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Pablo Latapí
MAR 16 2017
Errante peregrino

Por Pablo Latapí platapi@hotmail.com

Nuestra Corruptocracia

Quizás suene fuerte pero tal parece que el término que mejor define al sistema político mexicano es “Corruptocracia”: un gobierno de y para la corrupción.

El objetivo y fin supremo de quienes llegan al poder, sea al Ejecutivo, al Legislativo o al Judicial, es enriquecerse, y permitir que sus correligionarios de partido y colaboradores cercanos hagan los propio.

El caso en Jalisco del magistrado Alberto Barba nos ofrece un poco de luz de la forma en que están conectados los distintos poderes para abusar del poder y hacerse de recursos de manera irregular.

El magistrado está acusado de haber resuelto procesos judiciales en beneficio de particulares para que pudiesen construir desarrollos inmobiliarios en terrenos públicos o privados con vocación ambientalista. El magistrado, como un hombre experto en leyes, elaboró y ejecutó sus órdenes con apego a las leyes y reglamentos existentes, es decir, desde ningún punto de vista su proceder es ilegal; sí es injusto porque utilizó el sistema legal y sus múltiples vericuetos para beneficiar a un particular contraviniendo los intereses de la ciudad y sus habitantes.

Pero para que un juez actúe de esa manera hay que tratar de explicarse el porqué. Los magistrados son designados en el Congreso pero por diputados que se han puesto de acuerdo para repartirse estos puestos del poder judicial como cuotas de los operadores del momento en los distintos partidos políticos. Cada partido, por acuerdo, tiene un determinado número sillas entre los magistrados. Esto se traduce en que esos magistrados defenderán los intereses de los principales actores de los partidos, especialmente en temas como este de las disputas por terrenos, algo tan fundamental en la vida económica en Jalisco. Esto es independiente de que el magistrado, más allá de su lealtad al partido que lo encumbró, pueda hacer negocios por cuenta propia y en beneficio personal. Es por ello que los hay tan ricos.

Todos los procesos que orquestan los jueces son legales porque es un hecho que las leyes en México (promulgadas por el legislativo) permiten utilizarlas tanto a favor como en contra de la justicia. Y quién mejor que los jueces para conocerlas. Todos hemos conocido de inocentes que son condenados, y de culpables que resultan absueltos. Impunidad muy conveniente sobre todo cuando se habla de temas de corrupción.

Si los políticos hacen las cosas correctamente, a pesar de que abusen, jamás serán culpados.

Imposible pues hablar de un sistema anticorrupción eficiente, o de algún idealista que pretenda cambiar las cosas desde adentro. El propio sistema, de años, los abruma.

Y el costo final como país es el que usted y yo vivimos todos los días: una economía que a pesar de su dinamismo y tamaño no crece lo suficiente (exceso de regulación a favor de la corrupción) y una cuota del PIB que está cerca del 10 por ciento que se va en corrupción.

Pablo Latapí

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