Iguala: el engaño al Presidente (III) Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

NOTA: En la segunda parte de la serie “Iguala: el engaño al Presidente”, aparece citada en una declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, entregada a la PGR, la farmacia Guadalajara de Iguala, como propiedad del ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Para efectos de aclaración, esa farmacia no pertenece a la cadena de Farmacias Guadalajara, operada por Corporativo Fragua.

La recomendación al Presidente Enrique Peña Nieto de encapsular la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa al declarar que los hechos en Iguala eran un asunto que debían arreglar los guerrerenses, regaló 15 días a grupos políticos y armados dentro y fuera de la ley, que avizoraron que a través de una causa legítima podían comenzar una rebelión.

El mes que discutieron en Los Pinos si convenía o no presionar al gobernador Ángel Heladio Aguirre a pedir licencia, les facilitó el incendio del Estado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, repitió erróneamente que el crimen era del fuero común, sin entender él, ni Aurelio Nuño, el jefe de la Oficina de la Presidencia, que en Iguala no sólo se había cometido un crimen, sino que empezó la contrarreforma nacional. No lo diagnosticaron ellos; no se percató el Presidente.

Actuar como Poncio Pilatos las dos primeras semanas en Guerrero es el mayor error político de Peña Nieto y de su Gobierno, que envuelto por la endogamia política de su Presidencia, no le permitió ver a él ni a su equipo que la insurrección social en el corazón de la cuenca del descontento fue alimentado, probablemente en forma inopinada, por el grupo compacto en su entorno. El punto de inflexión para entender lo que se vive en Guerrero fue la captura de la maestra Elba Esther Gordillo en febrero de 2013, con el argumento que eliminarla como líder del magisterio, allanaría al camino de la reforma educativa.

Desde el interior del Gobierno advirtieron que el análisis era equivocado, y que si creían que meter a la cárcel a la maestra era la solución, no entendían su rol en el magisterio. Como sucede regularmente en la burbuja donde está encerrado el Presidente, descalificaron las opiniones. Cuando fue detenida, le sugirieron a Osorio Chong que en esa coyuntura se capturara también a los jefes de la Coordinadora, una docena de maestros disidentes principalmente en Oaxaca, y con el liderazgo descabezado, iniciar su renovación. Se hizo lo contrario.

Desde la Secretaría de Gobernación, por intermediación del subsecretario del ramo, Luis Miranda –compadre del Presidente-, empoderaron a la Coordinadora magisterial. De cinco entidades donde operaban, Miranda, con el respaldo de Osorio Chong y Nuño, la creció a 23, y obligaron a varios gobernadores a darles interlocución. Les regalaron plazas, contra lo que establece la reforma educativa, y más de 12 mil millones de pesos. Poder y dinero, lo que nunca imaginaron antes, por la gracia de Los Pinos y Bucareli.

El alegato ante el Presidente era que así tendrían controlada a la oposición magisterial. En Michoacán llevaron la racional al extremo. Por sugerencia del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo, Alfredo Castillo –que depende de facto de Nuño-, se designó como subsecretario de Educación Básica a Rafael Mendoza Castillo, ideólogo de la Coordinadora, y que quiere la abrogación de la reforma educativa.

Esta semana, los maestros disidentes michoacanos iniciaron protestas con el pretexto de la desaparición de los normalistas, sumándose a la rebelión, que públicamente encabeza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), la que en el mes de indecisiones del Gobierno de Peña Nieto, articularon a la oposición social y al frente de masas de los movimientos armados.

¿Sabrá el Presidente que en Guerrero se articularon las fuerzas legales y las guerrillas en torno a la causa legítima para que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa, que son las que están causando la violencia en aquél Estado?

Dentro del Gobierno sabían que esto podría suceder. De hecho, un grupo de coordinación para Guerrero, compuesto por más de una veintena de funcionarios, se daba cita los sábados en el CISEN. Encabezado por el director del órgano de inteligencia, Eugenio Imaz, participaban representantes del área política de Gobernación –Imaz tiene como jefe inmediato a Osorio Chong-, del Ejército, la Marina, la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, y el Gobierno de Guerrero.

Uno de los documentos –de marzo de 2014- que analizaron, establece en el mapa de riesgos lo que la vinculación entre el magisterio disidente y la guerrilla, que llaman “subversión”, podía generar en el Estado. “No hay vínculos orgánicos entre el magisterio disidente de Guerrero y la subversión”, sostiene, pero a través de las relaciones personales, probaba los enlaces y el trabajo coordinado entre sus líderes. Su existencia generaba alerta, y en el documento se anticipan entre los riesgos:

1.- Pueden desviar recursos económicos para las organizaciones subversivas y su frente político (que incluyen organizaciones de derechos humanos y policías comunitarios).

2.- La confluencia del magisterio y subversión en el Movimiento Popular Guerrerense pueden detonar escenarios de confrontación.

3.- Proliferación y escalamiento de conflictos sociales en diversas regiones de la Entidad por actores CETEG-subversión.

La información les había llegado de Guerrero, pero no se alertó al Presidente. Por razones desconocidas, dieron carpetazo a todo el trabajo y desde hace más de cuatro meses, no se reúne el grupo.

El equipo que hacía seguimiento de los movimientos armados prácticamente se desintegró y se dejaron sueltos los cabos que hoy mueven las manos violentas en el Estado. Son públicos, visibles y altamente activos quienes hoy tienen arrinconado al Presidente y al Gobierno. Lo sabían en el Gobierno pero no hicieron nada entonces, ni parece, ahora.

Raymundo Riva Palacio
NOV 13

Iguala: el engaño al Presidente (II) Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

En mayo de 2014, la Fiscalía de Guerrero remitió a la PGR la declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, como parte de la documentación que aportó al procurador Jesús Murillo Karam, sobre la presunta participación del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en homicidios y vínculos con la delincuencia organizada. Pineda Vega, quien está preso en Acapulco acusado de secuestro, describió con detalle el modus operandi de las autoridades municipales de Iguala y Guerreros Unidos, en un relato premonitorio de lo que sucedería en septiembre, cuando en asesinaron a seis personas y desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa.

La declaración de Pineda Vega, que trabajó con el líder de izquierda asesinado en 2013, Arturo Hernández Cardona, nunca fue tomada en cuenta por la PGR. De haberle puesto atención en aquel momento, las posibilidades de impedir la desaparición forzada de los normalistas que ha puesto de rodillas al Gobierno de Enrique Peña Nieto, probablemente serían muy altas. Se puede alegar que de haberse actuado en su momento, lo sucedido la noche del 26 de septiembre habría disparado en automático la participación federal y haberlo salvado de esta crisis.

En su declaración de tres páginas, Pineda Vega afirmó que fue detenido porque dio entrevistas a los medios tras el asesinato de Hernández Cardona donde denunciaba a la banda “Guerreros Unidos”. “Este grupo de gentes ha secuestrado a innumerable número de personas y desaparecido a otras tantas”, dijo al Ministerio Público. “Uno de los que recuerdo (es) Luis Pacheco y su esposa… a quienes secuestraron en… marzo de este año. El motivo fue porque secuestraron a su hijo que era policía… y le fueron a reclamar al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, y al presidente municipal… Abarca que les entregaran a su hijo”.

Pineda Vega —sin parentesco con la esposa del alcalde y los fundadores de “Guerreros Unidos”—, describió en su declaración a la organización criminal. Dijo que Abarca y Flores Velázquez —prófugo tras los hechos en Iguala—, instruyeron a Mario Casarrubias —“El M”, a quien se identifica como fundador de la banda—, y a su hermano Rafael, de secuestrar a los esposos Pacheco. Pineda Villa identificó a los Casarrubias como “el brazo armado del presidente municipal y del director de Seguridad Pública, (que) también forman parte de la organización de los ‘Guerreros Unidos’”.

En la declaración mencionó a varios de los actores criminales que han surgido en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entre ellos se encuentran los hermanos conocidos como “Los Peques”, a quienes se denunció como participantes en la represión a los estudiantes, y a quien Pineda Vega identificó por sus nombres —Tilo, Osiel, Orbelín, Mateo y Salvador Pedraza Salgado— y dio sus direcciones. Pero sobretodo, mencionó a criminales que jugaron un papel central en la violencia contra los jóvenes. Los principales son los identificados por los testigos de los hechos de septiembre, Gildardo López Astudillo, el “Gil”, conocido también como “El May”, señalado como la persona que recibió a los normalistas de manos de los policías, y  “El Chucky”, a quien señaló Pineda Vega como el jefe de sicarios de la banda, y mencionado como la persona que dio la orden de matar a los normalistas y llevarlos a las fosas de Pueblo Viejo, donde encontraron hace unos días seis osamentas que el procurador Murillo Karam dice que muy probablemente pertenezcan a algunos de los estudiantes desaparecidos.

No fueron los únicos en la estructura criminal que señaló Pineda Vega. En la declaración ignorada por la PGR, Pineda Vega incluyó los nombres de funcionarios municipales y autoridades ejidales y describió, desde entonces, cómo trabajaban las policías de Iguala y Cocula para “Guerreros Unidos”, bajo las órdenes, aseguró, de Abarca. Bajo esa estructura jerárquica, la organización criminal operaba, de acuerdo con la declaración ministerial de Pineda Vega, en un tándem para acciones de secuestro y extorsión.

“La Policía Municipal levanta a las víctimas y ellos entregan a ‘Guerreros Unidos’ y después estos se encargan de negociar su rescate”, declaró. Dijo que la cuota de extorsión a los comerciantes era de 10 a 20 mil pesos mensuales, y los únicos establecimientos exentos de esos pagos eran el Centro Joyero, el centro comercial y la farmacia Guadalajara, propiedad de Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, a quien llamó una “mujer poderosa” y “comadre” de narcotraficantes. ¿Por qué la PGR no hizo nada con esa declaración? Tampoco abrió una investigación, pese a que Pineda Vega incluyó acusaciones directas contra Abarca por los asesinatos del síndico Justino Carbajal, sobrino del ex alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, y del líder comunitario Rafael Ochoa.

La respuesta a la omisión de la PGR puede encontrarse en la misma racional del porqué si sabía de la operación criminal de políticos, policías y “Guerreros Unidos” en Iguala y Cocula, incurrió en tan flagrante negligencia. Pero no sólo falló ese aparato de procuración de justicia. Los servicios de inteligencia civiles y militares del Estado Mexicano sabían desde hace meses lo que sucedía en Iguala y de la responsabilidad de su alcalde, pero tampoco hicieron nada. Ni siquiera, en ambos casos, le informaron al presidente Peña Nieto lo que sabían. La responsabilidad de la barbarie, como se verá en próximos textos, es más amplia de lo que parece.

Raymundo Riva Palacio
NOV 12

Iguala: el engaño al Presidente (I) Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

¿Quién le dijo al Presidente Enrique Peña Nieto que la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre no era un tema de competencia federal? ¿Quién le sugirió deslindar a su gobierno de un delito que puede constituirse en un crimen de lesa humanidad? La respuesta se encuentra dentro de su despacho en Los Pinos, donde durante días recibió información de su gabinete de seguridad que era un delito del fuero común. Lo reiteró hace dos semanas el secretario de Gobernación y lo ratificó el procurador general el viernes, en una desafortunada conferencia de prensa. La realidad es que timaron al Presidente y alguien en su equipo lo expuso.

Lo que sus funcionarios le informaron sobre los hechos en Iguala provocó que el 9 de octubre declarara a la prensa que el Gobierno de Guerrero debía asumir su responsabilidad sobre los hechos en Iguala. Que asuma “las responsabilidades que corresponden a los gobiernos locales”, precisó. La Secretaría de Gobernación estuvo informada desde el primer momento de lo que sucedía en Iguala. Una hora después de ser informado —a las 22:00 horas— de lo que pasaba la noche del 26 de septiembre, el gobernador con licencia Ángel Heladio Aguirre le informó por teléfono al subsecretario Luis Enrique Miranda. Aún así, cuando la Fiscalía de Guerrero pidió respaldo a la Policía Federal y al 27 Batallón de Infantería horas más tarde para controlar a los policías municipales, se la negaron.

Esto fue lo último de una omisión prolongada, porque la realidad es que desde meses atrás, lo que sucedía en Iguala era de competencia federal. En mayo pasado la Fiscalía General de Guerrero entregó un expediente y una declaración ministerial a la PGR donde acusaba al entonces alcalde José Luis Abarca de homicidio, y describía el modus operandi con que actuaban las policías de Iguala y Cocula como parte de “Guerreros Unidos”. La PGR simplemente lo ignoró.

La acusación contra Abarca se centraba en el asesinato de Arturo Hernández Cardona, en 2013, un episodio ampliamente socializado hoy, que el procurador Jesús Murillo Karam negó públicamente tener conocimiento oficial de él. El procurador mintió. Tras el asesinato de Hernández Cardona y otros siete perredistas, el militante de ese partido René Bejarano intervino en el caso y lo federalizó. Meses después, el fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, acusó a Abarca del homicidio y entregó el expediente a la PGR para su consignación.

La PGR había pedido la investigación de Hernández Cardona al mes de su asesinato, pero no hizo nada. En junio de este año, el subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado, preguntó al titular de la Unidad de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Alberto Ramírez, cuándo consignarían a Abarca por el homicidio. Antes que termine el mes, respondieron, porque estaban esperando la ampliación de declaraciones de un testigo para consolidar el caso. Ese testigo parece ser José María Chávez Magaña, “El Pony”, jefe de La Familia Michoacana en el Estado de México y capturado en junio.

“El Pony” estableció la relación de Abarca con Joaquín “El Chapo” Guzmán, y declaró en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada que estaban confrontados por un préstamo que le hizo Guzmán que nunca le pagó. Como consecuencia, después de que Guzmán fue detenido, dijo “El Pony”, su sobrino se vengó y secuestró a su suegra, la madre de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, a quien videograbó y distribuyó la entrevista clandestina por YouTube. La suegra de Abarca admitió la participación de sus hijos en el crimen organizado y lo acusó a él y al ex gobernador de recibir dinero de delincuentes.

La PGR no hizo nada contra Abarca. Después de casi cuatro meses de inacción en SEIDO, Blanco le insistió el 24 de septiembre a Ramírez, de la PGR, cuándo iban a consignar al alcalde de Iguala. La respuesta fue similar a la que dio en junio: en breve. Dos días después de ese intercambio, sucedieron los hechos en Iguala. Abarca y su esposa se fugaron el 30 de septiembre, pese a estar vigilados por la Policía estatal, y hasta la fecha aún no se sabe quién los ayudo a evadir a la justicia.

Pero la paralización de la PGR durante todos esos meses permitió que “Guerreros Unidos” continuara sus operaciones en colusión con las autoridades municipales en Iguala, en un entorno de impunidad que alimentó la actitud de Murillo Karam y de los responsables de la SEIDO —su titular Rodrigo Archundia fue removido en octubre y remplazado por Hugo Ruiz, muy cercano a la subprocuradora Mariana Benítez, mano derecha del procurador—. No fue la única negligencia de Murillo Karam y su equipo.

En mayo de 2014, la PGR recibió de la Fiscalía de Guerrero una declaración ministerial donde se describía con detalle el modus operandi de las autoridades de Iguala y Cocula en combinación con “Guerreros Unidos”. Era una premonición de lo que sucedería en septiembre. De esto se hablará en este espacio mañana, como parte de toda la documentación que prueba que lo que pasaba en Iguala desde hace tiempo era de competencia federal, no del orden común, como hicieron creer el Presidente de la República.
 

Raymundo Riva Palacio
NOV 11

Iguala: los idus de octubre Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Las llamadas de atención llegaron desde distintas tribunas. En este mismo espacio se planteó el 31 de octubre que bajo el paraguas de una causa legítima —que aparezcan vivos los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados por la Policía de Iguala y Cocula en septiembre—, estaba en marcha la disputa por la nación, que buscaba el cambio de modelo de Gobierno. “No está claro que el Presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete compacto tengan claro lo que enfrentan”, se puntualizó. Días después se ha confirmado: ni en un principio, ni ahora, entienden lo que enfrentan. Encerrado el Presidente en una burbuja, la incompetencia política de sus asesores es proverbial. La información que sale a cuentagotas de Los Pinos es que, además, no saben qué hacer para apagar la furia en la nación.

La forma como ha procesado, analizado y reaccionado ante la creciente oposición nacional al Presidente detonada por la desaparición forzada de los normalistas, muestra un Gobierno reactivo y errático, donde el Presidente carece del equipo y la sensibilidad para enfrentar esta, que como se definió en este mismo espacio el 13 de octubre, era la más grande crisis de su vida pública. No hay una debacle del Gobierno, pero va para allá. Tres momentos definen esa ruta en las dos últimas semanas:

1.- Organizar en Los Pinos un encuentro con los familiares de los normalistas desaparecidos. Peña Nieto es excesivamente escrupuloso para garantizar el buen puerto en ese tipo de reuniones, por lo que para acudir tuvo que ser convencido por alguien en su equipo que no iba a haber problemas. El resultado fue que los familiares de las víctimas y representantes sociales prácticamente lo tuvieron de rehén al declarar que no saldrían de Los Pinos si no firmaba un documento de compromisos—que de cualquier forma repudiarían tras conseguir su firma. Entre las torpezas de quien lo organizó, fue no haber mapeado a todos los asistentes. Por eso, cuando ya estaban dentro de la residencia presidencial, la Policía Federal detectó que entre ellos estaban dos jefes del EPR, la guerrilla más militar del país. Además, había al menos dos cuadros del frente de masas del ERPI.

2.- La insensibilidad que demuestra el Presidente y su entorno cercano. Peña Nieto se reunió con los familiares de los desaparecidos el 29 de octubre, quienes desde esa misma noche lo descalificaron y se programaron más movilizaciones y violencia en Guerrero. Pero el día 30, en su cuenta de Facebook, colocó este mensaje a su hija: “Feliz Cumpleaños, querida Sofi. Que orgullo verte crecer y que estés cumpliendo todos tus sueños. Admiro tu tenacidad y disciplina para lograr lo que buscas. ¡Felices 18! Te quiero mucho”. Nadie cuestiona el amor de un padre, pero en momentos de tan profunda crisis, el mensaje que transmitió fue un doble lenguaje. ¿Hablar de felicidad por su hija cuando diariamente habla de que está indignado por la suerte de los jóvenes normalistas? La prudencia urgía cerrar todos los flancos, pero la frivolidad en Los Pinos no puede ocultarse. El sábado, mientras un grupo intentaba quemar la puerta central de Palacio Nacional, el maquillista de la esposa del Presidente, Alfonso Whaitsman, publicó en su cuenta de Twitter una selfie donde decía: “China…. allá vooooooooooy”. La ligereza del maquillista sólo se puede entender por la laxitud con la que se asume la seguridad nacional en la Presidencia, que violentó la fotografía. En cualquier país que se respeten sus instituciones, todo aquello que dé información a los enemigos del Estado —como una fotografía no autorizada dentro del avión presidencial—, se castiga. Ese post ya fue borrado.

3.- La planeación de un viaje que debió acortarse al máximo. Cuando llegó el momento de pedir permiso al Senado para ausentarse nueve días para ir a China a una visita de Estado y a la reunión de la APEC, para después volar ocho horas más a Brisbane, Australia, donde se reúne el G-20, el Presidente evaluó el viaje. Hace una semana iba a recortar todo, salvo la visita oficial a China, donde firmará inversiones por cuatro mil millones de dólares. Al final no redujo nada, salvo dos días, para no pedir permiso al Senado. El mismo día que partía, tuvo que aplazar la salida para realizar una cadena nacional y expresar una vez más su apoyo a los familiares de los normalistas, porque la conferencia de prensa que ofreció el procurador general horas antes, sólo provocó mayor indignación entre los afectados y miles de simpatizantes. Cuando llegaba a Beijing, el Palacio Nacional estaba bajo ataque y se llegó al extremo de una situación que pudo derivar en represión, al salir el Ejército a proteger la sede del poder federal.

Los tres momentos descritos subrayan la improvisación y contradicción sobre las que se están tomando las decisiones en la Presidencia. Son los idus de octubre, como los idus de marzo que en el año 44 A.C. cambiaron el rumbo de la historia universal. En ese tiempo asesinaron a Julio César, quien rumbo al Teatro Pompeya bromeó con un vidente que las profecías ominosas sobre los idus de marzo habían estado presentes, pero no se habían cumplido. “Sí, mi César”, le respondió el vidente, “pero no se han ido”. En México no se necesita ser vidente para ver los idus de octubre. Ni para ver que tampoco se han ido.
 

Raymundo Riva Palacio
NOV 10

Abarca: el efecto corruptor Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El Presidente se encuentra solo en su defensa nacional e internacional de que su gobierno respeta los derechos humanos. Este martes se refirió en un discurso a que la detención del ex alcalde de Iguala y su esposa, acusados por la PGR de ser los autores intelectuales del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, había sido —enfatizó— con apego a la Ley, y agregó que esperaba que con esa captura se esclareciera lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa. Horas después , el gabinete de seguridad y en particular la PGR, pusieron en riesgo el caso en contra de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Vila, al abrirle la puerta al llamado efecto corruptor.

La escalera a ese alegato comenzó con las fricciones dentro del gabinete de seguridad, o el protagonismo de algunos de sus integrantes, que le regaló a los defensores del matrimonio, la posibilidad de que puedan ser puestos en libertad. Comenzó con la entrega de fotografías del matrimonio en el momento de su captura al periódico Reforma, que de inmediato lo publicó en su sitio de internet. En consecuencia la PGR, que fue tomada por sorpresa por esa filtración que salió de su control, empezó a repartir a quien lo pidiera las fotografías y el video de la captura, que fueron transmitidas en la noche en los  noticieros estelares de televisión, en cadena nacional.

La forma como se manejaron las imágenes de Abarca y Pineda Villa, puede ser utilizada con total solidez por sus abogados defensores, que podrán alegar el efecto corruptor que le permitió recuperar la libertad a Florence Cassez el 23 de enero de 2013, cuando la Suprema Corte de Justicia, en un fallo garantista, determinó que a la ciudadana francesa, sentenciada por secuestro, se le habían violado sus derechos fundamentales. A juicio de la Primera Sala de la Corte, la vulneración de estos derechos del acusado puede provocar en determinados supuestos la invalidez de todo el proceso.

Según lo establecido por la Primera Sala a partir del dictamen presentado por el ministro Arturo Zaldívar, entre las circunstancias que se consideran dentro del efecto corruptor, se encuentran que “la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven a la falta de fiabilidad de todo el material probatorio”, y que “la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte en forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión”. Esto conduce a que se vulnera la presunción de inocencia como regla de trato, por lo que el acusado no recibe un juicio justo.

En una de sus afirmaciones centrales, sostiene: “Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra. Sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo”.

En el caso de Cassez, la recreación de su captura, definido genéricamente como un “montaje” para la televisión, permitió a su defensa alegar que al presentarla ante las cámaras antes de ser sentenciada y exponerla públicamente como responsable de un hecho delictivo, se le condenó antes de tiempo. La Primera Sala determinó también en el dictamen sobre la francesa, que no fue tratada como inocente, por lo que se afectó su defensa y se alteró la evolución del proceso. El caso del matrimonio Abarca se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia hace casi dos años.

Las fotografías y video de Abarca y Pineda Villa fueron entregadas para su difusión a la opinión pública y sus nombres revelados, así como también los detalles de su captura. Sin freno o filtro alguno, se les identificó como culpables —en voz de la PGR—, a lo cual se añadió la declaración del presidente Enrique Peña Nieto de que su detención lleve a conocer el paradero de los normalistas desaparecidos. Es decir, el Presidente emitió su veredicto de culpabilidad, sin que sus asesores legales le explicaran con anterioridad los alcances que podrían tener palabras como las que pronunció.

Una tesis adicional que utilizó la Primera Sala para la liberación de Cassez, se basó en que la violación a la presunción de inocencia que pudiera influir en un proceso judicial, incluye “cualquier opinión sobre la culpabilidad del detenido”, y el hecho de que “alguien hubiera identificado al detenido”, como sucedió con el discurso del Presidente y las imágenes filtradas a Reforma y distribuidas posteriormente en forma masiva por la PGR.

El matrimonio Abarca se encuentra detenido por tres delitos de homicidio, y aún no se les finca responsabilidad penal por el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, ya fueron juzgados públicamente por ello. Ningún asesor en Los Pinos alertó al Presidente de hablar en esos términos, ni tampoco hubo el cuidado institucional que impidiera que los medios en México y el mundo, prácticamente sentenciaran al matrimonio antes de que empiece el juicio. Los abogados del gobierno están en entredicho. Mucho discurso sobre el Estado de Derecho, pero mucha fragilidad jurídica para defenderlo. El Presidente, definitivamente, no lo merece.

Raymundo Riva Palacio
NOV 6

La captura de los Abarca Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Seguimiento y trabajo de inteligencia. Esas son las vertientes por las cuales se logró capturar al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, jefa de plaza de la banda Guerreros Unidos, acusados por la PGR como los autores intelectuales del homicidio de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a finales de septiembre. La detención de la pareja fue confirmada por Twitter a las 4:49 de la mañana del martes por José Ramón Salinas, director de Información de la Policía Federal. El mensaje de 15 palabras no aportó detalles, pero se asumió que la operación se efectuó la misma madrugada. Sin embargo, pese a la información oficial, no están claros los detalles.

Tres fuentes de inteligencia y dos fuentes políticas dijeron al portal Eje Central el 23 de octubre pasado, que la pareja fue detenida en un hotel de Xalapa, Veracruz, por un comando de la Marina con apoyo de la PGR. Dos diarios nacionales informaron lo mismo en sus sitios, pero por petición de la PGR aceptaron retirar la noticia. Oficialmente, la PGR desmintió esa versión. La información de esa captura mencionaba que la pareja se había quedado con unos amigos en Puebla, que fueron detenidos posteriormente y cuyas declaraciones permitieron localizar a los Abarca en Xalapa.

Información de policías locales dieron fuerza a la versión rechazada por la PGR. En un fraccionamiento en Angelópolis, la zona más moderna de Puebla, agentes federales catearon un casa a la cual días después, de acuerdo con vecinos, mantenían bajo vigilancia. No se informó de ese operativo. Sin embargo, fuentes policiales dijeron que Abarca había sido visto por agentes locales quienes, al no recibir la confirmación para su captura —por más insólito que parezca, en casos de alto impacto este es un procedimiento de rutina, contrario a lo que procedería de manera natural, que es detener a quien se busca—, se le dejó ir. Cuatro días después de la publicación en Eje Central, uno de los líderes del PRD confirmó que habían sido detenidos en Veracruz. La PGR mantuvo su rechazo a la versión.

Poco se supo en los días posteriores, salvo declaraciones aisladas sobre la certeza de que ni Abarca ni su esposa habían salido del país. El procurador general Jesús Murillo Karam, dijo que la operación para detener a la pareja comenzó a las dos y media de la mañana. Horas después, fuentes federales dijeron que también participaron el Cisen y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fuentes de la PGR dijeron a periodistas que la captura fue por una denuncia de unos vecinos, que dieron el nombre del dueño de la modesta casa que rentaban los Abarca, lo que resultó falso. La versión de la PGR dio una dirección en la calle Jalisco en una de las colonias de esa populosa delegación, mientras que en la Policía Federal se insistió que la captura había sido en la calle de Cedros, en otra colonia de esa misma demarcación.

En ambos casos, periodistas que visitaron las dos casas se encontraron con lo mismo: no había señales de nada, ni nadie de los vecinos pudieron dar cuenta de una operación policial esa madrugada. Más raro aún, ninguna de las dos casas estaba asegurada por las autoridades, un procedimiento de rutina para recolectar evidencias y realizar los peritajes que se integran a la averiguación previa. Murillo Karam agregó que la casa donde se escondían daba la apariencia de estar abandonada, lo que es altamente extraño, pues nadie que quiere pasar desapercibido se mete en un inmueble donde cualquier movimiento, por menor que sea, despierta curiosidad y atención.

En cualquier caso, la detención de la pareja no deja de ser un golpe que necesita el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en estos momentos de desasosiego, y que le da un poco de oxígeno a sus investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos. No necesariamente las declaraciones del matrimonio permitirán conocer el destino de ellos, a menos que como dijo una fuente de inteligencia hace 15 días, estuvieran secuestrados. No hay información verificable que permita suponer que están con vida, o muertos, secuestrados o escondidos. Lo que es cierto es que 56 declaraciones de policías y delincuentes detenidos por este caso, no han aportado información que permita revelar el misterio de Iguala.

Pero la transparencia sobre la captura es vital para el caso en contra de los Abarca. Si la detención fue hace días, el caso en su contra podría encontrar dificultades para procesarlos, ante una posible violación del debido proceso. Pero al mismo tiempo, si la captura fue previamente a este martes y los declararon en su momento, las autoridades podrían tener toda la radiografía criminal y de protección institucional para proceder en contra de todos los responsables.

Vaya paradoja. Ante tan altos niveles de impunidad, arriesgar el debido proceso para llegar al fondo como exigió el Presidente, parecería el mejor camino. Aplicar la ley de manera garantista, puede abrir las puertas a que la impunidad prevalezca, si no en la pareja, en sus protectores y padrinos. Qué desgracia es esta realidad mexicana, donde la incredulidad abreva de las contradicciones de las propias autoridades, que se manejan en un mundo lleno de opacidad y sospecha, ante la falta de un verdadero Estado de Derecho.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Raymundo Riva Palacio
NOV 5

Iguala, incompetencia federal Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La Policía Federal presentó ayer una noticia que pareciera importante: la Gendarmería sacó los drones el fin de semana para buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 27 de septiembre pasado. La pregunta es porqué 35 días después de que fueron secuestrados en Iguala, apenas los pusieron a volar. Si se permite un ejercicio retórico, de haberlos empleado en las primeras horas tras conocerse que habían sido secuestrados, es probable que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no estuviera de cabeza por esas desapariciones forzadas, y habría atajado incompetencias y complicidades criminales de los distintos órdenes de Gobierno en Guerrero.

Los drones, que son vehículos aéreos no tripulados, pueden ser utilizados con fines militares y para recolección de información. En el caso de México, dos drones idénticos a los que utilizó la CIA para monitorear las acciones de los comandos que realizaron la operación contra Osama Bin Laden en Pakistán, llegaron 15 días antes de que Peña Nieto asumiera la presidencia. Equipo con tecnología de punta estaba listo para ser aprovechado por su gabinete de seguridad.

La capacidad de esos drones no era para ataque; no están armados. Están equipados con sistemas de instrumentalización que incluye sensores basados en la geometría, espectral y térmica, que podían haber sido utilizados en Iguala para detectar movimientos de personas, particularmente en grupo, y darles seguimiento para que a través de las coordenadas que arrojara esa información, las fuerzas de tierra realizaran la persecución de los criminales y su captura. No fueron utilizados en ese momento. Incluso, aún si el Gobierno federal hubiera entendido que el secuestro de los normalistas competía al ámbito federal –algo que tardó una semana en reconocer-, tampoco habrían podido utilizarlos. Hasta hace unos días, estaban guardados.

La capacidad tecnológica del Gobierno mexicano no ha sido utilizada. Los prejuicios del equipo de seguridad en la transición sobre las razones de la estrategia del ex presidente Felipe Calderón en el combate al narcotráfico, se centraron en el análisis del comportamiento de su gabinete –los conflictos entre secretarios y procuradores, y entre generales y almirantes-, y minimizaron la capacidad instalada para trabajar contra el crimen organizado y para mejorar la seguridad pública.

Cuando el equipo de seguridad en la transición visitó Plataforma México, una obra de 600 millones de pesos, joya de la corona de la Iniciativa Mérida –un solo 'software' que entregó Estados Unidos a México dentro de ese proyecto costaba 70 millones de dólares-, y les mostraron una persecución en tiempo real de un avión con droga procedente de Panamá, uno de los visitantes ignoró las imágenes que llegaban de los satélites y preguntó si tenían cámaras para ver a los borrachos en los antros de la ciudad de México, o si podían registrar los choques en las carreteras.

La información que le entregaron al entonces presidente electo, llevó a Peña Nieto a tener una visión estrecha de la capacidad tecnológica a su disposición. Inclusive, cuando se reunió por primera vez con el presidente Barack Obama para hablar sobre el tema de la seguridad, le dijo que habían analizado los esfuerzos de la Iniciativa Mérida y sugería enfocar en otros ángulos. Ya no querían tecnología para combatir a la delincuencia, sino apoyo para reforzar el Estado de Derecho. Iguala demuestra la equivocación del diagnóstico y de la decisión. Ni hay Estado de Derecho real –las críticas en el mundo son a su Gobierno porque la PGR ha fracasado en la construcción de un país de leyes-; y la inseguridad, que prometió desaparecer en México en 100 días, lo está asfixiando.

Los prejuicios y la incapacidad por entender un mundo revolucionado en la tecnología y los sistemas de inteligencia después de los atentados terroristas a Estados Unidos en 2001, llevó a su equipo a reclutar personal incompetente para los nuevos desafíos. El más importante, por el daño que hizo, fue el primer comisionado de Seguridad, Manuel Mondragón, quien antes de cumplir 10 días la nueva administración, dispuso la desaparición de Plataforma México y el desmantelamiento de las unidades que operaban tácticamente contra los criminales.

Sufrió la inteligencia, y dentro de ella, una de las áreas más afectadas fue la de telemática. El responsable, un doctor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se quedó sin nada que hacer y regresó a sus tareas académicas. Los técnicos en el manejo de drones, entrenados durante tres años en Israel, fueron despedidos por Mondragón porque sus plazas eran “muy caras”, y el presupuesto fue utilizado para personas que no atendían ese campo.

Una de las consecuencias directas fue que para capturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán, la CIA tuvo que enviar un drone para la recolección de inteligencia y coordinación de acciones terrestres, y que alguaciles de Estados Unidos –U.S. Marshals-, fueran necesarios para decodificar la información de las naves no tripuladas. Apagar Plataforma México provocó otros inconvenientes de seguridad, como el que se perdiera por horas un Blackhawk, un helicóptero cuyos cinco equipos georeferenciales lo hace imperdible, salvo que los aparatos que lo monitoreen estén desconectados.

Lo que está sufriendo el Gobierno federal en el caso de los normalistas desaparecidos no habría sucedido de haber utilizado las herramientas tecnológicas que tenían en las manos y de las que nunca comprendieron su utilidad. Pero no hay habrías ni hubieras en la vida. La incompetencia se paga. Esa es la realidad que vive hoy en día.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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Raymundo Riva Palacio
NOV 4

La cara oscura del Ejército Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La barbarie de Iguala está pasando a la fase donde la Secretaría de la Defensa tiene qué responder qué es lo que está haciendo en este país. La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre está directamente relacionada con el Ejército, cuyo 27º Batallón de Infantería, enterado de lo que estaba sucediendo, en lugar de actuar de inmediato para proteger a la población civil bloqueó los accesos y las salidas de esa ciudad, con lo que contribuyó a una matanza y al secuestro. Pero la historia de ese Batallón no empieza y termina esa noche. La pregunta es qué tanto sabían de la colusión institucional y criminal, qué tanto protegían los militares mismos a la delincuencia organizada o, si la forma como actuaban en la región forma parte de una estrategia de depuración social.

El Batallón 27º de Infantería nació en los 70s, como consecuencia de la respuesta del Estado Mexicano a las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas —que se formaron en la Normal de Ayotzinapa— en la zona de Tierra Caliente. Entre 1968 y 1974 el Ejército desplegó la estrategia de la Guerra de Baja Intensidad para aniquilar a los movimientos armados y sus frentes políticos, y sudoctrina está detallada en un reporte secreto del Pentágono de 1986. El Batallón tiene su sede en Iguala, y sus antecedentes de integración e infiltración con la sociedad, hacen imposible pensar que no supieran qué sucedía en su vecindario.

El área militar bajo responsabilidad era el centro de operaciones de “Guerreros Unidos” que desde 2011, cuando sus líderes terminaron su relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, se apropió de la vida cotidiana en esa zona de Tierra Caliente. Este año se descubrieron en su zona de vigilancia fosas clandestinas, primero en Taxco y recientemente en Iguala. ¿Tampoco sabían de ellas? La inteligencia militar en México tiene un despliegue nacional y su característica es que es humana. No hay mejor termómetro social que el militar, por la información directa. Esto permite alegar que el jefe del Batallón, el coronel José Rodríguez Pérez, estaba al tanto de todo lo que sucedía, pero o no actuó, o sus órdenes fueron para proteger a los criminales. En cualquier caso, tiene que responder.

Un testimonio publicado por el periódico El Sur el 15 de octubre pasado, revela que la noche del 26 de septiembre, el Ejército y la Policía Federal acordonaron el área para impedir la presencia de civiles mientras policías y criminales reprimían a los normalistas a dos kilómetros de su base. Los normalistas fueron atacados dos veces a las nueve de la noche, y no respondieron. Tres horas después volvieron a atacarlos y tampoco se presentaron. Ahí fue cuando secuestraron a los 43 que están desaparecidos. Cuando pidieron explicaciones los padres de las víctimas al coronel Rodríguez Pérez, respondió: Nos enteramos “al último”.

El coronel es un militar reconocido, y encabezó la parada militar del 26 de septiembre en la Zona Militar en Chilpancingo, lo que sólo se da a los oficiales de confianza y que se busca promover. Su relación con las autoridades de la región era frecuente. También conocía, por las informaciones de prensa —si no se quiere incluir los reportes de inteligencia que debieron pasar por sus manos—, que con quienes convivía tenían vinculaciones con criminales. ¿Por qué no se hizo nada? Su pasividad con la certidumbre dentro de los aparatos de inteligencia del Estado Mexicano que la Normal de Ayotzinapa, es una fuente de guerrilleros, acusación rechazada por los sectores sociales y señalada como una estrategia del Estado para criminalizar la protesta civil. La pregunta ahora es si el coronel tuvo la autorización para que mediante la tolerancia a criminales, fueran estos quienes se encargaran de la lucha contra los normalistas.

Esta estrategia no sería novedosa. El Ejército armó y protegió a grupos paramilitares en Michoacán que iniciaron la guerra contra Los Caballeros Templarios, y sin manchar las manos de las instituciones y sin causarle ninguna baja —uno de los objetivos de esta administración—, fueron aniquilando a ese cártel y matando o entregando a sus líderes. En Nuevo León sus unidades han abatido a personas en plena persecución, disparándoles desde el aire. En Tlatlaya, varios oficiales y soldados están acusados de asesinar a un grupo de personas vinculados al crimen organizado. Iguala suena mucho a la Tierra Caliente michoacana y a las zonas rojas de conflicto con criminales. También suena a la Iguala de los 70s. ¿Limpieza de criminales en una zona del país, y uso de criminales en otras regiones para eliminar grupos sociales incómodos?

Las dudas llevan a conclusiones ominosas. Pueden y deben responderse. Próximamente el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, se reunirá en secreto con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, para conocer del caso de Ayotzinapa. Es una gran oportunidad para aclarar las dudas o frenar, si el caso de la depuración social es una estrategia, frenarla.

Raymundo Riva Palacio
NOV 3

La disputa por la nación Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Bajo el paraguas de una causa legítima —que aparezcan vivos los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados por la Policía de Iguala en septiembre—, está en marcha la disputa por la nación. Es un camino largo y lento, pero el motor está caminando al haberse abierto las condiciones para un cambio del modelo de Gobierno, hacia uno alternativo que quiere modificar la estructura del poder.

El Gobierno alterno que se pretende es popular e independiente al orden institucional que se vive. El principio de este final, como lo conciben organizaciones sociales y radicales, se encuentra en Guerrero.

No está claro que el Presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete compacto tengan claro lo que enfrentan, como demostró el diseño del encuentro con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, donde una reunión de 90 minutos se volvió en una sesión de más de 300 minutos, y tras obligarlo a firmar la minuta de los acuerdos ante la amenaza de que no se irían de Los Pinos sin esa rúbrica, ofrecieron una conferencia de prensa para descalificar el documento por “insuficiente”. Sus asesores no vieron venir ese desenlace. Suena inverosímil, pero el contexto que soslayaron era el plan de acción insurreccional que ayudaron a confeccionar algunos de los invitados por Peña Nieto.

Este plan no es secreto. Quedó establecido en los “acuerdos, tareas y pronunciamientos” de la II Asamblea Nacional Popular realizada el pasado 24 de octubre en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, donde participaron 73 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, populares, de derechos humanos y representantes de diversas regiones del país. La declaración más importante es la definición de los hechos en Iguala como un “crimen de Estado”, por lo cual, afirman, deben ser juzgados el Presidente, el secretario de Gobernación, el procurador general, el ex gobernador y el fiscal general de Guerrero, además del ex alcalde de Iguala, su esposa y el ex secretario de Seguridad Pública local, que están prófugos.

La Asamblea ha confirmado con acciones sus declaraciones. Pedía hace una semana la desaparición de los poderes de Guerrero, sin importar que Ángel Heladio Aguirre se retirara del cargo. Este miércoles atacaron Casa Guerrero, la sede del poder estatal, y demandaron la desaparición de poderes. El costo de oportunidad para el desorden y la anarquía es cero, porque las instituciones y sus policías están paralizadas, rehenes de una realidad que no parecen alcanzar a comprender.

La Asamblea dijo que darían “golpes certeros” al poder económico y político del régimen actual, mediante el bloqueo a las empresas trasnacionales, la toma de edificios públicos, alcaldías, medios de comunicación, puertos y aeropuertos, saboteando las elecciones del próximo año si los normalistas no aparecen.

En la Asamblea se pidió que a nivel nacional se atacara directamente a empresas como Coca-Cola, Pepsi y Bimbo. Este miércoles, se atacaron vehículos de Coca-Cola en Guerrero, y se han venido tomando la autopista hacia Acapulco y medios de comunicación. Con respecto a las alcaldías, tienen ocupadas más de 20.

El propósito de todo es avanzar “hacia la constitución de un solo movimiento nacional unitario que coordine y organice todas las acciones a nivel nacional e internacional, para lo que urge a todos los sindicatos, organizaciones sociales y políticas, a los campesinos, estudiantes y movimientos urbanos, a incorporarse de inmediato a este proceso de lucha”.

Este planteamiento es, en síntesis, un llamado a la insurrección nacional, que comenzaron a deslizar los grupos guerrilleros en sus continuos comunicados durante el último mes. Los movimientos armados consideran que las condiciones para el levantamiento fueron creadas en Iguala, y han venido anunciando que se preparen para la lucha.

En la conferencia de prensa que ofrecieron los padres de los normalistas, representantes de Ayotzinapa y activistas por derechos humanos tras la reunión con el Presidente, el fraseo de varios de ellos se puede ubicar en el contexto de los comunicados guerrilleros. Puede ser coincidencia o no. Sin embargo, si se realizan análisis de contenido de discursos públicos, el mismo lenguaje y objetivo se puede encontrar en los maestros de la Coordinadora en Guerrero —vinculada con la disidencia magisterial—, en Oaxaca y en Michoacán, así como también en algunos de las facciones más radicales del PRD y de Morena. La lucha contra las instituciones y el cambio de todas ellas porque representan a “la mafia del poder”, es el discurso recurrente del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Por la vía de la fuerza, los grupos que buscan el cambio drástico en Guerrero están avanzando y encuentran la respuesta del Gobierno federal de inyectar recursos para contener la inquietud. Lo mismo hizo el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1994 cuando se alzó el EZLN, y las condiciones se mantienen igual o peor que en ese entonces, mientras los zapatistas mantienen la declaración de guerra contra el Estado Mexicano. Veinte años después está en marcha un nuevo alzamiento en Guerrero, distinto al de Chiapas, pero más efectivo y más violento.

La parálisis gubernamental sugiere una tendencia: la expansión de esta disputa por el poder. Pero en algún momento el Presidente se dará cuenta del proyecto político alterno que enfrenta, que encontró su salida en las desapariciones forzadas de Iguala. La solución, entre menos capacidad política demuestre y más se demore, irá dejando cómo única posibilidad la fuerza ante la descomposición social, que nadie, comenzando por la Presidencia, debe querer emplear.

Raymundo Riva Palacio
OCT 31

Partidos, franquicias para criminales Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Andrés Manuel López Obrador está acosado porque no puede responder con argumentos por qué cuando le entregaron un expediente de José Luis Abarca y sus vinculaciones criminales, ignoró las acusaciones sin permitir que le perturbaran el alma. Abarca, alcalde de Iguala, era protegido de Lázaro Mazón, ex alcalde del mismo municipio y senador, de donde se incorporó al Gobierno de Ángel Heladio Aguirre como secretario de Salud. Mazón, el principal operador de López Obrador en Guerrero, era su precandidato a la gubernatura hasta que Iguala se convirtió en el estudio de caso de la narco política en México.

Abarca, respaldado hasta el final por el PRD, es acusado de ser corresponsable de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, junto con su esposa María de los Ángeles Villa Pineda, que de acuerdo con las informaciones ordenó a la Policía Municipal que detuviera y entregara a la banda criminal Guerreros Unidos a los estudiantes. Villa Pineda era consejera estatal del PRD y jefe de plaza de esa banda, que surgió de la diáspora del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en 2011, y que se expandió en Guerrero y Morelos de la mano de alcaldes y políticos en los dos estados y, según las investigaciones, del empresario Federico Figueroa, hermano del cantautor Joan Sebastian, su publirrelacionista y gestor ante las élites de la región.

La desaparición forzada de los normalistas exhibe hoy el entramado político que otorga protección a la delincuencia organizada. López Obrador es embestido por sus pares y los medios por negligencia, en el mejor de los casos, pero no es el único de su clase que está en el caldero del Diablo. Está lejos de ser el único responsable en la construcción de una narco política en México abierta, cínica, descarada e impune. Todos los partidos lo son, al convertir quién-sabe-cuántos distritos y municipios en franquicias que compraron los criminales.

Iguala será el ícono de esa descomposición y búsqueda sin escrúpulos del poder, pero apenas si es un ejemplo de cómo la clase política mexicana permitió —y sigue haciéndolo— entreverar al crimen con la política. Alcaldes, funcionarios y policías de 13 municipios de Guerrero están siendo investigados por la PGR por su presunta colaboración con Guerreros Unidos, pero la investigación tiene que ampliarse y profundizarse, cuando menos en el principio, en contra de esa banda criminal y de sus archienemigos en la región, Los Rojos.

Guerreros Unidos no sólo contaba con alcaldes y políticos a su servicio en Guerrero, sino en el vecino Morelos. Uno de los casos más claros se encuentra en Amacuzac, donde el alcalde Noé Reynoso, que gobierna bajo la bandera del Partido Verde, ha sido vinculado al empresario Figueroa. Reynoso está enfrentado políticamente con el ex alcalde y hoy diputado local Alfonso Miranda, que representa al PT, y contra quien el fiscal de Morelos pidió al Congreso un juicio de procedencia en su contra por presuntos crímenes. Fracasó el fiscal. Hace tres semanas rechazaron su petición.

Miranda es tío de Santiago Mazari, apodado “El Carrete”, que es el jefe de plaza en Amacuzac de la banda de Los Rojos, otra derivación de los Beltrán Leyva, que controlan Chilpancingo, la capital de Guerrero, y señalado en declaraciones ministeriales por Sidronio Cassarrubias, uno de los jefes de Guerreros Unidos detenido hace dos semanas y reproducidas por la prensa, como el responsable de una célula de 17 normalistas de Ayotzinapa que trabajaban para Los Rojos, con quien están en abierto enfrentamiento por plazas y territorios en las dos entidades. La afirmación de Casarrubias coincide con las declaraciones de los policías de Iguala, que dijeron que la orden de detener y entregar a Guerreros Unidos era únicamente contra 17 normalistas.

Ninguna de las dos bandas criminales podría haber sobrevivido sin la ayuda de los políticos, que por miedo o dinero, colaboran con ellos. Por ejemplo, una alcaldesa del PRD en Morelos designó al novio de su hermana secretario de Seguridad Pública, quien desde un cargo previo inferior, de acuerdo con investigaciones policiales, hacía exactamente lo que su par en Iguala Felipe Flores, prófugo de la justicia por el caso de los normalistas: identificar a los enemigos de Guerreros Unidos, y entregárselos a sus sicarios. En otro municipio morelense, el alcalde priista, según investigaciones policiales, paga dos millones de pesos mensuales a esa organización por protección. Cuando se preguntan por qué los municipios no tienen dinero, en esos pagos se encuentra una de las respuestas.

Hay muchos Igualas en el país, pero se puede comenzar con la erradicación de la narco política en Guerrero y Morelos. El Estado Mexicano no puede permitir que las organizaciones criminales sigan escalando hacia el poder, como en Colombia, donde al arquetipo de la narcopolítica universal, Carlos Lehder, el primer gran capo colombiano, fundó un partido político —para incidir en leyes—, financió a una de las cinco guerrillas en ese país que atacaron directamente a los jueces —que querían extraditar a los narcos colombianos—, y abrió la puerta para que otros barones del crimen, como su socio Pablo Escobar, vieran en la política el mejor blindaje para su negocio.

Iguala es la metáfora colombiana, y México entrará al túnel de las pesadillas que fue Colombia en los ochenta y noventa a menos que el Gobierno recoja aquella experiencia y entienda que en juego está el futuro mexicano.

twitter: @rivapa

Raymundo Riva Palacio
OCT 30