Cuando Zedillo declaró en Londres, en 1995, que su elección había sido legal pero inequitativa, abrió la puerta para una reforma electoral que ciudadanizó e independizó al IFE y que a la postre derivó en la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000. Las condiciones de equidad en la competencia electoral han sido uno de los temas más debatidos en todas las elecciones, pero particularmente en ésta. Hemos avanzado mucho en regular lo que pasa en la casilla, pero nada o casi nada en lo que pasa durante las campañas y con el uso y procedencia del dinero.
No hay duda de que en esta elección, como en las anteriores, hubo compra de votos. En la observación realizada por Alianza Cívica, la asociación civil que más experiencia tiene en este campo, de las personas que dicen hacer recibido alguna presión para ejercer el voto, 71% la recibieron por parte de PRI-PVEM, 17% del PAN y 9% del PRD. La gran novedad en el arte del fraude o la compra de votos fue la de los “halconcitos”, niños que acompañaban a los adultos a votar para verificar su voto. Los observadores notaron que eran los mismos niños acompañando a varios adultos, en un claro esquema de violación a la secrecía del voto. Los partidos gastaron mucho más de lo que tenían autorizado, notoriamente el PRI, pero tampoco fue el único. Todos los partidos se excedieron, al menos los tres grandes, y no van a reportar gran parte de lo recibido y de lo ejercido.
Sin negar que muchas de las cosas que denuncia López Obrador son absolutamente ciertas, el problema es que son los partidos los que hacen reglas, le amarran las manos a las autoridades y luego se quejan de que éstas no actúen con firmeza. Si realmente se quiere resolver el tema del exceso de gasto de campaña, y con ello gran parte de las prácticas de compra y coacción de voto, la solución se llama Sistema de Administración Tributaria (SAT). Si obligamos a los partidos a que le rindan cuentas a Hacienda, no a que paguen impuestos, les podemos poner tasa cero, pero que sí declaren y que sea el SAT quien los fiscalice, me atrevo a decir que el problema se acaba. Falsear información, gastar de manera incorrecta o no declarar ingresos se convertiría en un delito fiscal con pena de cárcel, como lo es para cualquier ciudadano común y corriente. El que los partidos tengan un régimen de excepción y que puedan hacer lo que no le está permitido a los ciudadanos es el principio de la impunidad. Si además excederse en gastos de campaña fuera causa de anulación y de pérdida de registro, los partidos y los candidatos cuidarían no pasarse un peso.
La solución, pues, está en sus manos. No hay que llorar después de la elección lo que no se defendió en la legislación.
