y transparencia al no informar a nadie en la Cámara que estaba buscando financiamiento para iniciar un negocio en el campo de su materia legislativa, lo que refleja dolo y malicia. Carpinteyro responderá por lo que le toque, si se procede a enjuiciarla políticamente, pero Los Chuchos no podían seguir respaldándola de manera incondicional sin pagar costos por ello.

La posición de Barbosa fue la primera llamada de atención. Desde hace meses el senador se ha enfrentado con Zambrano por la forma como la dirigencia del PRD negoció con el Gobierno dentro del Pacto por México. Al tiempo que se dieron los choques, Barbosa mostró cercanía creciente con Andrés Manuel López Obrador, cuyo incipiente partido Morena representa un riesgo político para el PRD en las próximas elecciones. El respaldo que le estaban dando a Carpinteyro ante el evidente conflicto de interés y la ilegitimidad en la que incurrió, alimentaba la percepción de deshonestidad en Los Chuchos, que ha sido una crítica constante dentro de la izquierda.

Los Chuchos representan la corriente reformista de la izquierda mexicana, pero han ido perdiendo legitimidad en ese sector por el maridaje con el Gobierno en todas las reformas que se han aprobado. Inclusive en la Reforma Energética, la dirección del PRD buscó en privado darle votos al PRI en ese tema, pero fue derrotado. Los propios reformistas dentro del PRD no están de acuerdo con la conducción actual de la dirigencia, y han perdido a sus voces críticas. Los Chuchos se han quedado aislados dentro de la izquierda, aunque mantienen la dirección, la alianza con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y el picaporte en Los Pinos. Pero en términos políticos y electorales, nada de esto es suficiente. La percepción creciente dentro y fuera de la izquierda, es que el Gobierno de Peña Nieto los cooptó, y a un año de la elección intermedia federal, por lo que las condiciones políticas en las que se encuentran, son adversas.

En cambio, López Obrador, la única Ave Fénix de la política mexicana, mantiene un mínimo de seis puntos porcentuales del electorado como marca política y sin campañas en puerta. La derechización de Los Chuchos y sus aliados han vuelto a abrir la puerta a la izquierda democrática aplastada por esa corriente, y a la izquierda social de López Obrador, que están tejiendo alianzas tácticas informales para buscar una votación el próximo año que los coloque en una buena plataforma para las elecciones presidenciales en 2018.

El apoyo incondicional que le empezaron a dar a Carpinteyro parecía una proyección del subconsciente que se percibe afuera: que no son honestos, que son oportunistas, y que carecen de un verdadero proyecto de nación. Tarde, pero se dieron cuenta que ese respaldo era una gangrena que les iba a subir por el cuerpo. Mejor cortarse la pierna de Purificación y dejar que la contaminación, si eso es lo que sigue, se quede en la diputada. Finalmente, ella sí es una pieza desechable dentro de la corriente.
 

Raymundo Riva Palacio
JUN 27

La lotería de Purificación Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

MVNO son las siglas que quieren revolucionar el campo de las telecomunicaciones en el mundo. Responden a Mobile Virtual Network Operator, que son cadenas virtuales de operadores de celulares, donde las compañías que han desarrollado este modelo de negocio ofrecen un servicio a bajo costo, para lo cual contratan tiempo aire con atractivas tasas de descuento a las empresas que tienen las redes y la infraestructura para dar servicio telefónico. No necesitan ninguna inversión en fierros, ni concesión alguna. Bien manejado, sus márgenes de utilidad son generosamente altos. Nadie describe el negocio con mayor claridad que la diputada del PRD y experta en telecomunicaciones, Purificación Carpinteyro. “Es como sacarse la lotería”, afirma.

Pero la descripción de la acérrima enemiga de Televisa y promotora de candados para las televisoras en las leyes de telecomunicaciones, es tóxica. La caracterización del negocio de los MVNO se produjo en una conversación con un ex ejecutivo de Telefónica, empresa de la que fue directora comercial corporativa, que fue grabada y difundida el martes en las redes sociales. La revelación del material ilegalmente obtenido, es relevante porque Carpinteyro es secretaria de la Comisión de Telecomunicaciones en el Congreso y una de las arquitectas de las leyes que permiten este tipo de nuevos negocios. Es decir, hay un evidente conflicto de interés, e incluso, roza los terrenos de la corrupción.

Carpinteyro reconoció que la conversación era auténtica y se defendió con argumentos políticos. Dijo que se trataba de un ataque de los monopolios —que para ella se reducen a Televisa y TV Azteca— para desacreditarla, sugiriendo cuáles son los motivos detrás de su difusión: anularla en el debate sobre la ley secundaria de telecomunicaciones. Quien ordenó grabarla y difundir la conversación en este momento, ganó en este déjà vu de recursos sucios, de los que tanto sabe la diputada, que los usó contra su ex jefe, el entonces secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, al entregar a la prensa grabaciones privadas para destruirlo política y personalmente.

La historia con Téllez es muy diferente a la de ahora. En aquél momento era una lucha de poder; ahora raya en la ilegalidad. Pero Carpinteyro no es una mujer de muchas lealtades. Su problema con Téllez empezó desde que el Presidente Felipe Calderón la nombró subsecretaria de Telecomunicaciones, y corrían las especulaciones que había llegado por su relación con él, que se alimentaba desde Los Pinos con los murmullos sobre la forma atrevida como iba vestida a sus acuerdos. Téllez la defendió y declaró que Carpinteyro estaba en ese cargo por su conocimiento —en efecto, es una gran conocedora en ese campo—, sin saber que la hoy diputada llevaba meses intrigándolo con el Presidente.

Estuvo a punto de lograrlo, pero el manejo de Téllez durante el accidente donde perdió la vida el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a fines de 2008, canceló su inminente salida. Se reavivó al año siguiente, cuando se alió con los enemigos del secretario en el sector de las telecomunicaciones y se allegó de grabaciones sobre presuntas irregularidades de Téllez, que intentó entregarle al Presidente durante una reunión en Los Pinos. En esa reunión la interceptó el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, e impidió que se las diera a Calderón, porque al provenir de un origen desconocido, podría hacerlo accesorio de un delito.

Esa fue la última vez que le permitió el Presidente atacar a Téllez y la cesó. Téllez y la Secretaría de Comunicaciones presentaron una denuncia en la PGR para determinar quiénes eran los responsables del espionaje telefónico, cuyas sospechas recaían sobre ella, quien fue finalmente exonerada. Aunque negó ser la autora de la difusión de las grabaciones, en vísperas de entregarlas a la prensa, su entonces esposo le dijo que lo pensara dos veces, que no actuara con tanta víscera, y que se tranquilizara. Ella dijo que no, que actuaría de inmediato y que se vengaría de Téllez. Al final, con un escándalo creciente porque en las grabaciones se oían acusaciones muy serias contra personajes públicos, Téllez presentó su renuncia. Carpinteyro logró su cometido pero tampoco sobrevivió en el Gobierno. Se fue a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, enemigo de Calderón, y al que nunca reconoció como Presidente, donde en pago a sus servicios, la hicieron diputada federal, y su experta en el campo de las telecomunicaciones. Por eso, precisamente, la llamada con el ex ejecutivo de Telefónica es tan fundamental.

No porque quiera iniciar un negocio, sino porque planeó iniciarlo —inclusive pidió una cita con un empresario, aparentemente Carlos Peralta, uno de los más cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto, para que les proporcionara capital semilla— mientras diseñaba y aprobaba leyes para este tipo de empresa. Es decir, se puede alegar, legislaba para resolver su futuro. Es muy probable que entre quienes ha lastimado se encuentre el autor intelectual de la grabación, pero bajo la lógica política del utilitarismo y el bien mayor, la diputada, entre su ambición, ingenuidad —hay que oír con detenimiento su conversación— y deshonestidad flagrante, su respetada voz como experta la tiró ella misma, en sólo ocho minutos que dura su conversación, a la basura.

Raymundo Riva Palacio
JUN 26