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Mario Muñoz
MAR 13 2017
La que se les fue

Por Mario Muñoz marioaml@informador.com.mx

Víctimas, abogados y corruptos

Honestos o corruptos, los magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa se han encargado de exhibir las deficiencias en las administraciones públicas federales, estatales y municipales. En sus resoluciones de casos polémicos se evidencia una cadena de negligencia, omisión o una complicidad que nutre la corrupción que impera en México. Y se lo demuestro en tres expedientes emblemáticos.

Primer caso.

En el año 2000, la Procuraduría  General de la República (PGR) aseguró un avión y detuvo a dos pilotos con un cargamento de droga. El problema fue que no se pudo acreditar su culpabilidad y un juez los absolvió porque se alteró el estado físico de la aeronave impidiendo que sirviera como prueba en el proceso penal. Sin embargo, la PGR continuó usando la aeronave hasta agotar su vida útil y luego fue desmantelada y rematada en 70 mil pesos como “chatarra”.

La empresa propietaria del avión demandó a la autoridad por daños y perjuicios. Esperó seis años. Observó la publicación de la nueva Ley de Responsabilidad Patrimonial e interpuso un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En resumen, 17 años después se dio a conocer que el área jurídica de la Procuraduría presentó un recurso de revisión de forma extemporánea y el Tribunal resolvió que el Gobierno debía pagar 271 millones de pesos por daños y perjuicios a los dueños de un avión asegurado presuntamente al narco. ¿Qué tal?

Segundo caso.

En 2005, una borrachera del policía Jorge Alberto Carmona Martínez le costó 20 millones de pesos al Ayuntamiento tapatío. En octubre de ese año, en su día de descanso y alcoholizado, exigió servicios sexuales a una joven, quien le respondió que no se dedicaba a esa actividad. Varios amigos salieron en su defensa, pero el agente disparó un arma de fuego propiedad de la alcaldía y dejó cinco lesionados. La mujer quedó en silla de ruedas.

Luego, en noviembre de 2006, el entonces alcalde Ernesto Espinosa Guarro recibió una propuesta conciliatoria para reparar los daños causados a la afectada, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, pero se negó. En 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación y exigió la reparación, pero la administración de Alfonso Petersen solamente le otorgó una plaza laboral, una guardería para sus dos hijas y apoyo psicológico.

La víctima fue asesorada y recurrió al Tribunal de lo Administrativo del Estado, que terminó ordenando que el Ayuntamiento indemnizara con 20 millones de pesos.

En 2006, la alcaldía hubiese resuelto el conflicto con 300 mil pesos, pero los “negligentes” abogados de la Sindicatura y cuatro administraciones panistas y priistas fueron incapaces de conciliar el asunto hasta que recibieron el fallo millonario en contra. ¡Así de increíble!

Tercer caso.

Tres mujeres fueron detenidas el 3 de agosto de 2006 “por secuestrar”, no es broma, “por secuestrar” a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones, en Amealco, Querétaro. Las indígenas fueron condenadas a 21 años de prisión, pero tres años y ocho meses después, se dictaminó que el expediente fue consignado con pruebas falsas y contradictorias.

La defensa de las mujeres interpuso un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ordenó la liberación de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, incluida una disculpa pública de la Procuraduría. “Hoy nos chingamos al Estado”, fue una de las citas emblemáticas durante la disculpa pública.

Hoy, las víctimas tienen todo el derecho para que el Estado les resarza el daño económicamente.

En los tres casos hay coincidencias: las efectivas defensas de las víctimas o afectados, así como la cadena de negligencia, omisión o complicidad de las administraciones públicas para perder los litigios. También se precisa la efectividad de los Tribunales Administrativos, en donde los magistrados resuelven todo tipo de casos: penales, civiles, laborales, comerciales o administrativos. Desde un encarcelamiento hasta una negligencia médica. Son todólogos.

Por eso, felicidades a los legisladores por crear leyes a favor de la población por los errores u omisiones de las administraciones públicas (como la Ley de Responsabilidad Patrimonial), pero les falta la tarea más importante para cerrar el círculo: aplicar un sistema anticorrupción igual de efectivo, inhabilitar o encarcelar a los magistrados y abogados deshonestos que hacen el negocio de su vida con la resolución de un solo caso, pero también la urgencia de legislar para implementar sanciones contundentes y directas contra los servidores públicos que son culpables de que los Gobiernos paguen sumas millonarias por sus negligencias, omisiones o corruptelas, todo con cargo al erario.

Mario Muñoz

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