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Juan Palomar Verea
JUL 26 2017
La ciudad y los días

Por Juan Palomar Verea jpalomar@informador.com.mx

De las oportunidades perdidas: el plano de Guadalajara de 1982, por ejemplo

Cuentan los autores de esta idea, de hace 45 años, que muchos fueron los desvelos para llegar a una síntesis posible: esta era la ciudad futura, con los principios que regirían la conurbación durante el siguiente medio siglo. El Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara. Sus autores principales fueron Juan Gil Elizondo, Alberto Leonel de Cervantes, Gerardo Ulate, José Manuel Arreguín, José Pliego, Jorge Camberos, Esteban Wario. Todos trabajando desde el Departamento General de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco.
Las labores tomaron más de cuatro años. Y un año tardó en ser procesado el documento y aprobado (1982) por el poder legislativo del Estado. Pero poco después se realizó, en la Cámara Federal de Diputados, una reforma al artículo 115 de la Constitución, otorgándoles a los municipios la potestad completa sobre el desarrollo urbano de sus territorios. El Plan de Ordenamiento quedó en el limbo, y nunca fue aplicado.

Lo que sucedió después, bien lo sabemos, fue un desastre. El Departamento General de Planeación y Urbanización era un cuerpo compacto, profesional, y muy conocedor de su materia. No solamente se abocó a la Planeación de Guadalajara: también se elaboraron  planes para Lagos de Moreno (Salvador de Alba), Puerto Vallarta (Alejandro Zohn) y Chapala-Jocotepec (José Pliego). Sobra decir que estos ordenamientos también se fueron directamente al limbo.

A riesgo de la “corrección política”, y ciertamente, contra el populismo, habría que decir que la entrega de la potestad total a los Ayuntamientos sobre los territorios municipales significó, de entrada, la constitución de una serie de ínsulas manejadas con total descoordinación de las ínsulas vecinas. Pequeñas autoridades, con muy limitados (si acaso) equipos técnicos tomaron decisiones gravísimas, e irreversibles, sobre las áreas urbanas y rurales de sus términos jurisdiccionales. Se propició un fértil terreno para la fragmentación metropolitana, el compadrazgo, el clientelismo, la misma corrupción. El desorden, la penuria, la cancelación de un orden racional, la injusticia, sobre todo para los más vulnerables.
 
El Plan de 1982 protegía completos los valles de Toluquilla y Tesistán. Preservaba como áreas naturales los muy importantes cerros del Cuatro, Santa María y El Gachupín (o “Tesoro”). Preservaba la integridad del bosque de la Primavera y su zona de amortiguamiento, así como la Barranca de Oblatos. Preveía y contenía el crecimiento necesario con las adecuadas reservas territoriales, sensatamente dispuestas. Y así podría seguir el recuento.

En espera de mayores precisiones, estos han sido los esfuerzos por planear integralmente la ciudad moderna: El “Plano Loco” de 1937-1940, de Castellanos Lambley y Palomar y Arias; el primer Plano Regulador de Carlos Contreras hacia 1942; el Plano Regulador de Palomar, Díaz Morales, Matute, et al, de 1943 y abortado ese mismo año; 20 años después, el de Horst Hartung de mediados de los años sesenta; luego el mencionado Plan de Ordenamiento de 1982; 24 años después, el Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano (PIDU) del 2006, promovido por el Ayuntamiento de Guadalajara y rechazado, pese al acuerdo expreso, por los demás municipios (o ínsulas); y ahora, desde 2015, su sucesor, el Plano de Ordenamiento Territorial (Potmet) elaborado por el Imeplan. Una lista muy corta (convenientemente para muchos intereses) que por sí misma explica el generalizado desarreglo de Guadalajara: de todos los ejercicios mencionados solamente el Potmet ha llegado a mantener alguna, y muy acotada, fuerza legal.

Por ejemplo: sus autores debieron, por ordenamiento legal, incluir en los planos las cerca de 12 mil hectáreas redundantes, técnica y ecológicamente equivocadas, y decretadas como áreas urbanizables por los municipios conurbados. Quien sepa un poco de Guadalajara sabrá que ese solo hecho condena a tres generaciones más al desorden, la dispersión, la falta de servicios e infraestructuras, la deficiente calidad de vida y la insustentabilidad de la ciudad.

Es un complejo problema político y jurídico. Ciertamente no se puede achacar esa tan desafortunada inclusión al Imeplan. Sin embargo, habría que haber elaborado un plano paralelo, con lo que debía ser la ciudad en términos estrictamente urbanísticos y sustentables. Con fuerza, con claridad, con valentía frente a todos los intereses creados. Y apelando a la razón democrática, al interés de cuatro millones y medio de habitantes, buscar el apoyo de toda la comunidad para lograr, tope en donde deba topar, la validez de ese proyecto, de esa ciudad deseable.

Seguimos, como se ve, sin un instrumento urbano que lleve a Guadalajara a ser una ciudad satisfactoria en todos los órdenes. Por eso es útil repasar la historia. Y por eso debemos de cambiarla.

Juan Palomar Verea

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