Presupuesto, estados y municipios Lunes, 7 Enero 2013 por Celso Rodríguez González

Uno de los temas que más llamó la atención a finales del año pasado fue la deuda pública de estados y municipios del país que en algunos casos llegó a ser tan seria que provocó la declaratoria de insuficiencia presupuestal, como aconteció en varios municipios del Estado de Chiapas. En otros, hubo que negociar la entrega diferida de las últimas cuatro quincenas del año y los pagos extraordinarios que realizan en el mes de diciembre.

Desde luego que dejar de cubrir los emolumentos es muy delicado, pero más aún lo es que las administraciones estatales, municipales u otros organismos oficiales no dispongan de los recursos económicos para otorgar los servicios básicos elementales.

Para entender esa anómala situación es necesario analizar el origen de la falta de recursos, sobre todo cuando los procesos presupuestales previstos en la norma les permiten a las entidades que los ejercen conocer con cierta precisión los montos que percibirán tanto por subsidios estatales como federales además de los ingresos propios.

De hecho la misma ley les obliga a asegurar en su presupuesto los gastos prioritarios entre los que se encuentra la nómina de los servidores públicos, los materiales y servicios para el desempeño de sus tareas, para posteriormente iniciar con el diseño de inversión y ejecución del presupuesto restante.

En la práctica en muchos de los casos falló el orden y apego a estos principios de planeación y organización; y al parecer se descuidó el control y seguimiento de sus finanzas. El argumento que se ha dado para explicar el desorden financiero es la fuerte deuda que compromete la capacidad de operación, es decir, que los abonos mensuales comprometidos a los créditos contratados es de tal tamaño que apenas permite cumplir con lo básico sin darles margen para obras o nuevos programas de beneficio social.

El endeudamiento desmedido ha sido una práctica común en los últimos años que afecta tanto a la federación como a muchos estados y entidades gubernamentales de todo el país y que aunado a deficientes políticas administrativas amenaza la prestación de los servicios básicos fundamentales.

A pesar de ser un tema recurrente y quizá por ser “visible” sólo en los últimos meses de cada año, no se han tomado medidas para regular adecuadamente tanto la administración clara y adecuada de los recursos públicos como de los alcances y límites para la contratación de créditos con cargo al erario y esa es una tarea que la federación tiene que impulsar a la par de los esfuerzos que ya se hacen para mejorar cada vez más las administraciones estatales y municipales, así como cualquier entidad gubernamental.