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Luis Ernesto Salomón
AGO 27 2017
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Por Luis Ernesto Salomón luisernestosalomon@gmail.com

El ofensivo perdón a Arpaio

El viernes pasado, mientras la atención de la opinión pública estaba centrada en el azote del huracán “Harvey” a Texas, Donald Trump anunció el indulto a Arpaio, que ya había anunciado días antes en Phoenix. En un hecho inusitado ha golpeado el estado de derecho en los Estados Unidos, ha impulsado la política de odio racial y ha abierto la puerta a la imposición política por encima de la ley.

Vale la pena analizar el caso por las implicaciones que tiene para las comunidades mexicanas. El poder de Trump ahora pareciera ilimitado, por el desafío constitucional que significa. Aunque otros presidentes han uso de esta facultad, el caso es técnicamente distinto y muy relevante porque se trata de un asunto en donde la condena al ex sheriff es por desacato al cumplimiento de una orden judicial basada en detenciones arbitrarias con tintes racistas.

En los casos anteriores, las condenas aplicadas han sido producto de imputaciones de delitos financieros o asuntos relacionados con cuestiones administrativas; ahora se trata simplemente de la violación de derechos constitucionales relacionados con el racismo.

Trump manda una señal clara: podrías ser perdonado aun si violas la Constitución y te condenan por ello, siempre y cuando esto esté conforme a la política del presidente. Dicho de otra forma, si el presidente ha dicho que existe la posibilidad de un perdón cuando violan una orden judicial que bloquea sus políticas, él puede fácilmente eludir el único medio eficaz de hacer cumplir restricciones constitucionales a su comportamiento.

De hecho, el presidente podría incluso prometer en secreto un perdón a los agentes si hacen lo que él desea, aunque sea ilegal. Ante eso, algunos juristas norteamericanos señalan que los caminos son: la impugnación de la decisión presidencial o el inicio de un proceso político para destituirle. Aunque ambas cosas podrían ser técnicamente posibles, es muy poco probable que prosperaran por razones políticas y por la falta de precedentes.

El profesor Martin H. Redish, especialista en estos temas ha dicho: “El poder de los tribunales para impedir que los funcionarios del Gobierno priven a los ciudadanos de la libertad en ausencia del proceso judicial es la única manera significativa en que los tribunales tienen que hacer cumplir las importantes protecciones constitucionales. Pero si el presidente puede emplear el poder de perdón para eludir las protecciones constitucionales de la libertad, queda muy poco de los controles constitucionales del poder presidencial”.

Esto es un golpe constitucional de gran trascendencia, por eso las reacciones políticas han sido tan duras de parte de los demócratas y de algunas organizaciones civiles. Pero además para los mexicanos significa la confirmación del apoyo que la administración actual en Estados Unidos da a quienes alientan acciones humillantes contra los latinos y especialmente contra los mexicanos. No puede olvidarse que fue precisamente Arpaio quién obligaba a los detenidos a usar ropa interior color rosa, y los sometía a humillaciones y malos tratos que han quedado debidamente documentados.

El indulto significa un aliciente a las acciones de odio racial, a los atropellos cometidos contra las personas por su condición social y un impulso a aquellos grupos armados que salían a “cazar” mexicanos en el desierto. Seguramente las reacciones de las comunidades latinas de Arizona y otras partes se harán sentir, y las consecuencias políticas de tal decisión llevarán a una polarización.

A pesar de que se trata de un asunto interno de la política y la administración de los Estados Unidos, es un hecho ofensivo a los mexicanos, que no puede pasar desapercibido. Millones de familias mexicanas tienen a alguno de sus miembros viviendo allá, ya sea legal o ilegalmente. La integración social de los mexicanos en la sociedad estadounidense ha sido motivo de alarma para los grupos racistas, pero es innegable la enorme contribución que a lo largo de la historia los emigrantes mexicanos permanentes o temporales han hecho a nuestros vecinos.

Hay ahora una base legal para iniciar un debate o acciones legales porque el derecho a un debido proceso antes de la privación de la libertad no puede funcionar si el presidente puede eludir la protección de los derechos mediante un simple perdón por violar la constitución para aplicar sus políticas. La decisión de Trump ofende a las comunidades mexicanas de ambos lados de la frontera y merece el mayor de los rechazos.

Luis Ernesto Salomón

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