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Diego Petersen
FEB 20 2017
En tres patadas

Por Diego Petersen diego.petersen@informador.com.mx

Corrupción y partidos

En todo el mundo los escándalos de corrupción traen de cabeza a los gobiernos, excepto en México. En Corea del Sur la presidenta Park Geun-hye renunció tras haberse dado a conocer que recibió sobornos por parte de Samsung; semanas después el presidente de esa compañía fue a la cárcel. La presidenta de Brasil, Dilma Roussef fue depuesta porque los escándalos de corrupción de Petrobras salpicaron a su gobierno. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, renunció a la presidencia después de que el Ministerio Público de su país emitiera una orden de captura por su participación en una defraudación a las aduanas de ese país. El ex presidente del Perú, Alejandro “el Cholo” Toledo es buscado en todo el mundo luego de que la justicia de su país determinara que recibió “moches” por 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht. Esta misma empresa, según determinaron las investigaciones, entregó 10 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno mexicano. Contrario a lo que pasa en todo el mundo, en México no se sabe ni quién los recibido ni hay una investigación formal sobre el asunto para procesar a los funcionarios corruptos.

¿Por qué, a diferencia de lo que pasa en todo el mundo, incluso en los países que suponíamos tenían democracias igual o más atrasadas que la nuestra, sí se puede procesar a un presidente por corrupción y en México no? Peña Nieto diría que es un asunto cultural, pero evidentemente esa no es la explicación. Podríamos pensar que hay una mayor tolerancia a la corrupción en México que en otros países, pero tampoco es tan evidente que en Perú, Guatemala o Brasil sea así: en las mediciones de Estados de Derecho y control de la corrupción Brasil está un poco arriba de México, y Perú y Guatemala un poco abajo, pero los cuatro andamos en media tabla. Quizá la respuesta tenemos que buscarla en la tolerancia de la sociedad civil a la corrupción, en poca o nula independencia de los fiscales y el poder judicial, pero sobre todo en la complicidad de los partidos.

Cada año la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, da cuenta al ministerio público de decenas de casos de probables delitos de corrupción y prácticamente no se investiga ninguno (de poco más de 700 en los últimos años se han investigado tres). Lo que hay es un pacto de impunidad entre los partidos políticos. Todos han preferido participar de la impunidad, pues si bien es cierto que la Procuraduría no investiga ni persigue los casos de corrupción, igualmente cierto es que ningún partido ha investigado o expulsado de sus filas a los funcionarios que llegaron al poder con las siglas de ellos.  

Todos los partidos ladran, pero ninguno muerde. Es tiempo de que los partidos se hagan responsables de sus militantes. Dicho de otro modo, menos choro y más acción.

Diego Petersen

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