¿Regreso al autoritarismo? Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

En el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto quieren hacer tantas cosas bien, que a veces les salen mal. Y en algunos casos tan rápido, que ni siquiera caen en cuenta de ello. Éste es el caso de unas directivas que envió a los más altos niveles gubernamentales la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, sobre la utilización de un lenguaje incluyente en todas las comunicaciones oficiales del principal programa social presidencial, para evitar un trato discriminatorio y ofensivo. Pero al desarrollarlo en el manual de estrategias, lo que resultó fue paradójicamente discriminatorio, ofensivo y, además, escandaloso.

El lenguaje incluyente es una fase superior al tratamiento políticamente correcto que incorporó el ex presidente Vicente Fox al discurso público. No es una mera evolución del manejo del lenguaje para hacerlo menos discriminatorio, sino que tiene un componente político importante, como lo describe el mismo manual cuando recuerda que al definir en masculino los derechos ciudadanos en la Constitución de 1917, aplazó 36 años la incorporación de la mujer como ciudadana con derechos plenos, que incluye el voto.

De acuerdo con el manual, el uso del lenguaje incluyente deja de lado las expresiones que excluyen a ciertas personas o a ciertos grupos de personas, así como también evita el empleo de términos que resultan reproductores de los estereotipos. De esta forma, por ejemplo, los servidores públicos deben ser llamados gente al servicio de la Administración Pública, o una reunión de padres de familia es una reunión de las madres y los padres de familia. No habrá “los lectores”, que se transformarán en “quienes leen” o “usted que lee”, como tampoco “los demás”, que serán “otras personas” o “el resto de la gente”. Ya no existirá el “nosotros” pensamos o consideramos, sino llanamente pensamos o consideramos. Niños serán infancia o niñez, y “los mexicanos” el pueblo mexicano. Amigos se transformará en amistades, y un saludo como “hola a todos”, deberá ser buenos días, tardes o noches “tengan ustedes”.

“El uso discriminatorio del lenguaje limita y fragmenta a la sociedad”, señala el manual. “No hay desarrollo humano posible a través de un lenguaje excluyente. El uso correcto del lenguaje en la comunicación cotidiana impacta de forma positiva en la cultura, evitando los estigmas, prejuicios y su correspondiente discriminación, a fin de eliminar cualquier rasgo despectivo en el uso del lenguaje”.

Este manual no es un capricho o una ocurrencia —el otro Gobierno en México que lo tiene establecido es el del Distrito Federal— y es lo que llaman en naciones avanzadas “lenguaje neutral”, que es una forma de prescriptivismo lingüístico cuyo objetivo es eliminar las referencias de género. Una fórmula simple para encontrar ese lenguaje neutral es que todo aquello que no tenga acepción femenina, es aceptable.

Tarde, pero los gobiernos en México están llegando a esta cita con un lenguaje que no agreda ni aliene a nadie. Por eso, el “Manual para el uso del Lenguaje Incluyente en Textos y Comunicados Oficiales para la Cruzada Nacional contra el Hambre” —un nombre más corto se habría agradecido—, es sorprendente en su página 17 (de un total de 26), que se refiere a las estrategias para evitar la ofensa y la discriminación. Un cuadro en esa página establece qué sí y qué no decir. Por ejemplo, no puede decir ningún funcionario “los desviados”, sino “personas con una orientación o preferencia sexual diferente a la heterosexual”, ni “las vestidas”, que son “personas transgénero, transexual o travesti”. Tampoco pueden decir “los sidosos”, sino “personas que viven con VIH” o “personas VIH positivas o seropositivas”. Como dice el manual, “las palabras sí importan”, por lo que es de enorme relevancia la mecánica de la mente de quien redactó el manual y de aquellos que lo revisaron y corrigieron. ¿Quién tiene en su vocabulario una descripción como “los desviados”, o “las vestidas”? ¿Qué contexto sociocultural se necesita para tener expresiones tan agresivas? El lenguaje resulta en este caso en la proyección de un conjunto de valores que contradicen el espíritu del esfuerzo en el manual.

La debilidad que muestra ese capítulo sugiere que no hay un convencimiento ideológico de que este camino, recorrido hace más de 20 años por otros países, tiene que ser el correcto y debe consolidarse. Hay una intención clara en este Gobierno por hacer cosas que trasciendan al sexenio y dejen una huella, en este caso, en educación y cultura política. Pero la estructura de la mente abre la posibilidad de que sea algo meramente coyuntural y obligado por una Presidencia en busca de lo correcto.

Llegar por la vía de la imposición a nuevos códigos de lenguaje, es un avance artificial, al tiempo que la falta de una claridad sólida sobre lo que se desea puede llevar a regresiones culturales importantes, y a consecuencias políticas considerables, al traducirse en patrones de comportamiento. En Estados Unidos, ser políticamente correcto impuso socialmente la uniformidad del pensamiento y el comportamiento, que llevó a una regresión cultural y política en la sociedad, que se tradujo en lineamientos verticales y totalitarios. Era totalmente contrario a lo que aspiraban, e impidió precisamente el aprendizaje social y cultural que se buscaba. No queremos que eso suceda en México, donde aspirar a una mejor sociedad por la vía del panfleto y la imposición, puede encaminarnos a una nueva estructura lineal, autoritaria y antidemocrática. ¿Eso queremos? Claro que no.

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Raymundo Riva Palacio
SEP 20

Los fantasmas en el clóset Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La cultura mexicana sobre el tema del conflicto de interés, es de opereta. Se enarbola como instrumento de golpeteo político en los momentos donde los grupos de interés miden sus fuerzas, y se guarda cuando la confrontación se deja atrás. Se argumenta con sofismas, donde para algunos ilegal es igual que ilegítimo, y para otros que sostienen que al no haber nada ilegal, tampoco es ilegítimo. Los dos casos son equívocos y contribuyen por igual a la opacidad con la que se desarrolla la sociedad política mexicana. De paso, impiden que se construyan mecanismos para reducir los márgenes de conflicto de interés en servidores públicos que beneficien a actores y audiencias por igual.

La semana pasada sucedieron dos eventos que muestran lo ramplón de la cultura política en México. El coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Stabros, renunció ante la presión pública que lo señalaba de incurrir en un conflicto de interés al ser funcionario federal y al mismo tiempo, consejero de la empresa española de generación de energía Iberdrola. Ramírez Stabros dejó el cargo no en reconocimiento que había incurrido en una falta de ética política —que ha afirmado tajantemente que no existió—, sino porque aferrarse al cargo empezó a tener un costo político para el Presidente.

Con el ruido de esa renuncia, Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y miembro del Consejo de Administración de Sempra, la multinacional que distribuye energía eléctrica, fue designado por el Senado como integrante del comité técnico del nuevo Fondo Mexicano de Petróleo, que garantizará el manejo transparente sobre el uso de los ingresos petroleros. Criticado por sus intereses en una empresa energética, Téllez aseguró que su nombramiento estaba dentro de los márgenes de la ley, por lo que no incurría en falta ética alguna.

Téllez y Ramírez Stabros están mal. No se necesita incurrir en una ilegalidad o aprovechar su puesto para beneficio personal para colocarse en un conflicto de interés. Un conflicto de interés se presenta incluso, ante el potencial que exista del choque del interés público con el particular. En muchos casos es un tema de percepciones que en otros países se ataja para que no se conviertan en realidad o sean motivo de ataques. Por ejemplo, un pre-requisito con el presidente Barack Obama para que el senador John Kerry, casado con la multimillonaria heredera de la corporación Heinz llegara a secretario de Estado, fue que redujeran sus acciones en empresas estadounidenses y extranjeras, y sus activos en Bolsa, para evitar un posible conflicto de interés.

Es un asunto claro: la mejor forma de manejar un conflicto de interés, y evitar ser acusado de ello y lastimar a la institución para la que trabaja, es no tenerlo. Kerry no tiene problemas, pero un colega en ese gobierno, el vicepresidente Joe Biden, ha sido sujeto de crítica a lo largo de los años por estar en los linderos del conflicto de interés. En estos días volvió a ser sujeto de polémica, pues su hijo acaba de ser contratado por una compañía de Ucrania que promueve su independencia energética de Rusia, que es lo que Biden, como emisario de Obama, ha estado trabajando en Ucrania.

En los países políticamente más maduros, quienes asumen una posición pública suelen vender sus acciones o colocarlas en un fideicomiso, retirarse de todos los consejos de administración y dar a conocer todos sus activos. En México, ni siquiera las declaraciones patrimoniales completas son una obligación moral darlas a conocer.

Un conflicto de interés no requiere de un acto ilegal o ilegítimo. Basta que exista la percepción para que se genere la sospecha y la falta de credibilidad.

En el caso de Téllez, una buena decisión por la experiencia del actual presidente de la Bolsa Mexicana, es lastimada por la dualidad de sus funciones. ¿Por qué no renunció al Consejo de Administración de Sempra? ¿Por qué no eliminó todo margen de sospecha? Esa duplicidad de funciones afecta la credibilidad no sólo sobre él, sino sobre el nuevo instrumento financiero de la Reforma Energética. ¿Por qué sucedió el caso Stabros? ¿Cómo pudo haber trabajado para una empresa extranjera durante seis años como legislador, y trabajar en el gobierno que se embarcó en una profunda reforma energética? Las lecciones son públicas y no se quieren tomar en cuenta sus experiencias.

Pero una posibilidad está al alcance de la mano del gobierno: crear un mecanismo dentro de la administración, para que antes que se anuncie un nombramiento, la persona sea examinada en forma escrupulosa para descubrir los fantasmas en el clóset. En efecto, este mecanismo tendría que voltear de cabeza a la persona designada y revisar todo aquello que pueda afectar al gobierno que se desea que sirva. En lo personal, en lo político y en lo financiero, en todo aquello que signifique un potencial riesgo de controversia —la OECD tiene un manual para administrar el conflicto de interés— y escándalo. Se haría discreto, sin lastimar a la persona, en dado caso que tenga pecados insuperables, y sin afectar a quienes serán sus jefes. De esta forma no habrá sorpresas para nadie. Habrá transparencia y dará credibilidad a los asuntos públicos, que una buena falta les hace.

Raymundo Riva Palacio
SEP 17

El manotazo de Peña Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El Presidente Enrique Peña Nieto rompió con la vieja Doctrina Estrada que rige la política exterior mexicana, sin darse cuenta. De la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, pasó a la intervención directa de los asuntos de un Gobierno extranjero. Fue el texano, para el cual no escatimó calificativos al condenar abiertamente que el gobernador Rick Perry haya enviado a la Guardia Nacional a su frontera con México para frenar la inmigración indocumentada. El Presidente cuestionó de esa manera el radicalismo de Perry, que ante la crisis humanitaria por el incremento de niños indocumentados sin acompañantes, optara por la vía criminal. ¿Fue deliberado el cambio de paradigma que planteó el Presidente?

Con toda la información disponible, se puede decir que no, y que ni siquiera forma parte de la estructura mental del Gobierno. La respuesta del Presidente a Perry, en una entrevista reciente, se ubica en el tiempo y el espacio del desplazamiento de los mil soldados de la Guardia Nacional la semana pasada a la frontera con Tamaulipas, y motivó una reacción inmediata de la oficina del gobernador en Austin. Su vocera, Lucy Nashed, dijo que en lugar de cuestionar al gobernador, esperarían un trabajo más cercano para abordar el problema.

El Gobierno mexicano no respondió a la provocación con una nueva declaración del Presidente o de la Cancillería. Fue la cónsul en Austin, Marcela Ojeda, quien comunicó a la oficina del gobernador que ella estaba lista para trabajar con el gobernador en nombre de México. No le regalaron a Perry la interlocución con Peña Nieto, que necesita en estos momentos, a escaso mes y medio que se elija a un nuevo gobernador para que él empiece formalmente su campaña por la candidatura presidencial republicana en enero.

Perry es un político astuto que entiende que cada vez que los republicanos son débiles en discurso y acciones en el tema de la inmigración, pierden adeptos. En 1990 California, los republicanos moderaron sus críticas a la inmigración indocumentada justo en el momento en que crecía la población hispana, por lo que los votantes los castigaron, y los desaparecieron del mapa electoral. En Texas, la población hispana superará en número a los anglosajones en 2020. La dureza del discurso y las acciones de Perry, si se recuerda California, puede ser contraproducente en el largo plazo, pero no en el corto. Tras el anuncio de enviar la Guardia Nacional a la frontera, las encuestas sobre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca lo empataron con el otrora puntero, Jeb Bush.

En ese juego de espejos políticos y electorales está la dialéctica del Presidente Peña Nieto y la reacción de enviar a la cónsul Ojeda como interlocutora del gobernador. Eso resuelve la coyuntura, ciertamente, pero no el trazado que involuntariamente dibujó el Presidente al intervenir en un asunto interno de Texas y de Estados Unidos. Su declaración contradice el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados porque viola la soberanía, planteada por el canciller Genaro Estrada en 1930, que dio origen a la Doctrina Estrada, que ha regido a la política exterior mexicana desde entonces. Su aplicación, empero, ha sido mañosa a través de los tiempos, como cuando el presidente Luis Echeverría se enfrentó al dictador Francisco Franco al cuestionar la ejecución de vascos, o cuando el presidente José López Portillo, firmó con Francia la declaración que le daba beligerancia al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador.

La política exterior mexicana, siempre principista, también ha sido sibilina. No hay crítica o debate sobre de ella porque no es un tema de interés masivo, y las únicas ocasiones donde se da la discusión es cuando se cruzan intereses políticos de las elites. Pero la atadura a la Doctrina Estrada ha llevado a México en los últimos años a no ser considerado un actor que asume sus responsabilidades en el campo de las relaciones exteriores. Por ejemplo, en la discusión sobre un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, México siempre es visto con desdén por su negativa a participar con los Cascos Azules en el mantenimiento de la paz en el mundo. A lo más que ha llegado, por citar tres casos, es el envío de policías a Haití por el terremoto en 2010, zapadores del Ejército a Honduras para tareas de rescate por Mitch, el devastador huracán en 1998, y de cocinas a Nueva Orleans, tras el otro huracán Katrina en 2005.

Si el Presidente Peña Nieto tiene una vocación internacionalista, necesita probar con una política exterior activa que va en serio. Los principios son invaluables, pero tienen que encontrar su nuevo marco de referencia para defender la soberanía mexicana, porque lo que hay ahora es insuficiente. La realidad de un mundo que ya no tiene polos ni centros de gravedad estables, escribió Alejandro Rodiles hace un año en la revista Este País, ya no permiten a México, ni a nadie, situarse estáticamente.

“No podemos ser defensores de un formalismo rígido, basado exclusivamente en los procesos e instituciones establecidos, como lo demanda la diplomacia mexicana tradicional”, apuntó Rodiles. Es absolutamente cierto. Si el Presidente se asomó por la puerta de atrás a esta realidad, es momento para abrir su discusión y permitirse un nuevo legado para México en estos tiempos de globalización. Si no hace, será una oportunidad perdida.
 

Raymundo Riva Palacio
SEP 15

El reino de Sonora Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Una máxima que nunca deben olvidar los gobernantes es no pelearse con el Presidente de la República. A veces se les olvida a algunos que la Presidencia es muy débil como institución, pero que su fortaleza emana de la personalidad del Jefe del Ejecutivo, que puede ser inofensivo, o utilizar los recursos políticos a su alcance, hasta convertirse en amenaza y verdugo de quien lo desafíe.

Vicente Fox, por ejemplo, siempre tuvo una mano débil, tropezándose todo el tiempo con la incomprensión entre ser tolerante y ser incompetente en el ejercicio del poder. Carlos Salinas fue el arquetipo del déspota ilustrado, que mediante argucias legales gobernó con reglamentos por encima de la Constitución. A Ernesto Zedillo nunca le interesó el poder político, pero cuando tuvo necesidad de reformar el Poder Judicial, destituyó a todos los ministros de la Suprema Corte, y la dejó acéfala durante dos semanas. Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, sabe cómo usar el poder.

Sonora es el caso de estudio de la confrontación contra ellos dos. Cuando el gobernador Eduardo Bours quedó en medio de una crisis política por el incendio en la guardería ABC de Hermosillo que provocó la muerte de 49 menores, optó por pelearse con Calderón para desviar la atención pública de la tragedia. Fue un equívoco; la muerte de esos menores aún lo persigue política y penalmente. Hoy es Guillermo Padrés, quien luego que delegados federales confirmaron a la prensa que un pozo en su rancho no contaba con permisos de construcción, los expulsó del comité de emergencia de Protección Civil del Estado, en medio de la crisis por el derrame tóxico de una mina del Grupo México.

Padrés le pidió a Peña Nieto que los cesara y que atendiera con diligencia el desastre. El gobernador se equivocó de enemigo. Pero ciertamente, las acciones atribularias son lo suyo. Como autócrata bananero, ha decidido que en el reino de Sonora sólo él manda. Los antecedentes lo marcan.
Desde el año pasado es omiso en el acatamiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia que calificó como inconstitucional la construcción de un acueducto que transporta agua a Hermosillo desde tierras yaquis. Le dio igual. El agua no sería para todos los sonorenses, sino sólo para los habitantes de la capital sonorense, estableció.

El fallo no establecía las bondades del proyecto del acueducto que resolvía las necesidades reales de agua en Hermosillo, sino que Padrés había violado la ley. Para mediar —como si la justicia requiriera de intermediarios para que se cumpliera el Estado de Derecho—, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, buscó que Padrés acatara el fallo de la Suprema Corte, pero el gobernador, como hizo antes con el tribunal y los yaquis, le dio con la puerta en la nariz.

El reciente episodio donde expulsó a los delegados federales es el último caso que prueba que la ley no vale nada para él. El gobernador no tiene atribuciones sobre funcionarios federales, pero aun así, violentó el tejido político.

En un desplegado que publicó el pasado miércoles en un periódico de la Ciudad de México, Padrés le pidió al Presidente que atendiera la tragedia ambiental y que relevara a sus funcionarios para que, nuevamente, les otorgara interlocución. Con “todo respeto”, como dicen los políticos, condicionaba el trabajo del Gobierno federal a sus designios. Por supuesto, obtuvo la atención del Presidente.

En Los Pinos pensaban reaccionar con cuidado por la expulsión de los delegados, y tenían preparada una declaración donde sólo se expresaba extrañeza por la acción. La moderación cambió durante la mañana. Al regreso de una gira a Lázaro Cárdenas por la tarde, la decisión cambió. Padrés tendría lo que quería. En menos de dos horas se organizó una conferencia de prensa donde el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, anunció que revisarían los permisos de construcción de su pozo particular, y anticipó que de no tenerlos, podrían proceder inclusive a demolerla.

El jueves, dos secretarios de Estado anunciaron medidas financieras que afectan al Grupo México, que fue defendido por Padrés durante los primeros días del desastre ambiental. Contra los dos, la fuerza del Gobierno.

Padrés quiere politizar el caso. “Ninguna campaña de desprestigio contra mi persona o mi familia me desviarán de seguir señalando a los culpables del peor desastre ecológico de México”, anticipó su estrategia en el desplegado. Por qué centró al Gobierno y no al Grupo México como el responsable, no es un misterio.

Sus intereses particulares y electorales, no los de 23 mil sonorenses afectados por los descuidos del emporio industrial cercano a él, es lo que prevalece en su comportamiento político. Pelearse con el Presidente es su ruta para victimizarse, y convertir negligencias y omisiones en un tema político-electoral.

El problema lo tiene directamente con el Presidente, quien ordenó responderle a Padrés en otros términos: con la ley. Si la violó, irán contra él. El gobernador tiene problemas si uno se atiene a sus antecedentes sobre el Estado de Derecho. Pero no hay punto de retorno. En estos momentos, debería estar preocupado por colmar la paciencia federal, y planear cómo resolver un conflicto donde no tiene posibilidades, legales o políticas, de ganar.

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Raymundo Riva Palacio
SEP 12

Los secuestradores de Valle Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Entre las rutas más populares para hacer deportes extremos en la región de Valle de Bravo se encuentran Cerro Gordo y Laguna Negra. Es común que en esa zona abunden las bicicletas de montaña —con algunas rutas realmente extenuantes—, y estupendas brechas para motocross. Atrás de Cerro Gordo se encuentran otras cimas, Maguey y Los Tres Reyes, puntos infaltables en todas las competencias internacionales de parapentes. Últimamente están bastante desoladas estas zonas, que se convirtieron en el epicentro de los secuestros en Valle de Bravo.

El fenómeno del secuestro en esa zona, donde de acuerdo con uno de sus más distinguidos vecinos, Alejandro Martí, pasa su fin de semana 25% del PIB, ha bajado en estos días. Una razón es la atención del Gobierno federal tras empezar a convertirse el secuestro en tierras del Presidente Enrique Peña Nieto en un problema de opinión pública: otra es porque ante lo caliente que se puso la región, los secuestradores cobraron las recompensas por las 17 personas que mantenían en cautiverio y se fueron. No esperaron la llegada de las tropas federales y la Gendarmería a mediados del mes pasado, cuyo arribo a Valle de Bravo hizo huir, aunque no se resolvió el problema.

No es por falta de información, sino de estrategia. Las autoridades tienen plenamente identificadas a las personas que participaron en los secuestros. “Casi todas ellas son halcones de la organización (La Familia Michoacana) o de un grupo con orígenes en Michoacán”, dice el procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez. “Pero las personas que están operando son originarias de Arcelia Guerrero, o de otras partes del Estado”.

Arcelia se encuentra a 168 kilómetros al Sur de Valle de Bravo, a donde se llega por carreteras trazadas como serpentinas entre montes y bosques. Entre esos dos puntos se encuentra Tejupilco, de donde hay una desviación hacia Luvianos, el centro criminal mexiquense en el Sur del Estado. Pero Arcelia, la puerta a Tierra Caliente, es la clave de los secuestros. Cuando llegaron los federales a Valle de Bravo, los secuestradores se refugiaron en las tierras protegidas por criminales. Pero no se le escaparon a las autoridades, que con trabajo de inteligencia de la Marina, tienen a toda la banda de secuestradores identificados.

De acuerdo con el expediente confidencial del caso, son un grupo cuyas edades fluctúan entre los 17 y los 28 años, hombres y mujeres. Realizaron los secuestros en distintos puntos de la región de Valle de Bravo y trasladaron a sus víctimas a El Maguey, donde estaban en continuo movimiento. No dormían en el mismo lugar en forma consecutiva y los mantenían sin zapatos, para que en caso que huyeran, no llegaran lejos.

Las mujeres eran quienes subían la comida a los cerros, y un hombre quien desde teléfonos celulares desechables se comunicaba con los negociadores de las víctimas. No podían hablar con los secuestrados porque estaban en distinto lugar. “Ya sabe”, explicó un secuestrador a uno de los negociadores. “Los militares están tratando de interceptar las llamadas”. El expediente tiene las fotografías de cada uno de ellos, y también está identificado el líder de la banda. La razón por la que no los persiguieron hasta Arcelia tiene que ver con el contexto de la región, que está desestabilizada, por lo que una operación de esa naturaleza, tenía el potencial de exacerbar la violencia.

Según los reportes de inteligencia, el fenómeno del secuestro en Valle de Bravo tiene su origen en la ola de violencia que sacudió la región desde agosto de 2013, cuando José María Chávez Magaña, apodado “El Pony”, traicionó a desertores de los Caballeros Templarios y de la banda de “Los Pelones”, que se agruparon en un incipiente cártel, “Guerreros Unidos”. Chávez Magaña era el jefe de la plaza de La Familia Michoacana —como se llaman los templarios fuera de su Estado-, pero fue capturado por marinos y soldados el 2 de julio en Tejupilco, lo que desató una pugna por el control de la plaza. Quien lo sustituyó fue un criminal al que sólo identifican como “El Pez”, uno de los jefes de la Familia Michoacana en el Estado de México desde hace más de año y medio.

“El Pez”, de acuerdo con los informes de inteligencia, está enfrentado con el cártel de “Los Rojos”, cuya semilla fue incubada por los hermanos Beltrán Leyva en 2009, y emergió como subsidiaria del cártel del Pacífico en 2011. “Los Rojos” están enfrentados con “Guerreros Unidos” desde hace más de dos años por el control de Morelos y el Estado de México, pero tras la traición de “El Pony”, aprovecharon la coyuntura para apoderarse del Sur de esta Entidad. La información que tienen las autoridades es que “El Pez” sigue resistiendo los embates y, al mismo tiempo, busca negociar el reordenamiento de la plaza.

En medio de este proceso de realineamientos y lucha por el control de la plaza, se dio el reciente fenómeno de secuestros en Valle de Bravo. Aunque tienen vasos comunicantes, no responden a la misma racional. El contexto general de la lucha entre cárteles ha demorado el cierre del caso de los secuestros. Pero es cuestión de tiempo. Todos están vigilados. La coyuntura será, este caso, la que determine cuánto tiempo más estarán en una libertad que tienen actualmente prestada.

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Raymundo Riva Palacio
SEP 10

El PRD de Peña Nieto Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

 A nadie sorprenderá que las elecciones para elegir nuevo presidente del PRD queden manchadas por irregularidades. Está en su código genético disputar con lodo el poder en un partido que desde su fundación amalgama corrientes políticas con orígenes y métodos de lucha a veces antagónicos, incapaz de lograr cohesión institucional. Lo distinto ahora es que en la nueva disputa por el poder se juega la viabilidad de una oposición de izquierda en el corto plazo, y la franquicia entre una izquierda gobiernista, y una que por definición, es opositora, en el largo plazo.

La fractura entre Nueva Izquierda, la corriente conocida como “Los Chuchos”, —apoyada por un grupo de tribus protopriistas—, y una coalición de izquierda que se está construyendo, es una realidad que preocupa al principal afectado por esta incertidumbre, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Sólo “Los Chuchos” no quieren ver que una oposición dócil tiene consecuencias negativas, porque inclusive dentro del Gobierno advirtieron que sus aliados podrían acelerar el rompimiento, con su insistencia a mantener el control del PRD por sobre todas las cosas, en un momento donde el Presidente necesita aliados para consolidar sus reformas, y no enfrentar adversarios cuyo objetivo político y electoral es descarrilarlas.

Por eso se sumó discretamente a los esfuerzos que querían que Cuauhtémoc Cárdenas fuera electo por consenso presidente del PRD como un recurso para evitar la polarización, porque consideraban que sería un líder que sin estar subordinado a Los Pinos tendría puentes de comunicación con el Gobierno. Las corrientes más radicales aceptaban a Cárdenas, pero “Los Chuchos” dijeron no. ¿Por qué le regalarían un partido cuyo aparato controlan? Carlos Navarrete, decían, será el cuarto presidente sucesivo de la tribu.

Las elecciones para presidente del PRD no eran determinantes para evitar la fractura, ni para acelerarla. Los grupos disidentes de “Los Chuchos” en el PRD llevan semanas negociando con Andrés Manuel López Obrador una alianza electoral para el 2015, que tendrá que ser de facto porque Morena, el partido del dos veces candidato presidencial que acaba de recibir su registro, no puede competir en su primera contienda electoral en coalición.

La oposición común contra “Los Chuchos” los llevó a iniciar negociaciones para formar coaliciones de facto en las elecciones del próximo año, enfocándose a lo que va a suceder en el Distrito Federal, el bastión de la izquierda que el PRI, en una alianza en ciernes con el PAN, les quiere arrebatar. El planteamiento central de la alianza, planteada a López Obrador por Marcelo Ebrard, que encabeza el Movimiento Progresista, y René Bejarano, líder de Izquierda Democrática, se enfoca en el Distrito Federal, el único bastión que le queda a la izquierda, y que está en riesgo de perder una buena cantidad de su poder frente a la eventual alianza del PRI con el PAN en la capital, que llevan semanas platicando.

La propuesta de Ebrard y Bejarano —cuya corriente es la segunda de mayor fuerza del PRD en la Ciudad de México, después de Los Chuchos—, es dejar que todas las tribus presenten sus candidatos en cada delegación y distrito electoral local y federal, y que un mes antes de la elección del 1 de junio, se analice quiénes son los que tienen la posibilidad real de ganar. El resto declinaría a favor de ellos para trasladar sus votos a los mejores competidores, con lo que piensan se evitaría la división de la izquierda anti-gobiernista, y se diluya su oposición.

Las principales resistencias que encuentra esta propuesta es el escepticismo de López Obrador, cuyo argumento principal es la posibilidad que puedan perder todo y, por tanto, quedarse con nada. La postura es conservadora y de alguna manera egoísta, por el peso electoral que tiene el tabasqueño. Su participación en esa alianza es fundamental, porque Morena, según las encuestas que miden su fuerza en el Distrito Federal, tiene 18% de preferencia electoral contra 22% del PRD. López Obrador, el político más reconocido en el país detrás de Peña Nieto, tiene un peso político de ocho por ciento. Si se concretara esa alianza, todo apunta a que se partiría la militancia y las lealtades dentro del PRD.

Los jefes de “Los Chuchos” piensan que el voto corporativo que los mantiene en la cima del partido, dará los suficientes votos en las urnas para que venzan a la oposición unida de la izquierda, que va sumando fuerzas. López Obrador tiene el control político del Partido del Trabajo, mientras que Ebrard se ha convertido en el jefe metropolitano de Movimiento Ciudadano. Pero la apuesta estratégica  de la izquierda anti-gobiernista no es ganar en 2015, sino comenzar a construir las bases para competir en 2018, en las elecciones presidenciales.

Dentro del PRD de “Los Chuchos” existe menosprecio por sus adversarios de izquierda, insuflados en buena parte por el acceso al poder en Los Pinos. En la Presidencia los han procurado porque fueron funcionales. Bajo la misma lógica, serían más funcionales si dejaran la presidencia del PRD a otras fuerzas ante la polarización que han creado. Pero eso no lo harán en forma voluntaria. Si sus cálculos son correctos, no tendrán de qué preocuparse. Si no, será bueno que recuerden que cuando en política se deja de ser funcional, se convierte en desechable.

Raymundo Riva Palacio
SEP 9

Desintegración Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La izquierda reformista que apostó con el Presidente Enrique Peña Nieto por el Pacto por México, se está cayendo a pedazos. Es la corriente donde su jefe histórico, Jesús Ortega, disfruta el acceso al poder que nunca tuvo y opera con el jefe formal, Jesús Zambrano, presidente del PRD, para seguir controlando el aparato del partido y la ''nomenklatura''. Los Chuchos siempre se han distinguido por pertenecer al ''apartachik'' que se ocupa de la construcción de la colmena burocrática, con el control de los comités seccionales, de los delegados, de los cargos en el politburó perredista, y también por olvidar que lo que hace ganar elecciones son los votos, no los rotulados en las oficinas.

Los Chuchos son la corriente más fuerte del PRD que, sin embargo, sin el acompañamiento de una figura que nunca sale de esa tribu, no serían nada en los procesos electorales. Son pragmáticos y se comen sus escrúpulos. Ortega siempre decía que Cuauhtémoc Cárdenas era un cacique, pero no dejó de respaldar sus candidaturas presidenciales. Con Andrés Manuel López Obrador, a quien además de cacique le endilgaba el calificativo superficial de “mesías”, caminó al lado en dos campañas presidenciales y habría seguido como lapa de quienes generan votos y les inyectan vida, pero la seducción del poder y el acceso a Peña Nieto, los llevó a sobrevalorarse en el mercado político.

Los Chuchos, con la transfusión de ambición que recibieron de Los Pinos —para quien fueron largamente funcionales—, decidieron que el tiempo donde ellos marcarán las horas en el reloj político, ya les pertenecía. Han puesto su futuro en el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, pero no muestra alas para volar, y sigue dilapidando su capital político en la Ciudad de México. La robusta figura tras quien querían caminar para mantener el poder en el partido, parece no tener mucha fortaleza.

En paralelo, la forma de interactuar con el Gobierno mostró a Los Chuchos más edulcorados que de costumbre, y sufrieron en desgastes y enfrentaron contradicciones. El pasado fin de semana llegó a su fin una de ellas.

Miguel Barbosa, que sorprendió a muchos y ganó respeto como coordinador del PRD en el Senado, rompió con sus viejos camaradas para caminar con una nueva tribu, el Frente de Izquierda Progresista, luego de semanas de enfrentamiento público con Zambrano por la ley de telecomunicaciones y su forma autócrata de querer tratar a los senadores. Coincidentemente, sus enemigos comenzaron a salir de las piedras.

Marcelo Ebrard, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, desangrado por Mancera pero no liquidado, tiene una voz política más sonora que su sucesor. No tiene los apoyos, ni los votos, pero le ayuda que sus rivales pierden crecientemente el respaldo popular. Ebrard quiere ser presidente del PRD, pero no tiene apoyos en el Consejo Político que dominan Los Chuchos, donde su siguiente dirigente en línea, Carlos Navarrete, quiere esa posición. Si la desea la tendrá. Pero eso no significa que el Chucho menor, Navarrete, será capaz de despertar la emoción de un electorado que no quiere mediocres y que, en opinión de amplios sectores de la izquierda, entregados al Presidente.

Mancera ha dejado a la Ciudad de México sin una voz crítica de la izquierda, como existió desde que Cárdenas se la arrebató al PRI en 1997. Navarrete tiene como activo pertenecer a la burocracia de Los Chuchos. Entre los dos, hoy no se hace uno, ni para 2015 ni para 2018. Están enfrentados con una de las corrientes poderosas del PRD, Izquierda Democrática, que encabeza René Bejarano, que cuenta con más de 32 diputados federales, el control de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la secretaría general del partido y las vice coordinaciones en el Senado y San Lázaro. Bejarano mantiene una relación cálida y fría con Ebrard, pero que, pragmáticos finalmente los dos, los puede llevar a formar una vez más una alianza táctica.

Pero sobretodo, tienen encima el fantasma de López Obrador y su partido Morena. Zambrano dice que no le preocupa el ex candidato presidencial. No puede hablar en serio. López Obrador, sin partido, sin campaña y sin presencia en medios, sólo es superado en preferencia del electorado por Peña Nieto, pero a diferencia del Presidente, él si podrá estar en la boleta electoral de 2018. Como individuo, López Obrador vale alrededor de 8% del electorado, mientras Morena, que aún no tiene su primera prueba electoral, cuenta con 30% del respaldo en la Ciudad de México, bastión de la izquierda mexicana.

La dialéctica entre la consistencia y la incongruencia es lo que define a los bandos de Los Chuchos y de López Obrador, que no se ha movido mientras se desintegra el poder central del PRD y en la lucha facciosa interna, comienza la diáspora. No debe tener prisa. Su meta no es 2015 sino 2018, cuando decidirá si va por tercera ocasión en busca de la Presidencia, o si apoya a un candidato que tome su programa. Los Chuchos no tienen tanto tiempo. Pueden minimizar sus problemas, soslayarlos en los medios, pero cuando su corazón se empieza a pudrir, es que están muy enfermos. La salida de Barbosa de esa corriente es el primer síntoma claro que ese proceso ya comenzó.

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Raymundo Riva Palacio
AGO 27

Calígula vive en México Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Las imágenes han cambiado la forma como se hace la política. En México las imágenes son tangibles—videos— o intangibles —audios—, y han servido para incubar una idea siempre negativa de quienes son sus protagonistas. Hace unos días cayeron los coordinadores del PAN en el Congreso tras la difusión del video de una fiesta. Poco antes, un audio de la diputada Purificación Carpinteyro la anuló de la discusión de la Ley de Telecomunicaciones. Fotografías sin contexto han convertido a políticos en delincuentes, y audios de vagas pláticas a otros en criminales. Invenciones que difunden medios sin escrúpulos, han acortado carreras públicas.

Esos materiales siempre fueron obtenidos de manera subrepticia. Quienes han hecho uso faccioso de ellos aprovechan una prensa proclive al escándalo, por ratings, circulación, audiencia, y en muchos casos, por un poder como en los tiempos no tan lejanos del régimen autoritario. En aquél periodo, ser megáfono del poder era el medio para sobrevivir y de sus dueños para ganar acceso y dinero. No ha cambiado mucho en el fondo. El ciclo se repite.

La diferencia en la actualidad es que los escándalos tienen como característica indivisible que son casi siempre imágenes de vida privada, o descontextualizadas, donde no existe el derecho a la réplica, que buscan un daño particular más allá que haya delito o no, y que para lograrlas se violaron normas de convivencia y leyes. Es decir, no es la transmisión de propaganda para fabricar el consenso para gobernar como antaño, sino de una imagen para denostar y alterar el rumbo de la política.

Hay una variable adicional que se ha venido agregando, las redes sociales, como un vehículo de comunicación, que aprovecha la docilidad de una opinión pública dispuesta a creer acríticamente lo que se da, sin importar sus orígenes —legales o ilegales—, motivaciones ulteriores, transgresiones éticas, o finalidad política. No pregunta a quién beneficia, sino contempla a quien perjudica. Es una sociedad muy activa, mucho más informada que aquella que vivió los regímenes autoritarios y, sin embargo, mucho más confiada ante cualquier platillo que le pongan en la boca.

El manejo de las imágenes ha sido una herramienta muy poderosa de los políticos y los grupos de presión en los últimos años, que han comprobado que se puede manipular a la opinión pública fácilmente y sembrarle ideas que se convierten en percepción y luego en realidad. Últimamente también ha sido utilizada como un brazo de los órganos que procuran y administran la justicia. Michoacán es el mejor caso de estudio, por lo exitoso que ha sido en instaurar un sistema paralegal bajo un marco ilegal.

Las autoridades federales han encontrado una decena de videos en casas de seguridad de Los Caballeros Templarios en Michoacán donde aparece uno de sus jefes, Servando Martínez, “La Tuta”, con políticos y empresarios michoacanos. Las autoridades federales han ido administrando su difusión. El patrón es darlo a conocer a través de las redes sociales, la patria de la impunidad absoluta, de donde lo toman los medios convencionales, que a su vez elevan la presión pública contra las autoridades para que tomen medidas al respecto, con lo que el círculo se cierra. En otras palabras, se plantan los videos, se deja que se procese en la opinión pública y entonces la autoridad retoma su semilla envenenada y judicializa las grabaciones. La inducción disfrazada de investigación.

La política se ha desvirtuado, y aquellos actores que no participan de estas dinámicas, se asombran, pero se divierten y regocijan cuando ven las tribulaciones en cabeza ajena. Para los medios, son tiempos de gloria, pensando que el Cuarto Poder es supremo, sin entender que hace mucho tiempo ese Cuarto Poder no comía tanto de la mano del Primer Poder. Decir que este fenómeno tiene consecuencias ominosas para todos es obsoleto. Esta práctica tolerada y avalada por todos, ya escaló a otros niveles.

El caso más brutal, por agresivo e impune, es la campaña desde hace un mes en contra del conductor de radio y televisión Pedro Ferriz de Con, que inició con la publicación de fotografías en un periódico de baja circulación, retomadas por una revista de enorme audiencia que publica escándalos del espectáculo. Luego vino la difusión de grabaciones telefónicas. En todos ellos, no hay nada de interés público o que afecte a la sociedad. Todo es un asunto de vida privada donde lo único público es el morbo al ver cómo se destrozan vidas privadas. Lo más grave, por la inconciencia, es que medios convencionales, con periodistas reconocidos, han dado cabida a campaña movida anónimamente contra Ferriz de Con.

Su caso demuestra a dónde hemos llegado sin darnos cuenta. No hay controles que impidan la intromisión salvaje en la vida privada, ni una distinción entre la vida pública y la vida privada. Esta discusión lleva años en otros países, pero en México es un no tema. Lo que vivimos es un frenesí y lleno de excesos de quienes construyen la vida pública, donde la sangre es la bebida de los dioses. Lo gozamos, lo celebramos, la festinamos, y nos burlamos mientras aniquilamos. Así es todos los días y así será, hasta que a cada uno de nosotros nos toque nuestro turno y preguntemos qué hicimos y en qué nos convertimos.
 

Raymundo Riva Palacio
AGO 20

Alertas de viaje, alertas políticas Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

De rapidez y contundencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores no carece. Horas después que el Departamento de Estado emitió una nueva alerta de viaje a México este viernes, la respuesta tajante llegó a Foggy Bottom. Fue una alerta descontextualizada y exagerada, sugirió la cancillería mexicana, porque la seguridad ha mejorado sustancialmente y el b, el delito que más preocupa al gobierno de Barack Obama, bajó 22% el primer semestre de 2014 con respecto al mismo periodo el año pasado. La verdad, lo que diga México le importa muy poco a los estadounidenses.

A cuatro columnas en la parte superior de su primera plana, el periódico más influyente en la capital de Estados Unidos, The Washington Post, publicó el sábado –desde el viernes, coincidiendo con la nueva alerta, se mantuvo la información en el home de su visitado sitio durante más de 24 horas-, que el secuestro en México se había democratizado. Ya no secuestraban sólo a ricos, reportó, sino también a los pobres.

El Post contrastó la cifra oficial de mil 698 secuestros el año pasado en México, contra los tres mil 38 que registra la Asociación Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace, a quien el diario le da el mismo peso que al Gobierno. Bajó 17% el delito en 2013, cita el diario las estadísticas del Gobierno; subió 56% en el mismo periodo, contrasta con la ONG de Miranda. En el balance refleja la contradicción del manejo de cifras. ¿A quién creerle? La renovación de la alerta de viaje del Departamento de Estado, que estaba congelada desde el 9 enero, no sólo da la respuesta, sino proporciona información ocultada a los mexicanos sobre la gravedad de la inseguridad en el país.

Sólo en el tema de los secuestros, el crimen que más lacera a la sociedad, el zar antisecuestros, Renato Sales, dice que los estados que registran el mayor número son, en orden de importancia, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y México. Según la cancillería en Foggy Bottom –por el barrio donde se encuentra-, los riesgos en México son significativamente más altos a los reconocidos por el gobierno. En Chihuahua, por ejemplo, que estaba pacificado, la recomendación estadounidense es que no viajen por el estado. Y los empresarios, que extremen precauciones dentro del parque industrial en la capital, y en las zonas de las maquiladoras de Ciudad Juárez y el centro de esa ciudad.

Chihuahua no aparece en el mapa prioritario mexicano. Tampoco Baja California, otro estado otrora pacificado, donde pide aumentar precauciones en Tijuana, Rosarito y las playas de esa zona, muy frecuentadas por los surfistas. Sonora, ignorada por la autoridad federal, es considerada por el Departamento de Estado como un centro del crimen organizado en narcotráfico y trata, donde recomienda no pararse ni en la capital. Igual Zacatecas, cuya actividad criminal provocó que la cancillería de Obama alertara a sus ciudadanos que pasen por Aguascalientes eviten viajar a ese estado. Lo mismo va para quienes deseen ir desde Jalisco.

La radiografía del crimen en México, a través del mapa de la alerta de viaje, es, con perdón del pleonasmo, alarmante. En Coahuila, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí, recomienda a sus ciudadanos no ir si no tienen nada “esencial” qué hacer, y que las únicas ciudades relativamente seguras en esas entidades son las capitales. En Sinaloa, precisa que la única ciudad donde encontrarán seguridad durante el día es Mazatlán. En todo el país, la recomendación es no viajar de noche por carretera. En Matamoros, Tamaulipas, la zona metropolitana de Monterrey, y las capitales de Durango y Zacatecas, las cosas van más allá. Los funcionarios estadounidenses tienen que respetar un toque de queda de 12 de la noche a seis de la mañana.

La contaminación criminal afecta a quienes van a Nayarit, a quienes recomiendan que no viajen a los vecinos Durango y Sinaloa, como a los que se encuentran en Jalisco, que no se trasladen por tierra a Michoacán, sugerencia que extienden a quienes están en Colima, con el añadido que les piden extremar precaución en Tecuman, la segunda ciudad colimense en importancia. Para Michoacán pide la cancillería estadounidense que no viajen por carretera, y porque sólo Morelia y Lázaro Cárdenas, por avión, son relativamente seguras.

En Guerrero pide, de plano, no ir ni al noroeste ni al sur del estado. Menos aún a los corredores que conectan con el estado de México por la puerta de Arcelia, en la Tierra Caliente guerrerense. En Acapulco, les dijeron, no vayan más allá de dos cuadras de la costera, para no encontrar problemas de seguridad. En el estado de México la alerta es para la zona conurbada al oriente de la ciudad de México, y en las áreas colindantes con Morelos enHuitzilac y las Lagunas de Zempoala.

El mapa de la inseguridad en México visto a través de la nueva alerta del Departamento de Estado, refleja una realidad de inestabilidad y riesgo mucho más profunda y extensa de lo que han planteado las autoridades mexicanas. El diagnóstico en Washington regresa a la seguridad por la puerta de atrás a la agenda bilateral, de donde con tanto trabajo se ha buscado sacarla en esta administración.
 

Raymundo Riva Palacio
AGO 19

La guerra de Calderón Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Muchos meses antes de terminar su sexenio, el entonces presidente Felipe Calderón diseñó con su equipo una ruta para construir la narrativa de su Gobierno en la guerra contra el narcotráfico. A Guillermo Valdés, que dejó el Cisen, le pagó un año sabático en Madrid para que escribiera la historia de los cárteles de la droga, y Alejandro Poiré, al terminar su gestión como secretario de Gobernación, se fue a la Universidad de Stanford para escribir un libro sobre la seguridad, a partir de una encuesta a 20 mil personas realizada por esa institución, pero financiada por Calderón. El ex presidente hizo lo suyo y este miércoles presentó "Los Retos Que Enfrentamos", un libro que incluye su alegato a favor de esa lucha contra las organizaciones criminales.

Calderón reanudó su vida pública en México luego de un año y medio en la Universidad de Harvard, y el pasado miércoles recorrió noticiarios de radio para empezar a contar su historia, aunque como siempre, en forma tramposa, maniquea y en algunos casos, notoriamente mentirosa. Juega Calderón con la falta de memoria y las lagunas de información para ocultar que esa cruzada personal, que defiende desde una perspectiva ética, tuvo motivaciones ocultas, personales y, sobretodo, de coyuntura política.

La mentira más relevante, que ha repetido desde hace meses para vaciar de contenido bélico su discurso sexenal, es afirmar que nunca definió esa lucha como una “guerra”. No obstante, Calderón la concibió de esa manera desde que el término fue utilizado por el entonces jefe de la DEA en México, durante una reunión secreta en Cuernavaca en septiembre de 2006, a la que asistieron Eduardo Medina Mora, que iba a ser procurador general, y Genaro García Luna, que sería designado secretario de Seguridad Pública. El jefe de la DEA expuso a Calderón la necesidad de desatar una “guerra” contra los cárteles, a lo cual el presidente electo, que tenía información sobre la penetración en su Estado Michoacán, accedió.

La guerra se lanzó a los pocos días de haber asumido la Presidencia, en Michoacán y Guerrero. Pero esa lucha frontal, incuestionable para frenar la penetración criminal en las instituciones, no se había pensado que fuera el eje de su Gobierno, que estaba originalmente diseñado sobre el crecimiento y el empleo. Calderón no lo dice, pero la razón de su énfasis en la guerra contra el narcotráfico tuvo un origen de legitimidad electoral. Cuando en el arranque de su Gobierno la Policía Federal detuvo en la Ciudad de México a Flavio Sosa, uno de los líderes que tomaron Oaxaca en 2006 para derrocar al gobernador Ulises Ruiz, las encuestas en Los Pinos registraron un incremento en la popularidad de Calderón, por lo que se decidió tomar esa línea de acción como herramienta para legitimarse en la Presidencia, tras el largo conflicto electoral con Andrés Manuel López Obrador que lo había dejado manchado.

Calderón decidió jugar la propaganda al extremo. Durante sus primeros 60 días de Gobierno presidió 18 actos militares y en uno de esos eventos, en Apatzingán, el viejo bastión de La Familia Michoacana, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como lo marca la Constitución, se vistió de militar. Más aún, vistió a sus hijos con uniforme militar. Nunca antes ningún Presidente mexicano había jugado con los símbolos, pero Calderón no tuvo escrúpulos para hacerlo. Tampoco tuvo freno para definir esa batida contra los criminales como una guerra. Hoy dice que no es cierto, y que se lo prueben. Como botones de muestra:

•     *El 29 de enero de 2009, dijo: “Cuando empezamos, sabíamos que esta guerra contra el crimen organizado tomaría tiempo, dinero, y que también costaría vidas humanas”.

•      *El 15 de mayo de ese año, afirmó: “Si bien hay costos en términos de la guerra que se libra contra la delincuencia, son más, muchísimos más, los costos que tuvo que padecer México por el hecho de no enfrentar a la delincuencia como debe enfrentarse a los delincuentes”.

•     *El 28 de abril de 2010, admitió: “Aprendiendo un poco de la estrategia o de la lógica de combate, yo lo que veo en la historia, que es un tema que además me fascina, las guerras se ganan con tecnología”.

No fue la única vez que usó la palabra “guerra” en su discurso, que a lo largo del sexenio tuvo como eje central el énfasis militar, policial y criminal. En la actualidad quiere empaquetar ese combate contra criminales bajo diferentes parámetros. En marzo de 2013 en la Universidad Trinity en San Antonio, Texas, Calderón dijo sobre la lucha contra la delincuencia en su Gobierno, fue “un deber moral con nuestro país”. Efectivamente, el deber era moral, político, jurídico e histórico. Pero lo hizo con excesos retóricos, propagandísticos, de autoridad y de derechos humanos que hoy se quieren ocultar.

Esta narrativa aún no termina. La visión épica de la guerra contra las drogas que proyecta Calderón está incompleta. Otros capítulos, de autores independientes, están escribiéndose en forma de juicios por genocidio, que no tendrá el espacio amable, casi cómplice, como el que tuvo este miércoles al presentar su lado de la historia.

Raymundo Riva Palacio
AGO 15