El Gobierno de Enrique Peña Nieto está diseñado bajo un esquema de centralización dogmática. Por ejemplo, salvo el caso de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, a ningún otro miembro del gabinete, ni siquiera a su amigo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le permitió nombrar a sus subsecretarios. Desde el inicio de la administración, los secretarios de Estado tienen que enviar a Los Pinos diariamente por la noche un informe de lo que hicieron ellos y sus subalternos, y sistemáticamente tienen que informar sobre los avances de su gestión. El control es totalmente vertical.

Bajo un modelo semiautoritario, el Gobierno busca ser eficiente y controlar por completo  la comunicación política —que va más allá de la comunicación social—, que incluye la imagen institucional, discurso, el formato de escenarios —hasta ahora homogéneo—, y la calendarización de eventos. En ese sentido ha sido ejemplar, y hasta hace unos días, esa estrategia sólo se había roto cuando se trastocó para atender la explosión en Pemex. Aquello fue un factor inesperado, pero la semana pasada, al aparecer los videos donde funcionarios de la delegación de Desarrollo Social en Veracruz y del Gobierno estatal planeaban el uso de programas sociales con fines electorales, el Gobierno peñista se descuadró por completo.

El Presidente tensó la relación política con la oposición por un discurso desafortunado donde respaldó a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y desató la primera crisis política del sexenio al poner en riesgo el Pacto por México. Fue la paradoja del diseño de Gobierno presidencial, la que lo atrapó. Robles no pudo cargar con toda la responsabilidad en ese escándalo porque salvo a su coordinador de asesores y a su oficial mayor, a nadie más pudo nombrar en Sedesol. Todas fueron imposiciones.

El subsecretario responsable de las delegaciones en el país es Ernesto Nemer, quien fue secretario de Desarrollo Social y líder del Congreso en el Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador. Pero los delegados federales, como el de Veracruz, tampoco los nombró Nemer, sino Osorio Chong, en negociaciones bilaterales con los gobernadores o con las fuerzas políticas del PRI en cada Estado. Y quien avaló al final la propuesta del secretario, fue el Presidente.

La verticalidad del Gobierno peñista funciona a la perfección cuando el entorno se encuentra estable, y bajo condiciones de normalidad es una maquinaria política muy aceitada. Pero en la política, el factor humano es una variable inestable y en cualquier momento se puede descomponer. Veracruz es el ejemplo. En unos cuantos días contaminó la política económica y alteró los planes del anuncio de la reforma financiera, ante lo cual las deficiencias conceptuales en el diseño de operación gubernamental y sus consecuencias, los llevaron, como no se había visto, a improvisaciones.

Videgaray, posiblemente nervioso por la suspensión del anuncio de la reforma financiera, ignoró a la Presidencia y machucó a Osorio Chong al informar en las redes sociales antes que sus jefes —uno nominal y otro en el gabinete—, que se pospondría el evento donde anunciaría la reforma,  sin importar violentar el diseño de tutela autoritaria de Los Pinos. Ante el desplome de la idea construida por meses que los priistas sí sabían hacer política y eran eficientes, que el Gobierno perdiera su eje fue lo menos importante.

¿El sentimiento de culpa sobre la metralla política que recibió Robles llevó al Presidente a darle el espaldarazo que detonó la crisis? No es tan claro como sí lo es, con los nuevos datos disponibles, que la responsabilidad de Robles es parcial, a diferencia de la de Osorio Chong, quien fiel a la arquitectura presidencial para tener bajo yugo al Gobierno, determinó con método de micro administración el esquema de delegados. La crisis política y el cisma en el Pacto por México terminaron de romper la luna de miel de Peña Nieto con la sociedad política, y mostró las deficiencias de esa ingeniería, en lo que podría describirse como el momento cuando el diseño se mordió la cola.
 

Cuatro años después de haber sido jubilado del Ejército al cumplir 65 años —como marca la ley, pero inusual cuando el militar tiene el rango de subsecretario de Defensa—, el general Tomás Ángeles participó en un foro organizado por la Fundación Colosio, durante la campaña presidencial en mayo de 2012, donde las fuertes críticas a la estrategia de seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, reventaron tímpanos en Los Pinos. Calderón le pidió al secretario de la Defensa, Guillermo Galván, que le explicara por qué, si había sido parte de la misma estrategia, Ángeles ahora hablaba en contra. De acuerdo con quienes conocieron de esa plática, el general Galván le respondió que ya antes le había dado informes sobre las deslealtades del ex subsecretario.

El general Galván tenía tiempo de estar molesto. A espaldas de él, el general Ángeles buscó mediar con el EPR tras los bombazos en instalaciones de Pemex en represalia por la desaparición —hasta hoy en día—, de dos de sus jefes, Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. En este mismo espacio se publicó el 18 de mayo de 2012: “El punto de quiebre fue en 2007, (cuando) ofreció al entonces director del Cisen, Guillermo Valdés, sentarlo a negociar con el EPR. El propio secretario Galván ofreció todo el apoyo al general Ángeles para servir de puente con la guerrilla y tener un canal de comunicación alterno para resolver el problema de los desaparecidos y evitar futuras acciones militares.

“La primera reunión fue un fracaso, pues de entrada, a quien Ángeles llevó como jefes del EPR dijeron que ellos no pertenecían al EPR sino a otro movimiento no clandestino. Desconcertados sus interlocutores, Ángeles se defendió y explicó que no les habían tenido confianza, por lo que se arregló otro encuentro. Fue lo mismo. Entendieron que el aún subsecretario de Defensa, los había timado. No duró mucho más el general Ángeles en el cargo pues fue destituido y congelado. Al mismo tiempo…, en la Secretaría de la Defensa Nacional comenzaron a recuperar viejas líneas de investigación sobre datos de inteligencia que lo vinculaban presuntamente a la delincuencia organizada, y le empezaron a armar un expediente. El general Ángeles no se inmutó”.

El presidente Calderón, que lo llegó a considerar como secretario de la Defensa ante el apoyo de quien fue su asesor más confiable, Juan Camilo Mouriño, no sólo estaba desconcertado por las palabras del general Ángeles, sino indignado. En ese foro en la capital potosina, el general Ángeles respondió a una pregunta: “No tenemos una estrategia de seguridad nacional. No tenemos un apropiado marco de referencia sobre seguridad nacional; no tenemos una base de partida”.

Ante la molestia de Calderón por las declaraciones del ex subsecretario, y como sucede con los presidentes y las salidas plausibles, no hubo necesidad de dar una orden expresa para que se alistara el viejo expediente que hacía raíces en el despacho del secretario de la Defensa. Una semana después, de acuerdo con personas que conocen detalles del episodio, la ex procuradora Marisela Morales recibió una llamada de Lomas Sotelo para decirle que le llevaban detenido al general Ángeles para que procediera en su contra. Toda la acción legal la habían hecho militares, pero ella tendría que darle la cobertura civil. Morales, muy cercana al Ejército —vivía dentro de la Primera Zona Militar—, procedió en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico. El general Ángeles se dijo siempre inocente de los cargos y aseguraba que las acusaciones provenían de la cúpula del Ejército, que lo veía como candidato al cargo en el siguiente sexenio.

El general Ángeles vio en la cárcel la llegada de un nuevo Gobierno en México, y en vísperas del relevo se comenzó a aflojar su caso. Descongelaron sus cuentas y regresaron bienes inmuebles a su familia. Once meses después fue puesto en libertad porque la PGR se desistió por falta de pruebas que sustentaran los dichos de testigos protegidos, y en el inicio de un nuevo episodio, pero no de narcopolítica, sino del probable uso faccioso y discrecional de la justicia, utilizado de manera estomacal, en el Gobierno de Calderón.

Un juez federal absolvió este lunes a Noé Ramírez Mandujano, fiscal antidrogas en el Gobierno de Felipe Calderón, por el delito de delincuencia organizada. Es el último funcionario de alto nivel en dejar la cárcel, después de que hace casi cuatro años y medio, el entonces procurador Eduardo Medina Mora, y Marisela Morales, quien se convirtió en la fiscal estrella del calderonismo, desmantelaran toda la estructura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), bajo la acusación de que trabajaba al servicio del cártel de los hermanos Arturo, Héctor y Alfredo Beltrán Leyva, en la llamada “Operación Limpieza”. La libertad de Ramírez Mandujano no es sólo un acto de justicia, a decir del juez, sino la metáfora de lo que se está conformando como uno de los periodos más oscuros dentro de la PGR, donde Morales, que llegó a ser su cabeza, empieza a emerger como un ícono en la fabricación de delitos.

Ramírez Mandujano, como otros dos ex jefes de la SEIDO detenidos por su presunta relación con los Beltrán Leyva, fue acusado por “Jennifer”, un testigo protegido de la DEA que trabajó como abogado cercano a Joaquín “El Chapo” Guzmán, que vive en Estados Unidos. “Jennifer” fue la fuente principal de la “Operación Limpieza”, e incriminó también al ex comisionado de la Policía Federal, Gerardo Garay, al ex director de Operaciones Especiales de la Policía Federal, Francisco Navarro, y al ex secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Salvador Rocha Vargas. Asimismo, fue fuente recurrente de la ex procuradora Morales, y a quien ella o sus colaboradores interrogaron regularmente en Washington, en viajes no se publicitados.

Morales se convirtió, desde que era una funcionaria de recién ingreso a la SEIDO pocos meses antes de la “Operación Limpieza”, en la fiscal más estimada por el hoy ex presidente Felipe Calderón, quien la hizo procuradora al final de su sexenio. Medina Mora, quien la conoció en Los Pinos cuando en el Gobierno de Vicente Fox él era director del Cisen y ella llevaba el caso de “El Encino” en contra del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, la llevó a la PGR. Hoy, ambos son arrastrados por “Jennifer” y la “Operación Limpieza”. ¿Ingenuidad o incompetencia? ¿Deseos de vendetta o ganas de quedar bien con Calderón? O, simplemente, la obsesión para encarcelar funcionarios, que los cegó ante otras evidencias o a valorar las pruebas de los acusados, colocan al actual embajador en Estados Unidos y a la académica en la Universidad de Florida, en una situación altamente incómoda.

Menos visible, pero quizás más desvergonzada, es la actitud de la DEA, que vendió a “Jennifer” como un testigo infalible. Ex funcionarios federales recuerdan que Morales hizo junto con la DEA su proceso de verificación, y designó a dos ministerios públicos federales, doblemente pasados por controles de confianza por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, para interrogarlo y llevar los casos, que tomó como un asunto  personal. “Jennifer” es testigo también en otros casos de impacto, como los del ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, y el ex jefe de Interpol, Rodolfo de la Guardia, quienes fueron liberados por falta de pruebas. También es uno de los que acusó al general retirado Tomás Ángeles Dauahare, actualmente en prisión, en espera de la sentencia del juez.

“Jennifer” es el hombre de la DEA que ayudó a construir en Estados Unidos la percepción de un Estado fallido, donde las instituciones estaban infectadas por el narcotráfico, que controlaba el territorio mexicano. En este mismo espacio, en un texto intitulado simplemente “Jennifer”, se concluyó a finales de enero de este año, cuando la tendencia de las acusaciones del testigo dibujaban la hecatombe judicial: ‘“Jennifer” fue un arma a la cabeza de México, utilizada por Calderón sí, pero que contribuyó al descrédito de un país bajo el disfraz de la guerra –que fue real- contra el narcotráfico, y a la subordinación de su Gobierno a Estados Unidos”. Hoy, se ratifica la afirmación.
 

A simple vista todo parece estar coordinado. El sábado antepasado, como sucede cada primer sábado de mes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) distribuyó su periódico El Insurgente, donde planteó que “la autodefensa armada de las masas debe ser impulsada, pero no desde una perspectiva mediática, sino desde un proceso real de autodeterminación, (y) verdadera autodefensa”. Al día siguiente los grupos de autodefensa en Guerrero —varios de los cuales se encuentran en zonas de presencia guerrillera— pactaron un movimiento popular junto con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. A simple vista, los planes insurgentes parecen seguir su ruta de acción.

Estos planes, que se vienen construyendo desde hace varios meses, giran en torno a la creación de un frente de masas, dibujado en los 27 comunicados que emitió el EPR el año pasado, dirigidos a sindicatos, organizaciones de derechos humanos, periodistas, madres y familiares de desaparecidos, y comunidades afectadas por la guerra contra el narcotráfico. Ese frente tuvo una primera prueba el 1 de diciembre, cuando durante la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto desestabilizaron el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde el secretario de Agricultura, Enrique Martínez, resultó herido —no de gravedad— por un petardo que estrellaron en su vehículo.

La primera acción de gran envergadura en la capital federal fue todo un éxito, medido en que ninguno de los cuadros militares que provocaron los enfrentamientos resultó detenido. La segunda se dio con la emergencia súbita en varios estados de policías comunitarias y grupos paramilitares que fueron avalados en un principio por gobiernos estatales y el federal, donde se mezclaron aquellos que legítimamente se sentían desprotegidos por la autoridad, y aquellos que defendían intereses particulares —como narcotraficantes y talamontes—, o que perseguían una agenda política e ideológica —como el EPR—. La tercera se dio con el conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde, según los órganos de inteligencia del Estado, hay un núcleo de unas 200 personas muy beligerantes, entre quienes se mezclan cuadros guerrilleros. La cuarta se encuentra en ebullición: la lucha por la contrarreforma educativa.

Los vasos comunicantes entre los maestros y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, que nació en 1998 en las zonas de mayor influencia del EPR y de una de sus escisiones en ese estado, el Comando Justiciero 28 de Junio, son antiguos. Públicamente niegan cualquier vinculación con la guerrilla, aunque un frente de masas no necesariamente opera como una estructura orgánica, sino como un movimiento tras el cual un movimiento insurgente esconde sus objetivos últimos. El EPR tiene entre sus fundadores a maestros, e inclusive algunos de los viejos dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora en Oaxaca participaron en 2005 en ese estado, cuando intentaron derrocar al gobernador Ulises Ruiz.

La movilización en Guerrero evoca lo que sucedió en Oaxaca hace ocho años, cuyo contexto era la movilización magisterial ante la negociación salarial, y a la cual se le sumaron organizaciones sociales y cuadros del EPR, que tuvieron en sus calles un laboratorio de pruebas para la guerrilla urbana. Las condiciones para la insurgencia, sin embargo, son mejores hoy que entonces, al existir la variable de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa civil, armados y aceptadas social y políticamente por las autoridades. Adicionalmente se encuentra el factor geoestratégico. En 2005 Oaxaca era una ínsula. En 2013 es la cuenca del descontento. Actualmente, el mapa de riesgo lo concentran Oaxaca y Guerrero, pero Michoacán está en la misma situación, y Chiapas se encuentra a punto de explotar por las mismas razones públicas de inconformidad por la reforma educativa.

El EPR deslindó la “autodefensa de las masas trabajadoras” como planteamiento político, de los grupos de autodefensa civil y las policías comunitarias que han aparecido. Sin embargo, para efectos de la política en el marco de la ley, son lo mismo. Los vasos comunicantes son la inconformidad, la insurgencia y el Estado como enemigo común. La ingenuidad de las autoridades estatales y federales ayudó involuntariamente al EPR en la formación del ideal perseguido por décadas, su frente de masas que construya el anhelado cuerpo político a su brazo militar existente.

La movilización en Guerrero evoca lo que sucedió en Oaxaca hace ocho años, cuyo contexto era la movilización magisterial ante la negociación salarial y a la cual se le sumaron organizaciones sociales y cuadros del EPR

Las condiciones para la insurgencia, sin embargo, son mejores hoy que entonces, al existir la variable de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa civil, armados y aceptadas social y políticamente
 

El frustrado atentado contra los hermanos Ricardo y David Monreal busca ser llevado al terreno de lo político por algunos que quieren sacar raja de ello. Algunos, como Andrés Manuel López Obrador, creen que se descubrió el plan criminal porque su ex coordinador de campaña era espiado por el Gobierno. La realidad es diferente. No fue resultado de espionaje político del Cisen sobre Monreal, como piensa el líder de la izquierda social, sino de una investigación sobre delincuencia organizada focalizada en el empresario Arturo Guardado, iniciada en enero para determinar si estaba vinculado con Los Zetas.

Guardado es señalado como presunto autor intelectual del fallido atentado y se encuentra detenido desde el jueves antepasado, cuando la PGR capturó simultáneamente a la célula que tenía la misión de asesinar al senador David Monreal. El plan no se concretó porque, el martes señalado para el crimen, se les perdió al salir del Senado en el auto de un colega legislador. Pero la molestia de Guardado y la orden de eliminar en su lugar al diputado Ricardo Monreal, es lo que permitió al Gobierno neutralizar a los asesinos.

De acuerdo con la investigación del Cisen, el interés sobre Guardado lo propició la forma como creció en los 18 últimos meses en Zacatecas. De empresario chilero con una gasolinera en Fresnillo, incursionó en la industria de la construcción –está vinculado con la tienda Sam’s en esa ciudad–, en la de medios –adquirió un canal de televisión por cable–, y compró dos gasolineras más. La compra de las gasolineras es lo que generó más alerta, ante el involucramiento de Los Zetas en el robo de combustible de Pemex, para cuya venta instalaron gasolineras clandestinas o adquirido concesiones a través de terceras personas.

Por esa investigación, el teléfono de Guardado estaba intervenido. Hace casi un mes, el  Cisen escuchó que le decía a alguien no identificado aún en aquél Estado, que había enviado “gente” a la capital para que “hicieran un trabajo”. El Cisen detectó a la célula antes de que entrara a la Ciudad de México y la siguió. La célula llegó el lunes 1 de abril, y antes de registrarse en el Hotel Prim, donde los detuvieron días después, fueron al Senado para localizar las oficinas de Monreal, como quedó registrado en las cámaras de seguridad en el edificio. Al salir, le dijeron a Guardado: “Ya está ubicado ‘D’. Quinto piso del Senado”.

Cuando se les escabulló el senador, Guardado, muy molesto, les ordenó que si no era él, que mataran a su hermano. Guardado se refería a ellos como “el diputado R” y “el “senador D”. Al tener las siglas “R” como diputado y “D” como senador, el Cisen estableció que se trataba de los hermanos Monreal e informaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien el miércoles por la noche, le mostró al diputado fotografías de la célula –donde identificó al chofer de Guardado, Javier Vázquez Delgado–, de la camioneta en la que se desplegaban –con placas de Fresnillo–, y escuchó las grabaciones donde identificó la voz de Guardado. “¿Te hace sentido?”, le preguntó Osorio Chong. “Totalmente”, respondió Monreal.

La relación de Ricardo y David Monreal con Guardado estaba rota desde hacía casi un año, porque el empresario los responsabilizaba de no haber hecho lo “suficiente” para aclarar la desaparición de su hermano Juan Carlos y su chofer Francisco –hermano del chofer de Arturo– en 2011, que es lo que las autoridades consideran como el móvil del asesinato. Informados los Monreal, se ordenó la detención de la célula, la madrugada del jueves en el Hotel Prim. Guardado, que había viajado a la Ciudad de México y estaba vigilado, fue detenido en un hotel cercano a la Central de Abasto, a donde solía ir por razones de su negocio.

El plan del asesinato incluía también la ruta de escape, según las grabaciones de Guardado, quien le dijo a uno de los integrantes de la célula que una vez que asesinaran a David –que era el objetivo central–, dejaran la camioneta en una pensión junto al hotel Premier, cercano al Prim, donde los esperaría una persona en otro vehículo para sacarlos de la ciudad. La investigación no se ha detenido. Se busca determinar si Guardado tenía cómplices, o si las detenciones cancelan el contrato para asesinar a los Monreal. También se busca sustentar el caso en el terreno la delincuencia organizada, y no quede sólo en la intentona de asesinato. El atentado fallido contra los Monreal, está visto, no tocó fondo con las capturas.
 

Lo de menos para el Gobierno mexicano es la advertencia de la consultora Stratfor sobre la estrategia de combate a la delincuencia organizada que autorizó el Presidente Enrique Peña Nieto, caracterizada con sobrio sarcasmo como “la política de las manos fuera”. Lo que sí importa es que esta empresa conformada por ex agentes de inteligencia, que entre sus clientes tiene al Gobierno de Estados Unidos, refleja de manera regular y precisa el pensamiento de las élites en Washington, bastante escépticas de lo que ven en materia de seguridad al sur de su frontera.

Un informe de Stratfor el 28 de marzo firmado por su vicepresidente de Análisis, Scott Stewart, y su experimentado analista Tristan Reed, cuestiona la hipótesis mexicana de que si el gobierno suaviza su investigación sobre crímenes vinculados al narcotráfico, la violencia decrecerá.

“Desafortunadamente, la reducción de los niveles de violencia no es tan simple”, agregaron. “(Por) la naturaleza y los orígenes de la violencia… relajar simplemente la persecución de los crímenes del narcotráfico, tendrá poco impacto en el nivel de la violencia. Por tanto, ese argumento teórico, se quedará solamente en eso”.

Stewart y Reed añadieron: “El Gobierno no inicia la mayoría de los incidentes violentos en México y ni siquiera está involucrado en la mayor parte de la violencia. Muchos de los incidentes más letales en México no tuvieron participación gubernamental en absoluto, como la emboscada en mayo de 2011 en Nayarit, donde 29 miembros de un cártel fueron asesinados; la emboscada en Sonora en julio de 2010, donde 20 sicarios fueron asesinados; el incendio en el casino en Monterrey en agosto de 2011, donde murieron 52 personas; el asesinato de 72 migrantes en un autobús en Tamaulipas en agosto de 2010; y los cientos de víctimas en las fosas clandestinas donde los tiraron Los Zetas y el Cártel de Sinaloa en 2011 y 2012. Inclusive, en los prolongados enfrentamientos en Reynosa en marzo de 2013, hay reportes que el Gobierno permitió que grupos criminales se pelearan entre ellos antes de intervenir”.

“Actualmente en Tamaulipas, la Policía Federal y el Ejército controlan la seguridad, mientras que la Policía local ha sido desarmada en algunas ciudades como Reynosa. En tal entorno, será imposible que el Gobierno federal se desentienda sin antes reconstruir las fuerzas policíacas locales y estatales para que provean seguridad. Al final de cuentas, dado que el Gobierno federal no inició la mayor parte de la violencia en México, la decisión de no perseguir a los narcotraficantes conseguiría reducir la violencia muy poco”.

Dicho de otra manera. Tanto el cambio de estrategia anunciado por el gobierno —prevención y ataque a las fuentes que dan origen a la violencia—, como el análisis que hacen expertos y periodistas sobre sus bondades —reales— a largo plazo, no resuelven ningún problema relacionado con la violencia en el corto plazo, cuya propia dinámica terminará derrotando al gobierno en el campo de la opinión pública, que así como no entendió el discurso del presidente Felipe Calderón que había que acabar con los cárteles para recuperar el país, difícilmente comprenderá ahora que no importa cuántos muertos haya ahora y cuánta inseguridad prevalezca, al final del camino se alcanzará paz.

Ni el combate frontal como única opción contra los cárteles, ni dejar hacer, dejar pasar a los cárteles, son buenas estrategias. La de Calderón, aunque cuestionada, es cosa del pasado, pero la de Peña Nieto es a la que se juzga actualmente en sus méritos. Las dudas que hay se multiplican por la naturaleza actual de los cárteles mexicanos, que dejaron de ser organizaciones de delincuencia organizada, a organizaciones criminales trasnacionales, como se califican hoy por la diversidad de los negocios en los que se expandieron: secuestro, tráfico de personas, trata, piratería, extorsión, minería y robo de carga aérea.

Sobre esos factores objetivos cuestiona Stratfor lo que se le ha dado a llamar la “nueva narco-realidad”. Pero si esto forma parte de un concepto teórico, hay otro que, como hipótesis de trabajo, puede plantearse: la estrategia inconfesable es que esa nueva narco-realidad pase por una pax narca; es decir, que un cártel solamente maneje el negocio en México para lograr la paz duradera. El tema exige otro análisis, aunque sea teórico.
 

CARTAGENA, Colombia.—Detrás de los 11 kilómetros de muralla que rodean el corazón de Cartagena se encuentra el Portal de los Dulces, en donde los escribanos de “Amor en los Tiempos del Cólera” mecanografiaban las cartas de amor de los analfabetas, a unas cuantas cuadras en donde tiene su casa el autor, Gabriel García Márquez. También está el Hotel Santa Clara, donde un enamorado de esta ciudad, Bill Clinton, se hospeda siempre que viene. Su casco viejo tiene reminiscencias de lo que algún día fue La Habana o lo que la modernidad impide ser a San Juan, con música siempre, en los bares o en bicicletas, que invitan a bailar.

El casco viejo escapó al trazado medieval tras su fundación en el siglo 21, pero no a la magia de la cuenca caribeña que siempre se viste en amarillo y azul eléctricos, junto al blanco y el ladrillo de la región. Penetrar las murallas de Cartagena es como asomarse a la pequeña Bourbon Street en Nuevo Orleans, o caminar por el malecón de Saint John, la capital de Antigua y Barbuda, pero no hay comparación. La exquisitez de su gastronomía, con chefs que estudiaron en la academia Cordon Bleu de París, o la riqueza colonial de su arquitectura —sus balcones se asemejan a muchos en el centro histórico de Lima—, supera a todos. Esta joya de Colombia es uno de los destinos más hermosos de América Latina.

Pequeña, atrajo el año pasado a más de 200 mil extranjeros que hicieron crecer 16% al turismo en solo un año. Salvo sus hoteles boutique en el casco viejo, el resto de la ciudad no tiene ninguno que provoque suspiros, y a las 10 mil habitaciones existentes, se le sumarán en los dos próximos años las de tres de las cadenas hoteleras más importantes del mundo. Pero lo que debería ser una enorme alegría, es también una gran preocupación. Cartagena, padece dos enfermedades: la inseguridad y el turismo sexual.

Quienes se prostituyen no provienen sólo de hogares disfuncionales, sino cruzan las clases socioculturales. La Universidad de San Buenaventura de Cartagena encontró en un estudio en 2009 que 2% de las universitarias se reconocían como prostitutas prepago. El sistema era operado por agencias, según el estudio, que buscan mujeres “sexy, amables, responsables y puntuales”. Las cosas no han cambiado. Por 100 dólares, jóvenes de clase media y alta entre 17 y 25 años, ofrecen todo tipo de sexo durante 20 minutos, y según lo activas que sean, pueden llegar a ganar mensualmente entre dos mil 800 y cinco mil 500 dólares. Si el salario mínimo roza los 330 dólares mensuales, el incentivo para prostituirse es grande.

Pero el turismo sexual no es el mayor de los problemas. Más grave es la prostitución creciente de menores. La Fundación Renacer, cabeza de la cruzada contra la prostitución de menores, estima que hay 650 de 17 años o menos involucrados en el comercio sexual, de los cuales 70% son niñas, víctimas muchas ocasiones ¬—según la prensa local—, de los propios operadores de turismo, guías, botones y taxistas, que son intermediarios en este negocio. A diferencia de la prostitución entre jóvenes, la de menores está asociada con la pobreza: 55% del casi millón de personas en Cartagena viven por debajo de la línea de miseria.

En las zonas más marginadas de esta ciudad es donde se genera precisamente el fenómeno que por encima incluso del comercio sexual, preocupa a las autoridades: la inseguridad. Las autoridades dicen que son 15 las pandillas juveniles, formadas por jóvenes entre 14 y 17 años, que provocan la violencia que el año pasado dejó 105 muertos en las calles de Cartagena por sus enfrentamientos.  La delincuencia juvenil se da por la descomposición del núcleo familiar y la falta de escuelas, factores que se ven en otros países, y las autoridades no han encontrado la estrategia para enfrentarla.

Cartagena es una ciudad de claroscuros, donde los infiernos, pese a estar a la vista de todos, no se ven ni emergen fácilmente. Lo que hay es vida, música y alegría, en una mezcla de interacción cotidiana con quienes, muchas veces, habitan en los dos mundos.