Una nueva polémica se ha desatado en nuestro país que amenaza con polarizar aun más las fuerzas políticas nacionales, apenas recién pasadas las elecciones y en medio de un planteamiento jurisdiccional para invalidar el proceso electoral.
Se trata ahora de la firma que el Ejecutivo federal llevó a cabo en nombre de México para sumarse al acuerdo internacional contra la piratería que fuera promovido por Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Singapur y Marruecos en octubre de 2011 y que es más conocido como ACTA por sus siglas en inglés.
La incorporación de México aun con la firma ya estampada, está sujeta todavía a la ratificación del Senado de la República, donde confluyen las representaciones políticas naturalmente opuestas que han dejado ver a través de diferentes declaraciones de sus integrantes que lo que menos existe es consenso al respecto.
De entrada habrá de recordarse que nuestro país, si bien no está ubicado entre los primeros lugares, sí ocupa una posición importante entre los países más proclives a la piratería, quedando claro que sus efectos en la economía y la productividad son devastadores, especialmente en algunas ramas mercantiles dedicadas a la producción masiva directa al usuario final.
La postura de una de las partes es de respaldo a la ratificación del acuerdo apoyando a los empresarios del software, la industria musical, de medicamentos y videos, que han sido los impulsores lógicos del combate oficial contra la piratería.
Del otro lado, existen también razones que apuntan al rechazo de la firma por considerarse que vulnera derechos civiles, libertades individuales y porque provoca, a decir de otro tipo de empresarios, no sólo el estancamiento también un retroceso en el acceso y aprovechamiento de la tecnología por los mexicanos.
Similares condiciones debieron sortear hace un par de semanas en la comunidad europea donde finalmente el parlamento desecho la ratificación del ACTA, adicionándole elementos a los legisladores mexicanos que dadas las condiciones políticas en que nos encontramos tendrán una seria prueba para revisar la congruencia de sus posturas partidistas manifestadas en las recientes campañas.
La situación que pudo haberse evitado retrasando el debate sólo unos meses hasta en tanto quedara firme la nueva conformación de los Poderes Ejecutivo y el Legislativo federal, parece haber sido concebida deliberadamente para aportar elementos de negociación política en medio todavía de algunas definiciones legales del proceso electoral.
Sin duda la forma en que se resuelva este tema, marcará el estilo de los futuros acuerdos, identificará las posiciones de las fracciones legislativas y permitirá conocer las alianzas entre partidos, de ahí podremos darnos idea de las posibilidades y la viabilidad de las urgentes reformas que requiere nuestro país.
En juego está, luego entonces, no sólo la ratificación de un acuerdo Internacional, también la mecánica de negociaciones políticas que frenarán o consolidarán las reformas legales que necesita México y que anhelan desesperadamente los mexicanos.
