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Luis Jorge Cárdenas Díaz
AGO 10 2017
Economía y fisco

Por Luis Jorge Cárdenas Díaz opinion@informador.com.mx

Conductas de corrupción

Las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comprenden, entre otras, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tiene entre sus objetivos establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables por los actos u omisiones graves en que incurran, así como las que corresponden a particulares vinculados en la comisión de esas faltas, y los procedimientos en su aplicación.

Las faltas administrativas graves serán sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estas son: el cohecho, al que incurrirían los servidores públicos que exijan acepten, obtengan o pretendan obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones  beneficios no comprendidos en su remuneración como servidor público que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles (ejemplo: la Casa Blanca) incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado; donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí  o para el cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o la persona antes referida forma parte. (faltaron los compadres, que es un lazo religioso); el peculado, que consiste en  el uso indebido de recursos públicos; la utilización indebida de información privilegiada para adquirir bienes muebles, inmuebles o valores que pudieran incrementar su valor con la ejecución de una obra pública; esto aplica hasta un año después de que el funcionario se  haya retirado del empleo hasta por un plazo de un año; el abuso de funciones para el funcionario que  ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar actos arbitrarios para ganar beneficios personales;  el conflicto de intereses, al que  incurre en su actuación el servidor público que intervenga en asuntos en los que tenga intereses personales o impedimento legal. Si se presenta el caso deberá  ser excusado de intervenir; la contratación indebida se presenta cuando el servidor público autoriza cualquier tipo de contratación que contravenga las leyes; el enriquecimiento oculto o conflicto de intereses se da cuando se falta a la veracidad  en declaraciones patrimoniales; el tráfico de influencias se presenta cuando se utiliza la  posesión de cargo público para influir en otro funcionario para generar beneficios personales; es responsable de encubrimiento cuando oculta datos que pudieran constituir faltas administrativas; comete desacato el funcionario público que proporciona información falsa o no de respuesta o no atienda una orden de otra autoridad competente; se incurre en la obstrucción de la justicia; cuando simule actos calificados como graves, no inicie el procedimiento correspondiente cuando tenga conocimiento de cualquier conducta de falta grave o cuando revele la identidad de un denunciante anónimo.

En próxima colaboración señalaré las sanciones aplicables a estas faltas pero es por demás la abundante y precisa legislación si las autoridades no se impregnan del espíritu de justicia y atacan la lacra más grave de todas que es la impunidad. Es necesario que se dé a conocer la cantidad de pliegos de responsabilidades que se levantan a funcionarios por faltas administrativas graves a las cuales no se les da seguimiento en muchos casos. Así como se publican las listas de contribuyentes incumplidos.

Luis Jorge Cárdenas Díaz

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