Ahora las leyes declaradas inconstitucionales en los amparos benefician a todos Lunes, 13 Mayo 2013 por César Eduardo Agraz

Las reformas a la Ley de Amparo, que venimos comentando, rompen parcialmente con el principio que por años se enseña en las Facultades de Derecho, que se hizo famoso: El principio de “relatividad de la sentencia” que consiste en que las sentencias que conceden el amparo solo protegen contra los actos que reclama el quejoso en el amparo, para sí, y no tenían ningún alcance protector para terceros, esto es cualquier gobernado en el país, que no promovía el amparo. Pero ahora, si en sentencia firme se declara una Ley o varias o algunos artículos; que el poder judicial federal declare inconstitucionales (hablamos especialmente de los jueces de Distrito que conocen en primera instancia de amparos contra Leyes y que luego pueden sus sentencias ser confirmadas por los Tribunales Colegiados de Circuito (como tales o funcionando en plenos) y en algunos caso la Suprema Corte, esas leyes ya no deben aplicarse y cualquier interesado puede acogerse al beneficio de su inaplicabilidad. Esto en muy importante para proteger a los gobernados.

¿Y porqué podrá preguntarse el lector se aprueban Leyes anticonstitucionales por los diputados y senadores ya sea locales o federales? Simplemente en primer término por ignorancia o falta de cultura legal y constitucional de los propios legisladores, o por lo menos de un estudio serio de constitucionalidad y en su caso, de sus “asesores” y en el peor de los casos para encubrir situaciones obscuras, que se pueda pensar “hay después que se amparen” lo que va contra toda ética y con abuso del legislador que apruebe semejantes atropellos contra la constitución federal.

Sin embargo según la exposición de motivos del legislador federal, el Estado mexicano, solo se reservó una excepción entratatandose de normas tributarias, con la finalidad de que no se afecte el presupuesto de egresos de los niveles de gobierno y se genere inestabilidad económica.

A diario en todo el país se impugnan leyes de inconstitucionalidad total o parcialmente y muchos de esos amparos se conceden y declaran la inconstitucionalidad. A manera de ejemplo, se revela en la exposición de motivos, que en el año 2007 solo por lo que ve a Ley que regula el ISSSTE (Instituto de Seguridad al Servicio Social de los trabajadores se recibieron aproximadamente 169 mil demandas de amparo y contra la aplicación del IETU (Impuesto Empresarial de Tasa Única 30,172.

Otro avance substancial para agilizar la impartición de justicia y que mucho coadyuva para la economía procesal y económica de las partes en el juicio de amparo es la firma electrónica, que moderniza a plenitud el trámite del juicio, dada la inmediatez, precisión y agilidad de los trámites en el procedimiento, no solo para el quejoso sino para todas las partes en el juicio de amparo.

Podemos traer a colación la referencia ineludible que ha reportado la experiencia real que tiene el “juicio en línea” electrónica como sistema informático de administración de justicia que ya opera en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que tiene por objeto: Registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo, en materia federal. Mecanismo similar al sistema de seguimiento de expedientes del Poder Judicial de la Federación desde el año 2001.

Lo anterior es consultable en la página web del Consejo de la Judicatura Federal, por si alguien desea consultarlo. También hay antecedentes que los registros de las cédulas profesionales de los abogados dados de alta, en cualquier órgano de la judicatura federal, como por ejemplo los jueces de Distrito, automáticamente, oficializa el  registro en todas las instancias de la estructura jurisdiccional federal.