Hay algo de catártico en seguir los detalles del melodrama en que se convierte la vida de un político en desgracia; es como si por la vía de un placer malsano se terminara de reconciliar algún segmento de la ciudadanía de a pie con su entorno salpicado de casos de abuso, arbitrariedad, prepotencia, corrupción, negligencia e ineptitud por parte de quienes —gracias a la permisividad e indolencia social— navegan por este mundo entre puestos políticos y de la administración pública. Por lo menos a algunos termina por irles mal y eso ya es algo.

Que al químico Andrés Granier le da un tramafat, que siente vértigos y cavernas pulmonares, que su médico asegura que no puede viajar a Tabasco (ya que la idea de enfrentar a su sucesor, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, comprometido públicamente con el objetivo de meterlo en la cárcel le provoca pálpitos) alimenta la idea de que la justicia realmente existe, especialmente cuando se contrasta la imagen de un Andrés temeroso con la de aquel arrogante y prepotente que se procuró vida de faraón, para él y toda su familia, gracias a las arcas públicas que dejó literalmente vacías.

Sí, el que esto suscribe debe reconocer no sin cierta dosis de una muy católica culpa que hay algo de placentero en que al menos uno de la casta dorada de los herederos de la Revolución, los que han demostrado una y mil veces que en eso del abuso y la prepotencia tienen doctorado, enfrente el sendero de la rendición de cuentas.

De la homilía dominical del cardenal Francisco Robles Ortega, vale la pena rescatar la frase que externó en alusión a los casos de Granier en Tabasco y el del ex director del SIAPA, Rodolfo Ocampo: “Cualquiera que sea la persona que está en el ejercicio de su autoridad y que hay pruebas de que lo hizo bajo la corrupción tiene que ser sometido a la ley y pagar por su irresponsabilidad”.

Se escucha bien, que el que la haga la pague, que los responsables de cualquier delito, abuso, arbitrariedad y negligencia se sometan a la justicia, que los corruptos que abundan en la fauna de la clase política y/o gobernante deberían ser sometidos a un proceso administrativo y penal para pagar sus culpas, pero realmente sólo en casos excepcionales se cumple con el deseo del prelado y por eso es que las rara avis de los políticos en desgracia resultan tan festejados y aplaudidos.

Es un poco de nuestro circo romano, en el que no aplaudimos cuando un galo le da en la torre a un godo, sino cuando la administración en turno decide lanzar a los leones a uno o dos personajes que en forma paralela deben enfrentar un proceso legal, mientras se colocan en la vitrina para el escarnio y la catarsis social. Y es eso, un poco de espectáculo para reconciliar momentáneamente a los que están hartos de tantas cosas que simplemente no marchan bien, con un entorno que en lo fundamental seguirá por el sendero en el que la impunidad es la regla.

Pero, a fuerza de ser realistas, algo es algo y por lo menos Granier, en Tabasco, y el ex director del SIAPA, en Jalisco, encaran la posibilidad de pagar por sus excesos, por sus pecados, y en el lance liberan un poco de presión a esa gigantesca olla que es México, hasta que se vuelva indispensable que un par más enfrenten a los leones para que el resto de la clase política y/o gobernante siga disfrutando de esa patente de corso en que se convirtió en muchos, muchísimos casos, el servicio público en México.
 

Primero, habría que reconocer lo que de suyo es evidente, que existe un abismo entre lo que debería ser y lo que realmente es en materia de servicio público y que en nuestra clase política y/o gobernante predomina la incongruencia entre el decir y el hacer. En estos terrenos se puede entender con facilidad que persista eso de la burocracia dorada y que las nóminas en el aparato gubernamental, en los tres poderes, se encuentren cada día más obesas.

Segundo, tendríamos que asimilar una premisa fundamental, el que reconocer que el orden de las cosas simplemente está torcido no significa que se avale y mucho menos el que baste encoger los hombros y agotar el malestar con la simplista frase de “pues así son las cosas y ni modo”. Y así aparece el tercer punto, la conveniencia en términos de un mucho mejor futuro cercano, de luchar cada quién en la medida de sus posibilidades y responsabilidades por lograr un cambio en todo aquello que reconocemos que está mal.

El servicio público debería ser tal y como lo plantean los políticos en campaña: un esfuerzo permanente por buscar el bienestar comunitario y/o la justicia social; el trabajo continuo sin ánimo de lucro enfocado a la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general y, por supuesto, la honestidad, transparencia y total apego a la ley en todos y cada uno de los actos de gobierno, especialmente en la administración de los recursos del erario.

Pero el servicio público realmente es una chamba bien, muy bien pagada y la oportunidad de pagar favores políticos para que los poderes fácticos sientan que “les hizo justicia la Revolución”, entendida ésta en su concepción más pobre, el quitar a unos para poner a otros a roer el hueso de las arcas públicas.

Y entonces tenemos a un magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco que gana mensualmente más de 173 mil pesos, o a un magistrado presidente del Tribunal de lo Administrativo del Estado que percibe mensualmente casi 206 mil pesos, o bien al grueso de los magistrados del TAE con sueldos de 190 mil pesos en una Entidad donde el salario mínimo es de poco menos de dos mil pesos al mes, y en el que la mayoría de la población económicamente activa (en el aparato formal) gana alrededor de cinco mil pesos mensuales.

Y qué decir del poder Ejecutivo, con un gobernador que gana 166 mil pesos y un secretario general de Gobierno, con un salario de 155 mil pesos; alcaldes como los de Guadalajara y Zapopan que perciben entre 102 y 133 mil pesos. En el poder Legislativo no se quieren quedar atrás, con diputados locales que ganan 107 mil pesos, pero que fácilmente duplican la cifra con bonos, compensaciones y partidas de las que pueden disponer discrecionalmente. Sí, es una chamba muy bien pagada.

Por añadidura, ni en el Legislativo, ni en el Ejecutivo han logrado cumplir con un compromiso fundamental y siempre socorrida promesa de campaña, el adelgazar la nómina; por el contrario, ésta es cada día más obesa y por lo tanto, cada día hay más burócratas que viven del erario con una holgura que escapa a la mayoría de la población. País, Estado y municipios con una población comprometida en su lucha cotidiana por sobrevivir, pero con una casta dorada que cobra, y muy caro, el “privilegio de servir”: nuestra burocracia.

La visión torcida, el abismo entre lo que es y lo que debería ser, persistirá en tanto los ciudadanos se agoten en encoger los hombros y no se decidan a encarecer por todos los medios lícitos posibles que la clase política y/o gobernante navegue por el sendero de la incongruencia sin mayores consecuencias.
 

Sin duda la aprehensión el viernes pasado del ex director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Rodolfo Ocampo, por los delitos de peculado y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades —planteado sólo como la punta del iceberg de un corrupto entramado en el que habrían participado más ex funcionarios e incluso ex consejeros—, resulta un golpe mediático y político de gran calado.

Después de literalmente meses de estar señalando que la anterior administración estatal resultó un verdadero desastre, que no había piedra bajo la cual no brincara alguna anomalía, exceso, desvío o abuso, Aristóteles Sandoval se encontraba frente a la obligación de aterrizar en algo concreto la distancia que en el discurso planteaba un día sí y el otro también, respecto a la visión de hacer gobierno de su antecesor panista.

Desde la óptica del poder según los priistas, el mandatario necesitaba asestar un golpe como la detención del ex funcionario Rodolfo Ocampo (que por añadidura forma parte del círculo cercano del ex gobernador Emilio González), para ganar credibilidad frente a la ciudadanía y poder frente a la clase política jalisciense.

El lance, aplaudible en la medida en que se demuestre en tribunales que el ex director de SIAPA efectivamente cometió los delitos que se le imputan, abre sin embargo algunas ventanas de riesgo y sospecha, empezando por el hecho de la vieja tradición priista en la que el gobernante que recién tomaba las riendas de la administración asestaba un golpe, y entre más duro, mayor percepción de fortaleza generaría entre la ciudadanía y entre los demás actores políticos. Es el contundente “no se equivoquen, ya llegué y el que manda soy yo”.

Peña Nieto lo hizo con Elba Esther Gordillo y ahí se quedó. Existe por tanto el riesgo de que Sandoval Díaz haga lo propio y que más que la legítima y necesaria voluntad de fincar responsabilidades ante el desaseo y abuso para sentar un precedente que inhiba futuras conductas irregulares de quienes administran los recursos del erario, el tema se agote en mensajes cifrados de carácter político.

La Fiscalía General anuncia que va por más implicados en el manejo irregular de la cuenta pública de SIAPA de 2008 y que según la Auditoria Superior resultó un ejemplo de desaseo, a tal nivel que solicita fincar responsabilidades también a ex consejeros, que para mayores señas son también ex alcaldes de Guadalajara y Zapopan.

En términos de credibilidad y certidumbre, cabría esperar congruencia, entereza y estricto apego a la legalidad de la actual administración para que caigan tantos como deban caer (y no solo en el SIAPA) por los pecados cometidos y más aún, que el rasero se quede a la altura en el que lo están colocando para que sea la misma vara que mida a quienes hoy administran el poder, pero que tarde o temprano tendrán que rendir cuentas.

La moneda está en el aire y serán los próximos días y/o semanas en que se demuestre si lo de SIAPA fue un simple manotazo, al más puro estilo priista, o si realmente se quieren hacer las cosas bien y el combate a la impunidad va en serio.
 

El hartazgo social que genera el pobre desempeño de la clase política en su conjunto resulta a estas alturas del partido una suerte de verdad de Perogrullo. Las frecuentes revelaciones de que este o aquel ex mandatario estatal o municipal amasó una fortuna obscena mientras administraba la hacienda pública, no hace más que alimentar la sospecha que luego se transforma en la descalificación generalizada hacia quienes nos gobiernan.

En este contexto surgen, de vez en vez, expresiones de catarsis que se expresan con burla y desprecio (esa socorrida tabla de salvación que utilizamos los mexicanos) para hacer patente el nivel de desprecio y desconfianza hacia quienes gobiernan o pretenden hacerlo. Hoy podemos encontrar al candigato Morris, un pequeño felino que desde una página de Facebook se postula para la alcaldía de Xalapa, Veracruz.

El asunto es simpático, sin duda es un paso más ingenioso que el tradicional “todos son lo mismo”, y refiere en su fondo una ácida crítica hacia los partidos políticos y sus candidatos en Veracruz, que tiene elecciones este 7 de julio, y por extensión lineal, en todo el país, con comicios o sin ello.

El gato Morris tiene sólidos mensajes de campaña: “Ante la cantidad de ratas que acechan esos puestos sólo un gato podrá poner orden. El candigato no promete nada más que los demás candidatos: Descansar y retozar”, o bien, “A Xalapa le conviene votar por otro animal: Morris”, según se puede leer en su muro, que dicho sea de paso ya cuenta con más de tres mil 300 seguidores.

Qué tal con eso de  “¿Xalapa sin RATAS? Morris sí puede. Experiencia probada”, o bien el otro slogan, el de que como todo buen gato: cuando la ensucio, la tapo… “y no ando exhibiendo mis premios”.

Catarsis pura, mofa y escarnio de la clase política en su conjunto. Lo interesante del caso es que el enfocar las críticas de manera lúdica y el agotar las expresiones de malestar en ingeniosos juegos de palabras y la ridiculización del quehacer político sirven para esbozar una sonrisa, para aligerar la carga del momento, pero nada más.

En el fondo, el orden de las cosas se mantiene exactamente igual y sin duda uno de los hoy señalados como ineptos y corruptos en las redes sociales será finalmente el alcalde de Xapala, igualito que como sucede en el resto del país.

Por lo pronto, que viva el candigato Morris y el ingenio del creador de la página de Facebook. Cabría esperar que algún día la sociedad mexicana encuentre mecanismos más efectivos para hacer sentir su malestar y que éste tenga consecuencias concretas, mucho más allá de la burla y el escarnio que a los políticos, por lo visto, les afecta lo mismo que el viento a las estatuas de Juárez.
 

Escuchar al líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, en su discurso de deslinde del exgobernador tricolor de Tabasco, Andrés Granier, resulta una especie de deja vu que a fuerza de su repetición dejó, desde hace buen rato, de tener mayor importancia.

Camacho dice que los días del fanfarrón y manolarga de Granier como militante del PRI están contados y que “el que nada debe, nada teme. Eso es lo que nosotros hemos dicho públicamente y ojalá Andrés, por su bien y el de todos, decida en una actitud viril, en una actitud varonil, hacerle frente a las muchas revelaciones que han aparecido en los medios”.

El líder tricolor le pide al ex gobernador tabasqueño que sea hombrecito, sin duda la expresión más alta de la sofisticación en el mensaje político neopriista y/o el punto anecdótico del caso. Lo realmente importante, y preocupante, es que exactamente el mismo mensaje que le puede dirigir a los exgobernadores tamaulipecos Tomás Yarrington y Eugenio Hernández; el de Coahuila, Humberto Moreira; los oaxaqueños José Murat y Ulises Ruiz y, por supuesto, el gober precioso de Puebla, Mario Marín, entre otros.

Sobre todos ellos existen mil y un historias de excesos, arbitrariedades, sospechas de colusión con criminales y manejos cuestionables de la hacienda pública. Todos ellos en su momento recibieron la nalgadita de su partido, con “deslindes” más o menos contundentes y con sugerencias de que enfrentaran con viril actitud, como diría César Camacho, los señalamientos en su contra. Todos ellos se encuentran exactamente en el mismo lugar que Granier, el de la gozosa impunidad.

¿Y será cosa nada más de los priistas? Bueno, pues en todos lados se cuecen habas. En Aguascalientes, el ex gobernador panista Armando Reynoso Femat enfrenta una orden de aprehensión por la desaparición de un tomógrafo destinado a una unidad médica, cuyo costo es de 14 millones de pesos, cosa menor si se le compara con las denuncias en contra de sus correligionarios panistas de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, y de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y menos aún, ante los excesos documentados del perredista Juan Sabines Guerrero, en Chiapas.

Como diría un cínico observador de la realidad política mexicana, hoy por hoy para el exceso, el abuso, el endeudamiento desproporcionado, en suma, para  la corrupción, no existen los distingos partidistas.

Entonces, los mentados deslindes y los llamados a que enfrenten como hombrecitos la suma de sus pecados, sirve lo mismo que un ventilador para enfrentar la onda cálida en Guadalajara, absolutamente para nada.

El detalle es que mientras prevalezca una administración facciosa y política de la justicia y ésta, en el caso de los ex mandatarios se agote invariablemente en las representaciones bufas del rasgado de vestiduras, los Granier, Moreira, Adame y Oliva serán ejemplo a seguir, simple y llanamente porque el desaseo y el abuso no tienen mayores consecuencias.

Si realmente se quiere construir un país distinto, habría que empezar con sancionar a todos aquellos que desviaron su camino y en lugar de servir, se sirvieron del poder público… y son muchos.
 

Es de elemental justicia colocar las cosas en perspectiva. Es cierto que la actual administración estatal tiene serias dificultades para dar pasos sólidos; los que hoy gobiernan Jalisco resultaron buenos para el discurso tronador y para encontrar y exhibir las fallas de sus antecesores, pero no tan buenos para corregir de fondo el actual orden de las cosas. Dan tumbos y por momentos parecen erráticos y hasta confrontados en la cúpula, pero lo que hicieron en la 5 de Febrero merece al menos un aplauso. Vaya, por fin una de cal por las que van de arena.

La zona resultaba hasta hace un par de días, un gigantesco monumento a la corrupción, impunidad y simulación; no existe registro documentado de un solo tapatío que no supiera que en la 5 de Febrero se comercializaban autopartes robadas ante la complacencia y/o contubernio de todas las autoridades. Simplemente no hay manera de montar y prosperar en una operación ilícita de tal tamaño sin la anuencia de facto de quienes por mandato de ley tiene la obligación de impedirlo.

Bueno, pues en medio de tantos tumbos, de tantos lances a medias, el Gobierno del Estado decide asestar un golpe efectista, sin duda mediático y muy conciliador con quienes demandan acciones concretas, al entrarle de lleno a ese monumento a la simulación. Y el operativo dio frutos con el decomiso de 30 mil piezas automotrices, 18 casas aseguradas, 33 personas presentadas, y siete hombres detenidos, entre ellos presuntos líderes de bandas que se dedican al robo de autopartes.

Imposible no registrar con beneplácito los testimonios de quienes sufrieron un robo y que encontraron sus calaveras o espejos retrovisores y que les fueron reintegrados por la autoridad. Imposible no aplaudir el sentido común que impera en los peritos que para agilizar procesos revisan unidades en busca de concordancias ya que entienden que difícilmente se aparecerá una víctima de robo con la factura de una autoparte.

Existe un antecedente, el mentado operativo Lince en junio de 2010, cuando se decomisaron autopartes, se detuvo a personas y negocios fueron clausurados, no tantos, pero fue un golpe significativo. Lo notable del caso es que casi de inmediato la zona de 5 de Febrero volvió a ser lo que desde hace mucho es y los ciudadanos entendimos que se trató de una acción aislada sin mayores consecuencias ya que en su fondo, el problema persistió.

Hoy, las autoridades tienen la oportunidad de demostrar que al menos en eso de combatir los monumentos a la corrupción y simulación van en serio. Si mañana o pasado la zona recobra su ilícita vocación, estaríamos ante un golpe que busca reflectores y aplausos, pero no sustancia y de eso, francamente los ciudadanos podemos gritar a los cuatro vientos que estamos hartos.
 

Si hay algo que caracteriza a la actual administración estatal es su afán de exhibir la suma de yerros, omisiones e incluso corruptelas que dominaron el escenario estatal bajo el mando del panista Emilio González Márquez. No existe una sola piedra que, al removerla, deje al descubierto alguna anomalía, o al menos eso dicen los actuales encargados de administrar el erario público.

Lo más reciente tiene que ver con esa red de corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que explica desde la óptica del actual secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer, los rezagos y el verdadero caos en materia de justicia laboral en Jalisco. En suma, actualmente son investigados más de siete mil juicios laborales por presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos y nueve abogados de cinco despachos.

Se escucha muy bien y hasta cabría suponer que existe la voluntad política para enderezar todo lo que está chueco. Sin embargo, si estos tres meses de administración priista nos han demostrado algo es que del dicho al hecho hay un largo y sinuoso trecho. Hace ya dos meses, por ejemplo, se anunció con bombo y platillo que se subastarían 500 automóviles y camionetas (más o menos 10% del parque vehicular oficial), ya que simple y sencillamente son innecesarios para la apropiada marcha de la gestión y administración pública. Y bueno, es fecha que ni siquiera se han establecido los criterios básicos para llevar a cabo la mentada subasta.

Habría que recordar, también, como se exhibió a mediados de marzo pasado, el nivel de privilegios y excesos de algo así como cuatro mil funcionarios de la pasada administración, la llamada “burocracia dorada”, que tenía de todo y en abundancia: sueldos, seguros, prestaciones, automóviles, todo de lujo, como corresponde a los más altos ejecutivos de las empresas más sólidas del país. La gran pregunta es qué se ha hecho al respecto, y la respuesta es un lineal y contundente cero.

Nada más para que alguno entienda que no se puede apostar al olvido, qué decir de la joya de la corona, el desorden administrativo, inoperatividad, deudas, falta de transparencia y duplicación de funciones en los Organismos Públicos Descentralizados (OPDs) del Gobierno de Jalisco y que se atendería en forma prioritaria, pues tres meses después, la cosa sigue tal cual.

Y no sólo es el Poder Ejecutivo, ya que el Legislativo está cortado a la misma medida. La actual legislatura arrancó bajo la premisa de que la anterior tuvo un desempeño no sólo mediocre, irregular, sino incluso ilegal. En noviembre del año pasado la Comisión Especial Temporal para el Análisis, Revisión y Cotejo del Patrimonio del Congreso del Estado, estableció que los integrantes de la pasada Legislatura burlaron de manera evidente los principios de austeridad, transparencia y eficiencia; que se les puede y debe cuestionar en los terrenos de la ética y la moral y que se registraron sistemáticas violaciones a la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que se cometieron delitos como peculado, abuso de autoridad, sustracción de documentos, falsificación de documentos, entre otros. ¿Y luego?

El gran problema de fondo es que los responsables del Poder Ejecutivo (al igual que el Legislativo) resultaron muy buenos a la hora de caracterizar, de exhibir, de señalar con estridencia la suma de los yerros y omisiones de sus antecesores, pero sólo en eso, ya que no han dado ni un solo paso en el sendero que corresponde, el de fincar responsabilidades e impulsar el castigo correspondiente en instancias administrativas y penales y, por supuesto, menos esfuerzo demuestran a la hora de corregir todo aquello que señalan como incorrecto.

Entonces, el que se señale con dedo flamígero la red de corrupción que dominó el quehacer de la Junta Local de Conciliación es sólo otra expresión del bonito y socorrido show de la simulación y suponer algo distinto, por los hechos, sería muy ingenuo. Si para algo resultaron buenos es para los tacos de lengua, y lo más grave es que creen que con eso basta.
 

Al macedonio Alejandro Magno casi le cuesta el imperio el vencer en batalla al rey Pirro. Gastó mucho dinero, esfuerzo y soldados para ganar realmente nada. Hay victorias que saben a derrota y la que obtuvo finalmente el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, con la destitución de Ernesto Cordero como coordinador blanquiazul en el Senado, es de esas.

El chihuahuense cometió un error de primaria, impropio de un presidente partidista: el desaseo en la operación política. Ya había dejado bien claro que el nombrar al coordinador era una facultad estatutaria del presidente del CEN, ya había logrado el apoyo de El Yunque y había lanzado la convocatoria a los 38 senadores panistas para la reunión de ayer a las cinco de la tarde, de la que, también, todos sabían que el propósito no era otro cortar la cabeza del Míster Bean defeño.

Ante la bancada bien pudo defender su visión de un partido moderno, capaz de transitar simultáneamente por tres pistas distintas, la de colaborar en temas comunes con otras fuerzas políticas y el Gobierno Federal, la de denunciar abusos y corruptelas y la de competir, ya que el finalmente el objetivo último del PAN es conquistar el poder público. Pero no, se precipitó y el domingo hizo pública su “decisión tomada”.

Bueno, pues la mentada reunión se dio en la sede misma del partido, pero con la ausencia de 24 senadores. Sólo asistieron 14 y de suyo la cifra advierte que Gustavo Madero perdió ganando. El escenario de riesgo es tal que el líder nacional panista ve comprometida su capacidad de asegurar que los acuerdos en el Pacto por México puedan navegar sin sobresaltos en la Cámara alta. Tan simple como que la mayoría de la bancada panista (ratificadamente calderonista) podría con la mano en la cintura ignorar las  instrucciones de su nuevo coordinador “impuesto” por Madero.

Anoche, tras el lógico atorón fruto del desaseo con el que Madero administra la crisis, se perfilaba Héctor Larios, el actual vicecoordinador en el Senado y yunquista, pero finalmente la balanza se inclinó (para sorpresa de más de tres) a favor del colimense Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien para mayores señas es el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y que entiende como su principal encomienda “la unidad del partido… y que ya no le echemos más leña al fuego”.

Jorge Luis Preciado, mera forma; el problema de fondo es una herida que queda abierta y que exige que los asesores del CEN logren imponer el quehacer político sobre la grilla y que, por el bien de todos, Gustavo Madero aprenda, de una buena vez, que no basta con creer que se hace el bien, sino que hay que operar con pulcritud.

Nos guste o no, México necesita a un PAN (y también a un PRD), que no se consuma en sus guerras intestinas;  que sea un partido fuerte que pueda en los hechos ser un contrapeso de altura, propositivo pero crítico, del Gobierno federal. Si no es así, entonces no sirve para nada.
 

Mañana, si tiene la fuerza que cree que tiene, el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, habrá de cumplir una de sus metas personales y políticas más largamente anheladas: asestar un golpe mortal al calderonismo y todo lo que representa. En punto de las 17:00 horas, en la sede misma del CEN, en la Ciudad de México, están citados todos los senadores panistas para tratar tres temas: la coordinación parlamentaria, la relación entre la bancada y el partido, y la agenda legislativa. Meros eufemismos ante una decisión tomada: cortar la cabeza de Ernesto Cordero.

El chihuahuense intenta matar dos pájaros de un solo tiro: lanzar un mensaje contundente de que en la reconstrucción del partido no tienen cabida los calderonistas como el propio Cordero, pero también de legisladores como Javier Lozano Alarcón, ex secretario del Trabajo en la pasada administración, Roberto Gil, ex secretario particular del ex presidente, y la hermana Luisa María Calderón, ahora también senadora y de pasadita lavar viejas afrentas de lo que fue una administración federal decidida a influir hasta en la última de las decisiones del partido.

El ex presidente, con un tuit, “vieja regla del PAN: los asuntos internos se ventilan internamente. Cuando los presidentes la preservábamos el partido avanzó notablemente”, intentó mediar en el conflicto, pero demasiado tarde y demasiado flojo. La decisión se tomó justo cuando la secretaria general del partido, Cecilia Romero, mandó el mensaje cifrado de que  “Ernesto Cordero es el coordinador de los senadores del PAN en la Cámara de Senadores y no la reina de la primavera” y que la decisión de convocar al coordinador y al grupo parlamentario es “muy oportuna”, pues aunque existe un trabajo conjunto con los senadores para que realicen aportaciones al Pacto por México, “estamos viendo, sin embargo, que no ha cuajado esta coordinación de manera adecuada”.

Justo lo que necesitaba Madero para intentar asestar la puntilla, el apoyo de El Yunque, que en la actual guerra entre las tribus panistas no es cosa menor. Cabe recordar que Gustavo Madero es hoy el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN gracias a un acuerdo entre los llamados neopanistas y el ala más conservadora del partido, cuando Calderón intentaba imponer a Roberto Gil.

En ese entonces lo más importante para todos los grupos panistas que fueron vapuleados un día sí y otro también por el presidente Calderón era impedir que éste dejara a su delfín en el CEN, y lo lograron. Después, la batalla se dio contra Ernesto Cordero cuando por instrucciones de Felipe intentó asegurar la candidatura a la Presidencia el 26 de mayo de 2011 con ese pronunciamiento de  “Unidos con Ernesto”, lance que de inmediato fue descalificado como mero madruguete.

Hoy la batalla es para eliminar todas las vitrinas de exposición mediática que le quedan al ex presidente —y Ernesto Cordero como coordinador parlamentario en el Senado es de las importantes de los llamados peyorativamente como arribistas—, y todo parece indicar que al igual que en los duelos que sostuvieron por dirigencia del partido y luego por  la candidatura presidencial, la más pragmática de las alianzas entre “neopanistas” y “yunquistas” volverá a tener éxito.
 

Primero la confesión de ese enorme placer que produjo en el escriba el ver el rostro adusto del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al pronunciar la frase “el Presidente de la República, al considerar que este caso ha dañado la imagen y prestigio de la institución, ha ordenado la remoción del cargo del Procurador Federal del Consumidor”. Cae un hombre fuerte del grupo Atlacomulco, Humberto Benítez Treviño, por un exceso de su hija, la famosa “Lady Profeco”, lo que significa un paso casi insignificante dentro de la estructura gubernamental en el combate al influyentismo y la corrupción, pero sin duda gigantesco en el empoderamiento ciudadano.

Benítez Treviño, una pieza importante en el engranaje que regresó al PRI a Los Pinos, en la figura de Enrique Peña Nieto, paga con la chamba un desplante de su hija, tan común, tan generalizado no sólo en la clase política, sino también en los sectores económicamente más privilegiados, por una condición que en los tiempos del “viejo PRI” no existía y que por fortuna ya forma parte de la vida cotidiana de la gran mayoría de los ciudadanos: un teléfono celular con la capacidad de capturar audio, imágenes y video que casi de inmediato pueden navegar libremente por las redes sociales.

A finales de la década de los 40, del siglo pasado, George Orwell escribió la novela 1984 que proyectaba un futuro cercano en el que el gobierno se volvía omnipresente y vigilante, un “gran hermano” con fines represivos. El mundo, por fortuna, parece girar en otro sentido, en el que el gran hermano ya no sería el gobierno, sino el ciudadano, empoderado con esa herramienta que no es otra cosa que el teléfono celular.

En México las “ladies” y los “gentlemens” abundan, desde hace décadas y en su sentido más peyorativo, el justo que merecen, refieren a aquellos hombres y mujeres que desde una posición de ventaja económica y/o política (influencias) dan cátedra de abuso. Forman parte de la fauna que cierra el círculo de nuestra realidad. La gran diferencia es que hoy cualquiera puede documentar en audio o video el desplante, la agresión y subirlo a la red.

En el caso de “Lady Profeco”, comensales grabaron el atropello y lo colocaron en la cibervitrina. Medios de comunicación lo retomaron y lo convirtieron en factor de presión que encontró “zona blanda” y por lo tanto, consecuencias: la administración de Peña Nieto es especialmente sensible a todo lo que pudiera dañar “la imagen y prestigio” y por eso el cese fulminante de un funcionario cercano a un presidente que no está dispuesto a sufrir ni un revés, ni por aquellos por lo que tiene querencia.

Como sea, hay que aplaudir el hecho de que los ciudadanos encuentren en su celular un arma poderosa con la cual documentar excesos, fallos, corrupción o indolencia de las autoridades y de quienes se sienten superiores; también que las redes sociales sirvan como plataforma para exhibir todo aquello que simplemente esté mal, y que los medios de comunicación tradicionales se asuman como cajas de resonancia del empoderamiento ciudadano.

El cese de Benítez Treviño podría ser considerado hasta injusto por algunos, ya que el abuso lo cometió la hija; otros podrán lamentar que el caso se quede en la destitución y que no vaya más allá, como fincar responsabilidades incluso penales, pero en términos de realidad, un pasito, aún pequeño, es avance y por ello, hoy, por fin hay algo que celebrar.