Estrictamente personal

El queso gruyere del procurador Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El informe final de la investigación del crimen contra 43 normalistas de Ayotzinapa capturados por policías de Iguala y Cocula y entregados a una banda criminal para su asesinato, que presentó el procurador Jesús Murillo Karam, es un queso gruyere, lleno de hoyos. Si se siguiera de manera mecánica la línea de tiempo que describió la semana pasada, la conclusión podría ser que la muerte de los jóvenes fue más el resultado de un abuso de autoridad, que una orden del ex alcalde de Iguala, o confusión entre organizaciones delincuenciales.

“La verdad histórica” que presentó Murillo Karam, parece más un acomodo de hechos circunstanciales para explicar con verosimilitudes lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala y Cocula, cuando fueron asesinados decenas de normalistas de Ayotzinapa. Tampoco dispensa la tardía intervención del Presidente Enrique Peña Nieto, que hoy le reclama el Comité contra las Desapariciones Forzadas la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra. Murillo Karam presentó la verdad legal de la PGR, o la versión oficial del Gobierno, que está lejos de ser “la investigación sin precedentes”, como proclamó la Presidencia, que hace lucir una vez más a su cabeza, como desinformado. Veamos:

1.- El móvil. Murillo Karam presentó como el móvil original del crimen que los normalistas iban a sabotear el evento donde María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde José Luis Abarca, rendía su informe del DIF. La semana pasada, sin explicar cómo se desvaneció aquél móvil, concluyó que el asesinato se debió a que la banda de Guerreros Unidos, que controla esa zona, los confundió con integrantes de sus rivales Los Rojos.

Desde los primeros días del crimen, Murillo Karam dijo en Los Pinos que lo sucedido en Iguala era una “depuración” entre cárteles. No está claro de dónde pudo salir esa certidumbre, aunque desde mayo pasado, cuando la Fiscalía de Guerrero pidió la consignación de Abarca por delincuencia organizada —ignorada por él y sus colaboradores— sabían que el ámbito en Iguala era federal. En todo caso, si era un asunto entre cárteles, ¿por qué el Presidente dijo que era un problema local? El aval a su hipótesis la dio el jefe de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien declaró en la PGR que dentro de los normalistas había una célula de rojos.

2.- Los narcoestudiantes. La PGR encontró una célula de 17 normalistas que pertenecían a la banda de Los Rojos. Informaciones contradictorias sobre el móvil —calentar la plaza o llevar armas y opio— trascendieron a la prensa. Inclusive, funcionarios de la PGR identificaron a un normalista que fue desollado, como el jefe de la célula. Murillo Karam dijo que varios testigos identificaron a tres estudiantes como “infiltrados” de esa banda criminal. Sin embargo, dijo que él no tenía ninguna evidencia que hubiera delincuentes dentro de los normalistas. Los narcoestudiantes se desvanecieron en las pesquisas, pero se mantuvo la teoría de la “confusión”.

3.- La confusión misteriosa. La parte más opaca de la investigación de la PGR está en la línea de tiempo que dio Murillo Karam sobre el paso de los normalistas por Iguala. Dijo que llegaron a las 13:00 horas, y secuestraron camiones. Poco después de las 14:00 horas, al salir de la terminal de autobuses, se enfrentaron con la Policía, que ante su inferioridad numérica, se retiraron. Entonces comenzaron a botear, con el fin de obtener recursos para viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre. No dijo qué hicieron los normalistas entre el momento que dejaron de botear, hacia las 17:00 horas, y las 21:00 horas, la Policía les disparó y los detuvo.

Contra su versión original, no pretendieron sabotear ningún evento de Pineda Villa, ni su fiesta. Hacia las 21:00 horas, de regreso a Iguala, fueron detenidos por la Policía. Volvieron a hacerse de palabras y los normalistas los apedrearon, lo que fue respondido a balazos por los policías. Esto significa que los normalistas, que según Guerreros Unidos eran de Los Rojos, estuvieron en Iguala durante ocho horas sin ser detectados, pese a tener control total sobre la vida en el municipio. ¿A qué hora se supo que los descubrieron y se dio la orden de capturarlos y matarlos? No lo aclaró el procurador.

Guerreros Unidos tenía en la zona donde se movieron los normalistas a no menos de 200 policías bajo sus órdenes, y sin embargo, no les sucedió nada en todo ese tiempo. El procurador no disipó estas dudas. Tampoco dijo nada sobre el conocimiento que tenían las policías Federal y Estatal del movimiento de los normalistas de Chilpancingo a Iguala ese día. La conclusión del caso descansa en cuatro presuntos delincuentes —de 99 detenidos— que confiesan su responsabilidad directa en los hechos, 385 declaraciones ministeriales y 487 dictámenes periciales, que construyen lo que llamó Murillo Karam un “crimen atípico”.

Lo exhaustivo que parece la investigación no se corresponde con lo sólido de ella. Al contrario. Entre más informa el procurador, más contradicciones emergen. Entre más explica, más confunde. Las críticas que le han hecho a sus conclusiones tienen bastante sustento, razón por la cual abogados, activistas y organizaciones internacionales juzgan, no a él por sus omisiones y deficiencias en la investigación, sino al Presidente Peña Nieto, que al final de cuentas, es quien tiene que dar la cara por el Gobierno.

Raymundo Riva Palacio
FEB 3
Estrictamente personal

El juicio a Peña Nieto Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Mal están las cosas para el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en el mundo, donde se van acumulando las acusaciones de que en México, la violación de los derechos humanos es parte del paisaje nacional. Esta semana empieza la siguiente fase, fuera de su control y lastimosamente inédita. Por primera vez en su historia, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, revisará a México. Será por el crimen de los normalistas de Ayotzinapa, “la barbarie de Iguala”, como la describió el Presidente, que lo coloca al centro de la crisis, por la omisión y falta de visión de no haber actuado en tiempo y forma para resolver el crimen. Lo que dijo Peña Nieto que era un asunto local y de guerrerenses, se volvió internacional y contra él.

La ingenuidad social y política en Los Pinos metió al Presidente en este embrollo, del cual no se sabe cómo saldrá ni él y ni el Gobierno. En noviembre la cancillería envió al subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo a explicar al Comité en Ginebra, lo que se estaba haciendo en el caso de la desaparición de los normalistas. Pero en diciembre, el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández Galicia, dijo no tener duda que había responsabilidad del Estado Mexicano, por haber incumplido con las resoluciones de la organización en materia de desaparición forzada y por la falta de protocolos para ubicar a personas no localizadas. A partir de este lunes, por tanto, Peña Nieto y el gobierno estarán en juicio político.

Diplomáticamente, el Comité anticipó que lo que habrá es “un diálogo constructivo” con los representantes gubernamentales, y con una representación de los padres de los normalistas desaparecidos por la policía –que es lo que constituye la desaparición forzada, al provenir de una autoridad-. Los abogados que acompañan a los padres pedirán a la ONU que investigue la probable participación del Ejército en el crimen, que ha sido negada por el gobierno. Con esta comparecencia se cumple el objetivo que activistas mexicanos han buscado por años con sucesivos gobiernos, y que nunca habían tenido la oportunidad hasta en esta ocasión, donde la inacción de la Presidencia peñista se las regaló.

La lucha contra las desapariciones forzadas ha sido una constante de varias organizaciones mexicanas desde los tiempos de la guerra sucia donde las fuerzas federales exterminaron a luchadores sociales, guerrilleros y muy probablemente, también inocentes. Abogados y organizaciones católicas han jugado un papel relevante, y algunos de ellos, viejos luchadores por la defensa de las garantías individuales, están hoy activos en el caso de Ayotzinapa, y cuyo rol no debe pasar inadvertido detrás de esta comparecencia.

Un hombre importante es Emilio Álvarez Icaza, hijo de un antiguo luchador por los derechos humanos, José Álvarez Icaza, fundador del Centro Nacional de Comunicación Social. Por méritos propios, su hijo se convirtió en un experto en el tema, y hoy es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Brazo con brazo ha trabajado por años con el laico Miguel Álvarez Gándara, director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), que fundó el finado obispo Samuel Ruiz.

Álvarez Icaza y Álvarez Gándara fueron quienes propusieron la candidatura del obispo Ruiz al Premio Nobel de la Paz. Álvarez Gándara era su operador político y responsable de las redes de financiamiento en Chiapas, principalmente de la Universidad Católica de Lovaina, pero también de fundaciones alemanas, españolas y holandesas. El director de Serapaz está vinculado actualmente con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, cuyos enlaces son Minervino Morán y Gonzalo Juárez, ex secretario general de esa rama de la disidencia magisterial.

Álvarez Gándara está vinculado con Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que logró que el caso de su desaparición fuera llevado a la CIDH, que está interviniendo como coadyuvante en la investigación del crimen del 26 de septiembre. El argumento histórico de Álvarez Icaza y Álvarez Gándara ha sido que en México hay desapariciones forzadas y, por años, su meta ha sido llevar al gobierno al banquillo de los acusados en Ginebra. Lo lograron.

Lo que viene esta semana, no va a ser un tema que les llegue frío a los comisionados. Las comparecencias mexicanas a finales del año pasado no fueron las primeras. En 2011, el abogado Rosales se reunió con algunos miembros del Comité de Trabajo, y les entregó un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en Guerrero. En ese informe se establecía que de 2005 a 2011, habían contabilizado mil 643 víctimas de la violencia, 25 de las cuales estaban secuestradas, 289 habían sido objeto de desaparición forzada y mil 290 fueron asesinados.

La argumentación sobre lo que ha hecho el Gobierno con respecto a los normalistas desaparecidos no va a ser suficiente. En los expedientes del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU se encuentran los informes que sobre la violencia en Guerrero se han ido integrando desde haca cuatro años. El Gobierno de Peña Nieto no actuó para corregir esa tendencia y atajar un tema que crecía cada año. Decenas de cuerpos en fosas clandestinas en Guerrero no ayudan a las autoridades en su defensa. Dejar de actuar, dejar pasar, es lo que los volvió culpables, ante millones de ojos.

Raymundo Riva Palacio
FEB 2
Estrictamente personal

Iguala: el pecado del general Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El Ejército, que nos perdone el Presidente, el secretario de Gobernación, el procurador y todos aquellos que afirman que los militares no tienen nada que ver en lo que sucedió en Iguala, tiene cosas que aclarar. La tarea le toca al secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, porque su antecesor, el general Guillermo Galván, fue un benefactor importante del ex alcalde de ese municipio, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, a quienes les regaló un terreno de 70 mil metros cuadrados sobre el que construyeron Plaza Galería “Tamarindos”, el orgullo aspiracional de los igualtecos.

Para entonces, la Secretaría de la Defensa Nacional tenía conocimiento de toda la información de inteligencia en poder del gobierno de Felipe Calderón sobre el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, cuyos jefes de sicarios en Guerrero y Morelos eran Mario y Alberto Pineda Villa, hermanos de la esposa del ex alcalde. Pese a ello, el general Galván, les concedió beneficios. Aún después de que los hermanos fueron asesinados por el entonces jefe de ese cártel en 2009, Arturo Beltrán Leyva, y los padres de la señora Pineda Villa fueron detenidos por su relación con el narcotráfico, corrigió su respaldo a la pareja.

La historia de la donación realizada por el general Galván a Abarca y Pineda Villa, que actualmente están presos, ella por delincuencia organizada y él por dos homicidios, incluidos el de los 46 normalistas de Ayotzinapa, no es secreta. Como muchas de las cosas que suceden, es pública y fue dada a conocer en su tiempo por la prensa. El 22 de enero de 2008, el reportero Israel Salgado Urióstegui, publicó en el portal del Diario 21, un periódico que se edita en Iguala, una nota informativa sobre el inicio de la obra de Plaza Galerías “Tamarindo”:

“Acompañado por el presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, del senador Lázaro Mazón Alonso y los empresarios locales, José Luis Abarca Velásquez y María de los Ángeles de Abarca, (el secretario de Desarrollo Económico de Guerrero, Jorge) Peña Soberanis participó en representación del gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, en la colocación de la primera columna de acero, con lo cual arrancó la construcción de dicho centro comercial en cuatro hectáreas de terreno.

“El titular de la Sedeco reconoció el esfuerzo y la tenacidad de los empresarios igualtecos quienes desde hace dos años, iniciaron las gestiones para construir este espacio comercial que constará de una tienda de autoservicio (Coppel), siete salas de cine tipo estadio (Cinépolis), tienda departamental en tres niveles (Megacomercial Mexicana), un local departamental de tres niveles, 57 locales comerciales y estacionamiento con 720 cajones.

“Peña Soberanis indicó que este esfuerzo de los inversionistas igualtecos representa un parteaguas en el desarrollo social y económico de Iguala… Por su parte, el presidente municipal Antonio Jaimes Herrera dijo que este centro comercial elevará el nivel de pueblote que tiene Iguala al de una ciudad camino a la modernidad y el desarrollo”.

En su información, el reportero Salgado Urióstegui registró el agradecimiento que hizo el alcalde de su antecesor, el senador Mazón, quien “inició este proyecto”. Mazón impulsó a la pareja en la vida política y como secretario de Salud del gobierno de Ángel Heladio Aguirre se perfilaba como candidato a la gubernatura por Morena, pero vio su carrera pública se colapsó por la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa, cuando Abarca era alcalde. Mazón, quien también habló en la ceremonia, dijo, según Diario 21:

“En su participación, el senador Mazón Alonso agradeció al ex diputado Rubén Figueroa su intervención para poder entrevistarse con el entonces secretario de la Defensa Nacional, quien donó ese terreno bajo la condición de no construir nada, sólo ocuparlo para vías de acceso y áreas recreativas, ‘y después de tanto tiempo de lucha, coraje y lágrimas, ahora se colocó la primera columna’.”

Mazón fue senador de septiembre de 2006 a agosto de 2011, y el secretario con quien habló fue el general Guillermo Galván, que entregó el terreno en la primera parte del gobierno de Calderón. Las gestiones, también por intermediación de Figueroa, ex gobernador de Guerrero, comenzaron en el gobierno de Vicente Fox, cuando Mazón era alcalde de Iguala y el secretario de la Defensa era el general Clemente Vega. La Secretaría de la Defensa nunca informó de esa donación, ni se sabe, porque no lo aclara Diario 21, qué hicieron para cambiar el destino de la donación, que tenía como finalidad un beneficio a la comunidad, y que terminó en un beneficio particular.

La noticia de Diario 21 permite conocer los viejos vínculos de los Abarca en Iguala, a quienes por razones tampoco explicadas hasta hoy, se les fueron abriendo las puertas a nivel estatal y federal. También habla de negligencias políticas, en el mejor de los casos, o colusión con la delincuencia organizada por parte de figuras públicas. Descuidos claros del Estado Mexicano en muchas instancias, menos en donde no debe haber absolutamente ninguna fisura, en las Fuerzas Armadas.

¿Cuáles fueron las razones del general Galván para donar un terreno propiedad de la nación a criminales? ¿Cuáles para conceder el cambio de destino? El general Galván tendría que hablar, pero quien lo debe hacer, aclarar, actuar y corregir, para evitar que la mancha siga creciendo sobre el Ejército y deslindar las responsabilidades, es el general secretario Cienfuegos, quien ahora tiene la palabra.

Raymundo Riva Palacio
ENE 30
Estrictamente personal

Ajuste (draconiano) sin precedente Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Al arrancar el año, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dibujó el panorama económico al presidente Enrique Peña Nieto. Se mantendría la inestabilidad en los mercados financieros y la guerra de los precios del petróleo anticipaba que el precio del crudo mexicano no estaría arriba de los 50 dólares por barril. Peña Nieto, revelaron funcionarios federales, le pidió soluciones con una condición: que cualquier medida que se tomara, tuviera como objetivo proteger la economía familiar. El presidente sabía que los márgenes para elevar impuestos, se habían agotado el año pasado. ¿Un déficit fiscal? No sería una buena señal para los empresarios ni para los mercados, pensó. La disciplina fiscal tendría que ser mantenida. El costo, ahora, sería para el gobierno. Videgaray, a trabajar.

La primera señal fue el 8 de enero, en la presentación del Estudio Económico México 2015, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde Videgaray reveló que se preparaba un ajuste en el gasto público. En el gabinete empezaron a hacer cuentas y pensar plazos. Según funcionarios federales, nadie sabía hasta el lunes qué tan rápido sería. El presidente había apurado al secretario de Hacienda a presentarle el plan de ajuste, porque quiere anunciarlo la próxima semana. Para enfatizar su premura, la exposición de los motivos de ese ajuste hecha el lunes pasado en la reunión nocturna del gabinete en Los Pinos, no la hizo Videgaray, sino Peña Nieto.

El ajuste será grande, el mayor en la historia de México, e impactará todos los ámbitos de gobierno. No habría excepciones. Las secretarías que nunca se habían tocado en esas contingencias, las de Defensa Nacional y Marina, pagarían su cuota de sacrificio. El general Salvador Cienfuegos, y el almirante Vidal Soberón, estuvieron de acuerdo. Pero fue más amplio el apoyo. De acuerdo con los funcionarios que reconstruyeron la génesis del ajuste y la reunión de gabinete, todos se mostraron solidarios con la iniciativa presidencial. Menos de 12 horas después, agregaron, Videgaray había empezado su carrusel de reuniones con sus colegas del gabinete para explorar, caso por caso, en dónde se haría el recorte.

Funcionarios federales dijeron que aún no se determina el tamaño del ajuste, pero estiman que será entre 50 y 55% del presupuesto, cuyo gasto público programado es de 3.69 billones de pesos. La tijera se enfocará en el gasto corriente, donde se ubicará el 60% del recorte. Habrá reducciones en gastos de operación, servicios personales y áreas de comunicación social, difusión y propaganda, como primeros rubros afectados. En la otra gran pata del presupuesto, las inversiones, los sacrificios serán del 40% restante.

Cada secretaria y secretario comenzó a hacer sus números y esta semana terminarán de afinarlos con Videgaray. No se sabe cuáles serán las inversiones que se toquen, pero varios funcionarios comentaron que se cancelarán obras —gran candidato es el proyecto del tren rápido México-Querétaro, que podría ayudar políticamente al eliminar una licitación controvertida—, o de ampliar los tiempos para terminar una obra —como podría ser el caso del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México—. Videgaray deberá tener listo el ajuste para el fin de semana para que los revise el presidente. Si no hay alguna contingencia extraordinaria, Peña Nieto lo anunciará la próxima semana.

Será una acción rápida, iniciada en enero, durante la revisión de los dos años económicos que vienen. Videgaray llevaba semanas de ejecutar acciones preventivas. En diciembre Hacienda envió circulares al sector central para informar que se tenía que aplazar el gasto programado por un tiempo mayor al que estaban acostumbrados, y varios gobernadores, en deshidratación presupuestal, tuvieron que endeudarse para pagar nóminas. “No nos quedamos sin dinero”, dijo un funcionario federal. “La medida fue precisamente para que no nos quedáramos sin dinero”. Las medidas preventivas, agregaron, fueron para que el 2015, donde Hacienda ve un buen año, sirva de apoyo para 2016, cuando el término del plazo de las coberturas petroleras, impactará la economía.

El diagnóstico durante estos dos años, junto con la expectativa de los precios de petróleos y la inestabilidad en los mercados, llevó a Peña Nieto a plantearle a Videgaray el recorte presupuestal. Chocaba con el plan presidencial para este año, que era la promoción intensa de la economía familiar, y dejar de lado las reformas estructurales, poco asequibles para la mayoría de la población. Pero en las condiciones económicas del mundo, pensó Peña Nieto, su protección no iba a ser posible. El Presidente dijo que había que mantener la estabilidad, para cuidar la macroeconomía. Un descuido produciría altas tasas de interés e inflación, que afectaría principalmente a los grupos socioeconómicos que el Presidente quería cuidar. El ajuste tendría que salvaguardarlos.

La decisión del recorte debió haber sido dolorosa para Peña Nieto, porque va contra su naturaleza político-electoral. En este año donde más de la mitad del padrón electoral del país irá a las urnas, lo menos pensado era un recorte al gasto, por la afectación en los programas sociales, que siempre inciden sobre las clientelas el electorado. Pero el Presidente fue intransigente. El Gobierno tendría que apretarse el cinturón como nunca antes lo había hecho. Probablemente impacte en las elecciones, pero Peña Nieto jugará a lo seguro. Lo único por lo que los mexicanos lo pueden mandar unánimemente a la hoguera, es una debacle económica. Perder la elección hoy o después por el ajuste draconiano, será secundario. Finalmente, en 2018 su nombre no aparecerá en la boleta electoral.

 

Raymundo Riva Palacio
ENE 29
Estrictamente personal

Ayotzinapa, caso cerrado Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Tarde, pero finalmente acertado, el procurador general Jesús Murillo Karam cerró la investigación sobre lo que hoy es oficialmente el homicidio de 43 normalistas de la rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre. Pudo haberle ahorrado al Presidente Enrique Peña Nieto y a él mismo, 81 días de desgaste donde las fuerzas antagónicas al Gobierno levantaron murallas de incredulidad y sospecha sobre la cientificidad de la investigación federal —los cuestionamientos sobre la cadena de custodia—, y sobre los verdaderos autores materiales del crimen —llueven acusaciones contra el Ejército—.

El procurador no aportó ninguna nueva información de relevancia para el caso, aunque corrigió el móvil del asesinato, que no es menor. No se debió a que iban a sabotear el informe de labores de la esposa del ex alcalde de Iguala —los dos presos por el crimen—, como originalmente se informó, sino porque la organización criminal que controlaba la zona, Guerreros Unidos, los confundió con sus rivales, Los Rojos. El cierre de la investigación sobre el crimen de los normalistas no significa el final del proceso penal. Quedan por llenarse algunas lagunas, aclararse varias inconsistencias y resolverse importantes contradicciones de este caso, cuyo expediente se pasó de maduro en las oficinas de la PGR.

La palabra de Murillo Karam vale menos que el 7 de noviembre pasado, cuando en una conferencia de prensa dio a conocer los generales del caso que le habrían permitido cerrar el caso. Aquél viernes, el procurador informó sobre los autores intelectuales, los criminales, el móvil y el número de personas detenidas hasta ese momento. Jurídicamente, se dijo en este espacio el 19 de noviembre, el caso estaba cerrado, aunque penalmente abierto. Se dejó pasar la oportunidad.

La información con la que concluyó este martes, es la que se tiene desde los primeros días después del crimen, revelada a la prensa el ex fiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco, el 6 de octubre, donde afirmó que los policías de Iguala habían entregado a 17 normalistas a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron. El informe no mencionó directamente el basurero de Cocula, donde la PGR ubica el lugar donde los asesinaron, pero señalaba que los sicarios se desplazaban por varios municipios, incluido el de Cocula.

Desde que la PGR atrajo el caso, identificó a un miembro de la banda apodado “El Chuky”, como quien dio la orden de asesinarlos. “El Chuky” desapareció discursivamente desde el 7 de noviembre, cuando Murillo Karam describió, con testimonios de varios sicarios detenidos, cómo había sido la detención de los normalistas y su ejecución. Quien aportó los principales detalles que llevaron al procurador a dar por casi cierta la evidencia del asesinato de los normalistas, fue Agustín García Reyes, “El Chereje”. Desde entonces, la PGR identificó a quien dio la orden de asesinar a los normalistas, como “El Cepillo”.

En el cierre del caso, Murillo Karam utilizó el testimonio de “El Cepillo”, Felipe Rodríguez Salgado, capturado hace 10 días, como el determinante para la conclusión, aunque su aportación testimonial tampoco aportó novedades a la investigación. Ni el procurador ni el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, que lo acompañó, explicaron cómo concilian testimonios que señalan en forma contradictoria como el que ordenó la muerte de los jóvenes. Zerón admitió que siguen buscando a “El Chuky”, de quien sólo tienen un retrato hablado.

El caso se cerró sobre la certidumbre de la PGR de los cuatro testimonios de los sicarios de Guerreros Unidos, quienes dijeron que entre los normalistas iban tres miembros de la banda rival, Los Rojos, cuya participación en los sucesos del 26 de septiembre, fue documentada en este espacio el 19 de noviembre, con base en los mismos testimonios. De acuerdo con las declaraciones de los sicarios, dentro de los normalistas había una célula de 17 rojos. Ese mismo número es el que según los policías municipales a la Fiscalía de Guerrero, les habían ordenado detener y entregar a Guerreros Unidos. En ese texto se dijo que la infiltración del narcotráfico en la Normal era una verdad impronunciable para el Gobierno. Murillo Karam volvió a negar que tuvieran evidencia de infiltración, que la hace en la única declaración reiterada que no fue tomada como verdad legal al cerrarse el caso.

El misterio de Iguala está jurídicamente resuelto, pero las claves finales no las aportó “El Cepillo”, sino su jefe Sidronio Casarrubias, jefe de Guerreros Unidos, quien tras ser capturado el 16 de octubre, se convirtió en el principal testigo de la PGR. Al igual que con los testimonios que hablaron de infiltración de Los Rojos —cuya célula recibía órdenes de Santiago Mazari Hernández, sobrino de Alfonso Miranda, diputado del PT en el Congreso de Morelos, y jefe de plaza en Amacuzac—, el procurador ha ignorado, hasta ahora, la acusación de Casarrubias en contra del gobernador con licencia, Ángel Heladio Aguirre, a quien identificó como uno de sus protectores.

El procurador Murillo Karam no se metió en honduras, y focalizó el fin del caso como una confusión de los criminales. Ni infiltración documentada del narcotráfico en los normalistas, ni señalamientos contra Aguirre, dos grandes veneros de información para abrir líneas de investigación, que nunca se abrieron. Al Gobierno no le interesaba revelar todos los detalles que envuelven al crimen de los normalistas, sino resolver este caso por el que sangra inconteniblemente la nación.

Raymundo Riva Palacio
ENE 28
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Iguala: el encubrimiento Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

En la reunión que tuvieron los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos con el Presidente Enrique Peña Nieto, el 29 de octubre en Los Pinos, dijeron que el Ejército había participado en el crimen de 43 jóvenes. La respuesta vino después, en voz de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien dijo que no había ninguna línea de investigación que apuntara a los militares.

La negación per se no impidió que los militares estén bajo una cascada de acusaciones y le ganó al Gobierno imputaciones de encubrimiento.

¿Estuvo el Ejército involucrado en los hechos? Se podría argumentar que como institución, no lo estuvo. Desde los setenta, los años de la Guerra Sucia, el Ejército no desarrolla una política de represión masiva y aniquilamiento. Pero de manera excepcional, tratándose del 27 Batallón de Infantería en el caso de Iguala, se puede alegar que sí estuvo involucrado, cuando menos, por omisión. La falta de una investigación que deslindara responsabilidad de sus mandos en Guerrero, le abrió la puerta a la sospecha y allanó el camino para la acusación abierta, con indicios que apuntan su culpabilidad.

Su participación no es presunta. El 27 Batallón de Infantería se encuentra en Iguala, y recibieron información directa de que a unos cuantos cientos metros del cuartel, se estaban registrando balaceras. El Ejército salió a las calles de Iguala, pero, afirma, el procurador Jesús Murillo Karam, el Ejército no participó “activamente” en los sucesos de la noche del 26 de septiembre. Su afirmación es imprecisa. Nuevos datos sobre el comportamiento militar esa noche sugieren que sí tuvieron una participación activa, no en el secuestro –y quizás tampoco en el asesinato de los jóvenes-, sino en el perímetro de seguridad en Iguala y en negar apoyo a las autoridades estatales que buscaban cumplir con la ley.

Testimonios de los pobladores de Iguala han establecido que las fuerzas federales salieron esa noche mientras atacaban a los normalistas y al equipo de futbol “Los Avispones”, de Chilpancingo, que quedó atrapado en la acción violenta, para tender un cerco en Iguala donde nadie entraba ni salía de la ciudad. Los soldados –en una información conocida desde el 27 de septiembre- impidieron que varios normalistas heridos de bala fueran atendidos en una clínica privada a la que llegaron de emergencia, y dieron parte que había un cuerpo sin vida en las calles. Es decir, sí salieron a patrullar las calles.

El gobernador con licencia, Ángel Heladio Aguirre, recibió información de las balaceras alrededor de las 11 de la noche, y pidió a los entonces secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, al fiscal Iñaki Blanco, y al secretario de Salud, Lázaro Mazón, ex alcalde de Iguala, que se desplazaran al municipio. Aguirre le habló también al jefe de la 35ª Zona Militar, en Chilpancingo, general Alejandro Saavedra, a quien le informó lo que sucedía. El general le aseguró que se abocaría al tema, pero nunca hizo nada.

Vázquez, Blanco y Mazón encontraron en los soldados y en la Policía Federal en Iguala, hostilidad y abandono institucional. Tardaron tres horas para recorrer los 107 kilómetros entre Chilpancingo e Iguala, cuyo viaje se hace en una hora y 20 en promedio, porque encontraron retenes de transportes en la carretera. De acuerdo con las investigaciones, transportistas de la CTM trabajan para la delincuencia organizada en la región. La Policía Federal, que patrulla las carreteras, nunca apareció.

Cuando llegaron a Iguala, como procedimiento de rutina, llamaron a todos los policías municipales que habían participado en los hechos en ese momento aún oscuros, a su cuartel general, y desarmaron y detuvieron a 22 presuntamente involucrados. Vázquez y Blanco, ante la falta de refuerzos estatales, pidieron a la Policía Federal que les brindara protección para poder iniciar las averiguaciones, pero se la negaron. Entonces se comunicaron con el jefe del 27 Batallón de Infantería, coronel José Rodríguez, para pedirle que les abrieran las puertas del cuartel para llevar ahí a los policías. Se los negó.

Los funcionarios estatales tuvieron que permanecer en las instalaciones de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, hasta donde comenzaron a llegar personas de civil a hostigarlos. Una persona que estuvo adentro cuando esto sucedía, dijo que iban a lincharlos. Vázquez, Blanco y Mazón, lograron escapar porque fueron evacuados en un helicóptero. La liberación ilegal de los municipales no se dio porque llegaron a tiempo los refuerzos de Chilpancingo.

El Ejército no inició ninguna averiguación sobre los sucesos de esa noche, ni se sabe nada de la suerte del coronel Rodríguez o de dos militares bajo su mando, identificados como “el teniente Barbosa” y “el capitán Crespo”, a quienes públicamente han señalado en Guerrero como miembros de Guerreros Unidos, la organización señalada por la PGR como autora material del crimen. ¿Estuvo el Ejército involucrado en los hechos? La pregunta ya tiene respuesta.

El Batallón 27 de Infantería sí actuó, por lo menos, por no actuar para garantizar la aplicación de la ley y por haber sido omiso cuando en actos donde se violaba la ley en flagrancia, se replegó. El general de división Saavedra tendría que estar respondiendo por esos actos, pero está blindado. Más aún, el 20 de noviembre, el presidente Peña Nieto lo ascendió a general de división. En Guerrero, todo ha ido encaminado a proteger a sus militares, hasta que el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, demuestre lo contrario.

Raymundo Riva Palacio
ENE 27
Estrictamente personal

Pleitos en el gabinete Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Un subproducto de la crisis política que detonó la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Guerrero hace cuatro meses, fue el final del mundo feliz del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, donde todos se coordinaban y trabajaban juntos en las tareas asignadas. El buen entendimiento sólo existe hoy en los discursos, porque la cohesión del gabinete se rompió. Los choques entre la primera línea del equipo presidencial son fuertes y entraron en una dinámica donde no se ve quién pueda frenarlos. Son nuevos momentos de la Presidencia de Peña Nieto, cuyas contradicciones la han colapsado.

En las dos últimas semanas se ha vuelto evidente una peligrosa confrontación que ataca el sistema nervioso del Gobierno: entre el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y el procurador Jesús Murillo Karam. El secretario está atrapado entre las decisiones de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, por encima de sus atribuciones, que afectan al mando castrense, y los generales, coroneles y mandos superiores, cada vez más molestos a las políticas presidenciales —se asume que los civiles no tomarían decisiones sin la autorización de Peña Nieto—, y cada vez más menos dispuestos a obedecer sus órdenes.

El Presidente Peña Nieto puso un bálsamo la semana pasada al nombrar al general Felipe Gurrola, que pertenece a las élites de Lomas de Sotelo, al frente de la coordinación de la tropa y la Policía Federal en Michoacán, tras la remoción del comisionado Alfredo Castillo y el cambio de modelo de seguridad y desarrollo en el Estado. Parece una muestra de apoyo para los militares, después de semanas de sometimiento al poder político civil, y sólo después de que se volvió evidente la respuesta enojada de la Secretaría de la Defensa, al gabinete. Los detalles del último enfrentamiento entre el general y el procurador son públicos.

El 13 de enero pasado, luego de reunirse con los familiares de los normalistas desaparecidos y su cuerpo de abogados, el procurador Murillo Karam y el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, les prometieron que las puertas de las instalaciones militares que quisieran, se les abrirían, lo que provocó una reacción inmediata castrense. Ese día, en un comunicado de la PGR que llegó por correo electrónico a las redacciones de los medios a las 21:32 horas, informó que los padres habían hecho esa petición adicional. Los funcionarios les dijeron, de acuerdo al comunicado, que los cuarteles “están abiertos a todos los ciudadanos, y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a nuestras instituciones”.

Menos de una hora después, a las 22:20, la Secretaría de la Defensa respondió. Por medio de un comunicado que llegó a los medios por correo electrónico, informó que el agente del Ministerio Público Militar había presentado una denuncia ante la PGR por los hechos sucedidos el día anterior, cuando alrededor de 200 personas, la mayoría con el rostro cubierto, intentaron entrar al 27 Batallón de Infantería en Iguala, donde los padres de los normalistas dicen que tienen a sus hijos. Esa gresca, en la víspera, fue lo que llevó a Miranda y Murillo Karam a decidir, por encima del general Cienfuegos, la apertura de los cuarteles, que no se ha hecho por la tensión y sacudimiento que se vive dentro del Gobierno peñista.

No es la única tormenta palaciega que tiene Peña Nieto. El 19 de enero pasado, Ciro Gómez Leyva publicó en El Universal que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había renunciado en diciembre, pero que el Presidente no se la había aceptado. Osorio Chong dijo que lo habían mal interpretado y que la versión era falsa. Gómez Leyva, sin embargo, había sido muy cuidadoso. En su texto reprodujo la pregunta directa si había renunciado, y el secretario respondió, en forma directa, que sí. Después de dos días, el tema pasó al olvido público, pero dentro del Gobierno se desataron los demonios.

A Los Pinos llegaron las protestas de varios secretarios de Estado por la forma como Osorio Chong ventiló asuntos privados. Para varios de ellos, la columna fue cierta y el secretario de Gobernación incurrió en una afrenta al Presidente, al sugerirse en el texto periodístico, a partir de sus dichos, que era imprescindible, y que él hizo lo que otros secretarios —enumerados entre otros, en voz del columnista, como los secretarios de Hacienda, Comunicaciones y el procurador—, debían haber hecho: abrir el mayor margen de acción al Presidente. Los dardos iban cargados de señalamientos de deslealtad, al ventilarse, de otra manera, las contradicciones que se viven actualmente en el Gobierno.

Pleitos en los gabinetes siempre han existido, pero sólo en los gobiernos panistas los hubo públicos sin consecuencias. La praxis política priista es que nunca emergían a la opinión pública, porque cuando eso sucedió, los ceses de quienes lo provocaron, fueron fulminantes. En un sistema vertical y excluyente como se diseñó de la Presidencia de Peña Nieto, la disciplina y el silencio eran absolutos. El equipo era una roca, homogénea e internamente castradora. Ya no. Por lo mismo, que sus impugnaciones afloren de una manera tan violenta como hoy día, es otro pequeño reflejo de la crisis que arrastra el Presidente desde el 26 septiembre, donde el lastre que no quiere sacudirse, lo sigue hundiendo más.

 

 

Raymundo Riva Palacio
ENE 26
Estrictamente personal

Peña Nieto, bajo escrutinio Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Al Presidente Enrique Peña Nieto le tomaron la medida: el nepotismo político y empresarial. No hay manera que se escape de este escrutinio donde medios de comunicación y sectores interesados —hipotéticamente hablando, los afectados por sus reformas—, descubrieron en las operaciones inmobiliarias realizadas por empresarios en beneficio de él, su familia y cercanos, que tras ello aumentaron sus contratos de obra pública en el Estado de México y en el Gobierno federal, su punto débil. En Los Pinos han resuelto la mitad del debate, la legalidad de las acciones, pero se mantiene el tema de fondo, la ilegitimidad de sus actos. No son lo mismo, y para un Presidente, deben ser ética y políticamente indivisibles.

El último episodio comenzó el martes, cuando The Wall Street Journal —el diario de mayor circulación en Estados Unidos—, publicó en su portal un nuevo hallazgo. La casa que adquirió Peña Nieto en el club de golf de Ixtapan de la Sal poco tiempo después de asumir la gubernatura en 2005, se la vendió un viejo amigo que, afirmó el periódico financiero, tuvo una secuela: entre 2005 y 2011, ganó 107 millones de dólares en licitaciones, transformándose de un empresario modesto, a un constructor reconocido en el Estado de México. En lo que va del Gobierno federal, agregó el Journal, lleva 11 contratos por otros 40 millones de dólares, que son los primeros que obtiene en el ámbito federal.

Los Pinos difundió un comunicado de prensa a las dos y media de la mañana de este miércoles, donde dice que el Presidente adquirió legalmente su casa en Ixtapan de la Sal, manifestada también en su declaración patrimonial. La existencia de esa casa, la preferida de Peña Nieto y a la que va con frecuencia los fines de semana para jugar golf, se conocía hace tiempo. Nadie le tomó atención adicional salvo The Wall Street Journal, que descubrió que quien la vendió, recibió posteriormente mucha obra pública. El periódico establece que la operación es legal, pero al explorar la relación del gobernador con el empresario, se revela un nuevo conflicto de interés.

El control de daños en Los Pinos es insistir en la legalidad, pero se encuentra en un pantano; entre más se mueve, más se hunde. La razón de ello es que lo que se encuentra en entredicho es la legitimidad de la acción, que entra en el subjetivo terreno de las percepciones y la sospecha de corrupción. A golpe de declaraciones del vocero presidencial y comunicados de prensa enfatizando la legalidad, no le van a poder dar la vuelta a este tema de ética política. Negarlo argumentando la legalidad de los actos, como hasta ahora lo han hecho en la Presidencia, sólo arroja más sombras y genera más sospechas en la opinión pública.

Visto por ojos que entienden perfectamente la distinción entre legal y legítimo, o analizado desde el exterior, donde los conflictos de interés de los políticos son desmenuzados y denunciados por los medios, el fenómeno que se está anidando como modus operandi de Peña Nieto, es su inclinación por el amiguismo político. Esta es una forma de nepotismo del cual ningún Gobierno o sistema político, está vacunado. Las diferencias suelen ser que en las democracias maduras, las acusaciones están más bien relacionados a la entrega de posiciones políticas a los amigos, mientras que en las incipientes, que vienen de regímenes autoritarios y despóticos, suelen ser, además de políticas, económicas, con beneficios y prebendas a personas y empresas específicas, como subproducto deformado del capitalismo.

El mejor ejemplo de esto es Rusia, donde el éxito empresarial ha dependido principalmente de las relaciones entre los grupos de interés y funcionarios de Gobierno, quienes les distribuyen los recursos y los hacen una clase privilegiada. La mayor consecuencia de esta dinámica es que el proceso democrático que vive un país que enfrenta este fenómeno, se descarrila. Rusia es un ejemplo muy refinado de esto, como podría serlo, de forma más pueril, Venezuela. En ambos casos, los gobiernos desplegaron su amiguismo político y empresarial amparados en los parámetros democráticos schumpetarianos, de la toma del poder mediante el voto ciudadano en las urnas.

La relación de los conflictos de interés en los que se encuentra Peña Nieto, su familia y cercanos, con la consolidación de la democracia, es la variable del debate que aún no se explora en México, pero que es lo más grave y peligroso para la nación. Si bien no lo acepte en público, el Presidente bien haría en entender el dilema en que se encuentra a fin de llegar más rápido a la solución de su problema. No puede borrar lo que ya se hizo, ni justificar que cuando se hizo, eran otros los tiempos mexicanos.

El Presidente tiene enfrentar las críticas y consolidar las herramientas democráticas que utilizan los políticos en naciones maduras para defenderse: aplicar con rigor las leyes, incrementar la transparencia administrativa en contrataciones y auditorías, y permitir que el Congreso se empodere. Hasta ahora ha hecho otra cosa. No se aplican las leyes, no hay consecuencias para nadie, ni permite los priistas que el Congreso haga su tarea. Debe corregir estos resabios del viejo autoritarismo y correr hacia delante. De otra forma, nuevas revelacions vendrán y su imagen en el mundo seguirá hundiéndose, aunque su vocero y sus boletines de prensa digan lo contrario.

Raymundo Riva Palacio
ENE 22
Estrictamente personal

Manotazo a Peña Nieto Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

En total, hay en México más de 700 mil elementos en las fuerzas del orden: 430 mil policías federales, estatales y municipales; 274 mil soldados; y 47 mil marinos. Hay más policías por habitante que en Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido, y salvo Argentina, aquí es donde mayor fuerza se tiene desplegada en toda América Latina.

Los indicadores oficiales señalan que la mayoría de los delitos van a la baja, pero la percepción de inseguridad va en aumento entre los mexicanos, y entre los inversionistas que dudan de inyectar su dinero en este país. Entonces, ¿qué sucede?: los gobiernos, empezando por el federal, están subordinados a los más violentos.

Entre más beligerante sea un grupo, más daño colectivo haga y más dispuesto esté al enfrentamiento, más tienen de rodillas a las autoridades.

La ecuación está colapsando. Dentro de las fuerzas de seguridad, admiten funcionarios de diversos niveles de gobierno, hay inconformidad creciente porque viven en una diada maldita. Los policías, son incompetentes, o son corruptos. Sus instrucciones cuando hay revuelta en las calles, son salir a poner el cuerpo y a enfrentar los golpes y linchamientos. Cada vez, reconocen, es más difícil que acaten órdenes. Los soldados igual. Son hoy violadores de derechos humanos, lo que ha generado inconformidad de mandos con el propio secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos porque sienten que no los defiende. Hasta ahora, sin embargo, mantienen la institucionalidad y la disciplina.

En donde las cosas cambiaron sustancialmente, es dentro del sector privado, donde sus organismos cúpula, que generan el 85% del Producto Interno Bruto, le dijeron al Presidente Enrique Peña Nieto y a todos los gobernantes, basta ya.

En un desplegado que publicaron este martes en varios periódicos de distribución nacional, 19 organismos que agrupan a los hombres y mujeres más ricos de México, a la cúpula empresarial, a las cámaras de comercio, industriales, a los bancos y las aseguradoras, cuestionaron a los tres poderes de gobierno por su inacción y su claudicación a proveer la seguridad a todos los mexicanos. “Ha habido ataques contra la sociedad civil, empresas, trabajadores, autoridades, policías, militares y organizaciones empresariales”, dicen en una parte de su escrito. “¿Hasta donde y hasta cuándo?”.

Titulado “México se los demanda”, afirman:

“Condenamos enérgicamente las agresiones en contra del sector empresarial y sus organizaciones, así como los bloqueos de carreteras y casetas que han sucedido en varias zonas del país. Exigimos a las autoridades garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio.

“Garantizar la seguridad de la ciudadanía, de la industria, el comercio, los servicios y el turismo –de los que dependen los empleos de millones de mexicanos-, es indispensable para que la economía nacional crezca y mejoren las condiciones de vida de nuestra población. Es obligación de todos los ciudadanos respetar el Estado de Derecho y contribuir de manera activa a una cultura de legalidad”.

Las organizaciones de aquellos individuos y organizaciones que mueven el PIB nacional, están indignados. No tanto contra quienes, como ciudadanos, no respetan la ley. Finalmente, por el número de palabras que les dedican a ellos en el desplegado, si violan la ley y no hay costos, el problema es de la autoridad. La indignación es contra los gobiernos, en particular contra el federal, a quien le dedican las partes sustantivas de su reclamo por el incumplimiento de sus promesas. En septiembre, el presidente afirmó que los tres niveles de gobierno tenían la obligación de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos. En diciembre, aseguró que no habría más bloqueos en las autopistas y haría que se cumpliera la ley. Nada de eso se cumplió.

De manera recurrente, las palabras del Presidente han caído en el vacío. Su discurso se vació y perdió credibilidad. La retórica gubernamental sufre una dislexia con la práctica. El argumento esgrimido por altos funcionarios federales, es que los grupos más beligerantes y violentos están en una estrategia de provocación donde lo que buscan es un muerto en un enfrentamiento con las autoridades—para seguir alimentando su causa y movimientos—, por lo que tienen que extremar la prudencia y tolerancia, aún a costa de las mayorías.

Si bien se puede argumentar, con antecedentes y estrategias, que tienen razón en el alegato, la pregunta es cómo, en el primer tercio del Gobierno, el país que les entregaron cambió completamente de rostro. El ex presidente Felipe Calderón dejó uno inmerso en una guerra contra el narcotráfico, con una estrategia que dejó varias decenas de miles de muertos. El país del Gobierno de Peña Nieto, suma miles de muertos por el combate al narcotráfico, además de una movilización social violenta retórica y físicamente, sin precedente en tiempos de paz.

Los hombres y mujeres del capital que firmaron el desplegado, concluyen: “Señores representantes de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno: honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. México se los demanda”. No piden, como otrora dijo uno de ellos cuando cuestionó la incapacidad gubernamental para frenar la inseguridad, que renuncien. Pero lo que dicen es más grave. Lo que sugieren ha hecho el Presidente y todos los gobernantes aludidos, es violar la Constitución. O sea, una traición a la Patria.

Raymundo Riva Palacio
ENE 21
Estrictamente personal

Humillación al Ejército Por Raymundo Riva Palacio rrivapalacio@ejecentral.com.mx

El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pero cuando las buenas intenciones, o traducido a términos políticos, las decisiones pragmáticas para apagar el fuego prenden la mecha en un barril lleno de pólvora, habrá que cuestionar la sensatez de tales intenciones supremas. Esta es la línea argumentativa sobre la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto, al permitir que los padres de los normalistas de Ayotzinapa, sus abogados, los maestros, los movimientos sociales y guerrilleros, escoltados por las policías comunitarias, entren a los cuarteles militares de Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México.

Arrastrado el Gobierno por la crisis de la desaparición de los normalistas, que lo metió en un remolino y volteó de cabeza, justifica sus acciones como prudentes, pero que se traducen en concesiones a los grupos radicales y humillación a las Fuerzas Armadas. El camino hacia el infierno sí está pavimentado de buenas intenciones, y para comprender lo que autorizó el Presidente, hay que ver que detrás de los padres de los normalistas, entrarán a los cuarteles algunos de los grupos más radicales en el país, movimientos armados y su frente de masas, narcoguerrillas y personajes con antecedentes delincuenciales. Como botones de muestra:

* El abogado visible de los familiares de los normalistas es Vidulfo Rosales, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que según documentos del Gobierno federal, ha participado en actos de organizaciones ligadas al Ejército Popular Revolucionario Insurgente (ERPI). Atrás, discreto e inteligente, se encuentra otro abogado, Manuel Olivares, el principal asesor en Ayotzinapa, quien tiene un proceso abierto por homicidio.

* La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG), filial de la CNTE en Guerrero, dirigida por Ramos Reyes Guerrero, vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la cual pertenecen los líderes magisteriales Taurino Rojas, simpatizante del EPR, Minervino Morán, relacionado al ERPI, y Florencio Andreu Castañeda, de Olinalá, de donde es Néstora Salgado, una activista en la cárcel acusada de secuestro, y en donde se estaba gestando hasta el momento de la detención de la estadounidense originaria de Guerrero, un nuevo movimiento armado.

* El Movimiento Popular de Guerrero, el gran frente de masas guerrillero, articula los vínculos a nivel nacional. Varios de sus miembros, como Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, está vinculado al EPR, o Bertoldo Martínez Cruz, del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, al ERPI, al igual que Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pha. En el movimiento están Eulalia González, de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia, a la que se señala como parte del ELN, y José Luis Arroyo Castro, del Consejo Cívico Comunitario “Lucio Cabañas Barrientos”, identificado con Tendencia Democrática Revolucionaria.

* La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, varios de cuyos líderes, como Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y su hermano Cirino, jefe de uno de los grupos de las policías comunitarias, tienen procesos judiciales abiertos. La UPOEG opera en territorios controlados por la banda criminal de Los Rojos, que fue el objetivo declarado del grupo Guerreros Unidos, cuando atacó a los normalistas en Iguala.

Abrir los cuarteles a estos grupos es permitir que los enemigos del Estado mexicano —el EPR, la organización guerrillera que es paraguas de todos, le tiene declarada la guerra—, entren por la puerta frontal a la casa de los militares. Guardada toda proporción, es como si el presidente François Hollande hubiera permitido que células extremistas hubieran entrado al Centro de Operaciones del Ministerio del Interior mientras dirigió la persecución contra los terroristas de París, o el presidente Barack Obama abriera la puerta a talibanes en las bases militares en Afganistán. Esta es una idea tan disparatada, que a nadie se le ocurriría en Francia o Estados Unidos siquiera pensarla. En México no es un disparate sino una decisión presidencial.

Con esta medida, no sólo las Fuerzas Armadas son obligadas a arrodillarse ante los grupos antisistémicos, sino que queda expuesta la seguridad nacional. Abrir los cuarteles permitirá a los ojos entrenados que entrarán con los padres de los normalistas, ver la disposición de las instalaciones, el tipo de fortificación interna, los sistemas de seguridad y el tamaño de las bases. En aquellos países donde sus ejércitos tienen relación de cooperación e intercambio con el mexicano, tampoco deberán estar tranquilos de lo que sucede. Lo más secreto que guardan los países son su estructura militar. En México, se les autorizó un tour por las bases militares.

Aunque no hay muchas señales públicas de lo que esta decisión debe estar causando entre los generales y los comandantes de tropa, es impensable que esta decisión no esté generando mucha tensión y molestia en las filas castrenses. Por mucho menos, en el pasado, los militares se han molestado. Las Fuerzas Armadas mexicanas se caracterizan por su institucionalidad, pero los políticos no pueden abusar. Un mal uso de ellas provocó la herida incurable de 1968, y una rebelión sutil del secretario de la Defensa Clemente Vega ante el presidente Vicente Fox, impidió otro desastre castrense en 2005. En el caso del Presidente Peña Nieto está peor: le pidió al Ejército que se callen la boca, que abran sus cuarteles y que sirvan de anfitriones a sus enemigos. Peor, imposible.

 

Raymundo Riva Palacio
ENE 16