El Congreso mexicano, los meses de agosto de cada año, tiene por costumbre comenzar el debate sobre la política fiscal del país, que deberá ejercer el Ejecutivo Federal a partir de enero del año próximo.

La ley obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar a la Cámara de Diputados —constituida en Cámara de origen en el tema fiscal— a más tardar los días 6 de septiembre la propuesta fiscal que el Ejecutivo debe presentar cada año.

Dicha propuesta consiste en las iniciativas de Ley de Ingresos, de Presupuesto de Egresos de la Federación y de reformas a los diversos códigos fiscales y penales que tienen relación con los dineros públicos, así como los Criterios Generales de Política Económica; es decir, la política macroeconómica que servirá de carril a la economía y al gasto público anualizado.

En este agosto incipiente, el tema hacendario y fiscal tiene el freno de mano puesto, mas no porque el asunto haya perdido importancia, sino porque hay otros temas que no han sido resueltos.

Enumeremos: el de la todavía irresoluble elección presidencial, tan salpicada por cierto de denuncias contra el PRI por “lavado” de dinero; el vacío que cada tres años se genera en las Cámaras, en agosto, por la transición de diputados y senadores de una a otra Legislaturas. Y tres: porque el régimen que se instauró en México a partir de 1982, cuando hay cambio de sexenio —como en el actual momento—- siempre ha procurado que la revisión de la política económica del país viaje por antonomasia en el cabús del debatir político nacional. Algo así como para “no hacer olas”.

Para el primer caso, ya el Congreso de la Unión se ha transfigurado en territorio de batalla por la Presidencia de la República. Priistas y lopezobradoristas  no dejan pasar una sola conferencia para golpearse de modo cruento.

Verbigracia: mientras los priistas insisten en tildar a Andrés Manuel López Obrador de “mal perdedor”, los lopezobradoristas tampoco se cansan de sacar, a la luz pública, denuncias contra Peña Nieto y sus colaboradores cercanos, respecto de haber pretendido comprar la Presidencia de la República a través de la compra de millones de votos con dinero de gobiernos estatales controlados por el PRI y aun de millones ilícitos, que provinieron de las oquedades del crimen organizado.

De hecho, este viernes, la guerra entre unos y otros desde el Congreso mexicano, dio otro giro: al tiempo que López Obrador a través de Ricardo Monreal reiteraba la denuncia aquella de que Luis Videgaray sí es el firmante de la cuenta de los ocho mil 600 millones de pesos que Scotiabank abrió con dinero del Gobierno del Estado de México, el Tribunal Electoral de la Federación tomó una decisión que beneficiará a la causa de Enrique Peña Nieto.

Resolvió el Trife que sólo sean recontados los votos en mil 109 casillas electorales, de las 143 mil que fueron instaladas a lo largo y ancho del país el 1 de julio pasado, para la captación de sufragios por la elección presidencial. Algo así como el 1.5% de las casillas que, para tal fin, había solicitado la alianza de partidos políticos que sirvieron de plataforma a la candidatura de López Obrador.

Estableció el Trife que el recuento ocurra el próximo miércoles 8, y tal cosa será, sin duda, el tema sobre el cual el Congreso de la Unión debatirá ese día, durante el sesionar de la Comisión Permanente.

Los opositores al PRI, como ya lo comenzaron a decir desde ayer, afirmarán que el Trife ha comenzado a mostrar esa insultante agachonería de la que hace gala para favorecer a Enrique Peña Nieto.

En el segundo caso, es evidente cómo el Congreso cruza por un vacío político, porque los diputados y senadores de la LXI Legislatura no se han acabado de ir, como tampoco los de la LXII han acabado de llegar todavía.

Y como todos están en espera del curso de los acontecimientos postelectorales,  pues es la hora en que el Congreso tampoco ha intentado siquiera meterse por el camino de la discusión fiscal.

En torno de este asunto, pende, por cierto, la posibilidad de que sea revisado el IVA, como en la LX Legislatura lo planteó Manlio Fabio Beltrones desde su condición de coordinador de la bancada priista en el Senado de la República, de donde irá ahora a la Cámara de Diputados, a partir de septiembre próximo, para pastorear ahora a los 207 diputados priistas. Y presumiblemente también a los veintitantos pvemistas y los 10 del Partido Nueva Alianza, avizorados como potenciales aliados del PRI en la LXII Legislatura.

Beltrones Rivera entonces propuso que  el IVA bajase al 12%, pero a cambio de generalizarlo a alimentos y medicinas.

Aquella vez la propuesta del senador  Beltrones no prosperó; pero ahora, siendo él diputado federal y además coordinador de una bancada, ¿quién aseguraría que no volverá a intentarlo?

Es agosto y sin embargo el tema sigue pasando de lado, a las calladas. En un tránsito silencioso, de puntitas, como para no hacer ruido. Veremos.