Iguala, microcosmos nacional Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

En sólo tres días, Iguala se presentó como el microcosmos del México real. La Policía Municipal resolvió a tiros la toma de camiones por parte de normalistas y mató a tres estudiantes, una ama de casa, un chofer y un futbolista del equipo “Avispones” de Chilpancingo, de Tercera División. La Policía Municipal actuó junto con civiles armados que, según las primeras investigaciones federales, pertenecen a la banda criminal “Guerreros Unidos”. Iguala es una expresión de anarquía, debilidad institucional y, finalmente, ausencia de Gobierno. ¿Cómo es esto posible a 190 kilómetros de la Ciudad de México, el corazón político, económico, policial y militar de la nación?

La pregunta debe hacerse directamente al presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, financiero y protegido del gobernador Ángel Heladio Aguirre, quien de acuerdo con las autoridades, ha permitido que en la descomposición de Iguala tomen el poder las bandas criminales. Las autoridades federales están investigando sus posibles vínculos con “Guerreros Unidos”, surgido en 2011 de la diáspora del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que opera en Guerrero, Morelos y disputa el Estado de México con La Familia Michoacana.

Abarca Velázquez, recuerdan los igualtecos, vendía sombreros en el mercado, de donde pasó a joyero y más adelante propietario de comercios. ¿Cómo obtuvo todo lo que tiene? ¿De dónde salieron los recursos que inyectó a la campaña para gobernador de Aguirre? Los investigadores federales quieren saber si Abarca Velázquez es parte orgánica de la delincuencia organizada, o es víctima del fenómeno que azota a presidentes municipales en todo el país. La conclusión de esas investigaciones será determinante también para el gobernador, que le ha servido como paraguas de protección.

Las autoridades federales hace tiempo que perdieron la confianza en Aguirre. No confían en su gestión política, ni en su capacidad administrativa. Iguala lo colocó una vez más en el límite de la paciencia, y con formas cada vez menos sutiles sobre la ocupación de un poder que él no ejerce.

Desde el sábado pasado, el Ejército tomó la seguridad pública en Iguala, y forzó a que la Procuraduría estatal llamara a declarar a los 280 policías municipales de Iguala para esclarecer los sucesos del viernes. Como resultado de las primeras averiguaciones, 22 fueron encontrados presuntos responsables del asesinato múltiple, que rompió el frágil equilibrio social que se vive en el Estado.

“La maldad intrínseca, pura y manifiesta con que policías de esa ciudad abatieron a balazos a tres estudiantes normalistas la noche del viernes junto a otras tres personas, refleja la profundidad que ha alcanzado en… Guerrero la pudrición que carcome por dentro el orden institucional y la vida pública”, escribió este lunes en su habitual columna el reconocido periodista y escritor, subdirector del periódico El Sur, Tomás Tenorio Galindo, “porque no fue un salvajismo fortuito, inesperado o accidental el que cobró tantas vidas inocentes, sino un acto de barbarie deliberado, ordenado y ejecutado a conciencia por individuos y policías sin alma”.

Lamentablemente para todos, no es un tema que se circunscribe al ámbito de lo moral. La putrefacción institucional, que señala Galindo, afecta la vida pública en Iguala y dibuja el país que todos vivimos. ¿Policías municipales en operaciones de represión acompañados de sicarios del narcotráfico? ¿En que mundo vive el alcalde Abarca Velázquez? ¿En cuál el gobernador Aguirre? Habitan el mundo que se les permite y tolera.

Hace tiempo hay un cáncer en Guerrero. Uno de los secretarios de Estado más cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto admite que, peor que Michoacán en sus momentos más álgidos y violentos, es Guerrero. Pobreza, marginación y una larga historia de violencia, son acompañadas por la beligerancia de sus líderes y organizaciones sociales, el activismo de la Iglesia y los maestros, el radicalismo ideológico de sus guerrillas, y la impunidad con la que se maneja el narcotráfico. La mezcla es tóxica cuando no hay Gobierno ni autoridades intermedias, o estas, hipotéticamente hablando, son parte consciente del desgobierno. Iguala, es el botón de muestra.

Galindo lo dibujó en El Sur: “Es imposible que una operación policiaca de esas proporciones haya sido emprendida por la exclusiva iniciativa de los policías municipales, sin que mediara una orden de sus superiores, y es obvio que tal orden llegó al ámbito municipal desde el Gobierno del Estado… El hecho de que la Policía de Iguala se encuentre oficialmente dentro del esquema de Mando Único, por lo cual el Gobierno del Estado asume el control de las corporaciones municipales, obliga a preguntar quién en Chilpancingo dio las órdenes a la Policía de Iguala… en qué consistieron esas órdenes, y quién las recibió e impartió en Iguala. Alguien finalmente ordenó disparar a los estudiantes. ¿Quién fue?”.

De acuerdo con los testimonios, la decisión de la Policía fue unilateral: disparen a matar. No sólo para ellos, sino también para los sicarios de “Guerreros Unidos”, que este viernes trabajaron para el Gobierno municipal. A la pregunta de quién fue el responsable intelectual de la orden, sigue la explicación que tiene que dar el alcalde del porqué autorizar una acción letal y porqué un grupo delincuencial trabaja con la Policía. Aguirre no está al margen de estos hechos. Deslindar responsabilidades no basta. Tiene que explicar cómo fue posible que Iguala emergiera como un narco municipio ante su mirada pasiva y protectora de quien, piensan las autoridades federales, es el arquitecto de su desgracia.
 

Raymundo Riva Palacio
SEP 30

Tlatlaya: ¿Nos sorprende realmente? Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Semanas de opiniones encontradas sobre lo que sucedió en un enfrentamiento el 30 de junio pasado en Tlatlaya, un municipio en Tierra Caliente en el Estado de México donde murieron 23 personas al enfrentar al Ejército, fueron sepultadas por varias fotografías difundidas por la agencia mexiquense MTV, donde se aprecia que varias de las personas abatidas por la tropa están en posiciones que no parecen mostrar el final de un choque armado, sino de una escena pensada con fines de propaganda. La versión que eran miembros de la delincuencia organizada que cayeron en una acción de guerra, está en entredicho.

Las fotografías dieron carta de legitimidad a dos testimonios que señalan que 22 de esas personas fueron asesinadas tras rendirse. Los testimonios movilizaron a activistas de derechos humanos en Estados Unidos, y provocaron una declaración del Departamento de Estado. Preguntas al Presidente Enrique Peña Nieto en Nueva York sobre el tema cambiaron el metabolismo gubernamental. La reacción inmediata: un oficial y siete soldados del Batallón 102 de Infantería, que opera en Tierra Caliente, fueron puestos a disposición de la justicia militar el jueves, que investigará los hechos.

Se agradece el fin del cinismo del Ejecutivo. El Presidente Peña Nieto no quiere ser acusado de violación de derechos humanos como su antecesor Felipe Calderón. El secretario de la Defensa, general Roberto Cienfuegos, tampoco, a decir por su posición que es prioridad del Ejército proteger a la población. Cuando menos hasta este momento, la retórica es positiva. Pero sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas, ¿alguien que recuerde qué hicieron durante los años de guerra contra el narcotráfico se puede decir sorprendido?

En el sexenio pasado hubo excesos que nunca fueron debatidos, menos aún castigados. Dos de las operaciones de mayor impacto en la guerra contra el narcotráfico fueron las realizadas por comandos de elite de la Marina contra Arturo Beltrán Leyva, y Ezequiel Cárdenas Guillén, líderes de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y del Golfo, que dejaron la duda si el fin era realmente ejecutarlos. Beltrán Leyva quedó tendido en un pasillo con disparos en la cabeza a corta distancia —en un punto donde no hubo fuego cruzado—, mientras que la bodega en la que se escondía Cárdenas Guillén, fue demolida con fusiles de asalto y granadas.

Hay testimonios de acciones militares contra presuntos narcotraficantes a quienes después de acosarlos por aire los ejecutaron en tierra. Hubo operaciones —sobretodo de marinos—, con la lógica explícita de no tomar prisioneros. Hay imágenes en periódicos y televisoras de sicarios detenidos por militares que aparecieron muertos días después. Si en una de las reuniones del gabinete de seguridad de mitad del sexenio de Calderón, uno de los secretarios sugirió aniquilar a todos los jefes del narcotráfico, ¿de qué nos sorprendemos?

Tlatlaya es un recordatorio de lo mucho que aún no sabemos de la operación y los controles que hay dentro de las Fuerzas Armadas. De esto no pueden ser ajenos en conocimiento el general Cienfuegos, que fue oficial mayor en la Secretaría de la Defensa en la última parte de la administración pasada, y menos aún el almirante Vidal Soberón, secretario de la Marina, que fue secretario particular del anterior titular. No se puede caracterizar como una política de Estado esas acciones extrajudiciales, pero se avalaron.

¿Fue la operación en Tlatlaya resultado de esa inercia extrajudicial? Se puede alegar que el Batallón 102 se comportó sobre las líneas generales de los últimos años, y no es el primer caso en donde se involucra en acciones que rozan los linderos de la ilegalidad. Pero hay un vaso comunicante en esas acciones que inquieta y no puede dejar de considerarse. Ese vínculo es Arcelia, Guerrero.

Arcelia es uno de los principales focos criminales en Tierra Caliente, y parte de la zona de operación del Batallón 102. En diciembre pasado, al atravesarse con varios automóviles en un camino rural, sus soldados dispararon por razones poco claras sobre el grupo y mataron a cuatro, incluidos dos funcionarios municipales. De Arcelia salieron las bandas de secuestradores que recientemente asolaron Valle de Bravo, y sobre las que hay un operativo para capturarlos. De Arcelia era un número aún no precisado de personas que murieron en el enfrentamiento del 30 de junio pasado.

Tlatlaya parece una extensión de las operaciones en curso en Arcelia. Ayudaría a explicar lo que sucedió en el estado de México, pero nunca como se procedió. Es la historia de nunca acabar. Las autoridades militares tienen detenidos a los militares por violaciones a los procedimientos, pero todavía no empiezan a investigar si también a los derechos humanos. El caso está abierto y con gran atención pública.

Lo que hizo el Batallón 102 no es algo que no se hubiera dado antes, cuando el exterminio de un jefe criminal y toda su familia era mensaje de escarmiento. Los tiempos han cambiado. Ahora no hubo margen de tolerancia, ni aval. Pudo no ser una acción con las que estén ideológicamente comprometidos los militares, pero la realidad los pone en un derrotero diferente. Los militares quedaron exhibidos ante la opinión pública en México y el mundo. Ante ellos, se convirtieron en la gangrena de un Estado que tiene prisa por impedir que le corra por el cuerpo. Este Gobierno no podía permitírselo. Obligado o no, tuvo que actuar en consecuencia.
 

Raymundo Riva Palacio
SEP 29

Asesinato misterioso Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Gabriel Gómez Michel, el diputado secuestrado y asesinado en menos de ocho horas, nunca pensó que las personas que lo interceptaron en un semáforo a media tarde en el municipio de Tlaquepaque lo iban a ejecutar. ¿De dónde sale esta conjetura si él está muerto y sus asesinos libres? De las imágenes que las propias autoridades de Jalisco han difundido sobre el momento del secuestro y de la versión oficial de su captura. Gómez Michel, se puede afirmar, no habría muerto si hubiera desconocido a sus agresores, porque —dato clave— les abrió la puerta de su camioneta blindada, con lo que inició la última tarde de su vida.

El diputado, como era su rutina, iba rumbo al aeropuerto de Guadalajara el lunes por la tarde para viajar a la Ciudad de México. ¿Lo secuestraron realmente? ¿Sabía que la persona que se aproximó a la ventana de su camioneta moviendo las manos y aparentemente gritándole, estaba realizando una acción violenta en su contra? Estas imágenes son parte del video de una de las cámaras de seguridad que registraron ese episodio, que inevitablemente provocan el misterio.

Si la camioneta en la que viajaban Gómez Michel y su asistente Heriberto Núñez, estaba blindada, ¿por qué no permanecieron en ella o buscaron huir? ¿por qué no pidieron ayuda a las autoridades? Las imágenes no muestran armas a las dos personas que se acercaron a camioneta con armas de alto poder, pero el diputado abrió la puerta. Es un asunto de sentido común. Si no conoce a la persona que le grita de manera violenta, ¿le abre la puerta? Si esa persona está armada, ¿se entrega a ella sin buscar escapar? Si la camioneta en la que viaja está blindada, ¿elimina esa protección al abrir la portezuela?

Las inconsistencias en la información abonan a las conjeturas. Según el fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera, esa primera acción se registró momentos antes que a las 17:11 horas de la tarde la Policía de Tlaquepaque empezara a recibir reportes por la línea de emergencia 066 de que habían interceptado a una camioneta de color azul y privado de la libertad a sus ocupantes.

Veintidós minutos después, a las 5:33 de la tarde, dijo, se trasladó un comandante de la Policía municipal de Tlaquepaque a la ubicación señalada al 066, y reportó que el lugar se encontraba “sin novedad”. ¿Qué esperaba? La reacción a llamadas de emergencia es de siete minutos; el comandante tardó tres veces más en llegar. ¿Por qué tardó tanto en llegar? Esos minutos fueron probablemente la diferencia entre la vida y la muerte del diputado.

Nájera añadió que a las seis de la tarde, “se detectó” que en el punto registrado en las llamadas al 066, “varios” vehículos abordaron y privaron de su libertad a las dos personas que viajaban en la camioneta azul, pero nunca concilió la discrepancia de 27 minutos entre los dos momentos del secuestro. Cinco minutos después, añadió, se emitió un reporte a todas las corporaciones con los datos de la camioneta y sus dos ocupantes, con el fin de la localización. Es decir, 32 minutos después de las primeras llamadas a emergencia.

Con ese tiempo de ventaja, el comando de seis vehículos se escapó sin problema. Con ellos se llevaron la camioneta del diputado, en donde encontraron los cuerpos calcinados a más de 160 kilómetros de distancia, en Zacatecas. Nájera dice que el monitoreo de las cámaras se realizó unos 40 minutos después de las primeras llamadas. Pero no explicó porqué tampoco fueron capaces de alertar a las autoridades zacatecanas que iban para su estado. Los criminales nunca se escondieron ni cambiaron de vehículos. Huyeron en las narices de los policías, o estos voltearon para otro lado cuando pasaban los atacantes ante las cámaras.

La acción en contra del diputado y su asistente está bañada en impunidad. Una acción violenta a media tarde, en una avenida llena de cámaras de seguridad. Un grupo de personas que no se ocultó y que actuó en comando, con lo cual nunca pudieron pasar desapercibidos. Ninguno de los atacantes se cubrió la cara para evitar ser identificado. La Policía de Tlaquepaque no actuó con la prontitud que marcan los estándares, mientras que se llenó la boca de inconsistencias y lagunas de información que abren campo a la sospecha de encubrimiento.

Si la actividad de las autoridades estatales y municipales está llena de dudas, también lo es el comportamiento del diputado y la forma como voluntariamente se entregó a quienes lo interceptaron. Todo este episodio huele a podrido. Las autoridades de Jalisco, por como empezaron el tratamiento de este asesinato misterioso, no iban a resolver nada. La PGR atrajo la investigación.

Con la información pública que se tiene y el análisis inicial del comportamiento de los actores, todo el cuadro es de delincuencia organizada. Víctimas que no se pensaran víctimas, presuntamente vinculadas con las personas que los secuestraron, y policías que tardaron en hacer su trabajo, con lo que regalaron minutos para la huida. Es decir, lo que se tiene en este momento inculpa a muchas autoridades y presenta la hipótesis de dinero del narcotráfico en San Lázaro. Demasiado fuerte para que no haya una investigación federal seria. La duda es si el resultado real de una averiguación de este tipo sería dada a conocer, pese a las fibras que toque. Al final, como tantas otras veces, lo que predomina hoy es la incertidumbre.

Raymundo Riva Palacio
SEP 26

Narcoperiodistas (II) Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

En febrero de 1978, Roberto Martínez Montenegro, que escribía la columna “Escaramuzas” para el periódico El Noroeste, y era corresponsal de Excélsior en Culiacán, fue asesinado a balazos. El reportero Francisco Arizmendi, en aquél  entonces ayudante de Martínez Montenegro, narró a Carlos Moncada cuando preparaba su libro "Periodistas Asesinados" —publicado en 1991—, el entorno de violencia que vivían en aquella época, donde los periodistas tenían que andar armados. Según Arizmendi, siempre creyó que Martínez Montenegro estaba en convivencia con policías judiciales que trabajaban para el narcotráfico. Fue el primer periodista que se tenga registrado, asesinado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Mucha sangre ha corrido en México desde entonces. Periodistas acribillados por lo que sabían o quizás pensaban publicar, como Manuel Buendía en 1984, el columnista político más importante en los últimos 50 años, asesinado a la hora del crepúsculo para mostrar fuerza e inyectar terror a sus colegas, o quienes sólo el destino impidió que murieran en un ataque salvaje, como Jesús Blancornelas, en 1997, cuyo chofer lo protegió de más de 100 disparos con AK-47. La prensa fue acallada en el primer quinquenio de este siglo por las balas del narcotráfico, mientras que comenzaba la lista de periodistas muertos, algunos de ellos, por haber tomado partido por uno de los cárteles hace tiempo en conflicto.

Un video difundido este lunes por Carmen Aristegui en su noticiero de radio en MVS Noticias, dibuja claramente por primera vez lo que ha sido una percepción acicalada, ante la falta de confirmación, sobre el papel que por años han jugado varios periodistas en la guerra del narcotráfico, donde no sirven a sus empresas, ni a su profesión, ni a la sociedad, sino que están al servicio de los criminales.

Sin prejuzgar a nadie, en el video aparecen Eliseo Caballero, ex corresponsal de Televisa en Michoacán, y José Luis Díaz Pérez, dueño de la agencia Esquema, en diálogo abierto con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, jefe de Los Caballeros Templarios. Ambos negaron tener vínculos con él, y explicaron que acudieron a su encuentro porque no había manera de decir que no. Pidieron y recibieron dinero, pero los dos dijeron que el video estaba editado. Caballero le dio consejos sobre cómo manejar a la prensa, pero aseguró que no tenía opción. Los periodistas nunca dieron cuenta de esa reunión a las autoridades. Si no por comisión, cuando menos por omisión han resultado irreversiblemente afectados.

Los periodistas tiene el derecho a defenderse, y la PGR debe demostrar si son responsables de asociación delictuosa, o deslindarlos si se prueba que actuaron bajo coerción. Si fuera este el caso, no sería algo inédito en los medios mexicanos. Periodistas de medios influyentes trabajaron como jefes de prensa de criminales, como Amado Carrillo, el asesinado jefe del cártel de Juárez, y llegaron a jugar el papel de intermediarios o mensajeros de la muerte. Es parte de una larga historia del narcoperiodismo en México, que ha tenido sus momentos de clímax y oscurantismo.

En 1993, el entonces procurador general Jorge Carpizo, reveló los  avances de tres de seis averiguaciones previas de periodistas presuntamente vinculados con el narcotráfico. Entre ellas se encontraba la de un intelectual muy cercano al ex presidente Luis Echeverría, que llevó alrededor de 250 mil dólares de la época envueltos en una bolsa de papel al periódico La Jornada, como una aportación para que instalara su planta de impresión en Guadalajara. El entonces director del diario, Carlos Payán, rechazó el ofrecimiento. El caso global se llamó genéricamente “los narcoperiodistas”, y la presión de los medios hizo recular al Gobierno de Carlos Salinas.

En aquellos tiempos, narcotráfico y periodistas doblegaron al Gobierno. En los tres siguientes sexenios, nadie se metió con la prensa, salvo los cárteles de las drogas. A quienes no compraron, intimidaron. A quien los enfrentó sin miedo, los mataron. Un ejemplo fue Miguel Ángel Villagómez Valle, dueño del periódico La Noticia de Michoacán, el más importante en la región de Lázaro Cárdenas, al sur del Estado, asesinado en 2008. Lo que hace muy distinto el caso de Villagómez Valle de muchos otros, es que hay evidencias de que quienes lo entregaron a la entonces vigente Familia Michoacana fueron colegas de otros medios, molestos e inconformes por su integridad. No ha sido el único que por recto, sufre. Amenazas directas de periodistas vinculados a los cárteles han sido vertidas contra quienes investigan ataques a la prensa en Michoacán, o los que no han querido participar de las actividades delictivas.

La historia del narcoperiodismo en México es muy larga y abundante en información sobre actos de honestidad o de corrupción, complicidades y servilismo. Dinero y poder ha sido el nombre de este juego que hace casi dos décadas Carpizo quiso acabar y no pudo. Una generación después hay nuevos intentos de hacerlo en el microcosmos que significa Michoacán, donde están trazados todos los momentos de este fenómeno, que empezó con amenazas, siguió con colusión, asesinatos, subordinación y, hoy en día, con la participación directa de periodistas con criminales, donde ya no son parte del problema, sino el problema mismo.

Raymundo Riva Palacio
SEP 25

Narcoperiodistas (I) Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La difusión en el programa de radio de Carmen Aristegui en MVS de un video donde dos periodistas michoacanos dialogan con Servando Gómez Martínez, esconde mucho más de lo que muestra. Algunos periodistas, sobretodo ligados a Televisa, cuyo corresponsal era uno de los protagonistas del video, fustigaron a la mensajera —la conductora—, y muchos otros señalaron que Gómez Martínez, el jefe de Los Caballeros Templarios a quien apodan “La Tuta”, fue el remitente de ese documento video grabado. Afirmación rápida y contundente. Sin embargo, esta lógica no tiene lógica.

Esta racional sugiere que Gómez Martínez, quien según las autoridades federales vive en las cavernas michoacanas a salto de mata, se dio tiempo para seleccionar un nuevo video, editarlo —según afirman los periodistas involucrados—, enviarlo a la conductora como un gesto para darle herramientas en su lucha contra Televisa —abierta e inscrita en la guerra de las telecomunicaciones—, monitorear cuándo lo difundía y todavía, impaciente porque pasaban días, enviarle un nuevo mensaje para preguntar porqué no lo había hecho, y advertirle que no quería enviárselo a un competidor.

Si esa ruta es cierta, “La Tuta”, el criminal más buscado en México, tiene una enorme capacidad operativa. Significaría que revisó en su videoteca qué sector no había sido tocado por su índice de fuego, y decidió sacrificar a dos de los suyos, uno de los cuales le hablaba con tanta familiaridad, que le daba recomendaciones para superar la campaña de información y propaganda que habían desarrollado los grupos de autodefensa civil. No hay razón clara del porqué ''entregarlos''.

No se sabe la fecha del video, pero se puede establecer que fue después de la entrevista que dio al Channel 4 de la televisión británica —cuyo enviado quedó embelesado con “La Tuta”—, y antes de una más a Mundo Fox. Lo que es público es que ni “La Tuta” ni sus colegas criminales necesitaban asesoría para manejar medios. El cártel michoacano tejió durante casi una década una red de relaciones y complicidades con periodistas en el Estado, a quienes manipulaban, cooptaban o amenazaban.

Durante el Gobierno de Felipe Calderón, el Cisen elaboró un informe donde mostraba que prácticamente todos los corresponsales de medios nacionales en Michoacán tenían relación con La Familia Michoacana. Nunca se hizo nada para enfrentarlo. Se optó por una estrategia discreta, de solapamiento, e inclusive de protección.

Por ejemplo, el corresponsal de un medio crítico del Gobierno fue enviado al extranjero por su empresa, cuando supieron que iban a matarlo. No era por su trabajo, sino porque, le dijo un funcionario federal a su director, era el jefe de prensa de La Familia Michoacana, bajo las órdenes de Dionisio Loya Plancarte, “El Tío” —detenido en enero pasado—, ingeniero de las redes de corrupción del cártel y de las relaciones con la prensa. Otro corresponsal de un medio también influyente que acompañaba a la Policía Federal en operativos fue congelado al  descubrirse que era informante del cártel. Pese a que informaron a sus superiores, no lo despidieron ni lo trasladaron a otra plaza.

¿Por qué razón no hicieron nada el Gobierno o los medios? Es un gran misterio. La relación con los medios la manejaba orgánicamente La Familia Michoacana, aunque “La Tuta”, el menos circunspecto de todos los narcotraficantes, tenía una proclividad superlativa por los medios. Cuando se intensificó su persecución, habló a la televisora del Grupo Milenio en León, y la utilizó como megáfono de sus mensajes al Gobierno. Le abrieron el micrófono y lo trataron en forma acrítica. Sus colegas de empresa elogiaron al conductor por la “exclusiva”, que no fue tal. “La Tuta” los escogió y ellos se dejaron. Cuando enfrentó nuevos acosos, pidió a su lugarteniente por teléfono que buscaran “con sus amigos de Milenio” para que lo entrevistaran. Ya no sucedió. Cuando los directivos de Milenio escucharon la grabación en poder del Gobierno federal, entendieron que no  estaban haciendo información, sino prestándose a la propaganda criminal.

Si se revisa la nueva conversación del ex corresponsal de Televisa  —lo despidieron a las horas de difundirse el video—, y se conocen los antecedentes del cártel michoacano con los medios, queda claro que las recomendaciones resultan anacrónicas. La difusión del video no aporta nada a la mecánica de operación del cártel, pero pone en evidencia a un sector que aún en los tiempos más álgidos de la guerra calderonista contra el narcotráfico vivió en la impunidad.

Si los dos periodistas en el video son o no responsables de colusión con “La Tuta”, corresponderá a las autoridades aclararlo. Lo que queda de este video es que un sector intocable hasta esta semana, pero fundamental porque es el que ayuda a moldear a la opinión pública, perdió su blindaje político.

Antes lo perdieron funcionarios y empresarios, gobernantes y policías. Ahora tocó el turno de los medios en Michoacán, dentro de la lógica, cada vez más documentada, de la reconstrucción del tejido social en el Estado mediante la guerra sucia más sucia, por abierta y descarada, que se ha vivido en México. El chivo expiatorio es “La Tuta”, que está en constante fuga y no puede quejarse de que la videoteca que construyó dejó de ser administrada por él hace un buen tiempo, y desde que hace más de seis meses cayó en poder de las autoridades federales. ¿Los periodistas? Son desechables, y nadie lo duda hoy en día.

Raymundo Riva Palacio
SEP 24

La amenaza anarquista Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La ultraderecha y el conservadorismo rancio en Estados Unidos piensan que México es una amenaza para su territorio porque alberga a los guerreros de la guerra santa –la Yihad–  musulmana. Su posición parece derivada de la paranoia y sus fines ideológico y políticos. Lo que no saben es que México sí enfrenta una amenaza que no ha podido detener durante varios años. Son los anarquistas que responden a una organización internacional que han elevado la calidad de su violencia. De ser anti-sistémicos, disruptivos y generadores de violencia material, han pasado a una nueva estrategia para infringir daños físicos y muerte.

Los anarquistas son vistos de manera superficial por muchos en México, que los observan cuando irrumpen en protestas sociales, a las que se suman de manera autónoma y aprovechan la coyuntura para sus propósitos. Fuera de eso, se les olvida y se les recuerda únicamente como “vándalos”. Pero los vándalos son descritos por su actuar con violencia y espíritu destructor, que no responden a los objetivos anarquistas, definidos en el Siglo XIX por Pierre Joseph Proudhon, quien afirmó que ellos buscan un orden en el cual no exista el Estado, ni un gobierno, porque no representa a la gente, sino que la gente se represente a sí misma.

Tan distraídos están los mexicanos con otros temas, que tratan a los anarquistas como un fenómeno de coyuntura, que pasó desapercibido que la semana pasada el ministro del Interior chileno, Rodrigo Peñailillo, anunció la detención de tres personas relacionadas con los bombazos en el Metro de Santiago el 8 de septiembre, que dejó 14 heridos. Entre los detenidos se encontraba el presunto autor material del peor atentado en Chile en más de dos décadas. El jueves pasado, la organización anarquista Conspiración de las Células de Fuego, reivindicó como suyos los bombazos.

Antes de que se diera la reivindicación del atentado, la policía chilena tenía como principal hipótesis la autoría intelectual y material de los anarquistas, cuyo antecedente previo fue una serie de 100 ataques terroristas con bombas en Chile entre 2006 y 2010, conocida como “El Caso Bombas”. Esa línea de investigación tuvo una ramificación a México, por una reunión celebrada el año pasado donde los grupos anarquistas decidieron incluir como objetivos a personas, con lo cual elevaron la calidad de su violencia. Lo habían esbozado dos años antes, cuando tras un ataque a policías, se difundió en el portal de las Células de Fuego en abril de 2012, una explicación-manifiesto que decía:

“Camaradas, durante la noche del lunes 23 de abril, incendiamos un camión utilizado para transportar granaderos que reprimen conflictos, bloqueos y manifestaciones. Alrededor de las 11 de la noche le pusimos un dispositivo incendiario a uno de los camiones estacionado justo junto a la prisión juvenil (en la colonia Narvarte)… No atacamos la propiedad de la policía en respuesta a las ‘injusticias’ que cometen, porque no creemos en la justicia, que apoya sus actos represivos.

“Como anarquistas no podemos enmarcar nuestras acciones dentro de demandas que abogan claramente por demandas ciudadanas… Debemos mantenernos alejados de adoptar eslogans ‘revolucionarios’ que perpetúan la existencia de las prisiones, (como) el Estado, y el Capital. Debemos luchar por la destrucción completa de esto y de cualquier otro tipo de prisión de la sociedad… Somos guerreros por la libertad… Guerra social en todos los frentes”.

Sus frases pueden parecer delirantes para muchos, y sin rumbo. Pero no se debe soslayarlos. Son hijos la cadena de colectivos de anarquistas de finales del Siglo XIX que representaban el primer movimiento global anti-sistémico, según escribió Žiga Vodovnik, en su internacionalmente aclamado libro publicado en octubre del año pasado, “Un Espíritu Vivo de Revuelta: La Infrapolítica del Anarquismo”. Hoy, afirmó, no sólo es la corriente más revolucionaria que existe, sino por primera vez en la historia, la única de izquierda—químicamente pura, habría que añadir.

Los anarquistas, por definición, actúan por fuera de las instituciones, y su única interacción es para destruirlas. En México todavía son grupos marginales, pero si se repasara sus primeras erupciones públicas notables, como los actos llamados en ese entonces “vandálicos” durante las marchas de conmemoración de la Matanza de Tlatelolco hace ya unos tres lustros, se podría ver que su afiliación se ha incrementado en la medida en que sus métodos de violencia se han elevado, como el año pasado, cuando en el contexto de las marchas de los maestros, intentaron linchar y quemar a un jefe de la policía de la ciudad de México. Tiene casi dos años que dejaron de colocar explosivos en cajeros de banco, para buscar el ataque directo a las fuerzas de seguridad, que ha sido en forma creciente. ¿Cuándo transitarán, como en Chile, a objetivos civiles?

Esta es la pregunta que se tienen que hacer las autoridades. Los anarquistas en México están ganando terreno al encontrar condiciones sociales y económicas favorables para la revuelta, y no se ve que estas cambien en el corto o mediano plazo ante las perspectivas de crecimiento y desarrollo durante los próximos meses. Con el año electoral de 2016 enfrente, este movimiento social puede galvanizar aún más esas contradicciones y encontrar en políticos anti-sistémicos, una salida pública que legitime su lucha, que hasta hoy, se ha marginado. En las condiciones sociales y objetivas que se encuentra México, no hay que minimizarlos.

Raymundo Riva Palacio
SEP 23

Terrorismo en México Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Los mexicanos no hicieron su trabajo. Punto. Había una infiltración de terroristas de la Yihad que no atendió el Gobierno mexicano. Punto. Si no le creen, pues es su problema. Punto. Pero no será de él. Por estas razones, alega, el gobernador de Texas, Rick Perry, ordenó el desplazamiento de mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México para frenar la inmigración indocumentada, con lo que entró en una indómita polémica con el Presidente Enrique Peña Nieto y la Casa Blanca que rechazan su aseveración, y abrió la puerta a presiones para México el próximo año, durante la campaña presidencial en Estados Unidos.

La Yihad es cosa seria. Bajo la jurisprudencia islámica clásica es la única forma de guerra permitida, y sus combatientes se han convertido en la primera línea de fuego del radicalismo islámico. No hay país con conciencia sobre el fenómeno del terrorismo —México no es uno de ellos—, que no vea a los grupos yihadistas con atención. En Estados Unidos, principal enemigo del terrorismo fundamentalista, hay una creciente preocupación en la sociedad —seis de cada 10 así lo dicen— por la forma como está creciendo en el mundo. Una encuesta del Pew Research Center reveló que los estadounidenses cada vez se inclinan más por la seguridad que por mantener las libertades civiles en las políticas contra el terrorismo.

La regresión democrática en Estados Unidos —sacrificar valores democráticos por sentirse tranquilos— y la tendencia a que se olvide el gobierno de una reforma migratoria y regrese a tratar la inmigración en una forma criminal aumentada, ayuda a entender la posición de Perry. El canciller mexicano José Antonio Meade, lo leyó correctamente. Al responder preguntas de la prensa la semana pasada, sugirió que el gobernador tenía una agenda político-electoral. Perry aspira la candidatura presidencial republicana el próximo año y está preparando el inicio de su campaña en enero. El envío de la Guardia Nacional a la frontera le dio 10 puntos en las encuestas de preferencia electoral y empató con el puntero republicano en la contienda, Jeb Bush, hijo de un ex presidente y hermano de otro.

Pero sería reduccionista ver a Perry como un personaje aislado en estos temas. Es el menos circunspecto, pero forma parte de un bloque poderoso. La afirmación que México se está convirtiendo en un territorio de fácil acceso a los guerreros de la Yihad fue planteado de manera muy elocuente el 29 de agosto pasado en el boletín de Judicial Watch, que es una organización no gubernamental ultra conservadora, financiada por el multimillonario Richard Mellon Scaife —heredero de una fortuna bancaria y petrolera—, que afirmó que terroristas islámicos ya estaban en Ciudad Juárez planeando un ataque con bombas en Estados Unidos. Para dar verosimilitud al reporte, añadió que Fort Bliss, el principal fuerte del Ejército de Estados Unidos en la frontera con México, a unos 20 minutos de El Paso, Texas, había sido puesto en alerta tras conocer esos informes.

No sucedió nada, pero siguió avanzando la onda conservadora de la alerta. Perry la llevó al plano nacional, y su palabra ha sido tan poderosa que las negativas de los gobiernos de Estados Unidos y México, no le han quitado espacio a su voz. No es que el gobernador sea una figura cuyo peso supere al de dos gobiernos. Lo que es tremendamente poderoso es la idea que los terroristas se encuentran en México, algo que dejó de ser una versión de los más salvajes y radicales, para ser un asunto de las salas en las casas estadounidenses. Desde 2012, los medios más conservadores en Estados Unidos han ido construyendo esa historia. Por ejemplo, el David Horowitz Freedom Center, fundado por el ultra conservador David Horowitz, lo más cercano hoy en día al furibundo anticomunista ex senador Joseph McCarthy, socializó dos informaciones de la prensa reaccionaria en Estados Unidos en su revista electrónica FrontPage Mag en mayo de ese año publicadas por el Daily News, el tabloide escandaloso neoyorquino de Rupert Murdoch —tiene la quinta circulación más grande en ese país—, y por The Washington Times, muy cercano a los círculos de inteligencia en la capital federal. Los medios afirmaban —con diferentes fuentes— que Hezbolá, el partido político palestino considerado como grupo terrorista por Washington, operaba en Tijuana y con la ayuda del dinero de Irán, había establecido una relación con los cárteles de la droga mexicanos para el tráfico humano.

La infiltración de terroristas en México que alega Perry pues ser falsa, pero lo que es una realidad es la incubación de esa idea en el electorado estadounidense. Este es el tema por el que el Gobierno de México debe estar alerta. Perry está leyendo encuestas como la del Pew Center, donde la mano dura y medidas criminales en términos de seguridad, están por encima de cualquier enfoque humanitario al tema de la inmigración.

Las medidas extremas están teniendo una creciente clientela electoral en una parte de los votantes. Perry pudo haberse adelantado a lo que vienen en las campañas, y dibujar que México, una vez más como país institucionalmente débil, policías corruptas e incapaz en términos de garantizar seguridad interna y bilateral, será uno de los caballos de batalla de los candidatos presidenciales que buscarán la Casa Blanca en 2016.

 

Raymundo Riva Palacio
SEP 22

¿Regreso al autoritarismo? Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

En el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto quieren hacer tantas cosas bien, que a veces les salen mal. Y en algunos casos tan rápido, que ni siquiera caen en cuenta de ello. Éste es el caso de unas directivas que envió a los más altos niveles gubernamentales la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, sobre la utilización de un lenguaje incluyente en todas las comunicaciones oficiales del principal programa social presidencial, para evitar un trato discriminatorio y ofensivo. Pero al desarrollarlo en el manual de estrategias, lo que resultó fue paradójicamente discriminatorio, ofensivo y, además, escandaloso.

El lenguaje incluyente es una fase superior al tratamiento políticamente correcto que incorporó el ex presidente Vicente Fox al discurso público. No es una mera evolución del manejo del lenguaje para hacerlo menos discriminatorio, sino que tiene un componente político importante, como lo describe el mismo manual cuando recuerda que al definir en masculino los derechos ciudadanos en la Constitución de 1917, aplazó 36 años la incorporación de la mujer como ciudadana con derechos plenos, que incluye el voto.

De acuerdo con el manual, el uso del lenguaje incluyente deja de lado las expresiones que excluyen a ciertas personas o a ciertos grupos de personas, así como también evita el empleo de términos que resultan reproductores de los estereotipos. De esta forma, por ejemplo, los servidores públicos deben ser llamados gente al servicio de la Administración Pública, o una reunión de padres de familia es una reunión de las madres y los padres de familia. No habrá “los lectores”, que se transformarán en “quienes leen” o “usted que lee”, como tampoco “los demás”, que serán “otras personas” o “el resto de la gente”. Ya no existirá el “nosotros” pensamos o consideramos, sino llanamente pensamos o consideramos. Niños serán infancia o niñez, y “los mexicanos” el pueblo mexicano. Amigos se transformará en amistades, y un saludo como “hola a todos”, deberá ser buenos días, tardes o noches “tengan ustedes”.

“El uso discriminatorio del lenguaje limita y fragmenta a la sociedad”, señala el manual. “No hay desarrollo humano posible a través de un lenguaje excluyente. El uso correcto del lenguaje en la comunicación cotidiana impacta de forma positiva en la cultura, evitando los estigmas, prejuicios y su correspondiente discriminación, a fin de eliminar cualquier rasgo despectivo en el uso del lenguaje”.

Este manual no es un capricho o una ocurrencia —el otro Gobierno en México que lo tiene establecido es el del Distrito Federal— y es lo que llaman en naciones avanzadas “lenguaje neutral”, que es una forma de prescriptivismo lingüístico cuyo objetivo es eliminar las referencias de género. Una fórmula simple para encontrar ese lenguaje neutral es que todo aquello que no tenga acepción femenina, es aceptable.

Tarde, pero los gobiernos en México están llegando a esta cita con un lenguaje que no agreda ni aliene a nadie. Por eso, el “Manual para el uso del Lenguaje Incluyente en Textos y Comunicados Oficiales para la Cruzada Nacional contra el Hambre” —un nombre más corto se habría agradecido—, es sorprendente en su página 17 (de un total de 26), que se refiere a las estrategias para evitar la ofensa y la discriminación. Un cuadro en esa página establece qué sí y qué no decir. Por ejemplo, no puede decir ningún funcionario “los desviados”, sino “personas con una orientación o preferencia sexual diferente a la heterosexual”, ni “las vestidas”, que son “personas transgénero, transexual o travesti”. Tampoco pueden decir “los sidosos”, sino “personas que viven con VIH” o “personas VIH positivas o seropositivas”. Como dice el manual, “las palabras sí importan”, por lo que es de enorme relevancia la mecánica de la mente de quien redactó el manual y de aquellos que lo revisaron y corrigieron. ¿Quién tiene en su vocabulario una descripción como “los desviados”, o “las vestidas”? ¿Qué contexto sociocultural se necesita para tener expresiones tan agresivas? El lenguaje resulta en este caso en la proyección de un conjunto de valores que contradicen el espíritu del esfuerzo en el manual.

La debilidad que muestra ese capítulo sugiere que no hay un convencimiento ideológico de que este camino, recorrido hace más de 20 años por otros países, tiene que ser el correcto y debe consolidarse. Hay una intención clara en este Gobierno por hacer cosas que trasciendan al sexenio y dejen una huella, en este caso, en educación y cultura política. Pero la estructura de la mente abre la posibilidad de que sea algo meramente coyuntural y obligado por una Presidencia en busca de lo correcto.

Llegar por la vía de la imposición a nuevos códigos de lenguaje, es un avance artificial, al tiempo que la falta de una claridad sólida sobre lo que se desea puede llevar a regresiones culturales importantes, y a consecuencias políticas considerables, al traducirse en patrones de comportamiento. En Estados Unidos, ser políticamente correcto impuso socialmente la uniformidad del pensamiento y el comportamiento, que llevó a una regresión cultural y política en la sociedad, que se tradujo en lineamientos verticales y totalitarios. Era totalmente contrario a lo que aspiraban, e impidió precisamente el aprendizaje social y cultural que se buscaba. No queremos que eso suceda en México, donde aspirar a una mejor sociedad por la vía del panfleto y la imposición, puede encaminarnos a una nueva estructura lineal, autoritaria y antidemocrática. ¿Eso queremos? Claro que no.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Raymundo Riva Palacio
SEP 20

Los fantasmas en el clóset Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La cultura mexicana sobre el tema del conflicto de interés, es de opereta. Se enarbola como instrumento de golpeteo político en los momentos donde los grupos de interés miden sus fuerzas, y se guarda cuando la confrontación se deja atrás. Se argumenta con sofismas, donde para algunos ilegal es igual que ilegítimo, y para otros que sostienen que al no haber nada ilegal, tampoco es ilegítimo. Los dos casos son equívocos y contribuyen por igual a la opacidad con la que se desarrolla la sociedad política mexicana. De paso, impiden que se construyan mecanismos para reducir los márgenes de conflicto de interés en servidores públicos que beneficien a actores y audiencias por igual.

La semana pasada sucedieron dos eventos que muestran lo ramplón de la cultura política en México. El coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Stabros, renunció ante la presión pública que lo señalaba de incurrir en un conflicto de interés al ser funcionario federal y al mismo tiempo, consejero de la empresa española de generación de energía Iberdrola. Ramírez Stabros dejó el cargo no en reconocimiento que había incurrido en una falta de ética política —que ha afirmado tajantemente que no existió—, sino porque aferrarse al cargo empezó a tener un costo político para el Presidente.

Con el ruido de esa renuncia, Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y miembro del Consejo de Administración de Sempra, la multinacional que distribuye energía eléctrica, fue designado por el Senado como integrante del comité técnico del nuevo Fondo Mexicano de Petróleo, que garantizará el manejo transparente sobre el uso de los ingresos petroleros. Criticado por sus intereses en una empresa energética, Téllez aseguró que su nombramiento estaba dentro de los márgenes de la ley, por lo que no incurría en falta ética alguna.

Téllez y Ramírez Stabros están mal. No se necesita incurrir en una ilegalidad o aprovechar su puesto para beneficio personal para colocarse en un conflicto de interés. Un conflicto de interés se presenta incluso, ante el potencial que exista del choque del interés público con el particular. En muchos casos es un tema de percepciones que en otros países se ataja para que no se conviertan en realidad o sean motivo de ataques. Por ejemplo, un pre-requisito con el presidente Barack Obama para que el senador John Kerry, casado con la multimillonaria heredera de la corporación Heinz llegara a secretario de Estado, fue que redujeran sus acciones en empresas estadounidenses y extranjeras, y sus activos en Bolsa, para evitar un posible conflicto de interés.

Es un asunto claro: la mejor forma de manejar un conflicto de interés, y evitar ser acusado de ello y lastimar a la institución para la que trabaja, es no tenerlo. Kerry no tiene problemas, pero un colega en ese gobierno, el vicepresidente Joe Biden, ha sido sujeto de crítica a lo largo de los años por estar en los linderos del conflicto de interés. En estos días volvió a ser sujeto de polémica, pues su hijo acaba de ser contratado por una compañía de Ucrania que promueve su independencia energética de Rusia, que es lo que Biden, como emisario de Obama, ha estado trabajando en Ucrania.

En los países políticamente más maduros, quienes asumen una posición pública suelen vender sus acciones o colocarlas en un fideicomiso, retirarse de todos los consejos de administración y dar a conocer todos sus activos. En México, ni siquiera las declaraciones patrimoniales completas son una obligación moral darlas a conocer.

Un conflicto de interés no requiere de un acto ilegal o ilegítimo. Basta que exista la percepción para que se genere la sospecha y la falta de credibilidad.

En el caso de Téllez, una buena decisión por la experiencia del actual presidente de la Bolsa Mexicana, es lastimada por la dualidad de sus funciones. ¿Por qué no renunció al Consejo de Administración de Sempra? ¿Por qué no eliminó todo margen de sospecha? Esa duplicidad de funciones afecta la credibilidad no sólo sobre él, sino sobre el nuevo instrumento financiero de la Reforma Energética. ¿Por qué sucedió el caso Stabros? ¿Cómo pudo haber trabajado para una empresa extranjera durante seis años como legislador, y trabajar en el gobierno que se embarcó en una profunda reforma energética? Las lecciones son públicas y no se quieren tomar en cuenta sus experiencias.

Pero una posibilidad está al alcance de la mano del gobierno: crear un mecanismo dentro de la administración, para que antes que se anuncie un nombramiento, la persona sea examinada en forma escrupulosa para descubrir los fantasmas en el clóset. En efecto, este mecanismo tendría que voltear de cabeza a la persona designada y revisar todo aquello que pueda afectar al gobierno que se desea que sirva. En lo personal, en lo político y en lo financiero, en todo aquello que signifique un potencial riesgo de controversia —la OECD tiene un manual para administrar el conflicto de interés— y escándalo. Se haría discreto, sin lastimar a la persona, en dado caso que tenga pecados insuperables, y sin afectar a quienes serán sus jefes. De esta forma no habrá sorpresas para nadie. Habrá transparencia y dará credibilidad a los asuntos públicos, que una buena falta les hace.

Raymundo Riva Palacio
SEP 17

El manotazo de Peña Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El Presidente Enrique Peña Nieto rompió con la vieja Doctrina Estrada que rige la política exterior mexicana, sin darse cuenta. De la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, pasó a la intervención directa de los asuntos de un Gobierno extranjero. Fue el texano, para el cual no escatimó calificativos al condenar abiertamente que el gobernador Rick Perry haya enviado a la Guardia Nacional a su frontera con México para frenar la inmigración indocumentada. El Presidente cuestionó de esa manera el radicalismo de Perry, que ante la crisis humanitaria por el incremento de niños indocumentados sin acompañantes, optara por la vía criminal. ¿Fue deliberado el cambio de paradigma que planteó el Presidente?

Con toda la información disponible, se puede decir que no, y que ni siquiera forma parte de la estructura mental del Gobierno. La respuesta del Presidente a Perry, en una entrevista reciente, se ubica en el tiempo y el espacio del desplazamiento de los mil soldados de la Guardia Nacional la semana pasada a la frontera con Tamaulipas, y motivó una reacción inmediata de la oficina del gobernador en Austin. Su vocera, Lucy Nashed, dijo que en lugar de cuestionar al gobernador, esperarían un trabajo más cercano para abordar el problema.

El Gobierno mexicano no respondió a la provocación con una nueva declaración del Presidente o de la Cancillería. Fue la cónsul en Austin, Marcela Ojeda, quien comunicó a la oficina del gobernador que ella estaba lista para trabajar con el gobernador en nombre de México. No le regalaron a Perry la interlocución con Peña Nieto, que necesita en estos momentos, a escaso mes y medio que se elija a un nuevo gobernador para que él empiece formalmente su campaña por la candidatura presidencial republicana en enero.

Perry es un político astuto que entiende que cada vez que los republicanos son débiles en discurso y acciones en el tema de la inmigración, pierden adeptos. En 1990 California, los republicanos moderaron sus críticas a la inmigración indocumentada justo en el momento en que crecía la población hispana, por lo que los votantes los castigaron, y los desaparecieron del mapa electoral. En Texas, la población hispana superará en número a los anglosajones en 2020. La dureza del discurso y las acciones de Perry, si se recuerda California, puede ser contraproducente en el largo plazo, pero no en el corto. Tras el anuncio de enviar la Guardia Nacional a la frontera, las encuestas sobre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca lo empataron con el otrora puntero, Jeb Bush.

En ese juego de espejos políticos y electorales está la dialéctica del Presidente Peña Nieto y la reacción de enviar a la cónsul Ojeda como interlocutora del gobernador. Eso resuelve la coyuntura, ciertamente, pero no el trazado que involuntariamente dibujó el Presidente al intervenir en un asunto interno de Texas y de Estados Unidos. Su declaración contradice el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados porque viola la soberanía, planteada por el canciller Genaro Estrada en 1930, que dio origen a la Doctrina Estrada, que ha regido a la política exterior mexicana desde entonces. Su aplicación, empero, ha sido mañosa a través de los tiempos, como cuando el presidente Luis Echeverría se enfrentó al dictador Francisco Franco al cuestionar la ejecución de vascos, o cuando el presidente José López Portillo, firmó con Francia la declaración que le daba beligerancia al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador.

La política exterior mexicana, siempre principista, también ha sido sibilina. No hay crítica o debate sobre de ella porque no es un tema de interés masivo, y las únicas ocasiones donde se da la discusión es cuando se cruzan intereses políticos de las elites. Pero la atadura a la Doctrina Estrada ha llevado a México en los últimos años a no ser considerado un actor que asume sus responsabilidades en el campo de las relaciones exteriores. Por ejemplo, en la discusión sobre un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, México siempre es visto con desdén por su negativa a participar con los Cascos Azules en el mantenimiento de la paz en el mundo. A lo más que ha llegado, por citar tres casos, es el envío de policías a Haití por el terremoto en 2010, zapadores del Ejército a Honduras para tareas de rescate por Mitch, el devastador huracán en 1998, y de cocinas a Nueva Orleans, tras el otro huracán Katrina en 2005.

Si el Presidente Peña Nieto tiene una vocación internacionalista, necesita probar con una política exterior activa que va en serio. Los principios son invaluables, pero tienen que encontrar su nuevo marco de referencia para defender la soberanía mexicana, porque lo que hay ahora es insuficiente. La realidad de un mundo que ya no tiene polos ni centros de gravedad estables, escribió Alejandro Rodiles hace un año en la revista Este País, ya no permiten a México, ni a nadie, situarse estáticamente.

“No podemos ser defensores de un formalismo rígido, basado exclusivamente en los procesos e instituciones establecidos, como lo demanda la diplomacia mexicana tradicional”, apuntó Rodiles. Es absolutamente cierto. Si el Presidente se asomó por la puerta de atrás a esta realidad, es momento para abrir su discusión y permitirse un nuevo legado para México en estos tiempos de globalización. Si no hace, será una oportunidad perdida.
 

Raymundo Riva Palacio
SEP 15
COLUMNISTAS

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