México ha logrado constituirse en un Estado de Derecho, resultado de cambios drásticos de formas de gobierno, comenzando desde los aztecas gobernados por Tlatoanis, pasando por Virreinatos, Imperios y Repúblicas, todo ello resultado de la inestabilidad y bipolaridad del pueblo mexicano, hoy en día, hemos evolucionado en beneficio de todos, enfatizando los principios de orden, equilibrio y paz social lográndose desde luego, con apego y respeto a la Ley.

Es menester acudir al concepto de “democracia”, que como los griegos nos enseñaron, proviene de dos vocablos δῆμος demos=pueblo y κράτος kratos=poder, que puede traducirse en el poder del pueblo o la toma de decisiones del pueblo a través de mecanismos de participación. En ese orden de ideas, debido a que no todos los integrantes de un Estado pueden gobernar simultáneamente, se eligen representantes para que una vez tomado el cargo público, reflejen los intereses de la mayoría que votó por ellos, estamos hablando de una democracia representativa, donde el pueblo emite sufragio a favor de los ciudadanos que coinciden en sus intereses políticos, sociales, económicos, culturales y demás, para que los representen en las funciones Legislativas o Ejecutivas del Estado, lo mencionado anteriormente viene a fortalecer nuestra historia constitucional, siendo la Carta Magna, esa norma que establece los principios básicos por los cuales se debe regir nuestro país, amparando en todo momento al ser humano y sus derechos; bajo ese esquema, nos referiremos al papel que juega el sistema de calificación de las elecciones como resultado de la práctica del Estado de Derecho, reflejado en la manifestación de la voluntad de la raza mexicana y el desempeño de una valiosa tarea del Estado que es, proteger la decisión tomada por el pueblo, esencia de la democracia representativa de la que todos formamos parte.

Ahora bien, calificar significa evaluar y puntuar las cualidades o capacidades de un objeto o individuo, realizar un juicio de valor o establecer el nivel de suficiencia de algo, está asociado al de evaluación, que menciona al acto de estimar, considerar, apreciar, evaluar o calcular el valor, es decir, la palabra calificación hace referencia a un valor que se le otorga a un objeto, a una acción o a un fenómeno en una escala comparativa previamente determinada o popularmente sabida. De ahí que calificación electoral es evaluar u otorgar un juicio de valor respecto de una elección como se enunciará más adelante.
 
Por lo señalado en líneas anteriores, surge la necesidad de crear una atmósfera de seguridad jurídica para los ciudadanos, resultado de las prácticas de una sociedad civilizada y bien organizada, y en atención al artículo 17 Constitucional, que establece la garantía de justicia, consistente en el derecho que tiene toda persona de acudir a un tribunal para la defensa de sus derechos; y al hablar de derechos políticos de mucha trascendencia como son votar y ser votado, el Estado, como único ente encargado de garantizar los derechos fundamentales del hombre, debe custodiar la decisión de sus ciudadanos, estableciendo mecanismos de control, primero para conocer su preferencia y posteriormente si lo desea, acudir a reclamar sus derechos políticos ante los tribunales para dirimir controversias suscitadas en el camino.

El tema de la calificación de las elecciones, ha estado regulado en el artículo 60 de nuestra Constitución, el cual permaneció sin reforma alguna desde 1917 hasta 1977,que es cuando sufrió su primera reforma dentro de las diversas que conformaron la llamada “reforma electoral”. Durante esos 60 años se mantuvo inalterable y prácticamente sin discusión alguna el denominado principio de la “autocalificación”, por virtud del cual cada una de las Cámaras del Congreso integradas en Colegios Electorales, calificaba y resolvía las dudas que hubiere con respecto a cada una de las elecciones de sus presuntos miembros, es decir, cada Cámara tenía su propio Colegio electoral que actuaba con independencia de los Poderes Ejecutivo, Judicial e inclusive de su colegisladora, entonces ¿como era posible que la misma cámara calificara la elección de sus sucesores? eso era una aberración jurídica. Con la reforma del 77, los Colegios Electorales seguían autocalificando los comicios, sin embargo, se introduce la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conoció del recurso de reclamación por el cual, los partidos políticos podían impugnar los resultados de las elecciones, no obstante la particularidad del recurso, la resolución emitida por la Corte nunca tendría la fuerza vinculatoria de una sentencia, sino que a lo más no iba a pasar de ser una mera recomendación jurídica.

Con la reforma de 1986, ocurrieron una serie de reformas constitucionales en materia electoral, por medio de las cuales se introdujeron una nueva composición del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, (se conservó el principio de autocalificación) un tribunal en materia electoral, las bases para un sistema de medios de impugnación en la materia y la supresión del polémico recurso de reclamación ante la Suprema Corte.

La reforma de mayor importancia consistió en el otorgamiento de la base constitucional para la creación de un tribunal electoral encargado del cumplimiento jurisdiccional de los actos constitutivos del proceso electoral, la que se materializó con la creación en el Código Federal de 1987 del “Tribunal de lo Contencioso Electoral” mejor conocido como el TRICOEL; que era de naturaleza administrativa, así que sus resoluciones seguían siendo recomendaciones para los Colegios Electorales quienes tenían la última palabra.

En 1990, el tema relativo a la calificación electoral que siguió siendo autocalificativo, sin embargo se reformó la naturaleza del tribunal electoral, que sería a partir de entonces el Tribunal Federal Electoral conocido como TRIFE, con la suficiente capacidad para dictar resoluciones obligatorias y vinculatorias en la materia, aún para los propios Colegios Electorales, no obstante sus facultades como Tribunal, no pertenecía al Poder Judicial. En 1993 se reforma la ley a efecto de suprimir, de manera definitiva, la autocalificación para instaurar en su lugar un sistema de heterocalificación electoral mixto, a cargo de un órgano autónomo electoral que viene a ser, el Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral, para finalizar con las reformas, queda la de 1996, donde se incorpora al TRIFE en el Poder Judicial, cambiando de nombre por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sus siglas TEPJF.

En la actualidad, ¿cómo se califican las elecciones?

El Instituto Federal Electoral declara abierto un proceso electoral federal al registrar a los candidatos de los Partidos Políticos y las plataformas electorales de estos mismos, de esta manera comienzan las campañas electorales que se extienden por 6 meses anteriores al día de las elecciones, las campañas deben de terminar tres días antes de la jornada electoral y a partir de ese momento queda prohibida cualquier difusión que sea propaganda así como de encuestas o estudios estadísticos sobre las elecciones. Para la etapa de Jornada Electoral, se instalan Casillas en escuelas, plazas, edificios públicos o casas particulares, uno por cada sección electoral. Las elecciones ordinarias se llevan acabo el primer domingo de julio del año de la elección, las casillas electorales abren a las 8:00 y cierran a las 18:00 sin ningún cierre intermedio y si a las 18:00 aún hay electores en fila se debe de esperar a que terminen de sufragar o votar, la única razón por la que una casilla electoral puede cerrar antes de las 18:00 es porque todos los electores inscritos en ella ya hayan emitido su voto o sufragio, una vez cerrada la casilla se procede a contabilizar todas las boletas electorales y a cancelar las que hayan sobrado, el escrutinio y cómputo se lleva a cabo ante los ojos de los mismos ciudadanos, están presentes los representantes de casilla, representantes de los siete partidos políticos, observadores electorales nacionales e internacionales, así que con tantos ojos puestos en las boletas, se está garantizando el principio de transparencia en las elecciones, acto seguido, se llenan las actas donde se establezcan los resultados y son firmadas de conformidad por los funcionarios de casilla y los representantes de los partidos políticos, todo se integra en un paquete que es sellado y que el presidente de la casilla procede a entregar a la Junta Distrital, que es el organismo encargado de contabilizar los paquetes electorales.

Hablemos de la Calificación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desahoga las quejas que en su caso le sean presentadas sobre irregularidades en el proceso electoral y si estas no ameritan la anulación de las elecciones o la modificación de los resultados, declara válido el proceso electoral, para ello, el Tribunal está obligado a allegarse de todos los elementos y pruebas que le permitan conocer la verdad de los hechos, primero estudiando los agravios vertidos por las partes en la litis, analizando los medios de convicción aportados por las partes, y si aún así no advierte los medios suficientes para conocer la verdad, la ley faculta a los Magistrados a realizar diligencias para mejor proveer, verbigracia, en el resultado de las elecciones 2012, miembros del TEPJF procedieron a la “apertura de paquetes electorales” en distintos estados del país, en presencia de representantes de partidos y miembros del IFE, con la finalidad de cerciorarse de manera fehaciente, de la voluntad plasmada en la boletas electorales, revisando una por una y saber si ese voto se consideraba válido o nulo según las reglas de competencia fijadas por el IFE, bajo la máxima de transparencia, para salvaguardar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, de lo anterior se puede ver, que los encargados de calificar las elecciones en la actualidad, es decir, los tribunales electorales, no son entes improvisados, puesto que antes de emitir sus resoluciones, realizan una ardua labor de investigación y en muchas ocasiones extratribunal, emplean el método científico que es el idóneo para obtener un resultado correcto y bien elaborado, ello con la finalidad de llegarse de elementos suficientes que le permitan conocer la realidad de los hechos y emitir un fallo justo.

Para robustecer lo mencionado en líneas anteriores, el cuerpo electoral está conformado por tres tipos de autoridades a saber, las administrativas que en materia federal es el Instituto Federal Electoral (IFE) encargado primordialmente de organizar las elecciones; las Jurisdiccionales que es el Tribunal Federal Electoral (TEPJF) a través de sus Salas Regionales; y las Penales, que vendría a ser la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), es el organismo especializado de la Procuraduría General de la República responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales contenidos en el Título Vigesimocuarto del Código Penal Federal. Es decir, que la protección de la voluntad del pueblo está protegida por triple partida, autoridades que se complementan y se auxilian para la consecución de unas elecciones dotadas de seguridad jurídica, certeza, legalidad y transparencia.

Una vez desarrolladas todas las actividades necesarias para obtener la calificación de una elección, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya resuelto el último medio de impugnación de las elecciones, se declara válido el proceso electoral y se entrega la “Constancia de Elección” al candidato triunfador, siendo declarado según el caso: Diputado electo, Senador electo o Presidente electo, con esto último se da por terminado todo el proceso electoral.

El pasado treinta y uno de agosto de dos mil doce, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobó en sesión solemne por unanimidad, válida la elección de primero de julio, y el triunfo de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que fue declarado mandatario electo.

"Es válida la elección", dijo el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Luna Ramos, quien señaló que Peña Nieto "satisface los requisitos de elegibilidad" para ser presidente de acuerdo con la Constitución.

"Procede expedir la constancia de mayoría y validez al presidente electo", añadió el magistrado, tras casi dos horas de exposición de argumentos, todos ellos en el sentido de declarar ganador a Peña Nieto.

El triunfo del candidato del PRI se fundamentó en que recibió 19.158.592 votos, un 38,2 % de todos los emitidos, por delante de los 15.848.827 (31,6 %) que respaldaron al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, oponente que le seguía en número de votos.

Con la entrega de la constancia de mayoría y validez de presidente electo, y las posteriores constancias a los cargos de elección popular, quedan constituidos una vez más los poderes del Estado, cumpliéndose con el objetivo primordial que es la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, mediante la participación, a través del sufragio de los ciudadanos que integramos México.

Se le denomina legislatura al periodo o mandato de los miembros integrantes de los órganos legislativos o sus cámaras. En México, el órgano legislativo se concentra en el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conocido como el Congreso de la Unión, en el cual, se deposita el Poder Legislativo Federal y se considera que es bicameral, ya que se integra por la Cámara de Diputados y el Senado de la República (Cámara de Senadores). Cada legislatura lleva un número ordinal en sucesión.

Las legislaturas en nuestro país duran 3 años; durante ese tiempo, los miembros del Congreso de la Unión deberán cumplir con las funciones del Poder Legislativo y demás atribuciones que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe precisar que los senadores ejercen su periodo en dos legislaturas consecutivas y los diputados en una sola, sin ser posible la reelección; sin embargo, los suplentes que no hubiesen llegado a ser titulares de sus curules, sí podrán ser candidatos propietarios para la siguiente legislatura.

El Congreso de la Unión, tiene entre sus funciones las de: admitir o formar nuevos Estados a la Unión Federal; cambiar la residencia de los Poderes de la Federación; imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto; dar las bases sobre las cuales el Poder Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación; impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones; aprobar, elaborar o modificar leyes y reglamentos; crear y suprimir empleos públicos de la Federación, así como su aumento o disminución; declarar la guerra; levantar y sostener a las instituciones  armadas de la Unión; establecer casas de moneda; establecer los delitos y las faltas contra la federación, así como su castigo; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales, entre otras de otro tipo; conceder la renuncia o licencia al Presidente de la República y designar al nuevo ciudadano, ya sea con carácter de substituto, interino o provisional.
                                                                                                                                                    
Por otro lado, cada cámara tiene facultades exclusivas, por ejemplo, la Cámara de Diputados debe: dar a conocer la declaración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la federación; aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación; declarar si ha lugar o no a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito y revisar la cuenta pública a través de la entidad de fiscalización superior de la federación.

Mientras que el Senado debe: analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal; aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como de terminarlos, denunciarlos, suspenderlos, modificarlos, enmendarlos, retirar reservas e interpretar los mismos; ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga sobre el Procurador General de la República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; asimismo, podrá autorizarle para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país o el paso de tropas extranjeras al territorio nacional y darle su consentimiento para que pueda disponer de la Guardia Nacional. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, un gobernador provisional, quien deberá convocar a elecciones; resolver las cuestiones políticas de los poderes de un Estado, cuando alguno de ellos así lo solicite ante el Senado; instituirse como Jurado de sentencia para conocer en juicio político las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos; nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal; autorizar los convenios amistosos que realicen las entidades federativas sobre sus respectivos límites; y, resolver de manera definitiva los conflictos sobre los límites territoriales de la entidades federativas que así lo soliciten.

La Cámara de Diputados cuenta con 500 representantes, divididos en 300 de mayoría relativa (MR) y 200 de representación proporcional (RP), en tanto que el Senado de la República se compone de 128, de los cuales, 64 son de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional.
Los diputados y senadores al Congreso de la Unión para integrar la próxima Legislatura, que sería la LXII, fueron electos el uno de julio de dos mil doce. Así, respecto a la Cámara de Diputados, se distribuyeron conforme al voto del pueblo de México, de la siguiente manera: 207 para el Partido Revolucionario Institucional (PRI); 114 para el Partido Acción Nacional (PAN); 100 para el Partido de la Revolución Democrática (PRD); 34 al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 19 para el Partido del Trabajo (PT); 16 a Movimiento Ciudadano y 10 al Partido Nueva Alianza (PANAL).
Por lo que toca al Senado de la República, el PRI quedó con 52 senadores; el PAN con 38; el PRD con 22; el PVEM con 9; el PT con 4; Movimiento Ciudadano con 2 y el PANAL con 1.

Sin embargo, cabe precisar que estas cifras podrían variar, dado que todavía existen impugnaciones pendientes por resolver por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el presente mes, a más tardar, tres días antes de la instalación de la LXII Legislatura, que será el próximo primero de septiembre.

Esta nueva integración de la legislatura federal, enfrentará nuevos y trascendentes retos, como lo son, reformar a la Norma Rectora y legislación de la República que impactará lo que resta de este novel siglo.

El Instituto Federal Electoral (IFE) es el organismo público autónomo responsable de cumplir con la función del Estado de organizar las elecciones federales, es decir, las referentes a la elección de Presidente de la República y de los Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión. Su sede central está ubicada en el Distrito Federal y ejerce sus funciones en todo el territorio nacional con 32 delegaciones, una en cada Estado y 300 subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal.

El IFE trabaja bajo los principios de Constitucionalidad y Legalidad contenidos en los artículos 41, fracción V y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que implica el deber de observar, escrupulosamente, el mandato constitucional y las disposiciones legales que lo reglamentan, principio de certeza, que alude a la necesidad de que todas las acciones que desempeñe dicho instituto sean completamente verificables, fidedignas y confiables, significa que la información de la que se ocupa debe ser clara e indubitable, independencia en sus procesos de deliberación y toma de decisiones se dan con absoluta libertad y apego a la ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido, imparcialidad que significa velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, dejando de lado cualquier interés personal o preferencia política y objetividad que implica un quehacer institucional fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa, así como la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales.

Entre sus actividades fundamentales se pueden mencionar la de capacitación y educación cívica; diseño, impresión y distribución de materiales electorales; preparación de la jornada electoral; cómputo de resultados, declaración de validez y otorgamiento de constancias en la elección de diputados y senadores; regulación de la observación electoral y de las encuestas y sondeos de opinión; administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, entre otras. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de la capacitación y educación cívica, así como la obligación de los ciudadanos de mantenernos informados “con, sin y a pesar” de los medios de comunicación con los que contamos en nuestro entorno. En este proceso electoral 2012, el Instituto Federal Electoral con los medios a su alcance promocionó y difundió las diversas formas de emitir el voto en las pasadas elecciones, indicando en su instructivo titulado "¿Cómo votar por las candidatas y los candidatos propuestos por los partidos políticos y las coaliciones?" se explicaba que si el elector marcaba más de un recuadro con nombres distintos, su voto sería nulo.

A diferencia de otras elecciones, en las que un candidato de coalición aparecía en una casilla con los logotipos de los partidos que lo postulaban, ahora, para medir los votos individuales, las boletas tenían la imagen del candidato con el logo de cada uno de los partidos a los que representaba, así, Enrique Peña apareció dos veces, Andrés Manuel López Obrador tres, y Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri, una. Sin embargo, HUBO CONFUSIÓN, debido a la insuficiencia o tergiversación de la información de “cómo” votar a la hora de concurrir a las urnas a ejercer su derecho al voto en el caso específico de las coaliciones; ya que los electores, cruzaron en la boleta el emblema tanto del PRI como del Partido Verde, bajo la percepción ciudadana de que en televisión, radio y periódicos se mencionaba la facultad de votar por todos los partidos involucrados en la coalición, aun cuando no correspondía, porque no en todos los estados hubo coalición, fenómeno que produjo miles de boletas anuladas que presentaran dichas características.

La coalición parcial con el PVEM provocó que el PRI perdiera espacios en el Congreso de la Unión, de acuerdo con estimaciones basadas en el cómputo distrital realizado por el IFE. Una de las razones de esta merma, es que estos partidos no consiguieron explicar a los votantes de 101 distritos electorales que ahí no contendían en alianza. En el caso de diputados, la afectación principal se registró en estados como Coahuila y Tamaulipas, y llevará al tricolor a pasar de 237 diputados a tener 207 en la próxima Legislatura. En el caso del Senado, la merma se registró en Aguascalientes, Baja California Sur, Morelos, Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Yucatán. El PRI y el Verde suscribieron una alianza parcial para contender juntos en 199 de los 300 distritos electorales. En los 101 restantes (correspondientes a 12 estados), el ciudadano tenía que marcar un solo emblema (el del PRI o el del PVEM) para externar su preferencia. Los sufragios nulos afectaron el número de posiciones que obtendría el PRI en Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Oaxaca y Yucatán.

Los distritos con resultados más cerrados (y que por tanto fueron motivo de juicios) se ubican en Veracruz, Guanajuato y Estado de México, en la elección de diputados federales se registraron 2 millones 501 mil votos nulos. En la de senadores, 2 millones 855 mil sufragios nulos. Lo que sucedió es que como estaban coaligados por la Presidencia, la gente ubicaba al PRI y al PVEM juntos, y por la falta de difusión sobre cómo votar, se generó una gran cantidad de votos nulos.

Una vez concluidas las impugnaciones de Juicios de Inconformidad presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional Guadalajara, determinó en sus sentencias la existencia de una corresponsabilidad de información, en particular los Juicios de Inconformidad SG-JIN-5/2012, SG-JIN-15/2012 y SG-JIN-17/2012 resolvieron que, la responsabilidad fue por parte del IFE, que es el encargado de difundir de manera extensiva la información electoral; por los partidos políticos, que como lo enuncia el artículo 41, fracción I de nuestra Carta Magna, son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, es decir, son escuelas de valores cívicos electorales, teniendo como obligación entonces mantener informados a sus militantes para evitar errores en materia electoral, y responsabilidad también por parte de los ciudadanos, acepción que tiene su origen en ciudad, ya que originalmente ésta era la unidad política más importante, con el tiempo la unidad política pasó a ser el Estado y, hoy en día, nos referimos a ciudadanos y ciudadanas respecto a un Estado, y al hablar de un ciudadano nos referimos a todas aquellas personas consideradas como miembros activos de un Estado, titulares de derechos y obligaciones políticas y sometidos a sus leyes, de ahí que se convierte en una obligación para los votantes también, el estar informados respecto de estos temas. De lo anterior, se reconoció que el nuevo esquema de sufragar requiere de mayor atención por parte del ciudadano y también de un esfuerzo de comunicación por parte del IFE y de los Partidos Políticos, enfatizar en qué casos un voto es válido y en cuáles se anula. El error acaecido, no fue suficiente para anular las elecciones donde ocurrió el fenómeno de la confusión, por lo que debemos estar más y mejor informados, al respecto la Sala Regional Guadalajara en las sentencias que presentaban dicha característica de confusión, argumentó lo siguiente:

al establecer que al marcar dos o más cuadros en la boleta “sin existir coalición” el voto se califica como nulo, ya que resultaría imposible afirmar cual era la verdadera intención del votante, máxime cuando esta figura se da cuanto se eligen entes antagónicos por naturaleza.

Lo anterior, tiene razón de ser en el hecho que ante la incertidumbre que genera tener dos opciones elegidas en un voto, no es posible a ciencia cierta determinar a quién corresponde la intención del votante.

En efecto, uno de los principios rectores electorales tutelados al momento de estudiar un voto, indefectiblemente como ya se ha sostenido a lo largo de esta ejecutoria es el de certeza, esto es, no titubear sobre a quién se le está dando la oportunidad de ejercer el poder público, empero, tal principio se vulnera cuando el ciudadano deja de demostrar indudablemente su intención de apoyar a una fórmula en particular, lo que acaece en la especie, o cuando el elector vota por toda la planilla, se deja en blanco la boleta, en fin, por citar algunos supuestos.

Lo anterior quiere decir, que si hipotéticamente la intensión de los ciudadanos era votar a favor de la coalición PRI-VERDE, resulta claro que en la práctica no existió coalición para elecciones de senador, entonces se votó por dos partidos distintos contendientes entre sí y no por una alianza, y al estar en ese supuesto se transgrediría el principio de certeza tutelado por la ley, debido a que no se sabe cuál fue la verdadera intención del elector al votar por dos partidos distintos, resultando como consecuencia la anulación de las boletas con esas características. Esos fueron los resultados de la imprecisión de información percibida por la raza, reflejándose evidentemente, que las cuestiones del Estado nos involucran a todos sin excepción, si queremos que México prospere hay que formar equipo y ayudarnos los unos a los otros, y con ello evitar buscar responsables. El análisis realizado en líneas anteriores nos refleja los efectos de la falta de educación que como lo expresa nuestra Carta Magna, ya no es solo una garantía sino un derecho humano, en su párrafo segundo señala: La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Aunado a lo anterior, en su fracción II inciso a) establece: El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios… Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esto robustece nuestro dicho, es menester que haya más y mejor educación haciendo énfasis en la cívica, política y democrática, para formar un pueblo culto, que conozca sus derechos y sepa como exigirlos, así como sus obligaciones y las consecuencias de su incumplimiento, que conozca su Constitución y la respete. Por lo tanto, ¡quién respeta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respeta al pueblo de México!
 

El término calificación en materia electoral en nuestro país, se refiere al cómputo o conteo que realiza un cuerpo colegiado superior sobre la elección de determinados puestos públicos, como son las elecciones de Diputados, Senadores y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; así como las de Munícipes y Gobernadores; asimismo, que todos los actos y resoluciones, que se hayan realizado para la  transmisión del poder, se hayan realizado conforme a derecho.

La calificación de las elecciones dentro de nuestra historia electoral nacional, ha tenido una gran evolución, hemos pasado desde la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición, sin embargo, son las dos últimas las que han sido más relevantes en los procesos legales en el país y ha sido un gran problema que ha dado origen a hechos violentos, como la Revolución Mexicana.

En ese sentido, tenemos primeramente la autocomposición, sistema que se caracterizó porque eran los órganos políticos, conformados por grupos, representantes, fuerzas políticas o los propios partidos políticos, quienes resolvían las controversias electorales que se suscitaban sobre las elecciones o la elegibilidad, según fuera el caso. Este sistema fue utilizado en México a partir de la Constitución de Cádiz en 1812, que estableció los Colegios Electorales, órganos que seguirían funcionando hasta 1993.

Para 1993, nos encaminamos hacia la heterocomposición, sistema que significó el inicio para la consolidación de la democracia y se caracteriza por ser un órgano autónomo quien califica las elecciones, deslindándose a las Cámaras a través de sus Colegios Electorales la calificación de las mismas. Este proceso, encontró su primer paso en 1977 con el denominado recurso de reclamación, el cual se creó para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las resoluciones que emitía el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados al calificar los comicios, sin embargo, las resoluciones que aquella emitía sólo se consideraban como meras opiniones, ya que los Consejos Electorales no tenían la obligación de acatar las mismas.

Enseguida, se creó el Tribunal Federal de lo Contencioso – Electoral (1987), lo que significó otro paso más hacia la heterocalificación, ya que para su conformación participaban los Poderes Legislativo y Ejecutivo; fue un tribunal de carácter administrativo, autónomo y competente para resolver los conflictos electorales, no obstante, sus resoluciones podían ser modificadas por los Colegios Electorales respecto de cualquier cámara del Congreso de la Unión.

Posteriormente, en 1990 nacieron el Tribunal Federal Electoral (TFE) y el Instituto Federal Electoral (IFE), con lo que se consolida el sistema de la heterocalificación. El primero de ellos, se crea con la finalidad de conocer impugnaciones en contra de las elecciones de Diputados y Senadores, empero, se continuaba manteniendo la figura del Colegio Electoral en cada una de las Cámaras y aunque el TFE debía resolver las impugnaciones que se le presentaran, éstas podían ser revocadas o modificadas por los Colegios Electorales. Respecto al segundo, se creó como la máxima autoridad en el país para dar respuesta en aquel momento a las exigencias de la ciudadanía, de contar con una institución que fuera imparcial, con capacidad de dar certeza, transparencia y legalidad a los procesos electorales que se celebraban en el territorio nacional, y no fue hasta 1993 que se facultó a los órganos del Instituto, para otorgar la declaración de validez y la expedición de constancias para la elección de diputados y senadores.

Luego, conforme a las reformas constitucionales y legales de 1996, se da luz al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y se establece como un órgano especializado del Poder Judicial Federal, el cual, conoce de las impugnaciones que se presenten en contra de las autoridades y órganos electorales y sus decisiones son definitivas e inapelables.

Así, en la actualidad, las autoridades responsables de realizar la calificación de las elecciones federales son el Instituto Federal Electoral, a través de los Consejos Distritales, que califican las elecciones de Diputados de mayoría relativa; los Consejos Locales que califican la correspondiente a los Senadores de mayoría relativa y el Consejo General, para la asignación de Diputados y Senadores por el principio de representación proporcional. Sin embargo, si existieren impugnaciones en contra de dichas elecciones, será el TEPJF quien calificará en última instancia las mismas; asimismo, la Sala Superior del TEPJF es el encargado de calificar la elección del Presidente de la República.

Por otra parte, las elecciones estatales donde se eligen a munícipes, diputados a los congresos de los entes federados y gobernadores, son calificadas por los institutos electorales estatales, las cuales, pueden ser impugnadas ante los tribunales electorales locales y contra dichas determinaciones pueden acudir al TEPJF, quien una vez más resolverá en última instancia, y con ello calificará la elección correspondiente.

En esta tesitura, debemos mencionar que al intervenir el TEPJF en las impugnaciones electorales, donde sus resoluciones son definitivas e inatacables, es que se perfecciona el sistema de heterocalificación  y se dirige hacia la judicialización plena del sistema jurídico mexicano y con ello, el concepto de calificación se torna un poco distinto, pudiéndola definir entonces, como un procedimiento judicial por el que se determina si una elección se encuentra conforme a derecho y por tanto es válida, o si por el contrario, se encuentra viciada y se actualiza alguna de las causales de nulidad previstas en la legislación electoral.

Por lo anterior, debemos recordar que el proceso electoral que vivimos hoy día, es consecuencia del pasado y ha avanzado mucho, dejando atrás la elección presidencial de 1988, la cual fue cuestionada y por tanto, Carlos Salinas de Gortari y otras fuerzas políticas impulsaron la creación del IFE y los tribunales electorales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir del día de la elección 2012 a la fecha (1 de julio al 3 de agosto del 2012), recibió 514 juicios de inconformidad, 24 recursos de reconsideración, 128 juicios de revisión constitucional, 6,172 juicios para la protección de los derechos político electorales, 63 asuntos generales, 67 recursos de apelación y 23 recursos de revisión, entre otros medios de impugnación (5); en total suman 6,996 asuntos recibidos. Los juicios de inconformidad referentes a diputados y senadores, se resolvieron el pasado 3 de agosto, en tanto que los recursos de reconsideración que se presenten contra los cómputos distritales de la elección de diputados y de entidad federativa de senadores el 19 siguiente, mientras que versen sobre la asignación del Consejo General del Instituto Federal Electoral de diputados federales y senadores de la República el próximo 28 y los juicios de inconformidad referentes al Presidente de México a más tardar el día último de este mes.

La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día dos de agosto pasado, resolvió en tiempo y forma las resoluciones respectivas de la Primera Circunscripción Plurinominal Electoral, que comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Así, debemos aprovechar nuestro presente, recordemos el pasado para no volver atrás, confiemos en nuestras instituciones, que mucho nos han costado. Vivamos el proceso electoral, conduzcámonos como verdaderos ciudadanos, participemos en la consolidación de la democracia y reconozcamos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es fruto del esfuerzo de muchos mexicanos y grandes juristas, el cual, en la actualidad se conduce con los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad; por lo que dudar del proceso electoral: es dudar de nosotros mismos.

La revolución en el pensar y trabajar es el primer paso a un verdadero cambio social, que llegará por sí solo a través de un pueblo cultivado: revolución completa no el poder por el poder, sino un poder que pueda distribuir a todas las personas y en todos los rincones la riqueza material y cultural de la nación.

No todos nuestros problemas son educativos, sin embargo, todos se reducen con la educación; a un niño desde la más tierna infancia se le debe enseñar a ser democrático, amar a su familia y a su raza e inculcarle los valores y principios para conducirse a sí mismo, ya que la educación es un seguro de vida y pasaporte a la eternidad.

El peor enemigo de un pueblo manipulado es un pueblo culto, un pueblo ignorante cava su propia tumba y es el mejor cliente del capitalismo; lamentablemente nuestra educación está invadida por sofistas sin compromiso para pensar y trabajar en la divulgación de cultura y educación, se prostituye la inteligencia, en la sociedad ya se fabrican mercenarios autómatas, desempleados e inútiles; es por eso hoy en día, los jóvenes son presa fácil del fanatismo y, según creen estar luchando por ideales  que en la mayoría de los casos desconocen, sólo siguen a la masas acarreados como dóciles terneritas verbigracia, los jóvenes que son reclutados en movimientos de naturaleza política para producir tumultos pacíficos, en teoría, desplazados por una ola de desinformación, calumnias y malos entendidos que ponen en peligro la legitimidad y el espíritu del movimiento que según ellos apoyan, sin darse cuenta que necesitamos movimientos, pero de otra índole,  movimientos instituidos con sapiencia y encaminados a unificar al pueblo mexicano, hacerlo cada vez más grande y fuerte, no a dividirlo y debilitarlo como ahora ocurre. Quien no quiere pensar es un fanático, el que no puede es un idiota y quien no osa es un cobarde: el mayor monumento a estas conductas es la estulticia, la razón de la sinrazón, el control de las ideologías por los medios de manipulación de conciencias.

En la actualidad se hace alusión al término de libertad política, que es aquella la cual permite a los gobernados elegir y remover a sus gobernantes, la libertad política presupone la existencia de libertades civiles como la libertad de expresión  contenida en la libertad de reunión; para asegurar la existencia y permanencia de la libertad política en una verdadera democracia, los mecanismos necesarios deben estar incorporados a las reglas recogidas en la Constitución y para su ejercicio, es menester conocer el significado y todo lo que ello entrañe, para hacer buen uso de este concepto.

¿Qué resulta peor para México?, la partidocracia, es decir, el creciente poder de los partidos sobre el resto de las instituciones nacionales, o la plutocracia, el gobierno de los ricos, donde quienes ostentan el poder es la clase que posee las fuentes de riqueza; o el gobierno de la mediacracia, de los medios de comunicación, donde la televisión, la radio, los periódicos, internet a través de las redes sociales (Twitter y facebook) que, en aras de la libertad de expresión, manipulan de maravillosa forma a las masas sociales, claro, todo a favor de grupos de poder bien definidos, lo cierto es que todos estos fenómenos ocurren y concurren en nuestro país de manera deliberada, fenómenos a los que cerramos los ojos y dejamos que sigan haciendo lo que quieran con nuestra voluntad.

La sociedad es un espejo reflejado hacia la calidad de vida de sus habitantes, ambicionamos honor, no honores y los jóvenes, depositarios de la posteridad, prefieren ser estimulados que instruidos, ejemplo de ello, está ocurriendo actualmente con el fenómeno social nombrado “movimiento 132” un grupo manipulado y subversivo conformado de jóvenes conducidos a favor de intereses de un grupo específico de poder izquierdista, que en lugar de sumar esfuerzos para unificar al país y tornarlo un mejor lugar para vivir, están haciendo manifestaciones por doquier para inconformarse en contra de un candidato para la Presidencia de la República, mismo que resultó ganador de la elección 2012 en la pasada jornada electoral. De lo que se trata, y todavía no podemos captar como ciudadanos es de unirnos como patria, donde todos ganemos, pongamos nuestro granito de arena y fortalezcamos nuestros valores. El hombre es una máquina de placer o de sufrimiento que puede aceptarlo todo a cambio de un ideal, mística o razón.

El objeto del Gobierno es el de proporcionar a los gobernados la mayor suma de bienes y estos no pueden obtenerse sin educación, los seres aptos para gobernar predican con el ejemplo, del que son sus más fieles hijos: las palabras son enanos y los hechos son gigantes que amplían el horizonte.

Después de las tinieblas esperamos la luz: post tenebra lux; el precio de los valores está en sí mismos: sed quo virtutem ómnium pretitum in ipsis est. Necesitamos ir despacio porque vamos de prisa, la educación es la base del desarrollo científico y cultural. La educación cívica ha sido abandonada, y lleva a no formar ciudadanos, en la actualidad sólo se forman máquinas de trabajo y sobrevivencia entrenados para competir en un sistema mundializado, feroz, donde el hombre es el lobo del propio hombre, y se han dejado de formar seres humanos con valores, tales como: lealtad, solidaridad y fraternidad, y con una cultura de preocupación y ocupación en los problemas del Estado y de la sociedad.

Una de las mayores desgracias de nuestro país es la enorme intolerancia científica y académica que hemos venido soportando desde siempre; desde las instancias educativas inferiores hasta las superiores; y desde la escuela humanista, la liberal, la conservadora, la clerical y de la positivista a la “marxificada”, y masificada hasta la de hoy, remedo de neoliberal: vergüenza plena, que no existe en los círculos académicos. La producción intelectual es simulación al servicio del poder en turno, no importan ideologías ni resolver los problemas de la colectividad, son plataformas políticas.

Por tanto, en México requerimos crear las condiciones para que toda la sociedad sea capaz de unirse en torno a los intereses de las mayorías; formando proyectos estatales, regionales, nacionales e internacionales a corto, mediano y largo plazo, sin faltar a la fidelidad nacional, creando un Tlamelahuacachinaztli, que es una norma suprema con el concurso de todos los elementos del cuerpo social, en la que se encuentren equilibrados en poder y en representación todos los individuos, que velarán y respetarán dichos principios por encima de su propia vida, pero eso sólo se logrará a base de educación y cultura introducida positivamente al pueblo mexicano que tanta falta le hace, y concluyo con la frase que el gran Pitágoras nos compartió  “educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.

Desde Platón y Aristóteles, se ha dado la necesidad de usar un método para confirmar un conocimiento “el método científico”; este método que se utiliza para la investigación, se puede concebir como un “camino hacia el conocimiento” (Etimológicamente: meta=hacia, odos=camino,  scientia=conocimiento), los métodos de investigación son usados habitualmente en la creación y comprobación del conocimiento en el ámbito de las ciencias ya sean exactas, naturales o sociales.

En el ejercicio de investigación, para lograr la demostración de la información se auxilia de métodos y técnicas que le faciliten el manejo y orden de los datos, y una de ellas son las encuestas, tema del que nos referiremos en esta ocasión, las cuales, se basan fundamentalmente en el método inductivo, que es el más usual en las investigaciones y consiste en observar pequeñas muestras para conocer a través de ellas una universalidad (al objeto de estudio), es decir, analizar casos particulares para llegar a conocer la generalidad.

En el pasado proceso electoral las encuestas han tenido un incremento sin precedentes, las encuestas sirven como técnica de investigación cuantitativa y en materia electoral nos sirven para saber cómo van los candidatos en relación a la preferencia de los ciudadanos; el número de empresas dedicadas a realizar sondeos en los procesos electorales siguen siendo las mismas 16, sin embargo, a diferencia de la pasada elección, en aquél entonces se realizaron 57 ejercicios, en esta ocasión el Instituto Federal Electoral (IFE) registró mil 067.

Se comentó mucho sobre las disparidades que presentaron las numerosas encuestas publicadas por los diferentes medios de información, lo que se debe señalar es que la gente cree que son exactas, de precisión, que son predicciones, adivinaciones o profecías cuando sólo son diagnósticos de opinión. El IFE pide a cada una de las empresas un protocolo y explica que las diferencias observadas entre algunas encuestas pueden derivarse debido al uso de metodologías distintas, sin embargo, se advirtió palpablemente que todos los sondeos tuvieron resultados similares y ubicaron a uno de los candidatos por encima de los demás, en todo momento sin importar las diferencias porcentuales, lo que quiere decir que no todas estaban erradas.

Es complicado saber cuáles son buenas y cuáles son malas, lo que sí se debe destacar, es que todas contienen un grado de sesgo, ya que algunas podrían ser realizadas en base a sondeos falsos o malhechos con la finalidad de hacer propaganda política, o simplemente se realizaron con métodos diferentes; sin embargo, una encuesta formal realizada con la calidad científica requerida no es propaganda política, sino un estudio observacional en el cual el investigador busca recabar datos por medio de cuestionarios donde no se modifica el entorno ni se controla el proceso que está en observación, como lo exige la ciencia.

Lo anterior, porque el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco señalan el procedimiento para realizar encuestas.

Es este proceso electoral todas las casas encuestadoras hicieron esfuerzos por ofrecer la lectura más precisa y eso incluía no favorecer a un candidato o partido en específico, para ello utilizaron las vías de investigación más adecuadas para realizarlo como es: el método inductivo. El cual, para no tener que encuestar a todos y cada uno de los integrantes de la población o universo a investigar, se suele hacer uso de la técnica del muestreo, que consiste en seleccionar un número de personas representativo de la población o universo a explorar, es decir, partimos de conocer lo particular que son pequeñas partes o muestras del objeto a estudiar, en el caso en comento de los ciudadanos mexicanos, para llegar a conocer a través de ellos, al universo o totalidad de la población. Verbigracia: Grupo Milenio, contrató a la encuestadora GEA/ISA, propiedad de Jesús Reyes Heroles González, sus cifras colocaron entre 16 y 18 puntos arriba al candidato Enrique Peña Nieto, mientras que Grupo Reforma publicó encuestas donde colocaba a Andrés Manuel López Obrador sólo cuatro puntos debajo de Peña Nieto y en otro de sus ejercicios posteriores la diferencia fue de 10 puntos; en medio de los resultados de 10 diferentes estudios sobresalieron diferencias de hasta 8.9 puntos porcentuales a favor del candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto, y menos de ocho puntos para el candidato Andrés Manuel López Obrador, en otro diferente.

De lo anterior se aprecia, que las encuestas a pesar de las diferencias porcentuales que presentaron entre ellas, quedó demostrada la certeza que exige el método científico para la obtención del conocimiento, ya que los resultados arrojados fueron uniformes en todo momento y no aparecía un candidato como favorito y al día siguiente los resultados cambiaran radicalmente a favor de otro.

Así, las encuestas, como la propaganda, la radio, el cine, la televisión, los tuiteros, redes sociales y demás formas de influenciar la opinión pública, tienen relación con los poderes de hecho y según sea quien realice el pronunciamiento, podremos advertir un conocimiento científico o la perversión de datos con los propósitos de manipular la opinión pública.

Lo más grave de todas estas cuestiones, es que no hubo inconformidades planteadas ante las autoridades electorales antes de la jornada electoral y sus resultados; sino que, diversas inconformidades se realizaron hasta cuando se hicieron los cómputos, e incluso, se han realizado recómputos, lo cual, refuerza los resultados, procedimientos que se han realizado ante los representantes de todos los partidos.

Es necesario regular los poderes de hecho, que tienen gran influencia, pero lo ideal es que la ciudadanía asuma su responsabilidad: es el gran elector y es quien debe vigilar los procesos electorales; participar en los planes de gobierno, vigilar la actuación de las autoridades, coadyuvar con ellos y calificarlos a través del sufragio o la revocación del mandato.  

Al día de hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las Salas Regionales han recibido aproximadamente 357 Juicios de Inconformidad para la elección de Presidente de la República, 120 de diputados federales de mayoría relativa y uno de diputado de representación proporcional, 30 de senadores de mayoría relativa y dos de senadores de representación proporcional, sin embargo, nada se ha impugnado en contra de los resultados de las encuestas ni de la metodología utilizada para su elaboración y resultados, lo óptimo sería que se regulara este fenómeno electoral también, con ello se demuestra la necesidad de modificar los marcos normativos, la necesidad de evolucionar; la sociedad ha cambiado y lo que necesitamos es adecuarnos a los nuevos menesteres que la raza exige y demanda.

Por lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolverá las impugnaciones en tiempo y forma, como lo ha venido haciendo en los últimos años, en beneficio del pueblo de México; ya que los poderes legislativo y ejecutivo federales; así como los demás electos en los entes federados, deben asumir el poder, conforme lo determinó el pueblo y en los tiempos previstos en las diversas normas. 

La palabra reunión evoca no sólo la facultad de juntarse o congregarse, sino que también implica hacerlo para dar a conocer ideas y opiniones, o para escucharlas o intercambiarlas y según el caso, para acordar alguna acción en común. Por su parte, el término magistrado deriva del latín magistratus, que significa funcionario público, en la antigua Roma, era aquel que ejercía una función pública con mando y jurisdicción. En la actualidad, la definición de magistrado no es muy diferente al utilizado por los romanos, pues lo podemos conceptualizar como aquel funcionario o servidor público que ejerce un cargo superior en el orden civil, y más comúnmente en el judicial, encargado de juzgar y administrar justicia, con facultades de hacer cumplir sus determinaciones dentro de un ámbito territorial.

En ese orden de ideas, tenemos a los magistrados electorales, que son aquellos funcionarios facultados para administrar justicia en asuntos de índole electoral, dentro de dos ámbitos  a saber, estatal (tribunales electorales estatales) y federal (tribunal electoral federal), por tanto, en esta época de elecciones, resultó necesario que estos funcionarios intercambiaran ideas y establecieran propuestas para las impugnaciones que se presentaron antes de las elecciones y las que se presenten con posterioridad a las mismas.

Así, para resolver las impugnaciones del proceso electoral 2012, nos reunimos en días pasados los 22 magistrados que integramos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (compuesto por 5 Salas Regionales y 1 Sala Superior), para definir los criterios jurídicos pertinentes aplicables al presente proceso electoral en base a más de veinte años de experiencias y a las cinco épocas de criterios jurisprudenciales constituidos por los mejores juristas de México que hoy integran el Poder Judicial de la Federación y ocupan las principales cátedras y labores de investigación jurídica del país.

Dentro de dicho encuentro, el Magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comentó que ha sostenido pláticas para generar acuerdos y convenios con el Instituto Federal Electoral (órgano encargado de organizar las elecciones) con el objetivo de establecer mecanismos más constitucionales, certeros, seguros, imparciales, objetivos, legales y transparentes, para que los resultados del proceso electoral sean conocidos a la brevedad posible por toda la población a efecto de que si algún candidato o partido o quien tenga interés jurídico cuente con la información básica y confiable para que realice los trámites, peticiones y demandas que considere conveniente.

Además de lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la instancia que al resolver todas las impugnaciones que se presenten en contra de los cómputos de las elecciones locales (en juicio de revisión constitucional electoral contra sentencias de los tribunales electorales estatales), diputados federales, senadores y del Presidente (a través del juicio de inconformidad, o en su caso, mediante los recursos de reconsideración); debe realizar los ajustes a los resultados electorales que pueden ser determinantes en las asignaciones de todos los cargos electorales impugnados.

Cabe precisar, que la Cámara de Diputados se compone de 300 diputados electos según el principio de mayoría relativa (elección directa mediante el voto de los ciudadanos) y 200 por el principio de representación proporcional (se eligen mediante el sistema de listas regionales).

Respecto a la Cámara de Senadores está integrada por 128 senadores, de los cuales, 64 son elegidos por el principio de mayoría relativa (elección directa mediante el voto de los ciudadanos), 32 son asignados a la primera minoría y los 32 restantes, son elegidos mediante el sistema de representación proporcional (sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional).

Los juicios de inconformidad referentes a las elecciones de diputados federales y senadores, deberán ser resueltos por las Salas Regionales el próximo 3 de agosto de este año; en tanto, que la Sala Superior, deberá dar respuesta a los recursos de reconsideración que se presenten contra los cómputos distritales de la elección de diputados y de entidad federativa de senadores el 19 siguiente, mientras que los recursos que versen sobre la asignación del Consejo General del Instituto Federal Electoral de diputados federales y senadores de la República el 28 de agosto y las impugnaciones referentes al Presidente de México a más tardar el próximo 31 del mismo mes.

En ese sentido, nuestro máximo tribunal en materia como siempre lo ha hecho, está preparado para resolver con eficacia jurídica las controversias que se susciten con motivo de las pasadas elecciones, regido en todo momento, por los principios rectores de: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y constitucionalidad; dado que quien manda, es el pueblo de México, a través del sufragio, valor máximo que debemos preservar todos: autoridades, medios de influyen en la opinión pública, partidos e institutos políticos, candidatos, sectores sociales y ciudadanía en general.

El proceso electoral en México es un conjunto de actos ordenados por la Constitución, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales, coaliciones, ciudadanos y demás actores y agentes electorales, con el objetivo trascendental que es la renovación periódica de los poderes Legislativo y Ejecutivo, locales y federales, así como de los ayuntamientos.

El proceso electoral inicia en octubre del año previo a la elección (el Instituto Federal Electoral, IFE, institución autónoma encargada constitucionalmente del desarrollo de los procesos electorales federales en México, declaró formalmente iniciado el proceso el 7 de octubre de 2011) y concluye con el dictamen y declaración de validez que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en concreto dicho proceso electoral consta de cuatro etapas que son preparación de la elección; jornada electoral; resultados y declaraciones de validez de las elecciones; y, dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo (a nivel local seis gobernadores, 39 diputados y 125 ayuntamientos).

La jornada electoral se llevó a cabo el pasado 1 de julio de 2012, aunque dura un solo día, es la etapa más importante del proceso, meses enteros de preparación y años de experiencia se ponen a prueba. La jornada comienza con la instalación y la apertura de casillas; y termina con su clausura, después de haberse realizado el escrutinio y el cómputo de los votos.

A las ocho de la mañana, los integrantes de la mesa directiva instalan la casilla electoral en presencia de los representantes de partidos y observadores que acudan, revisan que el material y la documentación electorales estén completos, arman las urnas y las mamparas, verifican que todas las boletas estén en blanco y levantan el acta de apertura de casilla. Durante la jornada electoral cuidan que ningún ciudadano, candidato, o representante de partido cometa actos indebidos, tales como hacer propaganda o intentar votar más de una vez. La casilla cierra a las seis de la tarde salvo que todavía haya gente formada esperando votar.

Una vez cerrada la casilla, se cuentan las boletas sobrantes y se registra el número de ciudadanos que votó conforme a la lista nominal y las boletas depositadas en cada urna. Después, se cuentan los votos emitidos para cada partido y los votos nulos, todos estos datos se anotan en el acta de escrutinio y cómputo. Una vez que se terminó el conteo, los funcionarios publican los resultados en el exterior de la casilla, integran el paquete electoral y los llevan al Consejo Distrital que les corresponde, para entregarlo (estas acciones son vigiladas por representantes de partidos y observadores electorales).

Los presidentes de casilla remiten los paquetes y los expedientes de casilla a los consejos distritales y termina con el cómputo final y la declaración de validez, llevados a cabo por los consejos correspondientes del IFE. En caso de que se impugnen los resultados de casillas o distritos, la etapa acaba con las resoluciones, definitivas e inatacables, que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los consejos distritales sesionan el miércoles posterior a la elección para llevar a cabo los cómputos distritales que se realizan de manera ininterrumpida hasta concluirse y son los encargados de emitir la declaración de validez de las elecciones de diputados y diputadas de mayoría relativa y expedir las constancias de mayoría y validez a los candidatos que hubieren obtenido el triunfo en las elecciones.

Al concluir los cómputos distritales respectivos y a más tardar el 3 de agosto de 2012, el TEPJF resuelve los juicios de inconformidad relativos a la elección de senadores y diputados; y, a más tardar el 31 de agosto, los relativos a la elección de Presidente de la República.

Una vez que el TEPJF resuelva las impugnaciones que se hayan interpuesto, el Consejo General del IFE, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección, realiza la asignación de cargos de senadores y diputados por el principio de representación proporcional.

El presidente del Consejo General del IFE expide a cada partido político las constancias de asignación proporcional, de lo que informa a la Oficialía Mayor de las cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente.

La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo inicia una vez que el TEPJF haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de la elección de Presidente de la República, o cuando se tiene constancia de que no se presentó ninguno. Y concluye cuando la Sala Superior del TEPJF, a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección, aprueba el dictamen que contiene el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo.

El domingo primero de julio millones de ciudadanos acudieron a ejercer su derecho y obligación cívica al voto, acaeció “el día de las elecciones” o conocido en materia electoral como la etapa de la Jornada Electoral, en las cuales fueron electos dos mil 127 cargos de elección popular a saber: un Presidente de la República, 500 diputados federales, 128 senadores, seis gobernadores y un jefe de gobierno, 579 diputados locales, 876 ayuntamientos, 16 jefes delegacionales y 20 juntas municipales y para ello fue necesario la instalación de aproximadamente 143 mil 151 casillas en toda la República, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 66 mil 535 básicas, 69 mil 611 contiguas, seis mil 103 extraordinarias y 902 especiales.

Los representantes de los siete partidos políticos nacionales con registro ante el Instituto Federal Electoral (Partido Acción Nacional,  Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza) y toda la raza mexicana estuvieron atentos al desarrollo de la Jornada Electoral. Los participantes: un millón dos mil 057 funcionarios de casillas, 31 mil 401 observadores electorales, 696 observadores de 69 países (510 observadores de América, 107 de Europa, 45 de Asia, 26 de África y ocho de Oceanía), y 79 millones 454 mil 802 aproximadamente de electores inscritos en la lista nominal.

La elección 2012 fue histórica; para que en esta jornada coincidieran las votaciones de seis estados en los que se renovaría gobernador, las entidades realizaron reformas locales con el fin de lograr mayor afluencia, hace seis años sólo hubo comicios en Morelos, Jalisco y Guanajuato, pero ahora fueron tres más, Tabasco, Chiapas y Yucatán, las reformas fueron para acortar los periodos de los gobernantes con el fin de que el pasado primero de julio se pudieran celebrar elecciones a la par de las federales, y siete congresos más también fueron renovados, no hubo elección de gobernador, pero sí de legisladores locales tal es el caso de Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, Sonora,  Querétaro y San Luis Potosí. Con lo anterior se logró el objetivo y concurrió mayor número de ciudadanos que en jornadas anteriores, con datos estadísticos el IFE reveló la asistencia de 60% del electorado y 40 mil votos del extranjero (en este apartado fue 23% más que en 2006).

Así, las elecciones son una fiesta nacional donde los mexicanos hemos renovado los poderes federales y locales de manera pacífica y dentro del marco legal; por ello, seguimos avanzando en la consolidación de una democracia plural, participativa, de transición y tolerante, aspectos en los que ganamos todos, continuemos con el perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas, felicidades a todos los jóvenes, en especial a los que votaron por primera ocasión, ya que el país es nuestro y requiere nuestra participación para engrandecerlo en beneficio de todos.
 

Actualmente en los Estados Unidos Mexicanos existen 84 millones 464 mil 713 de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, de los cuales 40 millones 848 mil 182 son hombres y 43 millones 616 mil 531 son mujeres, en tanto que en la lista nominal, se encuentran registrados 79 millones 454 mil 802, de los cuales, 38 millones 260 mil 218 son hombres y 41 millones 194 mil 584 son mujeres.

Entonces, si somos 112 millones 336 mil 538 de mexicanos, quiere decir, que 70.72% de la población está en aptitud de ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones, al reunir los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CEPUM), que en su Artículo 34 señala: son ciudadanos de la República, quienes teniendo la calidad de mexicanos, tengan 18 años de edad y un modo honesto de vivir.

Asimismo, los artículos 35 y 36 de nuestra Norma Rectora establecen que el voto es un derecho y una obligación, por eso, este primero de julio, tenemos no sólo la libertad de elegir por quién votar sino que también tenemos la obligación de hacerlo. Es un deber cívico que todo ciudadano tiene y que además es la base de todo Estado democrático, como es el caso de México.

La democracia, es considerada no sólo como una estructura jurídica, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, en quien reside la soberanía nacional y tiene en todo momento, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno (artículos 3º y 39 de la CPEUM, respectivamente).

De lo anterior, se desprenden dos cosas fundamentales, por un lado, el sistema democrático mexicano debe velar por los intereses del pueblo y por el otro, los ciudadanos debemos vigilar el buen funcionamiento de nuestro gobierno y si no es así reclamarlo, ejercer nuestro derecho de exigir resultados y cuidar el beneficio de la Nación.

Sin embargo, pareciera que en México, las personas se deslindan de su responsabilidad y no acuden a votar, se olvidan de algo tan importante como eso, no se preocupan por cumplir, pero sí por descalificar, criticar y denigrar, lo que lamentablemente no habla bien de nuestra gente, sino que muestra un país pobre en cultura, educación y en valores cívicos, pero sobre todo, que no aman a su patria.

Hemos observado, que en la mayoría de los países europeos el sufragio sólo es implementado únicamente como un derecho de los ciudadanos, en tanto que en los estados latinoamericanos es necesario colocarlo también como una obligación, lo que no está de todo mal, lo malo es que ni aún así captan la idea de lo trascendental que es su opinión en las democracias, de la pieza fundamental que representa su voto.

Aunado a esto, los mexicanos nos hemos olvidado de que fuimos un país conquistado por la Corona Española, razón por la cual se realizó la lucha por la Independencia en 1810.

Olvidamos la Revolución Mexicana, movimiento que surgió en virtud de la duración de 30 años en el poder del dictador Porfirio Díaz Mori, situación que motivó a Madero a pronunciar el Plan de San Luis en San Antonio, Texas, en los EU, señalando que Díaz Mori era un usurpador de la voluntad popular y por tanto, invitaba al pueblo de México a lanzarse en su contra y tomar las armas para destituirlo a partir del 20 de noviembre de 1910 a las 18:00 horas. Es decir, no recordamos o no sabemos los orígenes por los que hoy en día podemos votar y elegir libremente a nuestros gobernantes.

Asimismo, se nos ha hecho poco, que fue hasta 1953 cuando las mujeres en nuestro país pudieron votar y ser votadas, mediante un decreto que se publicó el 17 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.

Es así que los mexicanos no recordamos que el voto en México tiene una trayectoria, una lucha constante por nuestros antepasados de concebir una Nación libre, en la que los ciudadanos elijamos por convicción propia a nuestros gobernantes, así como el poder de exigirles acciones y planes nacionales que generen un bienestar en común, propicien el mejoramiento de la economía, la cultura y de la política, pero sobre todo de valores humanos, que forjen verdaderos ciudadanos comprometidos con la patria y que acudan a votar, porque si no lo hacen, con qué calidad moral pueden quejarse y opinar del gobierno.

Por eso, este primero de julio elijamos al mejor candidato, partido, coalición o quien consideremos el más pertinente, veamos las propuestas que nos presentan, comparemos, analicemos y decidamos por nosotros, digamos qué queremos y hacia dónde vamos, porque con nuestro voto decidimos, proponemos y participamos en la vida política del país, con lo que nos encaminamos a la consolidación de la democracia y con ello estamos en aptitud de reclamar, y por qué no, de destituir al candidato electo que no vele por los intereses del pueblo y viole la constitución.

Las libertades políticas del pueblo de México, a través de las cuales debemos decidir el rumbo, nos han costado mucho como para perderlas en omisiones trascendentes; por tanto, debemos participar en la elección de nuestros gobernantes  y exigir la solución a las necesidades y problemas de la República: tarea de todos.