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Luis Ernesto Salomón
ABR 16 2017
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Por Luis Ernesto Salomón luisernestosalomon@gmail.com

Mexicanos en Estados Unidos, nueva era

La política migratoria de la administración Trump puede ser definida en palabras del fiscal Sessions en su visita a Arizona en días pasados cuando declaró que ahora mismo hay una ola del mal que inunda desde México a los Estados Unidos. Según reportes de prensa publicados por el Times de Nueva York, habló de la amenaza que representan los criminales, coyotes y falsificadores de documentos y llamó a tomar posiciones frente a una situación equiparable a una guerra. Las nuevas medidas tomadas hace apenas algunos días tienen esta visión apocalíptica. Ahora serán delitos graves el volver a internarse ilegalmente luego de ser deportado, el uso de documentos apócrifos, y los matrimonios que pretenden legalizar la situación migratoria de alguno de los cónyuges, con lo que se convierten en criminales a gran parte de la población que radica de forma ilegal en Estados Unidos.

Esta visión punitiva ignora totalmente el papel positivo de la inmigración para hacer del tema un asunto de localización de objetivos a deportar sin importar consideraciones humanitarias. En las comunidades de mexicanos desde San Bernardino California hasta Nueva York las amenazas han comenzado a causar estragos provocados por la división de las familias. Muchos padres prefieren dejar a sus hijos nacidos en los Estados Unidos, encargados con familiares o amigos al ser deportados a México.

Y es muy probable que estos padres y madres traten de volver legal o ilegalmente a encontrarse con ellos, colocándose como objetivos criminales. El combate al crimen y el tráfico de drogas, armas o personas es indispensable para dotar de seguridad a la región fronteriza en ambas naciones, pero el recurso de crear un clima de linchamiento contra los inmigrantes y proceder indiscriminadamente confundiendo a los delincuentes con personas de bien es una acción profundamente injusta.

Cada vez hay más casos como el de Maribel Trujillo de Fairfield, Ohio, madre de cuatro hijos ciudadanos norteamericanos, deportada sin tener antecedentes penales. Su crimen es ser madre y no tener residencia legal, su pena sin juicio alguno es sufrir la división forzada de su familia. Casos como el de Maribel nada tiene que ver con las bandas de delincuentes que existen en ambos lados de la frontera y deben ser combatidas; se trata de una familia como hay millones, que lucha para formar buenos ciudadanos. Negar el camino a la legalidad a personas como ella es un acto inhumano.

Seguramente habrá miles de casos en los tribunales que recurran estas decisiones alegando la protección de los derechos constitucionales. El inicio de esta nueva etapa anunciada por Sessions implicará el crecimiento de la solidaridad familiar y de los lazos de amistad cultivados en las comunidades latinas. La asistencia legal a las personas que pretendan ser deportadas se convertirá en un tema crucial, por eso los consulados de México se están transformando en verdaderas oficinas de asistencia y defensa de los mexicanos.

Es importante ver que muchos norteamericanos no comparten este criterio. Incluso muchas de las autoridades locales y estatales, como representantes en Washington. Se trata de la imposición de una línea dura en la administración que busca crear una fuerza de expulsión sistemática de personas. Las deportaciones comienzan a ser masivas y los procesos judiciales se multiplican.

Muchas familias en México tienen puestos los ojos en lo que puede suceder con sus familiares allá. La primera reacción es solicitar asistencia legal, con lo que se comienza a crear una verdadera ola de defensa de la migración en regiones tan distantes como Wisconsin, Oregon, Atlanta o Florida, además de la agitación en las ciudades de Texas, Arizona, Nuevo México y California. Las comunidades mexicanas enfrentan una nueva realidad a la que debemos estar muy atentos. Las familias afectadas están en ambas naciones y las consecuencias se sentirían en cientos de comunidades allá y aquí.

Luis Ernesto Salomón

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