Aguirre y “Los Chuchos”, tocados por el narco Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Si la lectura política a la primera información sobre el móvil y la autoría intelectual de los violentos hechos en Iguala la noche del 26 de septiembre proporcionada por el procurador, Jesús Murillo Karam, es leída entrelíneas, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, y la dirigencia del PRD, en manos de Nueva Izquierda — “Los Chuchos”—, deben estar preocupados. Lo que estableció Murillo Karam como hipótesis implícita, es que al haber apoyado electoralmente al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, respaldaron a quienes establecieron en ese municipio un narco poder público con fuero y blindaje político.

La acusación directa fue contra su esposa, María de los Ángeles Villa Pineda, identificada como la jefa de la plaza de la banda criminal “Guerreros Unidos”, a quienes Aguirre y “Los Chuchos” promovían como próxima presidenta municipal o diputada federal. La implicación de que contribuyeron a fortalecer un Gobierno que orgánicamente era expresión pública de la delincuencia organizada, no cesa si Aguirre se mantiene en el poder o no, o si “Los Chuchos” son o no funcionales para el Gobierno federal. En estos momentos, lo único que importa para frenar la crisis social que se agudiza en el país, es que se castigue a todos los responsables, directos e indirectos, que llevaron a esa situación extrema de ilegalidad.

La PGR está en la ruta de castigar a los responsables directos, Abarca y su esposa, a quienes señala como quienes dieron la orden de actuar en contra de los normalistas de Ayotzinapa, ya fuera por error al haberlos confundidos con una banda criminal enemiga, “Los Rojos”, o para evitar —que parece un móvil bastante pueril—, que arruinaran la fiesta política de la señora Villa Pineda, en donde se destapó para un cargo de elección popular, que contaba con el respaldo de Aguirre y de “Los Chuchos”. El enlace con ellos no era Lázaro Mazón, a quien el gobernador cesó por su relación, con Abarca, sino el diputado federal Sebastián de la Rosa, líder estatal de Nueva Izquierda, quien tres días después de los hechos, afirmó: “(Abarca) tiene el respaldo de mi corriente política”.

Los responsables indirectos, hasta este momento únicamente en el campo de la política, son Aguirre y “Los Chuchos”, quienes se dejaron tocar por el crimen organizado sabiendo que sus protegidos en Iguala tenían relaciones estrechas con el narcotráfico. La historia de los Villa Pineda no era desconocida para nadie. En mayo de 2009 el nombre irrumpió salvajemente en la opinión pública cuando la Policía Federal detuvo en Cuernavaca a 14 familiares de ella, entre los que estaban sus padres y su hermano Salomón, que fue a una prisión de máxima seguridad, de donde salió el año pasado. Los Pineda Villa eran los responsables de controlar a la Policía de Morelos durante el Gobierno de Marco Adame, que estaba al servicio del capo Arturo Beltrán Leyva.

Los operadores de Beltrán Leyva eran Alberto y Mario Pineda Villa, apodados “El Borrrado” y “El MP”, a quienes mandó asesinar en septiembre de 2009 por “traidores y secuestradores”. Los dos participaron junto con la banda de “Los Petriciolet”, en los secuestros y asesinatos de los menores Fernando Martí y Alejandro Equihua. Con la muerte de ellos dos y la captura de su hermano, la Policía Federal estimó que habían acabado con esa pandilla. Sin embargo, tras la muerte de Beltrán Leyva en diciembre de ese año, renacieron en el corredor Iguala-Ciudad Altamirano como Guerreros Unidos. Ahora se sabe, de acuerdo con Murillo Karam, que una de las jefas de esa organización criminal era la esposa del ex alcalde, quien a su vez les daba más de dos millones de pesos al mes del erario para operar, y había puesto a su servicio a la Policía municipal.

El caso de los Pineda Villa fue uno de los episodios más notorios, por sangrientos, en la historia del narcotráfico de los últimos años, y la prensa mencionó durante largo tiempo su parentesco con la esposa de Abarca. A Aguirre nunca le importó, y mantuvo una relación política con él, y personal con ella —que niega—, mientras que “Los Chuchos” le ofrecieron el blindaje político que necesitara. Tampoco la dirigencia del PRD volteó a ver el pasado, pero no es extraño. Al ex alcalde municipal de Cancún, Gregorio Sánchez, que paró en la cárcel en 2010 por su presunto vínculo con Beltrán Leyva, el entonces líder del partido, Jesús Ortega, lo defendió con vehemencia. Sánchez recuperó la libertad no porque se probara su inocencia, sino por un tecnicismo al faltar firmas en las fojas de su expediente.

En Iguala, Aguirre y “Los Chuchos” se metieron a un barco que naufraga, con sus posturas esquizofrénicas de apoyo, distanciamiento, respaldo y deslinde. Compañeros de viaje desde que el ex jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, convenció a Aguirre a luchar por la gubernatura por el PRD, y persuadió a “Los Chuchos” de hacerlo su candidato, en estos dos años pasados le dieron carta de impunidad a alcaldes perredistas —no sólo Abarca—, que hoy son investigados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, en acciones empapadas de negligencia política e irresponsabilidad. Pueden no ser culpables de delitos penales, pero el aura de protección que les brindaron, no puede quedar impune. Eso, precisamente, es lo que Murillo Karam deslizó.

Raymundo Riva Palacio
OCT 24

Guerrero: una fiera peligrosa Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El gobernador Ángel Heladio Aguirre es una fiera herida, agresiva y peligrosa. Desde hace dos semanas le han sugerido que solicite licencia al cargo y permita, con la despresurización política que eso significaría —él se ha convertido en un fósforo prendido sobre gasolina—, frenar la escalada de violencia e inestabilidad en el Estado. Su respuesta ha sido gobernar en la clandestinidad con actos públicos que no son públicos, difundidos a través de desplegados de prensa en la Ciudad de México pagados con carretadas de centenares de miles de pesos para demostrar que sigue operando normalmente y toma decisiones. Pero su Gobierno es un latigazo de fuego que genera creciente ingobernabilidad.

Aguirre está aferrado al poder y no parece importarle lo que piensen sus antiguos patrones. Marcelo Ebrard, quien lo convenció de dejar al PRI y lo llevó al PRD para hacerlo candidato, con el compromiso cumplido de aportarle dinero y legiones de burócratas del Gobierno del Distrito Federal para apoyar su campaña, es una figura de sal. El principal responsable del empoderamiento de Aguirre guarda silencio. No importa lo que pase en el estado o en el país, sino saltar del barco antes de que se hunda junto con su protegido y la dirección del PRD, a la que Ebrard y el gobernador les transfirieron recursos para mantener el control del partido y sus necesidades materiales.

El presidente Felipe Calderón, que envió al ex líder del PAN, Luis Felipe Bravo Mena a pedirle al candidato azul al Gobierno, Marcos Parra, que declinara a favor de Aguirre para derrotar al PRI, pasó a la historia. Al presidente Enrique Peña Nieto, quien enfrascado en aquél momento en la lucha por la candidatura presidencial con el senador Manlio Fabio Beltrones, se sumó a la propuesta de Ebrard y el respaldo de Calderón porque el candidato priista, Manuel Añorve, pertenecía al establo beltronista, ignora sus llamados al deber ser.

Aguirre tiene a sus pies al Senado, que está imposibilitado en la desaparición de poderes por dos razones: la legal, porque los poderes, bien o mal, siguen funcionando; la política, porque esa medida extrema generaría probablemente mayores vacíos de autoridad e ingobernabilidad, que es lo que se quiere evitar. Tiene de rodillas al Ejecutivo federal. El Presidente no puede destituirlo porque se lo impide la ley; y sus operadores políticos en la Secretaría de Gobernación, a quienes les encargó buscar con Aguirre su solicitud de licencia, los han timado desde que comenzó la crisis con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Constitución protege al gobernador, que a partir del andamiaje legal busca afianzarse políticamente. El Senado decidió aplazar el voto sobre la desaparición de poderes —que en términos estrictos iba a ser rechazado—, y enviar una comisión especial a Guerrero para determinar si, en efecto, los poderes estatales trabajan regularmente. Para efectos prácticos, lo que hizo el Senado fue darle dos semanas al gobernador para que reconsidere solicitar licencia al cargo y permitir la rearticulación política en el Estado. El "impasse" que se crea, sin embargo, es altamente peligroso, porque envía un mensaje de lecturas diferentes.

La clase política le da una oportunidad al gobernador para que se vaya por las buenas, o lo echarán —quizás— por las malas, mediante un juicio político en la Cámara de Diputados, donde el PRI —con Beltrones y Añorve en espera de su caso—, sus aliados tácticos y el PAN, tienen la mayoría para lograr su separación del cargo. Pero sus opositores en la calle tienen otra opción táctica. Si el Senado dice que no puede haber desaparición de poderes porque los poderes trabajan, un siguiente paso puede ser bloquear al Tribunal y el Congreso para que no puedan trabajar en sus recintos, y hostigarlos donde sea necesario para demostrar al Senado que sus labores sí están interrumpidas. Esa inutilización puede escalar fácilmente para efectos de imagen. Como hace poco más de una semana en el Palacio de Gobierno, bombas molotov y fuego en esos recintos públicos, juegan perfectamente para la propaganda opositora.

La ingobernabilidad tiene otras facetas, la que encabezan los grupos armados. En este espacio se ha reportado la intensa actividad de las guerrillas en el caso de Guerrero, y cómo han trasladado totalmente la responsabilidad de la desaparición de los normalistas al Presidente. En términos estratégicos, un secuestro de alto impacto para ahondar la inestabilidad nacional y romper los consensos que puede tener aún el Presidente entre las élites, es un escenario que no se puede omitir. Un político, un empresario, un comunicador del "star system" de los medios, son los objetivos más atractivos para este propósito.

Si la pasividad de la clase política les impide tener opciones más creativas para solucionar la crisis, la actividad y beligerancia de los crecientes enemigos de Aguirre y Peña Nieto, los puede colocar en una nueva realidad del conflicto. Las herramientas para inyectar temor, incertidumbre y un tiro de gracia a la credibilidad del Gobierno federal, no están en Los Pinos ni en la Secretaría de Gobernación. Están en Guerrero, donde mientras el aferramiento de Aguirre a la gubernatura exaspera a la clase política, su tozudez amplia las condiciones para que la crisis política nacional y el descrédito del Presidente, toquen un nuevo fondo por la conducta de Aguirre, una fiera herida con enorme iniciativa.

Raymundo Riva Palacio
OCT 23

Guerrero: el teatro de lo absurdo Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Domingo por la noche, conferencia de prensa urgente en la PGR. Los principales responsables de la investigación en Iguala informan que además de todas las fuerzas federales que han sido incapaces de encontrar a 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre, se sumarán equipos caninos y buzos. En el salón de conferencias hubo silbidos ante tan insignificante anuncio. Lunes por la noche, trasciende en donde debe trascender para generar impacto inmediato, la televisión, que Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía, ha sido detenido. Sin información oficial, su estado legal quedó en el aire, generando interés finito durante el martes. La PGR ocupa los vacíos de información, pero fallidamente. La pregunta de dónde están los normalistas desaparecidos, permanece sin respuesta.

Algo no funciona en la comunicación del Gobierno federal que tropieza día a día por el escándalo internacional de la violación de los derechos humanos en Guerrero y el descubrimiento gradual de otro narco estado en el país donde el discurso oficial decía que eso ya no sucedía. Los estrategas olvidan que para que los mensajes llenen duraderamente los vacíos de información, tiene que haber sustancia. A la propaganda de aire, se lo lleva el primer cuestionamiento. Abunda la parafernalia, pero escasea la  sustancia. El contenido está en otro lado.

Reportes de testigos en Guerrero señalan que el Ejército no está ayudando en las tareas de búsqueda de los normalistas. Quizás porque el procurador Jesús Murillo Karam se excedió en los calificativos a los militares supuestamente involucrados en la matanza de Tlatlaya, el Ejército, discretamente, se lo está cobrando. La Policía Federal no puede utilizar los drones —dos idénticos a los que utilizó la CIA en la operación contra Osama bin Laden en Pakistán—, que están parados desde que inició la administración porque el entonces comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, nunca les encontró utilidad alguna. A los municipios ocupados por las fuerzas federales, sólo enviaron 50 policías a cada uno, que por insuficientes, sólo jugarán el papel de apoyo de la Policía Estatal, lejos del estelar anunciado.

¿Sabrá el Presidente Enrique Peña Nieto lo que sucede? Mucha escenografía para tan pocas acciones definitorias. Desde hace casi dos semanas, el Presidente sale a la arena pública a declarar sobre el caso de los normalistas desaparecidos. Todos los días, la ingobernabilidad crece y la sociedad más irritada, se articula. Los estudiantes del país ya se organizaron y hay movilizaciones nacionales. Los sindicatos construyen los apoyos y las guerrillas han formado un cuerpo común. ¿Habrá alguien en el Gobierno que sepa interpretar lo que está sucediendo? Hace casi una década se desmanteló el área del Cisen dedicada a los movimientos armados, y los expertos están realizando tareas administrativas.

El Presidente parece no tener buenos brazos operativos. El país está traumatizado y se afectan las métricas que más le importan: distritos electorales y la economía. Tan solo en Guerrero, donde las corrientes de opinión sobre forzar o no al gobernador Ángel Heladio Aguirre para que pida licencia se dividen, con el argumento que ello pondría en riesgo las elecciones de 2015, enfrentan la contra argumentación si en las condiciones actuales de ingobernabilidad, puede haber elecciones libres y competidas. En economía, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, reconoció que la violencia del narcotráfico está frenando las inversiones. Los especialistas del sector privado afirman que la inseguridad es el principal problema que enfrenta México.

Paradójicamente, este Gobierno dijo que en el tema de la seguridad era mejor que el de Felipe Calderón, y que su estrategia bélica había sido equivocada. Dos años después, poco ha cambiado en niveles de violencia y de una guerra que hoy no se llama así, pero que sigue siendo guerra. La diferencia entre Peña Nieto y Calderón es que si antes había muertos y enfrentamientos, ahora hay muertos, enfrentamientos e ingobernabilidad abierta y tolerada por la clase política. Otra diferencia mayor es que las violaciones a los derechos humanos en el Gobierno calderonista, por la que quieren enjuiciar en la Corte Internacional de La Haya al ex presidente, se han multiplicado, a decir de los organismos internacionales, en el del Presidente Peña Nieto.

¿Tendrá conocimiento detallado el Presidente de lo que sucede en su entorno? ¿Le siguen depurando la información sobre la inseguridad en el país y el avance del crimen organizado como lo hicieron durante cuando menos los primeros 14 meses del Gobierno para que no se alterara el rumbo que le marcaron? ¿Le estará doliendo al Presidente la gangrena de Guerrero que le está pudriendo el organismo institucional? ¿Le informarán al Presidente de la realidad, por más cruda y dolorosa que sea, o lo siguen manteniendo en una burbuja?

Algo debe saber o intuir Peña Nieto para que no deje de hablar sobre el tema que está asfixiando a su Gobierno. Algo debe hacer también para que sus colaboradores dejen de actuar para satisfacer el expediente mediático de la coyuntura que no sirve para nada —además de que se está desgastando— y empiecen a dar resultados. El país se lo exige. Los 43 normalistas desaparecidos son una aberración para un país que proclama ser de leyes en los discursos. El Presidente debe estar consciente de que quien pagará el costo político nacional e internacional por la incompetencia en su equipo será él, no sus colaboradores que, para efectos históricos, son irrelevantes.

Raymundo Riva Palacio
OCT 22

Guerrero: hablan las guerrillas Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

A la vista de todos, Guerrero se convirtió en el catalizador de los movimientos armados en México. Lo que en 1993 no fructificó cuando el EZLN planteó a las diferentes organizaciones que había condiciones para la insurrección, se está dando en el otoño de 2014. Las condiciones socioeconómicas en el estado no han cambiado —la pobreza impacta en el 70% de la población, de los cuales el 31%, 1.1 millón de personas, vive en extrema pobreza—, y las promesas de ayuda federal tras los huracanes del año pasado, están incompletas —por ejemplo, 84 casas que ofreció la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, nunca se entregaron—. La política se convirtió en brazo de la delincuencia organizada y la represión se volvió un modus operandi de la autoridad. Lo que le faltaba a las guerrillas era una causa legítima que las articulara con la sociedad: 43 normalistas desaparecidos se les pusieron en el camino.

La actividad guerrillera a través de 11 comunicados entre el 30 de septiembre y el 17 de octubre pasados, revelan la articulación de los movimientos armados, dos de ellos enfrentados entre sí desde hace más de una década. Los  comunicados han sido firmados por cuatro organizaciones clandestinas, el Ejército Popular Revolucionario (5), su escisión el Ejército Popular Revolucionario Insurgente (2), las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (2), que nacieron junto con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto —el 2 de diciembre de 2012—, y de la hasta hace unos días desconocida Milicias Populares ¡Basta ya! (2) —que evocan el grito del Subcomandante Marcos del EZLN.

Ningún acontecimiento había logrado la unificación guerrillera de demandas y lenguajes como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde la responsabilidad principal ha sido transferida al Gobierno federal. En su segundo comunicado del 17 de octubre, el ERPI asegura: “El Estado mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto no es neutral sino parte activa en los homicidios y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, pues Peña es el jefe de todas las Fuerzas Armadas del Estado mexicano incluyendo por supuesto todas las policías municipales del país”.

Esto puede parecer únicamente discurso panfletario, pero en ese comunicado agrega: “Como ha quedado reconocido por el órgano máximo de inteligencia del Estado mexicano, o sea el Cisen, estaba al tanto desde hacía mucho tiempo de las actividades del cártel a su servicio en el norte del Estado de Guerrero y el Estado de Morelos, y desde luego contaba con información de los nexos del Presidente Municipal de Iguala junto a una larga lista de funcionarios del Gobierno municipal y los autores directos de los crímenes de la noche del 26 de septiembre, quienes fueron policías municipales y, a la vez sicarios”. La guerrilla se refiere al informe del Cisen publicado por El Universal el 7 de octubre, donde vincula al ex alcalde de Iguala con el narcotráfico.

El alegato es sólido al señalar que el Gobierno federal es responsable porque conociendo con detalle lo que sucedía en Guerrero, hizo caso omiso. “El Ejército federal que estaba en su cuartel a menos de 500 metros del lugar permitió a los policías cometer los asesinatos y las desapariciones, y al igual que la Policía Ministerial y la Policía del Estado desocupó las calles de Iguala para dejar las manos libres a los criminales para que pudieran desaparecer a los estudiantes y dejar que hubiera otra agresión horas después; después le permitió huir a José Luis Abarca y a sus secuaces dándoles tiempo suficiente en complicidad con la corriente Nueva Izquierda del PRD”, afirmó el ERPI. Una vez más, la verosimilitud: en la vecindad donde sucedieron los hechos, está el cuartel del 27º Batallón de Infantería.

En su segundo comunicado firmado 12 de octubre, el EPR cuestionó que el asesinato y desaparición de normalistas en Iguala, fuera una acción del crimen organizado. “De ninguna manera puede ser obra del mítico ‘crimen organizado’, ni mucho menos es un simple ‘incidente’, se trata de una masacre, de un crimen de Estado, de un crimen de lesa humanidad perpetrado dolosamente por los cuerpos policiacos, militares y paramilitares como parte de la política de terrorismo de Estado que se aplica de manera sistemática en México”, aseguró.

Para las guerrillas, los cárteles y los narco paramilitares son parte del Estado y utilizan la guerra sucia en coordinación con las fuerzas militares para aterrorizar al pueblo organizado y a la población en general. A lo que se refieren es a la contradicción del Gobierno de Peña Nieto cuando otorgó protección institucional a los grupos de autodefensa civil, aún con información que algunos de sus integrantes pertenecían a cárteles de la droga. De hecho, aún lo siguen haciendo en Michoacán.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa aceleró las contradicciones que viene arrastrando el Gobierno federal desde el inicio de la administración, cuando a través del discurso se quiso construir la imagen que la seguridad había mejorado en el país, y lo enfocó en las reformas económicas. El frágil andamiaje político construido artificialmente sobre la hoguera de la violencia nacional, se colapsó en Guerrero y le regaló la causa que durante tanto tiempo buscaron los movimientos armados en México, que a decir de sus comunicados, encuentran en este otoño, las condiciones propicias para la insurrección. En el Gobierno no lo ven así. Sorpresas, suponemos, no esperan.

Raymundo Riva Palacio
OCT 21

Guerrero: impunidad rampante Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La impunidad en México es la marca de sus gobiernos y su clase política. Las leyes están hechas para violarlas, porque siempre existe poder y dinero para cambiar el rumbo de la justicia. No es retórica. El índice 2014 sobre Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia, coloca a México en el cabús de la justicia criminal, debajo de Afganistán y todas las naciones africanas y del Medio Oriente, y en el fondo del orden y la seguridad. Lo que sucede con la clase política para lidiar con la crisis general en Guerrero, es sólo la ratificación de la desgracia nacional. Impotencia, complicidades y cinismo en la protección, son la tinta indeleble de la marca. La falta de asombro por nuestra realidad no debe impedir la explosión de indignación.

Guerrero y los horrores en los que ha vivido el estado en los últimos años sólo son diferentes hoy porque se socializaron nacional e internacionalmente. La norma eran asesinatos ordenados por autoridades locales que, a la vez, formaban parte orgánica de organizaciones criminales, cuyas víctimas eran enterradas en fosas clandestinas administradas por las policías municipales –antes de Iguala fue Taxco-. Los alcaldes vinculados con las bandas criminales pagaban a sus patrocinadores por los cargos y la protección política, mientras que el gran administrador del desastre, el gobernador, terminaba su jornada laboral hacia las dos de la tarde para iniciar sus tardes lúdicas y perderse en el alcohol. Todo esto era conocido por el gobierno federal y los líderes del PRD. El primero, mediante la inacción de la PGR, fue omiso de la barbarie; los segundos, cómplices de ella.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la forma como las policías de Iguala y Cocula fueron los brazos armados de las bandas criminales para matarlos y secuestrarlos, socializó los bolsones de impunidad e ilegalidad en Guerrero y trasladó la barbarie al conocimiento universal. En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación al gobernador Ángel Heladio Aguirre, frente al vacío de las autoridades estatal y municipales, y el abandono del ejercicio de la función de seguridad pública fundamental, que llevó a la violación diaria de los derechos humanos y al riesgo de la ruptura de los valores de convivencia social. Aguirre rechazó la recomendación, y cuando llegó al Senado, ni la leyeron.

En abril pasado, la PGR detuvo al presidente municipal de Cuetzala —contiguo a Cocula—, Feliciano Álvarez Mesino, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Como el caso del destituido presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, a quien permitió escapar —por omisión o comisión— el gobernador Ángel Heladio Aguirre, tras las acciones criminales contra los normalistas, es perredista y como a todos ellos, “Los Chuchos”, la corriente política que desde 2008 controla la dirección del partido, apoyó para el cargo. “Los Chuchos” blindaron este sábado al gobernador Aguirre, para evitar que los más consecuentes en el PRD le retiraran el apoyo y lo forzaran a pedir licencia.

Guerrero es la estrella negra de la impunidad mexicana. En el Índice Global del Proyecto Mundial de Justicia, México ocupa el lugar 79 de un total de 99 naciones medidas. Pero en Justicia Criminal, que es uno de los ocho factores que evalúa, México ocupa el lugar 97, sólo arriba de Bolivia y Venezuela. En Justicia Civil está en el lugar 88, debajo de los cuestionados China y de Rusia. La vergüenza colectiva se sintetiza en la medición de Orden y Justicia, que define a la seguridad humana como una de las funciones fundamentales del Estado. México está en el lugar 96, arriba de Afganistán —que está en guerra—, Nigeria —infectado por violencia y corrupción— y Pakistán —contaminado por la guerra contra los talibanes, al tener en su territorio bases de operaciones militares y de inteligencia de Estados Unidos—.

La imagen de México, descrita y analizada por los mexicanos —que es la base del Índice Global—, y proyectada al mundo, fue galvanizada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que le recordó al mundo en imágenes y crónicas y horror, la realidad mexicana. El periódico más influyente del mundo, The New York Times, cuestionó este domingo en su primera plana la eficiencia del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. El semanario inglés The Economist —con una circulación promedio de un millón y medio en sus plataformas impresa y digital, y 5.8 millones de seguidores en redes sociales—, afirmó que la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los normalistas “son dos atrocidades que parecen lo suficientemente serias para cambiar el curso del Gobierno”, que ha priorizado las reformas económicas, aseguró, y soslayado la ley y el orden como una forma de modernizar México, sin admitir que las dos son igualmente importantes.

“Las tres fuertes palabras que resumen el desafío que enfrenta ahora Peña Nieto y México como un todo, son impunidad, rendición de cuentas y gobernabilidad”, puntualizó The Economist. Estas tres “fuertes palabras” no existen en Guerrero. Para el Zóon politikon mexicano, su traducción es impotencia, confusión y protección. La clase gobernante protege sus intereses políticos y económicos, que significa mantener la ingobernabilidad en Guerrero y seguir incendiando el país. Quién sabe qué saben y qué cálculos tengan para estar seguros que con esa protección que desafía la dialéctica, pueden también salvaguardar la estabilidad y la paz social en el resto del país.

 

Raymundo Riva Palacio
OCT 20

Un secretario sin suerte Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Hay políticos con muy buena fortuna y las estrellas siempre se les alinean. Hay también los que crean las condiciones para que les vaya bien en la vida pública, y aquellos que por más que trabajen y planeen para que las cosas marchen como las pensaron, simplemente no les salen. Tal es el caso del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el hombre más aplaudido en el inicio del gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, por su trabajo como coordinador de la campaña presidencial y polemista memorable durante la contienda. Videgaray es de los que no tienen suerte, por más esfuerzo que haga.

Es uno de los dos pilares del gabinete, y junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, miembro de la Presidencia tripartita. A sus tareas de secretario de Hacienda, Peña Nieto le encargó la negociación central del Pacto por México, donde Nuño ayudó con parte del tejido fino en las alianzas, que lo distrajo de sus tareas principales, que son las finanzas públicas. Pronto en el sexenio comenzaron sus problemas, con la inexperiencia que provocó una prolongada curva de aprendizaje en el manejo del presupuesto y una temporada de heladas terribles en Estados Unidos que frenó la economía allá, y la secó en México.

Videgaray contuvo la aplicación del presupuesto y deshidrató la economía para forzar a todos los actores a apoyar las reformas. Abrir el presupuesto a finales de año contribuyó marginalmente a reducir la molestia en su contra, pero el lento dinamismo de la economía mundial no le ayudó a revertir la caída. Era prioritario sacar la reforma energética, por lo que más metido en la política que en la economía, ajustó la reforma fiscal y canjeó el incremento del IVA, por impuestos a los ricos y las clases medias para apaciguar al PRD y mantenerlo sentado en la mesa del Pacto.

Esto, fue el tiro de gracia a la economía. Irónicamente, la pauperización de las mayorías con la pérdida de ingreso de las minorías, unió a las dos clases en su lucha contra el mismo enemigo, el secretario de Hacienda, quien como si no fuera refractario a presiones, habilitó a su brazo armado, el Servicio de Administración Tributaria, para perseguir a quienes pagan impuestos, para que pagaran más.

Las condiciones económicas en el mundo no cambiaron, por lo que sus expectativas de crecimiento siempre fueron a la baja. Videgaray se convirtió en el villano favorito de magnates, ricos, pobres y clase medieros. Cada semana la Secretaría de Hacienda afirmaba que las cosas mejorarían, y cada semana chocaba con la realidad. En los últimos días, el descolón al secretario fue espantoso. La debilidad de los mercados en Europa y la desaceleración en China derrumbaron los precios del petróleo a niveles que no se veían en cuatro años, tirando la mezcla mexicana a 77 dólares por barril de crudo, seis dólares abajo del precio de referencia en el presupuesto de 2014, y cuatro por debajo del que, ajustado, se presupuestó para 2015.

La caída ensombreció el resplandor que anticipaba el gobierno habría en el cielo mexicano por la reforma energética. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, admitió que esta caída en los precios del petróleo, a cuatro meses de que se publiquen las bases de licitación para participar en la Ronda Uno, que son las zonas donde el sector privado podrá participar en la producción y exploración de crudo, desestimula a los inversionistas. A esos factores se les sumaron los datos mediocres de la economía estadounidense y el poco dinamismo de la japonesa, para tumbar la cotización del peso frente al dólar, que rozó los 14 pesos  por dólar y exacerbó los nervios de todos.

Videgaray ha tenido que renegociar con el Congreso el presupuesto de Ingresos para ajustar esta caída en los precios de petróleo que están arrastrando a la economía, y ponen en riesgo la tímida tasa de crecimiento de 3.7% para el próximo año. Y por si no fueran pocos los factores exógenos que golpean a Videgaray, está el desorden institucional y la ingobernabilidad en Guerrero, que el Presidente le encargó como su responsabilidad primaria, como a otros los responsabilizó –a Osorio Chong, Michoacán-, en otras entidades. Guerrero está incendiado y él carece de la manguera para sofocar el fuego.

Videgaray está sangrando en lo político y en lo económico, y su figura totémica dentro del gobierno peñista está cuarteada. El secretario de Hacienda no tiene muchos márgenes. Las variables internacionales no dependen de él, pero inciden sobre su política económica. Los precios del petróleo a la baja tampoco son su culpa, pero ponen en riesgo las metas del presupuesto. Ya no existe el Pacto por México y sus viejos aliados del PRD son un lastre para él y para el gobierno.

La figura del súper poderoso secretario de Hacienda está magullada. No son buenas noticias para uno de los dos aspirantes a la candidatura presidencial que Peña Nieto tiene en la cartera, pues de continuar con la suerte que tiene, rápido quedará resuelto que a él, definitivamente, no le alcanzará para ser el abanderado del PRI en 2018.

Raymundo Riva Palacio
OCT 17

Se busca gobernador (a) Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Los titulares en los periódicos disparan ráfagas de desorden y anarquía, de violencia y desgobierno: “Policías entregaron a los normalistas al crimen organizado”, “Los 28 cuerpos en las primeras cinco fosas clandestina en Iguala, no son de normalistas”, “Arrecian las protestas en Guerrero”, “Las protestas paralizan la vida en el centro de Chilpancingo”. Alemania, Francia y el Reino Unido se suman a Estados Unidos y lanzan alertas de viaje: no vayan a Guerrero. Los gobiernos locales son parte del crimen organizado y a nivel federal se tolera la impunidad. “Espero que a la brevedad podamos dar resultados”, dice el Presidente Enrique Peña Nieto en un acto de fe. Cuarenta y tres normalistas desaparecidos desde hace casi tres semanas y nadie sabe qué pasó con ellos. El PAN exige la desaparición de poderes en Guerrero; el PRD le pide a su gobernador que analice su renuncia. La ingobernabilidad es el nuevo Momento Mexicano.

En el Gobierno federal están descontrolados y no saben si la salida del gobernador Ángel Heladio Aguirre sea la mejor solución inmediata. El PRI se resiste a ello, inexplicablemente, porque Aguirre traicionó a ese partido y gobierna por el PRD. ¿Será porque Aguirre es amigo del Presidente? El argumento es que si se va en estos momentos habrá mayor gobernabilidad en el Estado. El contraargumento es que la ingobernabilidad se está trasladando a la Ciudad de México, cabecera del Ejecutivo Federal. Aguirre es un lastre para el Gobierno federal, para Guerrero y para la estabilidad y el orden político nacional. Una vez más hay que insistir: su salida no resuelve los añejos problemas de Guerrero, pero enviará el mensaje de que la incapacidad de un gobernante en cuyo Estado hay delitos de lesa humanidad tiene consecuencias.

En el Senado de la República comenzó a caminar la desaparición de poderes en Guerrero, que de votarse en el pleno, podría concretarse la próxima semana. Es la salida extrema, pero hay una previa: la solicitud de licencia del gobernador. Si Aguirre entiende que su permanencia en el Gobierno está ligada al desorden y la anomia, le puede hacer un servicio a la nación si toma la iniciativa de irse y permite que las fuerzas políticas encuentren una solución política al incendio que se está propagando por el país.

¿Por qué no lo hace? Se puede argumentar que por la mezquindad de poner en riesgo el futuro de su hijo, que va a pelear la presidencia municipal de Acapulco el próximo año con el hijo de Rubén Figueroa, su enemigo desde hace 20 años. La lucha entre jefes políticos guerrerenses está en el fondo de la decisión de Aguirre. Es una estrechez de miras, donde su sobrevivencia inmediata y la alcaldía para su hijo será su desgracia final, y el sello ominoso sobre el joven Aguirre.

En los altos círculos de poder se preguntan que, si fuera ese el caso, quién podría llegar a Guerrero durante los ocho meses y medio que restan de administración. En primer lugar, quienes no pueden entrar al relevo son los diputados, senadores y funcionarios estatales que aspiran a las candidaturas de sus partidos, que sólo polarizarían aún más las cosas en el Estado. Tampoco puede ser una solución interna —aunque por ley correspondería asumir el cargo al secretario de Gobierno—, porque sería el aguirrismo sin Aguirre, o el retorno de Figueroa. O sea, no sirve para nada. La solución se encuentra fuera de ese grupo de guerrerenses. Una idea, para abrir opciones y descartar alternativas, es la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, quien ha dejado en claro desde hace tiempo que no quiere contender por la gubernatura de su Estado en 2015.

Ruiz Massieu tiene varios atributos. En lo profesional, como lo demostró hace unas semanas en el manejo de la reconstrucción de Baja California Sur por los daños causados por el huracán “Odile”, tiene la capacidad para operar en forma transversal y provocar acciones con actores de diferentes partidos. En lo personal, su apellido es una marca en Guerrero. Que remplace una priista a un gobernador perredista podría ser motivo de objeción del PRD, pero la dirigencia no tiene autoridad moral para poner obstáculos porque “Los Chuchos” son directamente responsables de la construcción de la narcopolítica en Guerrero, al haber avalado y promovido para puestos de elección popular a gobernantes vinculados con el crimen organizado. Visto fríamente, Ruiz Massieu también entraría a su rescate para un Gobierno que busque estabilidad y el orden. Ante la eventual oposición del PAN, estaría obligado a presentar sus alternativas.

Aguirre, que concita la unidad en contra de todas las fuerzas políticas con intereses en Guerrero y aquellas que buscan aprovechar la coyuntura para desestabilizar el país, debe entender que su incapacidad política para contener el problema de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala lo convirtió de solución —como se lo pidió el Presidente—, a ser el problema. Hoy es un fusible que tiene que sustituirse para apagar el fuego. Pero si no lo entiende —como lo demuestra su aferramiento al cargo—, tendrán que persuadirlo a que se vaya el PRD o su amigo el Presidente, si es que consideran que su permanencia sólo llama al desorden y a la confrontación ininterrumpida.

Raymundo Riva Palacio
OCT 16

Los memorandos de Peña Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La película de Guerrero ya la vimos en México, en 1968. Comenzó el 22 de julio en la Ciudadela, cuando los granaderos abusaron de su fuerza para aplacar una gresca entre estudiantes después de un partido de futbol. La de Guerrero empezó la noche del 26 de septiembre pasado, cuando la Policía Municipal disparó contra normalistas de Ayotzinapa —mataron a tres de ellos y a otras tres personas—, y desde entonces no aparecen 43 estudiantes. En 1968 la descomposición creció durante 72 días y terminó con la represión militar en Tlatelolco. En Guerrero, en 15 días pasó de crisis estatal a problema nacional, y a escándalo internacional. En todos estos 46 años, el Estado Mexicano no aprendió las lecciones de la Historia.

En 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz recibió información de Gobernación y de la Defensa. Los informes del secretario de Gobernación, Luis Echeverría —que aprovechó la coyuntura para amarrar la candidatura presidencial, y descarrilar a su principal adversario, el secretario de la Presidencia, Emilio Martínez Manatou—, lo inclinó por la solución de la fuerza sobre la negociación. Díaz Ordaz no tuvo información completa y confiable para tomar las decisiones más adecuadas a la solución del conflicto, y se manchó las manos de sangre con la muerte de decenas de personas el 2 de octubre.

El movimiento estudiantil de 1968 es una película en cámara lenta al proyectarse en Guerrero. Un asesinato en Iguala fue manejado torpemente por la autoridad estatal, sumida en la negación de su responsabilidad, pero apoyada por su partido ante la mirada pasiva —en los hechos— del Ejecutivo federal. La lentitud del Ejecutivo para intervenir frontalmente en la solución jurídica y pacífica por la desaparición de 43 normalistas, contrasta con la velocidad con la que crece la oposición a las instituciones. En unos cuantos días, las universidades se sumaron con paros y manifestaciones, los grupos sociales están movilizados, los más radicales desataron la violencia, y la presión internacional le cayó al Presidente Enrique Peña Nieto. No existe el factor de la sucesión, pero tampoco le están informando sus colaboradores todo lo que necesita para tomar decisiones.

El Presidente está aislado en el Palacio, con información dosificada, incorrecta y descontextualizada. Entre la información falsa está lo relacionado a los hallazgos de las fosas comunes. Le han informado que los cuerpos están calcinados, y que para determinar si su ADN corresponde al de los normalistas, se necesitan casi dos meses de análisis. En primer lugar, no todos los cuerpos están calcinados o descompuestos, como se aprecia en las fotografías de su exhumación. En segundo lugar, la Policía Científica, que depende de la Policía Federal, tiene la tecnología para determinar el ADN en dos horas. La demora en conocer quiénes están en las fosas, ha provocado frustración, polarización y violencia.

El Presidente recibe todos los días memorandos de una página en donde se describe el status del conflicto, los riesgos, las implicaciones, y se hacen recomendaciones. Esos memorandos carecen de información de inteligencia, pues el Cisen, responsable de entregar los insumos a la Oficina de la Presidencia, está obteniendo su información de los periódicos. Todos los días, a las siete de la mañana, los directores de Análisis, Inteligencia, Escuchas, Currículas (las fichas de todas las figuras públicas) y Subversión, se reúnen con el secretario general del Cisen para elaborar el Informe Ejecutivo Diario, conocido como IED.

Lo que revisan es la información de los periódicos de la Ciudad de México y a partir de lo que se publica, se determina qué información se incorpora en el reporte para el memorando del Presidente. Uno de estos informes fue publicado la semana pasada por un diario capitalino, que contenía lo que se había publicado en la prensa de Guerrero y de la Ciudad de México en los 18 últimos meses, sin ningún análisis adicional que diera valor agregado a lo entregado en Los Pinos. Esa información es pública y el material entregado al Presidente carece de contexto y adolece, más grave aún, de una jerarquía que dé dimensión al insumo.

Una de las variables que demuestran esa debilidad analítica de los órganos de inteligencia, por ejemplo, es el relacionado a las guerrillas. No existe en ninguno de los reportes un análisis sobre los comunicados de la guerrilla sobre Iguala. Desde el 30 de septiembre al 12 de octubre, son seis comunicados, provenientes de cuatro grupos armados diferentes —incluso rivales entre sí—, cuya frecuencia no se daba desde 2007, cuando el EPR (tres de los actuales están firmados por ellos), giró instrucciones a través de ellos a sus cuadros para colocar explosivos en oleoductos de Pemex por la desaparición de dos de sus dirigentes en Oaxaca. Si al Presidente no le han hablado del factor guerrillero en Iguala, menos aún sobre lo que la frecuencia significa.

Los memorandos entregados al Presidente no sirven para nada. Si el Mandatario lee un solo periódico, puede encontrar más información y análisis que lo que le proporcionan sus órganos de inteligencia. Es evidente que si Peña Nieto está tomando decisiones sobre lo que le están informando, van a ser equivocadas y, como en el caso de Díaz Ordaz, serán totalmente fallidas en la solución pacífica del conflicto. Mucho han pagado los gobiernos mexicanos por las malas decisiones de Díaz Ordaz. Cuando menos esto, Peña Nieto no puede soslayar.

Raymundo Riva Palacio
OCT 15

Guerrero: la cultura de la simulación Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Lleno de frases grandilocuentes como “no tengo las manos llenas de sangre” o “tengo tranquila la conciencia”, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, dice que si su renuncia solucionara la suerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, lo haría. Sus defensores alegan que los problemas en el Estado son tan complejos que su salida, lejos de resolver algo, complicaría las cosas. Es cierto que su renuncia no arreglaría la descomposición que se vive en Guerrero ni sus problemas centenarios, pero en el caso específico de la crisis actual, su salida es un imperativo para detener de tajo la ruptura total en el Estado y evitar que la brecha de la discordia nacional se siga ensanchando.

Aguirre carece de consenso nacional, y el repudio entre quienes toman decisiones y quienes opinan sobre la toma de decisiones, va creciendo. El gobernador está buscando a través de argucias jurídico-políticas ganar tiempo y mantenerse en el poder. Es mentira que estaría dispuesto a renunciar, como es un ardid su petición de consulta popular para la revocación de mandato. Pero las cosas se ponen peor. El Gobierno federal cree que el gobernador dejó escapar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por lo que la relación con Aguirre es tirante.

Las evidencias gubernamentales se fundamentan en la petición contundente del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, que vigilara al alcalde para evitar que se diera a la fuga. Miranda habló por teléfono con Aguirre menos de 48 horas después de reportarse la desaparición de los normalistas, y el gobernador le aseguró tener todo controlado y que eso no sucedería. Abarca, sin embargo, se fue de Iguala con su esposa y algunos de sus familiares, sin que fueran molestados por ninguna autoridad.

Aguirre engañó a Miranda, quien hablaba en nombre del Gobierno federal, y con ello, el probable eslabón de un Gobierno con la delincuencia organizada se esfumó. Con él se escaparon los secretos de las complicidades de las élites políticas guerrerenses con las bandas criminales. En caso de que fuera detenido por su presunta responsabilidad en las desapariciones forzadas de los normalistas, Aguirre se convertirá en accesorio del crimen y podría ser destituido por el Senado.

Pero el gobernador no parece preocupado. Está engallado y desafía al Gobierno federal, al generar desinformación sobre las investigaciones de la represión policial en Iguala y los peritajes en las fosas clandestinas en ese municipio. Si quieren que se vaya, retó, que lo pidan los guerrerenses. La palabra de sus gobernados ya se escuchó hace unos días. Una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, reveló que 71% de los mexicanos, considera que Aguirre no tiene el control en su Estado, y aunque sólo 13% lo identifica como el responsable de los hechos, 48% de los guerrerenses afirma que debe pedir licencia, contra 31% que estima debe mantenerse en el cargo.

A Aguirre no le preocupan esos datos, y el Presidente Enrique Peña Nieto carece de atribuciones legales para destituirlo. Tampoco tiene márgenes para seguir el modelo de Michoacán y enviar a un comisionado, porque a diferencia del ex gobernador Fausto Vallejo, que aceptó la imposición y trabajó por el restablecimiento del orden público, Aguirre es beligerante con la autoridad federal que busca el mismo fin y no hay señales clareas que quiera contribuir al esclarecimiento de los hechos. El Ejecutivo Federal no tiene contrapeso real frente a Aguirre, quien cuenta con el apoyo hasta ahora incondicional de los beneficiarios de su gubernatura y de los favores del alcalde prófugo, la dirección nacional del PRD, que encabeza Carlos Navarrete. Si el PRD mantiene su respaldo, el Congreso local, donde tienen mayoría, lo cubrirá con su manto de protección.

El Senado tiene la facultad para decretar la desaparición de poderes —no únicamente del ejecutivo local—, siempre y cuando lo soliciten los legisladores federales de la entidad o los ciudadanos. No es un trámite automático, y para que esto suceda tiene que existir al menos una de cuatro premisas. Dos de ellas pueden argumentarse en el caso de Guerrero: que se hayan quebrantado los principios del régimen federal, y que estén imposibilitados del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos por situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.

Para el gobernador Aguirre, ninguna de ellas se aplica. Para el Senado, hasta este momento, tampoco. Nadie ha pedido la desaparición de poderes en Guerrero, y la crisis política derivada de la existencia de un poder criminal por encima de las instituciones en el estado, no parece importar a muchos en México, pese a escandalizarse por la desaparición de los 43 normalistas. La inamovilidad de los agentes de cambio está chocando con la creciente movilización social en contra de Aguirre por la no solución a los problemas en su Estado. Pero esta movilización no ha tocado la puerta legal para destituirlo, ni las élites caminan con firmeza en esa dirección.

Urge la solución en Guerrero, pero en México, aún ante esta crisis, seguimos atrapados en la cultura de la simulación.

 

Raymundo Riva Palacio
OCT 14

La crisis de Peña Nieto Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Desde hace un buen tiempo, cada Presidente de México ha atravesado por cuando menos una crisis en su Gobierno. Las crisis que vivieron los presidentes pusieron a prueba su capacidad y la de su equipo, al exponer la forma como enfrentaban los problemas y tomaban las decisiones para resolverlos. Algunos salieron con éxito de las tempestades, mientras otros naufragaron y se llevaron con ellos al país. Pero en todo los casos, las crisis definieron a los presidentes y a su administración. Hoy es el turno Enrique Peña Nieto.

El Presidente atraviesa por la peor crisis política de su vida pública con los actos de barbarie —como él mismo los calificó— en Iguala, donde existía un Gobierno articulado con la delincuencia organizada, que reprimió a normalistas en una noche donde murieron seis personas y se llevaron con rumbo desconocido a muchos más que aún no aparecen. Fue una violación a los derechos humanos, avalada, por su inacción, por el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, que infectó políticamente al Presidente por haber intentado, erróneamente, encapsularla el agravio en el Estado. El mal diagnóstico en Los Pinos, lo proyectó en los últimos días como un líder sin ideas claras, dubitativo y contradictorio.

La culpa de ello no es personal, sino de un modelo. El proceder de Peña Nieto se inscribe en la lógica de arranque de Gobierno, donde se inocularon del discurso los temas de seguridad y violencia. Aplicar la misma receta a los actos en Iguala, fue una ingenuidad. Iguala era un escándalo el 27 de septiembre, pero escondieron al Presidente hasta el día 30, cuando en lugar de enfatizar su preocupación, se lavó las manos. “El Gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”, dijo. “Demos espacio y dimensión a lo que ha pasado ahí. Es un asunto que merece especial atención, pero también demandando que el Gobierno del Estado asuma su propia responsabilidad”.

Peña Nieto dejó en su amigo el gobernador la competencia absoluta para arreglar el problema, pese a que información de sus áreas policiales y de inteligencia mostraban que Aguirre tenía vínculos políticos directos con el alcalde de Iguala, cabeza de la autoridad delincuencial, y personales con su esposa, hermana de los fundadores y líderes de la banda criminal “Guerreros Unidos”. El Presidente se cruzó de manos y el problema de violación a los derechos humanos, como era absolutamente obvio, se convirtió ante los ojos del mundo en su problema y su responsabilidad. Mantenerlo alejado del problema por días, lo colocó directamente en el corazón de la crisis.

Gradualmente empezaron a corregir los errores en Los Pinos. Seis días después de pedirle al gobernador Aguirre que arreglara las cosas en su Estado, decidió marchar por encima de él. Ordenó a las Fuerzas Armadas tomar el control territorial de Guerrero, a la Gendarmería a asumir las tareas de Policía local, y a la PGR asumir la investigación. Su amigo el gobernador corrió solo por su vida, exhibiendo aún más la tardía intervención presidencial. El mismo día del anuncio, Aguirre sorprendió en Los Pinos al declarar que si su renuncia resolviera el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, lo haría. Su cinismo empezó a incidir contra el discurso del Presidente y la postura del Gobierno.

Peña Nieto aceleró el cambio de postura. El 6 de octubre en Nuevo León admitió que había “señales de debilidad institucional” en algunas partes del país, pero las palabras tímidas del Mandatario, al no entrar de lleno al problema, no pudieron apagar el fuego internacional que lo quemaba. El día 9 en Guanajuato endureció más su discurso. Lo sucedido en Guerrero, dijo, “es un hecho verdaderamente inhumano, prácticamente un acto de barbarie que no puede distinguir a México”. La espiral descendiente en términos de imagen, era incontrolable. El viernes pasado afirmó ante los gobernadores —Aguirre estaba ausente— que era inadmisible que hubiera gobernantes coludidos con criminales. “En un Estado de Derecho no cabe la impunidad”, enfatizó.

Es un ejercicio que no pasa de la retórica, al no asirse a la realidad política en Guerrero, donde Aguirre sigue burlándose de él y de todos. Lo último, al afirmar el jueves que pediría una consulta popular para que los guerrerenses decidieran si le revocaban el mandato, lo que legalmente es imposible. Lo que dijo el gobernador es una falacia, pero al poner su cara dura en el ofrecimiento falso, demostró que si de impunidad se trata, él está por encima de las posiciones del Presidente.

Peña Nieto tardó 10 días en ir del deslinde a la indignación, y aún no tiene una posición definitiva sobre Guerrero. Su postura da tumbos ante la limitación legal que tiene para decidir la suerte de Aguirre en la gubernatura como antaño se podía, y por no utilizar los recursos políticos para evitar que Aguirre siga jugando con su amistad, generando mayor inestabilidad —que ya trascendió Guerrero—, y afectando su credibilidad en México y el mundo. El mal diagnóstico de lo que significaron los hechos en Iguala, metió al Presidente en la peor crisis en su vida pública, cuyos resultados documentarán su capacidad para salir de ella, y su manejo lo definirá de manera más clara y juiciosa, por la afectación a vidas humanas, que todo el proceso de reformas en el que se embarcó durante año y medio.
 

Raymundo Riva Palacio
OCT 13