La batalla postelectoral por la Presidencia de la República continúa tan encarnizada, y tan desigual en lo propagandístico y mediático, como en los días de la víspera del domingo 1 de julio.

El PRI de Enrique Peña Nieto sigue combatiendo con los mismos golpes prohibidos con que combatió durante la precampaña y la campaña, teniendo como instrumentos evidentes  a la mentira y la complicidad de un atajo de poderes fácticos, unos legales y otros presumiblemente ilegales, y de una pandilla enorme con poderes constitucionales como lo son los gobernadores.

Andrés Manuel López Obrador sigue echando mano de los recursos legales que las leyes han dado al país. Leyes de artificio sin embargo, que sólo han servido para simular un juego democrático que siempre termina por toparse con ese farallón jurídico —ineluctable aparentemente— que, durante años, sólo ha servido de instrumento de dominio de la sociedad para beneficio de un grupo minoritario cuyo poder —expresado en cacicazgos políticos y económicos— ha trascendido a las generaciones.

El grupo que impulsa a Enrique Peña Nieto seguía insuflando mediáticamente  la convicción hechiza, falsa, de que el esposo de la Gaviota ya ganó y que será, indefectiblemente, el próximo Presidente de la República.

Él mismo ha salido a decir los nombres de los personajes que le acompañarán en las coordinaciones políticas, económicas y de seguridad. A toda costa, a ultranza, sigue pretendiendo el PRI sembrar en la población la certeza de que Peña Nieto ya es el triunfador. Y, de paso, seguir sembrando el desánimo, el desaliento, la desesperanza que comenzaron a cultivar, en los corazones agobiados de los mexicanos, desde los tiempos en que juraban que iban ganando superlativamente, a través de encuestas de resultados disparatados que estuvieron publicando diarios de circulación nacional.

Ya los gobernadores del PRI han declarado que el ganador de la contienda por la Presidencia es Enrique Peña Nieto. Claro, entre éstos no han faltado uno que otro gobernador del PAN y uno del PRD electo recientemente.

Ya uno de los artífices, hombre clave, de la campaña de Peña Nieto, el senador hidalguense Jesús Murillo Karam, ha afirmado en descargo de su partido, de su candidato y de sí mismo que nadie compró el voto y que si supiera de alguien que lo haya hecho lo denunciaría. Y es más, al diario El Universal declaró que la elección estuvo sujeta a la vigilancia de las leyes que, en el Congreso de la Unión, aprobaron los propios partidos políticos que apoyaron a Andrés Manuel.

Esta misma semana, el senador Arturo Núñez Jiménez declaró que en 2007 y 2008, cuando los partidos de las izquierdas quisieron incluir en la reforma electoral a la compra de votos y al rebase de topes financieros de las campañas como factores de nulidad, fue Murillo Karam el que se opuso. Y terminaron PRI, PAN y PVEM reformando las leyes electorales bajo las conveniencias del Partido Revolucionario Institucional.

Pero así como el PRI y Enrique Peña Nieto han tratado, a como dé lugar, ser arropados por las televisoras y la mayoría de periódicos diarios de la Ciudad de México, han fracasado estrepitosamente en el ocultamiento de información grave que reiteradamente los coloca en la sospecha de cuando menos tres cosas: que compraron votos, que excedieron por mucho (de 336 millones de pesos que era el tope de campaña, se habrían ido hasta los casi cinco mil millones) el financiamiento de la campaña presidencial y, lo más delicado, que  habrían sido financiados con dinero ilegal.

Mientras que con gran vehemencia Enrique Peña Nieto y sus peones han tratado de apuntalar su supuesto triunfo, a punta de propaganda,  el candidato priista ha comenzado a enfrentar, a querer o no, el acoso judicial de entidades poderosísimas como lo es el sistema judicial de los Estados Unidos de Norteamérica. Y de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda, aunque éstas no vayan a ir más allá de los límites que marque la relación de Felipe Calderón con los priistas. Calderón ha dado muestras de sobra de que ha optado por Peña, en vez de López Obrador. El Presidente ha actuado estos últimos días con la prudencia del gato que pretende escapar de la quemazón.

El Peña Nieto de los días postelectorales ha estado estrechamente ligado al nombre de un banco: Monex. La misma institución financiera mexicana que ahora está bajo investigación por parte la PGR, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues sobre ella pesan sospechas de que incurre en el delito de “lavado” de dinero ilícito.

Monex, por cierto, fue acusado por el PAN y por el PRD de haber emitido miles de tarjetas de débito con las que el PRI pagó los votos el domingo 1 de julio, para favorecer e Enrique Peña Nieto. Monex, al momento de emitir las tarjetas de marras, facturó millones de pesos no al PRI sino a dos empresas, Inizzio y Epfra. Pero éstas dos no existen realmente, porque ya se les descubrió que sus respectivos registros federales de contribuyentes son falsos, como falsos han sido sus domicilios.

Por vía de mientras, el PRI ya tiene dos frentes: el que abrieron las autoridades estadounidenses contra Monex y el PRI en un juzgado de California, y el que enfrenta por la impugnación que el PRD presentó ante las autoridades electorales para invalidar la elección presidencial.

¿Seguirá de esto riéndose el PRI y su candidato presidencial, en las próximas semanas?

Habrá que esperar a verlo.