A la ciudad le queda mucho por crecer. Los optimistas dicen que llegaremos a 6.5 millones de habitantes; los pesimistas dicen que serán ocho millones, aunque en este caso los pesimistas dicen que ellos son los optimistas, pues una ciudad mayor tiene más mercado, más oportunidades para todos y más vida. Cómo sea, lo cierto es que el horizonte de crecimiento de la ciudad tiene ya límite, ahora sí que, como diría Sabina (ca´quién sus clásicos) por fin el fin, y eso permite planearla de una mejor manera (aunque luego nadie les hace caso).

El gran problema que enfrentará Guadalajara será la baja densidad. El riesgo de que siga engordando es enorme, pues los valles del Sur y el Poniente hacen muy atractivo que se siga desarrollando vivienda horizontal, incorporando más y más hectáreas a la de por sí desparramada mancha urbana. El Macro Libramiento, que traerá grandes beneficios para descargar el tráfico pesado de la zona conurbada, corre el riesgo de convertirse en un nuevo cinturón más laxo. Equivale efectivamente cambiar de talla de pantalón, con los mismos efectos para la ciudad que para los humanos: para qué hacer dietas si hay ropa más grande; para qué crecimiento vertical si hay tierras por conquistar.

En este contexto, la decisión de los gobiernos de Tlajomulco y del Estado de Jalisco de proteger la Sierra del Madroño (cabecera norte del cerro de Chapala que comprende los cerros de Chupinaya y Los Sabinos) y de Cerro Viejo es por demás plausible, pues es una forma de ponerle límites a la ciudad o al menos de asegurar que, con la apertura del Macro Libramiento, las desarrolladoras de vivienda no se devoren los cerros como lo han hecho con las puntas que están ya dentro de la zona conurbada: el Cerro del Cuatro, el Cerro de Santa María y el Cerro del Tesoro.

Cerro Viejo es la tercera punta del Estado, sólo después del Nevado y el Volcán de Colima, y es una verdadera fábrica de agua; el Viejo es responsable directo y casi único de la existencia de la laguna de Cajititlán, un cuerpo de agua terriblemente amenazado por la mancha urbana. El Madroño, por su parte, es un elemento fundamental de la llamada cuenca propia del lago de Chapala amenazada por la urbanización de la ribera donde los municipios de Chapala y Jocotepec han cambiado de manera por demás irresponsable los usos de suelo y las cotas de urbanización.
 

Ayer terminé la columna diciendo que un impuesto a la gasolina para destinarlo a transporte público era un tema que merecía al menos ser debatido. El tema despertó interés y preocupaciones legítimas que vale la pena dialogar. La propuesta concreta era la siguiente: ante lo claramente regresivo del subsidio a los combustibles, hay que poner un impuesto a la gasolina de 50 centavos por litro, para invertirlo en transporte público. Fueron dos las preocupaciones centrales: si este impuesto podría ser inflacionario, y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

El Gobierno federal ha argumentado que el deslizamiento del precio de combustible debe ser paulatino y progresivo, para no generar una burbuja inflacionaria. Pero un impuesto a la gasolina en la zona metropolitana aplicaría fundamentalmente al transporte privado. Esto implicaría dejar fuera el diesel y otros combustibles que se usan, por ejemplo, para la generación de electricidad. El precio de los combustibles ha sido la excusa más socorrida de los productores para aumentar los precios desde los años setenta, en algunos casos con razón y en la mayoría como acto reflejo: hay que echarle la culpa a alguien de las ineficiencias de la industria. El ejemplo más claro es que se quitó la tenencia y nadie bajó los precios. En 2010 un auto mediano, tipo Civic con seis años de antigüedad, o un Tsuru, con un año de haber salido de la agencia, por poner un par de ejemplos, habrían pagado de tenencia alrededor de mil 500 pesos. Con un impuesto de 50 centavos por litro pagaría 20 pesos por tanque, que en un uso normal sería una vez  por semana, esto es mil 40 pesos al año. Pero hay otra forma de verlo: 20 pesos por semana es el equivalente a 3.3 pasajes de camión en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Si logramos, con un sistema más eficiente, para que los usuarios del transporte público reduzcan el número de pasajes-familia por semana, el beneficio será doble. Que paguen más los que tienen auto y que gasten menos los que no lo tienen.

Por supuesto que cuando se habla de impuestos, y más de nuevos impuestos, el que sea, la gran preocupación es la transparencia en el uso de los recurso públicos. La burra no era arisca, pero estamos hasta el copete (creo que la expresión no es políticamente correcta en este sexenio) de que los impuestos terminen en nóminas, ineficiencias o vulgares raterías. Hay diversas formas proteger y etiquetar que este impuesto se vaya íntegro a un fideicomiso para transporte, vigilado y contabilizado. No hay manera de asegurar que no habrá corrupción, salvo que los ciudadanos realmente nos comprometamos a vigilar, denunciar y presionar para que se transparente el uso de los recursos, y aún así nada nos garantiza que no haya desvíos o robos. Pero lo peor que nos puede suceder es que sigamos generando poco, gastando mal y estancados como ciudad. ¿O no?
 

Hay impuestos que son regresivos, es decir: que, lejos de favorecer la igualdad social, aumentan las diferencias. Pero también hay subsidios regresivos, aquellos donde los más beneficiados son los que tienen más, y de entre ésos, sin duda, el más regresivo es el subsidio a la gasolina. En México un propietario de una Hummer o una Suburban recibe más por vía de subsidio a la gasolina que una familia pobre por la vía de Progresa.

Así de absurda es la política de subsidios en este país, pero más absurdo aún es que cada que aumenta la gasolina los partidos de izquierda, en vez de festejarlo con bombo y platillo, salgan a protestar. La visión de los partidos es tan, pero tan de corto plazo, que son capaces de hacer ese tipo de manifestaciones con tal de ganar una nota en el periódico del día siguiente, en lugar de apostar por un futuro mejor para los que menos tienen (pero bueno, el tema hoy no son los partidos, cuya capacidad de sorprendernos es inagotable).

En la Zona Metropolitana de Guadalajara el subsidio a la gasolina, lo que el Gobierno mete de nuestros impuestos para mantener los combustibles en un precio bajo, equivale a cerca de nueve mil millones de pesos al año. Esto es: mientras nos peleamos por de dónde sacar 300 millones de pesos para subsidiar el transporte público para estudiantes y discutimos si debemos endeudarnos o no para construir más líneas de tren ligero, el dinero se va a subsidiar el sistema de transporte más ineficiente, contaminante y caro: el automóvil individual. Una sociedad que le da más subsidio al uso del automóvil que a la educación superior (el presupuesto de la UdeG es de poco más de ocho mil millones al año) tiene perdida la brújula. Y ésos somos nosotros.

Si invirtiéramos esos nueve mil millones de pesos anualmente en transporte público de calidad, en 10 años Guadalajara sería otra, mucho más amable, vivible, menos contaminada y sobre todo más justa, pues el dinero se invertiría en mejorar las condiciones de vida de quienes tienen menos y no en dar gasolina barata a quienes tienen auto particular.

Las grandes ciudades son las que toman grandes decisiones. El Gobierno federal no va a cambiar la política de los “gasolinazos” para acelerar la reducción de subsidios por una cuestión inflacionaria; por eso es el momento de plantearnos en serio, sin prejuicios y con visión de futuro, un impuesto a la gasolina que permita adelantarnos. No como un asunto de gobierno o partidos, sino como un tema de ciudad. Cincuenta centavos de impuesto por litro de gasolina, 20 pesos por tanque en un automóvil pequeño, equivaldrían a siete millones de pesos diarios, dos mil 500 millones de pesos anuales que, en programas de peso contra peso con el Gobierno federal, se puede convertir en cinco mil millones de pesos al año para transporte público. El tema merece, al menos, ser discutido.
 

¿Con el PRI regresó la prepotencia? Los escándalos recientes de “Lady Profeco”, las grabaciones del ex gobernador Granier han revivido ese viejo temor. Pero no nos equivoquemos, la prepotencia no es un asunto exclusivo de priistas, y ahí están “El Niño Verde” y los hijos de Martha Sahagún para contradecir a cualquiera que pretenda darle al PRI la exclusividad de la prepotencia. Lo que sí podemos decir es que la prepotencia está íntimamente ligada a una forma de ejercicio del poder, que los priistas sintetizan en la frase “nosotros sí sabemos mandar” o “nosotros sí sabemos para qué es el poder” y que viene acompañado de este tipo de actos reflejos de prepotencia.

Entendámonos: ni todos los priistas son prepotentes ni sólo los priistas son prepotentes, pero ese estilo de ejercicio del poder que los mexicanos identificamos como priista (la frase del “ya te salió el pequeño priista que todos llevamos dentro” es la muestra más contundente de esta cultura) permea a todos los partidos y buena parte de la burocracia, desde el policía de a pie hasta los hijos e hijas de altos funcionarios, y de la sociedad.

En este contexto no sorprende la actitud de “Lady Profeco”, sino la respuesta del Presidente de la República quien, en un acto sin precedentes, decidió entregar la cabeza Humberto Benítez, padre de la “lady”, ante la presión de las redes sociales, que no perdonaron ni bajaron la guardia un sólo minuto desde el momento mismo del abuso de poder. Fueron la friolera de más de 70 mil twitters los que mencionaron el tema sólo el 28 de abril, y se mantuvo en la primera semana de mayo con un promedio de mil menciones diarias y la segunda semana con 500 diarios. El tema no sólo estaba en boca de todos, estaba en la pantalla de todos.

Twitter adquirió en esta acción carta de naturalización como medio de opinión pública. Ya había dado muestras de su fortaleza hace tres años cuando se discutía la reforma política, pero nunca había logrado presionar una destitución de esta magnitud. Lo que en principio puede ser considerada como una buena decisión del Presidente de la República abre también nuevas preguntas. ¿Lo que castiga el Presidente es la prepotencia o simplemente no aguantó la presión social?; ¿Es un tema de imagen o una política de Gobierno? A Rosario Robles le pidió públicamente en un acto de Gobierno que aguantara la presión por un asunto mucho más grave, la desviación de programas sociales con fines electorales, pero él no aguantó la presión de los tuiteros, pues no tomó la decisión de separar de su cargo al procurador de consumidor en el momento del abuso de poder, sino tres semanas después y más de 100 mil tuits después.

Bienvenida la twittocracia y su enorme capacidad de hacer opinión pública, pero existe un enorme riesgo de que las decisiones de Gobierno se tomen desde Twitter y para Twitter y no desde el Estado y para el Estado.
 

Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, aunque hay al menos uno en cada grupo de amigos, todos tenemos un buen ejemplo de ello, que le da por presumir, exagerar y hasta mentir cuando anda borracho. ¿De cuáles es el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier; de los borrachos sinceros o el típico acomplejado que anda presumiendo lo que no es cuando, cito al gobernador del Edén, “se le pasan las copas”?

Haiga sido como haiga sido, el ex gobernador de Tabasco no tiene salida. Si, efectivamente tiene 300 trajes, 400 pares de zapatos y mil camisas con el sueldo de gobernador, el señor tendrá que explicar cómo logró eso con un sueldo neto de 122 mil pesos al mes. Porque, bajita la mano y comprando zapatos baratitos, algunos trajes de poliéster y camisas del marca libre, el señor tiene invertidos en ese guardarropa entre tres y cinco millones de pesos, esto es, entre dos y tres años de su sueldo completo dedicado sólo a trajes, camisas y zapatos (eso sin contar calzones y calcetines que para él deben ser prácticamente desechables).

Pero vamos a suponer que el señor no es borracho sincero sino briago enfadoso, de ésos que les da por confesarse hasta con los “guaruras” y apantallar con mentiras y exageraciones al que se deja. ¿De qué tamaño es el complejo del gobernador, cuánto fue lo que se quiso llevar y no pudo, que tiene que andar presumiendo lo que no tiene y lo que no es? (rápido aquí, un diván). Pero el contexto en este caso es fundamental. Este señor gobernador es el mismo a quien se le acusa de haber transferido tres mil millones de pesos a la cuenta de su hija. Es decir, no es un asunto aislado, se trata de un político señalado por corrupción donde la sinceridad del alcohol parece haberlo matado.

Lo del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, no es un caso aislado. Cada vez más los políticos han ido perdiendo el piso de lo que es normal en esta vida de México del siglo XXI. La famosa medianía juarista ya no está en el vocabulario de los funcionarios de hoy. Ostentar, parecer y hacer manifestaciones de poder a través de lujos (vinos caros, puros caros, corbatas caras, trajes caros) es parte esencial de nuestra clase política cada día más ensoberbecida y borracha de poder.
 

Se puso de moda culpar a los maestros y particularmente al sindicato de maestros de la mala educación en México. Y en muchas cosas, sin duda, hay razones; el sindicato ha sido una fuerza con la cual el Estado no ha podido lidiar y quizá esa sea una de las causas por las que la educación en México está muy por debajo de los estándares de países similares, pero está muy lejos de ser la única o la más importante.

El maestro es fundamental para que un grupo vaya bien, pero no es el responsable de que la educación esté mal. Parece una contradicción, pero no lo es, son dos premisas independientes. Cuando vemos resultados positivos a nivel grupo o escuela en la prueba ENLACE, invariablemente detrás hay un buen maestro(a) o un(a) bueno(a) director(a) (las “a” entre paréntesis no son adorno ni un rollo políticamente correcto; el proceso educativo en México está fundamentalmente en manos de mujeres). Esto no quiere decir que los que salen mal tengan como factor único y permanente malos maestros o directores. Hay algunos verdaderos héroes en el gremio magisterial, pero no podemos esperar que todos sean así, el sistema no puede depender de súpermaestros.

En la pugna ideológica de si la educación es responsabilidad del Estado o responsabilidad de los padres, que marcó el siglo XX, ninguno de los dos terminó por hacerse cargo de una responsabilidad ineludible, pero sobre todo compartida. Los padres nos alejamos de las escuelas y el Estado concentró su esfuerzo y limitó su responsabilidad a la cantidad, en la cobertura educativa, y no a la calidad. Podrá existir alguna excepción que impida generalizar, pero podría apostar doble contra sencillo a que no hay un solo informe presidencial en el siglo XX  que hable de calidad educativa; todos habla de cantidad y cobertura.

Con la reforma de Zedillo encaramos el siglo XXI con la esperanza de que la descentralización permitiría una mayor atención al tema de la calidad. El resultado fue, si no peor, al menos igual, pues ningún Estado de la República ha tomado las atribuciones que tiene en materia educativa porque el sindicato, ahí sí, se convirtió en un mecanismo de institucionalización de la mediocridad y los gobernadores se adaptaron sin chistar.

No hay reforma educativa sin los maestros y no hay mejora en la calidad educativa sin los padres. Pero quien debe definir las políticas de educación y vincular a las partes del proceso educativo es el Estado. La educación está como está no por lo que se ha hecho mal sino principalmente por lo que se ha dejado de hacer. No tiene la culpa el maestro sino el que lo hace comparsa.
 

La situación de la deuda de Guadalajara es más que delicada. Y el problema no es la deuda bancaria registrada ante Hacienda, donde la capital de Jalisco es líder indiscutible a nivel nacional con dos mil 600 millones de pesos, sino la deuda no registrada, eso que elegantemente llaman Adefas (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores) y que no es otra cosa que el dinero que la administración anterior se gastó y no pagó, como el inquilino que se va de casa dejando adeudos con la luz, el agua, el gas, el teléfono, etcétera. Pues bien, las Adefas en Guadalajara suman más de mil 400 millones de pesos, deudas que dejó el Ayuntamiento saliente con proveedores, obra pública, impuestos, pensiones, luz, etcétera.

La situación se resume así: Guadalajara tiene un presupuesto anual de, pelos más o menos,  cuatro mil 800 millones de pesos, de los cuales cerca de 56% —dos mil 600 millones— son para nómina y los pagos por servicio de la deuda registrada ante bancos son cercanos a los 280 millones. Si a esto le sumamos las Adefas, entre estos tres conceptos suman 89% del presupuesto de egresos, lo cual hace inviable, y hasta inútil, cualquier proyecto de gobierno. La situación se vuelve más compleja para el alcalde Ramiro Hernández porque resulta que su antecesor ahora es gobernador, lo cual hace muy difícil siquiera salir a denunciar o investigar en qué se gastó la administración anterior la friolera de mil 400 millones de pesos más de lo presupuestado.

El problema es que pareciera que el gran proyecto del Gobierno de Guadalajara es que el gobernador lo saque de apuros, y que el gran proyecto del gobernador es que el Presidente, que ahora ha vuelto a controlar todo, se apiade de nosotros e invierta en obra pública en Jalisco. A nadie se le ocurre que es momento de comportarnos como mayores de edad y hacernos cargo de nosotros mismos. El Ayuntamiento de Guadalajara debe aumentar sus ingresos por la vía del predial, pero sobre todo recortar su nómina, independientemente de las acciones legales que tenga que tomar si es que hubo desvío de recursos en la administración anterior, y que el Gobierno del Estado tiene que hacerse cargo de su propio desarrollo exigiendo a la Federación, pero sobre todo generando ingresos propios que le permitan gestionar con mayor fuerza, y eso se llama impuestos.

Alguien tiene que tomar el toro por los cuernos, con el riesgo de una cornada política de tamaño considerable, pero hacer nada lo único que les garantiza es chiflidos del respetable y que se materialice su peor pesadilla: una derrota en Guadalajara en 2015.
 

Por primera vez en la historia del Fondo Metropolitano tres de cada diez pesos se invertirán en algo distinto al automóvil, esto es, no se gastará todo el dinero en hacer pasos a desnivel, la obra favorita de los políticos porque son grandotas, lucen mucho y funcionan de maravilla… cuando no hay tráfico, lo cual en una ciudad como la nuestra  sólo sucede los domingos a las siete de la mañana.  

El Gobierno y los alcaldes metropolitanos decidieron gastar 30% de la bolsa del Fondo Metropolitano (un fondo tripartita que tiene recursos federales, estatales y municipales) en un sistema de bicis públicas y en la ampliación de la escasa (por no decir nula) red de ciclovías de Guadalajara. Las bicicletas públicas no son, como mucha gente lo imagina, un lujo para turistas o jóvenes desquehacerados, sino un sistema de transporte público individual pensado y diseñado para completar la última milla de los viajes de los usuarios del sistema de transporte. Esto es, las bicicletas públicas no son para paseo, si alguien las usa para eso que bueno, pero lo importante es que agilicen el último tramo del origen-destino que normalmente se hace a pie o en un segundo o tercer autobús, cuyo costo resulta muy alto, pues se trata de tramos relativamente pequeños.

Las bicicletas públicas como sistema complementario de transporte nació en Europa a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Aunque Amsterdam, la ciudad más bicicletera del mundo, había hecho un programa de bicicletas de todos en 1965, es decir bicicletas que el Estado donaba para que fueran usadas por cualquier persona, éste fracasó porque no hubo continuidad ni control (se las acabaron robando una por una), y no fue hasta 1994 en una pequeña ciudad de la costa oeste de Francia, La Rochelle, que comenzó a usarse el sistema de bici pública con estaciones y tarjetas de prepago para su uso. Un año después, en 1995, Copenhague perfeccionó el sistema y lo hizo a gran escala. Hoy, 18 años después, el sistema de bicicletas públicas está en prácticamente todas las grandes ciudades del mundo, entre ellas todas las grandes capitales latinoamericanas, incluso en las de mayor altura del mundo como Quito, Ecuador, y la Ciudad de México.

La creación de la red de bicicletas públicas en Guadalajara es una de las mejores noticias sobre movilidad que ha tenido nuestra ciudad en los últimos años. La eficiencia de un sistema de transporte público masivo cambia radicalmente cuando se resuelve la última milla, lo más complejo  y especifico de cada trayecto, y en eso la bicicleta es simplemente insuperable (me temo asegurar,  además, todo aquel que se sube a una bicicleta le cambia el humor, pero eso es bono extra).
 

En este país tenemos una patética fascinación por las reformas políticas. No hay elección que no termine en conflicto, ni Legislatura que no le meta mano a las leyes electorales. Al igual que las misceláneas fiscales, que cada año agregan las ocurrencias, negociaciones o intereses  particulares de los grupos de poder en turno, las misceláneas electorales buscan resolver casuísticamente los problemas de la elección anterior. Si el “Peje” se enojó porque no le gustó cómo votaron los consejeros del IFE, hagamos una reforma para quitarlos y poner a otros; si al PAN no le gusta cómo se eligen los senadores, hagamos una reforma para que tenga senadores, aunque sea de representación proporcional (lo más absurdo que ha parido la eterna reforma electoral); si el PRI quiere más tiempo aire, hagamos otra reforma, etcétera. Las reformas electorales se han usado para resolver problemas de coyuntura en esta creencia, muy nuestra, de que los problemas culturales se resuelven con leyes.

Siempre que nos planteamos hacer reformas estructurales al Estado terminamos haciendo una muy coyuntural reforma electoral. Todo parece indicar que esta vez no será la excepción. En medio de la reforma fiscal y la reforma energética, las dos más complicadas y que realmente le pueden cambiar el rostro al país si las hacemos bien.

Los partidos ya metieron la enésima reforma electoral. La lógica es muy sencilla: PAN y PRD están dispuestos a ceder en algunas cuestiones de las leyes de Energía y Hacienda, en las que en corto todos están de acuerdo, si y sólo si les dan a cambio algunas concesiones en el tema electoral.

El país no necesita una nueva reforma electoral. En todo caso lo que necesita es una reforma al Estado mexicano mucho más profunda y de fondo. El PAN está planteando la segunda vuelta como una de las condiciones para seguir con la agenda del pacto. Y está bien, la segunda vuelta puede ser un mecanismo de gobernabilidad muy importante para el país, pero que por sí sola no resuelve el problema de gobernabilidad, sino el cálculo político de Acción Nacional, de que a pesar de estar en tercer lugar en las preferencias electorales en la última elección, sigue siendo la mejor segunda opción entre los electores. El PRD buscará acotar a la presidencia dándole más facultades al Congreso, un tema que traen desde hace al menos 10 años, pero que otra vez por sí solo no es solución de nada.

Sí vamos a entrarle a una reforma del Estado perfecto, pero eso va mucho más allá de una reforma electoral, debe implicar a los tres poderes, la relación entre estos y de ahí debe surgir una nueva República. Eso no se hace en un periodo legislativo, y mucho menos al mismo tiempo que reformas del tamaño de la fiscal y la energética. La enésima reforma electoral no es pues sino una ventanilla de cobro, que abren a los partidos los “favores” que tendrán que hacer en las otras dos reformas.

Decía el arquitecto Daniel Vázquez Aguilar, urbanista e investigador de El Colegio de Jalisco, que la clase media tapatía era tan obtusa que sin querer le había dejado la mejor parte de la ciudad a los pobres: la Barranca. El arqui, como le decían los cuates a Daniel, era un gran enamorado de la Barranca, ese sitio mágico de la naturaleza que los tapatíos efectivamente no sólo hemos ninguneado, sino usado como cloaca de la metrópoli.

Sobra decir que muy pocas ciudades en el mundo tienen el privilegio de tener una falla de 450 metros de profundidad a menos de 10 kilómetros del Centro Histórico, ni cuentan con los microclimas y reguladores de humedad que significa tener un río encañonado al Oriente a mil metros sobre el nivel del mar; valles, donde está asentada la ciudad, a mil 500 metros, y la montaña al poniente, en La Primavera, de cerca de dos mil metros de altura. Esa diferencia de altitudes permite el clima que tenemos, las tormentas de verano y una envidiable variedad de flora y fauna. Pero hasta ahora la Barranca había sido el gran olvidado, el patito feo de la zona metropolitana.

En los últimos años otro gran urbanista tapatío, Francisco Pérez Arellano, ha pregonado, casi diría que evangelizado, sobre la belleza de la Barranca y la necesidad de que la ciudad la recupere como el gran espacio público de la metrópoli. Hoy muchos proyectos importantes comienzan ya a voltear a la Barranca, pero faltaba un instrumento político que los alineara y ordenara, y ése es el gran paso que dio el alcalde tapatío, Ramiro Hernández, con el apoyo del cabildo, al crear el fideicomiso “Voltea a la Barranca”. Este instrumento permitirá ordenar los proyectos que tienen que ver con esta parte de la ciudad, desde la construcción de colectores y la planta de tratamiento que finalmente evitarán que no sigamos usando la Barranca como cloaca, hasta el Museo Barranca, el desarrollo del Zoológico Guadalajara, el vivero metropolitano, un jardín botánico y un largo malecón a manera de parque lineal que delimite y al mismo tiempo acerque la Barranca a los habitantes de la ciudad.

A lo largo de los casi 500 años de vida de Guadalajara siempre ha habido tapatíos enamorados de la Barranca, pero la ciudad nunca le ha rendido el tributo y la atención que merece este espacio, que permite, entre otras cosas, que en Guadalajara los truenos de las tormentas tengan ese eco largo y profundo que tantas veces nos ha despertado en las noches, y que no suena igual en ningún otro lugar.